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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04141-01

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04141-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04141-01 (10080)
Accionante: Instituto Financiero del Casanare
Accionados: Tribunal Administrativo del Casanare y Juzgado Quinto
Administrativo de Yopal

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: proceso ejecutivo. Subtema
2: contrato de mutuo. Subtema 3: auto que negó librar mandamiento de pago.
Subtema 4: defecto sustantivo.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por el Tribunal Administrativo del Casanare y el Juzgado
Quinto Administrativo de Yopal contra la sentencia del 9 de julio de 2026, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

1. Síntesis del caso

El Instituto Financiero del Casanare presentó escrito de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de las
providencias del 4 de febrero y el 4 de diciembre de 2025, proferidas por el Juzgado
Quinto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo del Casanare,
respectivamente, en el proceso ejecutivo con radicado núm. 85001-33-33-005-2024
00164-00/01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

2. El Instituto Financiero del Casanare (IFC), según el Decreto 107 de 1992,
modificado por el Decreto 073 de 2002, es una empresa comercial y de gestión
económica del departamento del Casanare, con personería jurídica, autonomía

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04141-01 (10080)
Accionante: Instituto Financiero del Casanare
Accionados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

administrativa y presupuestal, cuyo régimen de sus actos y contratos se rige por lo
dispuesto en los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998, el artículo 14 de la Ley
1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.

3. La referida institución tiene por objeto el fomento del desarrollo económico y
social del departamento del Casanare, entre otros, a través de la prestación de
servicios financieros, empresariales y de gestión de proyectos. Así pues, dentro del
giro ordinario de sus negocios y conforme a las reglas de derecho privado, en
desarrollo de su actividad comercial otorga créditos de fomento y educación a
personas de escasos recursos, los cuales se respaldan con pagarés y cartas de
instrucciones.

4. El IFC presentó demanda ejecutiva en contra de los señores Miguel Alexander
García Paredes y Angie Lizeth Guerrero Serrano, con el objeto de obtener el pago
de la obligación crediticia contenida en el pagaré núm. 4119966 del 27 de febrero
de 2019.

5. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, a través de auto del 5 de mayo
de 2022, libró mandamiento de pago contra la parte demandada. Posteriormente, el
mencionado despacho judicial, mediante auto del 21 de octubre de 2024, declaró la
falta de jurisdicción «con la expresa salvedad de que lo actuado conservará su
validez» y ordenó remitir el asunto a los juzgados administrativos de Yopal.

6. El Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, en auto del 4 de febrero de 2025,
se abstuvo de continuar con la ejecución y ordenó levantar las medidas cautelares
decretadas en la providencia del 5 de mayo de 2022, al considerar que el título
derivado del crédito otorgado al deudor era de carácter complejo y que no se aportó
el contrato de mutuo, motivo por el cual no era posible determinar que la obligación
contenida en el título valor fuera clara, expresa y actualmente exigible.

7. El IFC presentó recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra la
anterior providencia. El juzgado de conocimiento, por auto del 11 de noviembre de
2025, resolvió no reponer la decisión y concedió la apelación ante el superior
funcional.

8. El Tribunal Administrativo del Casanare, a través de providencia del 4 de
diciembre de 2025, confirmó en todas sus partes la decisión de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En
consecuencia, pidió lo siguiente:

SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de 04 de febrero de
2025 emitido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, así como la
decisión que desato la apelación, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE el 04 de Diciembre de 2025 como medio de control dentro del proceso
85001-33-33-005-2024 00164-01, por encontrarse tales decisiones afectadas por
indebida valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare 4119966 y exceso
ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04141-00, índice 2, certificado A4BBF4FCC128CBF5
A8799ED6F7A10C3C 7D0B7A47C2BA7D84 95D09101C8C6E3FA.

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constar por escrito, ajena a este tipo de contratos de régimen civil; así como por defecto
sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de precedente
judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos fundamentales al
Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE - IFC.

TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en
lo de su competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la
notificación del fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para
que en su lugar el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL,
libre mandamiento de pago y/o ordene seguir adelante en la ejecución, y mantenga las
medidas cautelares a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra
de los demandados ANGIE LIZETH GUERRERO SERRANO y MIGUEL ALEXANDER
GARCÍA PAREDES, dentro del proceso ejecutivo 85001-33-33-005-2024-00164-00,
adelante el proceso hasta su finalización, y se abstenga de exigir requisitos
innecesarios en este tipo de procesos.

CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto inter comunis o se extienda,
respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados Administrativos de
Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, y en
los que se desconozca el pagare como título ejecutivo autónomo, existan similares
supuestos fácticos y jurídicos o que se presente análogas circunstancias, así como
ordenar al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan
de incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción2.

10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que las
providencias objeto de tutela incurrieron en violación directa de la Constitución
porque realizaron una interpretación arbitraria, contraria a los artículos 29 y 228
superiores, al negarse a librar mandamiento de pago, bajo el argumento de la
necesidad de integrar un título complejo.

11. Agregó que las decisiones cuestionadas desconocen los principios
constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima, pues el accionante
durante más de dos décadas ha procedido con buena fe a otorgar créditos sin
suscribir contrato escrito de mutuo, por estar acogido a las reglas del derecho
privado que rigen la materia.

12. Por otra parte, consideró que se configuró un defecto fáctico, ya que los autos
acusados efectuaron una valoración defectuosa del material probatorio aportado al
proceso ejecutivo, pues no tuvieron en cuenta que el pagaré núm. 4119966 del 27
de febrero de 2019 y la carta de instrucciones contienen una obligación clara,
expresa y exigible. De manera que se constituyen en título ejecutivo autónomo.

13. Asimismo, indicó que las autoridades judiciales omitieron verificar la
naturaleza jurídica de la entidad demandada y el régimen de derecho privado que
rige su actividad comercial.

14. Añadió que los jueces accionados le impusieron la carga probatoria
desproporcionada de configurar un título ejecutivo complejo, consistente en aportar
el contrato de mutuo junto con el pagaré y la carta de instrucciones, sin tener en
cuenta que el ejercicio de esta actividad comercial, con base en la normativa que

2 Se transcribe incluso con errores de texto.

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rige el derecho privado no exige contrato escrito. De modo que la negativa de librar
mandamiento de pago es arbitraria e injusta.

15. De otro lado, afirmó que las providencias objeto de tutela incurrieron en un
defecto sustantivo porque no realizaron una interpretación integral del ordenamiento
jurídico que regula el régimen contractual de las empresas industriales y
comerciales del Estado, toda vez que no dieron aplicación a los contenidos de las
siguientes normas: el numeral 3 del artículo 297 y el numeral 5 del artículo 99 del
CPACA; los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998; el artículo 14 de la Ley 1150
de 2007; el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011; los artículos 2221 y 2222 del Código
Civil, y los artículos 621 y 709 del Código de Comercio.

16. Explicó que la Corte Constitucional en los autos A-2014 de 2024 y A-1455 de
2025, al dirimir un conflicto de competencias entre dos juzgados de las
jurisdicciones ordinaria y contencioso-administrativa para conocer un proceso
ejecutivo promovido por el hoy tutelante, en su parte considerativa determinó que el
IFC se rige por el derecho privado en el desarrollo de sus actividades comerciales
y en su contratación. Así pues, al autorizar los créditos no debía mediar un contrato
escrito dado que, conforme con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, bastaba
la entrega de la cosa dada en préstamo para el perfeccionamiento del negocio
jurídico.

17. Adicionalmente, precisó que la obligación perseguida en el proceso ejecutivo
estaba contenida en un pagaré, el cual constituye título ejecutivo conforme al
numeral 3 del artículo 297 del CPACA.

18. Destacó que uno de los magistrados del Tribunal, en su salvamento de voto,
realizó un análisis detallado sobre las características del título y la ejecutividad
autónoma del pagaré dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa con los
cuales consideró procedente tramitar el proceso ejecutivo promovido por el IFC.

19. Finalmente, afirmó que las autoridades incurrieron en defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, al exigir documentos adicionales al pagaré y omitir la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades procesales.

2.3. Trámite procesal

20. El despacho ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
auto del 22 de mayo de 20263, admitió la demanda, ordenó la notificación al Tribunal
Administrativo del Casanare y al Juzgado Quinto Administrativo de Yopal y vinculó
a los señores Miguel Alexander García Paredes y Angie Lizeth Guerrero Serrano,
en condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

21. El Tribunal Administrativo del Casanare4 rindió informe en el que afirmó que la
providencia objeto de tutela se ajustó a lo previsto por las normas y jurisprudencia
aplicables, pues el IFC está sometido a la Ley 489 de 1998 y los contratos que
celebre para el desarrollo de su objeto como entidad financiera le son aplicables las
disposiciones del artículo 39 de la Ley 80 de 1993, por lo que deben constar por

3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04141-00, índice 5.
4 Samai, 11001-03-15-000-2026-04141-00, índice 13.

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escrito. Además, señaló que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, tal como lo ha explicado esta corporación en casos
similares.

22. El Juzgado Quinto Administrativo de Yopal5 solicitó que, ante la inexistencia de
una vulneración de derechos fundamentales, se declare improcedente o, en su
defecto, se nieguen las pretensiones de la tutela.

23. Los demás vinculados guardaron silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

24. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de julio
de 20266, amparó los derechos fundamentales del IFC al considerar que los
artículos 99 y 297 del CPACA no exigen aportar el contrato de mutuo para ejecutar
la obligación contenida en el pagaré. Indicó que las operaciones crediticias
desarrolladas por el IFC en el giro ordinario de sus negocios se rigen por el derecho
privado, de modo que el mutuo se perfeccionaba con la entrega del dinero y no
requería constar por escrito. Asimismo, estimó improcedente exigir el original físico
del pagaré, dado que la Ley 2213 de 2022 permite presentar la demanda y sus
anexos mediante mensajes de datos, sin perjuicio de que el juez pueda requerir
posteriormente su exhibición.

25. También encontró configurado un defecto fáctico, porque la exigencia indebida
del contrato escrito llevó al juzgado y al tribunal a omitir la valoración del pagaré y
de la carta de instrucciones. En consecuencia, amparó los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia del IFC, dejó sin efectos las
providencias objeto de tutela y ordenó al Juzgado Quinto Administrativo de Yopal
proferir una nueva decisión en la que examinara esos documentos conforme al
marco normativo aplicable, sin que ello implique librar necesariamente el
mandamiento de pago, pues esa determinación corresponde al juez natural.

2.6. Impugnación

26. El Tribunal Administrativo del Casanare7 impugnó la decisión de la Sección
Quinta de esta corporación y como sustento del recurso reiteró los argumentos
expuestos en su intervención.

27. Del mismo modo, el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal8 presentó
impugnación en contra de la decisión de primera instancia. Sostuvo que las
providencias objeto de tutela fueron proferidas con observancia de las normas que
establecen que el contrato de mutuo debe constar por escrito. Señaló que la tutela
no constituye una tercera instancia frente a las divergencias del accionante con las
decisiones adoptadas en el trámite del proceso ejecutivo.

5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04141-00, índice 14.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04141-00, índice 16.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04141-00, índice 23
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04141-00, índice 27.

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3. Consideraciones

3.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 9 de julio
de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa por activa del Instituto Financiero del Casanare
está acreditada porque fue la parte demandante en el proceso ejecutivo en el que
se expidieron las providencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos
fundamentales.

30. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Quinto Administrativo de Yopal y del Tribunal Administrativo del Casanare, debido a
que fueron las autoridades que dictaron las providencias objeto de tutela.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. La providencia objeto de estudio

31. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo de
Yopal y el Tribunal Administrativo del Casanare, dentro del proceso ejecutivo, lo
cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora
guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a las dos
decisiones cuestionadas.

32. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 4 de diciembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Casanare, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la
actuación judicial promovida por el Instituto Financiero del Casanare en contra de
los señores Miguel Alexander García Paredes y Angie Lizeth Guerrero Serrano.

3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis

33. Por otra parte, se observa que el accionante, en el escrito de amparo, pretende
atribuirle a la providencia cuestionada los siguientes defectos: i) sustantivo, ii)
fáctico, iii) violación directa de la Constitución y iv) defecto procedimental.

34. Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se
advierte que la inconformidad del accionante se concreta en la interpretación
normativa que realizó la autoridad judicial para definir el régimen contractual de la
entidad accionante. Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible
configuración del defecto sustantivo.

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3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

35. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional10.

36. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

37. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

38. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

39. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

40. Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
12 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

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acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»16;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

41. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

42. También, la presente acción supera el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del proceso ejecutivo en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

43. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que el
auto proferido el 4 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Casanare
se notificó al día siguiente17, y la demanda de tutela se presentó el 29 de mayo de
202618, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia
constitucional19 y del Consejo de Estado20 como razonable.

44. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

45. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso ejecutivo.

46. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto sustantivo y, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17 Samai, exp. 85001-33-33-005-2024-00164-01, índice 11.
18 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04141-00, índice 1.
19 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04141-01 (10080)
Accionante: Instituto Financiero del Casanare
Accionados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

3.5. Problema jurídico

47. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 9 de julio de 2026, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
accedió a las pretensiones de la acción de tutela, para lo cual deberá resolver el
siguiente interrogante:

48. ¿El Tribunal Administrativo del Casanare incurrió en defecto sustantivo al
proferir el auto del 4 de diciembre de 2025, que confirmó la providencia del 4 de
febrero de 2025, expedida por el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, que se
abstuvo de librar mandamiento de pago a favor del tutelante en el proceso ejecutivo
iniciado en contra de los señores Miguel Alexander García Paredes y Angie Lizeth
Guerrero Serrano?

49.Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades del defecto invocado; y ii) el
caso concreto.

3.5.1. El defecto sustantivo

50. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado21.

51. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

52. La Corte Constitucional se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios
judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e
interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio
de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra
sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por
ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas
pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para
establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta
labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley,
ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y
principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]22.

53. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de

21 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
22 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.

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los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

54. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior)23.

3.6. Caso concreto

55. En el asunto bajo estudio, el IFC presentó acción de tutela con el fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, pidió que se deje sin efectos el auto
del 4 de diciembre de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Casanare y
se ordene a la autoridad accionada expedir una nueva providencia en la que se
disponga librar mandamiento de pago a su favor y en contra de los señores Miguel
Alexander García Paredes y Angie Lizeth Guerrero Serrano.

56. Lo anterior, con el propósito de hacer efectivo el pago de la obligación crediticia
contenida en el pagaré núm. 4119966 del 27 de febrero de 2019 y se decreten las
medidas cautelares de embargo y retención de los saldos de dinero de las cuentas
corrientes o de ahorro del demandado.

57. Para la parte actora, la decisión judicial cuestionada incurrió en un defecto
sustantivo, pues no interpretó de manera integral el marco legal que regula el
régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del Estado, toda
vez que omitió dar a aplicación al numeral del artículo 297; y el numeral 5 del
artículo 99 del CPACA; los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998; el artículo 14
de la Ley 1150 de 2007; el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011; los artículos 2221 y
2222 del Código Civil, y los artículos 621 y 709 del Código de Comercio.

58. Además, expuso que la Corte Constitucional, en autos recientes (A-2014 de
2024 y A-1455 de 2025), estableció que el IFC opera bajo reglas de derecho privado
y que para la perfección de los contratos de préstamo basta la entrega del bien,
según el Código Civil y el Código de Comercio, sin requerir contrato escrito. Así
pues, la obligación en cuestión estaba respaldada por un pagaré y una carta de
instrucciones, los cuales constituyen un título ejecutivo autónomo reconocido por el
CPACA.

59. Adicionalmente, alegó que se configuró un defecto procedimental, pues la
autoridad accionada no solo exigió documentos adicionales al pagaré, sino que
además requirió el original del referido documento, por lo que, a su juicio, se
desconoció que el derecho sustancial prevalece sobre las formalidades procesales.

60. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado amparó los derechos
fundamentales del IFC al concluir que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo, del

23 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.

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que se derivó el defecto fáctico por no valorar el pagaré, por cuanto desconoció las
normas según las cuales el contrato de mutuo, sometido al derecho privado, no
debía constar por escrito; por ello, dejó sin efectos las providencias cuestionadas y
ordenó proferir una decisión de reemplazo que tuviera en cuenta las
consideraciones expuestas en dicha decisión.

3.6.1. Fundamentos de la providencia objeto de tutela

61. Así pues, revisados los documentos aportados al trámite de tutela, la Sala
observa que el Tribunal Administrativo del Casanare confirmó el auto del 4 de
febrero de 2025, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, mediante
el cual se abstuvo de librar mandamiento de pago a favor del IFC para hacer
efectiva la obligación contenida en el pagaré núm. 4119966 del 27 de febrero de
2019, en contra de los señores Miguel Alexander García Paredes y Angie Lizeth
Guerrero Serrano.

62. Al respecto, la autoridad accionada desarrolló el siguiente análisis:

En este asunto el Instituto Financiero de Casanare pretende ejecutar el pagaré No.
4119966 y su carta de instrucciones del 27 de febrero de 2019, suscritos por
ejecutado a favor del Instituto, los cuales considera ser constitutivos del contrato de
mutuo celebrado con Angie Lizeth Guerrero Serrano y Miguel Alexander García
Paredes.

Se precisa que, siendo el contrato de mutuo un acuerdo de voluntades en el que
deben quedar plasmadas las obligaciones tanto del mutuante como del mutuario y
que teniendo la contratante la calidad de entidad pública, por disposición del artículo
75 de la Ley 80 de 1993, para librar el mandamiento de pago, se requiere el título
ejecutivo esté integrado no solo por el pagaré sino por el contrato de mutuo en el que
el Instituto Financiero de Casanare debe expresar su consentimiento en los términos
del contrato.

No obstante, se aporta el título valor, esto es, pagaré suscrito por el deudor, su carta
de instrucciones a favor del IFC, así como el estado de cuenta, a favor del IFC para
garantizar todas las obligaciones crediticias contraídas por el ejecutado, pero dichos
documentos no corresponden al contrato de muto y del clausulado de estos no se
desprende su existencia, ni los términos y condiciones en las que se obligan cada
una de las partes, razón por la cual para la conformación del título ejecutivo se
requiere el contrato de mutuo.

Es del caso reiterar la naturaleza jurídica de la parte ejecutante, señalando que, el
Instituto Financiero de Casanare es una empresa de Gestión Económica de carácter
departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y
comerciales del Estado, contemplado en la Ley 489 de 1998; por ende, los contratos
que celebre para el desarrollo de su objeto se sujetan a las disposiciones del Estatuto
General de la Contratación de las entidades estatales, tal como lo preceptúa el
artículo 93 ibidem, es decir, que los contratos deben constar por escrito en aplicación
a dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, justamente porque el negocio
jurídico subyacente al título ejecutivo que pretende ejecutarse es un contrato estatal
se requiere prueba de su existencia, pues estamos en el escenario de un proceso
ejecutivo en sede de la jurisdicción contencioso administrativa.

Por lo anterior, tratándose de entidades estatales le corresponde al Juez
administrativo examinar el cumplimiento de los presupuestos que presten mérito
ejecutivo, es decir que el título sea claro, expreso y exigible y aquí, se reitera, la

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fuente de la obligación se deriva de un contrato de mutuo que no fue aportado; claro,
las entidades estatales pueden ejecutar las obligaciones contractuales a su favor,
pero el título ejecutivo debe reunir los presupuestos para ello. En el presente caso si
bien el pagaré respalda las obligaciones derivadas de un contrato celebrado por una
entidad con carácter de estatal, se debe verificar la existencia de este último con el
propósito de comprobar que las partes del pagaré sean las mismas del contrato de
mutuo y que las excepciones sean oponibles en el proceso ejecutivo.
[…]
En ese orden de ideas, para el presente trámite ejecutivo vía jurisdicción contenciosa
administrativa, el contrato es un presupuesto sine qua non, que no fue aportado. Tal
como lo explica el Consejo de Estado en la citada sentencia 5 de octubre de 2020,
para conformación del título ejecutivo complejo se requiere aportar todos los
documentos que lo integran, entre ellos el respectivo contrato con el que se acredite
las condiciones allí pactadas para recibir los pagos. Corolario de ello, como en el sub
examine no se cuenta con el contrato de mutuo no resulta posible determinar la
constitución de aquel.

63. De acuerdo con lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo del
Casanare, al revisar los documentos aportados al expediente, evidenció que el
pagaré núm. 4119966 cuya ejecución solicitó la entidad pública, correspondía a la
obligación que adquirieron los señores Miguel Alexander García Paredes y Angie
Lizeth Guerrero Serrano de devolver el dinero recibido tras la concesión de un
crédito. Tal descripción corresponde a la tipología contractual de mutuo o préstamo
de consumo, contenida en el artículo 2221 del Código Civil.

64. Asimismo, la autoridad judicial accionada advirtió que para definir el régimen
contractual del IFC era necesario acudir al inciso inicial del artículo 93 de la Ley 489
de 1998, el cual establece que: «los contratos que celebren para el cumplimiento
de su objeto se sujetarán a las disposiciones del Estatuto General de Contratación
de las entidades estatales». De este modo, afirmó que en atención al artículo 39 de
la Ley 80 de 1993 los actos contractuales deben constar por escrito.

65. En este sentido, el Tribunal accionado precisó que la obligación que pretendía
ejecutar la parte demandante estaba conformada bajo la estructura de un título
ejecutivo complejo, por lo que era necesario acreditar los documentos en los que
constaba su existencia, perfeccionamiento y ejecución, a través del respectivo
contrato estatal y el pagaré.

66. Con fundamento en lo planteado, el Tribunal Administrativo del Casanare
concluyó que no se cumplieron los requisitos necesarios para hacer efectiva la
obligación que la demandante pretendía ejecutar, toda vez que no aportó los
documentos que integran el título valor complejo por lo que, en su criterio, no era
posible librar mandamiento de pago a su favor.

3.6.2. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto sustantivo alegado
por la parte actora

67. Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo del Casanare incurrió
en el defecto expuesto por el accionante en el escrito de tutela, la Sala debe
precisar que al expediente del proceso ejecutivo se acreditó que el IFC es una
empresa comercial y de gestión económica del orden departamental, con
personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, según lo previsto en
el Decreto 107 de 1992, modificado por el Decreto 073 de 2002.

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68. Acorde con lo mencionado, la Junta Directiva del Instituto Financiero del
Casanare, mediante Acuerdo núm. 009 del 16 de agosto de 2022, modificó los
estatutos del Instituto Financiero del Casanare y en su artículo 2 estableció la
naturaleza jurídica de la entidad en los siguientes términos:

ARTICULO 2.- NATURALEZA: El Instituto Financiero de Casanare - IFC es una
Empresa de Gestión Económica de carácter departamental, sometida al Régimen
Jurídico de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, contemplado en la
Ley 489 de 1998, dotada con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio y vinculada a la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente.

69. Más adelante, el capítulo VI del referido acuerdo desarrolló el régimen de los
actos, contratos y personal. De esta manera, en lo que concierne a la contratación
del IFC, expuso lo que sigue:

ARTICULO 32.- RÉGIMEN DE CONTRATACION: El Instituto Financiero de
Casanare tendrá como régimen de contratación el derecho privado, los
presentes estatutos, el manual de contratación y los reglamentos internos de
la Entidad; lo anterior por encontrarse en competencia con el sector privado y
el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007.

70. En consecuencia, la Junta Directiva del Instituto Financiero del Casanare
determinó que en materia contractual la entidad estará sometida a la normativa del
derecho privado, debido a que su actividad comercial se encontraba en
competencia con entidades pertenecientes al sector privado, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007.

71. Este argumento guarda relación con lo previsto en el artículo 93 de la Ley 489
de 1998, el cual establece el régimen de actos y contratos de las empresas
industriales y comerciales del Estado, así: «Los actos que expidan las empresas
industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia,
industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del
derecho privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se
sujetarán a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades
estatales».

72. Posteriormente, el artículo 14 de la Ley 1150 del 200724, con el fin de aclarar
la situación planteada en la norma anterior, dispuso que las empresas industriales
y comerciales del Estado estarían sometidas al Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), con excepción de aquellas que
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado o público,
nacional o internacional o en mercados regulados o en mercados monopolísticos,

24 ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO. <Artículo modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.
El nuevo texto es el siguiente:> Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de
Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y
las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por
ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o
público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley
29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.

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que se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
actividades económicas y comerciales.

73. Esta norma fue reproducida por el artículo 93 de la Ley 1474 del 2011 25, salvo
para aquellas empresas que desarrollan su actividad en mercados monopolísticos,
a las que, nuevamente, se le hizo aplicable el Estatuto de Contratación.

74. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que el artículo 15 de la Ley 1150 de
2007 modificó el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en el sentido de
indicar que el régimen contractual de las entidades que prestan sus servicios en el
sector financiero no estará sujetas a las disposiciones del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales
y reglamentarias aplicables a dichas actividades, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 15. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
ESTATALES. El parágrafo 1o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, quedará así:

“Artículo 32.
[...]
“Parágrafo 1o. Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las
compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no
estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a dichas actividades.

En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de
la presente ley”.

75. En este punto, conviene precisar que el motivo que tuvo el legislador para
establecer dicha excepción en la Ley 1150 de 2007, se fundamentó en lo siguiente:

Los artículos 12 y 13 del proyecto de ley señalan los principios y límites a que debe
someterse la actividad contractual de entidades estatales que por la naturaleza de la
función o de los servicios que prestan, requieren de procedimientos contractuales que
les permitan competir en igualdad de condiciones con los particulares. En ese sentido
el proyecto permite que quienes como entidades públicas tienen objetos de naturaleza
comercial, industrial o financiera, rijan su actividad por las normas de la misma en aras
de su competitividad, pero que ello no sirva de excusa a la aplicación de los fines de
la función pública, ni mucho menos a la universalidad del sistema de inhabilidades e
incompatibilidades para contratar con el Estado26.

76. De esta manera, es posible advertir que la determinación de someter
parcialmente a las empresas industriales y comerciales del Estado al régimen de

25 ARTÍCULO 93. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, el cual
quedará así: Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las
que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre
Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional
o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables
a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se
exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones
normativas existentes.
26 Gaceta del Congreso núm. 458 de 2005. Exposición de motivos de la Ley 1150 de 2007. Proyecto de Ley 20

de 2005 Senado, «[p]or medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley
80 de 1993, y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos».

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derecho privado, se ha justificado por «la necesidad de que en su actividad
industrial y comercial, tradicionalmente ajena al Estado y propia de los particulares,
ellas actúen en términos equivalentes a éstos cuando realicen actividades
similares, sin tener prerrogativas exorbitantes que atenten contra el derecho a la
igualdad ni estar sujetas a procedimientos administrativos que entraben sus
actuaciones y las pongan en situación de desventaja frente a sus competidores […].
Por ello, la regla general es que en sus actos y contratos rijan las normas de
derecho privado, salvo en cuanto a sus relaciones con la administración [otras
Entidades Estatales – convenios o contratos interadministrativos] y en aquellos
casos en los que por expresa disposición legal ejerzan alguna función
administrativa, puesto que allí sí deberá dar aplicación a las reglas de derecho
público pertinentes [...]»27.

77. Lo anterior tiene fundamento en el principio de igualdad, ya que, si el Estado
desarrolla actividades similares a los particulares, debe actuar con la misma
eficacia y eficiencia que los sujetos de derecho privado. Al respecto, la
jurisprudencia de la sección tercera de esta corporación, al analizar los alcances
del artículo 93 de la Ley 489 de 1998, dijo lo siguiente:

La razón de ser de la aplicación del régimen de derecho privado a estas entidades
radica en la necesidad de que en su actividad industrial y comercial, tradicionalmente
ajena al Estado y propia de los particulares, ellas actúen en términos equivalentes a
éstos cuando realicen actividades similares, sin tener prerrogativas exorbitantes que
atenten contra el derecho a la igualdad ni estar sujetas a procedimientos
administrativos que entraben sus actuaciones y las pongan en situación de
desventaja frente a sus competidores.

Se trata pues, de que sus actividades de explotación industrial o comercial se
desarrollen con las mismas oportunidades y las mismas ventajas o desventajas que
las adelantadas por aquellos, sin que influya para nada su investidura de entidad
estatal; que puedan actuar como particulares, frente a las exigencias de la economía
y del mercado28.

78. En la misma línea, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado se pronunció sobre el régimen aplicable a los actos y contratos de las
empresas industriales y comerciales del Estado y reiteró lo dicho en la sentencia
del 19 de marzo de 202129 (exp. 51363), sobre la aplicación del régimen de derecho
privado a las referidas entidades estatales, en los siguientes términos:

[L]a Sala destacó que sus inicios las EICE fueron concebidas para desarrollar
actividades de naturaleza industrial o comercial en igualdad de condiciones con los
particulares, por lo cual, cuando están en desarrollo de tales actividades, no están
prevalidas de prerrogativas exorbitantes y, correlativamente, tampoco están
sometidas a procedimientos administrativos que vuelvan engorrosas sus actuaciones
y que las pongan en situación de desventaja frente a sus competidores30; de ahí que
el legislador haya dispuesto que, por regla general, el régimen legal de sus actos y
contratos es el de derecho privado, de manera que “ninguna prerrogativa les permite

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2004, expediente núm. 12.342, actor:

Sociedad Tronix Ltda., reiterada en sentencia de 6 de febrero de 2006, expediente núm. 13.414. De igual
manera, se puede ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 15 de mayo de 2018,
radicado núm. 11001-03-06-000-2017-00058-00(2335).
28 Ibídem.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2021, expediente núm.

51.363.
30 Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2004, expediente núm. 12.342, reiterada

en sentencia de 6 de febrero de 2006, expediente núm. 13.414, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

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a estas entidades superponerse a sus competidores, pues en el juego económico al
que incursionan, el Estado es un partícipe más, independientemente de que a su
gestión le sean aplicables los principios de la función administrativa y de
responsabilidad fiscal”.

La Sala precisó que, si bien, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 2 de la Ley 80 de 1993, las EICE están sometidas a las normas que gobiernan
el denominado contrato estatal, esa misma ley, atendiendo al objeto y naturaleza
jurídica de su actividad, estableció en su artículo 14 un trato diferencial respecto de
ellas, al señalar que “en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales
o industriales de las entidades estatales (…) se prescindirá de la utilización de las
cláusulas o estipulaciones excepcionales”, sin que esto desdiga de su condición de
contrato estatal, pues esta categoría no se define por el régimen legal aplicable, sino
por la naturaleza del sujeto que lo suscribe.

Subrayó que en la Ley 489 de 1998 el legislador reiteró que las EICE son organismos
que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas
del derecho privado, salvo las excepciones que consagre la ley, e incluyó en tal
régimen la actividad de gestión económica de esas empresas; con base en lo cual se
concluyó que las actividades que desarrollan están sujetas a la ley (derecho civil y
comercial), a la norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos, sin perjuicio
de que, además de las actividades o actos allí previstos, están facultadas para
“desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del
objeto asignado”31, por lo que, en esa misma línea, dicha normativa en su artículo 93
dispuso que “[l]os actos que expidan las empresas industriales y comerciales del
Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión
económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho Privado.”

La Sala hizo énfasis en la coherencia que existe entre las referidas normas de la Ley
489 de 1998 y las que fueron introducidas posteriormente al ordenamiento jurídico a
través de la Ley 1150 de 2007 en relación con ese tipo de entidades públicas,
específicamente, en cuanto en su artículo 1432 dispuso que las EICE no se encuentran
sometidas en su actividad contractual al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública cuando quiera que “desarrollen actividades comerciales en
competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados
regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a sus actividades económicas y comerciales”, aunque, según lo dispuesto
en el artículo 13 ibídem, sí lo están a los “principios generales de la actividad
contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la
administración pública”. Al respecto, señaló:

“57. Se observa, entonces, que la regla contenida en la Ley 1150 de 2007
de manera alguna excluye el principio fijado por la Ley 489 de 1998, en
tanto esta última determina que los actos y contratos de las EICE
relacionados con su actividad propia de gestión económica y/o industrial se
sujetan a las reglas del derecho privado, mientras que la primera es
complementaria de ésta, al establecer que también se sujetará a dichas
reglas cualquier actividad comercial desarrollada en competencia con los
particulares o en mercados regulados.

“58. Lo anterior se explica desde una perspectiva teleológica, en la medida

31“ARTICULO 86. AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. La autonomía administrativa y financiera

de las empresas industriales y comerciales del Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el
cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos;
no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley
o en sus estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos
aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”.
32 Modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.

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en que las EICE son la expresión directa de una especial forma de gestión
de los asuntos a cargo del Estado en donde son requeridos mecanismos e
instrumentos jurídicos idóneos y habilitantes para la adecuada realización
de actividades de naturaleza industrial, comercial y de gestión económica,
dentro de los cuales se encuentra la sujeción de sus actos y contratos a las
normas mercantiles y civiles que les permitan competir en las mismas
condiciones que los particulares, sin las estructuras rígidas asociadas a un
régimen legal específico, como corresponde a las reglas contractuales de
las entidades públicas sujetas al estatuto general de contratación del
estado”.

Después de dejar sentado que, por regla general, el régimen de los actos y contratos
de las EICE se rigen por el derecho privado, la Sala advirtió que, excepcionalmente,
se gobiernan por el derecho público cuando se encuentran cumpliendo verdaderas
funciones administrativas, bien sea porque tales actos y contratos surjan en virtud de
sus relaciones con los demás entes públicos en cumplimiento del principio de
coordinación33 o cuando lo haga por expresa disposición legal.

79. Con base en lo hasta aquí descrito, es posible advertir que las empresas
industriales y comerciales del Estado, que estén en competencia con los
particulares o actúen en mercados regulados están exentas de contratar bajo el
Estatuto de Contratación de la Administración Pública, pues esta se rige por las
reglas del derecho privado, es decir, la ley civil y la ley mercantil. Distinto es que,
en aras de garantizar el interés general o público, tales entidades estén obligadas
a observar los principios de la función administrativa (igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad), lo cual no significa que deban
someterse a sus procedimientos o modalidades de selección, siempre que
garanticen la objetividad.

80. Así las cosas, en el asunto bajo estudio, es dable colegir que el IFC es una
empresa de gestión económica del orden departamental34 sometida al régimen
jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado, que por su
naturaleza jurídica, el objeto social que desarrolla y el régimen contractual definido
en los artículos 5 y 32 de sus estatutos (Acuerdo 009 de 16 de agosto de 2022), se
encuentra en competencia con empresas del sector privado, que se dedican a esa
misma actividad en el «mercado».

81. En resumen, es claro que, en materia contractual, el accionante se rige por las
normas del derecho privado propias de su actividad comercial y por las
disposiciones del derecho público relacionadas con los principios de la función
administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política y la gestión
fiscal de que trata el artículo 267 ibídem.

82. Llama la atención de la Sala que el Tribunal Administrativo de Casanare, al
proferir el auto del 4 de diciembre de 2025, se haya limitado a examinar el inciso
inicial del artículo 93 de la Ley 489 de 1998 para concluir que el IFC por ser una
institución de naturaleza pública, su régimen contractual se sujetaba al Estatuto de
Contratación de la Administración Pública y, en consecuencia, estaba obligada a

33 De acuerdo con el artículo 288 de la Constitución, las competencias deberán ejercerse conforme a los

principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, en los términos que establezca la ley.
34 Ley 489 de 1998 – […] ARTÍCULO 85.- Empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas

industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan
actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho
Privado […]».

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04141-01 (10080)
Accionante: Instituto Financiero del Casanare
Accionados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

aportar el contrato de mutuo en el cual se sustentaba la obligación crediticia que
pretendía ejecutar.

83. Lo dicho da cuenta de que la autoridad judicial accionada no solo pasó por alto
el contenido de los estatutos internos del IFC, sino que además omitió verificar el
marco normativo que regula la actividad contractual de las empresas industriales y
comerciales del Estado. Esto no le permitió advertir que el demandante, debido a
su actividad comercial, se regía por las normas de derecho privado, para actuar en
competencia con las demás empresas del sector con las que pugna en el ejercicio
de su objeto social.

84. Sobre el particular, es pertinente mencionar que, según lo dispuesto en los
artículos 222135 y 222236 del Código Civil basta con la entrega de la cosa dada en
préstamo para que se perfeccione el contrato de mutuo. Es decir, que en atención
a las normas del estatuto civil, no es necesario que el acuerdo entre las partes
conste por escrito para que se configure el negocio jurídico.

85. Bajo esta óptica, es claro que la autoridad judicial omitió efectuar un estudio
integral de la normativa que regula el régimen contractual al que estaba sometido
el IFC, dada su condición empresa de gestión económica de carácter
departamental, y de los preceptos que regulan el contrato de mutuo, pues definió
la procedencia de la demanda ejecutiva promovida por el accionante, a partir de
una interpretación parcializada y restrictiva del artículo 93 de la Ley 489 de 1998.

86. De esta manera, el Tribunal accionado omitió realizar un análisis sistemático
de los artículos 85, 93 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los artículos 14
de la Ley 1150 de 2007 y 93 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 2221 y 2222 del
Código Civil, con los cuales hubiese podido advertir que se regía por las normas
del derecho privado en materia contractual para atender la dinámica fluida de su
actividad comercial y competir en similares condiciones con las empresas del
sector. De modo que no le era exigible la obligación de aportar en medio escrito el
contrato de mutuo que sustentaba el negocio jurídico en el que se expidió el pagaré
núm. 4119966.

87.En efecto, una interpretación armónica de la normativa que regula la materia
permitía inferir que la ausencia del contrato escrito de mutuo no puede constituirse
en un elemento que limite el ejercicio del derecho de acción para reclamar el
cumplimiento de una obligación crediticia insoluta por la vía ejecutiva.

88. En este punto, conviene mencionar que el defecto sustantivo se configura «[…]
(vi) cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso»37.

89. En este contexto, se advierte que la autoridad accionada incurrió en un defecto
sustantivo y, en consecuencia, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia del tutelante, en la medida en

35 ARTÍCULO 2221. <DEFINICIÓN DE MUTUO PRESTAMO DE CONSUMO>. El mutuo o préstamo de
consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo
de restituir otras tantas del mismo género y calidad.
36 ARTÍCULO 2222. <PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO MUTUO>. No se perfecciona el contrato de

mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere el dominio.
37 Corte Constitucional, sentencia T-790 de 2010, criterio reiterado en sentencias T-510 de 2011, T-807 de 2004

y SU-063 de 2023.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04141-01 (10080)
Accionante: Instituto Financiero del Casanare
Accionados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

que no realizó una adecuada interpretación integral de las normas que regulan el
régimen contractual de la entidad demandante.

90. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
accedió a las pretensiones de la solicitud de amparo, pero por los motivos indicados
en párrafos anteriores.

4. Conclusiones

91. Por las razones anotadas en esta providencia, la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia dictada por la Sección Quinta de esta corporación, el 9 de julio
de 2026, que accedió a las pretensiones de la acción de tutela y dejó sin efectos
los autos del 4 de febrero y el 4 de diciembre de 2025, proferidos por el Juzgado
Quinto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo del Casanare.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 9 de julio de 2026 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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