Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06336-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06336-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06336-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06336-00
Demandante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela de la referencia de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación1.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo2
El Instituto Financiero de Casanare -en adelante, IFC-, a través de su gerente
general3, instauró acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare4, con el fin de
reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
Lo anterior, con ocasión de los autos del 24 de septiembre de 2025 y 12 de febrero
de 2026 proferidos por las mencionadas autoridades judiciales, respectivamente,
a través de los cuales se ordenó no seguir adelante con la ejecución en el proceso
ejecutivo identificado con el radicado 85001-33-33-001-2025-00202-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y pidió:
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 002 de Samai. Tutela radicada el 11 de agosto de 2026 a la que se le asignó la secuencia
interna número 10105.
3 Índice 002 de Samai. Tutela suscrita por Oscar Javier Araque Garzón, nombrado gerente de la
entidad mediante Decreto 0060 de 2024.
4 Sala integrada por los magistrados Inés del Pilar Núñez Cruz, Aura Patricia Lara Ojeda y
Leonardo Galeano Guevara.
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-06336-00
[…]
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 24
de septiembre de 2025 emitido por el JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que
desato la apelación, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE en fecha 12 de febrero de 2026, dentro del medio de control
85001-3333-001-2025-00202-00, por encontrarse tales decisiones afectadas
por indebida valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare
4117171 y exceso ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato
de mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos
de régimen civil, y tener por no aportado el original del pagare, pese a que a la
luz del artículo 6 de la ley 2213 de 2022 “Las demandas se presentarán en
forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos,”; así como por
defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el
desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar
injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE –
IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el
impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo
de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar
el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL,
ordene seguir adelante con la ejecución a favor del INSTITUTO FINANCIERO
DE CASANARE en contra de la parte demandada HUMBERTO BARRERA
CHAPARRO Y MARIA DOFILA SANABRIA NARANJO, dentro del proceso
ejecutivo 85001-3333-001-2025-00202-00, adelante el proceso hasta su
finalización, y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de
procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagare como
título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que
se presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de
incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.5
1.3. Hechos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
El IFC fue creado mediante el Decreto 107 de 1992 y modificado por el Decreto
073 de 2002, el cual tiene por objeto el fomento del desarrollo económico y social
del departamento de Casanare, a través de la prestación de servicios financieros,
empresariales y de gestión de proyectos, por lo cual, dentro del giro ordinario de
5 Transcripción literal que puede contener errores.
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
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sus negocios y conforme a las reglas de derecho privado, en desarrollo de su
actividad comercial, otorga créditos de fomento y educación, a personas de
escasos recursos del departamento, los cuales se respaldan con pagarés y cartas
de instrucciones.
El IFC presentó demanda ejecutiva singular de mínima cuantía contra los señores
Humberto Barrera Chaparro y María Dofila Sanabria Naranjo, aportando como
título ejecutivo el pagaré 4117171, la carta de instrucciones y los documentos
relacionados con el crédito otorgado. El asunto correspondió inicialmente al
Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, despacho que mediante auto del 6 de
septiembre de 2018 libró mandamiento de pago y posteriormente, a través del
proveído del 24 de enero de 2025 declaró la falta de competencia y ordenó remitir
a la jurisdicción contencioso-administrativa.
El proceso se asignó al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal, con el radicado número 85001-33-33-001-2025-00202-00 que mediante
auto del 24 de septiembre de 2025: (i) avocó conocimiento del proceso; (ii) dispuso
no seguir adelante con la ejecución a favor del IFC y levantar las medidas
cautelares que se hubieran decretado por el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Yopal.
Como fundamento de su decisión, consideró que la entidad ejecutante no acreditó
la existencia de un título ejecutivo debidamente conformado, pues únicamente
aportó el pagaré, la carta de instrucciones y el estado de cuenta, sin allegar el
contrato de mutuo que dio origen a la deuda, de manera que no se encontraba
demostrada una obligación clara, expresa y exigible en los términos exigidos por
la Ley 80 de 1993.
Contra esa decisión, el IFC interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación. Los anteriores se resolvieron a través del auto del 30 de octubre de
2025 en el sentido de no reponer el auto recurrido y conceder el de apelación.
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante proveído
del 12 de febrero de 2026 confirmó la decisión de primer grado. Para sustentar su
decisión, el tribunal consideró que los documentos aportados no permitían
establecer con certeza la existencia del negocio jurídico subyacente que dio origen
a la obligación, por lo que no se acreditaban los presupuestos exigidos por los
artículos 297 del CPACA y 422 del CGP para seguir adelante con la ejecución. En
particular, estimó que el pagaré, la carta de instrucciones y el estado de cuenta
allegados por la entidad financiera no eran suficientes para demostrar la existencia
del contrato de mutuo regulado en los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, del
cual derivaba la garantía cambiaria, razón por la cual concluyó que no se había
constituido adecuadamente el título ejecutivo.
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Por otro lado, la autoridad judicial accionada agregó que el pagaré fue aportado
en copia simple cuando esta debió ser original según el artículo 624 del Código
de Comercio.
La notificación de la referida providencia se efectuó por estado el día 13 de febrero
de 20266.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora alegó que las providencias cuestionadas incurren en los siguientes
defectos:
(i) Violación directa de la Constitución Política, por desatender los artículos 29,
228 y 229 superiores, al negar la ejecución de la obligación contenida en el pagaré
aportado como título de recaudo con fundamento en la ausencia del contrato de
mutuo que dio origen al crédito. A su juicio, esa exigencia comportó una
interpretación excesivamente formalista, contraria a la prevalencia del derecho
sustancial, al debido proceso y de acceso efectivo a la administración de justicia.
También afirmó que las autoridades judiciales desconocieron los Autos A-2014 de
2024 y A-1455 de 2025 de la Corte Constitucional, en los que, según indicó, se
habría reconocido que el contrato de mutuo se perfecciona con la entrega del
dinero y que el pagaré presta mérito ejecutivo en los términos del artículo 297 del
CPACA.
Recordó que si bien los jueces cuentan con autonomía e independencia judicial
para interpretar y aplicar las normas jurídicas; dicha facultad no es absoluta, sino
que está limitada por el orden jurídico preestablecido, por lo que las autoridades
judiciales accionadas no podían exigir requisitos adicionales como la suscripción
de un contrato escrito de mutuo para respaldar judicialmente las obligaciones
incorporadas en pagarés.
(ii) Fáctico, la parte accionante alegó que el juez contencioso desconoció el valor
probatorio y la fuerza ejecutiva del pagaré 4117171 y de la carta de instrucciones
aportados con la demanda. Indicó que dichos documentos constituían un título
valor autónomo, contentivo de una obligación clara, expresa y exigible, por lo que
resultaban suficientes para continuar con la ejecución.
Asimismo, expuso que los jueces accionados partieron de una premisa
equivocada al asumir que, por tratarse de una entidad estatal, la obligación
necesariamente debía derivar de un contrato sometido a las formalidades propias
de la contratación pública, en particular, el Estatuto General. Sobre este punto,
precisó que el IFC, en su condición de empresa industrial y comercial del Estado,
6 Índice 013 del proceso 85001333300120250020201.
4
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desarrolla actividades de colocación de crédito sometidas al derecho privado, por
corresponder al giro ordinario de sus negocios.
En ese contexto, manifestó que el negocio subyacente correspondía a un contrato
de mutuo regulado por el Código Civil, el cual se perfecciona con la entrega del
dinero y no requiere constar por escrito. Por ello, estimó que la ausencia de un
contrato escrito e independiente del pagaré no desvirtuaba la existencia de la
obligación ni afectaba la ejecutabilidad del título valor.
(iii) Sustantivo: la parte actora planteó que las autoridades accionadas realizaron
una interpretación errónea de los artículos 99, 297 y 299 del CPACA y 422 del
CGP, al concluir que la ejecución de la obligación requería la aportación del
contrato de mutuo junto con el pagaré.
Sobre el particular, señaló que en virtud del numeral 5° del artículo 99 y numeral
3° del artículo 297 del CPACA, los jueces contenciosos debieron reconocer mérito
ejecutivo no solo a los contratos estatales y a los documentos que acrediten su
incumplimiento, sino también a cualquier acto o documento proferido con ocasión
de la actividad contractual en el que consten obligaciones claras, expresas y
exigibles. Desde esa perspectiva, consideró que el pagaré aportado constituía un
título ejecutivo suficiente.
Argumentó que los artículos 299 del CPACA y 422 del CGP imponen al juez el
deber de reconocer si el título valor aportado contiene una obligación clara,
expresa y exigible proveniente del deudor, sin exigir documentos adicionales a los
señalados en la ley.
(iv) Procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigir la aportación de
documentos adicionales al pagaré para admitir la ejecución de la obligación, pese
a que dicho título valor, por sí mismo, contenía una obligación clara, expresa y
exigible.
1.5. Admisión de la demanda
Mediante auto del 20 de agosto de 2026, la Magistrada Ponente admitió la
solicitud de amparo y ordenó notificar a la parte accionante7, y como accionados
los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Casanare8 y al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal9.
Asimismo, vinculó como terceros con interés en el resultado del proceso a los
7 Índice 008 de Samai. Notificación remitida a los correos: gerencia@ifc.gov.co y
notificacionesjudiciales@ifc.gov.co.
8 Índice 008 de Samai. Notificación remitida al correo:
sectribadmcnare@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Índice 008 de Samai. Notificación remitida al correo: j01admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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señores Humberto Barrera Chaparro10 y María Dofila Sanabria Naranjo11 [parte
ejecutada].
1.6. Intervenciones
La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el
auto admisorio de la acción de tutela, libró los oficios dirigidos a los sujetos
procesales, en virtud de los cuales se recibieron los siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Casanare
El magistrado ponente de la decisión enjuiciada se opuso a las pretensiones
invocadas y solicitó que se declare improcedente el amparo por no superar el
requisito de relevancia constitucional en la medida en que la parte accionante
pretende usar la tutela para reabrir una discusión que ya fue resuelta por el juez
natural de la causa, lo cual desconoce su carácter subsidiario, excepcional y
residual. Aunado a que no plantea un asunto que evidencie la existencia de una
afectación real, directa y desproporcionada de derechos fundamentales, sino que,
por el contrario, formula un debate de naturaleza estrictamente legal.
1.6.2. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal
La titular del despacho solicitó que se declare improcedente la presente acción
porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional porque los reparos
formulados por el IFC no plantean una controversia constitucional autónoma, sino
que reproducen las mismas discrepancias de orden probatorio y jurídico que ya
se examinaron por el juez natural dentro del proceso ejecutivo.
Reiteró que la decisión cuestionada obedeció a la indebida conformación del título
ejecutivo, puesto que este debía estar integrado no sólo por la garantía, sino
también por el contrato de mutuo; el pagaré y la carta de instrucciones, por tratarse
de un título complejo, en los términos que indica el artículo 297 numeral 3 del
CPACA.
Por lo que, en su sentir, las providencias impugnadas se profirieron con base en
las normas que rigen el proceso ejecutivo ante la jurisdicción contenciosa y
atendiendo los principios de autonomía e independencia judicial.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
10 Índice 008 de Samai. Notificación remitida al correo: rosales_0573@hotmail.com.
11 Índice 011 de Samai. Notificación remitida por correo certificado a la dirección: carrera 31A N°
27-04 de la ciudad de Yopal, Casanare.
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conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución política, el
Decreto 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
201512, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de
201913, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado. Lo anterior comoquiera
que la tutela se dirige, entre otros, contra el Tribunal Administrativo de Casanare.
2.2. Cuestión previa
La parte accionante solicitó que la presente acción de tutela tuviera efectos inter
comunis, para que sus efectos se extendieran a los procesos ejecutivos
tramitados por los juzgados administrativos del Circuito Judicial de Yopal o el
Tribunal Administrativo de Casanare que compartan supuestos fácticos y jurídicos
con el presente caso.
Indicó que esa situación compromete alrededor de 2.190 procesos ejecutivos, por
un valor aproximado de $29.885 millones, con el consecuente riesgo de afectación
patrimonial para dicha entidad y para otras empresas industriales y comerciales
del Estado del departamento de Casanare dedicadas al otorgamiento de créditos
de fomento.
Al respecto, la Sala no accederá a la referida solicitud puesto que, si bien se
advierte que la controversia planteada ha dado lugar a múltiples acciones de tutela
y que el asunto puede tener importantes repercusiones para la entidad accionante,
lo cierto es que por disposición expresa de los artículos 48 de la Ley 270 de 1996
y 36 del Decreto 2591 de 199114, los efectos de las decisiones de tutela solo tienen
efectos para las partes en el caso concreto.
Sin embargo, existen algunos eventos en los que, dadas las particularidades del
caso, pueden modularse las reglas contenidas en las referidas normas, para
aplicar los denominados efectos inter comunis e inter pares, no obstante, la Corte
Constitucional ha establecido que «la determinación y aplicación de estas figuras
están autorizadas únicamente a la Corte Constitucional»15 por lo que no puede
esta Sección abrogarse tal competencia, por tanto, la petición elevada por la parte
actora en este sentido, será denegada.
2.3. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:
12 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
13 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
14 Efectos de la Revisión. Las sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán
efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal
competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará
las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-349 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
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• ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la sala analizará lo siguiente:
• ¿El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare vulneraron los derechos
fundamentales del IFC al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, con ocasión de los autos de 24 de septiembre de 2025 y 12 de
febrero de 2026, proferidos dentro del proceso ejecutivo identificado con
radicado 85001-33-33-001-2025-00202-00/01?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; ii) los requisitos generales y específicos de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial; y, iii) el análisis del caso en
concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 16
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 17 y declaró su
procedencia.18
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
18 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a abordar este requisito, y en virtud de las cargas de transparencia y
suficiencia la Sala reconoce que en casos similares al de la referencia 19 concluyó
la falta de relevancia constitucional de la solicitud de amparo. En tales
oportunidades, advirtió la improcedencia del mecanismo constitucional bajo la
consideración de que se estaba usando como una instancia adicional, por cuanto
se reprochaba el criterio jurídico de las autoridades accionadas, revestidas de
autonomía judicial.
Sin embargo, la Sección variará el análisis, por las razones que se exponen a
continuación. En primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de las
providencias del 24 de septiembre de 2025 y 12 de febrero de 2026 dictadas por
el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare, pues, en su sentir, incurrieron en los defectos fáctico,
sustantivo, exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución.
En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión,
pues en efecto, la parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales
por cuanto la autoridad judicial accionada decidió no seguir adelante con la
ejecución, apartándose de la normativa aplicable y del acervo probatorio obrante
en el expediente.
Al margen de que el proceso ejecutivo tuviera naturalmente una finalidad
económica, el asunto que se discute en esta acción de tutela sí reviste relevancia
constitucional, porque el derecho principal que se busca restablecer es el de
acceso a la administración de justicia, el cual se vio cercenado, en criterio del
accionante, por la exigencia de requisitos adicionales a los que contempla la ley y
la omisión en la valoración probatoria.
19 En particular, ver las acciones de tutela tramitadas bajo los radicados 11001-03-15-000-2025-
05231-01 y 11001-03-15-000-2026-02975-00.
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No se observa que la entidad accionante esté utilizando este mecanismo como
una instancia adicional del proceso ejecutivo por una simple diferencia con la
interpretación que acogieron los jueces de la jurisdicción contenciosa
administrativa; más bien, se avizora que se les endilgan a las providencias
cuestionadas yerros de notable importancia, con los que eventualmente se
pudieron vulnerar derechos fundamentales y que, por ende, merecen ser
evaluados por el juez constitucional.
Ahora, el hecho de que el IFC hubiera interpuesto recurso de apelación contra el
auto del 24 de septiembre de 2025, con razones similares a las que invoca en esta
acción de tutela, no implica por sí solo que la tutela carezca de relevancia
constitucional. En efecto, de los argumentos de la demanda de tutela se
desprende que el IFC considera que el Tribunal Administrativo de Casanare
también incurrió en sendos defectos que comprometieron sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza al
derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal
administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, lo que implica
que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que
busque reabrir el debate procesal.
Ello significa que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia
para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y
libertades públicas, concretamente el acceso a la administración de justicia y el
debido proceso.
2.5.2. Subsidiariedad
Este requisito se encuentra superado, pues la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Casanare que se cuestiona en sede de tutela resolvió el recurso
de apelación contra el auto que negó el mandamiento de pago. Frente a tal
providencia no procede recurso ordinario alguno.
2.5.3. Inmediatez
En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún
reproche, en vista de que la última providencia recurrida fue dictada el 12 de
febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Casanare, y la acción de tutela
fue presentada el 11 de agosto de 2026. Así, sin que sea necesario determinar la
fecha de ejecutoria de la última decisión controvertida, se considera que la acción
constitucional se presentó dentro de un término que la Sala considera razonable
para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.
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Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 20, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200521, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.5.4. Tutela contra tutela
La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela contra
una decisión de la misma naturaleza, pues la providencia cuestionada fue proferida
en el trámite ejecutivo instaurado por la parte actora e identificado con el radicado
85001-33-33-001-2025-00202-00/01.
2.6. Generalidades del defecto sustantivo
Sobre el particular la Corte Constitucional22, ha explicado que el defecto sustantivo
se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable
al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación
que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica».
Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible
o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma.
c) Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes.
d) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución
e) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición
f) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma. g) Se
afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación. Procederá entonces el amparo
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
21
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas
las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
22
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio
Palacio.
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constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en
cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente.
2.7. Generalidades del defecto fáctico
De igual manera, la Sección Quinta, en decisión de 12 de noviembre de 201523,
precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la
ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos
a colación en la presente decisión:
Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.
De conformidad con la sentencia de 11 de febrero de 201624, estos aspectos
tienen características que se transcriben a continuación:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para
resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta
fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de
negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia,
pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante
considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre
la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste
Omisión de decreto
procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba
y práctica de
que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros
pruebas
arriba señalados.
indispensables para
fallar el asunto
De esta manera, se requiere que la parte:
•
Identifique el elemento probatorio que solicitó.
•
Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal.
•
Exponga las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
• Señale de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en
del acervo el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos
23 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
24 Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, Radicación
No. 11001-03-15-000-2015-03442-01.
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probatorio que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por
determinante para el fallador ordinario. En este punto, se requiere que, de forma
identificar la específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles
veracidad de los pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
hechos alegados desconocidas por el juez.
por las partes
Así las cosas, se configura siempre que el interesado:
• Identifique los elementos de prueba no valorados por el
juez.
• Demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
• Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
• Precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para
variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica,
la apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente
equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba
se entiende alterado.
Se requiere entonces que la parte:
• Precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de
Valoración irracional
indebida valoración por el juez.
o arbitraria de las
• Refiera la razón del por qué, en cada caso en particular, la
pruebas aportadas
consideración del operador judicial se aleja de las reglas de
la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia,
en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría
una sustitución arbitraria del juez natural.
• Señale la incidencia de la prueba en el fallo atacado.
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
legales para su producción o introducción al proceso. Así las
cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
Dictar sentencia con apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir
fundamento en el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una
pruebas obtenidas prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
con violación del
debido proceso Para su configuración corresponde que el actor:
• Señale con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
• Exponga las razones que sustentan dicha vulneración.
• Demuestre que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
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Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la
configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.
2.8. Caso concreto
En el presente asunto, la Sala accederá a la solicitud de amparo, al encontrar
acreditada la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del IFC. Pues bien, se advierte que las
providencias cuestionadas incurrieron en los defectos sustantivo y fáctico
invocados por la parte accionante, los cuales, por sí solos y con independencia de
los demás yerros alegados, resultan suficientes para justificar la intervención del
juez constitucional.
Como quedó expuesto, el IFC promovió la presente acción constitucional con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales, puesto que el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare consideraron que no había lugar a seguir adelante
con la ejecución de las obligaciones a favor del IFC por cuando, a juicio de dichas
autoridades judiciales, además del pagaré 4117171 y la carta de instrucciones, la
ejecutante debía aportar un contrato escrito de mutuo para conformar el título
ejecutivo.
Respecto del defecto sustantivo, el accionante sostuvo que las autoridades
judiciales interpretaron erróneamente los artículos 99, 297 y 299 del CPACA y 422
del CGP, al exigir copia del contrato de mutuo junto con el pagaré para seguir
adelante con la ejecución de la obligación a favor del IFC. Añadió que esa
interpretación desconoció tanto el régimen de derecho privado aplicable al IFC y
la autonomía del título valor frente al negocio causal.
En cuanto al defecto fáctico, alegó que los jueces desconocieron el valor
probatorio y la fuerza ejecutiva del pagaré y de la carta de instrucciones, al exigir
un contrato escrito de mutuo. Señaló que el IFC desarrolla actividades de
colocación de crédito sometidas al derecho privado y que, por tanto, el mutuo se
perfecciona con la mera entrega del dinero, sin requerir documento escrito, de
manera que la ausencia de este no afectaba la ejecutabilidad del pagaré.
Ahora bien, las providencias cuestionadas partieron de considerar que la
obligación cuyo recaudo pretendía el IFC tenía origen en un contrato estatal de
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mutuo, razón por la cual el título ejecutivo debía reunir los requisitos previstos para
la ejecución de obligaciones derivadas de la actividad contractual de las entidades
públicas.
Con ese entendimiento, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal, en el auto del 24 de septiembre de 2025, señaló que, tratándose de
obligaciones derivadas de contratos estatales, el título ejecutivo tiene naturaleza
compleja, por lo que debe integrarse con el contrato y los demás documentos que
permitan acreditar una obligación clara, expresa y exigible. Como el IFC no aportó
el contrato de mutuo, concluyó que no era posible tener por acreditada la
existencia del negocio jurídico, por lo que consideró que no había lugar a seguir
adelante con la ejecución y ordenó archivar el proceso.
Al resolver la apelación, en el auto del 12 de febrero de 2026, el Tribunal
Administrativo de Casanare confirmó esa postura. Consideró que los documentos
allegados con la demanda no permitían establecer con certeza la existencia del
contrato de mutuo del cual derivaba la obligación, por lo que no se satisfacían los
presupuestos previstos en los artículos 297 del CPACA y 422 del CGP. En ese
sentido, concluyó que, al tratarse de un contrato estatal, era indispensable aportar
el contrato escrito para conformar el título ejecutivo complejo, motivo por el cual
confirmó la decisión de primer grado.
Examinado el razonamiento contenido en las providencias objeto de censura, la
Sala encuentra que la interpretación acogida por las autoridades judiciales
accionadas no se ajusta al alcance de las normas que regulan el mérito ejecutivo
de los documentos aportados con la demanda, razón por la cual se configura el
defecto sustantivo alegado por la parte actora.
Si bien corresponde al juez del proceso ejecutivo verificar que el documento
presentado como fundamento de recaudo contenga una obligación clara, expresa
y exigible, esa labor no lo habilita para imponer cargas documentales adicionales
no previstas en el ordenamiento. En el asunto bajo examen, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare decidieron no seguir adelante con la ejecución de la obligación a favor
de la parte actora con fundamento en que este no allegó un contrato escrito de
mutuo, pese a que la obligación cuyo recaudo se perseguía constaba en un
pagaré acompañado de la respectiva carta de instrucciones.
A juicio de la Sala, dicha exigencia obedeció a una interpretación indebida de los
artículos 99 y 297 del CPACA, pues ninguna de esas disposiciones autoriza
concluir que, cuando una entidad pública pretende ejecutar una obligación
incorporada en un título valor, deba aportar necesariamente el contrato en el que
conste el negocio jurídico que le dio origen.
En primer lugar, el numeral 3 del artículo 297 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone:
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ARTÍCULO 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen
título ejecutivo:
(...)
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los
organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los
documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a
través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o
cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten
obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en
tales actuaciones.
Por su parte, el artículo 99 ibídem establece:
ARTÍCULO 99. Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado.
Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste
una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:
(...)
5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.
De la lectura de ambas disposiciones se desprende que el legislador no restringió
el mérito ejecutivo exclusivamente a los contratos celebrados por las entidades
públicas. Por el contrario, reconoció expresamente que también prestan mérito
ejecutivo aquellos documentos provenientes del deudor en los que consten
obligaciones claras, expresas y exigibles, así como los documentos expedidos
con ocasión de la actividad contractual que incorporen ese tipo de obligaciones.
Precisamente, el pagaré en blanco diligenciado con su carta de instrucciones
constituye uno de esos documentos. En su condición de título valor, incorpora de
manera literal una obligación determinada de pagar una suma de dinero; dicha
obligación es expresa porque aparece consignada en el propio documento, clara
porque permite establecer su contenido sin acudir a elementos extraños a él, y
exigible cuando se encuentra vencido el plazo pactado para su pago. Además,
proviene del deudor, toda vez que es este quien lo suscribe y, mediante esa
manifestación de voluntad, se obliga cambiariamente frente al beneficiario del
título. En consecuencia, satisface las exigencias previstas en los artículos 99 y
297 del CPACA para servir de fundamento a una ejecución.
Ahora bien, cuando el título cuya ejecución se pretende tiene origen en una
actuación contractual de una entidad pública, el CPACA establece el trámite que
debe seguir el juez.
El artículo 299 dispone:
ARTÍCULO 299. De la ejecución en materia de contratos. Salvo lo establecido
en este código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la
ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos
celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas establecidas en el
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Código General del Proceso para el proceso ejecutivo. El juez competente se
determinará de acuerdo con los factores de competencia territorial y de cuantía,
establecidos en este código.
En relación con el mandamiento de pago, regulado en el artículo 430 del Código
General del Proceso, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se
aplicarán las siguientes reglas:
Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo,
el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación
en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso
de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna
controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio
de dicho recurso. No obstante, los defectos formales del título ejecutivo podrán
reconocerse o declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que
ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.
Esta disposición remite, a su vez, al artículo 430 del Código General del Proceso,
cuyo tenor literal prevé:
Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de
documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al
demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o
en la que aquel considere legal.
Del conjunto normativo expuesto se sigue que cuando la demanda ejecutiva se
acompaña de un documento que, en principio, presta mérito ejecutivo,
corresponde al juez verificar si este incorpora una obligación clara, expresa y
exigible, sin imponer requisitos adicionales que el legislador no contempló. Así, el
análisis judicial debe recaer sobre el contenido y alcance del documento
presentado como título ejecutivo y no sobre la existencia de formalidades
documentales ajenas a las expresamente previstas en la ley.
Bajo ese entendimiento, la Sala advierte que las autoridades judiciales accionadas
debieron aplicar las anteriores disposiciones al asunto sometido a su
conocimiento. Esto, toda vez que el IFC acompañó la demanda ejecutiva con el
pagaré 4117171 y la carta de instrucciones suscrita por las deudoras, documentos
que conformaban el título ejecutivo presentado como fundamento de la ejecución.
Por consiguiente, el examen del juez debía dirigirse a establecer si ese título
satisfacía los requisitos legales para prestar mérito ejecutivo y, en consecuencia,
seguir adelante con la ejecución, sin supeditar dicho análisis a la aportación de un
contrato de mutuo cuya exigibilidad no se desprende de las normas anteriormente
citadas.
Ahora bien, aun si se admitiera, en gracia de discusión, que la obligación
incorporada en el pagaré debía analizarse a la luz del negocio jurídico que le dio
origen, la Sala observa que tampoco resultaba jurídicamente procedente exigir la
aportación de un contrato escrito de mutuo,
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En efecto, de acuerdo con el Decreto 107 de 1992, modificado por el Decreto 073
de 2002, se advierte que el IFC fue creado como una empresa industrial y
comercial del Estado de carácter territorial, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, cuya finalidad consiste en promover el
desarrollo económico y social de la región mediante la financiación de proyectos
y el otorgamiento de crédito. Así, en virtud de los artículos 85 de la Ley 489 de
1998 y 14 de la Ley 1150 de 2007, las actividades comerciales que desarrolla se
encuentran sometidas, por regla general, al régimen de derecho privado, en
cuanto corresponden al giro ordinario de sus negocios y se ejercen en un mercado
en competencia con otros operadores económicos.
Lo anterior conduce a concluir que las operaciones de colocación de crédito
realizadas por el IFC no se encuentran sujetas a las solemnidades propias del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Por el contrario,
su régimen jurídico debe determinarse a partir de las normas civiles y comerciales
que gobiernan ese tipo de negocios jurídicos.
Bajo ese entendimiento, el contrato de mutuo se rige por los artículos 2221 y 2222
del Código Civil, disposiciones conforme a las cuales dicho negocio jurídico
consiste en la entrega de una cantidad de cosas fungibles con obligación de
restituir otras tantas del mismo género y calidad, y «no se perfecciona el contrato
de mutuo sino por la tradición». Es decir, se trata de un contrato cuyo
perfeccionamiento se produce con la entrega del dinero objeto del préstamo, sin
que la ley exija, para su existencia o validez, la suscripción de un documento
escrito.
Así las cosas, tampoco desde la perspectiva del régimen jurídico aplicable al
negocio causal resultaba acertada la conclusión de las autoridades judiciales
accionadas, consistente en afirmar que la inexistencia de un contrato escrito
impedía tener por acreditada la obligación cuya ejecución se pretendía. Tal
razonamiento trasladó indebidamente al caso una solemnidad que el
ordenamiento no prevé para las operaciones crediticias celebradas por el IFC en
desarrollo de su actividad comercial.
Con todo, la anterior consideración tiene un carácter meramente subsidiario.
Como se explicó, la razón determinante por la cual se configura el defecto
sustantivo radica en que las normas que regulan el proceso ejecutivo no imponían
al juez la carga de verificar la existencia de un contrato escrito de mutuo. Se
insiste, el pagaré debidamente suscrito y diligenciado conforme a la carta de
instrucciones constituía, por sí mismo, el documento que debía ser objeto del
examen judicial para establecer si contenía una obligación clara, expresa y
exigible. Por ello, aun prescindiendo de cualquier consideración sobre el negocio
causal, la demanda ejecutiva satisfacía los presupuestos legales para que el juez
ordenara seguir adelante con la ejecución, sin exigirle la aportación de un contrato
de mutuo inexistente en forma escrita.
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La configuración del defecto sustantivo anteriormente analizado condujo, además,
a la materialización del defecto fáctico invocado por la parte accionante. La
interpretación errónea de las normas que regulan el mérito ejecutivo del título
aportado determinó que las autoridades judiciales accionadas omitieran valorar el
acervo probatorio relevante para establecer la procedencia del mandamiento de
pago.
Al considerar que el IFC debía allegar un contrato escrito de mutuo para completar
el título ejecutivo, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal
y el Tribunal Administrativo de Casanare dejaron de examinar el pagaré 4117171
y la correspondiente carta de instrucciones como los documentos que sustentaban
la pretensión ejecutiva. En consecuencia, prescindieron de verificar si tales
instrumentos, apreciados de manera conjunta, reunían los requisitos para constituir
un título ejecutivo y si contenían una obligación clara, expresa y exigible, conforme
a las normas de derecho privado que gobiernan la materia.
Así, el defecto fáctico no radica en la conclusión a la que eventualmente pudieran
arribar las autoridades judiciales luego de valorar dichos documentos, sino en
haber omitido ese análisis como consecuencia de haber considerado indispensable
la aportación de un contrato escrito de mutuo. En ese orden, el yerro consistió en
excluir del examen judicial los elementos probatorios determinantes para resolver
sobre la procedencia del mandamiento de pago, sustituyendo dicho análisis por la
exigencia de un documento cuya incorporación al proceso no era jurídicamente
necesaria en los términos expuestos.
Finalmente, aunque la parte accionante hizo referencia al desconocimiento del
precedente de la Corte Constitucional, no desarrolló dicho cargo, por lo que no será
objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala.
Desde luego, no corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de si el pagaré
4117171, diligenciado con fundamento en la carta de instrucciones, satisface o no,
en el caso concreto, todos los requisitos necesarios para prestar mérito ejecutivo y
seguir adelante con la ejecución. Esa valoración compete al juez natural del
proceso ejecutivo, en ejercicio de la autonomía e independencia que le son propias.
La intervención del juez constitucional se limita a constatar que las autoridades
accionadas omitieron efectuar ese examen, al partir de una premisa jurídica
incompatible con el ordenamiento, circunstancia que incidió de manera
determinante en la decisión de abstenerse de dar continuidad al trámite ejecutivo.
En esas condiciones, la Sala accederá al amparo solicitado por el IFC, al encontrar
que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare incurrieron en un defecto sustantivo, al interpretar
indebidamente las normas que regulan el mérito ejecutivo de los documentos
aportados con la demanda, y, como consecuencia de ello, en un defecto fáctico, al
omitir la valoración del pagaré 4117171 y de la carta de instrucciones como título
ejecutivo susceptible de servir de fundamento al título ejecutivo.
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Ahora bien, esta decisión no implica que las autoridades judiciales accionadas
deban disponer que el título presta mérito ejecutivo y, por tanto, ordenarles seguir
adelante con la ejecución, pues ello supondría sustituir al juez natural en el ejercicio
de una competencia que le es exclusiva. El alcance del amparo consiste en dejar
sin efectos las providencias cuestionadas para que se profiera una nueva decisión
en la que se valore el pagaré y la carta de instrucciones conforme al marco
normativo aplicable, sin exigir la aportación de un contrato escrito de mutuo como
presupuesto para decidir sobre la procedencia de la ejecución.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud elevada por la parte accionante referida a proferir
una decisión con efectos inter comunis.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare, IFC. En
consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto de 24 de septiembre de 2025,
proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, así
como el auto de 12 de febrero de 2026, dictado por el Tribunal Administrativo de
Casanare, dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado 85001-33-33-
001-2025-00202-00/01.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una nueva decisión en el proceso ejecutivo identificado con el
radicado 85001-33-33-001-2025-00202-00/01, en la que observe los lineamientos
expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a la
notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-06336-00
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
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