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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04034-01

Fecha
4 de agosto de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04034-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 18 de junio de 2026, por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo promovida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra esta deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello19. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-04034-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

4 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

4 de agosto de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04034-01
Demandante: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Demandado: Consejo de Estado- Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional -
Confirma

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que confirmó
la decisión que accedió a las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho de carácter tributario.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 18 de
junio de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo por no
superar el requisito de relevancia constitucional2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 26 de mayo de 2026, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, a través de apoderado judicial, presentó una acción de tutela
contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la Sentencia de 5 de febrero de
2026, proferida por la autoridad judicial accionada, en el marco del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-37-000-
2021-00472-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“Primera: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
jurídica, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de la

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción de tutela presentada por la Superintendencia de

Servicios Públicos Domiciliarios contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04034-01
Demandante: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Demandado: Consejo de Estado- Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, vulnerados por la sentencia del
5 de febrero de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro
del radicado No. 25000-23-37-000-2021-00472-01 (30845).

Segunda: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 5
de febrero de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Tercera: ORDENAR a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera una nueva sentencia
en la que, con sujeción al precedente constitucional vinculante establecido en las
sentencias C-464 de 2020, C-484 de 2020 y C-147 de 2021, reconozca que la
contribución adicional a cargo de EPM por el año 2020 constituye una situación
jurídica consolidada y, en consecuencia, niegue las pretensiones de la demanda.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
extraen los siguientes:

4. 1) El 25 de agosto de 2020, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, expidió la liquidación oficial de contribución adicional No.
20205342601004822E, correspondiente al 2020, por la suma de
$81.314.198.000, a cargo de Empresas Públicas de Medellín ESP. Dicha
liquidación fue objeto de los recursos de reposición y, en subsidio, apelación.

5. 2) El 25 de febrero de 2021, la directora financiera de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la Resolución
No. SSPD-20215300005175, mediante la cual repuso parcialmente la
liquidación oficial y fijó el valor de la contribución adicional en
$80.989.756.239. En lo demás, mantuvo la decisión y concedió el recurso de
apelación.

6. 3) El 22 de abril de 2021, la Secretaría General de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la Resolución No. SSPD-
2021500097495, mediante la cual resolvió el recurso de apelación y también
modificó el valor de la contribución adicional para dejarla en
$80.989.756.2393.

7. 4) El 18 de mayo de 2021, Empresas Públicas de Medellín ESP realizó el
pago correspondiente a la liquidación oficial de contribución adicional por
la suma de $80.989.756.239.

8. 5) El 24 de agosto de 2021, Empresas Públicas de Medellín ESP
interpuso demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, en la que pretendió que se inaplicara, por

3 “Artículo 1. Modificar la Liquidación Oficial SSPD No. 20205340049846 del 25 de agosto de 2020, correspondiente

a la contribución adicional año 2020, expedida a cargo de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., identificada
con el NIT No. 890.904.996-1, por valor de OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO NOVENTA
Y OCHO MIL PESOS ($81.314.198.000), la cual quedará en la suma de OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($80.989.756.239), por los
servicio públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y gas combustible que tal empresa presta.”.
Índice 14 de aplicativo SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04034-01
Demandante: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Demandado: Consejo de Estado- Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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inconstitucionalidad, el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, y, en
consecuencia, se declarara la nulidad de: (1) la Liquidación Adicional F.E
Contribución 2020 No. 2020534260104822E de 25 de agosto de 2020; (2) la
Resolución No. SSPD – 20215300005175 de 25 de febrero de 2021 y; (3) la
Resolución No. SSPD 20215000097495 de 22 de abril de 2021. A título de
restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro de la suma de
$80.989.756.239, pagado por concepto de contribución adicional del año
gravable 2020, más los intereses causados.

9. 6) Mediante Sentencia de 4 de septiembre de 2025, la Subsección B
de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió
a las pretensiones de la demanda4. Como fundamento de su decisión,
señaló que, si bien la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se
encontraba habilitada para cobrar la contribución adicional
correspondiente a la vigencia 2020, no podía calcularla con fundamento en
la metodología prevista en la Ley 1955 de 2019 respecto de hechos
económicos ocurridos en 2019, pues ello desconocía el principio de
irretroactividad tributaria.

10. Asimismo, indicó que la obligación a cargo de Empresas Públicas de
Medellín ESP no constituía una situación jurídica consolidada, toda vez que
su legalidad continuaba siendo discutida en sede judicial. En consecuencia,
estimó que resultaban aplicables los efectos de la Sentencia de 26 de junio
de 20245, mediante la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad del
artículo 2 de la Resolución No. 20201000033335 de 20 de agosto de 2020 por
vulnerar el referido principio y, en esa medida, los actos particulares
demandados perdieron su fundamento jurídico.

11. 7) Contra la decisión anterior, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios interpuso recurso de apelación. Sostuvo que la
contribución adicional correspondiente a la vigencia 2020 constituía una
situación jurídica consolidada desde su causación, de conformidad con las
Sentencias C-464 y C-484 de 2020 y C-147 de 2021 de la Corte Constitucional.
En esa medida, afirmó que resultaban aplicables los artículos 18 y 314 de la
Ley 1955 de 2019, pues se encontraban vigentes y amparados por la
presunción de constitucionalidad. Asimismo, adujo que no se vulneró el
principio de irretroactividad tributaria, toda vez que la información
financiera de 2019 únicamente se utilizó como referente para determinar la

4 “PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Liquidación Adicional FE SSPD 2020534260104822E nros. SSPD –
20215300005175 del 25 de febrero de 2021 y SSPD –20215000097495 del 22 de abril de 2021, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que EPM no
está obligada a pagar la contribución adicional determinada sobre el período de 2020 y ORDENAR a la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS que reintegre a la demandante la suma de
$80.989.756.239, pagados por concepto de la contribución adicional; valor que deberá ser indexado en los
términos del inciso 4° del artículo 187 y los incisos 3° y 5° del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.”
5 Radicado No. 11001-03-27-000-2023-00019-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04034-01
Demandante: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Demandado: Consejo de Estado- Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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base gravable de una contribución causada en 2020 y no implicó gravar
retroactivamente los hechos económicos de aquella vigencia.

12. Finalmente, señaló que la nulidad del artículo 2 de la Resolución No.
20201000033335 de 20 de agosto de 2020 no afectó la validez de la
obligación tributaria ni de los actos particulares demandados, pues las
disposiciones legales que regulaban la contribución se encontraban
vigentes para esa anualidad. Por tanto, consideró que, en aplicación de los
principios de seguridad jurídica y buena fe, debía mantenerse la validez de
dichos actos.

13. 8) En Sentencia de 5 de febrero de 2026, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia que accedió
a las pretensiones de la demanda. Como fundamento, señaló que,
mediante Sentencia de 26 de junio de 2024, esa Sección declaró la nulidad
del artículo 2 de la Resolución No. 20201000033335 de 20 de agosto de 2020,
debido a que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
determinó la base gravable de la contribución correspondiente a 2020 con
información económica de 2019, lo cual vulneró el principio de
irretroactividad tributaria.

14. En esa medida, precisó que las providencias que declaran la nulidad
de un acto administrativo de carácter general surten efectos inmediatos
frente a las situaciones jurídicas no consolidadas y que la obligación
tributaria a cargo de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. tenía esa
naturaleza, pues su legalidad aún era objeto de controversia judicial.

15. Aunado a lo anterior, descartó la posibilidad de modular, en una
providencia posterior, los efectos de la Sentencia de 26 de junio de 2024,
pues ello desconocería los principios de seguridad jurídica e igualdad, así
como los efectos de cosa juzgada erga omnes propios de las sentencias de
simple nulidad. Finalmente, añadió que las decisiones judiciales y
constitucionales citadas por la entidad apelante no eran aplicables al caso
de estudio, pues no analizaron el cargo relacionado con la vulneración del
principio de irretroactividad tributaria que dio lugar a la declaratoria de
nulidad del artículo 2 de la Resolución No. 20201000033335 de 20 de agosto
de 2020.

16. Como fundamento de la vulneración, la parte actora6 sostuvo que la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo, orgánico,
desconocimiento del precedente y violación directa a la Constitución.

17. La accionante indicó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado
realizó una interpretación irrazonable del concepto de situación jurídica

6 Quien fue la entidad demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04034-01
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Demandado: Consejo de Estado- Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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consolidada y del precedente constitucional aplicable al caso, pues
consideró que la existencia de una controversia judicial impedía la
consolidación de la obligación tributaria. A su juicio, tal interpretación
introdujo un condicionamiento que no se desprendía de las reglas fijadas
por la Corte Constitucional y, por tanto, configuró un defecto sustantivo.

18. Igualmente, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto orgánico, toda vez que excedió el ámbito de su competencia al
efectuar un nuevo análisis sobre la vigencia temporal de los artículos 18 y
314 de la Ley 1955 de 2019, que ya habían sido declarados inexequibles. En
ese sentido, señaló que, al concluir que dichas disposiciones no podían
aplicarse a la vigencia 2020 por vulnerar el principio de irretroactividad
tributaria, la Sección Cuarta desbordó sus competencias y asumió una
potestad que, en su criterio, correspondía exclusivamente a la Corte
Constitucional.

19. Aunado a lo anterior, afirmó que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado desconoció el precedente constitucional fijado en las Sentencias C-
464, C-484 de 2020 y C-147 de 2021, pues en dichas providencias se
estableció que las contribuciones causadas durante la vigencia 2020
constituían situaciones jurídicas consolidadas y que resultaba procedente su
liquidación, exigibilidad y recaudo. En particular, sostuvo que se desconoció
la regla contenida en la Sentencia C-147 de 2021, según la cual las
contribuciones causadas podían cobrarse con independencia del
procedimiento establecido para su liquidación y pago. Por ello, consideró
que la autoridad judicial accionada no podía supeditar la consolidación de
la obligación al estado de su discusión administrativa o judicial, ni privilegiar,
para esos efectos, lo resuelto en la Sentencia de 26 de junio de 2024, sin
justificar suficientemente su apartamiento del precedente constitucional.

20. Finalmente, sostuvo que lo anterior dio lugar a una violación directa
de la Constitución, pues la autoridad judicial accionada desconoció los
efectos vinculantes de las sentencias de constitucionalidad y la modulación
efectuada por la Corte Constitucional, los cuales, de conformidad con el
artículo 243 de la Constitución, hacían tránsito a cosa juzgada
constitucional. A su juicio, la decisión cuestionada vació de contenido dicha
modulación y afectó los principios de supremacía constitucional y seguridad
jurídica, así como la fuerza vinculante de la cosa juzgada constitucional.

1.2. Sentencia de primera instancia7 e impugnación

7 Mediante Auto de 27 de mayo de 2026, el juez de primera instancia resolvió (1) admitir la solicitud de amparo, (2)

tener como accionado a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, (3) vincular al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca- Sección Cuarta- Subsección B, Empresas Públicas de Medellín ESP, como terceros con intereses
en el asunto y, (4) vincular a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos del artículo 610
del Código General del Proceso.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04034-01
Demandante: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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21. Mediante Sentencia de 18 de junio de 2026, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró improcedente la presente solicitud de amparo
por no haber superado el requisito de relevancia constitucional.

22. Como fundamento de su decisión, indicó que los cargos relacionados
con el defecto sustantivo, el desconocimiento del precedente
constitucional y la violación directa de la Constitución compartían un mismo
núcleo argumentativo, esto es, la inconformidad de la accionante con la
interpretación adoptada por el juez natural respecto del alcance de las
sentencias de constitucionalidad y su incidencia en la validez de la
contribución adicional correspondiente a la vigencia 2020. En esa medida,
concluyó que la solicitud de amparo pretendía reabrir un debate jurídico ya
resuelto y obtener una decisión acorde con el criterio que la entidad
consideraba más acertado. Al respecto, precisó que el juez natural podía
enfrentarse a múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico y que no correspondía
al juez constitucional determinar cuál de ellas era la correcta, pues ello
desconocería los principios de autonomía e independencia judicial.

23. Finalmente, frente al defecto orgánico, señaló que tampoco se
superó el requisito de relevancia constitucional, pues la Sección Cuarta no
efectuó un nuevo juicio de constitucionalidad sobre los artículos 18 y 314 de
la Ley 1955 de 2019 ni invadió la órbita de competencia de la Corte
Constitucional. Por el contrario, se limitó a analizar la legalidad de los actos
administrativos y a determinar si, en el caso concreto, se había configurado
una situación jurídica consolidada, asuntos que correspondían al ámbito
funcional del juez contencioso administrativo.

24. Contra la decisión anterior, la accionante presentó impugnación.
Sostuvo que la Sección Quinta calificó erróneamente la controversia como
un asunto de mera legalidad, cuando en realidad planteaba un problema
de relevancia constitucional relacionado con el desconocimiento del
precedente y de la cosa juzgada constitucional derivados de las Sentencias
C-464 y C-484 de 2020 y C-147 de 2021. En ese sentido, afirmó que la tutela
no buscaba reabrir el debate tributario, sino determinar si la Sección Cuarta
desconoció los efectos vinculantes de dichas providencias.

25. Asimismo, reiteró que la primera instancia valoró de manera
equivocada el defecto orgánico y omitió considerar la sentencia aportada
durante el trámite como referente jurisprudencial para acreditar la
trascendencia constitucional del asunto. Por ello, solicitó revocar la
declaratoria de improcedencia y realizar el estudio de fondo de los defectos
invocados.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión

2.1. Fijación de la controversia

26. Le corresponde a la Sala verificar si la presente acción de tutela
satisfizo, o no, el requisito de relevancia constitucional. En el evento en el que
la respuesta a este interrogante sea afirmativa, se procederá a establecer,
una vez verificados los demás requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial, si la Sección Cuarta del
Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales de la parte actora
al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, con
ocasión de la Sentencia de 5 de febrero de 2026, mediante la cual confirmó
la decisión que accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho No. 25000-23-37-000-2021-00472-01, al
concluir que la contribución adicional liquidada a Empresas Públicas de
Medellín ESP para la vigencia 2020 no constituía una situación jurídica
consolidada debido a que la legalidad de los actos que la determinaron
aún era susceptible de discusión judicial y, por tanto, resultaban aplicables
los efectos inmediatos de la Sentencia de 26 de junio de 2024 proferida por
el Consejo de Estado8, mediante la cual, se declaró la nulidad del artículo 2
de la Resolución No. 2020100033335 de 20 de agosto 2020, que sirvió de
fundamento para su liquidación.

27. Como consecuencia de lo anterior, se confirmará, modificará o
revocará la decisión de tutela de primer grado.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

28. La Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela, tras
evidenciar que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.

29. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a

8 Radicado No. 11001-03-27-000-2023-00019-00.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional9.

30. Dicha corporación, en Sentencia SU-295 de 202310, estableció que la
relevancia constitucional se acredita a partir de tres criterios: (1) no tratarse
de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la protección de
derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.

31. Asimismo, ha sostenido que, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio debe hacerse
con mayor rigor y, en consecuencia, se exige, adicionalmente, que se
demuestre una vulneración desproporcionada y/o arbitraria de un derecho
fundamental11.

32. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto12; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una
instancia adicional al proceso ordinario13 y (3) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de simple
legalidad14.

33. Bajo este entendido, la Sala considera que, aunque la accionante
invocó la vulneración de sus derechos fundamentales y sostuvo que la
controversia tenía relevancia constitucional por el presunto
desconocimiento del precedente constitucional , lo pretendido fue reabrir
15

un debate jurídico propio del juez natural que ya había sido resuelto en el
proceso ordinario, pues, mediante la acción de tutela, reiteró, en esencia,
los argumentos expuestos en el recurso de apelación, dirigidos a cuestionar
la interpretación respecto del concepto de situación jurídica consolidada y,
particularmente, a sostener que la contribución adicional liquidada a

9 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
10 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
11 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024
12 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
13 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
14 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
15 Concretamente se refirió a las Sentencias C-464 de 2020, C-484 de 2020 y C.147 de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04034-01
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Demandado: Consejo de Estado- Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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Empresas Públicas de Medellín ESP para la vigencia 2020, constituía una
situación de esa naturaleza.

34. La Sala advirtió que la parte actora reiteró argumentos similares a los
que había expuesto en el proceso ordinario, en particular, en el recurso de
apelación16. En efecto, sostuvo que la autoridad judicial accionada
desconoció las Sentencias C-464 de 2020, C-484 de 2020 y C-147 de 2021 de
la Corte Constitucional frente al régimen de la contribución adicional
aplicable para la vigencia 2020, en concreto, hizo referencia a la situación
jurídica consolidada a partir de los efectos dispuestos en dichas
providencias. Debe precisarse que tales argumentos fueron abordados y
resueltos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en los siguientes
términos (se trascribe):

“La entidad apelante sostuvo que la causación de la contribución adicional por el
año 2020 corresponde a una situación jurídica consolidada, de modo que procede
su determinación y cobro, aun con la declaratoria de nulidad del artículo 2 de la
resolución 20201000033335 de 2020. Indicó que no se trata de un tributo de periodo,
por lo que no era posible violar el principio de irretroactividad, y que era
improcedente la inaplicación de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 por la
excepción de inconstitucionalidad.
(…)
Para decidir, la Sección pone de presente que profirió la sentencia del 26 de junio de
202417, mediante la cual declaró la nulidad del artículo 2 de la resolución
20201000033335 de 2020, que sirvió de fundamento para los actos objeto del litigio.

La sentencia referida explicó que la SSPD fijó la base gravable de la contribución
especial y adicional por el año 2020 con fundamento en el artículo 18 de la Ley 1955
de 2019, de tal modo que utilizó la información del año gravable anterior (2019). Así

16 “En este orden de ideas, cuando la Sentencia C-484 de 2020 señala que los tributos causados en la anualidad

2020 constituyen situaciones jurídicas consolidadas, se refiere a la contribución de la vigencia 2020, a la acusación
de la contribución no a la expedición de la liquidación, lo que se traduce en que respecto de la misma, eran
plenamente aplicables los artículos 18 y 314 de la Ley 1955, aún en los eventos en que las autoridades
administrativas fijen los elementos del tributo atendiendo los criterios definidos por el legislador para ese momento,
lo anterior, con fundamento en el principio de presunción de constitucionalidad de la norma.
(…) por ende se debe regir expresamente a la normatividad y a los alcances de las sentencias C 464-2020, C 484-
2020, en cuanto fue la Corte Constitucional, que en aplicación del principio de seguridad jurídica y buena fe
estableció su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2022.
También se deben tener en cuenta los pronunciamientos de la Corte en la sentencia C147 -2021 y fallo del Consejo
de Estado en la sentencia con Radicado 11001-03-27-000-2021-00005-00 (25441) del 26 de mayo del 2022.
Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C- 484 de 2020, estudió los efectos jurídicos
de las normas, concluyendo que frente al caso concreto del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, para las vigencias
2020 y 2021, se estaba ante «situaciones jurídicas consolidadas de irretroactividad de la norma tributaria»,
comoquiera que la referida contribución conservó sus efectos jurídicos durante las dos vigencias fiscales posteriores
a la notificación de las Sentencias C- 464 y C- 484 de 2020.
Se observa que, a pesar de lo expresado, la norma en cuestión mantuvo su validez jurídica. Esto se debe a que la
Corte Constitucional, como se mencionó anteriormente, aseguró su fuerza ejecutoria para preservar la seguridad
jurídica en su aplicación.
En tal entendido, contrario a lo manifestado por la parte demandante, para la Sala la decisión administrativa de
liquidar la contribución adicional para la vigencia 2020, fundada en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019,
constituye una situación jurídica consolidada a la luz de la sentencia C-147 de 2021 (…)
Adicional a lo anterior y a pesar de las recientes decisiones judiciales que han cuestionado algunos aspectos de
la regulación de la contribución adicional, es fundamental recordar que la Corte Constitucional estableció
claramente que la situación jurídica para el año 2020 ya se había consolidado. Esto significa que, para ese año,
la obligación de pagar la contribución estaba debidamente establecida y los contribuyentes tenían el deber de
cumplirla.
La sentencia del Consejo de Estado, si bien anuló un aspecto específico de la resolución 20201000033335, aunque
relevante, se limita a un aspecto específico de la resolución y no invalida la liquidación en su totalidad y no invalidó
en su totalidad la obligación de pagar la contribución (…)” Transcripción recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2021-00472-00.
17 “Exp. 27733, M.P Stella Jeannette Carvajal Basto”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04034-01
Demandante: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Demandado: Consejo de Estado- Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________

las cosas, siguiendo el precedente de casos análogos, concluyó que la demandada
«liquidó la contribución cuestionada (2020) con base en información (hechos) del
mismo año en el cual se expidió la citada Ley 1955 (2019)», por lo que «se vulneró el
principio de irretroactividad tributaria». En este orden, declaró la nulidad del artículo
2 de la resolución 20201000033335 de 2020, acto proferido por la SSPD, «por ser
contrario al inciso final del artículo 338 y al artículo 363 de la Carta, este último que
proscribe la aplicación retroactiva de las leyes tributarias».

Ahora, como lo ha explicado esta sección, las sentencias que declaran la nulidad de
un acto administrativo de carácter general surten efectos inmediatos frente a las
situaciones jurídicas no consolidadas, que corresponden a aquellas susceptibles de
debate en sede administrativa o judicial, supuesto que se cumple en el asunto.

De esta forma, contrario a lo dicho por la ANDJE, la noción de una situación jurídica
consolidada no está atada a la causación o cobro de una obligación tributaria, ni a
los efectos diferidos de las sentencias de la Corte Constitucional, sino que
únicamente depende de la posibilidad jurídica de que el contribuyente obtenga una
decisión que altere su situación, por desvirtuar la presunción de legalidad del acto
administrativo.

Por esto es que, en un litigio similar, la Sección afirmó que «en los casos en que se
anula el acto administrativo de carácter general que reglamenta la base gravable
de la Contribución Especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se afectan las
situaciones jurídicas no consolidadas» . Y, de igual modo, concluyó que, como «la
sentencia del 12 de noviembre de 2020 [que anuló el artículo 2 de la resolución que
la SSPD que fijó la base gravable para 2018] tiene efectos inmediatos en este caso,
como se indicó en la providencia que se reitera, no es procedente la liquidación del
tributo a cargo de la demandante adicionando los gastos operativos».

Así pues, conforme la citada sentencia del 26 de junio de 2024, para este caso los
actos acusados desconocieron las garantías constitucionales, pues determinaron la
contribución adicional a cargo de la demandante por el 2020 con fundamento en
una resolución que, a su vez, desconoció el principio de irretroactividad. Y, como se
señaló en otra ocasión, «la consecuencia ineludible de aplicar una norma contraria
a la Constitución y la ley (…) como fundamento de un acto administrativo es su
nulidad».
(…)
De otro lado, la sala advierte que la jurisprudencia invocada en la apelación de la
demandada no constituye precedente para este caso. Esto es así porque, como lo
explicó el fallo del 26 de junio de 2024, la sentencia del 26 de mayo de 202227 «no
abordó el estudio del principio de irretroactividad, frente a la base gravable del
tributo, por no haber sido un cargo de nulidad propuesto por la demandante». Así
mismo ocurrió con relación a las sentencias C-464 de 2020, C-484 del mismo año y C-
147 de 2021, pues la Corte Constitucional no analizó en ellas la violación del principio
de irretroactividad tributaria.

Por su parte, el fallo del 15 de febrero de 2024, exp. 11001-33-37-000-2021-00113- 01,
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, si bien
negó las pretensiones, no tiene identidad jurídica con este caso porque es anterior a
la sentencia de nulidad del 26 de junio de 2024 y, por tanto, no pudieron valorar los
efectos inmediatos de esa decisión. De igual modo, dicha providencia no constituye
precedente vinculante para el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo
contencioso administrativo”.

35. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
el cual puso de presente las razones por las cuales consideró que debía
confirmar la decisión que accedió a las pretensiones de la demanda y
explicó porque las providencias citadas como fundamento del recurso de

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04034-01
Demandante: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Demandado: Consejo de Estado- Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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apelación no eran aplicables al caso bajo estudio, comoquiera que en ellas
no se planteó la violación al principio de irretroactividad tributaria, que
analizó bajo la premisa de la nulidad del artículo 2 de la Resolución No.
20201000033335 de 20 de agosto de 2020, en la cual se basó la liquidación
efectuada a cargo de Empresas Públicas de Medellín ESP.

36. En ese orden, aunque la parte estimó que se desconoció el
precedente constitucional en materia de contribución adicional para la
vigencia 2020, lo cierto es que las sentencias invocadas fueron
expresamente consideradas por la autoridad judicial accionada, la cual
expuso las razones por las cuales consideró que no resultaban aplicables
para resolver la controversia. Por tanto, la inconformidad planteada en sede
de tutela recae, en realidad, sobre la interpretación y el alcance que el juez
natural atribuyó a dichas providencias.

37. Aunado a lo anterior, frente al defecto orgánico alegado por la
accionante porque, en su criterio, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
desbordó el ámbito de sus competencias al pronunciarse sobre asuntos
reservados a la Corte Constitucional. La Sala comparte lo considerado por
el juez de tutela de primera instancia de que dicho reproche parte
nuevamente de la inconformidad de la superintendencia con la
interpretación adoptada en la sentencia cuestionada, pues la Sección
Cuarta se limitó a considerar que, para el caso concreto, la situación jurídica
de Empresas Públicas de Medellín no se encontraba consolidada y, en esa
medida, estableció las consecuencias derivadas de la nulidad del acto
administrativo que sirvió de fundamento para liquidar la contribución.

38. En consecuencia, se advierte que la inconformidad de la accionante
se origina en la interpretación normativa efectuada por el juez natural,
circunstancia que, por sí sola, no reviste relevancia constitucional ni habilita
la intervención del juez de tutela. Máxime, cuando se observa que la
autoridad judicial expuso las razones jurídicas que sustentaron su decisión.

39. Aunado a lo anterior, se precisa que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía acción de tutela, no da por cumplido el requisito de
explicar por qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata
de una tutela contra providencia judicial, pues en este contexto, este es un
mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de
carácter excepcional18.

18 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04034-01
Demandante: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Demandado: Consejo de Estado- Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________

2.3. Conclusión

40. Para la Sala, existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, se abstendrá de
estudiar los demás requisitos y confirmará la decisión de tutela de primera
instancia.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 18 de junio de 2026, por medio de
la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la
solicitud de amparo promovida por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra esta deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello19.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE

Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

19 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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