Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04021-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04021-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04021-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
3 de septiembre de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04021-01
Demandante: Juan Carlos Fabregas Lozano
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 3 de septiembre de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04021-01
Demandante: JUAN CARLOS FABREGAS LOZANO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A.
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Sanción moratoria por pago tardío de
cesantías definitivas. Procedencia de la acción de tutela. Defecto
fáctico, por decisión sin motivación y sustantivo. Deniega.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 18
de julio de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 26 de mayo de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
el señor Juan Carlos Fabregas Lozano pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 26
de marzo de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
que revocó la decisión de primera instancia, para, en su lugar, denegar las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-23-33-000-
2019-00127-00/02.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
del Accionante en los términos expuestos en la presente Acción contra providencia judicial.
2. Que se revoque integralmente la Sentencia de 26 de marzo de 2026, proferida por la Subsección A
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado con el número 08001-23-33-000-
2019-00127-02 (2524-2025), en los términos expuestos en la presente Acción.
3. Que se deje sin efectos la Sentencia de 26 de marzo de 2026, proferida por la Subsección A Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el número 08001-23-33-000-2019-00127-02
(2524-2025), en los términos expuestos en la presente Acción.
4. Que se ordene a la Subsección A Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado proferir una nueva Sentencia en la que se valore integralmente los hechos
jurídicamente relevantes acreditados dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho
radicado con el número 08001-23-33-000-2019-00127-02 (2524-2025); los medios de prueba
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Demandante: Juan Carlos Fabregas Lozano
aportados, decretados, practicados y probados dentro del mismo; la ley sustancial; y, que sea
debidamente motivada según los fundamentos fácticos, probatorios y de la ley sustancial a que
corresponde en derecho.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
Manifestó el tutelante que a través del Decreto 0091 de 2015 fue nombrado gerente de
la terminal de transporte de Barranquilla. Que el 30 de diciembre de 2015 presentó
renuncia al cargo, la misma que fue aceptada por medio del Decreto 0109 del 13 de enero
de 2016.
Que el 12 de febrero de 2016 solicitó a la terminal de transporte de Barranquilla que le
reconociera y pagara sus cesantías definitivas, conforme con la Ley 1071 de 2006 y el
Decreto 1045 de 1978.
Que mediante la Resolución 00083 del 1 de marzo de 2016, la entidad reconoció las
cesantías correspondientes y que recibió el respectivo pago el 30 de mayo de 2018.
Que, por lo anterior, pidió a la terminal de transporte de Barranquilla que le reconociera y
pagara la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, debido a que, según dijo,
entre la fecha en que se hizo exigible el pago y la fecha en que realmente se realizó,
transcurrieron 492 días hábiles.
A través de la Resolución 083 del 1 de marzo de 2016, la entidad denegó la petición
relacionada en el párrafo anterior.
3.2. Actuación judicial
El señor Juan Carlos Fabregas Lozano promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Terminal de Transporte de Barranquilla, para que se declarara la
nulidad de la Resolución 083 del 1 de marzo de 2016. A título de restablecimiento del
derecho, pidió que se le reconociera y pagara la sanción moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías y la indexación por el pago tardío de las primas de navidad, de
servicio, de vacaciones, así como de la bonificación por servicios, diferencias salariales
y de gastos de representación, desde que se hicieron exigibles y hasta que realmente se
efectuara el pago.
La demanda se adelantó bajo el radicado 08001-23-33-000-2019-00127-00 y
correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A, que,
por sentencia del 10 de abril de 2025, declaró la nulidad del acto demandado y condenó
a la entidad demandada al pago de 731 días de mora por el pago tardío de las cesantías
definitivas y al pago de la indexación de los valores reconocidos en la Resolución 083 del
1 de marzo de 2016 por concepto de prestaciones sociales correspondientes a intereses
sobre las cesantías vigencia 2016, prima de servicio, vacaciones, prima de vacaciones,
bonificación por servicios, la diferencia salarial del 1 al 25 de enero de 2016 y la diferencia
de gastos de representación.
Señaló que la entidad no podía condicionar el pago tardío de las cesantías definitivas a
la entrega formal del cargo, con lo que se infringía la Ley 1071 de 2006, puesto que el
pago de esa prestación debía realizarse dentro de los 70 días hábiles siguientes a la
radicación de la solicitud.
Que el monto reconocido en la Resolución 083 del 1 de marzo de 2016 solo había sido
pagado al demandante hasta el 30 de mayo de 2018. Que el cheque por sí solo no
comprobaba que el dinero se hubiere puesto a disposición del exservidor y que se hubiere
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realizado el pago dentro del término establecido. Que había lugar a la indexación, debido
a la protección del poder adquisitivo de las prestaciones demandadas.
Inconforme, la parte demandada apeló y manifestó que se había configurado una
ineptitud sustantiva de la demanda, porque existieron dos actos administrativos que
habían denegado el reconocimiento de la sanción moratoria y de la indexación objeto de
debate.
Que el actor debió demandar el acto ficto que se configuró cuando no se resolvió la
primera petición que elevó y el otro acto que atendió la petición radicada en el mes de
agosto de 2018. Que no era cierto que no se hubieran puesto a disposición del actor el
valor de sus prestaciones y de las cesantías reconocidas oportunamente, ni que se
hubiera exigido la entrega del informe final, puesto que en el expediente obraba la
constancia de expedición del correspondiente cheque.
Que el demandante era el que no había acreditado haberse presentado en debida forma
a efectuar el cobro, por lo que tuvo que adelantar la consignación vía depósito judicial en
el Banco Agrario.
Que en el expediente obraban correos electrónicos emitidos por la jefatura de talento
humano de la entidad, en los que requería al demandante el cobro y retiro del cheque.
Que no había lugar a la indexación porque fue el actor el que se abstuvo de reclamar en
debida forma el monto de sus pretensiones. Que hubo indebida valoración de las pruebas
porque la apoderada del demandante había señalado que el pago de las cesantías lo
había recibido el 3 de marzo de 2018.
Por sentencia del 26 de marzo de 2026, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, revocó la decisión apelada, para, en su lugar, denegar las pretensiones de
la demanda y condenar en costas en ambas instancias a la parte actora.
Explicó que del material probatorio se podía advertir que la entidad demandada no solo
tenía disposición de pago, sino que realizó acciones concretas para materializarlo, con la
intención de no incurrir en mora.
Que la entidad expidió y puso a disposición del demandante el cheque de pago de la
prestación, pero que las actuaciones del señor Juan Carlos reflejaban su renuencia a
recibirlo. Que la entidad había materializado su intención de pago a través del cheque y
había remitido varias comunicaciones al actor en las que le insistía que se acercara para
su correspondiente entrega.
Que la actitud renuente del demandante se reflejaba al no reclamar el cheque, al otorgarle
poder a un tercero para que lo hiciera, al manifestar inconformidades con el monto
liquidado y condicionar el pago al agotamiento de una conciliación que él mismo convocó,
con lo que desatendió que ya se había expedido y puesto a su disposición el respectivo
cheque. Que el pago por consignación realizado en el Banco Agrario era la principal
prueba de la intención de la entidad de no incurrir en mora.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, puesto que, a su juicio, se encontraban acreditados los requisitos de: i)
inmediatez, debido a que la sentencia del 26 de marzo de 2026 había sido notificada el
16 de abril de 2026, por lo que la acción de tutela había sido presentada en un término
prudencial, ii) subsidiariedad, ya que no contaba con otro medio de defensa judicial
ordinario o extraordinario que le permitiera controvertir la decisión cuestionada y, iii)
relevancia constitucional, en la medida en que el asunto comprometía la vulneración de
sus derechos fundamentales reclamados, al desconocerse que la entidad demandada en
el proceso ordinario pagó de forma tardía las prestaciones reclamadas, que, además, no
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se trataba de una discusión de orden legal ni pretendía utilizar la acción de tutela como
una tercera instancia.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en los
siguientes vicios de fondo:
Defecto fáctico porque: i) no se valoró el oficio del 1 de marzo de 2018 en el que la
terminal de transporte de Barranquilla autorizó el retiro del título 4-16010003105963 por
valor de $32.390.359 y ordenó que se radicara en las oficinas de reparto de los juzgados
laborales de Barranquilla.
Dijo que ese medio de prueba, estudiado en contraste con la consignación realizada en
el Banco Agrario el 12 de julio de 2016, probaba que la entidad tardó 597 días calendario
para adelantar el trámite ante los juzgados laborales para el pago de sus cesantías
definitivas.
ii) Indebida valoración del oficio GER-172-16 del 27 de julio de 2016, por medio del cual
la terminal de transporte de Barranquilla condicionó la autorización de entrega del título
judicial consignado en el Banco Agrario a la entrega formal del cargo.
Señaló que esa condición no tenía respaldo legal y que demostraba una conclusión
opuesta a la arribada por la autoridad judicial demandada sobre la disposición de pago
de la entidad.
iii) No se tuvo en cuenta el oficio del 29 de julio de 2017, expedido por el Banco Agrario
en el que se le precisó que el título judicial consignado << debe ser reclamado por la empresa
consignante para ser entregado en la oficina judicial y le sea asignado el juzgado laboral
correspondiente que emitirá la orden de pago al beneficiario del depósito judicial>>, que
demostraba que el trámite de pago dependía de la gestión de la entidad demandada.
iv) Indebida valoración del correo electrónico del 15 de abril de 2016 en el que respondió
al aviso de cobro del cheque planteó cuatro inquietudes jurídicas y manifestó su urgencia
económica y disposición inmediata de ir a recibir el pago ese mismo día si le confirmaban
que era procedente.
Indicó que en ese correo no dijo que no fuera a recoger el cheque, que, por el contrario,
iría ese mismo día si le confirmaba la procedencia del pago.
v) No se tuvo en consideración el poder especial que le otorgó al señor Boris Henríquez
para que recibiera el cheque, que este se presentó ante la entidad y le informaron que
debía hablar previamente con el gerente, como acreditó en un correo electrónico del 5 de
mayo de 2016.
Que, en otro correo del 6 de mayo de 2016, el jefe de talento humano de la entidad
condicionó la entrega del cheque a que el mismo se acercara a firmar el acta de entrega,
con lo que se desconoció el mencionado poder especial que le confirió al señor Boris
Henríquez.
Que esos medios de prueba demostraban que la entidad había sido la que obstaculizó el
cobro, al negarse a atender el poder e imponer que se acercara personalmente.
vi) Se omitió valorar los hechos narrados en la demanda que no fueron desvirtuados,
tales como que, en el oficio DESAJBA017-1968 del 4 de julio de 2017, en el que la oficina
judicial de la entidad le había precisado <<es importante aclarara (sic) que la empresa no hizo
el trámite correspondiente para que fuera repartido a un juzgado laboral de Barranquilla la
consignación que realizó en la cuenta de prestaciones laborales de esta ciudad>>.
Que en la demanda había manifestado que el 18 de enero de 2018, radicó ante la
Procuraduría General de la Nación una acción preventiva, con fundamento en el artículo
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277 de la Constitución, que fue la que generó un requerimiento formal por el cual la
entidad demandada, el 1 de marzo de 2018, autorizó el retiro del título y tramitó el pago,
que finalmente se efectuó en el mes de mayo de 2018.
Que esos hechos acreditaban que desde el 12 de julio de 2016 y hasta el 1 de marzo de
2018 no existieron actuaciones por parte del terminal de transporte de Barranquilla
tendientes a gestionar la entrega del título y que fue únicamente por la intervención de la
Procuraduría General de la Nación que se generó el cumplimiento de la obligación.
Decisión sin motivación respecto de si la terminal de transporte de Barranquilla había
demostrado la intención de pago desde el 12 de julio de 2016 y << ¿por qué tardó 597 días
en enviar un mensajero a hacer el trámite ante la Oficina Judicial que tomó un solo días?>>. Dijo
que la autoridad judicial demandada no resolvió esos cuestionamientos, que eran
determinantes para resolver el litigio.
Que la autoridad judicial demandada creó una excepción subjetiva sin motivación alguna
sobre la configuración objetiva de la sanción moratoria.
Defecto sustantivo por inaplicación de lo previsto en los artículos 4 y 5 de la Ley 1071
de 2006, que establecían un plazo de 15 días para el reconocimiento de las cesantías
definitivas, una vez radicada la correspondiente solicitud, y que, una vez ejecutado el acto
de reconocimiento, la entidad tenía un plazo de 45 días hábiles para hacer efectivo el
pago.
Explicó que la Resolución 083 del 1 de marzo de 2016 había quedado ejecutoriada el 18
de marzo siguiente, por lo que el plazo de pago vencía el 27 de mayo de 2016, que, sin
embargo, solo había recibido el pago de sus cesantías definitivas el 30 de mayo de 2018,
es decir, luego de más de dos años.
Que el mismo artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 ordenaba que, vencido el plazo sin que
se hubiere efectuado el pago de la prestación, la entidad debía reconocer y pagar un día
de salario por cada día de retraso. Que esa conclusión no era potestativa del juez ni de
la entidad y que operaba por mandato de la ley.
Que, además, el artículo 53 de la Constitución ordenaba la indexación de las obligaciones
laborales como un mecanismo de protección del poder adquisitivo de las acreencias del
trabajador.
Que el artículo 3 del Decreto 212 de 1999, estableció la única excepción al pago de las
cesantías, cuando el servidor público hubiere sido destituido por faltas disciplinarias que
pudieren constituir delito contra la administración pública.
Que, en ese orden, el legislador no había previsto como causales de exoneración de la
sanción moratoria que el servidor público fuera renuente a recoger el cheque, que el
empleador actuara de buena fe, que se convocara a una conciliación ni circunstancias
relativas a las conductas del beneficiario de la prestación.
Que el legislador no había previsto que se analizara la conducta subjetiva del empleador
como presupuesto para la imposición de la sanción moratoria. Que la única fuente
normativa era la Ley 1071 de 2006 y que, si la autoridad judicial demandada la quería
desconocer, debió declarar su inaplicación por inconstitucionalidad, pero que, en todo
caso, ello no era viable, porque esa norma era una garantía del trabajador.
Manifestó que se había aplicado de forma incorrecta la sentencia de unificación SUJ-034-
CE-S2-2023, puesto que esa providencia solo traía como excepción que se examinara la
conducta del empleador para verificar si había actuado de forma negligente, que, sin
embargo, la autoridad judicial demandada había empleado esa decisión judicial para
calificar su conducta como renuente y exonerar a la entidad demandada.
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5. Intervenciones
La Terminal Metropolitana de Transporte SA solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela, que no se ampararan los derechos reclamados por la parte actora y que
no se le endilgara responsabilidad.
Indicó que en el proceso ordinario se había probado que reconoció de forma oportuna las
prestaciones sociales del demandante, que había expedido el cheque de pago de forma
inmediata al reconocimiento, que desplegó actuaciones orientadas a poner en disposición
del tutelante el correspondiente pago y que tuvo que acudir a la consignación judicial
como mecanismo idóneo para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Que la conducta del señor Juan Carlos había incidido de forma determinante en la
materialización tardía del pago de sus cesantías, en la medida en que condicionó su
recepción, manifestó inconformidades y adoptó decisiones que dilataron el trámite.
Que el tutelante pretendía reabrir un debate jurídico y probatorio que ya había sido
resuelto por el juez natural. Que se incumplía el requisito de subsidiariedad, porque el
actor podría acudir al recurso extraordinario de revisión.
Que no se había incurrido en los defectos alegados por la parte actora y que, por el
contrario, la decisión judicial acusada tuvo su correspondiente fundamento normativo y
obedeció a una interpretación jurídica razonable.
El Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, no se pronunciaron, pese a que fueron debidamente notificados.
6. Sentencia Impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera, declaró improcedente la acción de tutela por
incumplir el requisito de relevancia constitucional, por cuanto el asunto era de mera
legalidad y de contenido económico.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.
Argumentó que no pedía que se examinara si la autoridad judicial demandada había
acertado al denegar sus pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, que, por
el contrario, pretendía que se determinara si la decisión cuestionada se profirió dentro de
los límites constitucionales que gobernaban la función jurisdiccional.
Que el asunto superaba la mera inconformidad, pues había alegado que la autoridad
judicial demandada había añadido requisitos a una norma que no los contemplaba; que
le había atribuido a una sentencia de unificación una regla que no preveía; que había
generado una conclusión contraevidente de las pruebas aportadas y que no había
valorado medios de convicción determinantes. Que afirmar que un asunto no tenía
relevancia constitucional sin examinar los vicios alegados no era una conclusión
adecuada.
Que la decisión impugnada no resolvió si de la controversia propuesta se desprendía la
vulneración de derechos y deberes constitucionales y si la sanción moratoria por pago
tardío de las cesantías constituía un asunto de interés general. Que los defectos alegados
comprometían los artículos 29, 229 y 230 de la Constitución. Que lo que determinaba la
relevancia constitucional no era la naturaleza de la prestación ordinariamente debatida,
sino la naturaleza del vicio que se le imputaba a la providencia controvertida.
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Que la sentencia impugnada desconoció el precedente fijado en la sentencia SU-098 de
2018, que estudió una acción de tutela sobre el reconocimiento de la sanción moratoria
por pago tardío de las cesantías y tuvo por superado el requisito de relevancia
constitucional.
Que la decisión impugnada erró al calificar como una interpretación razonada la
providencia acusada, que había creado una exoneración no prevista en la ley para el
pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, que había atribuido un
alcance distinto al fijado en la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 y había
incurrido en un defecto fáctico.
Finalmente, reiteró los argumentos de los defectos desarrollados en el escrito de
demanda de tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.
La Sala anticipa que revocará la decisión impugnada, para, en su lugar, denegar el
amparo deprecado, por cuanto la autoridad judicial demandada no incurrió en los
defectos alegados por la parte actora.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y (iii) el análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la presente acción de tutela cumple los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La relevancia constitucional del asunto está acreditada, toda vez que, la decisión de
primera y segunda instancia fue dictada en sentidos opuestos, se cuestionan de manera
directa las razones de la providencia cuestionada, no alude a una discusión de orden
legal o económico y cumple con la carga argumentativa de señalar que, si existieran los
errores que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con
la verificación del expediente ordinario, la sentencia del 26 de marzo de 2026 fue
comunicada por correo electrónico del 15 de abril de 2026, de modo que fue notificada el
17 de abril siguiente, y la demanda de tutela fue radicada el 26 de mayo de 2026, esto
es, un mes y nueve días después, término que no supera los seis meses fijados por la
Sala Plena de esta Corporación para presentar acciones de tutela.
La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y cuestiona
la sentencia de segunda instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se
evidencia la viabilidad del recurso extraordinario de revisión contra la providencia
atacada, puesto que no parece que pueda encuadrarse en alguna de las causales de
procedibilidad previstas en el artículo 250 del CPACA. Así como tampoco la procedencia
del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, porque este solo procede
cuando la decisión cuestionada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación.
Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de advertir que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico, por
decisión sin motivación y sustantiva al proferir la sentencia del 26 de marzo de 2026.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora controvierte
una sentencia de segunda instancia de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
4. Análisis del caso concreto
La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos
fácticos, por decisión sin motivación y sustantiva al no condenar a la terminal de
transporte de Barranquilla al pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus
cesantías definitivas.
La Sala precisa que estudiará los cargos de manera conjunta porque apuntan a demostrar
que la terminal de transporte de Barranquilla sí incurrió en la sanción moratoria por el
pago tardío de sus cesantías definitivas del señor Juan Carlos Fabregas Lozano.
Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse a las pruebas aportadas al
expediente y al análisis realizado en la providencia acusada.
En la audiencia inicial celebrada el 18 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del
Atlántico decretó como pruebas en favor de la parte actora las documentales aportadas
con la demanda, entre las que se encontraban:
• Petición del 15 de febrero de 2016, en la que el señor Juan Carlos Fabregas Lozano
pidió a la terminal de transporte de Barranquilla el reconocimiento y pago de sus
cesantías definitivas.
• Copia de la Resolución 083 del 1 de marzo de 2016, <<por la cual se ordena la
liquidación y pago de las prestaciones sociales de un ex – servidor>>, en la que se
reconoció al señor Fabregas Lozano la suma de $32.390.359 por concepto de cesantías,
cesantías vigencia 2016, intereses sobre cesantías 2016, prima de servicios, vacaciones,
prima de vacaciones, bonificación por servicios y diferencias salariales del 1 al 25 de
enero de 2016.
• Copia del cheque 2225970 por la suma de $32.390.359.
• Pantallazo de un correo electrónico enviado por la jefe de la oficina de talento humano
de la Terminal Metropolitana de Transporte SA al demandante el 14 de abril de 2016, en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04021-01
Demandante: Juan Carlos Fabregas Lozano
el que le informó <<Buenas tardes Doctor, la presente es para comunicarle que puede acercarse
a las oficina de la tesorería de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., para
reclamar su cheque del pago de las cesantías definitiva y demás prestaciones de ley>>.
• Correo de respuesta del señor Juan Carlos al mensaje relacionado en el párrafo anterior,
en el que señaló:
ES PROCEDENTE ESE PAGO QUE UD ME NOTIFICA, NO OBSTANTE QUE A LA FECHA LA
GERENCIA NO ME HA DEVUELTO EL ACTA DE ENTREGA DEL CARGO DEBIDAMENTE FIRMADA,
ACTA DONDE DEJO TRES IMPORTANTES CONSTANCIAS?
ES PROCEDENTE ESE PAGO QUE UD ME NOTIFICA, NO OBSTANTE DE QUE LA SECRETARIA
GENERAL DE LA ENTIDAD NO SE PRONUNCIO SOBRE MI SOLICITUD DE MARZO 07 2016.?
ES PROCEDENTE EL PAGO QUE UD. ME NOTIFICA AUN SIN QUE EL EX-SERVIDOR NO HAYA
CONCILIADO LA PRE-LIQUIDACIÓN QUE RECONOCE EL DERECHO LABORAL ADQUIRIDO CON
LA ENTIDAD?
ES PROCEDENTE EL PAGO QUE UD ME NOTIFICA NO OBSTANTE DE EXISTIR UN RECURSO
REPOSICIÓN INTERPUESTO, ANTE GERENCIA, DENTRO DEL TERMINO LEGAL, RECURSO QUE
LA ENTIDAD JAMAS ME RESPONDIÓ Y EL CUAL DA CUENTA DEL ANALISIS DE TERMINOS DEL
PROCESO DE EMPALME QUE EN SU MOMENTO SE ADELANTO?
Si es procedente el pago de mis prestaciones. bajo las anteriores consideraciones, hágamelo saber hoy
mismo. por este medio y yo inmediatamente voy por mi pago, de lo contrario no quiero pensar que ud.
lo que pretenda con esa notificación, que entre otras no es de su resorte funcional, pretenda pre-
constituir prueba de notificación de mis cesantías, hoy cuando los términos para pagar se les vencieron,
con el agravante de que a ex-servidores que salieron, con posterior como es el caso de tesorero y
secretaria ejecutiva les fueran canceladas sus prestaciones de manera preferente.
Reitero me haga saber en el transcurso del día de hoy mi solicitud para pasar por mi dinero el cual estoy
además necesitando.
• Poder otorgado por el señor Fabregas Lozano a Boris Henríquez Egea para que
recibiera y firmara comprobante de egreso del título valor correspondiente al pago de
cesantías y demás prestaciones sociales.
• Pantallazo de un correo electrónico enviado por la jefe de la oficina de talento humano
de la Terminal Metropolitana de Transporte SA al demandante el 5 de mayo de 2016, en
el que le manifestó <<Buenas, tardes Doc espero se encuentre bien, la presente es para
comunicarle que su cheque se encuentra en tesorería, le pedimos el gran favor de acercarse
personalmente para que firme el acta y haga entrega material de lo que se encuentra consignado
en dicha acta>>.
• Pantallazo de un correo electrónico envido por la jefe de la oficina de talento humano
de la Terminal Metropolitana de Transporte SA al tutelante el 7 de junio de 2016, en el
que le indicó << (…) cuando nos encontramos para entregarle el cheque, necesito una pronta
respuesta>>.
• Pantallazo de respuesta al correo relacionado anterior, en el que el demandante informa
que:
En virtud de lo preceptuado en la Ley 640 del 2001, he solicitado conciliación Extrajudicial de carácter
laboral ante la oficina territorial atlántico del Ministerio del trabajo, con el propósito de que sin tener que
recurrir al aparato judicial, podamos llegar a un acuerdo acerca de lo que la entidad debe cancelarme a
título de mi liquidación.
Le advierto que para el caso que nos ocupa no es procedente, que la entidad aplique el numeral 2 del
artículo 65 del código sustantivo del trabajo, ya que el verbo rector que consagra esa norma no encajaría
en la posición de la administración, sobre el particular tenemos bastante acervo probatorio.
Así las cosas debemos esperar que la autoridad administrativa del trabajo cite a audiencia de
conciliación.
• La Resolución 215 de 2016, expedida por la Terminal Metropolitana de Transporte SA ,
<<por la cual se ordena la anulación de un cheque y se ordena su consignación>>, en la que se
resolvió:
ARTÍCULO PRIMERO: Anúlese el cheque No. 2225970 del Banco de Bogotá por valor de TREINTA Y
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CIENCUENTA Y NUEVE PESOS M/L
($32.390.359.00), y procédase a CONSIGNAR el cheque No. 002635 en la cuenta de depósitos
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Demandante: Juan Carlos Fabregas Lozano
judiciales del Banco Agrario a orden del señor JUAN CARLOS FABREGAS LOZANO, por concepto de
liquidación definitiva de prestaciones sociales.
ARTICULO SEGUNDO: El valor de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL
TRESCIENTOS CIENCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($32.390.359.00). se descargará del presupuesto
de ingresos y gastos de la Entidad.
• Respuesta del Banco Agrario de Colombia a una petición elevada por el actor, en la que
le informó:
En respuesta a su petición con fecha de 27 de junio 2017 donde nos solicita información sobre la
existencia de depósito judicial consignado por la empresa Terminal Metropolitana de Transporte a su
nombre, nos permitimos informarle que una vez consultado por su número de cedula xxxxxx figura el
depósito N° 416010003105963 por valor de $32,390.359 consignado el día 12-07-2016 bajo el concepto
de prestaciones sociales, abonada a la cuenta judicial 080012050001 prestaciones laborales
Barranquilla la cual es administrada por la oficina judicial de Barranquilla, así mismo manifestamos que
el titulo materializado se encuentra en nuestra oficina sucursal Barranquilla el cual debe ser reclamado
por la empresa consignante para ser entregado en la oficina judicial y le sea asignado el juzgado laboral
correspondiente que emitirá la orden de pago al beneficiario del depósito judicial.
• Petición del 28 de agosto de 2018, en la que el tutelante solicitó a la Terminal
Metropolitana de Transporte SA que le reconociera y pagara la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías.
• Respuesta a la petición relacionada en el párrafo anterior del 19 de septiembre de 2018,
en la que el Terminal Metropolitana de Transporte SA señaló que no existía fundamento
para proceder con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
Ahora bien, en la providencia cuestionada, la autoridad judicial demandada explicó que,
del material probatorio, se podía concluir que las actuaciones de la entidad denotaban su
disposición de pago y acciones concretas para materializar la intención de no incurrir en
mora en el pago de las cesantías.
Que luego de proferir el acto de reconocimiento de las cesantías y prestaciones laborales,
la entidad expidió el cheque 2225970 por la suma de $32.390.359, que había sido puesto
a disposición e informado al señor Fabregas Lozano en repetidas oportunidades.
Que, por su parte, las actuaciones del demandante reflejaban su renuencia a recibir el
cheque, puesto que no solo había conferido poder para que un tercero se acercara a
reclamarlo, sino que también mostró su desacuerdo con el valor liquidado y convocó a
una audiencia de conciliación para resolver las diferencias con la entidad. Que, incluso,
en una de sus respuestas afirmó que esperaría a que la autoridad administrativa del
trabajo citara a la correspondiente audiencia de conciliación.
Que no compartía la conclusión de primera instancia, relacionada con que la expedición
del mencionado cheque resultó inocua porque no se comprobó que se hubiere puesto a
disposición del demandante, porque de lo probado se advertía que la entidad materializó
su intención de pago a través del cheque y en diferentes comunicaciones instó al señor
Fabregas Lozano a que se acercara para su entrega.
Que la consignación realizada en el Banco Agrario por parte de la entidad era la principal
prueba de su intención de no incurrir en mora en el pago de las prestaciones reconocidas.
Que la actuación de la entidad, al realizar la consignación de lo adeudado, la liberaba de
su obligación de pagar una mora por una eventual tardanza, pues no podía supeditar el
pago de las prestaciones a la actitud renuente del demandante, quien abiertamente había
exteriorizado su desacuerdo con lo liquidado y su posición pasiva respecto de los
múltiples requerimientos realizados para que reclamara el cheque.
Que, si bien el pago del título judicial se había producido en el año 2018, ello obedeció a
que hasta ese momento el demandante adelantó los trámites para que se expidiera el
mismo. Que, aunque debió existir una gestión por parte de la entidad, lo cierto era que
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se había probado que expidió un cheque en el mes de marzo de 2016 y desde entonces
estuvo a disposición del demandante.
Que no reconocería la sanción moratoria porque se demostró que la entidad no solo
expidió el cheque en marzo de 2016, en la misma fecha en que expidió el acto de
reconocimiento y que no fue reclamado por el demandante por las razones expuestas,
sino que posteriormente realizó el depósito en el Banco Agrario el 12 de julio de 2016 a
órdenes del señor Fabregas Lozano, por lo que, a su juicio, no se generó ninguna mora
por parte del empleador.
Que, en consecuencia, el análisis de los elementos subjetivos de la conducta patronal
conllevaba que el juez no emitiera una condena automática, sino que se debía valorar y
analizar los medios de convicción aportados al proceso para válidamente proferir una
decisión de fondo.
Que resultaba claro que la sanción moratoria y la indexación involucraban un componente
sancionatorio que se derivaba de la tardanza en el pago. Que, de manera excepcional,
en asuntos como el estudiado, su imposición estaba condicionada al estudio de
elementos subjetivos, que implicaban examinar probatoriamente las acciones
desplegadas por las partes, puesto que la naturaleza de esas penalidades buscaba que
se censurara la negligencia del empleador en la gestión administrativa y presupuestal
para reconocer y pagar en tiempo.
Que, en vista de lo anterior, como desde la expedición del acto de reconocimiento de las
prestaciones laborales la entidad expidió y puso a disposición del demandante el cheque
2225970 por la suma de $32.390.359 y, posteriormente, realizó la consignación para
constituir depósito judicial a favor del señor Juan Carlos, ello probaba la conducta del
empleador de no incurrir en mora en el pago de las prestaciones definitivas reconocidas,
escenario que impedía imponer la sanción moratoria pretendida.
Que, en consecuencia, revocaría la decisión de primera instancia, para, en su lugar,
denegar las pretensiones de la demanda.
A partir de lo anterior, para la Sala, la autoridad judicial demandada no incurrió en los
defectos alegados por la parte actora, por cuanto la sentencia acusada no se enmarca
en una indebida valoración probatoria, puesto que no se separó de los hechos
debidamente probados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ni se trata
de una decisión que vaya en contravía de la evidencia probatoria. Por el contrario, la
decisión se fundamentó en las pruebas solicitadas, decretadas e incorporadas por
solicitud del propio demandante, entre las que se encontraban los oficios del 1 de marzo
de 2018, GER-172-16 del 27 de julio de 2016 y del 29 de julio de 2017, así como el poder
especial otorgado al señor Boris Henríquez.
La autoridad judicial demandada tuvo en cuenta que el retardo en que se concretara el
pago de las cesantías definitivas del señor Fabregas Lozano obedeció a sus mismas
actuaciones, puesto que fue renuente para recibir el correspondiente cheque efectuado
por la entidad, confirió poder a un tercero para que reclamara el cheque, mostró su
desacuerdo con la liquidación y convocó a audiencia de conciliación para dirimir las
diferencias con el Terminal Metropolitana de Transporte SA.
Que por su parte la entidad había expedido y puesto a disposición del señor Juan Carlos
el cheque 2225970 por la suma de $32.390.359 y, posteriormente, constituyó un depósito
judicial para el cumplimiento de la obligación.
Que, en ese orden, del análisis subjetivo de la conducta de la entidad se podía concluir
que no se había generado ninguna mora.
La Sala encuentra que la decisión cuestionada no contiene errores sustanciales y que
estos provengan directamente de deficiencias en la valoración probatoria, a tal punto que
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no corresponda con la sana crítica o que no atienda a criterios de objetividad,
racionalidad, legalidad y motivación. Por el contrario, se observa un análisis integral del
material probatorio, que no resulta contraevidente y que permitió arribar a la conclusión
razonable de que no había lugar a imponer la sanción moratoria por pago tardío de
cesantías definitivas.
En este punto, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio
de validez, mas no de corrección3, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede utilizarse
como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen a los
procesos ordinarios.
Para la Sala, las conclusiones a las que arribó la autoridad judicial demandada resultan
razonables y debidamente motivadas en los medios de convicción allegados al proceso
ordinario por la misma parte demandante. Adicionalmente, se observa que el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, no desconoció lo previsto en la Ley 1071 de
2006 y, por el contrario, tuvo en cuenta que, de acuerdo con la sentencia de unificación
SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023 dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas
constituía una penalidad para el empleador que << (…)se encuentra establecida en el
parágrafo de los artículos 2 y 5 de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, respectivamente,
según los cuales corresponde al empleador reconocer y pagar con sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de la
prestación>>.
Finalmente, la Sala advierte que no es cierto que la autoridad judicial demandada hubiere
acudido a la sentencia de SUJ-034-CE-S2-2023 para calificar la conducta del señor
Fabregas Lozano, debido a que, en la providencia del 26 de marzo de 2026, se hizo
referencia a la mencionada sentencia de unificación para precisar que la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías era una penalidad de carácter económico
que sancionaba la negligencia del empleador en la gestión administrativa y
presupuestada para reconocer y pagar en tiempo esa prestación y que se encontraba
establecida en el parágrafo de los artículos 2 y 5 de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006.
Las anteriores razones son suficientes para que la Sala revoque la decisión impugnada,
para, en su lugar, denegar el amparo deprecado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada, para en su lugar:
2. Denegar la solicitud de amparo presentada por la parte actora, por las razones
expuestas en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
3 Ver, entre otras, las sentencias T.344 de 2015, SU-425 de 2016, y T-022 de 2019.
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5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 4
4 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto, se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, escribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
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