Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2022-01062-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2022-01062-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2022-01062-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-23-33-000-2022-01062-01 (30078)
Demandante EDIFICIO BENJAMÍN HERRERA S.A.S.
Demandada DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
Temas Impuesto predial. Exoneración bienes de interés cultural.
Cumplimiento de requisitos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 31 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que dispuso lo siguiente1:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD parcial de los siguientes actos administrativos: Resolución No.
4131.010.21.0134 del 1 de marzo de 2022, por medio de la cual el Departamento
Administrativo de Hacienda Distrital de Cali reconoció la exención del 100% del Impuestos
Predial Unificado, para la vigencia fiscal 2021, frente al predio denominado Clínica Rafael
Uribe Uribe, identificado con número predial nacional 760010100020900310001000000001 y
folio de matrícula inmobiliaria 370-33867; Resolución nro. 4131.010.21.0387 del 27 de abril de
2022, por medio de la cual el Distrito Especial de Santiago de Cali – Departamento
Administrativo de Hacienda decidió no reponer lo resuelto en la Resolución nro.
4131.010.21.134 del 1 de marzo de 2022 y Resolución No. 4112.010.21.0059 del 31 de agosto
de 2022, por medio de la cual la entidad demandada resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra la Resolución No. 4131.010.21.0134 del 1 de marzo de 2022.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ordenar la exoneración del pago del
Impuesto Predial Unificado para las vigencias fiscales 2021 – 2022 al predio identificado con
número predial nacional 76001010002900310001000000001, con folio de matrícula
inmobiliaria 370-33867 y número predial nacional 76001010002090031002000000000, con
folio de matrícula inmobiliaria 370-33868, ubicado en la Avenida 3B No. 24 N-150 del barrio
San Vicente de Cali.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: EN FIRME la presente decisión, archívese el expediente, una vez efectuadas las
anotaciones en el sistema SAMAI.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Con la escritura pública 4021 del 30 de diciembre de 2009, Comfenalco Valle y la
Universidad Libre recibieron a título de compraventa dos lotes de terrenos
denominados Clínica Rafael Uribe Uribe, con ficha catastral B029100010000 y
matrículas inmobiliarias 370-33867 y 370-33868.
Previa solicitud del 28 de diciembre de 2021 presentada por la sociedad Edificio
Benjamín Herrera S.A.S., antes Clínica Rafael Uribe Uribe, la entidad demandada
expidió la resolución 4131.010.21.134 del 1 de marzo de 2022, mediante la cual
1
Samai del Tribunal. Índice 28.
Radicado: 76001-23-33-000-2022-01062-01 (30078)
Demandante: Edificio Benjamín Herrera S.A.S
aplicó la exención del 100% del impuesto predial unificado para la vigencia fiscal
2021 de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Acuerdo Municipal 232
de 2007 en concordancia con el artículo 140 del Acuerdo 373 de 2014, para los
predios identificados anteriormente.
Contra la anterior decisión se interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de
apelación con el fin de que la exoneración para el predio 370-33868 operara desde
2012 hasta 2022 los cuales fueron resueltos en las resoluciones 4131.010.21.0387
del 27 de abril de 20222, y 4112.010.21.0059 del 31 de agosto de 2022
respectivamente, confirmándolos3.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones4:
PRIMERA
Que se declare la nulidad de la Resolución No. 4131.010.21.0134 del 1 de marzo de 2022 por
medio del cual el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital de la Alcaldía de Santiago
de Cali desconoció la exención del 100% de Impuesto Predial Unificado por los años 2012 a
2022 y la limitó únicamente para la vigencia fiscal 2021 “de conformidad con lo establecido en
el artículo 69 del Acuerdo Municipal No. 0232 de 2007, al predio identificado con número
predial nacional 760010100020900310001000000001, con folio de matrícula inmobiliaria 370-
33867 y número predial nacional 760010100020900310001000000000, con folio de matrícula
inmobiliaria 370-33868”, predio denominado CLÍNICA RAFAEL URIBE URIBE.
SEGUNDA
Que se declare nula la Resolución No. 4112.010.21.0059 del 31 de agosto de 2022 por la
cual el Alcalde de Santiago de Cali, decidió el recurso de apelación contra la Resolución
anterior y confirmó el acto impugnado en cuanto solo aplicó la exención para la vigencia 2021.
TERCERA
Que a título de restablecimiento del derecho se reconozca la exoneración del Impuesto Predial
Unificado en la totalidad del inmueble Clínica Rafael Uribe Uribe integrado por dos predios con
número predial nacional 760010100020900310001000000001 y 760010100020900310001000000000 y
las matrículas inmobiliarias B370-33867 y B370-33868, respectivamente, desde la vigencia de
2012 hasta la vigencia 2022.
A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 338 y
363 de la Constitución Política; 73 numeral 11 del Decreto Extraordinario 0516 de
2016; 130, 140 y 540 del anexo 3 del Acuerdo 373 de 2014; y 22 y 69 del Acuerdo
232 de 2007. El concepto de nulidad se resumirá a continuación.
Sostuvo que con los Acuerdos 232 de 2007 y 373 de 2014 el municipio de Cali
consagró la exención del pago del impuesto predial y reconoció el beneficio al 100%
para los inmuebles declarados como bienes de interés cultural (en adelante BIC) como
lo es la Clínica Rafael Uribe Uribe, la cual se conforma por los bienes identificados
2
Esta resolución no fue demandada, pero el tribunal en la sentencia de primera instancia la incluyó en el control de
legalidad.
3
La actuación administrativa puede consultarse en el samai del tribunal. Índice 12. Contestación demanda.
4_MemorialWeb_ContestaciónDemanda(.pdf) NroActua 12. Pdf.
4
Samai del Tribunal. Índice 3. Expediente digital. PDF demanda.
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con las matrículas 370-33867 y 370-33868. Por esta razón, se solicitó la aplicación
del beneficio respecto de la matrícula inmobiliaria 370-33868, comoquiera que frente
al predio 370-33867 ya se había otorgado el beneficio.
Indicó que, al presentar esa solicitud se entendió que se pedía una exoneración sin
tener derecho a ella por no haberla invocado en los períodos anteriores, lo que
significa una falsa motivación de los actos administrativos al desconocer que el
predio integrado por las dos matrículas inmobiliarias ya había sido declarado como
de interés cultural, y estaba exento del impuesto predial «desde el 2007 y luego por el
término de 10 años, es decir, desde el 2013 hasta el 2023».
Afirmó que en la petición del 28 de diciembre de 2021 solo se pidió la aplicación del
beneficio para el predio 370-33868 por cuanto no se había hecho la anotación de
manera formal en el registro de instrumentos públicos como BIC, pero que de
ninguna manera significaba la pérdida de la exención para ambos inmuebles.
Señaló que la decisión inicial de la administración se soportó en el concepto de la
Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural de la Secretaría
de Cultura, el cual aplicó la exención del 100% para el año 2021 y respecto de
ambas matrículas inmobiliarias, pese a que solo se pidió para uno de los predios y
desconociendo el beneficio para las «vigencias 2012 a 2020» Sin embargo, esto en nada
coincidía con la petición de exoneración porque simplemente se trataba de tener en
cuenta que uno de los folios no fue anotado como BIC y que al ser parte de un bien
ya declarado de interés cultural desde el año 2000 e incluido en el POT en dicha
categoría, debía tenerse en cuenta para la exención.
Adujo que el concepto se refirió al artículo 110 del Acuerdo 373 de 2014 sobre los
componentes del patrimonio cultural, desconociendo que ya se había reconocido la
exoneración; y a los artículos 140, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 que regulan el incentivo,
para concluir que «por las fotos aportadas, el inmueble se encuentra en buen estado de
conservación» certificando que para la vigencia 2021 la edificación «es susceptible de
exención del 100% del Impuesto Predial Unificado».
Sin embargo, esa decisión también estaba falsamente motivada por cuanto
desconoció la aplicación del beneficio para vigencias anteriores a 2021, tal como se
solicitó, postura que mantuvo la administración al resolver el recurso de apelación,
incluso tomó en consideración otro concepto que nunca se conoció, esto es, el
202241480200003954 «en los cuales se indicó que la edificación objeto de la solicitud era
susceptible del beneficio tributario».
Alegó que la referencia al principio de irretroactividad de la norma tributaria que hizo
la administración al resolver el recurso de apelación resulta equivocada, por cuanto
el tema no se trataba de un beneficio, sino de un aumento de cargas, y la exención
se configura en virtud de la ley y los acuerdos municipales.
Insistió en que el concepto en el que soportaron los actos demandados era
innecesario, pues el predio ya había sido reconocido como BIC exento del impuesto,
por lo que resultaba errado reconocer el beneficio solo para el año 2021. Y, en el
evento de que no se cumpla con alguno de los requisitos para tener el beneficio en
cuestión, la carga para su revisión era únicamente de la administración y no del
propietario del inmueble exento.
Además, «los actos administrativos expedidos por el IGAC sobre la actualización de la base
catastral a los que se refiere la decisión de segunda instancia no tienen ninguna relación con la
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declaración del predio como BIC ni con el reconocimiento de la exención para las vigencias 2012 a
2022».
Oposición de la demanda
La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente5:
Explicó que, en el Acuerdo 069 de 2000, por medio del cual se expidió el plan de
ordenamiento territorial de Cali, se definieron los espacios físicos que conforman el
patrimonio urbano arquitectónico y se incluyó a la Clínica Rafael Uribe Uribe por uso
institucional. Luego, en el Acuerdo 232 de 2007, artículo 69, se fijó una exoneración
del 100% del impuesto predial respecto a las edificaciones de uso institucional,
recreativo, de salud, entre otros. Estas prerrogativas continuaron en el Acuerdo 321
de 2011. Por su parte, el artículo 258 del Decreto 1333 de 1986 limitó las exenciones
tributarias de origen territorial a un plazo de 10 años.
Indicó que se expidió un nuevo plan de ordenamiento territorial con el Acuerdo 373
de 2014 y en su artículo 140 se mantuvo la exoneración del impuesto predial de los
inmuebles de nivel 1, 2 y 3 por ser de interés público, condicionando el beneficio a
una adecuada conservación, para lo cual el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal debía comunicar a la entidad el concepto de aprobación. Esto
obedecía a que «la administración es de carácter rogado» y el impuesto predial es de
causación anual, por lo que para cada período se debía corroborar la conservación
del bien y el cumplimiento de las condiciones que daban origen al beneficio, así
como la titularidad y destinación.
Manifestó que en todos los acuerdos municipales se mantuvo la exoneración del
impuesto predial para los bienes culturales, sin embargo, se restringió la
prerrogativa al cumplimiento de condiciones, tal era el caso de los Acuerdo 338 de
2012 y el Decreto 259 de 2015. En dicho sentido, se debía tener en cuenta que en
el Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, la función
de garantizar el cumplimiento de las normas de protección y preservación quedó
asignada a la subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural.
Advirtió que la solicitud de exoneración se presentó hasta el 28 de diciembre de
2021, por lo que se concedió por esa misma vigencia, siendo imposible su aplicación
de forma retroactiva por disposición de los artículos 338 y 363 de la Constitución
Política. Así, los actos demandados se expidieron conforme a las normas sobre la
materia, en tanto contaron con la certificación de la dependencia competente que
brindó el concepto de aprobación para la aplicación de beneficios e incentivos sobre
el inmueble demandado para el año 2021. Finalmente propuso como excepción la
legalidad de la actuación administrativa.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda por lo siguiente6:
De manera previa advirtió que en los antecedentes administrativos obraba la
resolución 4131.010.21.0387 del 27 de abril de 2022, la cual se omitió demandar y
en la que se decidió no reponer lo resuelto en la resolución 4131.010.21.134 del 1
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Samai del Tribunal. Índice 12.
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Samai del Tribunal. Índice 28.
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de marzo de 2022. Así, decidió incluirla en el control de legalidad en virtud de lo
dispuesto en el artículo 163 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Posteriormente, explicó que, en el Distrito Especial de Santiago de Cali se
encuentran exentos del impuesto predial los bienes de interés cultural. Sin embargo,
para acceder al beneficio se debe verificar el estado del inmueble y solicitarse por
la parte interesada cada 2 años (art. 49 parágrafo 1 del Acuerdo 321 de 2011,
modificado por el art. 8 del Acuerdo 338 de 2012) con el fin de que la administración
constate el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma.
Luego de efectuar el recuento sobre la actuación administrativa surtida, sostuvo que
la sociedad omitió cumplir con su obligación de solicitar ante la administración la
exención para los años anteriores al 2021, pues solo lo hizo el 28 de diciembre de
2021, por lo que le asistía razón a la demandada en reconocer el beneficio para
dicha vigencia, tal como lo conceptuó el subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e
Infraestructura Cultural de Cali el 16 de febrero de 2022.
Precisó que la decisión de la administración encontraba sustento en el principio de
legalidad, más que en el de irretroactividad, en la medida que la actora no dio
cumplimiento a las exigencias establecidas en la norma territorial. No obstante, el
beneficio debía cobijar la vigencia 2022 porque la solicitud se presentó en el 2021 y
el trámite se debía agotar cada 2 años. En consecuencia, declaró la nulidad parcial
de los actos demandados y, como restablecimiento del derecho ordenó la exención
del impuesto predial de los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias
B370-33867 y B370-33868, para las vigencias fiscales 2021 y 2022.
Finalmente se abstuvo de condenar en costas por no encontrar en el expediente
pruebas de su causación.
Recursos de apelación
Las partes apelaron la decisión. La demandante7 reiteró que desde el Acuerdo 232
de 2007, en su artículo 22 se declaró a la Clínica Rafael Uribe Uribe como BIC, y en
el parágrafo del artículo 69 estableció la exención del impuesto predial en el 100%,
condición que se mantuvo en el Acuerdo 321 de 2011. De manera que, no era cierto
como lo afirmaba el Tribunal, que el beneficio se solicitara por el solo hecho de ser
un inmueble de interés cultural, pues el mismo acuerdo lo «excluye de dicha condición».
Advirtió que en ninguna parte del texto del Acuerdo 232 o en algún reglamento se
exige que cada dos años la sociedad debía solicitar concepto sobre el buen estado
y conservación del inmueble para acceder al beneficio tributario, por el contrario, tal
como se explicó desde la demanda, ese requisito se refería a aquellos que quisieran
solicitar la exoneración, pero de los inmuebles relacionados en el Acuerdo 321 de
2011, es decir, otros predios de interés cultural cuyos propietarios tenían la libertad
de solicitar la exoneración.
Así, como desde el Acuerdo 069 de 2000 ya se había declarado el inmueble como
BIC no se requería concepto del Subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e
Infraestructura Cultural, insistiendo que el Acuerdo 321 de 2011 se refirió fue a otros
inmuebles considerados en el plan de ordenamiento territorial como bienes de
interés patrimonial del municipio, y para ellos se debe demostrar el cumplimiento de
las condiciones cada 2 años.
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Además, en el parágrafo 1 del Acuerdo 321 cuando condiciona la solicitud del
beneficio cada 2 años, no incluye a los bienes de interés cultural de «uso hospitalario»,
puesto que esos predios ya estaban calificados bajo esa categoría y exentos del
100% del pago del impuesto desde el Acuerdo 232 de 2007, lo cual continuaba
vigente sin requisitos adicionales.
Expresó que el error en la inaplicabilidad de la exención se configuró por: i) la
incorrecta interpretación del artículo 140 del Acuerdo 373 de 2014; ii) concordar el
mencionado artículo 140 con el 49 del Acuerdo 321 de 2011(modificado por el art.
8 del Acuerdo 338 de 2012); y iii) desconocer el valor probatorio del concepto, que
aunque no era exigible para el caso de la clínica, el hecho de pedir la verificación
del buen estado de uso y conservación del predio «no lo puede limitar a un año y presumir
que en los años anteriores como no se solicitó el concepto, la exención desapareció del
ordenamiento jurídico».
Precisó que el artículo 140 del Acuerdo 373 de 2014 se refiere a los bienes de
interés cultural que ayudan a la conservación del patrimonio, y que a la fecha de su
expedición no estaban exonerados, pero podían acceder a los incentivos del artículo
69 del Acuerdo 232 de 2007. Así mismo, lo que dispone el artículo 140 es que se
debe hacer la verificación del cumplimiento de las condiciones, y si se demuestra
que se incumplieron, se pierde la exoneración, pero respetando el derecho de
defensa, porque las exenciones tributarias son de origen constitucional y no pueden
ser anuladas, desconocidas o derogadas automáticamente y menos ante la falta de
requisitos formales.
Agregó que aun cuando hubiere existido la condición de solicitar por escrito el
beneficio, era contradictorio y arbitrario interpretar que el concepto, que limitó a un
año la exención, derogará de plano la norma sustancial que declaró la exención en
el pago del predial al inmueble, máxime cuando estaba probado que para el año
2021 el inmueble estaba en buen estado. Así parecía que por el hecho de no haber
pedido la verificación en los años 2012 a 2020 se presumía la mala conservación
del edificio.
La demandada8 reprochó la decisión del tribunal de incluir el año 2022 en la
exoneración del pago del impuesto predial. Al efecto adujo que el impuesto en
cuestión se causa desde el primer día de cada año y bajo ese principio quien
considerara que tenía derecho al beneficio consagrado en los acuerdos 069 de 2000
y 232 de 2007 debía solicitarlo cada año en aras de que la entidad competente
verificara que los inmuebles cumplieran con las condiciones señaladas por las
normas.
Lo anterior obedece a que el inmueble con la exención podía ser objeto de
enajenación, cambio de destinación parcial o total, u otra serie de situaciones físicas
o jurídicas de una anualidad a otra, siendo improcedente extender el beneficio al
año 2022, pues solo se verificaron los requisitos para el año 2021.
Oposición a la apelación
Las partes guardaron silencio.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no se pronunció en esta etapa.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Le corresponde a la Sección decidir los recursos de apelación interpuestos por las
partes contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de las
resoluciones 4131.010.21.134 del 1 de marzo de 2022, 4131.010.21.0387 del 27 de
abril de 2022; 4112.010.21.0059 del 31 de agosto de 2022, por medio de las cuales
la entidad demandada resolvió exonerar a la demandante del pago del impuesto
predial frente al inmueble conformado por las matrículas inmobiliarias 370-33867 y
370-33868, correspondiente a la Clínica Rafael Uribe Uribe para la vigencia 2021.
En los términos planteados por las partes, será del caso analizar el cumplimiento de
los requisitos para conceder la exención a los años anteriores al 2021, y si también
era procedente para el período 2022 como lo ordenó el tribunal.
Análisis del caso concreto
1. Del recurso de apelación de la demandante
Afirmó que el predio en discusión se trataba de un bien de interés cultural exento
del pago del impuesto predial de conformidad con los Acuerdos 069 de 2000 y 232
de 2007, según los cuales no era necesario que cada dos años los interesados
solicitaran concepto sobre el buen estado y conservación del predio para acceder
al beneficio tributario, por el contrario, ese requisito formal únicamente estaba
dirigido a aquellos que aún no gozaran de ese derecho.
Alegó que contar con el concepto de la administración cada dos años no incluía a
los bienes de interés cultural, como los de uso hospitalario. De manera que la
negativa encontraba sustento en la indebida interpretación de las normas
municipales y la exigencia de requisitos adicionales que restringían la aplicación de
beneficios adquiridos previamente por mandato constitucional y legal y, más aún,
cuando por el hecho de no haber pedido la verificación en años anteriores se
presumía la mala conservación del edificio.
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán las disposiciones
normativas y fácticas del caso en cuestión.
El artículo 173 del acuerdo 069 del 20009, enlistó los predios considerados como
patrimonio urbano arquitectónico del Municipio de Cali por su valor urbanístico,
histórico, entre otras características, incluyendo en esa ocasión a la Clínica Rafael
Uribe Uribe en la categoría de los «inmuebles destinados originalmente al uso institucional,
cultural, recreativo y otros».
Así mismo, en el artículo 22 del acuerdo 232 de 200710 fueron enlistados los bienes
de interés cultural de conservación tipo 2 del municipio, en el que se encuentra los
del citado artículo 173 del acuerdo 069, identificando a la clínica demandante.
Ahora, el artículo 69 del mismo acuerdo 232 de 2007 consagró una exoneración en
el pago impuesto predial en los siguientes términos:
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«Plan de Ordenamiento Territorial»
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«POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO – ARQUITECTÓNICO DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI»
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ARTÍCULO 69: Solicitud de exención del 75% del impuesto predial. Los propietarios o
poseedores de los inmuebles clasificados como de conservación Tipo 1 y conservación Tipo
2, así como de conservación Tipo 5, en áreas de preservación urbanística, que tengan uso
residencial y que se encuentren en buen estado de uso y conservación, podrán solicitar ante
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, DAPM, concepto para la exención
del setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto predial. Una vez recibida la solicitud, el
DAPM verificará el cumplimiento de las normas aplicables al inmueble, su buen estado y la
preservación de las condiciones originales de fachadas, antejardines, andenes y bermas, en
el caso de que las hubiere. Si el inmueble cumple con los requisitos establecidos, el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal comunicará a la Tesorería Municipal el
concepto de aprobación, de lo cual informará al peticionario. En caso contrario, informará al
interesado sobre las acciones que debe ejecutar para la expedición del concepto aprobatorio.
PARÁGRAFO: Para las edificaciones cuyo uso sea de carácter institucional, educativos,
cultural, de cultos, recreativo, de salud, sedes comunales, comunitarias y vivienda se
exonerará del impuesto predial por el 100%.
De igual forma, el artículo 140 del Acuerdo 373 de 201411 hizo referencia a la
exención del impuesto predial para los propietarios de bienes inmuebles de interés
cultural protegido indicando en su inciso segundo que estos son de interés público
y ayudan a la conservación del patrimonio del municipio, por lo que «podrán hacer uso
de los incentivos establecidos por la normatividad vigente para facilitar el cuidado y mantenimiento
pertinente del bien, tales como los descuentos tributarios establecidos en los artículos 66, 67, 68, 69,
70 y 71 del Acuerdo 0232 de 2007»
Ahora, no es objeto de controversia que la clínica se integra por dos predios
identificados con las matrículas inmobiliarias 370-33867 y 370-33868. Sin embargo,
se tiene que en la resolución 4132.0.21.072 del 29 de febrero de 2016 se incluyó
como bien de interés cultural únicamente el inmueble 370-3386712. Así se indicó en
el acto:
ARTÍCULO PRIMERO: Informar al señor registrador de Instrumentos públicos del Círculo de Cali
el listado que corresponde a los bienes de interés Cultural ( BIC) de Santiago de Cali
ARTÍCULO SEGUNDO: Los predios sobres los cales recae la inscripción son los que a
continuación se detallan:
NOMBRE COD. NÚMERO
NO. MATRÍCULA PROPIETARIO DIRECCIÓN BARRIO
DEL BIEN BIEN PREDIAL
URB.
COMFENALCO FERROCARRILES CLÍNICA
VALLE & NACIONALES RAFAEL BIC M1- SAN B02910
26 33867
UNIVERSIDAD NUEVA ESTACIÓN URIBE 18 VICENTE 000100000
LIBRE SAS 10 HOY C 25N 28N URIBE
17
La anomalía en la categorización de ambos bienes como de interés cultural fue
objeto de debate por parte de la interesada y acogido de manera favorable por la
administración en la resolución 4131.050.21.5594 del 25 de noviembre de 2021,
ordenando la rectificación en los siguientes términos13:
«RESUELVE:
Artículo Primero: Efectuar la rectificación de oficio a petición de parte en el censo catastral del
Distrito de Santiago de Cali (SigCat) los siguientes cambios:
(…)
11
Por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de Contenido de Largo Plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Santiago de Cali
12
Samai del tribunal. Índice 11. PDF 4_760012333000202201062003MemorialWeb202310920115. Página 103 y
siguientes.
13
Ibidem, página 139 y siguiente.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2022-01062-01 (30078)
Demandante: Edificio Benjamín Herrera S.A.S
Observación: En atención a solicitud No. 2021417301922672 de fecha 01/07/2021 y mediante
radicado No. 4000009733747 de fecha 06/07/2021, se procede a rectificar la inscripción
catastral del predio 760010100020900310001000000001 rectificando su área de terreno, datos
jurídicos y su información física, cabe indicar que el área de terreno disminuye con respecto a
la histórica por la inscripción del predio nuevo 760010100020900310002000000000.
Lo anterior conforme a títulos aportados, informe de aprobación cartográfica del 07/09/2021 e
informe de visita técnica del 13/10/2021 realizada por el equipo de visitas terreno de la
Subdirección de Catastro adscrita al Departamento Administrativo de Hacienda del Distrito de
Santiago de Cali.
[…]
Observación: En atención a solicitud No. 202141730101922672 de fecha 01/07/2021 y
mediante radicado No. 4000009733747 de fecha 06/07/2021, se procede a inscribir predio
nuevo 760010100020900310002000000000, mediante escritura pública No. 4021 del 30/12/2009
de la notaria 6 de Cali, bajo el folio de matrícula 370-33868, toda vez que el área de este predio
se encuentra inmerso dentro del predio 7600101000209310001000000001.
Lo anterior conforme a títulos aportados, informe de aprobación cartográfica del 07/09/2021 e
informe de visita técnica del 13/10/2021 realizada por el equipo de visitas terreno de la
Subdirección de Catastro adscrita al Departamento Administrativo de Hacienda del Distrito de
Santiago de Cali.»
Acto seguido, en la resolución 4132.010.21.0.118 del 29 de noviembre de 2021, la
administración resolvió informar al registrador de instrumentos públicos el listado de
otros bienes de interés cultural y la respectiva anotación en cada uno de los folios,
incluyendo la clínica, así14:
ARTÍCULO PRIMERO: Informar al señor registrador de Instrumentos públicos del Círculo de Cali
el siguiente listado que corresponde a algunos de los bienes de interés Cultural (BIC) de
Santiago de Cali
NOMBRE NÚMERO
NO. MATRÍCULA PROPIETARIO DIRECCIÓN COD. BIEN BARRIO
DEL BIEN PREDIAL
URB.
Comfenalco FERROCARRILES Clínica
Valle & NACIONALES Rafael BIC-M1- San B02910
18 370-33868
Universidad NUEVA ESTACIÓN Uribe 18 Vicente 000100000
Libre SAS 10 HOY AV 3 NB Uribe
25 N
Lo anterior denota entonces la categoría de la clínica como bien de interés cultural
y que el inmueble podía gozar de exención. Sin embargo, se precisa que en el
expediente no obra algún documento que hubiere reconocido de manera específica
la exención del pago del impuesto predial para el inmueble identificado con la
matrícula 370-33867, que permitiera predicar una igualdad de derechos y beneficios
entre uno y otro inmueble como se indica en la demanda.
Ahora bien, la demandante presentó un memorial el 28 de diciembre de 202115
denominado «SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y VALORIZACIÓN» en el que
mencionó los actos reseñados anteriormente y solicitó:
exonerar del pago de impuesto predial Valorización Municipal “21 MEGAOBRAS” al predio
identificado con la (sic) el folio de Matrícula Inmobiliaria 370-33868 y expedir los
correspondientes paz salvos para proceder a efectuar la cancelación del gravamen inscrito en
el citado folio de Matrícula Inmobiliaria ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali, (…), teniendo en cuenta que la exoneración solo se ha efectuado sobre el predio
identificado con la Matrícula Inmobiliaria 370-33867, que corresponde al Bien de Interés
Cultural BIC M1 -18 Clínica Rafael Uribe Uribe
14
Anexos de la contestación. Página 16 y siguientes.
15
Ibidem. Páginas 1 a 7
9
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Radicado: 76001-23-33-000-2022-01062-01 (30078)
Demandante: Edificio Benjamín Herrera S.A.S
Dicha solicitud dio lugar a la expedición de la resolución 4131.010.21.0134 del 1 de
marzo de 202216, en la que la entidad territorial decidió «APLICAR la exención del 100%
del Impuesto Predial Unificado, para la vigencia fiscal 2021, de conformidad con lo establecido en el
artículo 69 del Acuerdo Municipal No. 0232 de 2007, al predio identificado con número predial
nacional 760010100020900310001000000001, con folio de matrícula inmobiliaria 370-33867 y número
predio nacional 760010100020900310002000000000, con folio de matrícula inmobiliaria 370-33868».
Al efecto, la administración tuvo en cuenta la certificación de la Subsecretaría de
Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural 202241480200001624 del 16 de
febrero de 202217, en la que se informó que el inmueble se encontraba en buen
estado de uso y conservación y, por ende, era susceptible de gozar del beneficio
para la vigencia 2021 conforme lo dispuesto en el parágrafo del artículo 69 del
Acuerdo 232 de 2007.
Contra esa decisión la interesada interpuso los recursos de reposición y apelación18
solicitando «la exoneración de los impuestos de Predial y Valorización del bien identificado con la
Matrícula Inmobiliaria 370-33868, debe aplicarse desde la vigencia 2012 y hasta la vigencia 2022,
como ha acaecido con el bien identificado con la Matricula Inmobiliaria 370-33867 denominado
CLÍNICA RAFAEL URIBE URIBE»,
Al resolver el recurso de reposición con la resolución 4131.010.21.0387 del 27 de
abril de 202219 el municipio citó como fundamento la respuesta del 29 de marzo de
2022 de la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural de la
Secretaría de Cultura, la cual señaló que
Respecto a la exoneración del impuesto predial de las vigencias anteriores al año 2021, debe
tenerse en cuenta lo consagrado en el Artículo 363 de la Carta Política (…)
Por lo tanto este organismo no encuentra amparo legal ni constitucional para emitir conceptos
de patrimonio en la presente vigencia, sobre vigencias ya expiradas. (…)
Se suma a lo anterior, el titular del predio BIC, no solicitó oportunamente dentro de las
respectivas vigencias la exención por cada año, máxime si se tiene en cuenta, que el predio
con matrícula 370-33868 presentaba la anomalía en la inscripción como BIC, indicando el
recurrente que ha sido una omisión de la Administración Municipal- pero olvidando la
observancia de que el área de ésta matrícula, estaba inmersa en la matrícula inmobiliaria 370-
33867, como lo establece y corroboró Catastro Municipal.
En el acto que resolvió la apelación, esto es, la resolución 4112.010.21.0059 del 31
de agosto de 202220, el municipio mantuvo su posición en cuanto a la
extemporaneidad en la solicitud del reconocimiento del beneficio al indicar, que «los
argumentos expuestos no resultan suficientes para considerar la imperatividad de enervar el acto
administrativo objeto del recurso de apelación, puesto que afirmar un derecho como acreedor de la
exención en el pago de vigencias anteriores, sin que en su oportunidad fueran solicitadas por su
propietario y acogiendo lo dispuesto por el IGAC sobre el principio de irretroactividad, no encuentra
razones jurídicas que per se permitan inferir sin hesitación alguna irregularidades en el procedimiento
administrativo adelantado por la primera instancia.»
En la sentencia de primera instancia se indicó que, de conformidad con el parágrafo
1 del artículo 49 del Acuerdo 321 de 2011 (modificado por el artículo 8 del Acuerdo
338 de 2012), la sociedad debía solicitar la exención del impuesto predial de los
bienes de interés cultural cada 2 años a fin de que la administración pudiera verificar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma, situación que en el
16
Páginas 181 y siguientes
17
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Radicado: 76001-23-33-000-2022-01062-01 (30078)
Demandante: Edificio Benjamín Herrera S.A.S
presente asunto se agotó solo hasta el 28 de diciembre de 202121, por lo que era
válida la negativa de la entidad de reconocer el beneficio para períodos anteriores
a esa fecha.
El artículo 8 del Acuerdo 338 de 201222, que modificó el artículo 49 del Acuerdo 321
de 201123 estableció lo siguiente:
«Artículo 8: MODIFICAR el artículo 49 del Capítulo I, PARTE SUSTANTIVA, Libro Primero del artículo
1 del Acuerdo No. 0321 de 2011, el cual quedará así:
“Artículo 49: Inmuebles exonerados: Estarán exonerados de la obligación del pago del
Impuesto Predial Unificado, por el término de diez (10) años contados a partir del período
gravable 2013, los propietarios de los siguientes inmuebles:
a. Los inmuebles de propiedad de entidades culturales constituidas como entidad sin ánimo
de lucro y dedicadas exclusivamente a la práctica de actividades relacionadas con la
cultura.
b. Los inmuebles de propiedad de Juntas de Acción Comunal debidamente reconocidos por
la autoridad competente, destinados exclusivamente a salones comunales.
c. Los inmuebles de propiedad de asociaciones sindicales de trabajadores y de las
asociaciones gremiales de pensionados, destinados exclusivamente a la actividad
sindical o gremial.
d. Los inmuebles utilizados exclusivamente en la prestación directa de servicios de
asistencia, protección y atención a la niñez, juventud, personas de la tercera edad o
indigentes, rehabilitación de limitados físicos, mentales o sensoriales, drogadictos y
reclusos, atención a damnificados de emergencias y desastres; que sean propiedad de
la entidad que presta el servicio y su constitución corresponda a una entidad sin ánimo
de lucro.
e. Los inmuebles de propiedad de la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja,
destinados como sedes y/o campos de entrenamiento.
Parágrafo 1: Quienes consideren tener derecho a las exoneraciones antes descritas, deberán
solicitarlas por escrito ante el Director del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
cada dos (2) años, a fin de demostrar el cumplimiento y la vigencia de las condiciones que
dieron origen a la exoneración, previo el agotamiento del trámite que disponga el reglamento.
Parágrafo 2: La exoneración establecida en este artículo no incluye las sobretasas ambiental
y bomberil previstas en este Estatuto.
Parágrafo 3: Para los efectos de la exoneración prevista en este artículo, continuarán vigentes
hasta el año gravable 2012 las exoneraciones concedidas por medio del Acuerdo 104 de 2002.
Parágrafo 4: Las exoneraciones previstas en el capítulo IX del Acuerdo 232 de 2007
continuarán vigentes. Con referencia a las exoneraciones establecidas en los Acuerdos 06 de
1997, 142 de 2004, 153 de 2005 y 210 de 2007 se aplicarán de conformidad con lo dispuesto
en sus respectivos actos administrativos.»
De conformidad con la norma citada, la Sección advierte que, contrario a lo expuesto
por el Tribunal y como lo sostiene la demandante, el requisito de solicitar cada dos
años la exoneración del pago del impuesto predial en los términos del parágrafo 1º
aplica únicamente a los predios de los literales a), b), c), d) y e), estos son, los de
propiedad de entidades culturales; los de juntas de acción comunal; asociaciones
sindicales; de entidades sin ánimo de lucro, y otros como los de la defensa civil, cruz
roja y bomberos. En contraposición el parágrafo 4º del mismo artículo precisó que
las exoneraciones del capítulo IX del Acuerdo 232 de 2007, dentro del cual se
21
Samai del Tribunal. Índice 12. Contestación demanda. 4_MemorialWeb_ContestaciónDemanda(.pdf) NroActua 12. Pdf.
Páginas 1 a 7 del PDF.
22
«POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO NO. 0321 DE 2011, SE DAN UNAS FACULTADES PRO-TEMPORE
AL SEÑOR ALCALDE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES»
23
«POR MEDIO DEL CUAL SE ESTRUCTURA EL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL»
11
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Demandante: Edificio Benjamín Herrera S.A.S
encuentra el artículo 69, continuaban vigentes, es decir, la exención de pagar el
predial de los bienes de interés cultural.
En ese contexto, la decisión del a quo de exigir la presentación de una solicitud en
los términos del Acuerdo 338 de 2012 cada dos años, obedece a un error de
interpretación y la aplicación indebida de una norma que en su contenido no
prescribió requisitos adicionales de tiempo para los predios de interés cultural.
Decantado, entonces, que la decisión de primera instancia aplicó un requisito
previsto para unos supuestos diferentes a los aquí discutidos, resulta conveniente
analizar la disposición jurídica que rige en el asunto.
En criterio de la Corte Constitucional, se pueden conceder exoneraciones para las
obligaciones tributarias, al tratarse de un «estímulo fiscal, orientado hacia el cumplimiento
de propósitos que para el Estado ameritan un tratamiento especial, como ha sucedido con el
fortalecimiento de las políticas ambientales, de protección social o, sencillamente, para la
redistribución y crecimiento económico» 24 no obstante, son de carácter restrictivo y deben
estar cobijadas por principios como el de legalidad y certeza. En ese sentido, ha
precisado que «las exenciones tributarias se identifican por su carácter taxativo, limitativo,
inequívoco, personal e intransferible, de manera que solo operan a favor de los sujetos pasivos que
se subsuman en las hipótesis previstas en la ley.» 25
Como se indicó, el artículo 69 del acuerdo 232 de 2007 consagró la exoneración del
100% en el pago del predial para los bienes de interés cultural. Ahora, para acceder
al beneficio, según esa norma el interesado debía solicitar ante el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, concepto para la exención. Así, dicha
dependencia, o la que haga sus veces, debía verificar «el cumplimiento de las normas
aplicables al inmueble, su buen estado y la preservación de las condiciones originales de fachadas,
antejardines, andenes y bermas, en el caso de que las hubiere. Si el inmueble cumple con los
requisitos establecidos, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal comunicará a la
Tesorería Municipal el concepto de aprobación, de lo cual informará al peticionario. En caso
contrario, informará al interesado sobre las acciones que debe ejecutar para la expedición del
concepto aprobatorio».
Dicho requisito fue ratificado en el artículo 140 del Acuerdo 373 de 2014, que hizo
referencia a los descuentos tributarios, puntualmente al del artículo 69 del Acuerdo
232 de 2007, señalando en su parágrafo que «para la aplicación de los beneficios e
incentivos correspondientes, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal verificará el
nivel de intervención que aplica al inmueble, el cumplimiento de las normas de protección, su buen
estado y la preservación de las condiciones originales internas en distribución y presencia de patios
y externas en fachadas, antejardines, andenes y bermas, en el caso de que las hubiere. Si el
inmueble cumple con los requisitos establecidos, el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal comunicará a la entidad correspondiente, el concepto de aprobación, de lo cual informará
al peticionario.»
Al consultar los antecedentes administrativos aportados con la contestación de la
demanda, se observó que la parte interesada inició el proceso de reconocimiento
de la exoneración el día 28 de diciembre de 2021, solicitud que dio origen a los actos
demandados. Sin embargo, para los períodos anteriores no existe prueba alguna
que la interesada hubiere iniciado el proceso de reconocimiento de la exoneración,
lo cual requería, según la norma local, el concepto por parte del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal DAPM o quien hiciere sus veces sobre el
buen uso y estado del inmueble, siendo indispensable que éste fuera de manera
favorable para la aplicación del beneficio.
24
Corte Constitucional, sentencia C-083 de 2018.
25
Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2009.
12
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Demandante: Edificio Benjamín Herrera S.A.S
En ese sentido, tal como lo expuso el municipio en los actos demandados, era
imposible reconocer el beneficio fiscal para los años anteriores al 2021, pues más
allá de una aplicación retroactiva de la norma, como se indicó en el oficio
202241480200003954 del 29 de marzo de 2022, que sirvió de fundamento de la
resolución que resolvió el recurso de reposición, el «titular del predio BIC no solicitó
oportunamente dentro de las respectivas vigencias la exención por cada año, máxime si se tiene en
cuenta, que el predio con matrícula 370-33868 presentaba la anomalía en la inscripción como BIC»
Se tiene, entonces en este caso se evidenció el incumplimiento de los requisitos
establecidos en la legislación local para acceder a ello, esto es, iniciar el
procedimiento para obtener el concepto favorable del estado y uso del inmueble por
parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal DAPM.
El hecho de que en el asunto objeto de debate el ente territorial condicionara el
reconocimiento de la exoneración a una verificación y concepto favorable por parte
de una de sus dependencias, no obedece más que a la necesidad de corroborar el
estado del inmueble cada año, el buen uso y la categoría de interés cultural, dado
que la naturaleza de la exoneración consiste en que dichos inmuebles «son de interés
público y ayudan a la conservación del patrimonio del municipio» y el uso del beneficio es para
«facilitar el cuidado y mantenimiento pertinente del bien». Para la Sección este requisito no
resulta aislado ni es un capricho de la administración, puesto en otras oportunidades
se ha enfatizado que la determinación de la carga tributaria sobre los predios debe
corresponder a la realidad material, económica y jurídica de los mismos26.
Tampoco se trata de presumir la mala fe respecto a la preservación del inmueble,
como lo indica la demandante en su recurso de apelación, sino la verificación de los
requisitos establecidos por el concejo municipal para acceder a un beneficio, el cual,
como lo indicó la Corte Constitucional, solo se puede reconocer en los casos en los
que se cumplan todos los presupuestos legales, en este caso, los establecidos en
el acuerdo al tratarse de un impuesto territorial.
Debe destacarse que en este caso la demandante no contaba con una situación
jurídica consolidada por el paso del tiempo, en su lugar, contaba con una mera
expectativa, pues si bien la norma contempló el beneficio tributario, el derecho a
disfrutar de éste siempre estuvo atado a la existencia de un concepto de aprobación
sobre el estado del inmueble, el cual como se expuso, no fue solicitado
oportunamente por la interesada, por lo que no es posible determinar el buen estado
de la edificación para los años anteriores al 2021.
Por lo anterior, prospera parcialmente la apelación de la demandante en cuanto a
la indebida aplicación del Acuerdo 338 de 2012, pero no los demás cargos de
nulidad planteados referentes a la aplicación de la exoneración para años anteriores
al 2021.
2. Del recurso de apelación de la demandada
El municipio reprochó la decisión del tribunal de incluir el año 2022 en la exoneración
del pago del impuesto, por cuanto quien considerara que tenía el derecho debía
solicitarlo cada año para que se adelantara la verificación de las condiciones por
parte de la dependencia competente. Esto tenía sentido en la medida que los
predios podían sufrir transformaciones físicas y jurídicas con el paso del tiempo.
26
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 30 de mayo de 2024, exp 26167, M.P. Milton Chaves García, reiterada
en la sentencia del 26 de septiembre de 2024, exp 28116, M.P. Wilson Ramos Girón.
13
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Radicado: 76001-23-33-000-2022-01062-01 (30078)
Demandante: Edificio Benjamín Herrera S.A.S
A esos efectos, debe tenerse en cuenta que, la decisión del Tribunal se fundamentó
en la aplicación de una norma que no correspondía, como se indicó anteriormente,
razón por la cual no hay lugar al reconocimiento de la exoneración para el 2022 en
los términos dispuestos en la sentencia de primera instancia, por lo que le asiste
razón al municipio apelante.
Conclusión
La Sección revocará la decisión de primera instancia, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.
Condena en costas
Comoquiera que se revoca la decisión de primera instancia y se niegan las
pretensiones, se condenará en costas a la demandante de conformidad con el
numeral 4 del 365 del Código General del Proceso aplicable por remisión expresa
del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Las agencias en derecho se tasan en un
(1) SMMLV, en cada una de las instancias de conformidad con el Acuerdo PCSJA-
12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura. Por
tanto, se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación,
conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del
Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida el 31 de enero de 2025
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, NEGAR las
pretensiones de la demanda
2. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante. En
consecuencia, ordenar al Tribunal, que dé trámite al respectivo incidente,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con salvamento de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica :https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
14
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