Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05231-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05231-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05231-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
12 de marzo de 2026
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-05231-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05231-01
Demandante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma el fallo
que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir el requisito de la relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 28 de enero de 2026, por la cual, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B declaró improcedente el amparo solicitado por no
cumplir el presupuesto de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El 25 de agosto de 2025, el Instituto Financiero de Casanare (IFC) presentó
acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales con
ocasión de los autos proferidos el 14 de noviembre de 2024 y 5 de junio de
2025, por las autoridades judiciales demandadas, respectivamente, en el
proceso ejecutivo con radicación 85001-33-33-001-2024-00160-00/01, mediante
los cuales se negó librar mandamiento de pago por inexistencia del título
complejo.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-05231-01
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al
Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE, que se desconocieron por el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Yopal en auto emitido en fecha 14 de noviembre de 2024 y
confirmado el 05 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Casanare dentro del proceso 850013333001-202400160-00.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha
14 de noviembre de 2024 emitido por el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Yopal, así como la decisión que desató la apelación,
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare en fecha 05 de junio
de 2025, dentro del medio de control 850013333001-202400160-00; por
encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria
al restarle merito ejecutivo al pagaré 4120607 y exceso ritual manifiesto al
exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de
constar por escrito, ajena a este tipo de contratos, así como por defecto
sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de
precedente judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los
derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE -
IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Yopal y Tribunal Administrativo de Casanare,
que en lo de su competencia, en el impostergable término de 48 horas,
contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, rehacer las
actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Yopal, libre mandamiento de pago
y/o ordene seguir adelante en la ejecución, decrete medidas cautelares a
favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra de los
demandados CONSOLACIÓN MONJE VALENCIA Y JONATHAN MONJE
VALENCIA, dentro del proceso ejecutivo 850013333001-202400160-00 y
se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis
o se extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los
Juzgados Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el Instituto
Financiero de Casanare, y en los que se desconozca el pagaré como título
ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que
se presente análogas circunstancias, así como ordenar al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Yopal y al Tribunal Administrativo de
Casanare, que en lo de sucesivo se abstengan de incurrir en las conductas
que dieron origen a la presente acción.
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido.
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
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La parte actora sostuvo que es una empresa comercial y de gestión económica
del departamento de Casanare, con personería jurídica, autonomía
administrativa y presupuestal, el régimen de sus actos y contratos es el
establecido en los artículos 854 y 935 de la Ley 489 de 1998.
Precisó que tiene como objeto el fomento del desarrollo económico y social del
departamento en mención, mediante la prestación de servicios financieros,
empresariales y de gestión de proyectos, por lo cual, dentro del giro ordinario de
sus negocios y conforme a las reglas de derecho privado, en desarrollo de su
actividad comercial, otorga créditos de fomento y educativos, a personas de
escasos recursos en el ente territorial, los cuales se respaldan con pagarés y
cartas de instrucciones.
Mencionó que debido a la mora de los usuarios que han adquirido estos
préstamos, el IFC realizó gestiones administrativas previas de cobro, e instauró
procesos ejecutivos para obtener el pago de las sumas adeudadas y como título
ejecutivo presentó los pagarés firmados por los usuarios.
Expuso que una de esas demandas ejecutivas se presentó ante la jurisdicción
ordinaria contra la señora Consolación Monje Valencia y el señor Jonathan
Monje Valencia. Para ello, se aportó como título ejecutivo el pagaré 4120607 y
una carta de instrucciones y el conocimiento de dicho proceso correspondió
inicialmente por reparto al Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal, el cual,
con auto del 25 de julio de 2024, declaró la falta de jurisdicción, rechazó la
demanda y remitió el proceso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Añadió que, por reparto, el conocimiento del asunto fue asignado al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, con el radicado 85001-33-
33-001-2024-00160-00, el cual, por auto del 14 de noviembre de 2024, negó el
mandamiento de pago y la medida cautelar solicitada, debido a la inexistencia
de un título ejecutivo complejo. En esta providencia se explicó que la obligación
debía estar integrada no solo por el pagaré, sino también por el contrato de
mutuo, los actos que debieron declarar el incumplimiento y una liquidación para
efectos de establecer el capital e intereses adeudados, lo cual no obra en el
expediente del proceso.
Refirió que interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el
auto que negó el mandamiento de pago, pues consideró que el pagaré -
sustento de la obligación- es un título autónomo que contiene una obligación
clara, expresa y exigible y, por lo tanto, se trataba de un título simple y no
complejo.
Señaló que, allí insistió en que, dada su naturaleza financiera, la entidad otorgó
un préstamo en ejercicio de su objeto social, operación que se rige por el
derecho privado a través de un contrato de mutuo de carácter civil y porque
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según los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, el mutuo es un contrato de
carácter consensual que se perfecciona con la entrega del bien; por lo que, en
el caso de la señora Consolación Monje Valencia y el señor Jonathan Monje
Valencia, este se perfeccionó con el desembolso del dinero.
Adujo que el mencionado juzgado, mediante auto del 16 de enero del 2025,
confirmó la decisión y remitió el proceso al Tribunal Administrativo de Casanare
para el trámite de apelación.
Manifestó que, con proveído del 5 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo
del Casanare, con salvamento de voto de uno de sus integrantes, confirmó la
decisión apelada al considerar que el título que el IFC solicitó ejecutar era
complejo pues la acreencia que se encontraba plasmada en el pagaré que
suscribió con la parte ejecutada deviene de la celebración de un contrato de
mutuo, y tal acuerdo de voluntades no fue aportado por la parte ejecutante.
Refirió que en dicha providencia se indicó que no era posible determinar con
certeza las obligaciones allí contenidas y que la parte ejecutante debía aportar
el título valor referido en original y no una copia digitalizada del mismo, pues la
«exhibición de estos documentos es requisito para su cobro».
Esta decisión se notificó por estado que se fijó el 6 de junio de 2025.
1.4. Sustento de la petición
La parte actora sostuvo que los autos cuestionados vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política.
Afirmó que la demanda cumple con los requisitos generales de procedencia de
la tutela contra providencia judicial, particularmente el de la relevancia
constitucional, porque las autoridades judiciales accionadas en sus decisiones
desconocen los derechos fundamentales del IFC, al restarle mérito ejecutivo al
pagaré pese a contener una obligación clara, expresa y exigible. Además,
porque se desconoció el análisis que la Corte Constitucional hizo en su
momento en un caso similar cuando definió la competencia en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo.
Mencionó que con la expedición de las providencias demandadas se
configuraron los siguientes:
1.4.1. Defectos fáctico y sustantivo
Sostuvo que existe un error grave en la interpretación de una norma procesal y
una indebida valoración probatoria frente al título valor. Esto, pues el IFC
desembolsó una cantidad de dinero a fin de que se restituya en un plazo y se
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paguen otras erogaciones; asimismo, dichas obligaciones se encuentran
descritas de forma clara, son expresas y actualmente exigibles.
Mencionó que, en el pagaré -título ejecutivo base de ejecución- aparece que la
cantidad de dinero «ya fue recibida» por documento proveniente del deudor
según se pueden apreciar con sus firmas. Agregó que en el pagaré se señaló
expresamente la cantidad liquida adeudada, que declara el deudor haber
recibido a título de mutuo con interés.
Expuso que el título valor autónomamente es exigible en la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, tal como lo dispone el artículo 297, numeral 3, de la
Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 5 del artículo 99 de esa
misma norma, que establece la exigibilidad de cualquier acto proferido con
ocasión de la actividad contractual y cualquier documento que provenga del
deudor, como lo es un título valor, lo que significa que no puede desconocerse
su autonomía (artículos 621 y siguientes del Código de Comercio).
1.4.2. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
Refirió que la exigencia relativa a que el contrato de mutuo de naturaleza
consensual y del régimen civil se aporte con la ritualidad de los contratos de Ley
80 de 1993 -en escrito- para integrar un innecesario título ejecutivo complejo
que legalmente, no se requiere.
Añadió que también corresponde a un defecto de tal naturaleza que el tribunal
indicara que la parte ejecutante debió aportar el título valor referido en original y
no una copia digitalizada del mismo.
Adujo que tal exigencia resulta contraria a lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022,
que impone como deber de los sujetos procesales, realizar sus actuaciones a
través de medios tecnológicos.
Destacó que en cuanto a la radicación de la demanda, el artículo 6 de la citada
norma, establece las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos,
lo mismo que todos sus anexos.
Recordó que, la mencionada ley también señala que de las demandas y sus
anexos no será necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas; por lo que,
en caso de requerir los documentos físicos, basta con que la autoridad judicial
establezca el canal para aportar en físico el documento original del pagaré.
Expuso que dicho documento se encuentra digitalizado en el expediente, por lo
que, a partir de la implementación de la virtualidad, no podría abstenerse de
librar mandamiento por esa causa.
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1.4.3. Violación directa de la Constitución
Sostuvo que lo decidió en las providencias acusadas es una interpretación
arbitraria, contraria a la Constitución, que tiende a desconocer la naturaleza del
derecho de acción y de jurisdicción, puesto que:
a) El asunto objeto de debate -en situación jurídica similar- ya fue resuelto
por la Corte Constitucional, en auto A-2014/24, donde determina
respecto del contrato de mutuo que no debía costar por escrito, por
cuanto, conforme a los artículos 2221 y 2222 del Código Civil (aplicables
al mutuo comercial por remisión del artículo 473 del Código de Comercio)
basta con la entrega de la cosa dada en préstamo para el
perfeccionamiento del negocio jurídico, así como expresamente aclara
que la obligación perseguida en el marco del proceso ejecutivo está
contenida en un pagaré, que presta mérito ejecutivo conforme al numeral
3 del artículo 297 del CPACA.
b) En el salvamento de voto emitido frente a la decisión mayoritaria por el
tribunal, el magistrado disidente, realizó un análisis profundo de las
características del título, la ejecutabilidad autónoma del pagaré en la
jurisdicción contenciosa administrativa.
1.5. Trámite en primera instancia
Por auto del 26 de agosto de 2025, el a quo admitió la demanda y ordenó
notificar a las autoridades judiciales accionadas (el Juzgado Primero
Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare) y se vinculó a
los terceros con interés demandados en el proceso ejecutivo (Consolación
Monje Valencia y Jonathan Monje Valencia).
En cuanto a las notificaciones se observa que tal diligencia se surtió a los
correos electrónicos de las partes y de la vinculada en mención. En cuanto al
señor Monje Valencia se fijó un aviso, el cual se encuentra en el expediente
digital en el aplicativo Samai.
1.6. Contestaciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Casanare
Esta autoridad judicial solicitó que se deniegue el amparo porque la decisión
proferida de segunda instancia se ajustó a lo previsto en las normas y la
jurisprudencia aplicable.
Explicó que el título que el IFC solicitó ejecutar es complejo ya que la acreencia
que se encuentra plasmada en el pagaré 4120607 que suscribió con la parte
ejecutada deviene de la celebración de un contrato de mutuo, acuerdo de
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voluntades que no fue aportado por la entidad accionante y sin el cual no es
posible determinar con certeza las obligaciones allí contenidas. Además,
mencionó que la parte ejecutante tampoco aportó el título valor referido en
original sino una copia digitalizada del mismo.
1.6.2. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal
Esta autoridad afirmó que la decisión de no librar mandamiento de pago
obedeció a la indebida conformación del título ejecutivo.
Expuso que en la providencia de primera instancia se señaló que hubo una
ausencia de los requisitos sustanciales del título por cuanto la obligación, al ser
un título de carácter complejo, debía estar integrada no sólo por la garantía,
sino también por el contrato de mutuo.
Resaltó que el pagaré y la carta de instrucciones no son documentos suficientes
para tener debidamente conformado el título ejecutivo, lo cual, contrario a lo
afirmado por la entidad accionante, no constituye un exceso ritual manifiesto,
pues de avalarse la existencia del contrato de mutuo de forma implícita en un
pagaré se desdibujarían los aspectos sustanciales del título ejecutivo
contemplado en el artículo 297 numeral 3 del CPACA en el que se define el
concepto propio del título ejecutivo para que sean ejecutables ante esta
jurisdicción.
Sostuvo que no se cercena la Constitución Política, ni la decisión cuestionada
proviene de una indebida valoración probatoria; por el contrario, se profirió con
base en las reglas establecidas para ejecutar un título ante esta jurisdicción.
Refirió que no es procedente que el IFC utilice este mecanismo excepcional
para tener una instancia adicional a fin de controvertir una decisión que le fue
adversa.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante fallo del 28 de enero de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir el
presupuesto de relevancia constitucional.
Indicó que los argumentos del accionante se dirigen exclusivamente a
cuestionar la valoración que hizo el juez natural respecto de la existencia de
una obligación clara, expresa y exigible derivada del pagaré núm. 4120607 y de
la carta de instrucciones aportados al proceso.
Mencionó que ello supone reabrir un debate estrictamente legal, ya resuelto en
sede ordinaria, sobre si para efectos del mandamiento de pago era necesario
aportar el contrato que, según el tribunal demandado constituía parte del título
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ejecutivo complejo, así como el análisis sobre la necesidad de allegar el pagaré
en original.
Precisó que los reproches del actor no cumplían con la carga de argumentación
reforzada exigida para las tutelas contra providencias judiciales. Esto, pues el
accionante no demostró la configuración de un defecto específico de
procedencia, ni explicó de manera suficiente por qué la controversia planteada
tendría relevancia constitucional.
Agregó que la simple discrepancia con la interpretación adoptada por las
autoridades judiciales no era suficiente para desplazar los principios de
autonomía e independencia judicial, ni para habilitar que la acción de tutela se
convierta en una instancia adicional destinada a revisar asuntos de mera
legalidad.
Agregó que también carecían de sustento los planteamientos según los cuales
el juez ordinario habría desconocido precedentes, en tanto el auto A-2014 de
2024 de la Corte Constitucional, invocada por el actor, se limitó a resolver un
conflicto de jurisdicciones y no definió un criterio vinculante aplicable a la
controversia del caso.
Resaltó que el propósito real de la actuación del actor es obtener el recaudo de
una obligación dineraria, finalidad que evidencia la naturaleza eminentemente
económica de sus pretensiones y que, por ende, escapa al ámbito funcional del
juez de tutela.
1.8. Impugnación
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia el 17 de febrero de 2026,
providencia que se notificó el 12 del mismo mes y año.
Reiteró los argumentos relativos a los defectos específicos invocados, así como
la vulneración de sus derechos fundamentales.
Señaló que no se trata de un debate de la divergencia sobre una interpretación
o sobre el derecho económico que subyace, sino de una vulneración real y
sistemática a sus derechos fundamentales, que parten de un exceso ritual
manifiesto y de una trasgresión a la naturaleza misma del título valor, para
negarle al Instituto Financiero de Casanare (IFC) lo más simple que puede
pedirse del Estado: el acceso a la administración de justicia.
Precisó que la controversia no se limitó a una discusión puramente legal, ya que
evidentemente trasciende al plano de las garantías constitucionales, en tanto se
requiere la interpretación y aplicación de la Constitución Política.
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Mencionó que, tampoco se trata de una controversia de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas, pues lo que se pide es la
garantía al acceso a la administración de justicia que ha sido negada al IFC y es
actualmente negada por la jurisdicción administrativa bajo lo siguiente:
i) Se niega el mandamiento de pago de un título ejecutivo contenido en un título
valor bajo la exigencia de requisitos adicionales a los establecidos en la ley e
imposibles de cumplir por exigir una ritualidad de constar por escrito respecto
de un contrato consensual como lo es el mutuo.
ii) Se cercenó el derecho de acción al IFC, al considerar que «los títulos valores
no son ejecutables ante la jurisdicción contenciosa administrativa, por no ser
esta competente de conocer la acción cambiaria», y porque el tribunal indicó
«En este punto se advierte que, si bien en la jurisdicción ordinaria el interesado
puede acudir al proceso ejecutivo para obtener el pago de una obligación
contenida en un pagaré, esto no ocurre en la jurisdicción contenciosa
administrativa».
Añadió que también es una cuestión que afecta el interés general, dado que
afecta a tres entidades públicas del departamento de Casanare – todas de
naturaleza jurídica de EIC; además no se trata de un expediente aislado sino de
más de dos mil procesos- de los cuales en seis meses el tribunal profirió fallos
adversos en 219 procesos- y que hay de por medio recursos públicos,
afectando la viabilidad de las entidades y la posibilidad de colocación de crédito
en condiciones favorables a estudiantes y campesinos.
Expuso que tampoco pretende ser una tercera instancia, o una adicional al
proceso ordinario, pues evidentemente se acude a la acción constitucional
debido a un debate constitucional, por cuanto desafortunadamente bajo una
interpretación arbitraria y un exceso ritual manifiesto se le adiciona por vía de
las decisiones objeto de la acción a un título valor requisitos no contemplados
en la ley e imposibles, dada la naturaleza del contrato solicitado, y con ello se le
niega el acceso a la administración de justicia a la entidad demandante.
Recordó que la Corte Constitucional en el auto A-2014/24 señaló que no debía
mediar contrato por escrito y encontró válido, como ocurre en este caso, que al
momento de autorizar un crédito, no debía mediar un contrato escrito, pues
conforme a los artículos 2221 y 2222 del Código Civil basta con la entrega de la
cosa dada en préstamos para que se dé el perfeccionamiento del negocio
jurídico. Expuso que el 17 de septiembre de 2025, la Sala Plena de la Corte
Constitucional en el Auto 1455 de 2025, ratificó lo anterior.
Consideró que exigir documentos adicionales al pagaré, siendo este un título
ejecutivo autónomo, que contiene una obligación, clara, expresa y exigible, es
desconocer la normatividad que rige la creación, circulación y exigibilidad de
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este tipo de títulos, constituye un exceso ritual manifiesto y deviene en una
evidente denegación de justicia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
decisión de primera instancia en atención a lo consagrado por el Decreto 2591
de 19911, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.
Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuestos en la
impugnación del fallo, se cumple con el requisito de la relevancia constitucional
y, de ser así, si se acreditan los demás presupuestos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De encontrarse cumplidos, se analizará si se vulneran los derechos
fundamentales de la entidad demandante con ocasión del auto del 5 de junio de
2025, dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare en el proceso
ejecutivo con radicación 85001-33-33-001-2024-00160-00/01, mediante el cual
confirmó la decisión que negó librar mandamiento de pago.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20122, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
1
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política
2
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.3
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los fijados hasta el
momento jurisprudencialmente. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.4
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
3
Ibídem.
4
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
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sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Caso concreto
El Instituto Financiero de Casanare consideró que sus derechos fundamentales
se vulneraron con ocasión del auto del 5 de junio de 2025, el cual dictó el
Tribunal Administrativo de Casanare en el proceso ejecutivo con radicación
85001-33-33-001-2024-00160-00/01, con el que confirmó la decisión que negó
librar mandamiento de pago.
El a quo declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el
requisito de la relevancia constitucional.
La parte actora impugnó. Para tal efecto, reiteró sus argumentos iniciales y
destacó que sí se acredita tal presupuesto general de procedencia.
En relación con dicho requisito, la Corte Constitucional ha considerado que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado.
Por lo anterior, no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural.
En relación con el aludido requisito, se observa que, la Corte Constitucional en
la sentencia SU 215 de 2022 señaló:
…la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de
tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene
que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales… Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
Dicho presupuesto general de este mecanismo constitucional «…supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una
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simple relación con aquel…»5. De igual manera, se precisa el aludido requisito
tiene tres finalidades, a saber:
(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional6 y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad7; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales8 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces9.
Por tanto, este juez constitucional no puede atribuirse las facultades del
funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que implicaría
un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez natural.
En efecto, esta sala de decisión planteó que el estudio de la relevancia
constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la
Corte Constitucional y acogidos por esta corporación, que en concreto se
refieren entre otros a que no se trate de asuntos de legalidad en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental.
Lo anterior, porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces
ordinarios o naturales de la causa, pues la acción de tutela no puede
convertirse en una tercera instancia.
Por consiguiente, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la
decisión judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales, sino
que es necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carga
de argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta contradicción
de los mandatos constitucionales y, ii) que implique la intervención del juez
constitucional.
En ese orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por el tribunal demandado que
amerite la intervención en sede constitucional.
En efecto, la parte actora consideró que vulneraron sus derechos
fundamentales porque con la providencia demandada se incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y procedimental pues existe un error grave en la
interpretación de una norma procesal y una indebida valoración probatoria
5
Sentencia SU 573 de 2019.
6
“Sentencia C-590 de 2005.”
7
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
8
“Sentencia C-590 de 2005.”
9
“Sentencia T-102 de 2006.”
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frente al título valor – el pagaré 4120607 y la carta de instrucciones- que
contiene la obligación clara, expresa y exigible que pide ejecutar; porque de
acuerdo con el artículo 297 del CPACA cualquier acto proferido con ocasión de
la actividad contractual presta mérito ejecutivo y; porque en estos casos
corresponde a una exigencia el aportar el contrato de mutuo de naturaleza
consensual, así como el título valor referido en original y no una copia
digitalizada del mismo.
La parte demandante también alegó una violación directa de la Constitución, la
cual fundó en los autos A2014 de 2024 y A1455 de 2025 de la Corte
Constitucional en los que se estableció la presunta imposibilidad de solicitar el
contrato de mutuo por escrito para librar mandamiento de pago en procesos
ejecutivos, de conformidad con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil.
Así las cosas, la inconformidad del actor se centra en su desacuerdo con que el
tribunal demandado hayan considerado que el título a ejecutar es complejo y no
simple, y le hayan pedido el contrato de mutuo por escrito para ejecutar el
pagaré con carta de instrucciones -el cual, a su juicio, recoge un crédito-, así
como el original del título valor y no la copia digitalizada de aquel.
Al respecto, se observa que el tribunal cuestionado consideró lo siguiente:
De conformidad con lo anterior se establece con claridad que:
a. La acreencia plasmada en el pagaré No. 4120607 cuya ejecución solicita la
entidad pública recurrente, corresponde a la obligación adquirida por los
ejecutados de devolver el dinero recibido tras la concesión de un crédito,
descripción que corresponde a la tipología contractual de mutuo o préstamo de
consumo, plasmada en el artículo 2221 del Código Civil, así: “El mutuo o
préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra
cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo
género y calidad”.
b. El INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE se rige por las normas que
regulan el funcionamiento de las empresas industriales y comerciales del estado
por lo que, de conformidad con lo normado por el artículo 93 de la Ley 489 de
1998 “(…) Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se
sujetaran a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las
entidades estatales” uno de los cuales es la solemnidad que se traduce en que
deben constar por escrito el artículo 396 de la Ley 80 de 1993.
c. La parte ejecutante no cumplió con la exhibición del título valor en los términos
del artículo 6247 del Código de Comercio, pues no aportó copia original del título
valor, sino que se limitó a enseñar una digitalización del mismo, lo cual impide su
cobro.
De esta manera fuerza concluir que, el titulo que el IFC solicita ejecutar es
complejo pues la acreencia que se encuentra plasmada en el pagaré que
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suscribió con la parte ejecutada deviene de la celebración de un contrato de
mutuo, acuerdo de voluntades que no fue aportado por la parte ejecutante, sin el
cual no es posible determinar con certeza las obligaciones allí contenidas a lo
que debe sumarse que, la parte ejecutante debió aportar el título valor referido en
original y no a una copia digitalizada del mismo, pues la exhibición de estos
documentos es requisito para su cobro de forma que, deberá confirmarse la
decisión de no librar mandamiento de pago adoptada por el Juez de primera
instancia mediante proveído del 14 de noviembre de 2024, por las razones
señaladas en la parte motiva de esta providencia.
Nótese que el estudio que propone ante el juez de tutela es en el mismo sentido
que el resuelto en sede del proceso ejecutivo, de tal forma que pretende utilizar
este mecanismo como una instancia adicional en la que se realice un nuevo
estudio sobre los requisitos del título ejecutivo.
Adicionalmente, debe indicarse que en relación con el reproche atinente a los
autos A2014 de 2024 y A1455 de 2025 de la Corte Constitucional, estos se
profirieron en el marco del conflicto de jurisdicciones civil y contenciosa-
administrativa para conocer de los procesos ejecutivos promovidos por el IFC;
no obstante, la parte accionante no señaló el motivo por el cual los consideró
desconocidos.
De modo que el debate que formuló el accionante, a partir de los defectos
alegados, carece de relevancia constitucional en la medida en que sus
argumentos recaen en su inconformidad frente a lo decidido por el operador
judicial sin lograr explicar la forma en la resultaron vulnerados sus derechos
fundamentales.
Por tanto, su intención es reabrir la discusión jurídica para que se determine
que el pagaré por sí solo es un título ejecutivo simple y que, en consecuencia,
se libre mandamiento de pago, lo cual denota la ausencia del presupuesto de la
relevancia constitucional.
Así las cosas, un desacuerdo en relación con las conclusiones respecto de la
decisión acusada no puede ser razón para que el juez constitucional intervenga
en la protección de los derechos fundamentales, puesto que, aceptar lo
contrario, sería invadir la órbita del competente natural.
En ese orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre dichas
garantías en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada, que
amerite la intervención en sede constitucional.
Al respecto, la sala se permite destacar que la acción de tutela contra
providencias judiciales no debe ser vista como una tercera instancia para traer a
colación nuevamente los argumentos expuestos dentro del proceso objeto de
demanda, sino que es un medio excepcionalísimo por medio del cual se
revalúan decisiones que recaen en la arbitrariedad, al sobrepasar los principios
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rectores de la autoridad judicial.
Por consiguiente, se confirmará el fallo impugnado.
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 28 de enero de 2026, por la cual, el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B declaró improcedente el
amparo solicitado por no cumplir el presupuesto de relevancia constitucional.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salva voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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