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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04087-00

Fecha
8 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04087-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. requisitos para conceder la exención respecto de los años anteriores a 2021 y la procedencia del beneficio para el período fiscal 2022. 18 Ibídem. 10 11001-03-15-000-2026-04087-00 Accionante: Edificio Benjamín Herrera S.A.S. Se declara improcedente TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-04087-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

8 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D.C., ocho (08) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04087-00
Accionante: Edificio Benjamín Herrera S.A.S.
Accionado: Sección Cuarta del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda presentada en ejercicio de la acción
de tutela promovida por la sociedad Edificio Benjamín Herrera S.A.S. contra la sentencia
proferida el 26 de febrero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 76001-23-
33-000-2022-01062-01 (30078), mediante la cual se revocó la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y se negaron las pretensiones encaminadas
a obtener la exoneración del impuesto predial respecto de la Clínica Rafael Uribe Uribe
para las vigencias reclamadas.

SÍNTESIS1

La sociedad Edificio Benjamín Herrera S.A.S. promovió demanda en ejercicio de la acción
de tutela contra la sentencia del 26 de febrero de 2026 proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 76001-23-33-000-2022-01062-01, mediante la cual se revocó
la decisión de primera instancia que declaró la nulidad parcial de los actos administrativos
demandados y se negaron las pretensiones de la demanda dirigidas a obtener la
exoneración del impuesto predial respecto de los inmuebles que conforman la Clínica
Rafael Uribe Uribe. La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo

1. La sociedad Edificio Benjamín Herrera S.A.S., por conducto de apoderada judicial,
promovió demanda en ejercicio de la acción de tutela contra la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión de la sentencia
proferida el 26 de febrero de 2026 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 76001-23-33-000-2022-01062-01.

2. La sociedad accionante, formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):

“PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, defensa,
contradicción, acceso a la administración de justicia, buena fe, seguridad jurídica y
prevalencia del derecho sustancial.
SEGUNDA: Que se deje sin efectos la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 76001-23-33-000-2022-01062-01
(30078).

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia / Falta de relevancia constitucional.

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Accionante: Edificio Benjamín Herrera S.A.S.
Se declara improcedente

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se mantenga la exoneración del
impuesto predial reconocida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para la
vigencia 2022 respecto de los inmuebles que conforman la Clínica Rafael Uribe Uribe.
CUARTA: Que se reconozca la exoneración del impuesto predial respecto de las demás
vigencias reclamadas en el proceso ordinario, en los términos expuestos en la
demanda.”2.

B. Hechos

3. De conformidad con lo expuesto en la demanda, los hechos que sustentan la solicitud
de amparo son los siguientes:

4. La sociedad Edificio Benjamín Herrera S.A.S., antes Clínica Rafael Uribe Uribe S.A.S.,
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Distrito Especial de Santiago de Cali, con el fin de obtener la nulidad
de los actos administrativos mediante los cuales la administración reconoció la
exoneración del impuesto predial únicamente para la vigencia fiscal 2021 y se abstuvo
de reconocerla para las vigencias fiscales 2012 a 2020. A título de restablecimiento
del derecho, solicitó que se reconociera la exoneración del impuesto predial respecto
de los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias 370-33867 y 370-
33868, correspondientes a la Clínica Rafael Uribe Uribe, para las vigencias fiscales
comprendidas entre 2012 y 2022.

5. En la demanda, la sociedad sostuvo que la Clínica Rafael Uribe Uribe había sido
declarada bien de interés cultural por normativa municipal y que, por tal razón, gozaba
de la exoneración del impuesto predial prevista en el Acuerdo 232 de 2007, “por medio
del cual se adopta el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano-
Arquitectónico del Municipio de Santiago de Cali”. Afirmó que la administración
desconoció ese beneficio al limitarlo a la vigencia 2021 y que la exoneración operaba
directamente por ministerio de las disposiciones municipales, sin que fuera necesaria
la expedición de actos adicionales para su reconocimiento.

6. Mediante sentencia del 31 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados. Consideró
que los bienes de interés cultural podían acceder a la exoneración del impuesto
predial, pero estimó que para ello era necesario que el interesado solicitara el beneficio
y que la administración verificara periódicamente el cumplimiento de las condiciones
previstas en la normativa local. En consecuencia, concluyó que no procedía reconocer
la exoneración para las vigencias anteriores a 2021 porque la sociedad solo había
presentado la solicitud correspondiente el 28 de diciembre de ese año.

7. No obstante, el tribunal entendió que la solicitud presentada en 2021 producía efectos
también para el año gravable 2022, porque interpretó que la regulación municipal
exigía tramitar la exoneración cada dos años. Con fundamento en ello, ordenó la
exoneración del impuesto predial respecto de los inmuebles identificados con los folios
de matrícula inmobiliaria núm. 370-33867 y 370-33868 para las vigencias fiscales
2021 y 2022, empero, negó las demás pretensiones de la demanda.

8. Ambas partes interpusieron recurso de apelación contra la decisión del Tribunal. La
sociedad demandante insistió en que la exoneración debía reconocerse también para
las vigencias fiscales 2012 a 2020, al considerar que la Clínica Rafael Uribe Uribe
había sido declarada bien de interés cultural y beneficiaria de la exoneración desde la
expedición de la normativa municipal aplicable. Sostuvo que el tribunal interpretó

2 Índice 2 Samai.

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erradamente el artículo 140 del Acuerdo 373 de 2014 y el artículo 49 del Acuerdo 321
de 2011, modificado por el artículo 8 del Acuerdo 338 de 2012, al concluir que la
permanencia del beneficio tributario estaba supeditada a la presentación periódica de
solicitudes y a la expedición de conceptos sobre el estado de conservación del
inmueble. Asimismo, argumentó que el concepto favorable emitido por la
administración acreditaba la adecuada preservación de la Clínica Rafael Uribe Uribe
y que, en consecuencia, no era válido inferir la pérdida de la exoneración respecto de
las vigencias 2012 a 2020 por la sola ausencia de solicitudes formuladas durante esos
años.

9. Por su parte, el Distrito Especial de Santiago de Cali apeló la sentencia de primera
instancia porque consideró improcedente extender el beneficio a la vigencia fiscal
2022. Adujo que la exoneración exigía la verificación de los requisitos para cada
período gravable y que la decisión del tribunal había aplicado indebidamente una
disposición que no regulaba la situación jurídica discutida en el proceso.

10. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 26 de febrero de
2026, revocó la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y negó las
pretensiones de la demanda. En dicha providencia, estudió detalladamente el alcance
de los Acuerdos 232 de 2007, 321 de 2011, 338 de 2012 y 373 de 2014, así como los
antecedentes administrativos relacionados con la solicitud de exoneración formulada
por la sociedad demandante.

11. La Sección Cuarta concluyó que el tribunal había incurrido en un error al exigir la
presentación de una solicitud cada dos años con fundamento en el Acuerdo 338 de
2012, pues dicha disposición regulaba supuestos distintos a los discutidos en el
proceso. Sin embargo, consideró que el reconocimiento de la exoneración seguía
dependiendo del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 69 del Acuerdo
232 de 2007 y en el artículo 140 del Acuerdo 373 de 2014, particularmente la
presentación de la solicitud correspondiente y la obtención de un concepto favorable
expedido por la autoridad competente sobre el estado y conservación del inmueble.

12. Asimismo, la Sección Cuarta concluyó que no existía prueba de que la sociedad
hubiera iniciado oportunamente el procedimiento para obtener la exoneración en las
vigencias anteriores a 2021, razón por la cual no era posible determinar el
cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al beneficio durante esos años.
También consideró improcedente extender al año 2022 los efectos del concepto
expedido para 2021, puesto que la decisión del tribunal se sustentó en una disposición
normativa que la Corporación consideró inaplicable al caso concreto. En
consecuencia, revocó integralmente la sentencia de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda.

C. Fundamentos de la vulneración

13. La sociedad accionante sostuvo que la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, de defensa, de contradicción, de acceso a la administración de
justicia, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la prevalencia del derecho sustancial.
Para sustentar la solicitud de amparo, formuló los siguientes cargos:

14. En primer lugar, alegó la configuración de un defecto sustantivo, pues consideró que
la Sección Cuarta condicionó el reconocimiento de la exoneración del impuesto predial
al adecuado estado de conservación del inmueble y a la expedición de un concepto
favorable por parte de la autoridad administrativa competente, pese a que, en su

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criterio, tales exigencias no constituían requisitos para la existencia del beneficio
tributario. Sostuvo que la providencia judicial creó una carga no prevista por el
ordenamiento jurídico y elevó una exigencia formal a la categoría de requisito
sustancial para el reconocimiento de la exoneración.

15. Señaló que la Clínica Rafael Uribe Uribe fue declarada bien de interés cultural
mediante las disposiciones municipales correspondientes y que el artículo 69 del
Acuerdo 232 de 2007 reconoció la exoneración del impuesto predial para edificaciones
destinadas, entre otros fines, a la prestación de servicios de salud. Por esta razón,
afirmó que el beneficio operaba directamente por ministerio de la normativa municipal
y no dependía de actuaciones posteriores de la administración.

16. Igualmente sostuvo que la Sección Cuarta interpretó de manera contradictoria la
normativa aplicable, pues, aunque descartó la aplicación del requisito de solicitud
bienal previsto en el Acuerdo 338 de 2012, terminó concluyendo que la falta de
solicitudes en vigencias anteriores impedía reconocer la exoneración reclamada. En
su criterio, dicha interpretación desconoció el alcance de los Acuerdos 232 de 2007,
“Por medio del cual se adopta el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano-
Arquitectónico del Municipio de Santiago de Cali”; 321 de 2011, “Por medio del cual
se estructura el Estatuto Tributario Municipal”; y 373 de 2014, “Por medio del cual se
adopta la revisión ordinaria de contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Santiago de Cali”.

17. En segundo lugar, adujo la existencia de un defecto fáctico, porque consideró que la
autoridad judicial desconoció el valor demostrativo del concepto favorable expedido
por la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural. Manifestó
que dicho documento acreditaba que el inmueble se encontraba en adecuado estado
de conservación, por lo que resultaba irrazonable concluir que el beneficio no podía
extenderse a vigencias anteriores.

18. Agregó que la providencia cuestionada omitió valorar adecuadamente que la Clínica
Rafael Uribe Uribe funciona de manera permanente como institución hospitalaria y
que conserva la condición de bien de interés cultural reconocida por las autoridades
distritales. Igualmente afirmó que correspondía a la administración demostrar la
pérdida de las condiciones exigidas para acceder al beneficio tributario y no presumir
su incumplimiento por la ausencia de solicitudes formuladas en años anteriores.

19. En tercer lugar, invocó la configuración de un exceso ritual manifiesto. Sobre el
particular, sostuvo que la Sección Cuarta realizó una interpretación excesivamente
formalista de las normas aplicables y exigió requisitos probatorios que, en su criterio,
no estaban contemplados en la regulación de la exoneración tributaria. Afirmó que la
declaratoria de bien de interés cultural recae sobre la unidad arquitectónica de la
Clínica Rafael Uribe Uribe y no exclusivamente sobre determinados folios de matrícula
inmobiliaria, razón por la cual consideró desproporcionado supeditar el reconocimiento
del beneficio a exigencias formales relacionadas con la individualización registral de
los inmuebles.

20. Finalmente, la accionante sostuvo que la existencia de un salvamento de voto en la
sentencia cuestionada evidenciaba, en su criterio, la falta de acierto de la
interpretación acogida por la mayoría de la Sala y corroboraba la configuración de los
defectos alegados. Por tal razón, solicitó dejar sin efectos la providencia proferida por
la Sección Cuarta y adoptar una decisión que reconociera la exoneración del impuesto
predial en los términos reclamados dentro del proceso ordinario.

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D. Trámite procesal

21. Mediante auto del 28 de mayo de 2026, este despacho admitió la acción de tutela
promovida por la sociedad Edificio Benjamín Herrera S.A.S. En la misma providencia
dispuso notificar a la autoridad judicial accionada y vincular, en calidad de terceros
con interés, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Distrito Especial de
Santiago de Cali, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.

E. Oposiciones e intervenciones

22. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, se opuso a la prosperidad de la acción
de tutela y solicitó que se declarara su improcedencia o, en subsidio, que se negaran
las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, pues la accionante únicamente manifestó su inconformidad
con la interpretación realizada en la sentencia sobre las normas que regulan la
exoneración del impuesto predial para bienes de interés cultural, con el propósito de
reabrir una discusión de legalidad ya resuelta dentro del proceso ordinario.

23. Señaló, además, que no se configuró el defecto sustantivo alegado, porque la
providencia cuestionada se fundamentó en los artículos 69 del Acuerdo 232 de 2007
y 140 del Acuerdo 373 de 2014, disposiciones que exigen la solicitud del beneficio y
la obtención de un concepto favorable sobre el estado de conservación del inmueble.
Agregó que la accionante no acreditó el cumplimiento de tales exigencias respecto de
las vigencias anteriores a 2021.

24. Frente al defecto fáctico, indicó que la sentencia sí valoró el concepto favorable
expedido por la autoridad cultural competente, pero concluyó razonablemente que
este únicamente permitía reconocer la exoneración para la vigencia correspondiente
y no para períodos anteriores. Asimismo, sostuvo que no existió exceso ritual
manifiesto, pues la decisión no desconoció la condición de bien de interés cultural de
la Clínica Rafael Uribe Uribe, sino que examinó el cumplimiento de los requisitos
previstos en la normativa municipal para acceder al beneficio tributario.

25. Finalmente, afirmó que la existencia de un salvamento de voto no implica la
configuración de los defectos invocados, sino que evidencia una diferencia legítima
de interpretación jurídica. Por lo anterior, reiteró su solicitud de declarar improcedente
la acción de tutela o, en su defecto, negar el amparo solicitado.

26. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Distrito Especial de
Santiago de Cali, vinculados al trámite constitucional en calidad de terceros con
interés, guardaron silencio durante el término concedido para pronunciarse sobre los
hechos y pretensiones de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

27. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer y decidir, en primera instancia, la demanda presentada en ejercicio de la
acción de tutela por la sociedad Edificio Benjamín Herrera S.A.S. contra la sentencia
proferida el 26 de febrero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 76001-
23-33-000-2022-01062-01 (30078), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86
de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, así como en

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el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Sentido de la decisión

28. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.

H. El requisito de relevancia constitucional

29. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales3; en ese orden de ideas, ha determinado que este mecanismo implica
un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión cuestionada 4, con el fin
de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente
como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.

30. En línea con lo anterior, y con el propósito de evitar que la acción de tutela sea
empleada para revivir debates propios del proceso ordinario, la Corte Constitucional
ha establecido, como requisito de procedibilidad, que la cuestión sometida a
consideración del juez constitucional debe ser de evidente relevancia constitucional,
exigencia que delimita el ámbito de intervención del juez de tutela y preserva la
competencia de las jurisdicciones ordinarias5.

31. En la sentencia SU-215 de 20226, la Corte Constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales no puede limitarse a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico, de modo que no resulta procedente
cuando se pretende utilizar como una tercera instancia o como un mecanismo
adicional para controvertir decisiones judiciales desfavorables, siendo necesario que
la controversia trascienda la mera inconformidad con lo decidido por el juez natural.

32. En desarrollo de lo anterior, la Corte ha identificado que este requisito supone la
verificación de varios criterios concurrentes7: i) que el caso involucre un debate
relacionado con el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental y no se
circunscriba a un asunto exclusivamente legal o económico; ii) que la controversia no
esté dirigida a reabrir discusiones ya resueltas ni a sustituir la valoración del juez
natural; iii) que se formulen argumentos orientados a demostrar la existencia de una
afectación grave, directa y desproporcionada de los derechos fundamentales
invocados, pues no basta su simple enunciación; y iv) que, especialmente tratándose
de decisiones judiciales, se evidencie una actuación claramente arbitraria, caprichosa
o contraria al orden constitucional.

33. De igual forma, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el requisito de
relevancia constitucional cumple tres finalidades esenciales8: (i) preservar la
competencia e independencia de los jueces de las distintas jurisdicciones, evitando

3 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
4 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, MP. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, MP. Cristina

Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, MP. José Fernando Reyes Cuartas.
5 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.

José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, MP. Natalia Ángel Cabo.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, MP. Natalia Ángel Cabo.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, MP. Carlos Bernal Pulido.

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que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir
su ejercicio a controversias que realmente comprometan derechos fundamentales; y
(iii) impedir que este mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir decisiones judiciales.

34. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez de tutela
sólo se justifica cuando:

“(…) la providencia judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de los
derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una
anomalía en el sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la
intervención del juez constitucional”9.

I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

35. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela contra
providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre que se configure, al
menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii) defecto
procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

36. En el asunto sub examine, la sociedad Edificio Benjamín Herrera S.A.S. cuestiona la
sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 76001-23-33-000-2022-01062-01 (30078), al considerar que dicha
providencia incurrió en defecto sustantivo, defecto fáctico y exceso ritual manifiesto.
Por esa razón, la Sala expondrá brevemente el contenido y alcance de los defectos
invocados, con el fin de delimitar el objeto de la controversia constitucional.

37. Respecto del defecto sustantivo,10 se presenta cuando la autoridad judicial aplica
una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo
es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica.

38. La accionante sostiene que la Sección Cuarta incurrió en este defecto al interpretar
los artículos 69 del Acuerdo 232 de 2007 y 140 del Acuerdo 373 de 2014 en el sentido
de exigir una solicitud y un concepto favorable sobre el estado de conservación del
inmueble para acceder a la exoneración del impuesto predial. A su juicio, la condición
de bien de interés cultural y la exoneración prevista en la normativa municipal hacían
innecesarias tales exigencias.

39. Sobre el defecto fáctico, se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del
material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se
configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”11.

40. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el defecto fáctico puede presentarse
en una dimensión negativa o en una dimensión positiva. La primera se configura
cuando el juez omite decretar, practicar o valorar pruebas relevantes para la resolución
de la controversia, o cuando se abstiene de ejercer facultades probatorias

9 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, MP. Natalia Ángel Cabo.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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indispensables para el esclarecimiento de los hechos. La segunda se presenta cuando
la autoridad judicial otorga alcance decisivo a elementos de convicción que no lo
merecen, valora las pruebas de manera arbitraria, caprichosa o manifiestamente
irrazonable, o extrae de ellas conclusiones que no encuentran respaldo objetivo en el
expediente12 .

41. La sociedad accionante afirma que este defecto se configuró porque la Sección Cuarta
no otorgó el alcance que, en su criterio, correspondía al concepto favorable emitido
por la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural respecto de
la Clínica Rafael Uribe Uribe. Sostiene que dicho documento acreditaba el adecuado
estado de conservación del inmueble y permitía extender la exoneración a vigencias
anteriores a 2021. Asimismo, considera que la autoridad judicial omitió valorar
adecuadamente otras circunstancias relacionadas con la condición de bien de interés
cultural del inmueble.

42. Exceso de ritual manifiesto. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta
modalidad del defecto procedimental se presenta cuando la autoridad judicial privilegia
injustificadamente exigencias formales en detrimento del derecho sustancial y, con
ello, termina produciendo una verdadera denegación de justicia.

43. La accionante considera que la providencia cuestionada incurrió en exceso ritual
manifiesto al exigir acreditaciones que, en su criterio, no son requeridas por la
normativa que regula la exoneración del impuesto predial para bienes de interés
cultural. En particular, sostiene que la declaratoria de bien de interés cultural recae
sobre la unidad arquitectónica de la Clínica Rafael Uribe Uribe y que, por consiguiente,
la Sección Cuarta otorgó relevancia indebida a aspectos formales relacionados con la
identificación registral de los inmuebles y con el trámite administrativo para el
reconocimiento de la exoneración.

J. Caso concreto

44. La Sala concluye que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
relevancia constitucional.

45. La Corte Constitucional ha señalado que dicho presupuesto exige que la controversia
planteada involucre una discusión real sobre el contenido, alcance o goce de derechos
fundamentales y no una simple inconformidad frente a la interpretación normativa o la
valoración probatoria realizada por el juez natural. Precisó que la acción de tutela
contra providencias judiciales no puede convertirse en una tercera instancia destinada
a reabrir debates ya resueltos dentro del proceso ordinario.

46. En el presente asunto, la Sala observa que los argumentos expuestos por la sociedad
accionante en la demanda de tutela corresponden, en esencia, a los mismos
cuestionamientos que formuló durante el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y, particularmente, en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

47. En el recurso de apelación, la demandante insistió en que la exoneración del impuesto
predial no dependía de la presentación de las solicitudes periódicas ni de la obtención
de los conceptos sobre el estado de conservación del inmueble. Por ello, reprochó
que el tribunal hubiera negado el beneficio para las vigencias anteriores a 2021:

12 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-264 de 2009, M.P. Luis

Ernesto Vargas Silva; SU-355 de 2017, M.P. (E) Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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con el único argumento que la sociedad debió radicar cada dos años ante el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal solicitudes de exoneración de
este impuesto, para que esta entidad emitiera concepto en el que se indicara que el
inmueble se encontraba ‘en buen estado de uso y conservación.13

48. Asimismo, sostuvo que el inmueble correspondiente a la Clínica Rafael Uribe Uribe no
estaba sometido al requisito de solicitar periódicamente la exoneración tributaria,
pues, según afirmó “La exención de la edificación Clínica Rafael Uribe Uribe continúa
vigente y no requiere de hacer la solicitud cada dos años”.14

49. Del mismo modo, cuestionó la valoración otorgada al concepto favorable expedido por
la autoridad competente sobre el estado de conservación del inmueble, al señalar que
“el hecho de que conceptúe que el ‘inmueble se encuentra en buen estado de uso y
conservación’, no lo puede limitar a un año y presumir que en los años anteriores como
no se solicitó el concepto la exención desapareció del ordenamiento jurídico”.15

50. Los mismos cuestionamientos son retomados en la presente acción de tutela. En
efecto, la accionante afirma que la Sección Cuarta incurrió en defecto sustantivo,
defecto fáctico y exceso ritual manifiesto al “crear cargas extralegales, fragmentar
indebidamente la unidad material del inmueble a través de sus folios de matrícula e
incurrir en una flagrante contradicción argumentativa al revocar de oficio el beneficio
reconocido para la vigencia fiscal 2022”.16 Igualmente sostuvo que la providencia
cuestionada incurrió en “notorias vías de hecho (defectos sustantivos, fácticos y
exceso ritual manifiesto) al desconocer el régimen especial de exención del impuesto
predial (...) entre las vigencias 2012 y 2022”.

51. Lo anterior permite advertir que la discusión planteada en sede de tutela coincide
materialmente con la formulada por la demandante en el recurso de apelación. En
ambos escenarios procesales la sociedad sostiene que la exoneración prevista para
la Clínica Rafael Uribe Uribe operaba directamente por su condición de bien de interés
cultural; que no era exigible la solicitud del beneficio ni la obtención de un concepto
favorable para mantenerlo; que el concepto emitido en 2021 debía proyectar efectos
sobre las vigencias anteriores; y que la administración y los jueces desconocieron la
realidad material del inmueble como una sola unidad hospitalaria.

52. Ahora bien, la sentencia cuestionada no omitió el estudio de esos planteamientos. Por
el contrario, la Sección Cuarta identificó expresamente como problema jurídico
“analizar el cumplimiento de los requisitos para conceder la exención a los años
anteriores al 2021, y si también era procedente para el período 2022 como lo ordenó
el tribunal”, y resumió de manera expresa los argumentos de la demandante
relacionados con la supuesta improcedencia de exigir solicitudes periódicas y
conceptos de conservación para el reconocimiento del beneficio tributario17.

13 Índice 31 Samai proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 76001-23-33-000-2022-01062-01

(30078). Recurso de apelación interpuesto por la sociedad Edificio Benjamín Herrera S.A.S. contra la sentencia del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
14 Índice 31 Samai proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 76001-23-33-000-2022-01062-01

(30078). Recurso de apelación interpuesto por la sociedad Edificio Benjamín Herrera S.A.S. contra la sentencia del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
15 Ibídem.
16 Índice 2 Samai. Demanda de tutela promovida por la sociedad Edificio Benjamín Herrera S.A.S., acápite relativo a

los defectos imputados a la sentencia de la Sección Cuarta, en el que se afirmó que la providencia creó cargas
extralegales, fragmentó la unidad material del inmueble e incurrió en contradicciones argumentativas respecto del
beneficio tributario reclamado.
17 Índice 28 Samai proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 76001-23-33-000-2022-01062-01

(30078). Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de febrero de 2026, rad. 76001-23-33-000-2022-01062-
01 (30078), acápite “Problema jurídico”, en el que la Sala precisó que correspondía analizar el cumplimiento de los

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11001-03-15-000-2026-04087-00
Accionante: Edificio Benjamín Herrera S.A.S.
Se declara improcedente

53. Incluso, la providencia acogió parcialmente uno de los argumentos principales de la
apelación. En efecto, concluyó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
había aplicado indebidamente el artículo 49 del Acuerdo 321 de 2011, modificado por
el artículo 8 del Acuerdo 338 de 2012, al considerar que los bienes de interés cultural
debían solicitar la exoneración cada dos años. Al respecto indicó que:

contrario a lo expuesto por el Tribunal y como lo sostiene la demandante, el requisito de
solicitar cada dos años la exoneración del pago del impuesto predial (...) aplica
únicamente a los predios de los literales a), b), c), d) y e)”,⁸ y concluyó que “prospera
parcialmente la apelación de la demandante en cuanto a la indebida aplicación del
Acuerdo 338 de 2012.18

54. No obstante, la Sección Cuarta consideró que, aun descartando la aplicación de dicha
disposición, subsistían los requisitos previstos en el artículo 69 del Acuerdo 232 de
2007 y en el artículo 140 del Acuerdo 373 de 2014 para acceder al beneficio tributario.
Por ello concluyó que “para los períodos anteriores no existe prueba alguna que la
interesada hubiere iniciado el proceso de reconocimiento de la exoneración”, y que
“se evidenció el incumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación local
para acceder a ello, esto es, iniciar el procedimiento para obtener el concepto
favorable del estado y uso del inmueble”.

55. De esta manera, la Sala observa que la accionante no plantea un problema
constitucional autónomo ni denuncia una actuación arbitraria, caprichosa o
manifiestamente contraria a la Constitución. Lo que pretende es que el juez
constitucional adopte la interpretación propuesta por ella respecto de los Acuerdos
232 de 2007, 321 de 2011 y 373 de 2014, y sustituya las conclusiones probatorias
alcanzadas por la Sección Cuarta.

56. En consecuencia, la inconformidad de la accionante recae sobre una controversia de
legalidad relacionada con el alcance de normas tributarias municipales y con la
valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, asuntos que fueron
amplia y expresamente estudiados en el proceso ordinario. La sola discrepancia frente
a las conclusiones del juez natural no convierte tal discusión en un asunto de
relevancia constitucional.

57. Por lo anterior, la Sala concluye que la presente acción de tutela pretende reabrir un
debate jurídico ya resuelto por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y
convertir este mecanismo excepcional en una instancia adicional de revisión. En
consecuencia, la solicitud de amparo será declarada improcedente por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por
el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

requisitos para conceder la exención respecto de los años anteriores a 2021 y la procedencia del beneficio para el
período fiscal 2022.
18 Ibídem.

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11001-03-15-000-2026-04087-00
Accionante: Edificio Benjamín Herrera S.A.S.
Se declara improcedente

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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