Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00127-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00127-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2019-00127-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00127-02 (2524-2025)
Demandante: Juan Carlos Fábregas Lozano
Demandado: Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.
Tema: Sanción moratoria e indexación por pago tardío de cesantías y
prestaciones sociales. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 10 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. El señor Juan Carlos Fábregas Lozano instauró demanda en contra de la
Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del acto administrativo de fecha 18 de septiembre de
2018, mediante el cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria, por el no
pago oportuno de las cesantías y de la indexación de las demás prestaciones
sociales.
3. Que a título de restablecimiento del derecho se reconozca y pague la sanción
moratoria por el no pago oportuno de las cesantías y se cancele la indexación por
el no pago dentro del término legal de las prestaciones sociales, representadas en
las: primas de navidad, de servicios, vacaciones, bonificaciones por servicios,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00127-02 (2524-2025)
diferencia salarial, diferencia de gastos de representaciones, desde que se hicieron
exigibles los pagos, hasta que realmente se pague.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que se desempeñó como gerente de la Terminal Metropolitana de Transportes
de Barranquilla S.A., hasta el 25 de enero de 2016.
6. Que el 12 de febrero de 2016, presentó solicitud de reconocimiento y pago de
cesantías definitivas, conforme a lo establecido en la Ley 1071 de 2006 y Decreto
1045 de 1978.
7. Que mediante Resolución 00083 del 1º de marzo de 2016, notificada el 4 de
marzo de 2016, se reconocieron las cesantías correspondientes al año 2015, por un
valor de $10.431.461, que comprende el tiempo trabajado desde el 09/02/2015 al
25/01/2016. Además, se le reconoció: Cesantías año 2016 $906.636, intereses de
cesantía vigencia 2016 por $7.55, prima de servicio por $5.536.093, vacaciones por
$5.536.093, prima de vacaciones por $5.536.093, bonificación por servicios por
$3.723.675, diferencia salarial del 1° al 25 de enero de 2016 por $291.183.
8. Que luego de diferentes trámites y reclamaciones recibió el pago de $32.390.359
correspondiente a sus cesantías y demás derechos laborales el día 30 de mayo de
2018, por intermedio del Banco Agrario de Colombia.
9. Que desde el 25 de mayo de 2016 -fecha en que se hizo exigible el pago de las
cesantías y demás prestaciones sociales- al 30 de mayo de 2018 - fecha en que
realmente se hizo efectivo el pago - trascurrieron 492 días hábiles.
10. Que en atención a la cancelación extemporánea, solicitó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria, los intereses e indexación, petición que fue negada
mediante acto administrativo del 18 de septiembre de 2018.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
11. Se indicaron como normas violadas los artículos 29, 53, 209 y 373 de la
Constitución, Decreto 1045 de 1978, artículo 3 Ley 1431 de 2011, Decreto 2712 de
1999, Decreto 1919 de 2002, Ley 1071 de 2006.
12. Manifestó que el pago tardío de las cesantías y demás derechos laborales no
constituyen causal de retención de estos según lo establecido en el Decreto 2712
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de 1999, artículo 3° que consagra como única causal, la destitución por faltas
disciplinarias que puedan llegar a constituirse en delito contra la administración
pública.
13. Que la demandada carecía de facultad discrecional para el pago de las
cesantías y demás derechos, por el contrario, era una obligación pagar dentro del
término establecido en la ley (art 5°de la Ley 1071 de 2006).
14. Que la demandada demoró 492 días para el pago de los derechos laborales que
ascienden a la suma de $20.587.311 desde la fecha de su reconocimiento mediante
Resolución 00083 del 1º de marzo de 2016, por lo que está obligada en aplicación
de los artículos 53 y 373 Constitucional a reconocer y pagar la indexación
correspondiente al valor anterior, pero al haberlo denegado en el oficio cuya nulidad
se solicita, viola ostensiblemente la Constitución Política.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
15. La demanda fue admitida el 24 de abril de 2019, la entidad afirmó que el
demandante tenía pleno conocimiento de que el cheque mediante el cual se le
cancelaba el valor de la liquidación de las prestaciones sociales iba a ser
consignado mediante depósito judicial, como quedó acreditado en los correos del 2
y 8 de junio de 2016 donde se hace referencia al pago por consignación del artículo
65 del CST, como también la prueba del pago lo constituye el cheque 2225370 del
Banco de Bogotá por $32.390.359 a nombre del demandante elaborado el 4 de
marzo de 2016, esto es, el mismo día de la notificación de la Resolución 83 del 1°
de marzo de 2016.
16. Que al consignar el cheque al Banco Agrario como depósito judicial, fue devuelto
por error, lo que obligó a su anulación y consignación posterior del cheque 002635
en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario a orden del señor Fábregas
Lozano, como consta en la Resolución 215 del 11 de julio de 2016.
17. Propuso la excepción de caducidad y explicó que el demandante suspendió el
término de caducidad con la solicitud de conciliación extrajudicial llevada a cabo el
29 de septiembre de 2016, no obstante, para revivir términos, solicitó la nulidad del
acto administrativo proferido el 18 de septiembre de 2018.
18. Igualmente propuso las de falta de competencia, ausencia de causa petendi,
inexistencia de violación al debido proceso, inexistencia de causales de nulidad de
los actos demandados y buena fe.
19. El 6 de octubre de 2022 se llevó a cabo la audiencia inicial en la cual se
declararon no probadas las excepciones de falta de competencia y de caducidad,
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decisión que fue apelada y confirmada el 3 de agosto de 2023.
20. La audiencia inicial fue reanudada el 18 de julio de 2024 donde se ordenó correr
traslado para alegar de conclusión.
21. Las partes reiteraron los argumentos planteados en la demanda y en la
contestación y el Ministerio Público guardó silencio.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
22. Mediante sentencia del 10 de abril 2025 el Tribunal Administrativo del Atlántico,
declaró la nulidad del acto administrativo y a título de restablecimiento ordenó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1996,
modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006 consistente al reconocimiento y
pago de un día de salario por cada día de retardo, por el período transcurrido entre
el 27 de mayo de 2016 y 29 de mayo de 2018 dando lugar a 731 días de mora por
el pago tardío de las cesantías definitivas.
23. Igualmente, ordenó el pago de la indexación de los valores reconocidos en la
Resolución 00083 del 1° de marzo de 2016 por concepto de las prestaciones
sociales correspondientes a: intereses sobre cesantías vigencia 2016, prima de
servicio, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios, diferencia
salarial del 1° al 25 de enero de 2016 y la diferencia de gastos de representación.
24. Que si bien el acto administrativo demandado, al referirse al pago tardío de las
cesantías citó y mencionó los términos dispuestos en la Ley 244 de 1995 adicionada
y modificada por la Ley 1071 de 2006, concluyó en negar el derecho con fundamento
en lo dispuesto en la Ley 951 de 2005 porque para proceder de tal forma, se
requería realizar la entrega formal del cargo, infringiéndose así lo dispuesto en la
Ley 1071 de 2006, porque el pago de las cesantías definitivas debía realizarse
dentro de los 70 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud.
25. Que la expedición del cheque 2225970 del Banco de Bogotá el día 4 de marzo
de 2016 resultó inocuo al comprobarse que el monto reconocido en la Resolución
00083 del 1°de marzo 2016 no le fue pagado al actor sino hasta el 30 de mayo de
2018, bajo el equivocado argumento de que el pago de sus prestaciones sociales
definitivas se efectuaría cuando hiciera la entrega formal del cargo, exigencia o
condición que no encuentra respaldo en nuestro ordenamiento jurídico para el pago
de esta prestación, ni el hecho de que la terminal hubiese podido atribuirse
facultades para condicionarlo bajo una causal que no contempla la Ley.
26. Que el cheque por sí solo no comprueba que este se haya puesto a disposición
del exservidor y que se hubiere hecho el pago dentro del término antes mencionado,
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y mucho menos se puede tomar por válido el pago por consignación, ya que como
se comprueba con la respuesta entregada por el Banco Agrario al señor Fábregas
Lozano a su petición de 29 de junio de 2017 que da cuenta de la existencia de un
título judicial, en él se informó que debía ser gestionado por la entidad consignante
para proceder a su trámite ante el respectivo juzgado para su posterior pago,
verificándose que la ausencia de gestión por parte de la Terminal Metropolitana de
Transportes obedeció a la exigencia impuesta al actor de entregar formalmente el
cargo, lo cual, como ya se abordó no es condición para el pago de las cesantías
definitivas.
27. Que en ningún apartado de la Ley 951 de 2005 se prevé o se condiciona que
para el pago de las prestaciones definitivas del servidor público saliente, éste deba
realizar la entrega del cargo y/o el informe que regula la norma referida, por lo que
la aquí demandada no podía ni debía, como lo hizo en el Oficio GER-172-16 de 27
de julio de 2016 suscrito por el nuevo gerente y en toda la defensa, sostener que
por el presunto incumplimiento del señor Fábregas Lozano de realizar la entrega
formal de este cargo, las consecuencias de dicha omisión conllevaba a realizar el
pago por consignación de las prestaciones sociales definitivas sustentado en la Ley
951 de 2005 y el artículo 209 de la Constitución Política, y que una vez cumpliera
con aquel deber, se autorizaría el pago del título judicial por el Banco Agrario.
28. Que con las conversaciones mantenidas por correo electrónico entre el señor
Fábregas Lozano y la jefe de Talento Humano de la entidad demandada para la
época de los hechos, se evidencia la postura del actor de recibir el pago de sus
prestaciones, vislumbrándose que es la servidora la que condiciona la entrega del
cheque a la firma del acta y a la realización de la entrega material de lo consignado
en ella.
29. Que en cuanto al segundo cargo de nulidad, se encontraba procedente acceder
a la indexación de las prestaciones sociales que fueron reconocidas en la
Resolución 00083 del 1° de marzo de 2016, y de las que su pago se efectuó el 30
de mayo de 2018, no a manera de sanción por el retardo en el pago, ya que no
existe normativa que regule una sanción por pago tardío de prestaciones sociales
definitivas a un empleado público, sino en protección del poder adquisitivo de tales
prestaciones.
RECURSO DE APELACIÓN
30. La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que argumentó que
más allá de que ya no sea tema de discusión la inoperancia de la caducidad
respecto del acto administrativo finalmente demandado (calendado el 18 de
septiembre de 2018), esto no quiere decir que no se presente una clara ineptitud
sustantiva de la acción, pues existieron dos actos administrativos distintos que, en
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momentos diferentes y conexos, habrían denegado el reconocimiento de la sanción
moratoria y de la indexación que finalmente fuese objeto de concesión por parte del
a quo.
31. Que si el actor pretendía que se le reconocieran los emolumentos dentro del
término de que trata la Ley 244 de 1995 y de manera consecutiva desde el 27 de
mayo de 2016 hasta cuando se le sufragó el pago correspondiente, debía
controvertir de manera conjunta e integral tanto el acto ficto presunto negativo que
resolvió su primera petición, como el segundo de agosto de 2018 incoada por el
actor, en aras de consolidar lo que se denomina como “proposición jurídica
completa”. En consecuencia, debió el Tribunal Administrativo del Atlántico tener por
probada la excepción de inepta demanda por proposición jurídica incompleta.
32. Que no se comparten las premisas desarrolladas en la providencia, ya que no
es cierto que al actor no se le haya puesto a su disposición el valor de las
prestaciones sociales y cesantías reconocidas oportunamente, ni que este hubiese
sido estorbado para su reclamo por causa de la controvertida entrega de su informe
del cargo, en la medida que dentro del plenario obra la constancia de expedición del
cheque.
33. Que las comunicaciones del 14 de abril de 2016 y del 6 de mayo de 2016,
sumados a la expedición del cheque 2225970 del 4 de marzo de 2016 con cargo al
Banco de Bogotá, demuestran que no fue la entidad sino el mismo actor quien no
acreditó haberse presentado en debida forma a efectuar su cobro, aspecto este por
el que no solo se procedió a la anulación del referido cheque mediante Resolución
215 del 11 de julio de 2016, sino que se adelantó la consignación vía depósito
judicial en el Banco Agrario de los dineros correspondientes, prácticamente al día
siguiente de dicha operación.
34. Que se equivoca el fallador cuando supuestamente se excusa en el hecho de
que la expedición de un cheque a favor del actor no demostraba la disposición de
pago, pues todas las demás pruebas allegadas claramente dan cuenta no solo de
la disposición sino de la validez de la actuación que incluso, ahora no puede verse
afectada por la decisión personal e inconsulta del demandante en cuanto a la forma
y términos en las que sí se dispuso a hacer efectivo el pago que se le había
dispuesto.
35. Que teniendo en cuenta que no es procedente la sanción por mora pretendida,
en donde basta con mirar los correos electrónicos emitidos por la Jefatura de
Talento Humano requiriéndole al actor el cobro y retiro del cheque emitido para su
pago, tampoco es procedente la indexación reclamada por el demandante pues
claramente, el valor de sus prestaciones definitivas fue puesto a su favor en el
mismo año 2016 que fue cuando las reclamó, situación que hace improcedente que
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se hable de una pérdida de poder adquisitivo de la moneda cuando es el accionante
el que con su comportamiento, se abstuvo de reclamar en debida forma el monto
de sus prestaciones.
36. Que se incurrió en una indebida valoración probatoria al tenerse una fecha límite
para la sanción moratoria e indexación declarada, sin tener en cuenta el plenario,
porque si bien dentro de la acción se indicó que el 30 de mayo de 2018 había sido
recibido el pago del título para efectos del reconocimiento de las prestaciones
definitivas, esto por sí solo no puede ser tomado como prueba fidedigna cuando en
el plenario y en la sede administrativa, la misma apoderada de la parte actora señaló
que el pago verdaderamente se le había puesto a disposición, el 3 de marzo de
2018, hecho también confesado en la reclamación administrativa presentada el 28
de agosto de 2018.
37. Que la entidad dio cumplimiento a la vía legal que le resultaba aplicable como
única medida para precaver un aprovechamiento injusto e irregular de la falta de
asistencia para cobro del demandante respecto de los valores de sus prestaciones
definitivas, situación que denota una buena fe clara de mi representada y la
necesidad de aplicar en este evento el principio general del derecho que pregona
porque nadie está obligado a lo imposible y que nadie se puede aprovechar de su
propia culpa – en este caso el accionante aprovechándose de su decidía para
reclamar el valor de sus prestaciones.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
38. Se admitió el recurso el 17 de septiembre de 2025. Las partes y el Ministerio
Público guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas
39. Esta Sección1 ha sostenido frente a la naturaleza de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías definitivas lo siguiente:
«56. El legislador instituyó la sanción moratoria como una penalidad al empleador que
incumple la obligación de liquidar y pagar en forma oportuna las cesantías a los
empleados o trabajadores, siendo esta la sanción económica más severa de cuantas
existen en el ordenamiento jurídico colombiano.
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de
2023 radicado 08001-23-33-000-2012-00200-02 (2459-2014).
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57. La sanción moratoria se encuentra en íntima consonancia con el derecho de los
trabajadores al pago oportuno de su remuneración salarial y prestacional.
Precisamente la necesidad de garantizar el derecho al pago oportuno de las
prestaciones sociales de los servidores públicos propició en el ordenamiento jurídico
colombiano la promulgación de la Ley 244 de 1995, dado que la protección del pago
oportuno de las acreencias laborales no sólo se restringe al ámbito de la ejecución de
la relación laboral, sino que también se extiende a los actos posteriores a su
finalización, esto por cuanto una vez finalizada la relación laboral, se entiende que el
individuo queda en una situación de vulnerabilidad, derivada de la carencia de
recursos económicos para garantizar su subsistencia futura.
58. En tal sentido, el ordenamiento jurídico está llamado a ofrecer herramientas
dirigidas a (i) lograr el pago pronto y efectivo de las acreencias; y (ii) desestimular que
el empleador incurra en mora, para así evitar que el incumplimiento acarree la
inminencia de un perjuicio irremediable contra el trabajador y su familia.
59. Como características de la sanción moratoria se destacan las siguientes: (i) es
una penalidad; (ii) no tiene carácter de derecho salarial o prestacional; y (iii) no
constituye una carga laboral o retribución por los servicios prestados.
60. En el ordenamiento jurídico colombiano esta penalidad se encuentra establecida
en el parágrafo de los artículos 2 y 5 de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006,
respectivamente, según los cuales corresponde al empleador reconocer y pagar con
sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de la prestación.»
40. En efecto, la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías se
trata de una penalidad de carácter económico que sanciona la negligencia del
empleador en la gestión administrativa y presupuestal para reconocer y pagar en
tiempo la cesantía.2
Resolución del caso concreto
41. Uno de los argumentos de reproche está relacionado con que se debe
controvertir de manera conjunta el acto ficto presunto negativo que resolvió una
primera petición, como el segundo de agosto de 2018, en aras de consolidar lo que
se denomina como «proposición jurídica completa».
42. En el presente asunto, tal como se indicó en la providencia del 3 de agosto de
20233 a través de la cual se resolvió el recurso de apelación contra el auto que
declaró no probadas unas excepciones, la parte demandante optó por solicitar la
sanción moratoria e indexación por pago tardío de cesantías y prestaciones sociales
para que la entidad expidiera un acto administrativo expreso y así controvertir los
argumentos en sede judicial.
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2020 radicado 23001-
23-33-000-2015-00105-01 (0666-2018).
3 Radicado 08001-23-33-000-2019-00127-01 (6272-2019).
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00127-02 (2524-2025)
43. En consecuencia, el oficio del 18 de septiembre de 2018, resulta ser el acto
administrativo por medio del cual la entidad demandada negó los derechos ahora
reclamados, sin que sea necesario solicitar la nulidad de otro acto administrativo
para desatar las pretensiones planteadas, razón por la cual no se atenderá este
punto de desacuerdo.
44. Ahora, otro de los planteamientos que propone la entidad es que no es cierto
que al demandante no se le haya puesto a su disposición el valor de las prestaciones
sociales y cesantías reconocidas oportunamente, ni que este hubiese sido
estorbado para su reclamo por causa de la controvertida entrega de su informe del
cargo, para lo cual, indica, deben valorarse situaciones como la expedición del
cheque, las comunicaciones remitidas al demandante y la consignación del dinero
en el Banco Agrario.
45. En este punto es importante precisar que si bien la postura de esta Corporación
con respecto a la causación de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995
modificada por la Ley 1071 de 2006, deviene de una condición objetiva para su
configuración, esto es, el simple incumplimiento de la entidad pública pagadora del
plazo para la cancelación de la prestación social,4 lo cual, en principio, releva del
estudio de cualquier situación subjetiva o circunstancia particular de la mora, no
puede desconocerse que en casos excepcionales, resulta indispensable un análisis
pormenorizado de los elementos probatorios que reposan en el expediente, con el
objetivo de examinar la conducta de las partes y desatar en derecho la cuestión
litigiosa.
46. Recuérdese que esta penalidad sanciona la negligencia del empleador en la
gestión administrativa y presupuestal para reconocer y pagar en tiempo la cesantía,
es decir, recrimina una actitud de desidia de la entidad que le corresponde el pago
de las cesantías y no lo hace de manera oportuna.
47. Claramente la posición adoptada por la entidad demandada en el presente
asunto ha sido la de advertir que el eventual pago extemporáneo de las cesantías y
demás prestaciones liquidadas al señor Juan Carlos Fábregas al finalizar el vínculo
laboral, no le es una situación atribuible, sino que obedeció a una serie de sucesos
que evidencian una actitud renuente de parte del interesado en recibir el dinero de
su liquidación.
48. Según lo que reposa en el expediente se tiene lo siguiente: Mediante Resolución
00083 del 1° de marzo de 2016, la Terminal Metropolitana de Transportes de
Barranquilla S.A. reconoció la suma de $32.390.359 por concepto de cesantías y
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, radicado 17001-
23-33-000-2013-00202-01(2944-14), Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de
marzo de 2025, radicado 05001-23-33-000-2018-01584-01 (4703-2024).
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00127-02 (2524-2025)
prestaciones sociales por terminación del vínculo laboral al señor Fábregas Lozano,
acto administrativo que fue notificado al correo electrónico el día 4 de marzo de
2016. El mismo 4 de marzo de 2016 se expidió el cheque 2225970 por valor de
$32.390.359 por concepto de pago liquidación total de prestaciones sociales.
49. Obra en el expediente que por correo electrónico del 14 de abril de 2016 se
informó al demandante que podía acercarse a la tesorería para reclamar el cheque,
en respuesta el señor Fábregas cuestionó la procedencia del pago condicionándolo
a situaciones como la entrega del acta, la no conciliación de la preliquidación y la
interposición de un recurso no resuelto.
50. El 3 de mayo de 2016 el demandante otorgó poder especial al señor Boris
Henríquez para que en su nombre recibiera el «respectivo comprobante de egreso
del título valor (cheque)» correspondiente al pago de las cesantías y prestaciones.
51. Por correo electrónico del 6 de mayo de 2016 la jefe de Oficia de Talento
Humano, le indica nuevamente al señor Juan Carlos que el cheque se encontraba
en tesorería.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00127-02 (2524-2025)
52. Luego, el demandante dirige correo electrónico a la jefe de Talento Humano el
2 de junio de 2016, quien en respuesta nuevamente advierte sobre la disposición
para hacer la entrega del cheque relacionado con las prestaciones sociales.
53. A través de correo electrónico del 7 de junio de 2016 dirigido al demandante, la
jefe de Talento Humano le cuestiona «cuándo nos encontramos para entregarle el
cheque» a lo cual el señor Fábregas responde el 8 de junio de 2016 que se debe
esperar porque solicitó conciliación extrajudicial de carácter laboral ante el Ministerio
del Trabajo con el propósito de llegar a un acuerdo acerca de lo que la entidad debía
cancelarle en su liquidación.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00127-02 (2524-2025)
54. Por Resolución 215 del 11 de julio de 2016 el gerente de la entidad anuló el
cheche 2225970 del Banco de Bogotá que había sido consignado en el Banco
Agrario pero devuelto por error, razón por la cual se ordenó la consignación del
cheque 002635 en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario a orden del
demandante por concepto de liquidación definitiva de prestaciones sociales.
55. El Banco Agrario el 27 de junio de 2017 en respuesta a solicitud informó al señor
Fábregas que figuraba depósito 416010003105963 a su nombre por valor de
$32.390.359 consignado el día 12 de julio de 2016 bajo el concepto de prestaciones
sociales, el cual debía ser reclamado por la empresa Terminal Metropolitana de
Transporte para ser entregado en la oficina judicial y ser asignado al juzgado quien
emitiría la orden de pago al beneficiario.
56. En oficio dirigido a la Oficina de Títulos Centro Cívico de Barranquilla el gerente
la Terminal Metropolitana de Transporte autoriza al mensajero de la entidad para
retirar el título y radicarlo en la oficina judicial para su trámite, y según acta individual
de reparto se hizo el 1° de marzo de 2018.
57. El recuento probatorio expuesto permite a esta Subsección concluir que las
actuaciones de la entidad y acreditadas en el expediente, denotan no solo una
disposición de pago de las acreencias laborales sino acciones concretas que
materializan la intención de no incurrir en mora.
58. Repárese que luego de proferir el acto administrativo de reconocimiento de las
cesantías y prestaciones laborales, la entidad expidió el cheque 2225970 por valor
de $32.390.359 que fue puesto a disposición del señor Juan Carlos e informada
dicha situación en diferentes oportunidades, sin embargo, las actuaciones del
demandante reflejan su renuencia a recibirlo, pues no solo confirió poder para que
un tercero se acercara a las instalaciones, sino que, además, mostró su desacuerdo
con el valor liquidado y convocó a una audiencia de conciliación para ventilar las
diferencias con la entidad, precisando en una de sus respuestas que esperaría a
que la autoridad administrativa del trabajo citara a la audiencia respectiva.
59. Entonces, no se comparte la conclusión de la primera instancia relacionada con
que la expedición del cheque resultó inocua porque no se comprobó que se hubiera
puesto a disposición, pues de lo probado en el expediente se evidencia que la
entidad no solo materializó su intención de pago a través de la emisión del cheque,
sino que, además, en diferentes comunicaciones con el demandante le instó que se
acercara para su entrega.
60. Adicionalmente, al margen de cualquier discusión sobre las circunstancias que
rodearon la entrega del cargo, lo cual no es objeto de debate en el presente proceso,
se advierte que el demandante asumió una actitud renuente pues no reclamó el
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00127-02 (2524-2025)
cheque, constituyó poder para que un tercero lo hiciera, manifestó su inconformidad
con el monto liquidado y condicionó el pago efectivo al agotamiento de una
conciliación convocada por este, desatendiendo que el cheque ya había sido
expedido y puesto a su disposición.
61. El Tribunal sostuvo que no podía tener por válido el pago por consignación
porque debía ser gestionado por la entidad, contrario a esta postura, esta
Subsección encuentra que la consignación realizada en el Banco Agrario por parte
de la Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla es la principal prueba
de su intención de no incurrir en mora en el pago de las prestaciones reconocidas.
62. La actuación de la entidad al realizar la consignación de lo adeudado, la libera
de su obligación de pagar una mora por una eventual tardanza, pues no podía
supeditar el pago de las prestaciones a la actitud renuente del demandante quien
abiertamente había exteriorizado, no solo el desacuerdo con lo liquidado sino una
posición pasiva frente a los múltiples requerimientos realizados para reclamar el
cheque.
63. Si bien el pago del título judicial se produjo en el año 2018, ello fue precisamente
porque el demandante solo hasta ese momento adelantó los trámites para que se
expidiera el mismo, y aunque debía existir una gestión por parte de la entidad, lo
que se probó en el proceso es que primero se expidió un cheque desde el 4 de
marzo de 2016 y luego se hizo la consignación del segundo desde el 12 de julio de
2016, por lo que desde ahí estuvo a su disposición, entonces bien pudo hacer la
diligencia de manera inmediata o, en el 2018 cuando efectivamente lo hizo, pero
ello puede generar consecuencias negativas para la parte demandada, quien
adelantó las actuaciones correspondientes, se insiste, para no incurrir en mora.
64. Entonces, la razón por la cual no se reconoce sanción moratoria alguna en el
presente proceso, es porque se probó que la entidad no solo expidió el primer
cheque en marzo de 2016, en la misma fecha en que profirió el acto administrativo
de reconocimiento, el cual no fue reclamado por el demandante por las razones
expuestas previamente, sino que a continuación de cancelar este, expidió otro que
fue consignado el 12 de julio de 2016 a órdenes del demandante por lo que no se
generó ninguna mora por parte del empleador.
65. En consecuencia, en asuntos como el ahora estudiado, el análisis de los
elementos subjetivos de la conducta patronal, llevan a que el juez no simplemente
emita una condena automática, sino que, valore y analice lo probado en el proceso,
para que pueda válidamente emitir una decisión de fondo.
66. Resulta claro que tanto la sanción moratoria como la indexación involucran un
componente sancionatorio porque se derivan de la tardanza en el pago y, bajo esa
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00127-02 (2524-2025)
premisa, de manera excepcional, en asuntos como el que ahora se aborda, su
imposición está condicionada al estudio de elementos subjetivos, es decir, examinar
probatoriamente las acciones desplegadas por las partes, repárese que la
naturaleza de estas penalidades busca que se censure es la negligencia del
empleador en la gestión administrativa y presupuestal para reconocer y pagar en
tiempo.
67. Visto lo expuesto en precedencia, como desde la expedición del acto de
reconocimiento de las prestaciones laborales, la entidad no solo expidió en marzo
de 2016 y puso a disposición del señor Juan Carlos Fábregas Lozano el cheque
2225970 por valor de $32.390.359 sino que, posteriormente el 12 de julio de 2016
realizó la consignación para depósito judicial del cheque 002635 a favor del aquí
demandante, ello prueba la conducta del empleador de no incurrir en mora alguna
en el pago de las prestaciones definitivas reconocidas, escenario que impide
imponer sanción alguna que favorezca la desidia del demandante.
68. Según lo desarrollado en precedencia debe revocarse la decisión de primera
instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
De la condena en costas de ambas instancias
69. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
70. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
71. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandante, por cuanto se accede a las peticiones del recurso de apelación.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
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serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia del 10 de abril de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, para en su lugar NEGAR las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo considerado en la parte motiva.
Segundo. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante por
las razones expuestas en la presente providencia.
Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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