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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04134-00

Fecha
6 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04134-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04134-00 (6566)
Accionante: Jhonatan Valencia Martínez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: retiro del servicio. Subtema 3: defectos
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y otros.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Jhonatan Valencia Martínez contra el Juzgado
Treinta y Seis Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia.

1. Síntesis del caso

El señor Jhonatan Valencia Martínez presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la
defensa, a la contradicción, al acceso efectivo a la administración de justicia, a la
igualdad, al trabajo, al mínimo vital, al buen nombre y a la dignidad humana, que
consideró vulnerados con ocasión de las sentencias del 5 de septiembre de 2025 y
del 3 de marzo de 2026, proferidas por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de
Medellín y por el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 05001-33-33-036-2023-00504-01.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04134-00 (6566)
Accionante: Jhonatan Valencia Martínez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El señor Jhonatan Valencia Martínez prestó sus servicios a la Policía Nacional
desde el 6 de junio de 2009 hasta el 6 de diciembre de 2010, en calidad de auxiliar.
Posteriormente, fue alumno del nivel ejecutivo entre el 8 de junio de 2012 y el 30 de
noviembre del mismo año. Luego, el 1 de diciembre de esa anualidad, se vinculó en
el grado de patrullero y permaneció en servicio activo hasta el 4 de julio de 2023.

3. La Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel
Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, mediante Acta núm. 33-SUBCO-
GUTAH-2.25 del 20 de junio de 2023, recomendó el retiro del servicio activo del
accionante.

4. El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (e), mediante la
Resolución núm. 484 del 30 de junio de 2023, dispuso el retiro del servicio activo
del señor Valencia Martínez, en ejercicio de la facultad discrecional prevista en el
artículo 4 de la Ley 857 de 2003.

5. El señor Jhonatan Valencia Martínez presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y
Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del referido acto
administrativo y, en consecuencia, se ordenara su reintegro a la institución, así
como el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir,
además de algunos perjuicios inmateriales.

6. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 5
de septiembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda. Contra dicha
decisión, la parte actora presentó recurso de apelación.

7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de providencia del 3 de marzo
de 2026, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia, al considerar
que el acto administrativo demandado se encuentra debidamente motivado y los
elementos probatorios aportados al expediente del proceso ordinario no permitían
advertir una actuación irregular constitutiva de desviación de poder.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, defensa,
contradicción, acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad, trabajo, mínimo

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04134-00, índice 2, certificado CB039331CC1645E1 E7FF7BF22A307F1B
D465DF42A24282D0 B3B5B12CF20ED4DA.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04134-00 (6566)
Accionante: Jhonatan Valencia Martínez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

vital, buen nombre, dignidad humana y presunción de inocencia del señor JHONATAN
VALENCIA MARTÍNEZ.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 3 de marzo de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 05001-33-33-036-2023-
00504-01.

TERCERA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2025
por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín, dentro del mismo
proceso judicial.

CUARTA: ORDENAR a las autoridades judiciales accionadas que, dentro del término
que su despacho considere prudente, profieran una nueva decisión judicial de
reemplazo, dejando sin efectos constitucionales la providencia cuestionada, en la cual
se realice un análisis integral, objetivo, razonable, suficiente y constitucionalmente
adecuado del caso concreto, con valoración completa, armónica y no fragmentada del
material probatorio obrante en el expediente, observancia estricta del precedente
judicial aplicable, respeto del principio de presunción de inocencia, y aplicación de
estándares de motivación, razonabilidad y proporcionalidad compatibles con los
derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, acceso efectivo a la
administración de justicia, trabajo, buen nombre y dignidad humana del accionante.

QUINTA: ORDENAR la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada,
ajustada a los parámetros constitucionales del debido proceso, presunción de
inocencia, razonabilidad, proporcionalidad y valoración integral de la prueba, conforme
a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre retiro
discrecional en la Policía Nacional. […]2.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante sostuvo que las
providencias proferidas por las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
defecto fáctico, porque realizaron una valoración defectuosa del material probatorio
aportado al proceso ordinario y omitieron estudiar elementos relevantes y
determinantes para la decisión, lo que produjo una vulneración de los principios de
imparcialidad, objetividad y sana crítica.

10. En este sentido, explicó que las decisiones cuestionadas otorgaron valor
probatorio a circunstancias desfavorables para el demandante, «como la existencia
de un proceso penal en curso, su captura, determinadas anotaciones
administrativas y algunos llamados de atención institucionales», las cuales no
podían servir de fundamento para desconocer su trayectoria profesional y su
desempeño, dado que no existía una decisión judicial o administrativa que definiera
de manera definitiva su situación jurídica.

11. Agregó que dicha situación implicó una valoración inequitativa del material
probatorio, por cuanto, simultáneamente fueron minimizados o desprovistos de
contenido elementos documentales favorables incorporados legal y oportunamente
al expediente, entre ellos los relacionados con su trayectoria institucional,
reconocimientos, felicitaciones, distinciones, evaluaciones sobresalientes de
desempeño y resultados operacionales, los cuales acreditaban el adecuado
cumplimiento de sus funciones durante su carrera institucional.

2
Se transcribe incluso con errores.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04134-00 (6566)
Accionante: Jhonatan Valencia Martínez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

12. Expresó que las autoridades judiciales accionadas construyeron la
razonabilidad del retiro discrecional sobre la base de algunos indicios, a los que
otorgaron un alcance concluyente, sin desarrollar un verdadero juicio de
proporcionalidad respecto de la totalidad del material probatorio.

13. Por otro lado, afirmó que se incurrió en desconocimiento del precedente, debido
a que se apartó de los parámetros jurisprudenciales fijados por el Consejo de Estado
sobre los criterios de motivación y proporcionalidad para definir el retiro del servicio
público de los miembros de la fuerza pública, pues no dio adecuada aplicación a la
sentencia de unificación de 7 de abril de 2022, expediente núm. 52001 23 31 000
2009 0349 01 (4288-2016).

14. Asimismo, refirió que las decisiones acusadas incurrieron en el defecto de falta
de motivación, pues no superaron «un estándar mínimo de racionalidad, suficiencia
argumentativa, proporcionalidad y coherencia constitucional», por cuanto otorgaron
valor probatorio a algunas circunstancias desfavorables para él y desconocieron
otros elementos contenidos en su hoja de servicios que evidenciaban su buen
desempeño.

15. Adicionalmente, expuso que, en las sentencias objeto de tutela, se configuró un
defecto sustantivo, toda vez que estas efectuaron una interpretación ajena a los
parámetros de razonabilidad del marco normativo aplicable, al validar una
comprensión amplia, descontextualizada y materialmente arbitraria de la facultad
discrecional de retiro por razones del servicio, sin tener en cuenta los límites
constitucionales y jurisprudenciales que condicionan el ejercicio legítimo de dicha
potestad administrativa.

16. Finalmente, indicó que la providencia cuestionada incurrió en una violación
directa de la Constitución, porque fue proferida con desconocimiento de principios
y garantías superiores, tales como el debido proceso y la presunción de inocencia.

2.3. Trámite procesal

17. El despacho ponente, mediante auto del 2 de junio de 20263, admitió la
demanda, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado
Treinta y Seis Administrativo de Medellín, en su calidad de autoridades accionadas,
y puso en conocimiento el escrito de tutela a la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, en su condición de tercero con interés.

18. Posteriormente, con auto del 22 de junio de 20264, se vinculó al Juzgado Once
de Familia de Medellín, en atención a que en el referido despacho judicial se
tramitaba una acción constitucional promovida por el hoy tutelante contra las
decisiones adoptadas por la oficina de control disciplinario de la Policía Nacional,
que, a juicio del actor, sirvieron de sustento para expedir el acta de la junta asesora
que recomendó su retiro del servicio.

3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04134-00, índice 9, certificado CCC44AC330DFD8BB 08CF8489BD4500C7
A733DB0DB10A8B22 72A9C166DAD2F36D.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04134-00, índice 24, certificado FCC71EC85907AA71 566FE173E7DAAED2
B9506096B4563C28 1C0B40047672029E.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04134-00 (6566)
Accionante: Jhonatan Valencia Martínez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

2.4. Intervenciones

19. El Tribunal Administrativo de Antioquia5 manifestó que la providencia
cuestionada desarrolló de manera suficiente el marco normativo y jurisprudencial
aplicable al retiro discrecional de los miembros de la Policía Nacional, con especial
referencia a los artículos 54, 55 y 62 del Decreto 1791 de 2000 y a la Sentencia de
Unificación del Consejo de Estado del 7 de abril de 2022. Igualmente, indicó que
dicha decisión abordó y resolvió cada uno de los argumentos planteados por la parte
demandante en el recurso de apelación

20. Precisó que la decisión acusada valoró las pruebas legalmente incorporadas al
proceso, examinó la recomendación emitida por la Junta de Evaluación y
Clasificación de la Policía Nacional, de conformidad con lo previsto en la Sentencia
de Unificación del Consejo de Estado del 7 de abril de 2022, y explicó las razones
por las cuales concluyó que el retiro obedeció a necesidades del servicio
debidamente acreditadas.

21. De este modo, indicó que la sentencia se encuentra debidamente motivada y
sustentada en el material probatorio obrante en el expediente y en los precedentes
jurisprudenciales aplicables al caso concreto, sin que se advierta una vulneración a
los derechos fundamentales invocados por el accionante.

22.Por lo anterior, solicitó que se niegue la tutela o, en su defecto, que se declare
improcedente, debido a que no se configuran los defectos alegados por el actor.

23. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Medellín 6 remitió, a esta
corporación, el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

24. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional7 solicitó que se
negara el amparo, al considerar que los despachos judiciales que conocieron del
proceso ordinario observaron la normativa aplicable y que las decisiones adoptadas
se encuentran sustentadas en sólidos fundamentos fácticos y jurídicos, de
conformidad con el acervo probatorio recaudado. Lo anterior les permitió concluir
que el acto administrativo mediante el cual se dispuso el retiro del servicio obedeció
a necesidades de mejoramiento del servicio, ante el evidente incumplimiento, por
parte del tutelante, de sus deberes policiales.

25. Adicionalmente, refirió que en el escrito de tutela no se advierte la existencia de
un perjuicio irremediable, por lo que no se configura ninguna circunstancia especial
que haga procedente la solicitud de amparo de manera excepcional.

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04134-00, índice 20, certificado 78B0C9F114054AB0 92DBF875A834FD93
C9D35041BE391D38 ADBF2CA499B516F1
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04134-00, índice 18, certificado 9D94F19D2AB29A03 5F751BF9D2C87B63
06E95A82FF44B5AD 0814C82204AB30FB.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04134-00 índice 21 certificado B1BFDA0EA7B474F0 78D1D4F87F19F7A5
90D55E371F9A455B 410CA9AF2B51E7E3.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04134-00 (6566)
Accionante: Jhonatan Valencia Martínez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

26. El Juzgado Once Administrativo de Familia8 remitió, a esta corporación, el
expediente de la acción de tutela con radicado núm. 05001-31-10-011-2026-00386-
00, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de este mecanismo
constitucional.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Jhonatan Valencia Martínez en contra
del Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Medellín y del Tribunal Administrativo
de Antioquia.

3.2. Legitimación en la causa

28. La legitimación en la causa por activa del señor Jhonatan Valencia Martínez se
encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho dentro del cual se profirió la providencia que, en su
criterio, vulneró sus derechos fundamentales.

29. También está acreditada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Treinta y Seis Administrativo de Medellín y del Tribunal Administrativo de Antioquia,
toda vez que fueron las autoridades judiciales que profirieron las sentencias objeto
de la presente acción de tutela.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. La providencia objeto de estudio

30. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo
de Medellín y del Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que los argumentos que
sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen
en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.

31. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 3 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial
promovida por Jhonatan Valencia Martínez en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional.

8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04134-00 índice 31 certificado 3DE19852EDFE0D1A 99DD81549B9B1AF4
3920AF71E5911D31 F18EBFCF31225EE3.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04134-00 (6566)
Accionante: Jhonatan Valencia Martínez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis
32. Por otra parte, se observa que, el tutelante, en el escrito de amparo, pretende
atribuirle a la providencia cuestionada los siguientes defectos: i) fáctico, ii)
desconocimiento del precedente, iii) decisión sin motivación, iv) sustantivo y v)
violación directa de la Constitución.

33. Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se
advierte que la inconformidad del accionante se concreta en la valoración probatoria
desarrollada por la autoridad accionada, así como en la aplicación de la sentencia
de unificación de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 7 de abril de
2022. Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible configuración de
un defecto fáctico y un desconocimiento del precedente.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

34. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional10.

35.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

36. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04134-00 (6566)
Accionante: Jhonatan Valencia Martínez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

37. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

38. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

39. Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»16;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

40. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada fue proferida con desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
41. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

12
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04134-00 (6566)
Accionante: Jhonatan Valencia Martínez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

42. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 3 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia fue notificada el 5 de marzo siguiente17, y la demanda de tutela se
presentó el 29 de mayo de 2026 18, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional19 y del Consejo de Estado20 como razonable.

43. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los sucesos y los fundamentos de la afectación alegada, y
no resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

44. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

45. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y el desconocimiento
del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos
que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

46. Corresponde a la Sala determinar ¿si el Tribunal Administrativo de Antioquia
vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa,
a la contradicción, al acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad, al
trabajo, al mínimo vital, al buen nombre y a la dignidad humana del accionante e
incurrió en el defecto fáctico y en desconocimiento del precedente al proferir la
sentencia del 3 de marzo de 2026, mediante la cual confirmó la providencia de
primera instancia21, que negó las pretensiones de la demanda promovida por el
actor contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional,
relacionadas con la legalidad del acto administrativo que lo retiró del servicio
activo?.

47. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto fáctico

48. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»22. Este vicio en la valoración

17
Samai, exp. 05001-33-33-036-2023-00504-01, índice 12.
18
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04134-00 índice 1.
19
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
21
Sentencia del 5 de septiembre de 2025, expedida por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Medellín.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04134-00 (6566)
Accionante: Jhonatan Valencia Martínez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión23» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

49. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»24. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»25.

50. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso26.

51. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial27, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»28.

52. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

23
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
26
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
27
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
28
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
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51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]29.

3.5.2. El desconocimiento del precedente judicial

53. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas30.

54. Al respecto, la Corte Constitucional31 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un

29
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
30 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
31 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
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principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales32.

55. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia33.

56. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»34.

57. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela35.

58. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación36.

59. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.6. Caso concreto

60. En el asunto objeto de estudio, Jhonatan Valencia Martínez promovió demanda

32 Se transcribe incluso con errores.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
34 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
35 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
36 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional y Policía Nacional, con el propósito de que se declarara la nulidad de la
Resolución núm. 484 del 30 de junio de 2023 y, en consecuencia, se ordenara su
reintegro a la institución, junto con el reconocimiento y pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir durante el tiempo de desvinculación.

61. En primera instancia, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Medellín,
mediante sentencia del 5 de septiembre de 2025, negó las pretensiones de la
demanda. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia
emitió fallo el 3 de marzo de 2026, en el que confirmó la providencia recurrida.

62. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 3 de marzo de 2026,
incurrió en defecto fáctico, por cuanto realizó una valoración parcial e inadecuada
de las pruebas, en tanto omitió efectuar un estudio ponderado y proporcional de la
trayectoria policial del demandante.

63. En ese sentido, precisó que el Tribunal accionado otorgó un valor
preponderante a circunstancias desfavorables para el demandante, como la
existencia de un proceso penal en curso, su captura, anotaciones administrativas y
llamados de atención, pese a que no existía una decisión definitiva sobre su
situación jurídica.

64. Asimismo, señaló que se le restó valor a pruebas favorables que demostraban
su trayectoria y desempeño institucional, entre ellas reconocimientos, felicitaciones,
distinciones, evaluaciones sobresalientes y resultados operacionales, las cuales
acreditaban el adecuado cumplimiento de sus funciones.

65. Adicionalmente, argumentó que la autoridad judicial justificó su retiro
discrecional con base en elementos meramente indiciarios y preventivos, sin realizar
un análisis integral del material probatorio disponible.

66. Por otra parte, mencionó que la decisión judicial desconoció el precedente
jurisprudencial, debido a que se apartó de los parámetros fijados por el Consejo de
Estado en relación con los criterios de motivación y proporcionalidad aplicables al
retiro del servicio de los miembros de la Fuerza Pública, pues no aplicó
adecuadamente la sentencia de unificación del 7 de abril de 2022, proferida dentro
del expediente núm. 52001-23-31-000-2009-00349-01 (4288-2016).

67. Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia, en atención
a las pretensiones del demandante, efectuó un análisis del asunto con fundamento
en el numeral 6 del artículo 54 del Decreto Ley 1791 de 2000, disposición que
establece que el retiro del servicio de los miembros de la Policía Nacional puede
producirse «por voluntad del Ministerio de Defensa Nacional o de la Dirección
General de la Policía Nacional, por delegación, para el nivel ejecutivo y los
agentes».

68.Así pues, el Tribunal indicó que, según lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto
1791 de 2000, el retiro por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la
13

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Policía Nacional procede por razones del servicio y de manera discrecional. En tal
sentido, refirió que la citada disposición establece lo siguiente: «Por razones del
servicio y en forma discrecional, la Dirección General de la Policía Nacional, por
delegación del Ministerio de Defensa Nacional, para el nivel ejecutivo y los agentes,
podrá disponer el retiro del personal con cualquier tiempo de servicio, previa
recomendación de la respectiva Junta de Evaluación y Clasificación».

69. Sobre el particular, el Tribunal destacó que la jurisprudencia del Consejo de
Estado, en la sentencia del 7 de abril de 202237, al estudiar la facultad discrecional
de la Policía Nacional para retirar del servicio a uno de sus miembros, precisó que
la garantía del debido proceso se materializa mediante el acta de la junta asesora
en la que consten las razones objetivas que sustentan la decisión. Al respecto, fijó
la siguiente regla:

Reglas de unificación […]

i) La recomendación de retiro del servicio de la respectiva junta asesora o de
evaluación y clasificación, que sirve de sustento al acto administrativo definitivo,
deberá estar respaldada en razones objetivas (sin visos de arbitrariedad o capricho),
dejando plasmado el estudio pertinente y completo que fundamente la sugerencia de
desvinculación, de acuerdo con los documentos que permitan entrever su correlación
con los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

70. A partir de este contexto normativo y jurisprudencial, la sentencia objeto de
tutela efectuó una revisión de los documentos obrantes al interior proceso ordinario.
En este sentido, la autoridad judicial examinó el contenido de la hoja de vida del
actor, con la cual constató que el señor Jhonatan Valencia Martínez ingresó a la
Policía Nacional desde el 6 de junio de 2009 hasta el 23 de marzo de 2023, en cuyo
tiempo recibió 4 distinciones y 24 felicitaciones.

71. También se advierte, que la providencia cuestionada verificó los argumentos
descritos en el Acta núm. 223-SUBCO-GUTAH-2.25 del 20 de junio de 2023,
mediante la cual la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal
del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional recomendó la desvinculación
del tutelante de la institución.

72. Dicho documento, a juicio de la autoridad judicial accionada, contenía los
argumentos que sustentaron la decisión adoptada por el comandante de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá (e) en la Resolución núm. 484 del 30 de junio de
2023, por la cual se dispuso el retiro del actor del servicio activo de la Policía
Nacional.

73.Con fundamento en los referidos elementos documentales, el Tribunal
Administrativo de Antioquia efectuó el siguiente análisis:

De conformidad con las pruebas relacionadas, la Sala considera que el acto
administrativo cuestionado que dispuso el retiro del demandante del servicio activo de
la Policía Nacional se basó en razones del servicio, para lo cual, tuvo en cuenta los
antecedentes del señor JHONATAN VALENCIA MARTÍNEZ y una situación particular,

37
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 7 de abril de 2022, expediente: 52001 23 31 000 2009
0349 01 (4288-2016).
14

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esto es, su captura como presunto autor de una conducta punible.

De la lectura de la parte motiva del acta No. 233-SUBCO-GUTAH-2.25 de 20 de junio
de 2023 se desprende que durante el tiempo que el señor VALENCIA MARTÍNEZ
estuvo vinculado al servicio activo de la Policía Nacional, se adelantaron en su contra
3 procesos disciplinarios, que culminaron en una absolución, un archivo y un proceso
vigente.

Asimismo, de la citada acta se advierte que el entonces patrullero VALENCIA
MARTÍNEZ tuvo anotaciones en su hoja de vida por “no ingresar al sistema de
evaluación”, “incumplimiento de funciones institucionales”, “por no diligenciar encuesta
institucional dentro de los términos establecidos”, “por no realizar evaluación de
mediación policial”, “por no realizar el acta de entrega del cuadrante asignado al salir
de vacaciones”, “por mala disposición para el servicio y mal porte del uniforme policial”,
“por mal uso de los medios tecnológicos asignados para la prestación del servicio
policial”, “por retardo injustificado al servicio”, “por abandono del cuadrante o geocerta”,
entre otras.

Aunado lo anterior, se resaltó por parte de la Junta de Evaluación y Clasificación para
Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, el hecho de
que el 22 de marzo de 2023 el señor JHONATAN VALENCIA MARTÍNEZ fue capturado
en flagrancia, en calidad de presunto autor de los delitos de “violencia intrafamiliar y
lesiones personales dolosas”, ya que al parecer agredió físicamente a su ex compañera
sentimental tras, presuntamente, violentar la puerta de su residencia en repetidas
ocasiones, conducta por la cual se le impuso medida preventiva de aseguramiento
domiciliaria.

Según la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel
Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, la captura del señor JHONATAN VALENCIA
MARTÍNEZ, afectó la prestación del servicio de policía y, la imagen y credibilidad de la
institución, por lo siguiente:

[…]

Visto lo anterior, para la Sala el acto administrativo cuestionado se encuentra ajustado
a derecho, dado que fue motivado en razones del servicio y con fundamento en la
recomendación dada por la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales,
Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, a través del acta No. 233-
SUBCO-GUTAH-2.25 de 20 de junio de 2023.

74. De acuerdo con lo anterior, se advierte que, para el Tribunal accionado el retiro
del señor Jhonatan Valencia Martínez del servicio activo de la Policía Nacional fue
legal y estuvo debidamente motivado en razones del servicio. Para adoptar esta
decisión, la autoridad judicial evaluó sus antecedentes disciplinarios y una situación
particular de gravedad, esto es, la captura en flagrancia como presunto autor de los
delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales dolosas.

75. El Tribunal puso de presente que, según el Acta núm. 233-SUBCO-GUTAH-
2.25 del 20 de junio de 2023, durante su permanencia en la Policía se adelantaron
tres procesos disciplinarios en su contra, con resultados de una absolución, un
archivo y un proceso aún vigente. Además, registraba múltiples anotaciones
negativas en su hoja de vida relacionadas con incumplimientos funcionales,
15

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deficiencias en el servicio, uso inadecuado de medios institucionales, retardos
injustificados y abandono de responsabilidades asignadas.

76. La Junta de Evaluación y Clasificación también consideró especialmente
relevante que el 22 de marzo de 2023 fue capturado en flagrancia por
aparentemente agredir a su expareja, hecho que dio lugar a la imposición de una
medida de aseguramiento domiciliaria. A juicio de la Junta, esta situación afectó la
prestación del servicio policial y deterioró la imagen y credibilidad de la institución.

77. Adicionalmente, la autoridad judicial accionada aclaró que, aunque el acta de la
Junta de Evaluación y Clasificación mencionó como uno de los motivos de la
decisión la existencia de un proceso penal en contra del uniformado, esta no fue la
única razón. También se consideraron otras situaciones fácticas, como los llamados
de atención por su desempeño y el incumplimiento de tareas, que en conjunto
llevaron a concluir que su permanencia en el servicio afectaría los fines
institucionales, justificando así su retiro.

78. La corporación judicial sostuvo que la mención del proceso penal dentro de la
recomendación no desvirtuaba la legalidad del ejercicio de la facultad discrecional,
toda vez que del Acta núm. 233-SUBCO-GUTAH-2.25 del 20 de junio de 2023 se
advertían múltiples circunstancias relacionadas con el comportamiento funcional del
actor que, apreciadas de manera integral, justificaban la recomendación de retiro
por razones del servicio.

79. Aunado a lo mencionado, el Tribunal se pronunció sobre el argumento
planteado por el demandante en el recurso de apelación, consistente en el ejercicio
desproporcionado de la facultad de retiro y, el desconocimiento de sus méritos y
calidades, pese a que, en su criterio, demostró disciplina, honor y compromiso con
la institución.

80. Al respecto, señaló que la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales,
Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional valoró los
antecedentes favorables del señor Valencia Martínez, entre los que se encontraban
cuatro distinciones y veinticuatro felicitaciones obtenidas durante su trayectoria
institucional.

81. Sobre el particular, la autoridad judicial accionada resaltó que la jurisprudencia
del Consejo de Estado38 ha sostenido de manera reiterada que las calidades
profesionales, los logros académicos y el buen desempeño laboral del servidor no
generan, por sí mismos, un derecho a la permanencia en el cargo ni restringen el
ejercicio de la facultad discrecional de la administración. En tal sentido, precisó que
tales circunstancias tampoco constituyen prueba suficiente para acreditar una
desviación de poder, toda vez que el cumplimiento adecuado de las funciones
asignadas corresponde al estándar ordinario de comportamiento exigible a todo
servidor público.

82. Más adelante, la providencia cuestionada se pronunció sobre la validez de la

38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 23 de febrero de 2011, expediente: 0734-2010.
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junta de evaluación y clasificación, en los siguientes términos:

Así, es claro que no se exige como requisito de validez para la expedición del acto
administrativo por medio del cual se retira del servicio activo a un miembro de la Policía
Nacional, la notificación de la recomendación dada por la Junta de Evaluación y
Clasificación, por lo cual, la ausencia de ello no da lugar a la declaratoria de nulidad de
la decisión.

Vale reiterar que lo exigido es la existencia de una argumentación que de cuenta de
las razones de buen servicio que justifican el retiro del servicio activo, en aras de que
el afectado conozca tal motivación y pueda ejercer en debida forma su derecho de
contradicción, tal como ocurre en el presente caso.

De otro lado, como se indicó, la parte demandante manifestó que no existen “actas
claras” de la Junta de Evaluación y Clasificación de la Policía Nacional, ni constancia
de los criterios aplicados.

Frente a esto último, la Sala encuentra que lo manifestado carece de fundamentación,
en la medida que, como ya se advirtió, en el presente caso la recomendación contenida
en el acta de la Junta de Evaluación y Clasificación de la Policía Nacional se encuentra
debidamente sustentada, dado que se hizo alusión a distintas circunstancias en el
desempeño del entonces patrullero JHONATAN VALENCIA MARTÍNEZ que afectaron
el correcto servicio de la institución policial y su imagen.

83. En efecto, el Tribunal precisó que la notificación de la recomendación emitida
por la Junta de Evaluación y Clasificación no constituye un requisito de validez del
acto administrativo de retiro; en consecuencia, su omisión no afecta la legalidad de
la decisión adoptada. No obstante, reiteró que sí resulta exigible que el acto se
encuentre debidamente motivado en razones objetivas del servicio, de modo que el
destinatario conozca los fundamentos de la determinación y cuente con la
posibilidad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa y contradicción,
circunstancia que, a su juicio, se verificó en el caso concreto.

84. En cuanto al argumento del demandante relativo a la ausencia de «actas claras»
o de una constancia expresa de los criterios aplicados por la Junta, el Tribunal
concluyó que dicho argumento carecía de fundamento, toda vez que la
recomendación consignada en el acta se encontraba suficientemente motivada. En
efecto, advirtió que esta hacía referencia a diversas circunstancias relacionadas con
el desempeño del entonces patrullero Jhonatan Valencia Martínez que, según la
valoración efectuada por la autoridad competente, incidían negativamente en la
prestación del servicio y en la imagen institucional de la Policía Nacional.

85. De otro lado, el Tribunal advirtió que el Juzgado Treinta y Seis Administrativo
del Circuito de Medellín, mediante auto del 12 de septiembre de 2024, con
fundamento en el artículo 182A, numeral 1, literal a), del CPACA, fijó el litigio y
dispuso dictar sentencia anticipada. En esa providencia, negó la práctica de la
prueba testimonial solicitada. Dicha decisión quedó en firme, toda vez que no fue
recurrida por las partes.

86. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que no era de recibo el cargo expuesto por el
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demandante, consistente en que la decisión se sustentó exclusivamente en prueba
documental sin la práctica de la prueba testimonial solicitada, circunstancia que, a
su juicio, habría impedido una valoración integral de su conducta. Explicó que dicho
cuestionamiento no podía prosperar, toda vez que la decisión mediante la cual se
negó el decreto de la referida prueba quedó ejecutoriada al no haber sido objeto de
impugnación oportuna. En consecuencia, consideró que no se configuró
irregularidad alguna en la valoración del acervo probatorio y que el cargo carecía de
vocación de prosperidad.

87. Con fundamento en lo anterior, la autoridad judicial accionada concluyó que la
Resolución núm. 484 del 30 de junio de 2023 no fue proferida de forma irregular con
falta de motivación o desviación de poder, por lo que acto administrativo que dispuso
el retiro del actor de la Policía Nacional se presumía legal.

88. En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 3 de marzo de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, efectuó un análisis adecuado
de la normativa aplicable y del acervo probatorio obrante en el expediente, a partir
del cual concluyó que la Resolución núm. 484 del 30 de junio de 2023, mediante la
cual se dispuso el retiro del señor Valencia Martínez de la Policía Nacional por
voluntad de la Dirección General de la institución, se encontraba debidamente
motivada en razones objetivas del servicio consignadas en el Acta núm. 233-
SUBCO-GUTAH-2.25 del 20 de junio de 2023. Por tal razón, determinó que no se
configuró una actuación irregular constitutiva de desviación de poder.

89. De este modo, se advierte que el Tribunal concluyó acertadamente que la
Resolución núm. 484 del 30 de junio de 2023 exponía de manera clara, suficiente y
coherente las razones que llevaron a considerar configurada una pérdida de
confianza y una afectación de la imagen institucional que conllevó al retiro del
servicio del hoy tutelante. En tal sentido, estimó que el ejercicio de la facultad
discrecional se encontraba justificado por necesidades del servicio y que, en
consecuencia, no podía calificarse la decisión como arbitraria, irracional o
desproporcionada, pues la administración contaba con fundamentos objetivos y
verificables para disponer el retiro del actor de la institución.

90. Asimismo, se tiene que el Tribunal estudió la hoja de vida del actor, la cual
evidenciaba que el señor Jhonatan Valencia Martínez contaba con algunas
felicitaciones y condecoraciones recibidas durante su trayectoria profesional; sin
embargo ello no constituía un motivo suficiente para garantizar su permanencia en
la institución ni para desvirtuar las razones de buen servicio que sustentaron el acto
administrativo mediante el cual fue desvinculado de la Policía Nacional, pues dicha
circunstancia, por sí sola, no demostraba una desviación de poder.

91. Aunado a lo anterior, la corporación judicial accionada desestimó el argumento
expuesto por el demandante en el recurso de apelación, según el cual la decisión de
primera instancia se sustentó exclusivamente en prueba documental. Lo anterior, por
cuanto del análisis de la actuación procesal surtida en el trámite judicial se evidenció
que la prueba testimonial solicitada fue negada y que la parte interesada no interpuso
recurso alguno contra dicha determinación.

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92. En concreto, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le
haya otorgado el valor probatorio que el tutelante pretendía que se les atribuyera a
los medios de prueba allegados al proceso.

93. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»39.

94. De otro lado, tampoco se advierte un desconocimiento del precedente
jurisprudencial, pues resulta evidente que la decisión cuestionada efectuó un
análisis adecuado de los criterios definidos por esta corporación en materia de retiro
del servicio de los miembros de la Fuerza Pública en ejercicio de la facultad
discrecional. Asimismo, examinó los hechos y las pruebas obrantes en el expediente
del proceso ordinario, de conformidad con la regla fijada en la Sentencia de
Unificación del 7 de abril de 2022, expediente núm. 52001-23-31-000-2009-00349-
01 (4288-2016). Por lo tanto, contrario a lo afirmado por el tutelante, no se observa
que la autoridad judicial accionada se hubiera apartado de dicho precedente ni que
lo hubiera interpretado de manera indebida.

95. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas, la jurisprudencia y las pruebas
obrantes en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas
razones, si bien la providencia objeto de tutela no resultó favorable al tutelante, esto
no significa que se hayan desconocido sus garantías constitucionales.

96. De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento
que se acomode a sus intereses y pretensiones.

97. Por otro lado, el accionante a través de sendos escritos40 allegados a esta
acción constitucional pretende que se efectúe un estudio de las actuaciones
disciplinarias que se han adelantado en su contra. Al respecto, se debe aclarar que
estas circunstancias no fueron planteadas al interior del proceso ordinario ni fueron
materia de pronunciamiento por parte del Tribunal accionando en la providencia
cuestionada, razón por la cual no hay lugar a emitir pronunciamiento alguno en este

39
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
40
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04134-00, índices 13, 16, 23, 29, 33 y 34.
19

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04134-00 (6566)
Accionante: Jhonatan Valencia Martínez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

escenario judicial.

98. Cabe mencionar que la inconformidad del actor fue puesta en consideración del
Juzgado Once de Familia de Medellín, en donde se tramita una acción de tutela
promovida por el señor Valencia Martínez contra la oficina de control disciplinario
de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con el radicado núm. 05001-31-10
011-2026-00386-00, por lo que los argumentos del actor con relación a la validez y
alcance de las decisiones disciplinarias deberán desarrollarse en dicho contexto
judicial o, en su defecto, a través de los mecanismos ordinarios que proceda contra
las decisiones administrativas respectivas.

4. Conclusión

99. La providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia no vulneró
los derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no se
evidencia en su contenido un análisis arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos
jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por el
defecto fáctico y desconocimiento del precedente, que exija la intervención del juez
de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por el
accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por Jhonatan Valencia Martínez en
contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

20

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04134-00 (6566)
Accionante: Jhonatan Valencia Martínez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

21

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