Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04021-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04021-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04021-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04021 00
Accionante: Juan Carlos Fábregas Lozano
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “A”
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no superar el requisito
general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Juan Carlos Fábregas Lozano
contra la providencia del 26 de marzo de 2026, proferida por la Subsección “A” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 08001 23 33 000 2019 00127 00/01/02.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Juan Carlos Fábregas Lozano, actuando a través de apoderado judicial,
promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello, formuló las
siguientes pretensiones1:
1. Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del Accionante en los términos expuestos en la presente
Acción contra providencia judicial.
2. Que se revoque integralmente la Sentencia de 26 de marzo de 2026, proferida
por la Subsección A Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho radicado con el número 08001-23-33-000-2019-00127-02 (2524-2025),
en los términos expuestos en la presente Acción.
3. Que se deje sin efectos la Sentencia de 26 de marzo de 2026, proferida por la
Subsección A Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
radicado con el número 08001-23-33-000-2019-00127-02 (2524-2025), en los
términos expuestos en la presente Acción.
4. Que se ordene a la Subsección A Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado proferir una nueva Sentencia
en la que se valore integralmente los hechos jurídicamente relevantes acreditados
dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho radicado con el
número 08001- 23-33-000-2019-00127-02 (2524-2025); los medios de prueba
aportados, decretados, practicados y probados dentro del mismo; la ley sustancial;
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04021 00.
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y, que sea debidamente motivada según los fundamentos fácticos, probatorios y
de la ley sustancial a que corresponde en derecho.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante relató que se desempeñó como gerente de la Terminal Metropolitana de
Transportes de Barranquilla2 entre febrero de 2015 y enero de 2016, y tras su retiro,
solicitó el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, las cuales fueron
reconocidas mediante Resolución del 1 de marzo de 2016. Sin embargo, afirmó que, pese
a que la entidad sostuvo haber puesto oportunamente a su disposición los recursos
correspondientes, el pago efectivo solo se produjo el 30 de mayo de 2018, esto es, más
de dos años después del vencimiento del plazo previsto en la Ley 1071 de 2006.
Indicó que durante ese período la Terminal impuso condiciones para la entrega del
cheque, desconoció poderes otorgados para su cobro, incurrió en irregularidades
relacionadas con el trámite del depósito judicial y omitió adelantar oportunamente las
gestiones necesarias para la entrega del título judicial. Asimismo, señaló que desplegó
múltiples actuaciones encaminadas a obtener el pago de sus acreencias, entre ellas
solicitudes directas, trámites conciliatorios y requerimientos ante la Procuraduría General
de la Nación.
Con fundamento en lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Terminal, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada del pago tardío de sus
prestaciones sociales. El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo
del Atlántico, que mediante sentencia del 10 de abril de 2025 accedió a las pretensiones.
Refirió que la Terminal interpuso recurso de apelación y que la Subsección “A” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 26 de marzo de 2026,
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.
Como fundamento de la presente acción de tutela, sostuvo que se encuentran
acreditados los requisitos generales de procedencia y que la providencia cuestionada
incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y de decisión sin motivación suficiente.
En relación con el defecto fáctico, afirmó que el Consejo de Estado realizó una valoración
probatoria incompleta y tergiversada al omitir o desconocer elementos de convicción que,
en su criterio, demostraban que la mora en el pago de las prestaciones sociales era
imputable exclusivamente a la Terminal. Señaló que una valoración integral de tales
pruebas habría conducido a mantener el reconocimiento de la sanción moratoria.
Respecto del defecto por falta de motivación suficiente, manifestó que la autoridad judicial
no ofreció una explicación adecuada, coherente ni jurídicamente sustentada para concluir
que la mora no era atribuible a la entidad demandada. A su juicio, la sentencia omitió
pronunciarse sobre aspectos centrales de la controversia, ignoró pruebas relevantes y
construyó una excepción jurídica no prevista en la ley para exonerar a la Terminal del
pago de la sanción moratoria.
Finalmente, en cuanto al defecto sustantivo, sostuvo que la providencia enjuiciada
desconoció e inaplicó el régimen legal que regula la sanción moratoria por el pago tardío
2 En adelanta la Terminal.
2
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de las cesantías definitivas, al introducir una excepción basada en la conducta del
trabajador que no se encuentra prevista en la Ley 1071 de 2006 ni en ninguna otra
disposición aplicable. En su criterio, el juez sustituyó un régimen legal de carácter objetivo
por un análisis subjetivo que terminó exonerando indebidamente a la entidad empleadora.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 26 de mayo de 20263 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto de 28 de mayo de 20264 la admitió y dispuso notificar5 al Consejo
de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, como autoridad judicial accionada; así
como vincular al Tribunal Administrativo del Atlántico y a la Terminal Metropolitana de
Transportes de Barranquilla S.A., como terceros con interés directo en el resultado del
proceso.
De igual forma, se requirió al Tribunal y al Consejo de Estado - Sección Segunda-
Subsección “A” para que allegaran copia digital del expediente correspondiente al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado núm. 08001
23 33 000 2019 00127 00/01/02.
3.2. La Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. allegó escrito6 en el
que solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, al considerar que el
accionante pretende utilizarla como una instancia adicional para reabrir un debate
probatorio y jurídico ya resuelto por el juez natural de la causa.
Sostuvo que la sentencia cuestionada se encuentra debidamente motivada, valoró
integralmente las pruebas, aplicó correctamente las normas pertinentes y no incurrió en
los defectos fáctico, sustantivo ni de falta de motivación alegados por el accionante.
3.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico y la Subsección “A” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado guardaron silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 7 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,8 modificado por el artículo 1 del
3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04021 00.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04021 00.
5 Esta orden se cumplió el 1 de junio de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04021 00.
6 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04021 00.
7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
8 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
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Decreto 333 del 6 de abril de 20219, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201910, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente11:
4.2.1. El accionante promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Terminal Metropolitana de Transportes de
Barranquilla, con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo expedido el 18
de septiembre de 2018, mediante el cual se negó el reconocimiento de la sanción
moratoria derivada del pago tardío de sus cesantías, así como la indexación de otras
prestaciones sociales reconocidas mediante la Resolución núm. 083 de 1 de marzo de
2016. Al proceso se le asignó el radicado núm. 08001 23 33 000 2019 00127 00.
4.2.2. El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal, que mediante sentencia de
10 de abril de 2025 resolvió:
PRIMERO. - DECLÁRESE la nulidad del acto administrativo de calenda 18 de
septiembre de 2018 proferido por la Terminal de Transportes de Barranquilla,
mediante la cual negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
prevista en la Ley 1071 de 2006 por el pago tardío de las cesantías definitivas
al señor Juan Carlos Fábregas Lozano, y la actualización de las demás
prestaciones sociales.
SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, CONDÉNESE al Área Metropolitana de Barranquilla al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1996,
modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006 consistente al reconocimiento
y pago de un día de salario por cada día de retardo, por el período transcurrido
entre el 27 de mayo de 2016 y 29 de mayo de 2018 dando lugar a 731 días de
mora por el pago tardío de las cesantías definitivas al señor Juan Carlos
Fábregas Lozano, sanción que deberá ser liquidada con base en el último
salario devengado por el actor al momento de la culminación de la relación
laboral, de conformidad con dispuesto en precedencia.
TERCERO.- La Terminal de Transportes de Barranquilla, a título de
restablecimiento del derecho deberá pagar al señor Juan Carlos Fábregas
Lozano la indexación de los valores reconocidos en la Resolución No. 00083
de 01 de marzo de 2016 por concepto de las prestaciones sociales
correspondientes a: intereses sobre cesantías vigencia 2016, prima de servicio,
vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios, diferencia salarial
del 01 al 25 de enero de 2016 y la diferencia de gastos de representación, con
base a la fórmula contenida en la parte motiva de la presente providencia.
9 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
10 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
11 Lo que se desprende del expediente del proceso de reparación directa identificado con radicado núm.
08001 23 33 000 2019 00127 00/01/02.
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4.2.3. Inconforme con dicha decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación
y la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
de 26 de marzo de 2026 la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que12:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU -
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades13:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
12 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022.
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(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 14. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.
4.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen del segundo y tercer criterio que la componen, esto es: (i) evitar que la acción de
tutela se convierta en un mecanismo para desconocer principios constitucionales como
la cosa juzgada, el debido proceso, la seguridad jurídica y la independencia judicial; y (ii)
impedir que la acción de tutela se utilice como una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
4.3.2.1. Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica
Frente al segundo elemento, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente 15:
[…] la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole
económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para su trámite, dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de
“involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones” […].
(Subrayado fuera del texto).
En igual sentido, anotó que16:
[…] en tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación de
aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente
su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general” […]. (Subrayado fuera del texto).
14 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
16 Ibidem.
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La Sala considera que, en este caso, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que no se supera uno de los elementos que lo integran,
consistente en preservar la competencia e independencia de los jueces de las
jurisdicciones distintas de la constitucional y, por esa vía, evitar que la acción de tutela
sea utilizada para debatir asuntos de mera legalidad o de contenido económico.
Lo anterior por cuanto, la controversia planteada por la accionante gira en torno a la
procedencia de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 y a la determinación
de si la mora en el pago de las cesantías definitivas era imputable a la Terminal.
Se trata, por tanto, de una discusión relacionada con la interpretación y aplicación del
régimen legal que regula el reconocimiento de dicha prestación económica y con la
valoración de las circunstancias fácticas que rodearon su pago, aspectos que remite a un
debate estrictamente legal y de contenido patrimonial.
4.3.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” […]17.
(Subrayado fuera de texto)
En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con
claridad en la Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a
la controversia judicial”.
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que el accionante pretende dejar sin
efectos la sentencia del 26 de marzo de 2026, proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, con el propósito de que se emita una nueva decisión en la que se
realice una valoración integral de los medios de convicción aportados al proceso, los
17 Corte Constitucional. Sentencia SU- 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
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cuales, en su criterio, demostrarían el pago tardío de sus cesantías y, en consecuencia,
la procedencia de la sanción moratoria.
De la lectura del escrito de tutela se observa que las inconformidades del accionante se
centran en que la providencia cuestionada habría incurrido en los defectos fáctico,
sustantivo y de decisión sin motivación suficiente.
Frente a tales reparos, la Sala observa que la autoridad judicial accionada encontró
acreditado que el 4 de marzo de 2016, fecha en la que fue notificada la resolución de
reconocimiento de prestaciones sociales, la Terminal expidió un cheque por la totalidad
de las sumas reconocidas. Asimismo, verificó que, en varias oportunidades, la jefe de
Talento Humano informó al accionante, mediante correos electrónicos, que podía
acercarse a reclamar dicho título.
Igualmente, advirtió que el accionante manifestó reparos frente a la liquidación efectuada,
cuestionó aspectos relacionados con la entrega del cargo y promovió una conciliación
extrajudicial con el fin de discutir diferencias económicas derivadas de la liquidación
realizada por la entidad.
También constató que, aunque el accionante otorgó poder a un tercero para reclamar el
cheque, posteriormente insistió en esperar el resultado de la conciliación extrajudicial
antes de recibir el pago. Ante la falta de reclamación del título inicialmente expedido, la
Terminal procedió a anularlo y consignó los recursos mediante depósito judicial en el
Banco Agrario el 12 de julio de 2016. Posteriormente, el título judicial fue gestionado para
su entrega a través de la Oficina Judicial, trámite que culminó con el pago efectivo en
mayo de 2018.
A partir de estas circunstancias, la autoridad judicial accionada concluyó que el
comportamiento de la Terminal evidenciaba una voluntad constante de cumplir con el
pago de las acreencias laborales reconocidas, pues no solo expidió oportunamente el
cheque correspondiente, sino que además adelantó actuaciones dirigidas a garantizar la
disponibilidad de los recursos mediante depósito judicial.
En contraste, consideró que el accionante asumió una actitud renuente al no reclamar
oportunamente el cheque, expresar su desacuerdo con la liquidación y condicionar el
cobro al desarrollo de otros trámites administrativos y conciliatorios.
Con fundamento en ello, estimó que no se configuró la negligencia o desidia que la
sanción moratoria busca reprochar al empleador y concluyó que no existía mora
imputable a la Terminal, razón por la cual no procedía el reconocimiento de la sanción
moratoria ni de la indexación ordenada en primera instancia.
Bajo dicho contexto, la Sala observa que los argumentos expuestos por el accionante
para sustentar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales no evidencian la
existencia de un problema constitucional autónomo, sino una inconformidad con las
conclusiones adoptadas por la autoridad judicial accionada dentro del proceso ordinario.
En efecto, la controversia se circunscribe a la valoración probatoria efectuada por la
accionada y a la interpretación jurídica realizada respecto de la procedencia de la sanción
moratoria, al concluir que no se acreditó una conducta negligente de la Terminal que
permitiera imputarle la mora en el pago de las acreencias laborales reconocidas.
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Así, los cuestionamientos formulados están dirigidos a controvertir la apreciación y el
alcance otorgado por el juez natural a los elementos de prueba obrantes en el expediente
y a la interpretación del régimen legal aplicable, mas no a plantear un debate relacionado
con la definición o protección de un derecho fundamental.
De esta manera, la inconformidad del accionante radica en el desacuerdo con las
conclusiones alcanzadas por el juez de conocimiento, por lo que pretende que el juez
constitucional reevalúe dicha valoración y adopte una decisión más favorable a sus
intereses.
Sin embargo, la acción de tutela no constituye una instancia adicional para revisar
interpretaciones jurídicas razonadas ni para reabrir debates probatorios ya resueltos
dentro de los procesos ordinarios, pues la sola invocación de derechos fundamentales
no convierte automáticamente una controversia de legalidad en un asunto de relevancia
constitucional.
En tales condiciones, la discusión permanece en el ámbito propio de la legalidad y no
trasciende a un verdadero debate constitucional, pues la eventual prosperidad de las
pretensiones dependería exclusivamente de que el juez de tutela sustituyera la valoración
probatoria y la interpretación jurídica efectuadas por la autoridad judicial accionada
respecto de aspectos que ya fueron objeto de estudio y decisión dentro del proceso
ordinario, circunstancia incompatible con el carácter excepcional de la tutela contra
providencias judiciales.
En consecuencia, la Sala considera que la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, razón por la cual la acción de tutela resulta improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el
accionante, por lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 18 de
junio de 2026.
9
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04021 00
Accionante: Juan Carlos Fábregas Lozano
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “A”
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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