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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00063-00

Fecha
1 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00063-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Declárase la responsabilidad patrimonial personal del señor Bernardo Moreno Villegas. 2°) Como consecuencia, condénase al señor Bernardo Moreno Villegas a pagar en favor de la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la suma de trescientos cincuenta y cuatro millones setenta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho pesos con treinta y cuatro centavos ($354.074.968,34). 3°) Una vez en firme la presente providencia, por Secretaría de la Sección Tercera dispóngase la entrega a la entidad demandante de los títulos de depósitos judiciales que se encuentran a órdenes del presente proceso provenientes de la caución prestada por el demandado para garantizar el cumplimiento de la sentencia 82 Artículo 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. 83 Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…). 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…).” 37 Expediente 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812) Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Repetición Sentencia de única instancia favorable al demandante, esto es, título judicial número 400100008505453 por valor de setenta y nueve millones de pesos ($79.000.000) y título judicial número 400100008502158 por valor de ciento sesenta millones de pesos ($160.000.000), previo desglose por la Secretaría de la Sección Tercera. 4°) Condénase en costas a la parte demandada, tásense por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2019-00063-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

1 de diciembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1º) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812)
Demandante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Demandado: BERNARDO MORENO VILLEGAS
Medio de control: REPETICIÓN
Asunto: FALLO DE ÚNICA INSTANCIA - DECLARA
RESPONSABILIDAD A TÍTULO DE DOLO

Síntesis del caso: se dirige la demanda en contra del señor Bernardo Moreno Villegas, quien
fungió como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable, a título de dolo, con ocasión
de la condena impuesta por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en contra del DAPRE en el marco del proceso de
reparación directa número 11001-33-31-037-2011-00211-01. La Sala accede parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala en única instancia la demanda de repetición presentada por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en contra del señor
Bernardo Moreno Villegas.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 12 de abril de 20191, el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República (en adelante DAPRE) por intermedio de
apoderado judicial promovió demanda en ejercicio del medio de control judicial de

1 Fl. 1 cdno. ppal.

2

Expediente 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812)
Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Repetición
Sentencia de única instancia

repetición previsto en el artículo 142 del CPACA en contra del señor Bernardo
Moreno Villegas2, en la cual se formularon las siguientes pretensiones:

“1. DECLARACIÓN
ÚNICA DECLARATIVA. Que se declare administrativamente responsable
al señor BERNARDO MORENO VILLEGAS, identificado con la cédula de
ciudadanía 7.531.012 expedida en Armenia, Quindío, por la conducta
dolosa que desplegó como Director del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República en los hechos que llevaron al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca a declarar a esta entidad responsable de
los perjuicios causados a los señores Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez,
Marta Elena Tirado Uribe, Juan Pablo Espinosa Tirado, Mónica María
Espinosa Tirado, Rosalyn Peña Hernández y Bladimir Cuadro Crespo ‘[…]
con motivo de los seguimientos, interceptaciones, asedio, desprestigio,
entre otras conductas ilegales, realizadas en contra del doctor
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ y miembros de su familia’, decisión
contenida en la sentencia ejecutoriada de segunda instancia de fecha 15
de febrero de 2017, proferida en el proceso con radicado
11001333103720110021100, que causó al pago de $224´183.590,oo más
el valor de los intereses moratorios, pago efectuado el 24 de abril de 2017.

2. CONDENAS

PRIMERA DE CONDENA. Que como consecuencia de la pretensión
única declarativa, se condene al señor BERNARDO MORENO VILLEGAS
al pago de la suma de $224´970.562,06 a favor del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, en tanto esta cifra fue
pagada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República como consecuencia de la sentencia ejecutoriada de segunda
instancia de fecha 15 de febrero de 2017, proferida en el proceso con
radicado 11001333103720110021100 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

El valor de la actualización de la suma reclamada a marzo de 2019 es
$238.906.375,63.

SEGUNDA DE CONDENA. Que la suma objeto de condena se actualicen
tomando como base el índice de precios al consumidor, desde la fecha en
que se realizó el pago por parte del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, pago realizado el 24 de abril de 2017.

TERCERA DE CONDENA. Que la sentencia que ponga fin al presente
proceso preste mérito ejecutivo, y que se ordene que los pagos se
efectúen en la oportunidad prevista en el ordenamiento jurídico.

CUARTA DE CONDENA. Que se condene en costas y agencias en
derecho a la parte demandada, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.” (fls. 3 a 4 cdno. 1 - mayúsculas sostenidas y negrillas
del texto original).

2 Fls. 1 a 38 cdno. ppal.

3

Expediente 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812)
Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Repetición
Sentencia de única instancia

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El señor Sigifredo de Jesús Pérez Espinosa, quien se desempeñó como
magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, junto con
su familia, instauró demanda de reparación directa en contra, entre otras entidades,
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y el
hoy extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con el propósito de
que se les declarara patrimonial y extracontractualmente responsables por “[….] los
seguimientos, interceptaciones, asedio, desprestigio, entre otras conductas ilegales
[…] realizadas en su contra”3.

2) La referida demanda fue conocida en segunda instancia por la Subsección C de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien, en
sentencia del 15 de febrero de 2017, declaró la responsabilidad patrimonial del
Departamento Administrativo de Seguridad DAS4 y del DAPRE por los perjuicios
causados al señor Sigifredo de Jesús Pérez Espinosa y su familia; de manera que,
las condenó a pagar en favor de los actores del respectivo proceso una
indemnización por concepto de perjuicios morales y daño emergente, de la cual el
DAPRE reconoció y pagó el cincuenta por ciento (50%)5.

3) En cumplimiento de la anterior providencia, la Dirección de Operaciones del
DAPRE mediante Resolución no. 224 de 30 de marzo de 2017 ordenó pagar la
suma de doscientos veinticinco millones veintinueve mil setecientos noventa y seis
pesos con seis centavos ($225.029.796,06) en favor de los demandantes del
proceso de reparación directa, lo cual se efectuó el 24 de abril de 2017 a través de
transferencia bancaria.

3 Fl. 8 cdno. ppal.
4 Sucedido procesalmente por la Fiduciaria La Previsora SA – Fiduprevisora.
5 Hecho décimo de la demanda (fl. 10 cdno. ppal.).

4

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Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Repetición
Sentencia de única instancia

4) Se debe declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual del señor
Bernardo Moreno Villegas, quien, en el ejercicio del cargo de director del DAPRE6,
incurrió en la conducta dolosa contemplada en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley
678 de 2001, esto es, “haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de
dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad
patrimonial del Estado”.

5) En efecto, el demandado, entre otros hechos censurables, fue la persona que
ordenó la interceptación ilegal de las comunicaciones personales del señor Sigifredo
de Jesús Pérez Espinosa, hecho por el cual la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia en sentencia del 28 de abril de 2015 lo declaró penalmente
responsable como autor de los delitos de concierto para delinquir, abuso de función
pública y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y determinador del delito
de violación ilícita de comunicaciones; asimismo, la Procuraduría General de la
Nación en decisión de única instancia proferida el 1º de octubre de 2010 en el
expediente IUS 2009-57515 lo declaró disciplinariamente responsable y lo sancionó
con destitución e inhabilidad general por dieciocho (18) años.

6) La conducta del demandado Bernardo Moreno Villegas, calificada como dolosa
por la autoridad penal competente, fue el factor determinante que motivó la
declaración de responsabilidad patrimonial extracontractual del DAPRE y por la cual
fue obligada a reconocer una indemnización por perjuicios morales y daño
emergente, sumas de dinero que deben ser pagadas por el accionado a través del
medio de control judicial de repetición.

3. Contestación de la demanda

Mediante escrito radicado el 23 de marzo de 2021, el señor Bernardo Moreno
Villegas, por conducto de apoderado, contestó la demanda con oposición a las
pretensiones7 por estimar lo siguiente:

6 El señor Bernardo Moreno Villegas fue nombrado director del DAPRE mediante Decreto 2292 de

19 de julio de 2004 y ocupó este cargo hasta el 6 de agosto de 2010 (hecho primero de la demanda
• fl. 7 cdno. ppal.).
7 Fls. 1 a 34, índice 54 SAMAI.

5

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1) El único fundamento que tiene el DAPRE para endilgarle una conducta dolosa
radica en la condena penal impuesta en providencia del 28 de abril de 2015; sin
embargo, dicha decisión fue impugnada y mediante auto no. AP3459-2020 del 2 de
diciembre de 2020 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la
admitió de conformidad con los parámetros trazados por la Corte Constitucional en
sentencia SU-146 de 2020 para la aplicación de la doble conformidad judicial; en
consecuencia, como no se ha resuelto dicha impugnación no puede tenerse la
referida decisión penal como soporte de la repetición.

2) Se cumplen los presupuestos para la suspensión del proceso de repetición por
cuanto se acredita la incidencia definitiva y directa de la decisión que se adopte en
el proceso penal.

3) La Sección Segunda del Consejo de Estado a través de providencia del 12 de
septiembre de 2019 declaró la nulidad del acto administrativo dictado por la
Procuraduría General de la Nación -mediante el cual fue declarado
disciplinariamente responsable-, en ese orden no puede valorarse su contenido
para concluir la existencia de una conducta dolosa.

4) La sentencia de segunda instancia dictada en el proceso de reparación directa
por la cual se declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual del DAPRE no
debía fundarse en la providencia del 28 de abril de 2015 proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues, dicha prueba no fue
aportada al referido proceso; por el contrario, es evidente que se tuvo como un
“hecho notorio” la existencia de la condena penal que no pudo ser controvertida y,
en todo caso, lo cierto es que, en la actualidad no se ha resuelto la “impugnación
especial” formulada contra dicha decisión.

5) La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el proceso de reparación directa condenó al DAPRE con sustento
en una sentencia penal condenatoria que no reposaba en dicho expediente, por
consiguiente, la defensa precaria de la entidad demandante en dicho proceso que
permitió tener como “hecho notorio” la decisión penal no puede ser imputada al
demandado en repetición.

6

Expediente 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812)
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6) No tuvo ninguna injerencia en los hechos por los cuales el DAPRE fue
condenado, de la sentencia penal allegada al expediente de la referencia se
desprende que no inició, promovió, generó o produjo las acciones que la entidad
realizó junto con el DAS y que dieron lugar a la responsabilidad extracontractual de
aquellas; en contraste, la condena en contra del DAPRE provino de la conducta de
otros funcionarios que no fueron demandados.

7) Aunque la sentencia penal condenatoria dictada en su contra tiene efectos de
cosa juzgada, es posible que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia modifique dicha decisión por virtud de la impugnación presentada; por lo
tanto, no se encuentra demostrada la supuesta conducta dolosa.

8) En cualquier caso, corresponde al DAPRE demostrar el porcentaje de incidencia
del demandado en la declaración de responsabilidad extracontractual de la entidad
y la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

4. Trámite de única instancia

1) En el escrito de contestación de la demanda8, la apoderada del demandado
solicitó la suspensión del proceso porque se reclama la responsabilidad patrimonial
del señor Bernardo Moreno Villegas únicamente a partir de la sentencia penal
condenatoria proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia del 28 de abril de 2015 respecto de la cual se instauró impugnación especial
que, para aquel momento no se había decidido.

Por auto del 7 de julio de 2023 el magistrado ponente negó la petición de suspensión
porque la impugnación especial instaurada en contra de la sentencia condenatoria
no altera el carácter de cosa juzgada que aquella ostenta de conformidad con lo
expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-146 de 2020; además, el
referido fallo penal no constituye el único fundamento jurídico de la demanda porque
también se hizo alusión a la decisión del 1º de octubre de 2010 emitida por la
Procuraduría General de la Nación, que determinó la responsabilidad disciplinaria

8 Índice 54 SAMAI

7

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Repetición
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del demandado9.

2) El 19 de febrero de 2024 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo
180 del CPACA10 y se fijó el litigio en los siguientes términos:

“Se concluye que el objeto de la controversia es definir si el señor
Bernardo Moreno Villegas es o no patrimonialmente responsable, a título
de dolo, por la condena impuesta en el marco del proceso iniciado en
ejercicio del medio de control jurisdiccional de reparación directa con
radicación número 11001-33-31-037- 2011-00211-01 interpuesto por el
señor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y otros en contra del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el extinto
Departamento Administrativo de Seguridad (en el presente asunto operan
las presunciones de la Ley 678 de 2001 por cuanto los hechos acaecieron
en el año 2011)” (índice 138 SAMAI).

3) La entidad demandante solicitó el decreto y práctica de medidas cautelares
consistentes en el embargo de los bienes inmuebles de propiedad del demandado
y la inscripción de la demanda11, las cuales fueron decretadas en proveído del 9 de
septiembre de 201912 y finalmente fueron cumplidas13.

4) El 8 de febrero de 2021, el demandado manifestó su intención de prestar caución
sobre el valor de las pretensiones contenidas en la demanda para obtener el
levantamiento de las medidas cautelares decretadas14; este requerimiento fue
aceptado en auto del 28 de noviembre de 2022; de modo que, la caución prestada
fue por valor de doscientos treinta y nueve millones de pesos ($239.000.000)15.

5) Por auto proferido el 7 de mayo de 202516 se corrió traslado a las partes para que
presentaran las alegaciones de conclusión por el término común de diez (10) días
y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto, periodo en
el cual las partes expresaron lo siguiente:

9 Índice 113 SAMAI.
10 Índice 138 SAMAI.
11 Fls. 27 a 31 cdno. ppal.
12 Fls. 41 a 44 cdno. ppal.
13 Fls. 109 a 154 vlto. cdno. ppal.
14 Índice 51 SAMAI.
15 Índice 86 SAMAI.
16 Índice 191 SAMAI.

8

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a) El DAPRE17 reafirmó los argumentos expuestos en la demanda y concluyó que
la conducta del señor Bernardo Moreno Villegas, calificada como dolosa por el
órgano de cierre de la justicia penal, fue el factor determinante por el cual la entidad
fue declarada patrimonialmente responsable en el proceso de reparación directa
promovido en su momento por el señor Sigifredo Espinosa Pérez y su familia.

b) El demandado Bernardo Moreno Villegas18, por conducto de su apoderada,
insistió en los argumentos de defensa planteados en la contestación y estimó que
no existe fundamento para declarar su responsabilidad por los hechos que dieron
origen a la condena impuesta al DAPRE.

c) Por su parte, el Ministerio Público19 rindió concepto en el que pidió acceder a las
súplicas de la demanda por estimar que se encuentran satisfechos los elementos
objetivo y subjetivo para la procedencia del medio de control judicial repetición,
pues, se demostró que el señor Bernardo Moreno Villegas fue declarado
penalmente responsable por los mismos hechos que dieron lugar a la declaración
de responsabilidad extracontractual de la entidad demandante; en ese orden,
correspondía al demandado desvirtuar la presunción contenida en el numeral 4 del
artículo 5 del texto original de la Ley 678 de 2001, lo cual no aconteció.

6) Mediante auto del 17 de julio de 2025 se ordenó oficiar a la Secretaría de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que allegara copia de la
providencia del 7 de mayo de 2025 proferida en el proceso penal de única instancia
identificado con el número de radicación 110010204000201101368-02 (interno
36.784), por la cual se resolvió la impugnación especial presentada por el señor
Bernardo Moreno Villegas en contra de la sentencia condenatoria proferida el 28 de
abril de 2015, junto con la constancia de ejecutoria de dicha providencia. Los
referidos documentos se aportaron al expediente el 12 de agosto y el 14 de agosto
de 202520 y se cumplió el respectivo traslado a las partes por el término común de
tres días, durante el cual guardaron silencio21.

17 Índice 195 SAMAI.
18 Índice 196 SAMAI.
19 Índice 197 SAMAI.
20 Índices 205 y 208 SAMAI.
21 Índice 212 SAMAI.

9

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) prelación de fallo, 2) objeto de la
controversia y anuncio de la decisión, 3) análisis del caso, 4) conclusión y, 5)
condena en costas.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los
términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto
en el cual pasaron los expediente al despacho, no obstante, el artículo 18 también
autoriza la modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”22,
de igual manera, el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 23 permitió que las
denominadas altas cortes y los tribunales establecieran un orden de carácter
temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia.

En este asunto sometido a consideración de la Sala, el objeto del litigio corresponde
a una repetición en contra de un exfuncionario público, tema que en virtud de su
naturaleza la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sesión y en el acta no.

22 El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 preceptúa: “ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es

obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan
pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los
casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la
naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia
jurídica y trascendencia social (…).”.
23 El artículo 16 A, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, prevé: “Cuando existan

razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el
caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de
asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia,
las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo
Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser
tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el
Procurador General de la Nación (…) Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las
Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la
Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos
de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente
de los proyectos de sentencia (…)”.

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Expediente 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812)
Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Repetición
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15 del 5 de mayo de 200524 consideró que debía dársele prelación, motivo por el
cual, con fundamento en las normas previamente citadas y la referida acta, la
Subsección se encuentra habilitada para emitir fallo de manera anticipada.

2. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) Presentada la demanda de manera oportuna25, el objeto de la controversia
consiste en determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle
responsabilidad patrimonial personal, a título de repetición, al señor Bernardo
Moreno Villegas en la condición de exdirector del DAPRE con ocasión de la condena
impuesta a la entidad demandante en el marco del proceso de reparación directa
identificado con el número de radicación 11001-33-31-037-2011-00211-00 iniciado
por el señor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y otros.

2) La parte demandante invoca la presunción consagrada en el numeral 4 del
artículo 5 de la Ley 678 de 2001 -sin la modificación introducida por el artículo 39
de la Ley 2195 de 2022-, esto es, haber sido penal o disciplinariamente responsable
a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de base para la declaración de
responsabilidad patrimonial del Estado.

3) Para lo anterior, la Sala determinará, en primer lugar, si los elementos objetivos
del medio de control judicial de repetición se hallan acreditados y, posteriormente,
si se encuentra demostrado el supuesto de hecho para que opere la presunción de
dolo alegada y que llevó a la causación del daño antijurídico por el cual el DAPRE
tuvo que pagar una indemnización de perjuicios en favor de un tercero y, si como
consecuencia de ello se le deben reembolsar las sumas de dinero que aduce en su
momento pagó.

24 Mediante la cual la Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los eventos de

repetición podían fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo.
25 El literal I) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 establece que la demanda de repetición debe

presentarse dentro de los dos años siguientes al día en que efectivamente se realice el pago de la
condena o, a más tardar, contados desde el vencimiento del plazo con el que cuenta la
administración para efectuar dicho pago. En este caso objeto de estudio, la sentencia condenatoria
quedó ejecutoriada el 10 de marzo de 2017 (fls. 162 cdno. 2), el pago de la condena se hizo el 24
de abril de 2017 (fl 40 cdno. 2); de modo que, la entidad demandante tenía plazo hasta el 25 de abril
de 2019 para presentar la demanda de repetición y como esta fue radicada el 12 de abril de 2019 (fl.
1 cdno. 2) se interpuso dentro del término legal.

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4) En ese sentido, la Sala declarará la responsabilidad patrimonial del demandado
por encontrarse acreditados los elementos requeridos para la prosperidad del medio
de control judicial de repetición ejercido con la demanda que dio origen al proceso
de la referencia.

3. Análisis del caso

3.1 Generalidades del medio de control judicial de repetición

El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado a
reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el
resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este 26; de igual
manera, la figura ha tenido desarrollo legal en la Ley 678 de 2001 y la Ley 1437 de
2011.

En tal virtud la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los
presupuestos para la prosperidad del medio de control judicial de repetición, a
saber: i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular;
ii) el pago efectivo a la víctima del daño, iii) la calidad de agente estatal del
demandado, y iv) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del
agente como factor determinante de la condena.

3.2 La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio

Para la Sala no hay duda sobre la existencia de una condena judicial impuesta en
contra de la parte demandante consistente en el pago de una suma de dinero, pues,
obra en el expediente copia de la sentencia del 15 de febrero de 2017 dictada por
la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en el proceso de reparación directa con radicación no. 11001-33-31-037-2011-
00211 que, en segunda instancia, modificó el fallo proferido el 27 de julio de 2015
por el Juzgado Veintiuno Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de

26 Constitución Política de Colombia, artículo 90, inciso segundo: “(…) en el evento de ser condenado

el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.

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Expediente 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812)
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Sentencia de única instancia

Bogotá mediante la cual declaró patrimonial y extracontractualmente responsable al
DAPRE y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)27 por los perjuicios
causados al señor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y a sus familiares, por
haberse demostrado que este, en la condición de magistrado de la Corte Suprema
de Justicia, “fue víctima de interceptaciones ilegales, indebido monitoreo a su vida
privada, injusta campaña de desprestigio y sabotaje, entre otros actos de indebida
persecución”28 por parte de agentes que pertenecían a las citadas entidades y,
como consecuencia fueron condenadas al pago de indemnización por concepto de
daño emergente y perjuicios morales, providencia que adquirió firmeza el 10 de
marzo de 201729.

3.3 La acreditación del pago

Respecto del pago de la condena, la actuación se soporta en los siguientes
documentos:

1) La sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de reparación directa
condenó al Departamento Administrativo de Seguridad DAS -sucedido
procesalmente por la Fiduciaria La Previsora SA y al Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República al pago de indemnización por perjuicios
equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de
Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez por concepto de perjuicios morales; en favor de
María Elena Tirado Uribe, Juan Pablo Espinosa Tirado y Mónica Espinosa Tirado
cien salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno por concepto de
perjuicios morales; en favor de Rosalyn Peña Hernández y Bladimir Cuadro Crespo
la suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para
cada uno, e indemnización por daño emergente por la suma equivalente a cincuenta
millones de pesos ($50.000.000) en favor del señor Sigifredo de Jesús Espinosa
Pérez (fl. 155 cdno. 2).

27 La Fiduciaria La Previsora fue reconocida como sucesora procesal de esta entidad.
28 Fl. 141 vlto. cdno. 2.
29 Fls. 162 cdno. 2

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De la indemnización reconocida, el DAPRE asumió el pago del 50% de las sumas
ordenadas conforme se extrae de las consideraciones expuestas en la Resolución
no. 224 de 30 de marzo de 2017 (fl. 44 cdno. 2) equivalente a doscientos veinticuatro
millones ciento ochenta y tres mil quinientos noventa pesos ($224.183.590) por
capital y ochocientos cuarenta y seis mil doscientos seis pesos ($846.206,06) por
intereses moratorios.

2) Resolución número 224 de 30 de marzo de 2017 a través de la cual la
subdirectora de operaciones del DAPRE, en cumplimiento de la sentencia dictada
el 5 de febrero de 2017 por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dispuso el pago de doscientos veinticinco millones
veintinueve mil setecientos noventa y seis pesos con seis centavos
($225.029.796,06) en favor del señor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y sus
familiares por concepto de indemnización de perjuicios morales, daño emergente e
intereses moratorios30.

3) Certificado del 24 de abril de 2017, mediante el cual el coordinador del grupo de
pagaduría del DAPRE puso de presente que, en dicha fecha, en cumplimiento de la
mencionada sentencia judicial proferida el 15 de febrero de 2017 por la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la entidad pagó la suma de
doscientos veinticinco millones veintinueve mil setecientos noventa y seis pesos con
seis centavos ($225.029.796,06)31.

4) Los elementos antes reseñados constituyen, en su conjunto, pruebas idóneas y
suficientes para demostrar que el DAPRE pagó a los beneficiarios de la sentencia
dictada en el proceso de reparación directa no. 2011-00211 el monto de doscientos
veinticinco millones veintinueve mil setecientos noventa y seis pesos con seis
centavos ($225.029.796,06), postura que es acorde con lo establecido por esta
Subsección que, en oportunidades anteriores ha afirmado que no existe disposición
legal que exija como prueba que la constancia del pago deba provenir del acreedor

30 Fls. 43 a 45 cdno. 2.
31 Fl. 40 cdno. 2.

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y que otros medios de prueba, tales como documentos públicos con presunción de
autenticidad son suficientes para demostrar el mencionado presupuesto32.

4) De otra parte, respecto del pago realizado por la demandante se precisa que el
medio de control judicial de repetición procede solo por el valor del capital pagado
en cumplimiento de las sentencias condenatorias, no por los intereses moratorios33
los cuales no son imputables al aquí demandado sino al deudor que no satisfizo la
obligación en forma oportuna34; por consiguiente, desde ya debe precisarse que en
caso de encontrarse acreditada la responsabilidad patrimonial personal del
accionado no se podrá incluir el valor de ochocientos cuarenta y seis mil doscientos
seis pesos con seis centavos ($846.206,06), que corresponden a intereses
moratorios.

3.4 La condición de agente estatal del demandado

La Sala encuentra que el demandado Bernardo Moreno Villegas fungió como
director del DAPRE para la época en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a
la condena judicial en contra de la aquí actora, aspecto que se verifica con el
certificado suscrito por el jefe del área de talento humano de la entidad (fl. 82
cdno.2)35.

3.5 Calificación de la conducta del demandado

Frente a la posibilidad de catalogar la conducta de Bernardo Moreno Villegas como
dolosa conforme a la presunción contenida en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, expediente

número 45522, MP Martín Bermúdez Muñoz.
33
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de mayo de 2011, expediente
número 37.419, MP Danilo Rojas Betancourt; sentencia del 31 de mayo de 2024, expediente número
53.480, MP Fredy Ibarra Martínez, sentencia del 28 de abril de 2025, expediente no. 71.907, MP
Fredy Ibarra Martínez, entre otras.
34 El parágrafo del artículo 11 original de la Ley 678 de 2001, vigente par el momento en que se

presentó la demanda de la referencia, dispuso que: “La cuantía de la pretensión de la demanda de
repetición se fijará por el valor total y neto de la condena impuesta al Estado más el valor de las
costas y agencias en derecho si se hubiere condenado a ellas, del acuerdo conciliatorio logrado o
de la suma determinada mediante cualquier otro mecanismo de solución de conflictos, sin tomar en
cuenta el valor de los intereses que se llegaran a causar.
35 En concreto, el demandado fue director del DAPRE en el periodo del 19 de julio de 2004 al 6 de

agosto de 2010; por su parte, la condena en contra de la aquí demandante ocurrió por los
seguimientos e interceptaciones irregulares a magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante
los años 2007 a 2008.

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678 de 2001 -sin la modificación introducida por el artículo 39 de la Ley 2195 de
2022-, se seguirá el siguiente derrotero: 1) régimen aplicable, 2) hechos probados
y, 3) análisis de la conducta específica del demandado.

3.5.1 Régimen aplicable

1) Para la determinación del régimen legal aplicable en este caso, debe
considerarse que los hechos se relacionan con la posible responsabilidad personal
del señor Bernardo Moreno Villegas quien, según lo señalado en la demanda, en la
condición de Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República (DAPRE) habría actuado de manera dolosa por (i) ordenar o permitir
interceptaciones y seguimientos ilegales entre los años 2007 y 2008, dirigidos a
magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
especial al entonces magistrado Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y, (ii) divulgar
la información obtenida a través de estas actividades irregulares en medios de
comunicación.

2) Como para la fecha de la ocurrencia de esos hechos estaba vigente la Ley 678
de 200136, es posible aplicar las presunciones allí establecidas conforme al principio
de legalidad previsto en el artículo 29 constitucional pues, las conductas solo
pueden juzgarse con base en la ley vigente para el momento en que fueron
cometidas.

3) En ese sentido, el artículo 5 de la Ley 678 de 2001 prevé los eventos en los que
es posible presumir una conducta dolosa del agente o exagente estatal,
presunciones que corresponden a las denominadas “iuris tantum”, esto es, que
pueden ser desvirtuadas probatoriamente.

4) La Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad estimó que
las presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso
a la prueba, no comprometen el debido proceso y no implican atribución de
culpabilidad en cabeza del demandado37; sin embargo, es deber de la entidad

36 Promulgada en el Diario Oficial no. 44.509, de 4 de agosto de 2001.
37 Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002.

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demandante expresar la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave en
orden a permitir que el demandado tenga la oportunidad de ejercer su derecho de
defensa y contradicción frente a un cargo específico, igualmente la entidad
demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la
correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos.

5) Ahora bien, la entidad demandante manifestó que el señor Bernardo Moreno
Villegas incurrió en una conducta dolosa enmarcada en la presunción prevista en el
numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 -sin la modificación introducida por
la Ley 2195 de 2022-, pues, fue declarado disciplinaria y penalmente responsable
por el mismo daño que sirvió de fundamento para la declaración de responsabilidad
extracontractual del DAPRE en el proceso de reparación directa no. 2011-00211.

6) La Sala advierte que hay lugar a declarar la responsabilidad del aquí demandado
porque se acreditó el supuesto de hecho para que opere la presunción contemplada
en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, tal como se explicara a
continuación.

3.5.2 Hechos probados

Las pruebas válidamente recaudadas38 demuestran los siguientes hechos
relevantes para la decisión del caso:

1) El 1º de octubre de 2010, la Procuraduría General de la Nación profirió fallo de
única instancia39 en el expediente disciplinario identificado con el número de
radicación IUS 2009-57515 IUDC D 2010 - 4 - 105231, en el cual declaró
disciplinariamente responsable, entre otras personas, a Bernardo Moreno Villegas

38 En la audiencia inicial celebrada el 19 de febrero de 2024 (índice 138 SAMAI) se decretaron como

pruebas los documentos allegados por la parte demandante (fls. 39 a 379 cdno. 2 pruebas), los
documentos aportados y solicitados por el demandado Bernardo Moreno Villegas (índice 54 y 60
SAMAI), a su vez, mediante auto del 17 de julio de 2025 se ordenó librar comunicación a la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se allegara en archivo electrónico la
sentencia del 7 de mayo de 2025 proferida dentro del proceso penal de única instancia identificado
con el número de radicación interno 36.784, CUI 110010204000201101368-02 seguido en contra del
señor Bernardo Moreno Villegas, entre otras personas, por la cual se resolvió la impugnación
especial 59.001 (magistrado ponente José Joaquín Urbano Martínez), documental cuyo traslado se
aseguró a las partes en la oportunidad pertinente.
39 Archivos 172 a 175 índice 150 SAMAI.

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en la condición de Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y, en consecuencia, lo sancionó con destitución e inhabilidad general por
veinte (20) años para ejercer cargos públicos por la violación de los deberes y
prohibiciones establecidas en los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2022, por
haberse demostrado que impartió instrucciones para la realización de una reunión
el 24 de abril de 2008 en la Casa de Nariño con servidores públicos del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Unidad de Información y
Análisis Financiero (UIAF), “atribuyéndose para sí la función de autoridad
competente que no poseía”40, “con la finalidad de enterarse sobre información
reservada acerca del señor Ascencio Reyes y el viaje de magistrados de la Corte
Suprema de Justicia a Neiva”41 en el año 2006, con lo cual se extralimitó en sus
funciones.

2) El aquí demandado presentó demanda de nulidad y restablecimiento contra la
anterior decisión y la Sección Segunda del Consejo de Estado en providencia de
segunda instancia42 dictada el 12 de septiembre de 201943 en el expediente no.
11001032500020110031400 (no. interno 1194-2011) declaró la nulidad parcial de
los actos administrativos sancionatorios emitidos por el procurador general de la
Nación44 respecto de la responsabilidad disciplinaria y la sanción impuesta al señor
Moreno Villegas como director del DAPRE45 y, a título de restablecimiento del
derecho ordenó a la Procuraduría General de la Nación y a la Presidencia de la
República cancelar el registro de la sanción, por las consideraciones que en lo
pertinente se citan a continuación:

“En la motivación del acto administrativo sancionatorio que determinó la
responsabilidad disciplinaria del demandante, el procurador general de la
Nación fue enfático en afirmar que el cargo único imputado al actor versó
sobre el hecho de que «BERNARDO MORENO VILLEGAS en su calidad
de Secretario General de la Presidencia de la República, al parecer se

40 Fl. 20 archivo “175_RECIBEMEMORIAL_RESPUESTA_FALLOPARTE4PDF_20240319171239.

pdf”, índice 150 SAMAI.
41 Fl. 23 archivo “175_RECIBEMEMORIAL_RESPUESTA_FALLOPARTE4PDF_20240319171239.

pdf”, índice 150 SAMAI.
42 Magistrado Ponente William Hernández Gómez.
43Archivo “Sentencia CE del 12092019.pdf” enlace contenido en el archivo
“Ar48RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CONSTANCIARECIBIDO49482(.PDF
), índice 54 SAMAI.
44 La referida providencia declaró la nulidad parcial del acto administrativo del 1º de octubre de 2010,

por medio del cual se impuso una sanción disciplinaria y, del acto administrativo del 19 de noviembre
de 2010 que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del primero y confirmó la sanción.
45 Decreto 413 de 14 de febrero de 2011 expedido por el presidente de la República.

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extralimito [sic] en sus funciones, al realizar el día 24 de abril de 2008, una
reunión en la Casa de Nariño con funcionarios del Departamento
Administrativo de Seguridad y funcionarios de la Unidad de Análisis
Financiero UIAF, con el fin de enterarse sobre información reservada,
relacionada con el señor ASCENCIO REYES». A partir de esto, consideró
que la base probatoria de la imputación quedaba circunscrita a esos
hechos, a los cuales le dio relevancia para predicar el incumplimiento de
deberes, que condujeron al abuso de la función pública y violación del
derecho a la intimidad por parte del disciplinado.
Es más, la autoridad disciplinaria explicó de forma minuciosa el alcance
de la imputación efectuada, para lo cual delimitó considerablemente el
objeto de la reunión: «el cargo fue preciso al limitar el conocimiento por
parte del señor BERNARDO MORENO VILLEGAS, de información
reservada sobre el señor ASCENCIO REYES, por parte de funcionarios
de la UIAF y del DAS. Nunca se mencionó dentro de la redacción del
cargo información sobre personas diferentes a las citadas en la tipicidad
disciplinaria elevada». [Negrillas fuera de texto].

Ahora bien, efectuada dicha concreción fáctica en el cargo formulado, el
procurador general de la Nación sostuvo en la decisión sancionatoria que
la intención del demandante al indagar por el señor Ascencio Reyes
Serrano era revelar sus presuntos vínculos con el narcotráfico y
relacionarlo con la Corte Suprema de Justicia para así desprestigiar al alto
tribunal. No obstante, esa afirmación solo fue una inferencia, pues en el
proceso disciplinario no hubo prueba de ella, y ello fue lo que sustentó el
cargo disciplinario por el que finalmente fue sancionado el señor Bernardo
Moreno Villegas. En efecto, las faltas gravísimas que la Procuraduría
atribuyó al actor estuvieron ligadas, solamente, al abuso y desviación de
sus funciones al convocar a la reunión antes mencionada y al obtener
información con la vulneración del derecho a la intimidad del señor Reyes
Serrano, pero no se observan las razones ni mucho menos las pruebas
de la supuesta intención de indagar y relevar determinada información.

(…).

En el presente caso, y en atención a lo que únicamente demostró la
Procuraduría General de la Nación, el demandante, en la reunión del 24
de abril de 2008 en la Casa de Nariño, solo recibió información de la UIAF
y esta no tuvo carácter reservado. En tal forma, el cargo disciplinario se
circunscribió a la participación o iniciativa que tuvo Moreno en dicha
reunión, pero no se relacionaron otras conductas, entre ellas, por ejemplo,
como las que fueron sancionadas penalmente. De esa manera, no hay
prueba suficiente de que de la referida reunión se haya derivado un abuso
de poder o desviación de poder o, como dice la ley penal, abuso de
funciones públicas (artículo 428 C. P.).” (fls. 42 a 43 archivo “Sentencia
CE del 12092019.pdf” enlace contenido en el archivo
“Ar48RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CONSTAN
CIARECIBIDO49482(.PDF), índice 54 SAMAI -negrillas y mayúsculas
sostenidas del texto original).

3) Por su parte, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia46 en
sentencia del 28 de abril de 2015 dictada en el proceso no. 36.784 declaró

46 Magistrados Ponentes Fernando Alberto Castro Caballero y Eugenio Fernández Carlier.

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penalmente responsable al señor Bernardo Moreno Villegas, a título de dolo47, como
autor del delito de concierto para delinquir simple, determinador de plurales delitos
de violación ilícita de comunicaciones, y autor del delito de abuso de función pública
y de varios punibles de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto 48.

En dicha providencia se estableció que el señor Bernardo Moreno Villegas, entre
los años 2007 a 2008, en la condición de director del DAPRE le ordenó a la directora
del DAS de aquella época “el despliegue de actividades de inteligencia sin razón
legitima”49 en contra de magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, las cuales, en efecto, se materializaron a través de “infiltración
de personal para obtener grabaciones de las sesiones reservadas de la
Corporación”, “seguimientos patrimoniales y consultas en base de datos reservadas
a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia” 50, el aquí demandado a su
vez convocó reuniones “para evaluar la información”51 obtenida.

Las conductas reprochadas al señor Bernardo Moreno Villegas, que afectaron a
quienes para aquella época ejercían los cargos de magistrados de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se describieron en la imputación
fáctica así:

“Estos hechos, en lo que atañe a la Corte Suprema de Justicia, no pueden
ser desligados de la realidad que vivía el país para finales del año 2007,
pues en esos momentos existía un público y notorio enfrentamiento del
Presidente de la República con el Alto Tribunal, cuando esta Corporación
adoptaba trascendentales decisiones que declaraban o investigaban la
relación de algunos congresistas con los paramilitares.

Muestra de las actividades que desarrollaba la Sala Penal de la Corte en
esa materia para ese momento, es el auto del 26 de septiembre de 2007,
mediante el cual se abrió instrucción formal al entonces Senador Mario
Uribe Escobar por sus presuntos vínculos con grupos ilegales de
autodefensa (radicado 27.918).

Tal fue el contexto de las acciones perpetradas en contra del Máximo
Tribunal, que además no obedecieron a un plan aislado de algunos
funcionarios del DAS de menor o mediano rango, sino a uno direccionado
por el Secretario General de la Presidencia, doctor Bernardo Moreno

47 Las conductas punibles que le fueron atribuidas al señor Bernardo Moreno Villegas y por las cuales

fue declarado penalmente responsable solo admiten esta modalidad.
48 Fls. 208 a 348 cdno. 2.
49 Fl. 209 vlto. cdno 2 anexo.
50 Fl. 209 vlto. cdno. 2 anexo.
51 Fl. 209 cdno. 2 anexo.

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Villegas y la entonces directora del organismo de inteligencia María del
Pilar Hurtado y su Jefe de Inteligencia, el capitán Fernando Alonso
Tabares Molina, afirmación que se sostiene en la siguiente sucesión de
acontecimientos en el tiempo:

(…).

• En noviembre de 2007 el Secretario General de la Presidencia Bernardo
Moreno Villegas, acopió información sobre el viaje de los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia a Neiva en junio de 2006, solicitando la
documentación del vuelo chárter a la empresa Satena.
Acto seguido, el doctor Moreno Villegas ordenó al Departamento
Administrativo de Seguridad DAS y a la Unidad de Información y Análisis
Financiero UIAF, que se desplegaran indagaciones sobre una supuesta
infiltración de la Corporación por personas al margen de la ley, a partir de
los documentos que le fueron remitidos por Satena.

-El 21 de noviembre de 2007 Bernardo Moreno le entregó al director de
la UIAF, Mario Aranguren Rincón, documentos relacionados con el viaje
de algunos de sus magistrados a Neiva en junio de 2006, ordenándole
que averiguara qué irregularidades existían.

En ese mismo mes y año el doctor Moreno Villegas le ordenó a la
directora del DAS, María del Pilar Hurtado que averiguara los eventuales
vínculos entre Ascencio Reyes y magistrados de la Corte, para lo cual la
directora impartió directrices al Subdirector de Contrainteligencia Jorge
Alberto Lagos León, en el sentido de establecer quien era Ascencio Reyes
y su posible vinculación con organizaciones del narcotráfico, además de
verificar el vuelo chárter y el agasajo en Neiva para junio de 2006.

(…).

• A partir de las órdenes recibidas, María del Pilar Hurtado Afanador como
directora del DAS y el director de la UIAF, desplegaron operaciones
dirigidas a recopilar la información que fuera necesaria sobre los
presuntos vínculos ilegales de magistrados, supuestamente por la
participación del señor Ascencio Reyes Serrano en el mentado homenaje
en Neiva y su financiación del vuelo fletado para el efecto en la aerolínea
Satena.

En desarrollo de estas órdenes, el DAS a través de diversas
dependencias, entre otras tareas, desplegó detectives a varios lugares del
país para recolectar información sobre los viajes de los Magistrados,
llegando incluso a contactar fuentes humanas, elaboró perfiles de los
magistrados que se consignaban (sic) para algunos de ellos, además de
sus datos, la posición ideológica frente al gobierno nacional.

(…).

-El 21 de abril de 2008 la directora María del Pilar Hurtado Afanador
ordenó a Jorge Alberto Lagos León visitar en su oficina de la Casa de
Nariño a César Mauricio Velásquez, Jefe de Prensa de la Presidencia de
la República, informándole sobre los avances del caso ‘Paseo’.
-El 24 de abril de 2008 Bernardo Moreno Villegas, se reunió en su oficina
de la casa de Nariño para tratar el tema de Ascencio Reyes Serrano, con
María del Pilar Hurtado Afanador, Directora del DAS, Jorge Alberto Lagos

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León, subdirector de Contrainteligencia del DAS, Astrid Liliana Pinzón,
asesora de la dirección general de la UAIF y Juan Carlos Riveros Cubillos,
analista de la UAIF.

-El 25 de abril de 2008 el Secretario General Moreno Villegas
nuevamente se reunió en su oficina con María del Pilar Hurtado, quien
estuvo acompañada por Fernando Alonso Tabares Molina, director
general de Inteligencia y Jorge Alberto Lagos León, subdirector de
Contrainteligencia, en la que también participaron el secretario jurídico,
Edmundo del Castillo, y los asesores José Obdulio Gaviria y Jorge Mario
Eastman, donde se trató el tema de la supuesta asistencia de Ascencio
Reyes a la posesión del Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana,
en la Casa de Nariño, y determinar si la persona que aparecía en una
fotografía, al lado del Fiscal, era Ascencio Reyes Serrano, para remitirla
a la revista Semana.

-El sábado 26 de abril de 2008 la revista Semana publicó el artículo ‘El
mecenas’ de la justicia, donde se dio a conocer buena parte de la ilegal
información de inteligencia sobre Ascencio Reyes, en el sentido de
señalar los supuestos vínculos económicos de este último con una
persona extraditada por narcotráfico, así como que habría sufragado los
costos del vuelo chárter en el que se desplazaron algunos magistrados de
la Corte Suprema a la ciudad de Neiva en junio de 2006 y su estadía. En
esta publicación también apareció la fotografía que fue debatida el día
anterior en la Casa de Nariño.

Por su parte, el periódico El Tiempo, en su edición de ese mismo 26 de
abril publicó un artículo titulado ‘Nuevas versiones sobre nexos de Giorgio
Sale con miembros de la rama judicial sacuden a la Corte’ y al día
siguiente, domingo 27 de abril de 2008, publicó el artículo ‘Reviven
fantasmas en la Corte Suprema’. En estas publicaciones también se
destaca la información de los supuestos vínculos ilegales de Ascencio
Reyes y haber éste solventado los gastos de los magistrados a la ciudad
de Neiva.” (fls. 209 a 2011 cdno. 2 anexo - negrillas y mayúsculas fijas del
texto original).

4) A partir de la valoración de los medios probatorios recopilados en la actuación
penal, ese alto tribunal determinó que i) Bernardo Moreno Villegas, en la condición
de Director del DAPRE, impartió una serie de instrucciones al DAS para que
realizara labores de inteligencia, “varias de las cuales no se justificaron en motivos
válidos para que el Estado ejerciera esa potestad, o habiéndolos, se desplegaron
mediante acciones ejecutadas al margen de la ley52; ii) la finalidad de estas labores
no era velar por la seguridad nacional sino afectar la imagen de los integrantes de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; en consecuencia, a
pesar de que inicialmente se desarrollaron dichas actividades de inteligencia con el
propósito de verificar si existían vínculos del narcotráfico con algunos magistrados

52 Fl. 299 vlto. cdno. 2

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de la Alta Corporación Judicial53 y de que esta información finalmente no fue
confirmada, los datos que fueron obtenidos a través de estas pesquisas se
divulgaron a los medios de comunicación aunque tenían carácter reservado y, iii)
entregó a dichos medios “la información de inteligencia sin seguir los protocolos que
permiten la difusión de este tipo de datos reservados, algunos de los cuales, su
veracidad, ni siquiera había sido confirmada”54, posteriormente la información debió
ser rectificada por los medios periodísticos por ser mendaz.

En relación con la actividad que se desplegó en la Corte Suprema de Justicia se
encontró demostrada la “infiltración de personal para la obtención de información,
sustracción de expedientes, grabación de las declaraciones recibidas en los
procesos de parapolítica, así como de sesiones de Sala Plena”55, las cuales fueron
conocidas por Bernardo Moreno Villegas, quien además de su obtención irregular
“por los procedimientos utilizados, sino también porque esa labor en nada se

53 La sentencia condenatoria refirió que el entonces director del DAPRE Bernardo Moreno Villegas

de manera autónoma acopió información que dio inicio al denominado “caso paseo” en relación con
un viaje realizado por varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la ciudad de Neiva (Huila)
en el año 2006 en el que se rendiría homenaje a uno de los integrantes de la corporación judicial, el
aquí demandado solicitó documentación del vuelo chárter que los trasladó a dicha ciudad, y
posteriormente ordenó al DAS y a la UIAF que se indagara sobre una supuesta infiltración de la
Corporación por parte de personas relacionadas con el narcotráfico, en particular el señor Ascencio
Reyes, quien, al parecer, había financiado el vuelo.
54 Fl. 299 a 299 vlto. cdno. 2
55 La sentencia penal condenatoria refiere i) la “infiltración de la Corte Suprema de Justicia por

personas (espías) pagadas por el DAS para que obtuvieran cierta información” a través de “un
procedimiento que se denominó el ‘plan escalera’ avalado por la directora del Departamento, el
ordenador del gasto en el DAS y el director nacional de Inteligencia, consistente en escoger una
detective, designación que recayó en Alba Luz Flórez Gélvez para que obtuviera información a través
de personas con acceso a la institución a cambio de fuertes sumas de dinero, siendo uno de los
métodos para hacerse a esos datos la instalación de equipos de audio que grabaran las sesiones de
Sala Plena sin autorización de funcionario alguno de la Corporación (…) para luego, con la
información recopilada, cumplir el ciclo de inteligencia hasta que los datos llegaran a las directivas
del DAS” (fl. 255 vlto. cdno 2). ii) Se encontró demostrado que “para recolectar la información
requerida por las directivas de la entidad, se optó por el procedimiento de reclutamiento de fuentes
humanas, es decir, la búsqueda de perfiles dentro de la [corporación judicial] que estuvieran
dispuestas a brindar información” (fl. 256 cdno. 2), “de dicha fase se encargó la agente Alba Luz
Flórez Gélvez quien creó una ‘fachada’, haciéndose pasar como vendedora de productos de belleza,
rompiendo cualquier vínculo con el DAS” [e indagó] “qué persona conocida suya trabajaba en la
Corte Suprema de Justicia con tan buena suerte que el conductor del Magistrado Auxiliar Iván
Velásquez Gómez, había sido su novio”, “[e]ntonces lo contactó y éste a su vez la relacionó con otro
escolta y con dos mujeres que trabajaban en servicios generales” a quienes entrenó para la
recopilación de la información requerida, “se incentivó a estas personas con el pago de dinero
proveniente del rubro de gastos reservados del DAS o con el obsequio de productos energéticos que
presuntamente Flórez Gélvez distribuía, llegando a entregar en forma gradual hasta ocho millones
de pesos a cada una de las fuentes de acuerdo con la importancia de la información que recopilaran,
datos con los cuales la agente encubierta elaboraba informes y documentos institucionales”, que
luego de reportarse a su jefe inmediato y al director general de inteligencia pasaban a manos de la
directora del DAS quien definía si era relevante para elaborar “el correspondiente documento de
inteligencia que finalmente era difundido a la Presidencia de la República” (fl. 256 vlto. cdno. 2).

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relacionaba ni era útil para establecer la influencia de miembros del narcotráfico en
los magistrados del Alto Tribunal”56, la usó en contra de los integrantes de la
corporación judicial con el propósito de desprestigiarlos.

5) Por los hechos enunciados la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
condenó a Bernardo Moreno Villegas como i) autor del delito de abuso de autoridad
por acto arbitrario e injusto, pues, impartió órdenes arbitrarias e injustas para que
se desplegaran labores de inteligencia contra Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia; ii) autor del delito de abuso de función pública por usurpar una competencia
que le correspondía a otra autoridad “lo cual ocurrió cuando decidió indagar
personalmente sobre el vuelo de algunos magistrados a la ciudad de Neiva,
requiriendo para ello directamente la información a la empresa Satena, habida
cuenta que esa legítima labor de verificación, cuya finalidad era indagar sobre la
financiación por un particular de un homenaje en el que participaron Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, le correspondía a los organismos de inteligencia
legalmente facultados”57 y, iii) determinador del delito de violación ilícita de
comunicaciones, puesto que se demostró que una vez el DAS infiltró personal en la
Corte Suprema de Justicia, el aquí demandado requirió información más concreta
sobre los magistrados de dicha corporación y “accedió a los diálogos,
conversaciones, opiniones y demás manifestaciones propias de los debates de la
Sala Plena” mucho antes de que “las incidencias de tales sesiones se consignaran
en las respectivas actas y las mismas fueran aprobadas por los miembros de la
Corporación”; además, fue receptor de las transcripciones correspondientes a las
sesiones de la Sala Plena grabadas y obtenidas por el DAS y, de no haber mediado
este requerimiento, “los autores de dichas conductas no hubieran dispuesto, ideado
y ejecutado el procedimiento para el logro de dicho propósito”58; a su vez, el aquí
accionado le solicitó al DAS desplegar labores de inteligencia con el fin de
establecer la presunta vinculación de miembros de la Corte Suprema de Justicia
con narcotraficantes en lo que se denominó “caso paseo”; no obstante, el propósito
real de aquello fue la divulgación de los datos obtenidos a la prensa con el fin de
dejar en entredicho la dignidad de los miembros de la Alta Corporación.

56 Fl. 278 vlto. cdno. 2.
57 Fl. 300 cdno. 2-
58 Fl. 311 cdno. 2.

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El señor Bernardo Moreno Villegas igualmente fue condenado como autor del delito
de concierto para delinquir simple por las consideraciones que, en lo pertinente, se
citan a continuación:

“Para la Sala resulta claro que las acciones de inteligencia ilegales que
seguidamente se indican, desplegadas en forma continua por el DAS por
disposición de MARÍA DEL PILAR HURTADO AFANADOR y BERNARDO
MORENO VILLEGAS en representación de la Presidencia de la
República, configuran la materialidad del delito de concierto para
delinquir. Son ellas: el acopio de información de la Corte Suprema de
Justicia en desarrollo del ‘plan escalera’; la divulgación de los datos
recopilados en lo cual se llamó ‘caso paseo’; y el acopio y divulgación de
la información de inteligencia que se obtuvo de Yidis Medina Padilla.

(…). En tanto que frente a las actividades ilegales realizadas contra la
Corte Suprema de Justicia, el concierto para delinquir se infiere a partir de
la forma y reiteración de las conductas ejecutadas, así como del uso que
se le dio a la información obtenida, esto es, su divulgación soterrada a
ciertos medios periodísticos, no obstante que para el momento de la
indebida divulgación ya estaban descartados los motivos y sospechas que
sirvieron de base para disponer las tareas de inteligencia realizadas.”
(Mayúsculas sostenidas del texto original - fl. 321 cdno. 2).

6) Contra la referida decisión59 los señores María del Pilar Hurtado Afanador y
Bernardo Moreno Villegas presentaron impugnación especial60, la cual fue decidida
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia del
7 de mayo de 2025, ejecutoriada en esa misma fecha61, que, en lo concerniente al
aquí demandado, negó la solicitud de nulidad procesal invocada por su abogado
defensor, declaró la preclusión de la actuación penal respecto del punible de abuso
de autoridad por acto arbitrario o injusto y, dejó incólume la condena frente a las
demás conductas punibles dispuesta en la sentencia del 28 de abril de 2015.

7) El señor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez, exmagistrado de la Corte Suprema
de Justicia, fue una de las personas víctimas de las referidas interceptaciones,
seguimientos y divulgaciones ilegales; de manera que, junto con sus familiares, en
ejercicio del medio de control judicial de reparación directa, demandó la
responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación - Departamento

59 Esto es, la sentencia condenatoria del 28 de abril de 2015.
60 Impugnación especial concedida de acuerdo con los parámetros establecidos por la Corte
Constitucional en sentencia SU -146 de 21 de mayo de 2020 (MP Diana Fajardo Rivera, expediente
T-7.567.662).
61 Índice 205 SAMAI.

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Administrativo de Seguridad (DAS), la Unidad de Información y Análisis Financiero
(UIAF), el DAPRE y la Policía Nacional, las cuales debían pagar por los perjuicios
materiales y morales causados “con motivo de los seguimientos, interceptaciones,
asedio, desprestigio, entre otras conductas ilegales realizadas en contra del doctor
Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y miembros de su familia durante los años 2007,
2008, 2009 y 2010”62.

8) La anterior demanda fue conocida en segunda instancia por la Subsección C de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien en
sentencia proferida el 15 de febrero de 2017 declaró la responsabilidad patrimonial
extracontractual del DAS63 y el DAPRE y los condenó solidariamente al pago de
indemnización por perjuicios morales y daño emergente64 en favor de los
demandantes, pues, se demostró que la primera entidad realizó una investigación
irregular por orden del director del DAPRE en contra “del doctor Sigifredo Espinosa,
en razón a su condición de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia”65, para
luego filtrar “la información obtenida a los medios de comunicación, con la finalidad
de desprestigiarlo”66; las consideraciones pertinentes de la decisión son las
siguientes:

“En conclusión al tamiz del acervo probatorio antes reseñado, resulta
imputable al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
DAS y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA, el daño antijurídico infringido (sic) a los aquí
accionantes. Por cuanto evidencia que los actos criminales de los que fue
víctima directa el doctor SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ, se orquestaron
de manera activa, prevalidos de su órbita funcional y de los recursos de

62 Fl. 85 vlto. cdno. 2.
63 Sucedido procesalmente por la Fiduciaria La Previsora SA
64 La sentencia de segunda instancia en el proceso de reparación directa condenó al Departamento

Administrativo de Seguridad DAS -sucedido procesalmente por la Fiduciaria La Previsora SA y al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República al pago de indemnización por
perjuicios equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de
Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez por concepto de perjuicios morales; en favor de María Elena
Tirado Uribe, Juan Pablo Espinosa Tirado y Mónica Espinosa Tirado cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes para cada uno por concepto de perjuicios morales; en favor de Rosalyn Peña
Hernández y Bladimir Cuadro Crespo la suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para cada uno, e indemnización por daño emergente por la suma equivalente a
cincuenta millones de pesos ($50.000.000) en favor del señor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez (fl.
155 cdno. 2). De la indemnización reconocida, el DAPRE asumió el pago del 50% de las sumas
ordenadas conforme se extrae de las consideraciones expuestas en la Resolución no. 224 de 30 de
marzo de 2017 (fl. 44 cdno. 2) equivalente a doscientos veinticuatro millones ciento ochenta y tres
mil quinientos noventa pesos ($224.183.590) por capital y ochocientos cuarenta y seis mil doscientos
seis pesos ($846.206,06) por intereses moratorios.
65 Fl. 148 vlto. cdno. 2
66 Fl. 148 vlto. cdno. 2.

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que disponían para el cumplimiento de sus competencias, por sus
Directores, y en particular en lo que corresponde al DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, por el
doctor BERNARDO MORENO VILLEGAS, de quien encuentra
demostrado impartió las órdenes a la Directora del DAS, para que
adelantara el seguimiento ilegal contra los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, y filtró la información obtenida a los medios de
comunicación para desprestigiar a los funcionarios públicos,
comprometiendo de esta manera la responsabilidad administrativa de esa
entidad.

Así pues, las actuaciones irregulares que acreditan la falla en el servicio
imputadas al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -
DAS y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA, se encuentra plenamente demostradas, y en tal
sentido se procederá a la modificación de la sentencia de primera
instancia, en el sentido se procederá a declarar administrativamente
responsable a estas entidades de los perjuicios causados a los
demandantes con ocasión de su actuar ilegal.
(…).
En secuencia de las valoraciones que anteceden, se encuentra probado
el nexo de causalidad entre los perjuicios cuyo resarcimiento se reclama
y el hecho dañoso imputado a las accionadas. Es así que conforme a la
realidad procesal, aquellos tienen causa eficiente en el actuar irregular de
exfuncionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y del
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA y devienen como resultado de la realización por aquellos, de
actuaciones contraviniendo el ordenamiento a que encontraban sujetos.

En particular, interceptaciones ilegales, indebido monitoreo a la vida
privada, en contra del doctor SIGIFREDO ESPINOSA, filtrando la
información ilegalmente recolectada y sin soporte judicial de los hallazgos
a los medios de comunicación con la única finalidad de desprestigiarle”
(fls. 149 vlto. y 150 cdno. 2 - mayúsculas sostenidas y negrillas del texto
original).

3.5.3 Análisis de la conducta específica del demandado

1) En el contexto antes trazado, corresponde a esta Corporación determinar si se
probó el supuesto de hecho de la presunción alegada por la entidad demandante,
esto es, si es posible inferir una conducta dolosa del señor Bernardo Moreno
Villegas por haber sido declarado disciplinaria o penalmente responsable por el
mismo daño que sirvió de fundamento para la declaración de responsabilidad
extracontractual del DAPRE.

2) En primer lugar, en lo concerniente a la declaración de responsabilidad
disciplinaria, el demandado desvirtuó el supuesto de hecho de la presunción
invocada por la entidad demandante, pues, si bien se demostró que en su momento

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la Procuraduría General de la Nación dictó fallo disciplinario en su contra, dicha
decisión fue anulada por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
providencia del 12 de septiembre de 2019.

3) Sin embargo, lo antedicho no se predica respecto de la condena penal ya que,
se encuentra plenamente probado que aquella se encuentra en firme; por
consiguiente, se aplica el supuesto de hecho contemplado por la presunción
prevista en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001.

En efecto, en el expediente de la referencia se encuentra debidamente acreditado
que el señor Bernardo Moreno Villegas fue declarado penalmente responsable, a
título de dolo, como autor de los delitos de concierto para delinquir simple, abuso de
función pública y determinador del delito de violación ilícita de comunicaciones,
pues, durante los años 2007 a 2008 y mientras fungió como director del DAPRE,
impartió instrucciones a la directora del DAS para adelantar labores de inteligencia
con el propósito de desprestigiar a varios magistrados de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos al exmagistrado Sigifredo de Jesús
Espinosa Pérez67; las actividades del aquí demandado no solo fueron irregulares,
sino que, además, divulgó la información obtenida a los medios de comunicación,
a pesar del carácter reservado que tenían estos datos.

4) Por las actividades ilegales de las cuales fue víctima, el exmagistrado Sigifredo
de Jesús Espinosa Pérez junto con sus familiares demandó en reparación directa al
DAPRE y al Departamento Administrativo de Seguridad DAS y, en providencia
dictada por la jurisdicción contencioso administrativa se estableció la existencia de
una falla del servicio de ambas entidades, en la medida que aquellas, a través de
sus respectivos directores, dispusieron el desarrollo de labores de inteligencia y
seguimiento durante los años 2007 y 2008 a los magistrados integrantes de la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia de aquella época y la divulgación irregular

67 La sentencia condenatoria proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

el 28 de abril de 2015 estableció que por virtud de la orden impartida por el entonces director del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Bernardo Moreno Villegas y, en
relación con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el magistrado Sigifredo
Espinosa “se elaboraron perfiles contentivos de sus datos biográficos, nivel profesional, trayectoria
laboral y un capítulo denominado ‘información disponible’; solo respecto de algunos de ellos se
consignaron datos ideológicos sobre su postura frente al gobierno del expresidente Álvaro Uribe” (fl.
263 vlto, cdno. 2).

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de la información obtenida a los medios de comunicación con el único propósito de
desprestigiarlos y, en consecuencia se declaró la responsabilidad patrimonial
extracontractual y se les condenó solidariamente al pago de la indemnización de
perjuicios.

5) Una revisión de la mencionada decisión penal condenatoria y de la providencia
dictada en el proceso de reparación directa, evidencia que en ellas se hace una
relación de las actividades ilegales de las cuales fue víctima el exmagistrado
Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y cuyo autor y determinador fue el señor
Bernardo Moreno Villegas, condenado penalmente a título de dolo por los mismos
daños que sirvieron de fundamento para declarar la responsabilidad patrimonial
extracontractual del DAPRE.

6) En ese marco fáctico y probatorio, es claro que la entidad demandante demostró
el supuesto de hecho para que opere la presunción contemplada en el numeral 4
del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, la cual no fue desvirtuada por el demandado,
como se explica a continuación:

a) Para el demandado no resulta procedente cimentar el supuesto de hecho de la
presunción de dolo invocada por la entidad demandante en la sentencia penal
condenatoria dictada el 28 de abril de 2015, porque, i) para la fecha en que se
instauró la demanda de repetición la condena aún no había alcanzado ejecutoria
debido a la falta de decisión de la impugnación especial interpuesta en contra de
dicha providencia; ii) la decisión no compromete directamente su responsabilidad y,
por el contrario, las conductas que fueron objeto de reproche penal se realizaron
por otros agentes y, iii) en el proceso de reparación directa en el cual se declaró la
responsabilidad extracontractual y patrimonial del DAPRE no se incorporó como
prueba la sentencia penal; por el contrario, es evidente que, con violación del debido
proceso y del derecho de defensa de las entidades que en su momento fueron
demandadas, aquella se la tuvo como un hecho notorio para hallar
extracontractualmente responsable al DAPRE y al DAS.

b) En relación con lo anterior, la Sala debe precisar que, con independencia del
proceso de reparación directa, la entidad actora en el expediente de la referencia

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sí aportó copia de la sentencia condenatoria proferida en única instancia el 28 de
abril de 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en
contra del señor Bernardo Moreno Villegas, decisión esta con la cual fundamentó el
supuesto de hecho de la presunción de dolo alegada, y que para el momento de la
activación del medio de control jurisdiccional de repetición se encontraba
ejecutoriada y gozaba de la fuerza de cosa juzgada68.

c) Con ocasión de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2018 69 y los
parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU146 de 21 de mayo
de 202070, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a través de
auto de 2 de diciembre de 2020 concedió la impugnación especial presentada por
el sentenciado Bernardo Moreno Villegas71 contra el fallo condenatorio proferido el
28 de abril de 201572, el cual se decidió en providencia del 7 de mayo de 2025,
ejecutoriada en esa misma fecha73, que, como ya fue advertido, únicamente declaró
la preclusión de la actuación penal respecto del punible de abuso de autoridad por
acto arbitrario o injusto y, mantuvo incólume la condena frente a las demás
conductas punibles que le fueron endilgadas.

d) Por lo anterior, la Sala pone de presente que para el momento de la presentación
de la demanda la sentencia condenatoria se encontraba debidamente ejecutoriada
y fue, por virtud de los efectos retroactivos que se otorgaron por vía jurisprudencial74

68 Providencia que se dictó por la Corte Suprema de Justicia por virtud de la facultad conferida por

el numeral 4 del artículo 235 de la Constitución Política de Colombia -parcialmente modificado por el
Acto Legislativo 6 de 2011- que le otorgó el juzgamiento en única instancia de los directores de los
departamentos administrativos por los hechos punibles que se le imputen.
69 “Por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se

implementan el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria”,
publicado en el Diario Oficial no. 50.480 de 18 de enero de 2018.
70 MP Diana Fajardo Rivera.
71 En el mismo auto se concedió la impugnación especial presentada por la también condenada

María del Pilar Hurtado Afanador.
72 Archivo “2. Auto no. AP3469.pdf”, anexos contestación de la demanda, índice 54 SAMAI.
73 Índice 205 SAMAI.
74 Por virtud de los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU146 de

2020 se le otorgó efecto retroactivo a la posibilidad de impugnación de las sentencias condenatorias
dictadas por la Corte Suprema de Justicia en procesos de única instancia contra aforados
constitucionales fallados a partir del 30 de enero de 2014, cuando la Corte Interamericana de
Derechos Humanos fijó el estándar de protección de esta garantía en el caso Liakat Ali Alibux vs.
Surinam, aunque gozaran de legitimidad e intangibilidad por ajustarse al procedimiento legal vigente
para la época en que se profirieron por cuanto habían negado al condenado la posibilidad de
impugnar la sentencia condenatoria en claro desconocimiento de los artículos 29, 85 y 93 de la
Constitución Política, los artículos 14.5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y los artículos 8.2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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que, en el caso del señor Bernardo Moreno Villegas, se dio paso a un nuevo estudio
de la condena impuesta; sin embargo, luego del examen efectuado por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de impugnación especial
se mantuvo la declaración de responsabilidad penal como i) autor del delito de
concierto para delinquir simple, ii) determinador de plurales delitos de violación ilícita
de comunicaciones y, iii) autor del delito de abuso de función pública.

En ese orden, no es de recibo el argumento planteado por el demandado referido a
la ausencia de ejecutoria de la sentencia que lo declaró penalmente responsable.

e) En relación con la ausencia de mención de la conducta que particularmente
desplegó el señor Bernardo Moreno Villegas se advierte que la sentencia
condenatoria analizó de manera detallada la participación del exdirector del DAPRE,
como se cita a continuación:

“Justamente uno de los funcionarios que recibió la información reportada
por Flórez Gélvez fue el aquí procesado BERNARDO MORENO
VILLEGAS, tal y como lo afirmó el testigo Fabio Duarte Traslaviña, a cuya
oficina llegaron discos compactos contentivos de grabaciones de audio de
reuniones sostenidas en la Comisión que maneja los procesos penales
por parapolítica, las que fueron trascritas, revisadas y fotocopiadas por él
con el fin de remitirlas a la Presidencia de la República, específicamente
a BERNARDO MORENO VILLEGAS, por el sistema de ‘la valija’, tal y
como se lo ordenó la directora del DAS, mecanismo que no exigía reporte
de entrega debido a que los destinatarios eran personas de alto perfil,
motivo por el que las órdenes de entregar dicha información siempre
fueron verbales”.75

(…).

“El testimonio de Jorge Lagos también es indicativo de que BERNARDO
MORENO VILLEGAS conocía la actividad denominada “caso paseo” pues
según el mencionado cuando en noviembre de 2007 la directora del DAS
le dio la instrucción para que verificara los vínculos entre Ascencio Reyes
y el narcotráfico, así como el viaje de unos magistrados de la Corte
Suprema de Justicia a la ciudad de Neiva, también le manifestó que la
instrucción provenía directamente de BERNARDO MORENO VILLEGAS.

Lo anterior explica el motivo por el cual el 25 de abril de 2008 se llevó a
cabo una reunión en la oficina de MORENO VILLEGAS, en la que se
requirió la presencia de MARÍA DEL PILAR HURTADO quien asistió
acompañada de Fernando Tabares y Jorge Lagos, con el fin de que
identificaran una fotografía que estaba en el computador de Bernardo
Moreno Villegas, de quien al parecer era Ascencio Reyes; reunión de la

75 Fl. 260 vlto. cdno. 2.

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que también dio cuenta Fernando Tabares y en la que además del aquí
acusado, estaban presentes Jorge Mario Eastman y José Obdulio Gaviria,
este último quien constantemente entraba y salía del recinto apurando
para el reconocimiento de la foto, pues manifestaba que ya iban a cerrar
la edición de la Revista Semana. Dicha reunión es indicativa de que para
BERNARDO MORENO no era desconocida la indagación que venía
adelantando el DAS sobre Ascencio Reyes y su relación con el pago de
un vuelo chárter para que algunos Magistrados de la Corte Suprema
viajaran a la ciudad de Neiva.

A propósito de la mentada fotografía, Fernando Tabares informó que en
abril de 2008, antes de la reunión del 25 de ese mes y año, él y Lagos
León fueron citados por María del Pilar a su oficina, quien les señaló que
BERNARDO MORENO y José Obdulio Gaviria estaban molestos porque
el DAS no había podido obtener las fotos del homenaje al entonces
Magistrado Yesid Ramírez en la ciudad de Neiva.

En este orden, para la Sala es claro que los aquí acusados tenían total
conocimiento de la labor de inteligencia que adelantaba el DAS con
ocasión del viaje de algunos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
a la ciudad de Neiva, financiado en gran parte por una de las empresas
de la familia de Ascencio Reyes, pues fueron ellos quienes ordenaron el
despliegue de esa labor investigativa, lo cual, en lo que respecta a
MORENO VILLEGAS, se confirma con la propia aceptación de parte suya
acerca de que él directamente solicitó a la empresa Satena información
sobre ese vuelo chárter, obteniendo los datos que solicitó y que luego
trasladó al director de la UIAF para que realizara la correspondiente
investigación. Al respecto, el testigo Juan Carlos Riveros, funcionario de
la UIAF, confirmó que los documentos para la verificación de un vuelo
chárter los recibió de Mario Aranguren, quien le manifestó que los mismos
se los había entregado BERNARDO MORENO VILLEGAS.

Es claro el conocimiento e interés del acusado en el «caso paseo»,
además porque a finales de abril de 2008 se entrevistó en su oficina con
miembros de la UIAF, a saber, Astrid Liliana Pinzón y Juan Carlos Riveros,
personas que le rindieron un informe relativo al análisis que sobre el
particular habían realizado, reunión en la que también estuvieron
presentes José Obdulio Gaviria, Jorge Mario Eastman, Edmundo del
Castillo y MARÍA DEL PILAR HURTADO, señalando Juan Carlos Riveros
que la información por él entregada en aquel encuentro, salió publicada
en la edición de la revista Semana de 26 de abril de 2008” (fls. 113 a 115
cdno. 2 - mayúsculas sostenidas del texto original).

A partir del conjunto probatorio analizado por el juez penal se advirtió que el señor
Bernardo Moreno Villegas i) decidió indagar por cuenta propia sobre la financiación
del vuelo realizado por algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la
ciudad de Neiva en el año 2006, actividad que no le correspondía como director del
DAPRE sino a los organismos de inteligencia facultados por la ley; ii) determinó con
su requerimiento las labores de inteligencia que desplegó el DAS en la Corte
Suprema de Justicia y, iii) una vez se enteró que el DAS infiltró fuentes humanas en

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el Alto Tribunal requirió información concreta sobre los magistrados integrantes de
dicha corporación y accedió a las manifestaciones y decisiones vertidas en las
sesiones de Sala Plena para luego divulgarlas indebidamente a los medios de
comunicación.

Es necesario destacar que las consideraciones expuestas por el juez penal
encuentran respaldo en las piezas procesales del expediente penal que fueron
aportadas como prueba al proceso de repetición de la referencia, entre ellas las
declaraciones vertidas durante el juicio oral76, a partir de las cuales se ratifica la
participación directa del señor Bernardo Moreno Villegas en el daño por el cual fue
declarado patrimonialmente responsable el DAPRE.

En consecuencia, las conductas que fueron objeto de reproche penal por parte de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ejecutaron por el aquí
demandado Bernardo Moreno Villegas y, en tal sentido, el argumento de oposición
invocado no está llamado a prosperar.

f) De otro lado, en relación con el argumento según el cual la sentencia penal
condenatoria no se incorporó como prueba al proceso originario de reparación
directa y, por ende, que el DAPRE no debía ser condenado y mucho menos estaba
facultado para repetir en contra del señor Bernardo Moreno Villegas, la Sala
encuentra que al aquí demandado no le asiste razón.

En efecto, en primer término, debe observarse que la sentencia dictada en el
proceso de reparación directa se encuentra en firme y ejecutoriada, y el medio de
control judicial de repetición no es el escenario pertinente y adecuado para realizar
un control de legalidad de dicha providencia ni mucho menos para discutir las
razones por las cuales se declaró la responsabilidad patrimonial y extracontractual
del DAPRE, en especial si se considera que la entidad ahora demandante contaba
con las herramientas procesales pertinentes para advertir cualquier vicio o
irregularidad que afectara el debido proceso o el derecho de defensa.

En todo caso, lo cierto es que, en el proceso de reparación directa el contenido de

76 Índice 60 SAMAI.

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la sentencia penal dictada en contra del señor Bernardo Moreno Villegas fue
catalogado como un hecho notorio77; de modo que, sirvió como fundamento para
declarar extracontractualmente responsables al DAPRE y al DAS.

Finalmente, el demandado estima que la condena a la entidad estatal provino de la
deficiente representación judicial del DAPRE en el proceso de reparación directa
porque a pesar de que no obraba como prueba la sentencia penal condenatoria que
sirvió como fundamento para declarar la responsabilidad extracontractual del
DAPRE, el tribunal de segunda instancia valoró su contenido y le otorgó el carácter
de hecho notorio y, ante esta circunstancia, la entidad omitió instaurar una acción
de tutela para solicitar el amparo de sus derechos de defensa y debido proceso.

Al respecto debe considerarse, como se encuentra demostrado, que la condena por
la declaración de responsabilidad patrimonial del DAPRE proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca tuvo relación causal directa con la conducta dolosa
atribuible al exagente estatal demandado y no estuvo determinada por una supuesta
falta de defensa técnica por parte de las demandadas, máxime porque se trató de
una decisión de segunda instancia contra la cual no procedía ningún recurso
ordinario; insiste la Sala en que el juicio de repetición no es la oportunidad procesal
para rebatir la valoración probatoria del juez natural de la responsabilidad del Estado
ni, menos aún, para analizar si esta pudo ser objeto de un análisis distinto por un
juez constitucional en sede de tutela, argumento especulativo que no puede servir
de sustento a la decisión relacionada con la responsabilidad patrimonial del agente
demandado.

7) Por consiguiente, la demostración del supuesto de hecho de la presunción de
dolo establecida por el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 da lugar a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda ejercida a través del medio de
control judicial de repetición, toda vez que no fue desvirtuada.

8) Sobre esto último, resulta relevante considerar que la presunción invocada por la
entidad demandante exige de manera particular haber demostrado que el

77 El tribunal consideró que era “conocimiento nacional” por el hecho de haberse difundido “en medios

comunicación” y accederse a su contenido a través de medios digitales Fl. 199 cdno. 2.

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demandado fue declarado penalmente responsable, a título de dolo, por el mismo
daño por el que se declaró la responsabilidad extracontractual y patrimonial del
Estado, a saber, la coincidencia fáctica entre la condena penal y el daño que originó
la responsabilidad patrimonial atribuida al DAPRE, presupuesto que en este caso
se demostró a cabalidad.

3.5.4 Liquidación del perjuicio

1) Mediante la Resolución número 224 del 30 de marzo de 2017, la entidad
demandante liquidó y ordenó el pago de doscientos veinticinco millones veintinueve
mil setecientos noventa y seis pesos con seis centavos ($225.029.796,06) en favor
de los beneficiarios de la sentencia dictada en el proceso de reparación directa no.
2011-00211, los cuales fueron consignados el 24 de abril de 2017.

2) Ahora bien, como fue expuesto al inicio de las consideraciones de esta
providencia, de la anterior suma de dinero se pagó ochocientos cuarenta y seis mil
doscientos seis pesos con seis centavos ($846.206,06) por concepto de intereses
causados por la mora en el cumplimiento de la sentencia judicial78.

3) Los intereses moratorios derivan exclusivamente del incumplimiento del deber de
pago oportuno por parte de la administración, por ende, no resultan imputables al
demandado dentro del proceso de repetición, toda vez que, no derivan de la
conducta endilgada al agente estatal; en consecuencia, este valor será excluido de
la condena en repetición.

4) En relación con el monto de la condena, de conformidad con lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 678 de 200179, la Sala encuentra procedente condenar al
demandado al reembolso total del valor que asumió el DAPRE por demostrarse que
el señor Bernardo Moreno Villegas en la condición de director de dicha entidad

78 Fl. 43 cdno. 2 anexo.
79 El artículo 14 de la Ley 678 de 2001 establece: “Cuantificación de la condena. Cuando la autoridad

judicial que conozca de la acción de repetición o del llamamiento en garantía decida que el perjuicio
causado al Estado lo fue por el dolo o la culpa grave de uno de sus agentes, aquella cuantificará el
monto de la condena correspondiente atendiendo al grado de participación del agente en la
producción del daño, culpa grave o dolo, a sus condiciones personales y a la valoración que haga
con base en las pruebas aportadas al proceso de repetición.” (Aparte tachado declarado inexequible
por la Corte Constitucional en sentencia C-484 de 25 de junio de 2002, MP Alfredo Beltrán Sierra).

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determinó con su requerimiento las actividades irregulares de inteligencia e incluso
se demuestra que fue declarado penalmente responsable en calidad de
determinador del delito de violación ilícita de comunicaciones con lo cual se
evidencia que asumió un rol decisivo en el hecho dañoso que dio lugar a la
declaración de responsabilidad extracontractual de la demandante.

5) Así las cosas, la condena en contra del señor Bernardo Moreno Villegas se fija
en la suma de doscientos veinticuatro millones ciento ochenta y tres mil quinientos
noventa pesos ($224.183.590,00), que corresponde al porcentaje de indemnización
que asumió el DAPRE en el proceso de reparación directa, valor que actualizado a
la fecha de la presente providencia arroja la suma de trescientos cincuenta y cuatro
millones setenta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho pesos con treinta y cuatro
centavos ($354.074.968,34)80.

En relación con la condena, es pertinente precisar que para satisfacer el
cumplimiento de la misma, el demandado constituyó los títulos judiciales número
400100008505453 por valor de setenta y nueve millones de pesos ($79.000.000) y
número 400100008502158 por valor de ciento sesenta millones de pesos
($160.000.000), los cuales se encuentran a órdenes del presente proceso y en la
cuenta de títulos judiciales de la secretaría de la Sección Tercera del Consejo de
Estado (índice 213 SAMAI); de manera que, en vista de la prosperidad de las
pretensiones se dispondrá que por secretaría aquellos sean entregados a la entidad
demandante en la cuantía antes mencionada.

4. Conclusión

Se accederá a las pretensiones de la demanda, pues, se acreditó el supuesto de
hecho alegado por la parte actora para que operara la presunción contemplada en
el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 200181.

80 Vp = Vh índice final / índice inicial; donde Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o

suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta
sentencia, el de septiembre de 2025: 151,48 Índice inicial: el de la fecha en que se pagó la condena
de reparación directa -abril de 2017-: 95,91.
81 En su texto original sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022.

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5. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA82 y el numeral 1 del artículo 365 del
CGP83 se condenará en costas a la parte demandada, las cuales deberán incluir las
agencias en derecho que se hubieren causado.

Por lo tanto, las costas procesales deberán ser liquidadas por la Secretaría de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, según dispone el artículo 366 del Código
General del Proceso, con inclusión de las agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1°) Declárase la responsabilidad patrimonial personal del señor Bernardo Moreno
Villegas.

2°) Como consecuencia, condénase al señor Bernardo Moreno Villegas a pagar en
favor de la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
la suma de trescientos cincuenta y cuatro millones setenta y cuatro mil novecientos
sesenta y ocho pesos con treinta y cuatro centavos ($354.074.968,34).

3°) Una vez en firme la presente providencia, por Secretaría de la Sección Tercera
dispóngase la entrega a la entidad demandante de los títulos de depósitos
judiciales que se encuentran a órdenes del presente proceso provenientes de la
caución prestada por el demandado para garantizar el cumplimiento de la sentencia

82 Artículo 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
83 Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia

la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…).
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…).”

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favorable al demandante, esto es, título judicial número 400100008505453 por valor
de setenta y nueve millones de pesos ($79.000.000) y título judicial número
400100008502158 por valor de ciento sesenta millones de pesos ($160.000.000),
previo desglose por la Secretaría de la Sección Tercera.

4°) Condénase en costas a la parte demandada, tásense por la Secretaría de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Ponente

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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