Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00472-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00472-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00472-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00472-01 (30845)
Demandante EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.P.M.
Demandada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SSPD
Temas Contribución adicional para empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios. Año 2020. Artículo 314 de la
Ley 1955 de 2019. Reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 4 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió1:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Liquidación Adicional FE SSPD – 2020534260104822E
de 25 de agosto de 2020, así como de las Resoluciones nros. SSPD – 20215300005175 del
25 de febrero de 2021 y SSPD – 20215000097495 del 22 de abril de 2021, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
DECLARAR que EPM no está obligada a pagar la contribución adicional determinada sobre el
período de 2020 y ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS que
reintegre a la demandante la suma de $80.989.756.239, pagados por concepto de la
contribución adicional; valor que deberá ser indexado en los términos del inciso 4° del artículo
187 y los incisos 3° y 5° del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.
[…].
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) expidió la liquidación
oficial 20205340049846 del 25 de agosto de 2020, por medio de la cual determinó
la contribución adicional regulada en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, a cargo
de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), por el año 2020.
La sociedad interpuso los recursos de reposición y de apelación contra la anterior
decisión. Mediante las resoluciones 20215300005175 del 25 de febrero de 2021,
que resolvió la reposición, y con la 20215000097495 del 22 de abril del mismo año,
que decidió el recurso de apelación, la entidad demandada redujo el monto de la
contribución adicional determinado en el acto inicial.
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SAMAI del tribunal, índice 32, página 17.
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00472-01 (30845)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.P.M.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la sociedad demandante formuló
las siguientes pretensiones2:
1.1. Que se inaplique por inconstitucional el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 por el cual
se autorizó el cobro de una contribución adicional a la regulada en el artículo 85 de la
Ley 142 de 1994, por su incompatibilidad manifiesta con la Constitución Política según
las razones expuestas.
1.2. Se declare la nulidad de los actos administrativos expedidos por la entidad demandada
que a continuación se relacionan:
1.2.1. Liquidación Adicional F.E Contribución 2020 No. 2020534260104822E del 25 de agosto
de 2020 de la Contribución adicional correspondiente al año 2020. Radicado
20205340049846 - Expediente 2020534260104822E.
1.2.2. Resolución N° SSPD – 20215300005175 del 25 de febrero de 2021. Expediente
2020534260104822E. “Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado por
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., contra la Liquidación Oficial SSPD No.
20205340049846 del 25 de agosto de 2020, contribución adicional vigencia 2020, por
los servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y gas combustible por redes”
1.2.3 Resolución N° SSPD 20215000097495 del 22 de abril de 2021, Expediente
2020534260104822E. Por el cual se resuelve el recurso de apelación presentado por
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. en contra la Liquidación Oficial SSPD No.
20205340049846 del 25 de agosto de 2020.
1.3. Que como consecuencia de la nulidad absoluta de los actos administrativos antes
enunciados, se restablezca el derecho de mi representada, señalando que EPM no está
obligada al pago de la contribución adicional liquidada por la Superintendencia.
1.4. En consecuencia, de las declaraciones anteriores, se ordene a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) el reintegro de la suma de dinero cancelado por
concepto de Contribución Adicional año 2020 de los servicios de Acueducto,
Alcantarillado, Energía Eléctrica y Gas Natural equivalente a ochenta mil novecientos
ochenta y nueve millones setecientos cincuenta y seis mil doscientos treinta y nueve
pesos ($80.989.756.239) sumas que deberán ser indexadas al momento de proferirse
la sentencia.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS PRINCIPALES
En caso de que el despacho deseche la pretensión principal de inaplicar por
inconstitucionalidad el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 y se le de aplicación al mismo para
liquidar la contribución adicional, solicito:
1.3. Que como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos antes enunciados,
se restablezca el derecho de mi representada, liquidando la contribución adicional a
cargo de EPM para la vigencia 2020 de $70,964,266,348.
1.4. En consecuencia de la reliquidación de la contribución adicional, se ordene a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) el reintegro de la suma de
dinero correspondiente al mayor valor cancelado por concepto de Contribución adicional
año 2020 de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Energía Eléctrica y Gas Natural
equivalente a diez mil veinticinco millones cuatrocientos ochenta y nueve mil
ochocientos noventa y un pesos ($10,025,489,891), por el mayor valor cancelado por
la contribución adicional, sumas que deberán ser indexadas al momento de proferirse
la sentencia.
PRETENSIONES CONSECUENCIALES COMUNES A LAS PRINCIPALES Y SUBSIDIARIAS
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Samai del tribunal, índice 2, PDF de la demanda, páginas 1 a 3.
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1.5. Que se CONDENE a la entidad demandada a reconocer y pagar en favor de mi
representada los intereses causados sobre las sumas reclamadas desde el momento
del pago de la contribución, -teniendo en cuenta el anticipo cancelado - y hasta la fecha
en la cual se verifique el cumplimiento efectivo de la sentencia con la cual se ponga fin
a la controversia.
1.6. Que se ORDENE a la entidad demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los
términos establecidos en los artículos 192 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
1.7. Que se CONDENE a la entidad demandada al pago de las costas y agencias en derecho.
Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 4, 29, 95 (numeral 9),
158, 338 y 363 de la Constitución Política; 42, 44, 91 (numeral 2) y 148 de la Ley 1437
de 2011; 85 (numeral 85.2) de la Ley 142 de 1994; 314 de la Ley 1955 de 2019; 683
y 712 del Estatuto Tributario.
El concepto de violación se resume así:
Solicitó aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 314 de la Ley
1955 de 20193, porque desconoce los principios de legalidad y de reserva de ley, y
porque atiende una finalidad diferente a la recuperación de los costos en que debe
incurrir la SSPD. Indicó que las contribuciones especiales son tributos que se
caracterizan por originarse en una afectación directa y comprobable de una
actividad estatal, y cuyo costo se sufraga mediante el pago del tributo4.
Alegó que el legislador flexibilizó el principio de legalidad, en el sentido de que la
base gravable y la tarifa serían precisados por las autoridades administrativas, pero
ello no implica que estos órganos estén facultados para definir los elementos
esenciales del tributo, ya que esta es una competencia exclusiva del legislador5. Tal
es el caso de la base gravable de la contribución objeto de análisis, pues la SSPD no
es la entidad competente para definir qué cuentas contables se deben tener en
cuenta para la liquidación de aquella.
Indicó que la norma es contraria a la Constitución, porque no responde al costo del
servicio, no está destinada exclusivamente a sufragarlo y tampoco tiene en cuenta
el beneficio recibido por el sujeto pasivo. Sustentó esta falta de correspondencia
con el costo señalando que el presupuesto de la SSPD creció de manera
desproporcionada e injustificada para el año 2020 respecto al año anterior, lo que
evidencia que el cobro excede la recuperación de costos reales. Dado que la Ley
1955 de 2019 no estableció de manera clara el método y el sistema de reparto, la
regulación de la contribución desconoció el principio de unidad de materia, así como
el principio de reserva de ley por remitir a la técnica contable en la determinación de
la base gravable de las contribuciones contempladas en los artículos 18 y 314 de la
Ley 1955 de 2019.
Argumentó que la remisión a la técnica contable (NIIF) contraviene la reserva de ley,
pues la base gravable no puede estar sujeta a modificaciones de un comité privado
internacional (IASB), lo que implicaría ceder soberanía legislativa. Adicionalmente,
insistió en que la SSPD carece de competencia para expedir normas contables o
definir bases gravables basadas en ellas, pues constitucionalmente esta función
corresponde al Contador General de la Nación.
3
Citó la sentencia del 24 de marzo de 2011, exp. 1012-09, M.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
4
Citó la sentencia C-272 de 2016 de la Corte Constitucional.
5
Citó la sentencia C-455 de 1994 de la Corte Constitucional.
3
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Destacó que el Consejo de Estado se ha pronunciado en el sentido de que las
contribuciones son tributos de periodo6, que se causan durante el año anterior en el
que se liquida y cobra el impuesto. Así, la contribución adicional liquidada y pagada
en el año 2020 realmente se causó por la prestación de servicios públicos sometidos
a inspección, control y vigilancia durante el año 2019. Esto es relevante, pues la Ley
1955 se expidió en el año 2019, y en virtud del mandato del artículo 338
constitucional, no se podía liquidar la contribución adicional en el año 2020 con
fundamento en dicha norma, so pena de desconocer el principio de irretroactividad
en materia tributaria.
Manifestó que, si en gracia de discusión hubiere lugar a aplicar la norma de 2019,
EPM no tiene una situación jurídica consolidada respecto de la contribución adicional
del año 2020, y tanto es así que la legalidad de los actos que la liquidaron está
siendo debatida en el presente proceso7.
Solicitó tener en cuenta el efecto de la desaparición de las normas en las que se
fundan los actos administrativos contentivos de la liquidación, y aquellos que
resolvieron los recursos de reposición y apelación, lo que configura un decaimiento
de los actos administrativos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y la nulidad por
infracción de las normas superiores, conforme al artículo 138 ibidem.
Manifestó que, por lo anterior, la demandada estaba debía inaplicar por
inconstitucional el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019. Destacó que la excepción
procede incluso de oficio, por lo que no era necesario alegarla.
Respecto de las pretensiones subsidiarias, adujo que la contribución adicional se
liquidó de manera equivocada, dado que la SSPD conformó la base gravable del
tributo bajo un criterio meramente formal, pues tomó de modo general la información
reportada por la demandante en el sistema único de información (SUI), sin identificar
la naturaleza de las cuentas contables.
Argumentó que la SSPD omitió excluir partidas que constituyen otros tributos, lo cual
genera una doble tributación, debiendo descontarse de la base gravable los valores
correspondientes a la sobretasa de medio ambiente (Ley 99 de 1993), el Fondo de
Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (sentencia
C-1179 de 2001), la cuota de fomento de gas (Ley 401 de 1997) y el Comité de
Estratificación (Ley 505 de 1999). Del mismo modo, reclamó que la demandada
debió excluir los intereses devengados a favor de terceros independientes, pues no
es aceptable su inclusión solo porque fueron reportados bajo el rubro de gastos
diversos por limitaciones del formato SUI, en la medida que debe primar la forma
sobre la sustancia y la realidad económica demostrada por la empresa.
Adicionalmente, adujo que los actos administrativos adolecen de nulidad por falta
de motivación o motivación falsa, pues la SSPD no expuso ni explicó los factores
utilizados para la liquidación, impidiendo el ejercicio del derecho de contradicción y
defensa del contribuyente.
Argumentó que, por lo tanto, es deber de la Administración expedir un acto previo a
la notificación de la decisión definitiva8. De esa manera se garantiza el derecho de
6
Citó la sentencia del 22 de septiembre de 2016, exp. 18874, M.P. Hugo Fernando Bastidas
7
Citó las sentencias del 31 de julio de 2009, exp. 16577, M.P. Héctor J. Romero; del 30 de septiembre de 2010, exp. 16576,
M.P. William Giraldo; del 28 de septiembre de 2016, exp. 21614, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
8
Citó el artículo 42 de la Ley 1437 de 2011.
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contradicción y defensa9. Sobre este punto señaló que hay precedentes judiciales
reiterados que indican que en los tributos de liquidación oficiosa se debe expedir un
acto preparatorio10.
Destacó que, en materia tributaria, existen dos sistemas para la determinación de
las obligaciones, el sistema de autoliquidación y el coercitivo. Respecto del
segundo, señaló que las normas tributarias nacionales no prevén un procedimiento
específico para la formación de los actos administrativos de carácter definitivo, por
lo que se debe acudir al procedimiento general de la Ley 1437 de 2011.
Oposición de la demanda
La SSPD controvirtió las pretensiones de la demanda al considerar que los actos se
expidieron en debida forma11.
Indicó que la controversia gira respecto a determinar si la SSPD estaba obligada a
aplicar los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, mientras estuvieron vigentes
las normas, pues los cargos de la demanda se dirigen a demostrar la
inconstitucionalidad de estas, para lo cual se requiere analizar los efectos de las
sentencias proferidas por la Corte Constitucional.
Aclaró que la sentencia C-464 del 28 de octubre de 2020 se notificó con el edicto
003 del 12 de enero de 2021, y la sentencia C-484 del 19 de noviembre de 2020
con el edicto 007 del 19 de enero de 2021. Así mismo, indicó que la sentencia C-
147 de 2021 fue notificada por edicto el 14 de julio de 2021.
Por otro lado, resaltó que la Corte Constitucional moduló los efectos de estas
decisiones con el objeto de salvaguardar el recaudo de la contribución especial por
el año 2020, dado que reconoció la existencia de situaciones jurídicas consolidadas.
De ese modo, señaló que estaba facultada para liquidar y cobrar la contribución
causada antes del 14 de julio de 2021, con fundamento en la sentencia C-147 de
2021. Adicionalmente, argumentó que el Decreto 1150 del 18 de agosto de 2020 y
las resoluciones SSPD 20201000028355 del 10 de julio de 2020 y SSPD
20201000033335 del 20 de agosto del mismo año, no son objeto de controversia,
se encuentran vigentes y gozan de la presunción de legalidad.
Planteó las excepciones de mérito que denominó «legalidad de los actos administrativos
demandados» y «existencia de situaciones jurídicas consolidadas», las cuales se
fundamentaron en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda12.
Finalmente, solicitó condenar en costas y agencias en derecho a la demandante.
Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE)
Esta entidad solicitó que fueran negadas las pretensiones, para lo cual presentó su
intervención en el trámite de primera instancia, con fundamento en el artículo 610
del Código General del Proceso y el Decreto Ley 4085 de 2011.
9
Citó la sentencia del 12 de noviembre de 2015, rad. 4001-23-31-000-2011-00051-01, C.P. Martha Teresa Briceño de
Valencia.
10
Citó las sentencias del 16 de octubre de 2014, exp. 19126, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, reiterada en la
sentencia del 4 de mayo del 2015, exp. 20615, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 18 de octubre de 2018, exp.
22892, C.P. Milton Chaves García; y del 15 de noviembre de 2018, exp. 23552, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
11
Samai del tribunal, índice 12.
12
La demandante se pronunció frente a estas excepciones propuestas en la oposición a la demanda inicial, reiterando sus
argumentos de la demanda alusivos a la falta de competencia de la SSPD, la no configuración de una situación jurídica
consolidada y la declaratoria de inexequibilidad de la norma que sirvió de fundamento jurídico para expedir los actos
demandados (Cfr. Samai del Tribunal, índice 13).
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Efectuó un análisis del contenido del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y de los
artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019. De igual modo, expuso cuáles eran los
efectos de las sentencias C-464 de 2020, C-484 del mismo año y C-147 de 2021, e
invocó como precedentes a la sentencia del 26 de mayo de 2022 del Consejo de
Estado y otras providencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con base
en lo anterior, sostuvo que la causación de la contribución por el año 2020 es una
situación jurídica consolidada, por lo que la declaración de inconstitucional de la
contribución adicional a partir del 2021 no impide su recaudo.
Aseguró que el trámite aplicable es el previsto en el Decreto 1150 de 2020 y la Ley
1437 de 2011, el cual no exige ningún emplazamiento previo, que es propio del
procedimiento tributario. Igualmente, sostuvo que la demandada garantizó la
participación de los interesados mediante la publicación del proyecto de acto
administrativo general y abrió un espacio para observaciones, cumpliendo con el
artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En cuanto a la depuración de la base gravable, afirmó que el cobro realizado por
concepto de protección al medio ambiente es una sobretasa, por lo que no puede
considerarse un impuesto, una contribución ni una tasa en sentido estricto, por lo
que no procede la exclusión solicitada, en virtud de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley 1955 de 2019. Respecto a los intereses devengados a favor de terceros
independientes, puso de presente que la información reportada al SUI es oficial y
vinculante, por lo que los errores que haya cometido la demandante al incluirlos en
el concepto de gastos diversos no pueden justificar la exclusión de este rubro, que
sí integra la base para determinar el tributo.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, declaró
la nulidad de los actos demandados, dispuso el restablecimiento del derecho que
consideró procedente y se abstuvo de imponer condena en costas, por lo siguiente:
Explicó que las sentencias C-464 y C-484 del 2020, y C-147 de 2021, declararon la
inexequibilidad de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, que regularon la
contribución adicional. Sin embargo, esas decisiones no tuvieron efectos
inmediatos, pues la Corte Constitucional salvaguardó la aplicación de la norma. Por
lo anterior, aseguró que los cargos de nulidad dirigidos a demostrar la
inconstitucionalidad de dicho artículo, no tienen vocación de prosperidad, pues la
SSPD sí estaba facultada para liquidar y cobrar la contribución por el año 2020.
Aclaró que no se presentó una situación jurídica consolidada, pues los actos
demandados aún son materia de discusión judicial.
Por lo anterior, sostuvo que no prospera la pretensión de inaplicar por
inconstitucional la norma acusada, pues por el año 2020 dicha disposición si tuvo
aplicación, en tanto los efectos de la decisión de inexequibilidad se difirieron.
Indicó que la base gravable del tributo se liquidó sobre costos y gastos del 2019, a
pesar de que la Ley 1955 inició su vigencia en ese mismo año. Puso de presente
que el Consejo de Estado13 declaró la nulidad del artículo 2 de la resolución
20201000033335 del 20 de agosto de 2020 de la SSPD, que fijó la base gravable de
13
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 26 de junio de 2024, exp. 27733, M.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
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la contribución especial, precisamente por ser contrario a la Constitución y violar el
principio de irretroactividad de la norma tributaria, al usar información del mismo año
de expedición de la ley.
De manera que, al haberse generado la anulación de un acto administrativo de
carácter general, con efectos inmediatos, era necesario reconocer los efectos sobre
las situaciones jurídicas no consolidadas, como en este caso, por el decaimiento de
los actos acusados.
En consecuencia, accedió a la nulidad de los actos objeto de controversia y declaró
que la demandante no estaba obligada a pagar la contribución adicional por el año
2020, por lo que ordenó el reintegro de todo lo pagado como restablecimiento del
derecho, con la indexación y los intereses previstos en los artículos 187 y 192 de la
Ley 1437 de 2011.
No impuso condena en costas por no encontrarlas probadas, de conformidad con el
numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso.
Recurso de apelación
La SSPD solicitó revocar la sentencia de primera instancia14, porque, aunque los
artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 fueron declarados inexequibles, la Corte
Constitucional difirió los efectos de sus decisiones, con lo cual consideró que era
ajustado a derecho realizar el cobro de la contribución adicional por el 2020.
Sostuvo que no es aplicable la excepción de inconstitucionalidad, pues existe un
amplio precedente de la Corte Constitucional que permite la liquidación y cobro de
la contribución por el año 2020, pese a su inexequibilidad15. Además, destacó que
las sentencias de constitucionalidad solo tienen efectos hacia el futuro16, y destacó
que la sentencia C-147 de 2021 estableció que las contribuciones causadas pueden
ser cobradas independientemente del procedimiento establecido en la ley para su
liquidación y pago.
Adujo que no violó el principio de irretroactividad, pues la contribución no es un
tributo de periodo, aunque es anual, en la medida que el hecho generador
corresponde a la prestación de servicios de inspección, control y vigilancia por el
año 2020; en consecuencia, no depende de hechos económicos ocurridos dentro
de un periodo determinado.
Manifestó que la base gravable toma costos y gastos depurados del año anterior
como referente, sin incidir en hechos o situaciones previas a la ley. Así, aclaró que
no se impone un tributo sobre el 2019, sino que se utiliza la información financiera
reportada por las empresas para ese año con el fin de calcular la obligación para el
2020.
Aseguró que la nulidad del artículo 2 de la resolución 20201000033335 de 2020 no
invalidó la obligación de pagar el tributo a cargo de la demandante, pues los actos
administrativos particulares no decayeron por la inexequibilidad de la ley, dado que
para la vigencia 2020 la norma era plenamente aplicable, y no se puede desconocer
14
Samai del tribunal, índice 41.
15
Citó la sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, así como las Sentencias C-
464 de 2020, C-484 del mismo año y C-147 de 2021. Además, invocó la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca del 15 de febrero de 2024, exp. 11001-33-37-041-2021-00113-01, sin identificar al ponente.
16
En este punto citó la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado del 21 de mayo de 2009, exp. 25000-23-27-
000-2003-00119-01, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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que el objetivo de la contribución adicional radica en recuperar los costos en que
incurre la SSPD.
Señaló que la obligación de pagar la contribución ya se había perfeccionado, por lo
que era exigible, en virtud del respeto a los derechos adquiridos y las situaciones
jurídicas consolidadas. De allí que los actos demandados no hayan sido violatorios
del principio de irretroactividad.
Concluyó que no podía liquidar la base gravable aplicando la previsión consagrada
en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 antes de su reforma, puesto que, para el
año 2020, esa disposición había sido modificada con el artículo 18 de la Ley 1955
de 2019, cuya vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre de 2020.
Oposición a la apelación
La demandante guardó silencio.
Intervención de la ANDJE en segunda instancia
Esta entidad solicitó la admisión del recurso y la revocatoria de la decisión de
primera instancia17, argumentando que los actos acusados fueron expedidos en
vigencia de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, esto es, antes de su
declaratoria de inconstitucionalidad.
Afirmó que, frente a la contribución adicional de 2020, se configuró una situación
jurídica consolidada, tal como lo definió la Corte Constitucional al otorgar efectos
hacia el futuro de las sentencias C-484 de 2020 y C-147 de 2021, lo cual permitió el
cobro del tributo. Señaló que, así como lo anterior no se veía afectado por la decisión
de inexequibilidad de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, tampoco podía
tener incidencia alguna la declaratoria de ilegalidad del artículo 2 de la resolución
20201000033335 del 20 de agosto de 2020, en sentencia del 26 de junio de 2024
del Consejo de Estado.
Indicó que la sentencia de primera instancia erró al considerar que no había una
situación jurídica consolidada por la existencia del proceso de la referencia.
Igualmente, el a quo omitió las razones por los cuales había lugar a apartarse de lo
decidido por la Corte Constitucional, con lo cual se desconoció la jurisprudencia de
esa corporación sobre la validez del recaudo en el 2020.
Señaló que se vulneró el principio de seguridad jurídica, desconoció la presunción
de legalidad de los actos administrativos y despojó a los actos acusados del atributo
de la fuerza ejecutoria, conforme los artículos 87, 88 y 89 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Concluyó que, ante la declaratoria de ilegalidad del artículo 2 de la resolución
20201000033335 del 20 de agosto de 2020, se deben reconocer los efectos
diferidos en un sentido análogo al aplicado por la Corte Constitucional, para no
afectar la causación de la contribución en el periodo objeto del litigio.
Intervención del ministerio público
El agente del ministerio público pidió confirmar la sentencia de primera instancia18,
17
Samai del tribunal, índice 47.
18
Samai, índice 11.
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pues consideró que los actos demandados desconocieron el principio de
irretroactividad de la ley tributaria, previsto en los artículos 338 y 363 de la
Constitución. Para esto, argumentó que la contribución es un tributo de periodo,
pese a lo cual, se utilizó la información financiera correspondiente al año 2019, que
es el mismo en el que inició la vigencia de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955.
Finalmente, desestimó la existencia de una situación jurídica consolidada, pues el
pago de la obligación no sanea el vicio de inconstitucionalidad ni impide el
restablecimiento del derecho lesionado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de la liquidación adicional
20205340049846 del 25 de agosto de 2020, por medio de la cual la SSPD estableció
la contribución adicional regulada en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, a cargo
de EPM, por el año 2020; así como de las resoluciones 20215300005175 del 25 de
febrero de 2021 y 20215000097495 del 22 de abril del mismo año, mediante las
cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la
decisión inicial, respectivamente.
Para estos efectos, la Sección analizará si la sentencia del 26 de junio de 202419,
que dispuso la nulidad del artículo 2 de la resolución 20201000033335 de 2020, da
lugar a ordenar la nulidad de los actos de determinación acusados, tal como lo
señaló el tribunal en la sentencia de primera instancia, atendiendo lo expuesto en la
apelación y en el memorial de intervención de segunda instancia de la ANDJE.
Análisis del caso concreto
La entidad apelante sostuvo que la causación de la contribución adicional por el año
2020 corresponde a una situación jurídica consolidada, de modo que procede su
determinación y cobro, aun con la declaratoria de nulidad del artículo 2 de la
resolución 20201000033335 de 2020. Indicó que no se trata de un tributo de
periodo, por lo que no era posible violar el principio de irretroactividad, y que era
improcedente la inaplicación de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 por
la excepción de inconstitucionalidad.
Por su parte, la ANDJE manifestó que el cobro del tributo constituye una situación
jurídica consolidada, protegida por los efectos diferidos de las sentencias C-484 de
2020 y C-147 de 2021, pues los actos acusados fueron proferidos en vigencia de
los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019. Además, sostuvo que la nulidad del
artículo 2 de la resolución 20201000033335 no debe afectar el tributo que se había
causado, de modo que la sentencia que adoptó esa decisión debe diferir sus
efectos, al igual que lo hizo la Corte Constitucional. De esta manera, indicó que el
tribunal erró al desconocer la firmeza del periodo 2020 bajo la tesis de que la
existencia del proceso judicial impedía dicha consolidación.
Para decidir, la Sección pone de presente que profirió la sentencia del 26 de junio
de 202420, mediante la cual declaró la nulidad del artículo 2 de la resolución
20201000033335 de 2020, que sirvió de fundamento para los actos objeto del litigio.
19
Exp. 27733, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
20
Ibidem.
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La sentencia referida explicó que la SSPD fijó la base gravable de la contribución
especial y adicional por el año 2020 con fundamento en el artículo 18 de la Ley 1955
de 2019, de tal modo que utilizó la información del año gravable anterior (2019). Así
las cosas, siguiendo el precedente de casos análogos21, concluyó que la
demandada «liquidó la contribución cuestionada (2020) con base en información (hechos) del
mismo año en el cual se expidió la citada Ley 1955 (2019)», por lo que «se vulneró el principio de
irretroactividad tributaria». En este orden, declaró la nulidad del artículo 2 de la
resolución 20201000033335 de 2020, acto proferido por la SSPD, «por ser contrario al
inciso final del artículo 338 y al artículo 363 de la Carta, este último que proscribe la aplicación
retroactiva de las leyes tributarias».
Ahora, como lo ha explicado esta sección22, las sentencias que declaran la nulidad
de un acto administrativo de carácter general surten efectos inmediatos frente a las
situaciones jurídicas no consolidadas, que corresponden a aquellas susceptibles de
debate en sede administrativa o judicial, supuesto que se cumple en el asunto.
De esta forma, contrario a lo dicho por la ANDJE, la noción de una situación jurídica
consolidada no está atada a la causación o cobro de una obligación tributaria, ni a
los efectos diferidos de las sentencias de la Corte Constitucional, sino que
únicamente depende de la posibilidad jurídica de que el contribuyente obtenga una
decisión que altere su situación, por desvirtuar la presunción de legalidad del acto
administrativo.
Por esto es que, en un litigio similar, la Sección afirmó que «en los casos en que se anula
el acto administrativo de carácter general que reglamenta la base gravable de la Contribución
Especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se afectan las situaciones jurídicas no
consolidadas»23. Y, de igual modo, concluyó que, como «la sentencia del 12 de noviembre
de 2020 [que anuló el artículo 2 de la resolución que la SSPD que fijó la base gravable para 2018]
tiene efectos inmediatos en este caso, como se indicó en la providencia que se reitera, no es
procedente la liquidación del tributo a cargo de la demandante adicionando los gastos operativos»24.
Así pues, conforme la citada sentencia del 26 de junio de 2024, para este caso los
actos acusados desconocieron las garantías constitucionales, pues determinaron la
contribución adicional a cargo de la demandante por el 2020 con fundamento en
una resolución que, a su vez, desconoció el principio de irretroactividad. Y, como se
señaló en otra ocasión, «la consecuencia ineludible de aplicar una norma contraria a la
Constitución y la ley (…) como fundamento de un acto administrativo es su nulidad»25.
Conforme a lo expuesto, no es posible acceder a la solicitud de la ANDJE de modular
los efectos de la sentencia de simple nulidad del 26 de junio de 2024 en una
providencia posterior y diferente a ella, pues esto desatendería el principio de
seguridad jurídica, dado que los ciudadanos no podrían prever y anticipar el alcance
de las decisiones judiciales una vez que son conocidas, e ignoraría los efectos de
cosa juzgada erga omnes de las sentencias de nulidad26. De igual modo, violaría el
principio de igualdad, pues, mientras se aplicó la providencia sin diferimiento,
algunos contribuyentes habrían obtenido una decisión judicial que ya no sería
replicable por otros, pese a estar en las mismas circunstancias.
21
La providencia citó los fallos del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, y del 18 de abril de 2024, exp. 26656, M.P. Milton
Chaves García; y del 31 de marzo de 2022, exp. 23729 del 2 de mayo de 2024, exp. 28345, M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
22
Sobre este punto ver, entre otros, las sentencias del 8 de febrero de 2018, Exp. 21803, M.P. Milton Chaves García; y del
25 de febrero de 2021, exp. 23397, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
23
Sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 25197, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
24
Ibidem.
25
Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 25666, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
26
Artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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De otro lado, la sala advierte que la jurisprudencia invocada en la apelación de la
demandada no constituye precedente para este caso. Esto es así porque, como lo
explicó el fallo del 26 de junio de 2024, la sentencia del 26 de mayo de 202227 «no
abordó el estudio del principio de irretroactividad, frente a la base gravable del tributo, por no haber
sido un cargo de nulidad propuesto por la demandante». Así mismo ocurrió con relación a las
sentencias C-464 de 2020, C-484 del mismo año y C-147 de 2021, pues la Corte
Constitucional no analizó en ellas la violación del principio de irretroactividad
tributaria.
Por su parte, el fallo del 15 de febrero de 2024, exp. 11001-33-37-000-2021-00113-
01, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, si
bien negó las pretensiones, no tiene identidad jurídica con este caso porque es
anterior a la sentencia de nulidad del 26 de junio de 2024 y, por tanto, no pudieron
valorar los efectos inmediatos de esa decisión. De igual modo, dicha providencia no
constituye precedente vinculante para el Consejo de Estado como máximo tribunal
de lo contencioso administrativo.
Por lo anterior, no prosperó la apelación interpuesta por la SSPD, apoyada por la
ANDJE, por lo que la Sección confirmará la decisión de primera instancia, que declaró
la nulidad de los actos acusados y el consecuente restablecimiento del derecho. Lo
anterior, sin que sea necesario estudiar los demás cargos de la apelación,
relacionados con la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad y si la
contribución especial y adicional es un tributo de periodo.
Adicionalmente, la sala se abstiene de estudiar el restablecimiento del derecho
decretado en primera instancia porque no fue objeto de reproche en el recurso de
apelación, conforme el principio de congruencia de los artículos 320 y 328 del
Código General del Proceso.
Costas
No habrá pronunciamiento frente a la primera instancia, dado que no se apeló la
decisión del tribunal de no imponerla. En cuanto a la condena en costas en esta
instancia (agencias en derecho y gastos del proceso), se tasan esas agencias en
un (1) SMMLV, conforme el acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025 del
Consejo Superior de la Judicatura. Por tanto, se ordenará al tribunal tramitar el
respectivo incidente de liquidación, conforme a las reglas consagradas en el artículo
366 del Código General del Proceso.
En cuanto a las expensas y gastos del proceso, atendiendo a ese mismo criterio, no
procede la condena, pues en el expediente no se verifica su causación en sede de
apelación, según lo exige el numeral 8 del artículo 365 del Código General del
Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, del 4 de septiembre de 2025.
27
Exp. 25441, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.P.M.
2. Condenar en costas en segunda instancia a la demandada. En
consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
12
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