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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04068-00

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04068-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Bernardo Moreno Villegas, quien actúa a través de apoderado judicial, por no satisfacer el requisito general de relevancia constitucional. 13 Radicación: 11001-03-15-000-2026-04068-00 Accionante: Bernardo Moreno Villegas Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Referencia: Acción de tutela (Primera instancia) SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por: (i) la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia; (ii) Fernando León Bolaños Palacio en condición de magistrado de la Corte Suprema de Justicia; (iii) el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE y (iv) el Banco Agrario de Colombia, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04068-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04068-00
Accionante: BERNARDO MORENO VILLEGAS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / relevancia
constitucional / improcedencia – La parte accionante acudió a la acción de tutela
con el propósito de reabrir una discusión ya resuelta en sede del proceso ordinario.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela promovida el 26 de mayo de 20261 por Bernardo
Moreno Villegas, quien actúa a través de apoderado judicial2, contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B. A su juicio, dicha autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales del debido proceso, contradicción, tutela judicial
efectiva, igualdad y acceso a la administración de justicia3.

ANTECEDENTES

Hechos relevantes

1. El señor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y otras personas4 promovieron una
acción de reparación directa contra el extinto Departamento Administrativo de
Seguridad – DAS, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
– DAPRE y la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, por las
actividades de inteligencia adelantadas en su contra y la divulgación indebida de su
información reservada a medios de comunicación nacionales, en su condición de
magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El proceso judicial fue identificado con
el radicado 11001-33-31-037-2011-00211-00/01 y finalizó con sentencia
condenatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C el 15 de febrero de 2017.

2. Según el demandante, la providencia que declaró la responsabilidad
extracontractual del Estado se fundó en la sentencia del 28 de abril de 2015,

1 Obra en certificado 8C67EAA4359C2A09 F834BE411FBDC71C 7D3C24A216D4B296
C54697364566A8E5, índice 2 de samai.
2 Índice 2 de Samai, expediente digital, Archivo
“3_EXPEDIENTEDIGI_Correodeandresbricen_2_20260527105439506”.
3 Que ingresó para fallo el 9 de junio de 2026, índice 19 de Samai.
4 Marta Elena Tirado Uribe, Juan Pablo Espinosa Tirado, Mónica María Espinosa Tirado, Rosalyn

Peña Hernández y Bladimir Cuadro Crespo.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04068-00
Accionante: Bernardo Moreno Villegas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que condenó
al señor Bernardo Moreno Villegas por los delitos de concierto para delinquir,
violación ilícita de comunicaciones y abuso de autoridad. Sin embargo, adujo que
dicha decisión judicial no fue incorporada como prueba en el expediente de
reparación directa y su valoración se dio como un hecho notorio, lo que, a juicio del
accionante, vulneró los principios de contradicción, defensa y legalidad probatoria.
Aunado a ello indicó que la deficiente labor del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República -DAPRE en la declaratoria, en su condición de
demandado, permitió la consolidación de una decisión edificada sobre la
vulneración de su garantía del debido proceso.

3. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE
ejerció la acción de repetición en contra de Bernardo Moreno Villegas (en su calidad
de ex director de la entidad) por la suma de dinero que tuvo que pagar como
consecuencia de la sentencia condenatoria del 15 de febrero de 2017 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

4. A través de sentencia del 1 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, consideró que Bernardo Moreno Villegas incurrió en una
conducta dolosa frente a los hechos relacionados con las actividades irregulares de
inteligencia realizadas al señor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez, por lo que
condenó al demandado a pagar en favor de la Nación - Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República -DAPRE la suma de $354’074.968,34 y puso fin
al proceso de repetición 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812).

5. Finalmente, el accionante sostuvo que la sentencia que puso fin al proceso de
repetición validó expresamente la irregularidad ocurrida en el proceso de reparación
directa, al considerar legítimo que se hubiere valorado como “hecho notorio” la
sentencia penal del 28 de abril de 2015 a pesar de que no obraba formalmente en
dicho expediente.

Pretensiones

6. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“Primera. Amparar de manera inmediata y efectiva los derechos fundamentales
al debido proceso, defensa, contradicción, tutela judicial efectiva, igualdad
procesal y acceso material a la administración de justicia del señor Bernardo
Moreno Villegas, los cuales fueron vulnerados por la sentencia proferida por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, dentro del medio de control de repetición promovido por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE.

Segunda. Dejar sin efectos, por vulnerar de manera directa derechos
fundamentales, la sentencia del 1 de diciembre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, mediante la cual se declaró la responsabilidad patrimonial
personal del señor Bernardo Moreno Villegas dentro de la acción de repetición
promovida por el DAPRE.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04068-00
Accionante: Bernardo Moreno Villegas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Tercera. Ordenar a la autoridad judicial accionada que profiera una nueva
decisión dentro del trámite de repetición, garantizando plenamente los derechos
fundamentales del señor Bernardo Moreno Villegas y observando estrictamente
los parámetros constitucionales y jurisprudenciales aplicables al caso
concreto”5.

Fundamentos de la demanda de tutela

7. El demandante indicó que la acción constitucional satisface los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial. Al respecto indicó
que el asunto reviste relevancia constitucional debido a que se discute la
vulneración de derechos fundamentales porque la sentencia cuestionada avaló la
valoración indebida de una sentencia penal que no fue debidamente incorporada al
proceso de reparación directa cuya decisión sirvió de fundamento para promover la
acción de repetición en contra de Bernardo Moreno Villegas. También argumentó
que se cumplen los requisitos de subsidiariedad porque no cuenta con recursos
ordinarios, ni extraordinarios eficaces para proteger sus derechos fundamentales e
inmediatez en tanto la acción se promovió en un término razonable desde la
ejecutoria de la sentencia cuestionada. Aunado a ello indicó que la irregularidad
procesal puesta de presente tuvo incidencia en la decisión adoptada por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B y cuestionada en esta oportunidad.

8. Señaló que, la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico porque el
Consejo de Estado validó la condena patrimonial contra el Estado edificada sobre
una irregularidad probatoria acontecida en el proceso de reparación directa
11001333103720110021100/01 al valorar la sentencia penal condenatoria del 28
de abril de 2015 contra Bernardo Moreno Villegas que no fue incorporada al
expediente.

9. De cara al proceso de repetición, el accionante indicó que el Consejo de Estado
omitió que las actuaciones adelantadas por Bernardo Moreno Villegas en su calidad
de director del DAPRE se desarrollaron dentro de las dinámicas institucionales y
bajo las exhortaciones de altos funcionarios de la presidencia de la República. Así,
el defecto fáctico no se limita al uso de la sentencia penal sino a su valoración
fragmentaria, sesgada e incompleta de su contenido. Con ello estimó que la
autoridad judicial accionada convalidó graves irregularidades probatorias acaecidas
en el proceso de reparación directa sobre la eficacia jurídica de la condena contra
el Estado y aceptó que una providencia judicial ajena a un expediente sirva de
soporte probatorio para definir una controversia, lo que incidió sustancialmente en
la declaratoria de responsabilidad del accionante. También cuestionó que la
condena contra el Estado que sirvió de sustento para la acción de repetición no tuvo
como causa la conducta desplegada Bernardo Moreno Villegas en su condición de
ex director del DAPRE, sino por las graves irregularidades procesales que
acontecieron en el proceso de reparación directa 11001.33-31-037-2011-00211-
00/01.

10. Seguidamente alegó el desconocimiento del principio de responsabilidad
subjetiva, porque la autoridad judicial accionada omitió analizar la conducta del

5 Id, folios 5 a 6.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04068-00
Accionante: Bernardo Moreno Villegas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

demandado y construyó una imputación automática derivada exclusivamente de la
existencia de una sentencia penal condenatoria en contra del accionante, sin revisar
si la conducta que le fue atribuida conllevó a la condena en el proceso de reparación
directa. Junto a ello, agregó que se desconoció el precedente fijado por el mismo
Consejo de Estado en sentencia del 12 de septiembre de 2019 en la que consideró
que las actuaciones desplegadas por Bernardo Moreno Villegas en su condición de
director del DAPRE estaban comprendidas dentro de las funciones propias de su
cargo y que sirvió de sustento para declarar la nulidad parcial de la sanción
disciplinaria que le había impuesto por la Procuraduría General de la Nación.

11. Con fundamento en lo expuesto concluyó que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, a través de la sentencia del 1 de diciembre de 2025, incurrió
en vulneración directa de la Constitución Política por infracción del derecho del
debido proceso y desconocimiento de los “principios” de contradicción probatoria,
legalidad, responsabilidad subjetiva del agente.

Trámite en primera instancia

12. Mediante auto del 28 de mayo de 20266, el despacho sustanciador admitió la
acción de amparo y ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, dispuso vincular, en calidad de
terceros con interés en el resultado del proceso al Banco Agrario de Colombia, a la
Procuraduría General de la Nación y a su Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales, a la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al
Juzgado Sesenta y Cinco (65) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, a la sociedad Lupa Jurídica, a la
“Oficina Registro Bogotá – Norte”, a la “Oficina de Registro Armenia” y a los demás
intervinientes dentro del medio de control de repetición radicado núm. 11001-03-26-
000-2019-00063-00.

Intervenciones

13. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B7 señaló que la
demanda de tutela es improcedente porque no cumple con el requisito de relevancia
constitucional. Esto se debe a que el accionante pretende, de manera indebida e
injustificada, acudir a una tercera instancia frente a una providencia judicial que hizo
un correcto análisis jurídico y valoró de manera razonable e integral los medios de
prueba que obraban en el expediente. Adicionalmente expuso los motivos de hecho
y de derecho que sirvieron de fundamento para proferir la sentencia cuestionada del
1 de diciembre de 2025 y concluyó que de proferirse una sentencia de fondo debe
ser desestimatoria de las súplicas del amparo solicitado.

6Índice 4 de Samai, archivo

“7_Autoqueadmite_320260406800ADMITEBE_0_20260528180349469”.
7Índice 10 de Samai, archivo

“11_CONTESTACIONDE_20260406800BERNARDOM_0_20260602145717727”.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04068-00
Accionante: Bernardo Moreno Villegas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

14. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia8 indicó que
ninguno de los hechos alegados por el accionante es atribuible a la entidad por lo
que solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva.

15. José Joaquín Urbano Martínez9, en calidad de magistrado de la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia, refirió los hechos en que se fundó la sentencia penal
condenatoria del 28 de abril de 2015 condenatoria de María del Pilar Hurtado
Afanador y Bernardo Moreno Villegas por los delitos de concierto para delinquir,
abuso de la función pública y de autoridad por acto arbitrario o injusto, así como
determinador del delito de violencia ilícita de comunicaciones. Además, explicó que,
posteriormente, en providencia del 7 de mayo de 2025, con su ponencia la Sala de
Casación Penal de esta Corporación negó la solicitud de nulidad presentada por
Bernardo Moreno Villegas y declaró en su favor la preclusión de acción penal
únicamente frente al delito de acto arbitrario o injusto. De acuerdo con los
argumentos expuestos consideró que la demanda de tutela debe ser declarada
improcedente porque no existen acciones u omisiones que de alguna manera
hubiesen podido vulnerar los derechos fundamentales del accionante.

16. Fernando León Bolaños Palacio10, en condición de magistrado de la Corte
Suprema de Justicia puso de presente que la sentencia condenatoria del 28 de abril
de 2015 emitida por esta Corporación no fue discutida a través de la presente acción
constitucional, por lo que solicita que su desvinculación del proceso por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

17. La Procuraduría General de la Nación11 se pronunció frente a los hechos
alegados en la demanda de tutela y consideró que no se configura la vulneración
de ninguno de los derechos fundamentales invocados por el accionante. Indicó que
sus actuaciones estuvieron relacionadas con las intervenciones ejercidas en
ejercicio de sus funciones institucionales. Además, alegó que carece de legitimación
en la causa por pasiva frente al cuestionamiento principal relacionado con la
sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B del 1
de diciembre de 2025. Con fundamento en ello pidió que se declare la
improcedencia de la acción constitucional por ausencia de conducta reprochada
frente al Ministerio Público y que se ordene su desvinculación de la presente acción
constitucional.

18. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –
DAPRE12 indicó que según los fundamentos fácticos de la demanda se constata
que las inconformidades del accionante se dirigen contra las sentencias que
sirvieron de fundamento para la condena en su contra en el proceso de repetición
promovido por la entidad. Sin embargo, precisó que la Presidencia de la República

8 Índice 11 de Samai, archivo
“13_RECIBEMEMORIAL_SNR2026EE1664771_1_20260602165041605”.
9 Índice 13 de Samai, archivo
“24_RECIBEPRUEBAS_11001020400020110136_1_20260603104411045”.
10 Índice 18 de Samai, archivo
“45_RECIBEMEMORIAL_11001020400020110136_2_20260609093233109”.
11 Índice 17 de Samai, archivo “27_110010315000202604068003MemorialWeb20266533920”.
12 Índice 22 de Samai, archivo
“50_RECIBEMEMORIAL_Memorial_OFI2600107715_GFPU_2_20260610155350397””.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04068-00
Accionante: Bernardo Moreno Villegas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

no tiene la competencia para modificar o interferir en las decisiones judiciales.
Aunado a ello, pidió que se declare la improcedencia por falta de legitimación en la
causa por activa del DAPRE no tuvo ninguna intervención en los asuntos debatidos
en la presente tutela y, en atención a ello, que se declare su desvinculación del
proceso. Adicionalmente, solicitó que se nieguen las pretensiones de amparo
porque la Presidencia de la República no vulneró los derechos fundamentales del
accionante.

19. El Banco Agrario de Colombia13 expresó que de los hechos y pretensiones
alegados por el accionante no se vislumbra una causal objetiva para que el Banco
Agrario sea parte de la presente acción constitucional, por lo tanto, indicó que
carece de legitimación en la causa por pasiva y solicitó que se declare su
desvinculación del proceso.

CONSIDERACIONES
Competencia

20. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201914.

Problema jurídico y metodología de la decisión

21. Bajo ese contexto, la Sala debe determinar si la presente acción de tutela
satisface el requisito general de relevancia constitucional, previsto en la
jurisprudencia para su admisión. Ello resulta necesario, en tanto la presente acción
se cuestiona la incorporación de una prueba en el proceso judicial que dio lugar a
la condena contra el Estado que, a su vez, conllevó a la acción de repetición en
contra del aquí accionante; aunado a la supuesta omisión sobre la conducta de
Bernardo Moreno Villegas por parte de la autoridad judicial accionada.

22. En caso de superar dicho examen preliminar, será procedente estudiar si la
providencia cuestionada incurrió en los defectos invocados en la tutela, se resolverá:

(i) ¿la autoridad judicial accionada en el marco del proceso de repetición incurrió en
un defecto fáctico por avalar una irregularidad probatoria acaecida en el trámite de
reparación directa 11001333103720110021100/01, al incluir el fallo que encontró
responsable penalmente al actor y analizar, según él, de manera fragmentada los
demás medios de convicción? Y

(ii) ¿el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B omitió valorar la
conducta del demandado, lo cual era imperativo para decidir sobre su
responsabilidad en la acción de repetición?

13 Índice 24 de Samai, archivo “51_110010315000202604068002MemorialWeb2026610213340”:
14 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos

entre las secciones”.

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Accionante: Bernardo Moreno Villegas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

23. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) la procedencia excepcional de la acción de
tutela, especialmente, la relevancia constitucional; y (iii) el caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

24. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los particulares en
los casos que señale la ley.

25. En ese sentido, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, prevé:

“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado,
viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de
esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de
conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La
procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la
autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”15.

26. Frente a esto, la Corte Constitucional ha establecido:

“[…]para que proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se requiere
que existan elementos objetivos de los cuales se pueda inferir una amenaza o
vulneración cierta de derechos fundamentales, bien sea por una acción o una
omisión de las autoridades públicas y, excepcionalmente, de los particulares.

Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales que considera conculcados, debe,
como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho vulnerador, es
decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico susceptible de amparo.

Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar
que, ‘la acción de tutela procede, cuando se pruebe que se amenazan o
vulneran los derechos fundamentales de una persona por parte de autoridades
públicas o los particulares, y adicionalmente no existe un mecanismo judicial de
protección de los mismos, idóneo para tal efecto’ (se destaca).

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

27. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200516,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

15 Art. 5. Decreto 2591 de 1991.
16 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04068-00
Accionante: Bernardo Moreno Villegas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

28. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar17: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela18, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional19 o el Consejo de Estado20,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-21; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable22 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

El requisito de relevancia constitucional

29. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

30. La Corte Constitucional indicó23 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

31. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en los

17 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la

SU-215 de 2022.
18 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
20 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,

SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
22 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04068-00
Accionante: Bernardo Moreno Villegas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

eventos en que se pretende reabrir el debate24: (i) la deliberación debe recaer sobre
un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

32. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
transgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia25.

Análisis del caso concreto

Legitimación en la causa por activa y pasiva

33. Bernardo Moreno Villegas cuenta con legitimación en la causa por activa, dado
que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración invoca
por causa de la sentencia del 1 de diciembre de 2025 adoptada por la autoridad
judicial accionada. De igual manera, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B está legitimado por pasiva, en la medida en que se le endilga la
transgresión de las garantías constitucionales del accionante.

34. En relación con los terceros vinculados con interés (Banco Agrario de Colombia,
a la Procuraduría General de la Nación y a su Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales, a la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al
Juzgado Sesenta y Cinco (65) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, a la sociedad Lupa Jurídica, a la
“Oficina Registro Bogotá – Norte”, a la “Oficina de Registro Armenia”) hicieron parte
o intervinieron en alguno de los hechos referidos en la escrito de demanda,
especialmente, en lo relativo a: (i) el proceso penal que finalizó con sentencia del
28 de abril de 2015; (ii) el expediente de reparación directa
11001333103720110021100/01; (iii) la sanción disciplinaria impuesta por la
Procuraduría General de la Nación a Bernardo Moreno Villegas y (iv) la respectiva
nulidad parcial de esa decisión mediante providencia proferida el 12 de septiembre
de 2019 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

35. Por los motivos expuestos en precedencia no es posible acceder a las
solicitudes de desvinculación del proceso planteadas por: (i) la Oficina de de
Registro de Instrumentos Públicos de Armenia; (ii) Fernando León Bolaños Palacio
en condición de magistrado de la Corte Suprema de Justicia; (iii) el Departamento

24 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
25 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04068-00
Accionante: Bernardo Moreno Villegas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE y (iv) el Banco Agrario
de Colombia.

Relevancia Constitucional

36. La Sala encuentra que los reproches formulados por la parte accionante no
superan el requisito de relevancia constitucional, porque la sentencia impugnada 26
está lejos de evidenciar una afectación autónoma, directa y grave de los derechos
fundamentales invocados. En realidad, la tutela pretende que se discuta la
responsabilidad patrimonial del agente (Bernardo Moreno Villegas) a partir de una
instancia adicional para discutir lo decidido por el juez natural en la sentencia
cuestionada, para lo cual el accionante reprochó la valoración probatoria realizada
en el proceso de reparación directa que dio lugar a la condena en contra del Estado
y que sirvió de fundamento para promover el proceso de repetición adelantado en
contra del accionante.

37. En primera medida, se advierte que el principal cuestionamiento del accionante
se encuentra dirigido a controvertir la valoración probatoria efectuada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C en el proceso de
reparación directa que finalizó con la sentencia del 15 de febrero de 2017 que
declaró la responsabilidad patrimonial de varias entidades del Estado entre ellas, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE. Sin
embargo, el accionante no predicó la vulneración de derechos fundamentales del
accionante a partir de dicha providencia, ni elevó ninguna pretensión en su contra.

38. Al respecto, la Sala pone de presente que aunque el actor estructuró su
alegación en que el Consejo de Estado validó una irregularidad probatoria en el
proceso de reparación directa 11001333103720110021100/01 que dio lugar a la
condena en contra del DAPRE; de modo que frente a la supuesta irregularidad
incumbía a las partes de ese proceso judicial alegarlo mediante los recursos
ordinarios a su disposición o, de manera excepcional, en sede de tutela si
consideraban que vulneraba sus derechos fundamentales; pero en todo caso no
corresponde al aquí accionante reavivar esa discusión mediante la presente acción
constitucional en la que se cuestionó la providencia del 1 de diciembre de 2025 que
puso fin al proceso de repetición 11001-03-26-000-2019-00063-00 y que es
independiente del proceso en el que se discutió la responsabilidad extracontractual
del Estado y del que se alega la supuesta irregularidad procesal.

39. En particular, la controversia planteada carece de relevancia constitucional,
porque no propone un verdadero juicio de validez constitucional sobre la sentencia
de repetición, sino que busca reabrir un debate probatorio ya definido por el juez
natural acerca del alcance que podía otorgarse a la sentencia penal condenatoria
dentro del análisis de la conducta dolosa del agente estatal. A partir de las reglas
de la SU-424 de 2021 y la SU-447 de 2011, el uso judicial del hecho notorio no es,
por sí mismo, una irregularidad constitucional: puede operar como criterio contextual
o elemento de conocimiento general para valorar circunstancias relevantes del
caso, siempre que no sustituya integralmente el acervo probatorio ni impida la

26 Identificado con el número: 27001-33-33-003-2017-00302-00/01.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04068-00
Accionante: Bernardo Moreno Villegas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

contradicción sobre la conclusión judicial. En este asunto, además, el
cuestionamiento se dirige contra una práctica probatoria regularmente admitida en
la acción de repetición: acudir a providencias penales, disciplinarias o contenciosas
previas para reconstruir los hechos, determinar la conducta del agente y valorar el
dolo o la culpa grave, sin que ello convierta automáticamente la controversia en un
defecto fáctico de entidad constitucional.

40. Bajo esa perspectiva, discutir si la sentencia penal debía ser apreciada como
hecho notorio, como antecedente judicial o como elemento de convicción
incorporado al proceso supone un desacuerdo sobre la valoración probatoria y la
técnica de apreciación judicial, no una afectación directa, autónoma y grave del
debido proceso. Entonces, la tutela pretende trasladar al juez constitucional una
discusión propia del proceso ordinario de repetición y, en parte, del proceso de
reparación directa que sirvió de antecedente, pese a que la providencia cuestionada
examinó los presupuestos de la repetición, la condena contra el Estado, el pago
realizado, la calidad de agente estatal y la conducta atribuida a Bernardo Moreno
Villegas a título de dolo. Por ello, el reproche no supera la relevancia constitucional:
se limita a manifestar inconformidad con el modo en que el Consejo de Estado
valoró providencias judiciales previas y las integró al juicio de responsabilidad
patrimonial del agente, lo que no habilita una tercera instancia constitucional.

41. Así las cosas, el accionante pretende, de manera subrepticia, reabrir una
discusión de un proceso judicial concluido (frente al cual no se elevaron
pretensiones en la presente acción constitucional), con el fin de que el juez de tutela
se profiera un pronunciamiento que incida en los efectos de la sentencia proferida
el 1 de diciembre de 2025 por la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación en la que se declaró patrimonialmente responsable a Bernardo Moreno
Villegas y que fue cuestionada mediante la presente acción constitucional.

42. Ahora, frente a la sustentación del defecto fáctico por desconocimiento del
principio de responsabilidad subjetiva ante la supuesta omisión en la valoración de
la conducta desplegada por Bernardo Moreno Villegas en la sentencia del 1 de
diciembre del 2025; se advierte que el accionante se limitó a enunciar que la
autoridad judicial accionada construyó una imputación automática derivada
exclusivamente de la sentencia penal condenatoria; de modo que no era procedente
la declaratoria de responsabilidad en contra del accionante; sin embargo no
esgrimió ninguna de manera concreta y sustentada las razones por las cuales dicho
razonamiento por parte de la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación configuró la vulneración de sus derechos fundamentales. Tampoco
aportó argumentos de constitucionalidad respecto del juicio valorativo realizado por
el fallador, lo que implicó que la solicitud de amparo se centrara, en realidad, en
reproducir cuestionamientos ya decididos por el juez natural en el proceso de
repetición.

43. En todo caso se destaca que en la providencia cuestionada se examinaron los
presupuestos de procedencia de la acción de repetición en el caso concreto a partir
de: (i) existencia de la sentencia del 15 de febrero de 2017 que declaró la
responsabilidad patrimonial del Estado por las actividades irregulares de inteligencia

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04068-00
Accionante: Bernardo Moreno Villegas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

realizadas al señor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez en su condición de
magistrado de la Corte Suprema de Justicia; (ii) acreditación del pago de la entidad
demandante en atención a la Resolución 224 del 30 de marzo de 2017 proferida por
la Subdirectora de operaciones del DAPRE y el Certificado de pago por
$225’029.796 expedido por el coordinador del grupo de pagaduría de dicha entidad;
(iii) la condición de ex agente estatal de Bernardo Moreno Villegas que fungió como
Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República durante
los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado y (iv) la valoración de la
conducta del agente a título doloso por haber actuado con desviación de poder en
virtud de la presunción legal prevista en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de
2001, además se constata que para el Consejo de Estado tuvo en cuenta múltiples
decisiones previas judiciales27 y administrativas28 en las que se examinaron los
hechos que dieron lugar a la acción de repetición y concluyó que en el caso concreto
el demandado no logró desvirtuar la presunción legal frente a la conducta endilgada
por el DAPRE.

44. De lo anterior, la Sala constata que el Consejo de Estado adoptó la
interpretación jurídica que consideró procedente de conformidad con los
fundamentos legales y probatorios que obraban en el expediente del proceso de
repetición.

45. Aunque el accionante indicó que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B desconoció el precedente fijado por la Sección Segunda de esta
Corporación en providencia del 12 de septiembre de 2019 en la que se declaró la
nulidad parcial de la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de
la Nación contra Bernardo Moreno Villegas, no supera la relevancia constitucional.
Sobre ese punto, se encuentra que dicha decisión judicial sí fue tenida en cuenta
en la sentencia cuestionada y, aunado a ello, se valoró su incidencia frente a la
determinación de la conducta del demandado; sin que ello modificara la
interpretación y conclusión jurídica a la que arribó la autoridad judicial accionada.
En la decisión impugnada, la autoridad judicial precisó que el accionante se limitó a
referir el supuesto desconocimiento de esa providencia judicial pero no indicó las
razones por las que se trataba de un precedente jurisprudencial obligatorio para
resolver la acción de repetición, ni sustentó una interpretación bajo la cual dicha
decisión hubiere modificado la sentencia que resolvió el proceso de repetición en
contra del aquí accionante. En ese sentido, se debe reiterar que la acción de tutela
contra providencias judiciales exige una carga mínima de sustentación respecto de
los defectos que se invocan la tutela, lo cual no fue satisfecho en la presente acción
constitucional en la que no se sustentó mínimamente el supuesto desconocimiento
del precedente, ni el yerro en el examen de dicha providencia realizada por el juez
de lo contencioso administrativo al resolver la controversia.

27 (i) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 28 de abril de 2015, proferida

en el proceso No. 36.784; (ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12
de septiembre de 2019, expediente. 1194-2011; (iii) Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de febrero de 2017, radicado
110013331037201100211-01.
28 Decisión del 1º de octubre de 2010 proferida por la Procuraduría General de la Nación en el

proceso disciplinario identificado con el radicado IUS 2009-57515 IUDC D 2010 - 4 – 105231.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04068-00
Accionante: Bernardo Moreno Villegas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

46. En este caso, resulta evidente que la acción constitucional fue promovida con el
propósito de reabrir un debate ya agotado en sede contencioso-administrativa,
donde fueron ampliamente examinadas las pruebas que obraban en el expediente
y se adoptó una decisión de conformidad con el ordenamiento jurídico y el criterio
interpretativo del juez natural de la controversia. Conviene recordar que la tutela no
constituye un recurso alternativo frente a sentencias desfavorables, especialmente
cuando las cuestiones debatidas fueron objeto de un análisis dentro del proceso
ordinario.

47. Adicionalmente, no se observa una vulneración del derecho al debido proceso
en su dimensión fundamental. La Corte Constitucional ha señalado que dicho
derecho solo resulta afectado en ese ámbito cuando se desconocen sus garantías
esenciales, como el acceso al juez natural, la posibilidad de aportar y controvertir
pruebas, la publicidad del trámite y de las decisiones, la imparcialidad judicial o el
ejercicio de la defensa. Ninguno de estos aspectos resultó afectado en el caso bajo
estudio, toda vez que la parte accionante intervino de manera activa en el proceso
ordinario, ejerció su derecho a la defensa y obtuvo pronunciamientos de fondo. En
efecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B resolvió la
controversia con respeto a las garantías procesales y constitucionales de los sujetos
procesales del litigio.

48. En esa misma lógica, no se advierte vulneración al derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia en su dimensión constitucional. El accionante
dispuso de un acceso real, efectivo y sin restricciones a la jurisdicción competente,
así como a los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir las
decisiones adoptadas dentro del proceso. No obra prueba que permita inferir que
se le negó la posibilidad de acudir al aparato judicial, que se hubiere obstaculizado
el normal desarrollo del trámite, o que se le hubieran restringido sus facultades
procesales para ejercer su derecho de defensa y contradicción. Por el contrario, el
expediente refleja que las garantías propias del debido proceso fueron respetadas,
lo cual descarta cualquier afectación a la tutela judicial efectiva.

49. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de amparo
constitucional, por cuanto no se cumplen los requisitos generales de procedencia.
En concreto, no se acredita la relevancia constitucional, pues el solicitante pretende
emplear la acción de tutela como un mecanismo para reabrir un debate ya definido
en el proceso ordinario. Esta es una razón suficiente para abstenerse de analizar
los demás requisitos generales y los defectos específicos alegados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Bernardo Moreno Villegas, quien actúa a través de apoderado judicial, por no
satisfacer el requisito general de relevancia constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04068-00
Accionante: Bernardo Moreno Villegas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación del proceso por falta de
legitimación en la causa por pasiva planteada por: (i) la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Armenia; (ii) Fernando León Bolaños Palacio en condición
de magistrado de la Corte Suprema de Justicia; (iii) el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República – DAPRE y (iv) el Banco Agrario de Colombia, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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