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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04034-00

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04034-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción de tutela presentada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-04034-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000- 2026-04034-00
Accionante: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA

Tema: Tutela contra la providencia judicial – improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.

Mediante auto del 27 de mayo de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de
apoderado judicial, instauró acción de tutela en contra de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado. Con la solicitud pretende que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.

2. La vulneración de sus garantías fundamentales se las adjudica a la sentencia

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionada a la

Sección Cuarta del Consejo de Estado. Asimismo, se vinculó a Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, a Empresas Públicas de Medellín – EPM E.S.P. y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código
General del Proceso.

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del 5 de febrero de 2026, proferida por la autoridad judicial accionada al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
25000-23-37-000-2021-00472-01, adelantado por Empresas Públicas de Medellín -
EPM E.S.P. contra la accionante. Mediante dicha providencia la Sección Cuarta del
Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

Primera: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
jurídica, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, vulnerados por la sentencia
del 5 de febrero de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
dentro del radicado No. 25000-23-37-000-2021-00472-01 (30845).

Segunda: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
del 5 de febrero de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Tercera: ORDENAR a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera una nueva
sentencia en la que, con sujeción al precedente constitucional vinculante establecido
en las sentencias C-464 de 2020, C-484 de 2020 y C-147 de 2021, reconozca que
la contribución adicional a cargo de EPM por el año 2020 constituye una situación
jurídica consolidada y, en consecuencia, niegue las pretensiones de la demanda.3

1.2. Hechos

4. El artículo 85 de la Ley 142 de 1994 estableció una contribución especial a
cargo de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, con la
finalidad de financiar el funcionamiento y el presupuesto de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD).

5. Posteriormente, los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 20194 introdujeron
una contribución adicional a cargo de los sujetos vigilados por la SSPD y
armonizaron su base gravable con las Normas Internacionales de Información
Financiera –NIIF–.

6. En desarrollo de dichas disposiciones, la SSPD expidió la Resolución No.
20201000033335 del 20 de agosto de 2020, mediante la cual definió la base
gravable, estableció los criterios para la liquidación de la contribución especial y de
la contribución adicional para la vigencia 2020.

7. Con fundamento en lo anterior, la entidad expidió la Liquidación No.
2020534260104822E del 25 de agosto de 2020, a través de la cual determinó la
contribución adicional a cargo de Empresas Públicas de Medellín – EPM E.S.P. (en
adelante EPM E.S.P.), correspondiente al año gravable 2020 por valor de

3 Transcripción literal que puede contener errores.
4 Mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

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$81.314.198.000, la cual, una vez resueltos los recursos de reposición5 y apelación6
quedó en la cuantía de $80.989.756.239.

8. La Corte Constitucional, mediante las sentencias C-464 de 2020, C-484 de
2020 y C-147 de 2021, declaró la inexequibilidad de las normas que sustentaban la
contribución adicional7, pero moduló el alcance de su decisión, en el sentido de
establecer que los tributos causados en el año 2020 correspondían a situaciones
jurídicas consolidadas y que los efectos de su decisión se producirían a partir del
año 2021.

9. Con todo, EPM E.S.P. promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos administrativos mediante los cuales la
SSPD liquidó la contribución adicional del año gravable 2020, con el fin de que se
declarara la nulidad y se ordenara el reintegro de la suma de dinero cancelada por
dicho concepto.

10. Al proceso se le asignó el radicado 25000-23-37-000-2021-00472-00, y le fue
repartido a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, mediante sentencia del 4 de septiembre de 2025, declaró la
nulidad de los actos demandados y ordenó el reintegro de las sumas pagadas, con
fundamento en la nulidad del artículo 2 de la Resolución No. 20201000033335 del
20 de agosto de 2020 declarada por el Consejo de Estado en 20248.

11. Para sustentar su decisión, señaló que, si bien la contribución adicional se
causó durante la vigencia 2020 y las sentencias de constitucionalidad que
declararon inexequibles los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 preservaron
los efectos de los tributos causados durante dicha anualidad, no se configuró una
situación jurídica consolidada respecto de la obligación tributaria discutida, toda vez
que su legalidad estaba siendo controvertida en sede judicial.

12. Asimismo, el tribunal indicó que el Consejo de Estado, mediante sentencia
del 26 de junio de 20249, declaró la nulidad del artículo 2 de la Resolución No.
20201000033335 de 2020, al considerar que la base gravable allí prevista vulneraba
el principio de irretroactividad tributaria. En ese contexto, concluyó que los actos
particulares demandados habían perdido su fundamento jurídico y, por tanto,
procedía su anulación y el reintegro de las sumas pagadas por la contribución
adicional.

13. Inconforme con la decisión, la SSPD interpuso recurso de apelación. Sostuvo
que, pese a la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 18 y 314 de la Ley

5 Resuelto mediante Resolución SSPD-20215300005175 del 25 de febrero de 2021.
6 Resolución SSPD-20215000097495 del 22 de abril de 2021.
7 A saber, los artículos 18 y 134 de la Ley 1955 de 2019.
8 Ello, mediante sentencia del 26 de junio de 2024. Radicado 11001-03-27-000-2023-00019-00
(27733), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
9 Ibídem.

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1955 de 2019, la Corte Constitucional difirió los efectos de sus decisiones y permitió
la liquidación, cobro y recaudo de la contribución adicional correspondiente a la
vigencia 2020. Asimismo, adujo que la contribución no es un tributo de período, y,
por tanto, no se vulneró el principio de irretroactividad tributaria, porque el tributo no
se impone en el 2019 sino que se utiliza la información financiera de ese año para
determinar su base gravable.

14. También agregó que la nulidad del artículo 2 de la Resolución No.
20201000033335 de 2020 no afectó la validez de la obligación tributaria ni de los
actos particulares demandados, pues para la vigencia 2020 las disposiciones
legales que regulaban el tributo se encontraban vigentes y habían generado una
situación jurídica consolidada.

15. Por último, argumentó que la decisión apelada desconoció el precedente
constitucional contenido en las sentencias C-464 y C-484 de 2020 y C-147 de 2021,
así como la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 15 de febrero de 202410, al no
reconocer que las contribuciones causadas para la vigencia 2020 constituían
situaciones jurídicas consolidadas, cuya liquidación y cobro resultaban procedentes
pese a la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de
2019.

16. Mediante sentencia del 5 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección
Cuarta confirmó la decisión del a quo. Para ello, indicó que las providencias que
declaran la nulidad de un acto administrativo de carácter general, como la del 26 de
junio de 2024, surten efectos inmediatos frente a las situaciones jurídicas no
consolidadas, categoría en la que se encontraba la obligación tributaria discutida
por estar siendo controvertida en sede judicial.

17. En ese sentido, señaló que, en este caso, la consolidación la situación
jurídica no depende de la causación o cobro de la obligación tributaria ni de los
efectos diferidos de las sentencias de la Corte Constitucional, sino de la
imposibilidad jurídica de controvertir la legalidad del acto administrativo que la
contiene. Con fundamento en ello, concluyó que los actos demandados carecían de
sustento jurídico, pues se fundaron en una disposición reglamentaria declarada nula
por vulnerar el principio de irretroactividad tributaria.

18. Igualmente, descartó la posibilidad de modular, en una providencia posterior,
los efectos de la sentencia de simple nulidad del 26 de junio de 2024, al considerar
que ello desconocería los principios de seguridad jurídica e igualdad, así como los
efectos de cosa juzgada erga omnes propios de estas sentencias.

19. Finalmente, indicó que las decisiones judiciales y constitucionales invocadas
por la entidad apelante no constituían precedente aplicable al caso, pues no

10 Ello, al interior del expediente con radicado 11001-33-37-041-2021-00113-01.

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analizaron el cargo relacionado con la vulneración del principio de irretroactividad
tributaria que dio lugar a la declaratoria de nulidad del artículo 2 de la Resolución
No. 20201000033335 de 2020. Agregó que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 15 de febrero de 2024 tampoco resultaba
pertinente, por haber sido dictada con anterioridad a la referida declaratoria de
nulidad y no constituir precedente vinculante para el Consejo de Estado.

20. Como consecuencia de dicha decisión, la SSPD quedó obligada a reintegrar
a EPM E.S.P. la suma liquidada, debidamente indexada con cargo a recursos
públicos administrados por la entidad.

21. Por último, se pone de presente que la accionante allegó un memorial el día
16 de junio de 202611, en el que aportó copia de la sentencia proferida el 16 de abril
de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado12, relacionada con la
contribución adicional que aquí se discute, y solicitó su incorporación y valoración
dentro del trámite, al considerar que contiene elementos relevantes sobre la
naturaleza, finalidad y legitimidad de los mecanismos de financiación asociados a
dicho tributo, así como su importancia para la garantía de la continuidad y adecuada
prestación de los servicios públicos domiciliarios.

1.3. Sustento de la vulneración

22. La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada, al proferir la
sentencia del 5 de febrero de 2026 vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, al incurrir en un
defecto sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional, un defecto
orgánico, y violación directa de la constitución.

23. Así, sostuvo que se configuró un defecto sustantivo porque realizó una
interpretación irrazonable del concepto de situación jurídica consolidada y del
precedente constitucional aplicable, al considerar que la existencia de un litigio
impedía la consolidación del tributo y, supeditó la validez del cobro de la contribución
al estado del proceso administrativo y judicial de determinación y liquidación, pese
a que, en su criterio, tales condicionamientos no se desprenden de las reglas fijadas
por la Corte Constitucional.

24. Asimismo, adujo que desconoció el precedente constitucional dado que
se apartó de las reglas fijadas por el máximo órgano constitucional en las sentencias
C-464 de 2020, C-484 de 2020 y C-147 de 2021, sobre el régimen de la contribución
adicional aplicable a la vigencia 2020, en las que se definió que los tributos
causados en dicha anualidad corresponden a situaciones jurídicas consolidadas,
los cuales mantuvieron efectos durante dicho periodo y que, en consecuencia,
resultaba jurídicamente procedente su liquidación, exigibilidad y recaudo, sin que

11 Índices 20 y 21 de Samai.
12 Dentro del proceso identificado con radicado 11001-03-27-000-2022-00062-00, M.P. Luis Antonio

Rodríguez Montaño.

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ofreciera una justificación suficiente para determinar lo contrario.

25. En ese sentido, puntualizó que se desconoció lo dispuesto en el párrafo 76
de la sentencia C-147 de 2021 en el que se indicó que las contribuciones causadas
«podrán ser cobradas, independientemente del procedimiento establecido en la ley
para su liquidación y pago», entendimiento que afirmó ha sido reiterado por el
Consejo de Estado en la sentencia del 9 de mayo de 2024 «expedientes 26228 y
26256», en los que se precisó que la expresión «independientemente del
procedimiento» implica que el cobro resulta procedente con independencia en la
etapa procesal en la que se encuentra el respectivo trámite de determinación o
discusión del tributo, invirtiendo así el sentido de la regla constitucional al exigir
precisamente lo que el precedente excluye.

26. Además, porque en su decisión reiteró la aplicación de la sentencia del 26 de
junio de 2024, «expediente 27733», mediante la cual se anuló el artículo 2 de la
Resolución SSPD No. 20201000033335 de 2020, por vulneración del principio de
irretroactividad tributaria consagrado en los artículos 338 y 363 de la Constitución
Política.

27. En cuanto al defecto orgánico afirmó que se materializó por cuanto el
Consejo de Estado habría excedido el ámbito del control de legalidad, al efectuar
un nuevo análisis sobre la vigencia temporal de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955
de 2019 declarados inexequibles, al concluir que dichas normas no debían aplicarse
al año 2020 por violación del principio de irretroactividad, desbordando sus
competencias, y asumió una potestad que le corresponde de manera exclusiva a la
Corte Constitucional.

28. Finalmente, señaló que incurrió en violación directa de la Constitución, al
desconocer los efectos vinculantes de las sentencias de constitucionalidad y de la
modulación adoptada por la Corte Constitucional, los cuales de conformidad con el
artículo 43 Superior hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, lo que, en su
criterio, vació de contenido la modulación establecida, y afectó principios superiores
como la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la fuerza vinculante de la
cosa juzgada.

1.4. Intervenciones

29. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, solicitó negar el amparo respecto de esa corporación o, en su
defecto, su desvinculación del trámite, al considerar que no incurrió en vulneración
de derechos fundamentales. Señaló que los cargos formulados por la parte
accionante se dirigen exclusivamente contra la sentencia de segunda instancia
proferida por el Consejo de Estado, sin que se atribuya de manera concreta
irregularidad alguna a la providencia de primera instancia, por lo que alegó falta de
legitimación en la causa por pasiva.

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30. Además, indicó que la decisión adoptada se limitó a resolver la controversia
dentro de los estrictos márgenes del litigio, con fundamento en el análisis del
ordenamiento jurídico y de las decisiones de la Corte Constitucional, sin efectuar un
nuevo juicio de constitucionalidad ni desconocer el precedente.

31. Por su parte, la Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó declarar
improcedente la acción de tutela o, subsidiariamente, negar el amparo, al considerar
que no se cumple el requisito de relevancia constitucional, en tanto la acción
pretende reabrir un debate propio del proceso ordinario. En ese sentido, sostuvo
que la discusión planteada es de carácter eminentemente legal, relacionada con la
aplicación del principio de irretroactividad tributaria y los efectos de la nulidad de un
acto administrativo general, asuntos que fueron analizados dentro de la
competencia propia del juez contencioso administrativo.

32. Adicionalmente, afirmó que la providencia cuestionada no desconoció el
precedente constitucional, dado que las sentencias de la Corte Constitucional
invocadas por la parte actora no abordaron el problema jurídico relativo a la
irretroactividad tributaria ni tienen identidad con el caso concreto, razón por la cual
no resultaban vinculantes.

33. Por otro lado, EPM E.S.P. también pidió declarar la improcedencia de la
acción de tutela y, en subsidio, negar el amparo, dado que la solicitud pretende
constituirse en una tercera instancia para reabrir una controversia legal ya resuelta
por el juez natural, en la que la entidad accionante ejerció su derecho de defensa.
Asimismo, señaló que la discusión se limita a una discrepancia jurídica sobre la
aplicación de los efectos de la nulidad del acto administrativo general y la
inexistencia de una situación jurídica consolidada, aspectos que fueron analizados
por el Consejo de Estado en ejercicio de su competencia.

34. Por último, sostuvo que no se configuró vulneración alguna de derechos
fundamentales, pues la providencia cuestionada es una decisión motivada adoptada
dentro del ámbito de la autonomía judicial.

II. CONSIDERACIONES

35. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada por
la parte accionante. En ese sentido, esta Sección explicará las razones por las
cuales en el asunto objeto de estudio no se supera el requisito general de relevancia
constitucional.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela contra
providencias judiciales

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36. El Consejo de Estado13 y la Corte Constitucional14, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento
de ciertos requisitos generales15 y a la configuración de algún defecto especial16 en
el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el
asunto y determinar si se configuran los defectos invocados, la Sala determinará si
se superan los presupuestos generales de procedencia.

37. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o
más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

38. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

39. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

40. La Sala advierte que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
está legitimada en la causa por activa, porque conformó la parte demanda al interior
del medio de control en el que se dictó la providencia que se cuestiona mediante
esta vía. A su vez, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, también está legitimado
en la causa por pasiva por haber proferido la decisión objeto de estudio el presente
trámite constitucional.

41. Ahora bien, como fue expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B solicitó su desvinculación del presente trámite, tras
afirmar que no está legitimado en la causa por pasiva.

42. La Sala negará esa petición en atención a que su vinculación al trámite se

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
14 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
15 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia

constitucional; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los
hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la
misma naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la
Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
16 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto

material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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ordenó en calidad de tercero, por haber proferido la decisión de primera instancia y
el interés que le puede asistir en caso de que se adopte alguna determinación
respecto de la providencia aquí enjuiciada.

43. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la Corte
Constitucional17, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el actor
cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus derechos
fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el debate
propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está dispuesto para
resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial; y, (iii) que no se
trate de asuntos puramente económicos en los que no se evidencie tensión alguna
entre la providencia reprochada y las garantías constitucionales. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente mecanismo se desnaturaliza cuando se
pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa,
como si de una instancia adicional se tratase.

44. Como se expuso previamente, la parte accionante reprocha la sentencia
proferida el 5 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
mediante la cual confirmó la decisión del a quo, que anuló los actos administrativos
que liquidaron la contribución adicional a cargo de EPM E.S.P. en el año gravable
2020 y, ordenó el reintegro de las sumas pagadas.

45. A su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente constitucional, defecto orgánico y violación directa
de la Constitución, al apartarse de las reglas fijadas por la Corte Constitucional en
relación con la consolidación de situaciones jurídicas en materia tributaria para la
vigencia 2020 respecto de la contribución adicional creada en los artículo 18 y 314
de la Ley 1955 de 2019, y efectuar una interpretación irrazonable del principio de
irretroactividad tributaria.

46. Frente a este punto, la Sala observa que los cargos de defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la Constitución
comparten un mismo núcleo argumentativo, consistente en la inconformidad de la
entidad accionante en la interpretación adoptada por el juez de lo contencioso
administrativo respecto del alcance de las decisiones de constitucionalidad y su
incidencia en la validez de la contribución adicional correspondiente al año gravable
2020. En ese sentido, para la Sala no se satisface el presupuesto antes estudiado,
comoquiera que el debate gira en torno a discrepancia interpretativa de naturaleza
estrictamente legal.

47. Precisamente, aunque en la acción de tutela interpuesta por la SSPD los
reproches se presentaron bajo la invocación de presuntas vulneraciones a derechos
fundamentales, lo cierto es que se encuentran dirigidos, en esencia, a cuestionar la
hermenéutica adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en relación

17 Sentencia SU-215 de 2022.

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con (i) el alcance de la modulación de los efectos de las sentencias de la Corte
Constitucional, (ii) la noción de situación jurídica consolidada y, (iii) la aplicación del
principio de irretroactividad tributaria en el caso en concreto.

48. Para la Sala, lo argumentado por el tutelante es un simple inconformismo con
la decisión adoptada que resultó desfavorable a sus intereses. En esa medida, la
acción tiene por objeto reabrir el debate zanjado de manera previa por el juez natural
de la causa.

49. Al respecto, la revisión de la tutela da cuenta de que, para la parte actora, la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, debió fallar conforme al criterio contenido
en la sentencia C-147 de 2021, en la que, a su juicio, se estableció que la
contribución objeto de debate podía ser exigida independientemente de la etapa en
la que se encontrara el proceso de determinación o discusión del tributo. En su
criterio, ello configuró un desconocimiento del precedente, además, porque la
autoridad judicial accionada se apartó de una decisión de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado «sin ofrecer justificación suficiente, incumpliendo la carga
argumentativa» exigible para ello.

50. En efecto, el Consejo de Estado sostuvo que la contribución objeto de debate
debía analizarse en función de los hechos económicos del período gravable
anterior, esto es 2019, y que la regulación aplicable no podía incidir retroactivamente
sobre dicha realidad económica, por lo que, concluyó que los actos administrativos
demandados desconocían el principio de irretroactividad tributaria previsto en los
artículos 338 y 363 de la Constitución Política. Adicionalmente, también abordó el
alcance de la modulación de efectos de las sentencias C-464 y C-484 de 2020 y C-
147 de 2021, en la que concluyó que no existía una situación jurídica consolidada,
en tanto la legalidad del tributo estaba siendo controvertida en sede judicial.

51. Acorde con lo expuesto, resulta evidente que lo pretendido por el actor, es
imponer su criterio, el cual estima más acertado, sobre el del operador judicial, el
cual no fue favorable a sus pretensiones. Sin embargo, la Constitución garantiza
que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus
decisiones, circunstancia por la que, en principio, no es procedente cuestionarlas
vía acción de tutela.

52. En este orden, se hace menester señalar que el juez natural de la causa se
enfrenta a múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y
aplicación de normas a un caso en específico18, y no le corresponde al juez
constitucional señalar cuál de tales posibilidades es la «correcta»19, puesto que, ello
vulneraría la independencia y autonomía con la que cuenta el funcionario que

18 Sentencia T-192 de 2015.
19 «La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela contra providencias judiciales implica un juicio

de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación
para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial». Sentencia
SU-215 de 2022.

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conoce el trámite ordinario.

53. En esa medida, no le corresponde al juez constitucional determinar cuál de
las interpretaciones posibles sobre el alcance de dichas sentencias es la correcta,
pues ello implicaría sustituir al juez natural en su función de interpretar el
ordenamiento jurídico, desconociendo los principios de autonomía e independencia
judicial.

54. De igual forma, la alegada configuración de un defecto orgánico tampoco
supera el estándar de relevancia constitucional, pues se fundamenta en la premisa
de que el cuerpo colegiado accionado habría invadido la órbita de competencia
exclusiva de la Corte Constitucional. Sin embargo, la autoridad judicial accionada
no se pronunció sobre la facultad de esa corporación para definir los efectos
temporales de las decisiones de inexequibilidad, sino que se limitó a considerar que,
en el caso concreto, no se había configurado la situación jurídica consolidada
alegada por la SSPD.

55. No obstante, la Sala avizora que dicha afirmación se traduce, en realidad, en
una discrepancia frente al alcance del control de legalidad ejercido por el Consejo
de Estado, particularmente en lo relativo a la interpretación de normas tributarias y
su compatibilidad con la Constitución. Este tipo de debates, por su propia
naturaleza, pertenecen al ámbito del derecho ordinario y no comportan, por sí
mismos, una vulneración de derechos fundamentales.

56. Adicionalmente, se observa que la decisión cuestionada no implicó un nuevo
juicio de constitucionalidad sobre las normas legales, sino que se limitó a analizar
la legalidad de actos administrativos a la luz del ordenamiento vigente, incluyendo
la interpretación constitucional relevante, lo cual se encuentra dentro de la órbita
funcional del juez contencioso administrativo.

57. Por lo tanto, el análisis de los cargos evidencia que la acción de tutela se
utiliza como un mecanismo para reabrir el debate jurídico ya resuelto por el juez
natural de la causa, con el propósito de obtener una decisión distinta a la adoptada
en sede ordinaria.

58. De todo lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que la discusión
planteada en el presente mecanismo no supera el presupuesto de relevancia
constitucional, pues como se indicó, la discusión planteada en torno a los defectos
se circunscribe a una controversia estrictamente legal, propia del ámbito de
competencia del juez contencioso administrativo.

59. Por lo demás, se recuerda que la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter
legal, o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales de la causa. Por ende, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional.

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60. Finalmente, la Sala precisa que el documento allegado con el memorial del
16 de junio de 2026 no será tenido en cuenta como elemento de juicio en el presente
trámite, en la medida en que no hizo parte del acervo probatorio conocido y valorado
por la autoridad judicial accionada, ni fue objeto de contradicción por las demás
partes.

61. En consecuencia, su consideración en esta sede resultaría incompatible con
las garantías del debido proceso y del derecho de defensa. De igual forma, no se
advierte en el presente caso la existencia de circunstancias que hubieran impedido
su aporte oportuno dentro del proceso ordinario, ni se expusieron razones que
justifiquen su presentación en esta etapa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción de tutela
presentada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contra el
Consejo de Estado, Sección Cuarta.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su
ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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