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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04141-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04141-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud elevada por la parte accionante para que la presente acción de tutela sea conocida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. 21 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Instituto Financiero de Casanare Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro Rad: 11001-03-15-000-2026-04141-00 SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare (IFC). En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto de 4 de febrero de 2025, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, así como el auto de 4 de diciembre de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado 85001-33-33-005-2024- 00164-00/01. TERCERO: ORDENAR al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión en el proceso ejecutivo identificado con el radicado 85001-33-33-005-2024-00164-00, en la que observe los lineamientos expuestos en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a la notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04141-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04141-00
Demandante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela de la referencia de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación1.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El Instituto Financiero de Casanare (en adelante, IFC), a través de su gerente
general2, instauró acción de tutela3 contra el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare4, con el fin de
reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.

Lo anterior, con ocasión de los autos del 4 de febrero y 4 de diciembre de 2025,
proferidos por las mencionadas autoridades judiciales, respectivamente, a través
de los cuales el juzgado se abstuvo de continuar la ejecución y el tribunal confirmó
dicha decisión en el proceso ejecutivo identificado con radicado 85001-33-33-005-
2024 00164-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y pidió:

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 002 de Samai. Tutela suscrita por Oscar Javier Araque Garzón, nombrado gerente de la
entidad mediante Decreto 60 de 2024.
3 Índice 003 de Samai. Tutela radicada el 29 de mayo de 2026.
4 Sala integrada por los magistrados Aura Patricia Lara Ojeda, Inés del Pilar Núñez Cruz y

Leonardo Galeano Guevara.

Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-04141-00

SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de 04 de
febrero de 2025 emitido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Yopal, así como la decisión que desato (sic) la apelación, proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE el 04 de Diciembre de 2025
como medio de control dentro del proceso 85001-33-33-005-2024 00164-01,
por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria
al restarle merito ejecutivo al pagare 4119966 y exceso ritual manifiesto al
exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar
por escrito, ajena a este tipo de contratos de régimen civil; así como por defecto
sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de
precedente judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos
fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia
del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.

TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el
impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo
de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar
el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, libre
mandamiento de pago y/o ordene seguir adelante en la ejecución, y mantenga
las medidas cautelares a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
y en contra de los demandados ANGIE LIZETH GUERRERO SERRANO y
MIGUEL ALEXANDER GARCÍA PAREDES, dentro del proceso ejecutivo
85001-33-33-005-2024-00164-00, adelante el proceso hasta su finalización, y
se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos.

Adicionalmente, a título de solicitud preliminar peticionó:

En virtud a la relevancia económica y social del asunto objeto de estudio,
solicitamos que en aplicación del art 271 del CPACA, se estudie la presente acción
de tutela en Sala Plena del Consejo de Estado.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

El IFC fue creado mediante el Decreto 107 de 1992 y modificado por el Decreto
073 de 2002, el cual tiene por objeto el fomento del desarrollo económico y social
del departamento de Casanare, a través de la prestación de servicios financieros,
empresariales y de gestión de proyectos, por lo cual, dentro del giro ordinario de
sus negocios y conforme a las reglas de derecho privado, en desarrollo de su
actividad comercial, otorga créditos de fomento y educación, a personas de
escasos recursos del departamento, los cuales se respaldan con pagares y cartas
de instrucciones.

El IFC presentó demanda ejecutiva singular de mínima cuantía contra Angie Lizeth
Guerrero Serrano y Miguel Alexander García Paredes, aportando como título
ejecutivo el pagaré 419966, la carta de instrucciones y los documentos
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-04141-00

relacionados con el crédito otorgado. El asunto correspondió inicialmente al
Juzgado Segundo Civil Municipal del Circuito Judicial de Yopal, despacho que
mediante auto de 5 de mayo de 2022 libró mandamiento de pago por el capital
adeudado y decretó medidas cautelares.

Posteriormente, en auto del 21 de octubre de 2024, la autoridad judicial
mencionada en el párrafo anterior declaró la falta de jurisdicción para continuar
conociendo del asunto y ordenó su remisión a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Efectuado el reparto, el proceso fue asignado al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial del Circuito Judicial de Yopal.

Mediante auto de 4 de febrero de 2025, dicho despacho se abstuvo de ordenar
seguir adelante con la ejecución y dispuso el levantamiento de las medidas
cautelares previamente decretadas. Como fundamento de su decisión, consideró
que la entidad ejecutante no acreditó la existencia de un título ejecutivo
debidamente conformado, pues únicamente aportó el pagaré, la carta de
instrucciones y el estado de cuenta del crédito, sin allegar el contrato que dio
origen a la deuda, de manera que no se encontraba demostrada una obligación
clara, expresa y exigible en los términos exigidos por la ley.

Contra esa decisión, el IFC interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación. El recurso de reposición fue resuelto desfavorablemente mediante auto
de 11 de noviembre de 2025, providencia que confirmó la decisión inicial y
concedió la apelación. Remitido el expediente al Tribunal Administrativo de
Casanare, esa Corporación, mediante providencia de 4 de diciembre de 2025,
confirmó la determinación adoptada por el juzgado.

Para sustentar su decisión, el tribunal consideró que los documentos aportados
no permitían establecer con certeza la existencia del negocio jurídico subyacente
que dio origen a la obligación, por lo que no se acreditaban los presupuestos
exigidos por los artículos 297 del CPACA y 422 del CGP para librar mandamiento
de pago. En particular, estimó que el pagaré, la carta de instrucciones y el estado
de cuenta allegados por la entidad financiera no eran suficientes para demostrar
la existencia del contrato de mutuo del cual derivaba la garantía cambiaria, razón
por la cual concluyó que no se había constituido adecuadamente el título ejecutivo.

Por otro lado, la autoridad judicial accionada agregó que el pagaré fue aportado
en copia simple cuando esta debió ser original según el artículo 624 del Código
de Comercio.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora reprochó un desconocimiento directo de la constitución tras alegar
que las providencias cuestionadas vulneraron los artículos 29, 228 y 229
superiores, al negar la ejecución de la obligación contenida en el pagaré aportado
como título de recaudo con fundamento en la ausencia del contrato de mutuo que
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dio origen al crédito. A su juicio, esa exigencia comportó una interpretación
excesivamente formalista, contraria a la prevalencia del derecho sustancial, al
debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia.

También afirmó que las autoridades judiciales desconocieron los Autos A-2014 de
2024 y A-1455 de 2025 de la Corte Constitucional, en los que, según indicó, se
habría reconocido que el contrato de mutuo se perfecciona con la entrega del
dinero y que el pagaré presta mérito ejecutivo en los términos del artículo 297 del
CPACA.

De igual manera, adujo que las decisiones censuradas afectaron la seguridad
jurídica y la confianza legítima, pues durante años el IFC otorgó créditos bajo el
entendimiento de que no era necesaria la suscripción de un contrato escrito de
mutuo para respaldar judicialmente las obligaciones incorporadas en pagarés. En
ese orden, refirió que la interpretación acogida por las autoridades accionadas
desconoció la autonomía e independencia del título valor frente al negocio causal.

En relación con el defecto fáctico, la parte accionante alegó que las autoridades
judiciales desconocieron el valor probatorio y la fuerza ejecutiva del pagaré
4119966 y de la carta de instrucciones aportados con la demanda. Indicó que
dichos documentos constituían un título valor autónomo, contentivo de una
obligación clara, expresa y exigible, por lo que resultaban suficientes para librar
mandamiento de pago.

Asimismo, expuso que los jueces accionados partieron de una premisa
equivocada al asumir que, por tratarse de una entidad estatal, la obligación
necesariamente debía derivar de un contrato sometido a las formalidades propias
de la contratación pública, en particular, el Estatuto General. Sobre este punto,
precisó que el IFC, en su condición de empresa industrial y comercial del Estado,
desarrolla actividades de colocación de crédito sometidas al derecho privado, por
corresponder al giro ordinario de sus negocios.

En ese contexto, manifestó que el negocio subyacente correspondía a un contrato
de mutuo regulado por el Código Civil, el cual se perfecciona con la entrega del
dinero y no requiere constar por escrito. Por ello, estimó que la ausencia de un
contrato escrito e independiente del pagaré no desvirtuaba la existencia de la
obligación ni afectaba la ejecutabilidad del título valor.

Adicionalmente, criticó que las autoridades judiciales accionadas argumentaron
que el pagaré y la carta de instrucciones no fueron allegadas en copia auténtica u
en original. En su criterio, tal consideración resulta contraria al artículo 6° de la
Ley 2213 de 2022 que prevé que la demanda y sus anexos se presentarán
mediante mensaje de datos.

En cuanto al defecto sustantivo, la parte actora planteó que las autoridades
judiciales realizaron una interpretación errónea de los artículos 99, 297 y 299 del
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CPACA y 422 del CGP, al concluir que la ejecución de la obligación requería la
aportación del contrato de mutuo junto con el pagaré.

Sobre el particular, señaló que en virtud del numeral 5° del artículo 99 y numeral
3° del artículo 297 del CPACA, las autoridades judiciales accionadas debieron
reconocer mérito ejecutivo no solo a los contratos estatales y a los documentos
que acrediten su incumplimiento, sino también a cualquier acto o documento
proferido con ocasión de la actividad contractual en el que consten obligaciones
claras, expresas y exigibles. Desde esa perspectiva, consideró que el pagaré
aportado constituía un título ejecutivo suficiente para promover la ejecución.

Argumentó que los artículos 299 del CPACA y 422 del CGP imponen al juez el
deber de librar mandamiento de pago cuando la demanda se acompaña de un
documento que contenga una obligación clara, expresa y exigible proveniente del
deudor.

Finalmente, la parte accionante también indicó que las providencias cuestionadas
incurrieron en exceso ritual manifiesto y en un defecto procedimental. Lo anterior,
al exigir la aportación de documentos adicionales al pagaré para admitir la
ejecución de la obligación, pese a que dicho título valor, por sí mismo, contenía
una obligación clara, expresa y exigible.

1.5. Admisión de la demanda

Mediante auto del 5 de junio de 2026, la Magistrada Ponente admitió la solicitud
de amparo y, en consecuencia, resolvió: (i) notificar la acción de tutela a los
Magistrados Aura Patricia Lara Ojeda, Inés del Pilar Núñez Cruz y Leonardo
Galeano Guevara que integran el Tribunal Administrativo de Casanare5, así como
a la titular del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal 6; (ii)
vincular en calidad de terceros con interés a los señores Angie Lizeth Guerrero
Serrano7 y Miguel Alexander García Paredes [accionados en el proceso
ejecutivo]8; y (iii) oficiar al a quo y al ad quem del proceso ejecutivo para que
remitieran el expediente 85001-33-33-005 2024-00164-00/01.

1.6. Intervenciones

La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el
auto admisorio de la acción de tutela, libró los oficios dirigidos a los sujetos
procesales, en virtud de los cuales se recibieron los siguientes:

5 Notificación enviada a larao@cendoj.ramajudicial.gov.co inunezc@cendoj.ramajudicial.gov.co
lgaleang@cendoj.ramajudicial.gov.co.
6 Notificación enviada a j05admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
7 Notificación enviada a janet29.j@hotmail.com.
8 Notificación enviada a miguelyang@hotmail.com.
5

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1.6.1. Tribunal Administrativo de Casanare

El Tribunal Administrativo de Casanare se opuso al amparo al considerar que la
providencia cuestionada se sustentó en una valoración del material probatorio y
en la aplicación de las normas que regulan el caso. Explicó que, dada la naturaleza
jurídica del IFC como empresa industrial y comercial del Estado, los contratos
celebrados para el desarrollo de su objeto se rigen por el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y, por tanto, deben constar por escrito.

En esa medida, estimó que, al corresponder el pagaré a una obligación derivada
de un contrato estatal, era necesario acreditar la existencia del negocio jurídico
subyacente para promover su ejecución ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

1.6.2. Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal

Alegó que el IFC ha promovido múltiples acciones de tutela con argumentos
sustancialmente idénticos, pese a que no existe vulneración de derechos
fundamentales, utilizando el mecanismo constitucional como una instancia
adicional para controvertir decisiones judiciales.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución política, el
Decreto 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
20159, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de
201910, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

La parte accionante solicitó que la presente acción de tutela fuera conocida por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con fundamento en el artículo 271
del CPACA. Para sustentar dicha petición, señaló que el asunto reviste especial
importancia jurídica, económica y social, debido a que la postura asumida por los
juzgados administrativos de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare ha
impedido el cobro judicial de un número significativo de obligaciones crediticias a
a favor del IFC.

Indicó que esa situación compromete alrededor de 2.190 procesos ejecutivos, por
un valor aproximado de $29.885 millones, con el consecuente riesgo de afectación
patrimonial para dicha entidad y para otras empresas industriales y comerciales

9 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
10
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
6

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del Estado del departamento de Casanare dedicadas al otorgamiento de créditos
de fomento.

La Sala no accederá a la referida solicitud. Si bien se advierte que la controversia
planteada ha dado lugar a múltiples acciones de tutela y que el asunto puede tener
importantes repercusiones para la entidad accionante, lo cierto es que el trámite
de este mecanismo constitucional se rige por las disposiciones del Decreto 2591
de 1991 y por las reglas de reparto previstas en el reglamento interno de esta
Corporación, las cuales no contemplan la posibilidad de que las partes soliciten el
conocimiento de una acción de tutela por la Sala Plena.

Finalmente, es preciso mencionar que, el conocimiento de acciones de tutela por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido un mecanismo de carácter
excepcional, cuya utilización obedece a una determinación de esa misma
instancia o a la solicitud formulada por alguna de las secciones o subsecciones
de la Corporación, cuando resulte necesario unificar la jurisprudencia o por la
especial importancia jurídica del asunto11. En consecuencia, la petición elevada
por la parte actora será denegada.

2.3. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:

• ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la sala analizará lo siguiente:

• ¿El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare vulneraron los derechos
fundamentales del IFC al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, con ocasión de los autos de 4 de febrero y 4 de diciembre de
2025, proferidos dentro del proceso ejecutivo identificado con radicado
85001-33-33-005-2024-00164-00/01?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; ii) los requisitos generales y específicos de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial; y, iii) el análisis del caso en
concreto.

11 Ver, por ejemplo, los expedientes de tutela identificados con los radicados 11001-03-15-000-

2009-01328-01 y 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7

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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201212
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13 y declaró su
procedencia.14

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

Previo a abordar este requisito, y en virtud de las cargas de transparencia y
suficiencia la Sala reconoce que en casos similares al de la referencia 15 concluyó
la falta de relevancia constitucional de la solicitud de amparo. En tales
oportunidades, advirtió la improcedencia del mecanismo constitucional bajo la

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
14 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
15 En particular, ver las acciones de tutela tramitadas bajo los radicados 11001-03-15-000-2025-

05231-01 y 11001-03-15-000-2026-02975-00.
8

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consideración de que se estaba usando como una instancia adicional, por cuanto
se reprochaba el criterio jurídico de las autoridades accionadas, revestidas de
autonomía judicial.

Sin embargo, la Sección variará el análisis, por las razones que se exponen a
continuación. En primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de las
providencias del 4 de febrero y 4 de diciembre de 2025 dictadas por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare, pues en su sentir, incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo, exceso
ritual manifiesto y violación directa de la Constitución.

En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión,
pues en efecto, la parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales
por cuanto la autoridad judicial accionada decidió abstenerse de seguir adelante
con la ejecución apartándose, a su parecer, de la normativa aplicable y el acervo
probatorio obrante en el expediente.

Al margen de que el proceso ejecutivo tuviera naturalmente una finalidad
económica, el asunto que se discute en esta acción de tutela sí reviste relevancia
constitucional, porque el derecho principal que se busca restablecer es el de
acceso a la administración de justicia, el cual se vio cercenado, en criterio del
accionante, por la exigencia de requisitos adicionales a los que contempla la ley y
la omisión en la valoración probatoria.

No se observa que la entidad accionante esté utilizando este mecanismo como
una instancia adicional del proceso ejecutivo por una simple diferencia con la
interpretación que acogieron los jueces de la jurisdicción contenciosa
administrativa; más bien, se avizora que se les endilgan a las providencias
cuestionadas yerros de notable importancia, con los que eventualmente se
pudieron vulnerar derechos fundamentales y que, por ende, merecen ser
evaluados por el juez constitucional.

Ahora, el hecho de que el IFC hubiera interpuesto recurso de apelación contra el
auto del 4 de febrero de 2025, con razones similares a las que invoca en esta
acción de tutela, no implica por sí solo que la tutela carezca de relevancia
constitucional. En efecto, de los argumentos de la demanda de tutela se
desprende que el IFC considera que el Tribunal Administrativo de Casanare
también incurrió en sendos defectos que comprometieron sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza al
derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal
administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, lo que implica

9

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Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
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que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que
busque reabrir el debate procesal.

Ello significa que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia
para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y
libertades públicas, concretamente el acceso a la administración de justicia y el
debido proceso.

2.5.2. Subsidiariedad

Este requisito se encuentra superado, pues la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Casanare que se cuestiona en sede de tutela resolvió el recurso
de apelación contra el auto que avocó el proceso ejecutivo y negó el mandamiento
de pago. Frente a tal providencia no procede recurso ordinario alguno.

2.5.3. Inmediatez

En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún
reproche, en vista de que la última providencia recurrida fue dictada el 4 de
diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare, y la acción de tutela
fue presentada el 29 de mayo de 2026. Así, sin que sea necesario determinar la
fecha de ejecutoria de la última decisión controvertida, se considera que la acción
constitucional se presentó dentro de un término que la Sala considera razonable
para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 16, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200517, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

2.5.4. Tutela contra tutela

La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela contra
una decisión de la misma naturaleza, pues la providencia cuestionada fue proferida

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P: Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
17
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas
las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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Rad: 11001-03-15-000-2026-04141-00

en el trámite ejecutivo instaurado por la parte actora e identificado con el radicado
85001-33-33-005-2024-00164-00/01.

2.6. Generalidades del defecto sustantivo

Esta Sala, en decisión del 12 de noviembre del 201518, precisó sobre la
configuración del defecto sustantivo.

La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando
“la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de
aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.”

Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible
o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma.
c) Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes.
d) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución
e) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición
f) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma. g) Se
afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación. Procederá entonces el amparo
constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en
cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente.

2.7. Generalidades del defecto fáctico

De igual manera, la Sección Quinta, en decisión de 12 de noviembre del 201519,
precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la
ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos
a colación en la presente decisión:

Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas

18
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
19 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez

Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.

De conformidad con la sentencia de 11 de febrero de 201620, estos aspectos
tienen características que se transcriben a continuación:

Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el
problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello
sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así
las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto
de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que
Omisión de decreto y éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba
práctica de pruebas que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba
indispensables para señalados.
fallar el asunto
De esta manera, se requiere que la parte:

• Identifique el elemento probatorio que solicitó.
• Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal.
• Exponga las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
• Señale de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se
pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
ordinario. En este punto, se requiere que, de forma específica, se
Desconocimiento del concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas, aportadas oportuna
acervo probatorio y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
determinante para
identificar la veracidad Así las cosas, se configura siempre que el interesado:
de los hechos
alegados por las • Identifique los elementos de prueba no valorados por el juez.
partes • Demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
• Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
• Precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar
el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente
equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se
Valoración irracional o
entiende alterado.
arbitraria de las
pruebas aportadas
Se requiere entonces que la parte:

• Precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida
valoración por el juez.

20 Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, Radicación

No. 11001-03-15-000-2015-03442-01.
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• Refiera la razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la
lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia,
pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la
conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera
puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este
aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del
juez natural.
• Señale la incidencia de la prueba en el fallo atacado.
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto
con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para
su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al
Dictar sentencia con haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
fundamento en planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso
pruebas obtenidas de las partes.
con violación del
debido proceso Para su configuración corresponde que el actor:
• Señale con claridad los elementos probatorios aportados con
violación al artículo 29 constitucional.
• Exponga las razones que sustentan dicha vulneración.
• Demuestre que estos elementos de convicción fueron el sustento
de la decisión.

Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la
configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.

2.8. Caso concreto

En el presente asunto, la Sala accederá a la solicitud de amparo, al encontrar
acreditada la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del IFC. Pues bien, se advierte que las
providencias cuestionadas incurrieron en los defectos sustantivo y fáctico
invocados por la parte accionante, los cuales, por sí solos y con independencia de
los demás yerros alegados, resultan suficientes para justificar la intervención del
juez constitucional.

Como quedó expuesto, el IFC promovió la presente acción constitucional con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales, al estimar que
el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare negaron injustificadamente la posibilidad de continuar

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la ejecución de una obligación incorporada en el pagaré 4119966, al exigir,
además de dicho título valor, la aportación y existencia de un contrato escrito de
mutuo para conformar el título ejecutivo.

Respecto del defecto sustantivo, el accionante sostuvo que las autoridades
judiciales interpretaron erróneamente los artículos 99, 297 y 299 del CPACA y 422
del CGP, al exigir copia del contrato de mutuo junto con el pagaré para librar
mandamiento de pago. Añadió que esa interpretación desconoció tanto el régimen
de derecho privado aplicable al IFC y la autonomía del título valor frente al negocio
causal. Asimismo, advirtió la violación del artículo 6° de la Ley 2213 de 2022 en
cuanto a que se le reprochó la falta de aporte del título valor en copia auténtica u
original.

En cuanto al defecto fáctico, alegó que los jueces desconocieron el valor
probatorio y la fuerza ejecutiva del pagaré y de la carta de instrucciones, al exigir
un contrato escrito de mutuo. Señaló que el IFC desarrolla actividades de
colocación de crédito sometidas al derecho privado y que, por tanto, el mutuo se
perfecciona con la mera entrega del dinero, sin requerir documento escrito, de
manera que la ausencia de este no afectaba la ejecutabilidad del pagaré.

Ahora bien, las providencias cuestionadas partieron de considerar que la
obligación cuyo recaudo pretendía el IFC tenía origen en un contrato estatal de
mutuo, razón por la cual el título ejecutivo debía reunir los requisitos previstos para
la ejecución de obligaciones derivadas de la actividad contractual de las entidades
públicas. Subsidiariamente, ambas autoridades judiciales reprocharon que el título
valor no fue allegado al proceso ejecutivo en original o copia auténtica.

Con ese entendimiento, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal, en el auto del 4 de febrero de 2025, señaló que, aunque el proceso
ejecutivo había iniciado ante la jurisdicción ordinaria, le correspondía verificar
nuevamente la existencia del título ejecutivo conforme a las reglas aplicables en
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese orden, sostuvo que,
tratándose de obligaciones derivadas de contratos estatales, el título ejecutivo
tiene naturaleza compleja, por lo que debe integrarse con el contrato y los demás
documentos que permitan acreditar una obligación clara, expresa y exigible. Como
el IFC no aportó el contrato de mutuo, concluyó que no era posible tener por
acreditada la existencia del negocio jurídico ni, en consecuencia, continuar con la
ejecución.

Al resolver la apelación, en el auto del 4 de diciembre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Casanare confirmó esa postura. Consideró que los documentos
allegados con la demanda no permitían establecer con certeza la existencia del
contrato de mutuo del cual derivaba la obligación, por lo que no se satisfacían los
presupuestos previstos en los artículos 297 del CPACA y 422 del CGP. En ese
sentido, concluyó que, al tratarse de un contrato estatal, era indispensable aportar

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el contrato escrito para conformar el título ejecutivo complejo, motivo por el cual
confirmó la decisión de abstenerse de continuar con la ejecución.

Examinado el razonamiento contenido en las providencias objeto de censura, la
Sala encuentra que la interpretación acogida por las autoridades judiciales
accionadas no se ajusta al alcance de las normas que regulan el mérito ejecutivo
de los documentos aportados con la demanda, razón por la cual se configura el
defecto sustantivo alegado por la parte actora.

Si bien corresponde al juez del proceso ejecutivo verificar que el documento
presentado como fundamento de recaudo contenga una obligación clara, expresa
y exigible, esa labor no lo habilita para imponer cargas documentales adicionales
no previstas en el ordenamiento. En el asunto bajo examen, el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare negaron la ejecución con fundamento en que el IFC no allegó un
contrato escrito de mutuo, pese a que la obligación cuyo recaudo se perseguía
constaba en un pagaré acompañado de la respectiva carta de instrucciones.

A juicio de la Sala, dicha exigencia obedeció a una interpretación indebida de los
artículos 99 y 297 del CPACA, pues ninguna de esas disposiciones autoriza
concluir que, cuando una entidad pública pretende ejecutar una obligación
incorporada en un título valor, deba aportar necesariamente el contrato en el que
conste el negocio jurídico que le dio origen como presupuesto para librar
mandamiento de pago.

En primer lugar, el numeral 3 del artículo 297 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone:

ARTÍCULO 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen
título ejecutivo:

(...)

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los
organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los
documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a
través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o
cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten
obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en
tales actuaciones.

Por su parte, el artículo 99 ibídem establece:

ARTÍCULO 99. Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado.
Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste
una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:

(...)

5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.
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De la lectura de ambas disposiciones se desprende que el legislador no restringió
el mérito ejecutivo exclusivamente a los contratos celebrados por las entidades
públicas. Por el contrario, reconoció expresamente que también prestan mérito
ejecutivo aquellos documentos provenientes del deudor en los que consten
obligaciones claras, expresas y exigibles, así como los documentos expedidos
con ocasión de la actividad contractual que incorporen ese tipo de obligaciones.

Precisamente, el pagaré en blanco diligenciado con su carta de instrucciones
constituye uno de esos documentos. En su condición de título valor, incorpora de
manera literal una obligación determinada de pagar una suma de dinero; dicha
obligación es expresa porque aparece consignada en el propio documento, clara
porque permite establecer su contenido sin acudir a elementos extraños a él, y
exigible cuando se encuentra vencido el plazo pactado para su pago. Además,
proviene del deudor, toda vez que es este quien lo suscribe y, mediante esa
manifestación de voluntad, se obliga cambiariamente frente al beneficiario del
título. En consecuencia, satisface las exigencias previstas en los artículos 99 y
297 del CPACA para servir de fundamento a una ejecución.

Ahora bien, cuando el título cuya ejecución se pretende tiene origen en una
actuación contractual de una entidad pública, el CPACA establece el trámite que
debe seguir el juez.

El artículo 299 dispone:

ARTÍCULO 299. De la ejecución en materia de contratos. Salvo lo establecido
en este código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la
ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos
celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas establecidas en el
Código General del Proceso para el proceso ejecutivo. El juez competente se
determinará de acuerdo con los factores de competencia territorial y de cuantía,
establecidos en este código.

En relación con el mandamiento de pago, regulado en el artículo 430 del Código
General del Proceso, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se
aplicarán las siguientes reglas:

Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo,
el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación
en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.

Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso
de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna
controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio
de dicho recurso. No obstante, los defectos formales del título ejecutivo podrán
reconocerse o declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que
ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.

Esta disposición remite, a su vez, al artículo 430 del Código General del Proceso,
cuyo tenor literal prevé:

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Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de
documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al
demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o
en la que aquel considere legal.

Del conjunto normativo expuesto se sigue que cuando la demanda ejecutiva se
acompaña de un documento que, en principio, presta mérito ejecutivo,
corresponde al juez verificar si este incorpora una obligación clara, expresa y
exigible para decidir sobre la expedición del mandamiento de pago, sin imponer
requisitos adicionales que el legislador no contempló. Así, el análisis judicial debe
recaer sobre el contenido y alcance del documento presentado como título
ejecutivo y no sobre la existencia de formalidades documentales ajenas a las
expresamente previstas en la ley.

Bajo ese entendimiento, la Sala advierte que las autoridades judiciales accionadas
debieron aplicar las anteriores disposiciones al asunto sometido a su
conocimiento. Esto, toda vez que el IFC acompañó la demanda ejecutiva con el
pagaré 4119966 y la carta de instrucciones suscrita por los deudores, documentos
que conformaban el título ejecutivo presentado como fundamento de la ejecución.
Por consiguiente, el examen del juez debía dirigirse a establecer si ese título
satisfacía los requisitos legales para prestar mérito ejecutivo, sin supeditar dicho
análisis a la aportación de un contrato de mutuo cuya exigibilidad no se desprende
de las normas anteriormente citadas.

Ahora bien, aun si se admitiera, en gracia de discusión, que la obligación
incorporada en el pagaré debía analizarse a la luz del negocio jurídico que le dio
origen, la Sala observa que tampoco resultaba jurídicamente procedente exigir la
aportación de un contrato escrito de mutuo como presupuesto para librar
mandamiento de pago.

En efecto, de acuerdo con el Decreto 107 de 1992, modificado por el Decreto 073
de 2002, se advierte que el IFC fue creado como una empresa industrial y
comercial del Estado de carácter territorial, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, cuya finalidad consiste en promover el
desarrollo económico y social de la región mediante la financiación de proyectos
y el otorgamiento de crédito. Así, en virtud de los artículos 85 de la Ley 489 de
1998 y 14 de la Ley 1150 de 2007, las actividades comerciales que desarrolla se
encuentran sometidas, por regla general, al régimen de derecho privado, en
cuanto corresponden al giro ordinario de sus negocios y se ejercen en un mercado
en competencia con otros operadores económicos.

Lo anterior conduce a concluir que las operaciones de colocación de crédito
realizadas por el IFC no se encuentran sujetas a las solemnidades propias del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Por el contrario,
su régimen jurídico debe determinarse a partir de las normas civiles y comerciales
que gobiernan ese tipo de negocios jurídicos.

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Bajo ese entendimiento, el contrato de mutuo se rige por los artículos 2221 y 2222
del Código Civil, disposiciones conforme a las cuales dicho negocio jurídico
consiste en la entrega de una cantidad de cosas fungibles con obligación de
restituir otras tantas del mismo género y calidad, y «no se perfecciona el contrato
de mutuo sino por la tradición». Es decir, se trata de un contrato cuyo
perfeccionamiento se produce con la entrega del dinero objeto del préstamo, sin
que la ley exija, para su existencia o validez, la suscripción de un documento
escrito.

Así las cosas, tampoco desde la perspectiva del régimen jurídico aplicable al
negocio causal resultaba acertada la conclusión de las autoridades judiciales
accionadas, consistente en afirmar que la inexistencia de un contrato escrito
impedía tener por acreditada la obligación cuya ejecución se pretendía. Tal
razonamiento trasladó indebidamente al caso una solemnidad que el
ordenamiento no prevé para las operaciones crediticias celebradas por el IFC en
desarrollo de su actividad comercial.

Con todo, la anterior consideración tiene un carácter meramente subsidiario.
Como se explicó, la razón determinante por la cual se configura el defecto
sustantivo radica en que las normas que regulan el proceso ejecutivo no imponían
al juez la carga de verificar la existencia de un contrato escrito de mutuo antes de
decidir sobre el mandamiento de pago. Se insiste, el pagaré debidamente suscrito
y diligenciado conforme a la carta de instrucciones constituía, por sí mismo, el
documento que debía ser objeto del examen judicial para establecer si contenía
una obligación clara, expresa y exigible. Por ello, aun prescindiendo de cualquier
consideración sobre el negocio causal, la demanda ejecutiva satisfacía los
presupuestos legales para que el juez analizara la procedencia del mandamiento
de pago sin exigir la aportación de un contrato de mutuo inexistente en forma
escrita.

Aunado a lo anterior, la Sala tampoco comparte la consideración expuesta por las
autoridades judiciales accionadas en el sentido de que el pagaré carecía de mérito
ejecutivo porque no fue aportado en original o en copia auténtica. Tal
interpretación desconoce el marco normativo vigente en materia de actuaciones
judiciales electrónicas y el alcance que la jurisprudencia reciente ha reconocido a
la exhibición de los títulos valores en los procesos ejecutivos.

Sobre este particular, la Sala acoge las consideraciones expuestas por la Sección
Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado en la sentencia de 28 de mayo de
2026, radicación 11001-03-15-000-2026-00021-01, en la que se resolvió una
controversia análoga.

En esa oportunidad se explicó que la exigencia tradicional de presentar el título
valor en original proviene del artículo 624 del Código de Comercio, disposición
concebida para un contexto en el que los procesos judiciales se desarrollaban
íntegramente en soporte físico. Sin embargo, se destacó que los procesos

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ejecutivos sustentados en pagarés, como los promovidos por el IFC, constituyen
un fenómeno reciente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como
consecuencia de los conflictos de jurisdicción resueltos por la Corte
Constitucional. De ahí que la práctica procesal propia de esta jurisdicción no
hubiera debido conducir a trasladar automáticamente exigencias formales sin
armonizarlas con el régimen de actuaciones judiciales digitales actualmente
vigente.

La referida providencia resaltó igualmente que la utilización de medios
electrónicos persigue facilitar el acceso a la administración de justicia y no erigir
nuevas barreras para los usuarios. En ese contexto, estimó irrazonable negar el
mandamiento de pago por el solo hecho de haberse aportado el pagaré en formato
digitalizado, sin examinar las circunstancias particulares en que fue presentada la
demanda ni advertir que la autoridad judicial conservaba la posibilidad de requerir
posteriormente la exhibición material del documento, de considerarlo necesario.

Asimismo, se puso de presente que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, en sentencia STC2392 de 2 de marzo de 2022, precisó que la
incorporación de las tecnologías de la información modificó la forma de exhibición
de los títulos valores en el proceso ejecutivo, de manera que, en la etapa inicial,
estos pueden acompañarse a la demanda mediante su digitalización,
correspondiendo al juez definir, según las particularidades del caso, la oportunidad
y forma en que deba verificarse su presentación física.

A partir de esas consideraciones, concluyó que exigir la presentación física del
título valor para librar el mandamiento de pago desconoce la finalidad de la Ley
2213 de 2022 y privilegia un entendimiento excesivamente restrictivo de las
formas procesales. En esa medida, precisó que, además del exceso ritual
manifiesto que ello comporta, también se configura un defecto sustantivo por
desconocimiento de las normas que regulan la presentación electrónica de las
demandas y sus anexos. Pues bien, los incisos 3° y 4° del artículo 6 de la ley en
mención prevé:

[…]

Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos
sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la
Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya Iugar a este.

De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas, ni
electrónicas para el archivo del juzgado, ni para el traslado.

[…]

En particular, esta Sala comparte la siguiente conclusión, aplicable al asunto
objeto de estudio:

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Sin perjuicio de todo lo anterior, lo cierto es que, al exigir la presentación física del
título valor, la autoridad judicial demandada también incurrió en un defecto
sustantivo, pues desconoció abiertamente el segundo inciso del artículo 6 de la
Ley 2213 de 2022, según el cual la demanda debe contener sus anexos en medio
electrónico.

En procesos ejecutivos, esos anexos corresponden, precisamente, al título a
ejecutar. Y, tratándose de pagarés, la presentación de tales anexos se relaciona
estrechamente con la exigencia de exhibición establecida en el artículo 624 del
Código de Comercio, que no necesariamente debe ser física, como lo ha sugerido
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela21.

En consecuencia, tampoco resultaba jurídicamente admisible que las autoridades
accionadas negaran el mandamiento de pago con fundamento en la ausencia del
pagaré en original o en copia auténtica, pues la demanda fue presentada bajo las
reglas que gobiernan las actuaciones judiciales electrónicas, las cuales autorizan
que sus anexos sean incorporados en medio digital, sin perjuicio de las facultades
del juez para requerir posteriormente la exhibición material del título cuando las
particularidades del proceso así lo ameriten.

La configuración del defecto sustantivo anteriormente analizado condujo, además,
a la materialización del defecto fáctico invocado por la parte accionante. La
interpretación errónea de las normas que regulan el mérito ejecutivo del título
aportado determinó que las autoridades judiciales accionadas omitieran valorar el
acervo probatorio relevante para establecer la procedencia del mandamiento de
pago.

Al considerar que el IFC debía allegar un contrato escrito de mutuo para completar
el título ejecutivo, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y
el Tribunal Administrativo de Casanare dejaron de examinar el pagaré 4119966 y
la correspondiente carta de instrucciones como los documentos que sustentaban
la pretensión ejecutiva. En consecuencia, prescindieron de verificar si tales
instrumentos, apreciados de manera conjunta, reunían los requisitos para constituir
un título ejecutivo y si contenían una obligación clara, expresa y exigible, conforme
a las normas de derecho privado que gobiernan la materia.

21 En la sentencia STC2392-2022, dicha sala explicó lo siguiente: «(…) [D]el tenor literal del artículo

624 del código mercantil se extrae que, para “[e]l ejercicio del derecho consignado en un título-
valor [se] requiere la exhibición del mismo” como prueba del negocio jurídico celebrado entre los
suscriptores del documento. Situación distinta es que la forma de exhibición de dicho cartular, que
antes se efectuaba de manera física como anexo de la demanda, haya variado en virtud del
escenario expuesto en precedencia [pandemia de Covid-19], lo que, de ninguna manera, puede
impedir el acceso a la administración de justicia del acreedor o el derecho de defensa y
contradicción propio del obligado. En efecto, para cumplir con el deber de aportación de los
anexos, dispuesto en el Código General del Proceso (art. 84), el canon 6° del Decreto Legislativo
806 de 2020 dispuso que los mismos debían ser presentados “en forma de mensaje de datos”
junto con la demanda y que de ellos “no será necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas”,
de lo que emerge con facilidad que, al menos en la etapa inicial del ejecutivo, la exhibición física
del título valor comporta una ritualidad excesiva que contraría el precepto legal en comento
(énfasis añadido)».
20

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Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-04141-00

Así, el defecto fáctico no radica en la conclusión a la que eventualmente pudieran
arribar las autoridades judiciales luego de valorar dichos documentos, sino en
haber omitido ese análisis como consecuencia de haber considerado indispensable
la aportación de un contrato escrito de mutuo. En ese orden, el yerro consistió en
excluir del examen judicial los elementos probatorios determinantes para resolver
sobre la procedencia del mandamiento de pago, sustituyendo dicho análisis por la
exigencia de un documento cuya incorporación al proceso no era jurídicamente
necesaria en los términos expuestos.

Desde luego, no corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de si el pagaré
4119966, diligenciado con fundamento en la carta de instrucciones, satisface o no,
en el caso concreto, todos los requisitos necesarios para prestar mérito ejecutivo.
Esa valoración compete al juez natural del proceso ejecutivo, en ejercicio de la
autonomía e independencia que le son propias. La intervención del juez
constitucional se limita a constatar que las autoridades accionadas omitieron
efectuar ese examen, al partir de una premisa jurídica incompatible con el
ordenamiento, circunstancia que incidió de manera determinante en la decisión de
abstenerse de continuar con la ejecución.

En esas condiciones, la Sala accederá al amparo solicitado por el IFC, al encontrar
que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare incurrieron en un defecto sustantivo, al interpretar
indebidamente las normas que regulan el mérito ejecutivo de los documentos
aportados con la demanda, y, como consecuencia de ello, en un defecto fáctico, al
omitir la valoración del pagaré 4119966 y de la carta de instrucciones como título
ejecutivo susceptible de servir de fundamento al mandamiento de pago.

Ahora bien, esta decisión no implica que las autoridades judiciales accionadas
deban librar necesariamente mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo,
pues ello supondría sustituir al juez natural en el ejercicio de una competencia que
le es exclusiva. El alcance del amparo consiste en dejar sin efectos las providencias
cuestionadas para que se profiera una nueva decisión en la que se valore el pagaré
y la carta de instrucciones conforme al marco normativo aplicable, sin exigir la
aportación de un contrato escrito de mutuo como presupuesto para decidir sobre la
procedencia de la ejecución.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud elevada por la parte accionante para que la
presente acción de tutela sea conocida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
21

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SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare (IFC).
En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto de 4 de febrero de 2025, proferido
por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, así como el
auto de 4 de diciembre de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare,
dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado 85001-33-33-005-2024-
00164-00/01.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una nueva decisión en el proceso ejecutivo identificado con el
radicado 85001-33-33-005-2024-00164-00, en la que observe los lineamientos
expuestos en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a la
notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Salva el voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara el voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación
en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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