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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02975-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02975-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02975-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

21 de mayo de 2026

Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02975-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02975-00
Demandante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud de tutela presentada por el Instituto Financiero
de Casanare contra el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado
1. Administrativo del Circuito Judicial de Yopal.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 17 de abril de 20261, el instituto accionante solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión del auto de 16 de octubre de 2025,
mediante el cual el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la providencia de
20 de marzo de 2025, en la que el Juzgado 1. ° Administrativo del Circuito Judicial
de Yopal se negó a librar mandamiento de pago en el proceso ejecutivo 85001-33-
33-001-2024- 00241-00/01

Adicionalmente, consideró que, de acuerdo con el artículo 271 de la Ley 1437 de
2011, este caso debía ser resuelto por la Sala Plena de esta corporación.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso
a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que
se desconocieron por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE YOPAL en
auto emitido en fecha 20 de Marzo de 2025 y su confirmatorio, emitido el 16 de
Octubre de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del
proceso 85001-33-33-001-2024- 00241-01

SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 20 de
Marzo de 2025 emitido por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE

1
Según consta en el aplicativo Samai.

1
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
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YOPAL, así como la decisión que desato la apelación, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 16 de Octubre de 2025, dentro del
medio de control 85001-33-33-001-2024-00241- 01, por encontrarse tales
decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al restarle merito ejecutivo
al pagare 4117118 y exceso ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un
contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de
contratos de régimen civil, y tener por no aportado el original del pagare, pese a
que a la luz del artículo 6 de la ley 2213 de 2022 “Las demandas se presentarán
en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos,”; así como por
defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento
de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos
fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.

TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE,
que en lo de su competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas
a partir de la notificación del fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales
censuradas, para que en su lugar el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE
YOPAL, libre mandamiento de pago a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE en contra del demandado CARLOS ARTURO RUEDA VEGA, dentro
del proceso ejecutivo 85001-33-33-001-2024-00241-00, adelante el proceso hasta
su finalización, y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de
procesos.

CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis10 o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagare como título
ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se
presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DE YOPAL y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de incurrir en las conductas que
dieron origen a la presente acción.

QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido.2

1.3. Hechos

El Instituto Financiero de Casanare inició un proceso de cobro contra el señor
Carlos Arturo Rueda Vega, con ocasión de la falta de pago de un crédito educativo.

Al no lograr el cumplimiento de la obligación, acudió a la jurisdicción civil a través
de la vía ejecutiva, para lo cual, presentó como título ejecutivo el pagaré 4117118;
no obstante, y luego de que el Juzgado 2. ° Civil Municipal de Yopal librara
mandamiento de pago, dicha autoridad declaró su falta de competencia y remitió el
caso a los jueces administrativos de ese municipio 3.

En consecuencia, el expediente fue asignado por reparto al Juzgado 1. °
Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, con el radicado 85001-33-33-001-
2024- 00241-00.

2
Trascripción literal del original con posibles errores.
3
Esto de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Constitucional en auto de 13 de agosto de 2024, en
el que esa alta corte estableció que los procesos ejecutivos del Instituto Financiero de Casanare
debían ser conocidos por la jurisdicción de lo contencioso – administrativo.

2
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Con auto de 20 de marzo de 2025, el despacho rechazó la demanda ejecutiva, por
cuanto, en su sentir, el título ejecutivo era complejo y se conformaba por el contrato
de mutuo celebrado entre las partes y el pagaré 4117118. Al no allegarse el primero
de dichos elementos, el documento base de recaudo se encontraba incompleto.

Inconforme con lo resuelto, el instituto presentó recurso de apelación, el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Casanare el 16 de octubre de 2025. Dicha
colegiatura, confirmó la providencia cuestionada, por cuanto la entidad ejecutante,
de acuerdo con los artículos 93 de la Ley 489 de 1998 y 396 de la Ley 80 de 1993
debía hacer constar sus contratos por escrito.

En ese sentido, toda vez que el fundamento del pagaré 4117118 era el préstamo
de consumo, dicho contrato debía allegarse en caso que se pretendiera su
ejecución4.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En el escrito inicial se acusó a las autoridades accionadas de incurrir en los defectos
sustantivo, fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de
la Constitución que, entre los argumentos presentados por la parte actora, la Sala
delimita así:

Sobre el defecto sustantivo, esgrimió que el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011
establece que es título ejecutivo, entre otros, «cualquier acto proferido con ocasión
de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y
exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones». En ese sentido,
el pagaré también presta mérito ejecutivo. Postura que es concordante con el
artículo 422 de la Ley 1564 de 20125.

Igualmente, estimó que, el Tribunal Administrativo de Casanare, al aplicar el artículo
93 de la Ley 489 de 1998, desconoció que dicha norma fue modificada por el artículo
14 de la Ley 1150 de 2007 y, posteriormente, por el artículo 93 de la Ley 1474 de
2011, así:

ARTÍCULO 93. Del régimen contractual de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta, sus filiales y
empresas con participación mayoritaria del Estado. Modifíquese el
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:

Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de
Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta
por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con
participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%),
estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en
competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en
mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin

4
Se limita este acápite a la narración de lo acaecido en la actuación atacada y se suprimen las
consideraciones de derecho que efectuó la parte actora, las cuales serán tenidas en cuenta en los
fundamentos de la pretensión de amparo.
5
Artículo 422. Título ejecutivo Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras
y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan
plena prueba contra él […].

3
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perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los
contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las
disposiciones normativas existentes.

Partiendo de la cita, concluye que la actividad de otorgar créditos, que realiza el
Instituto Financiero de Casanare en competencia con otras entidades financieras,
se rige por el derecho privado. En ese orden de ideas, debía aplicarse lo dispuesto
en el artículo 2222 del Código Civil6, el cual dispone que el contrato de mutuo se
perfecciona con la entrega de la cosa que, para este caso, es el desembolso del
crédito.

Del mismo modo, acudió al numeral 5 del artículo 99 de la Ley 1437 de 2011 que
establece que son obligaciones ejecutables aquellas que obren, entre otros, en
«documentos que provengan del deudor».

En se sentido, como el pagaré da cuenta de que se concedió un crédito, el contrato
de mutuo se perfeccionó y, por lo tanto, no había lugar a que se cuestionara su
existencia mediante la exigencia del documento extrañado por la autoridad judicial
accionada.

En cuanto al defecto fáctico, acusó a las autoridades accionadas de restar valor
probatorio al pagaré 4117118 como título ejecutivo independiente y autónomo, en
tanto que allí se deja constancia de la existencia de la obligación, del monto
adeudado y de que se recibió el dinero, todo lo cual, da cuenta de la existencia y
perfeccionamiento del contrato de mutuo.

Finalmente, en lo atinente a la violación directa a la Constitución, afirmó que se
está omitiendo que la controversia aquí planteada ya fue resuelta por la Corte
Constitucional en los autos 2014/24 y 1455 de 2025, dónde dicho órgano de cierre,
al definir la competencia para conocer de estos procesos ejecutivos, en cabeza de
la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, manifestó:

En efecto, la obligación insoluta cuyo cumplimiento se persigue en el marco del
proceso ejecutivo está contenida en el pagaré No. 473 el cual al parecer se emitió
como consecuencia de un contrato de mutuo celebrado entre el IFEY y las
personas naturales demandadas, el cual, como indicó la parte actora, no consta
por escrito. Esto último guarda lógica si en cuenta se tiene que las empresas
industriales y comerciales del Estado conforme a los artículos 85 y 93 de la Ley
498 de 1998 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, se rigen por el derecho
privado en el desarrollo de sus funciones actividades y/o comerciales y, por ende,
en su contratación. De manera que, al momento de autorizar un crédito, como
ocurrió en el caso concreto, no debía mediar un contrato escrito pues conforme
a los artículos 2221 y 2222 del Código Civil (aplicables al mutuo comercial
conforme a la remisión del artículo 473 del Código de Comercio) basta con la
entrega de la cosa dada en préstamos para el perfeccionamiento del negocio
jurídico

[…]

El pagaré No. 473 presta mérito ejecutivo conforme al artículo 297 del CPACA.
El título ejecutivo base de la ejecución fue firmado por los demandados como
consecuencia de un contrato de mutuo celebrado con el IFEY, de manera que el
pagaré No. 473 es un documento suscrito por una de las partes del negocio

6
ARTÍCULO 2222. <PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO MUTUO>. No se perfecciona el
contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere el dominio.

4
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subyacente (mutuo) en el que consta una obligación clara, expresa y exigible en
contra de esta, lo que corresponde a un título ejecutivo por ser uno de los
documentos a los que se refiere el numeral 3 del artículo 297 del CPACA7.

En su sentir, las autoridades judiciales accionadas solo acogen la definición de
competencia de esas providencias; no obstante, evitan las razones allí expuestas
relativas a que el contrato de mutuo no necesita obrar por escrito y que el pagaré sí
contiene las obligaciones claras, expresas y exigibles de un título ejecutivo.

De esta forma, concluyó:

i) La fuerza vinculante de una providencia del órgano límite de los conflictos
constitucionales, cuyos extremos conceptuales son inseparables, porque
ambos hacen parte de la ratio de la decisión.

ii) Se vulnera la seguridad jurídica y la confianza legítima, en cuanto IFC
durante más de dos décadas procedió con plena buena fe a otorgar los créditos
sin hacer suscribir contrato escrito de mutuo, por estar acogido al derecho
privado en sus operaciones de colocación de cartera, de manera que el
sorpresivo viraje judicial, al asignar la jurisdicción a los jueces administrativos,
es inoponible a situaciones jurídicas consolidadas (créditos otorgados y
pagarés suscritos) antes de producirse el auto de la Corte.

iii) y se configura la privación de acceso efectivo a la Administración de Justicia,
derecho fundamental por mandato expreso de la Constitución, art 229 C.N.20
y de la Convención Americana de Derechos Humanos, Art 2521, cuyo núcleo
duro no se reduce a la apertura formal de dicho acceso, con la presentación de
una demanda, cuyo estudio de fondo se elude, con base en variaciones
sorpresivas dela jurisprudencia, aplicada retrospectivamente, acceso que se
quebranta totalmente porque el IFC ya no tiene posibilidad real de hacer valer
sus créditos ante ninguna otra jurisdicción, en gran número de casos ni siquiera
en la potestativa coactiva, por el fenómeno legal de la prescripción.

Aunado a lo expuesto, cuestionó que el Juzgado 1. ° Administrativo del Circuito
Judicial de Yopal le hubiere exigido allegar los documentos en físico, cuando los
procesos de esta jurisdicción de manejan en formato virtual.

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 21 de abril de 2026, el magistrado sustanciador admitió la acción de
tutela y ordenó notificar como autoridades accionadas Tribunal Administrativo del
Casanare y al Juzgado 1. ° Administrativo del Circuito Judicial de Yopal.

Adicionalmente, vinculó como terceros con interés directo a las partes e
intervinientes del expediente 85001-33-33-001-2024- 00241-00.

Finalmente, sobre la solicitud de que la acción de tutela se resolviera en Sala Plena
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, se recordó
que la extensión y unificación jurisprudencial de que trata dicha norma hace

7
Cita del auto 2014 de 4 de diciembre de 2024.

5
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referencia a procesos de lo contencioso administrativo y no a la acción de amparo 8,
por lo que se negó lo pretendido.

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los siguientes
pronunciamientos:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Casanare

La magistrada ponente de la decisión cuestionada concurrió para oponerse a la
prosperidad de las pretensiones.

En su sentir, la demanda no cumple con el requisito de la relevancia constitucional,
por cuanto lo buscado es reabrir un debate legal en el que cuestiona el criterio
jurídico de esa corporación. Para el efecto, citó un aparte de la sentencia de 28 de
enero de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en la que en un asunto con contornos similares, se declaró improcedente el
mecanismo9.

1.6.2. Juzgado 1. ° Administrativo del Circuito Judicial de Yopal

El titular del despacho consideró que no se incurrió en alguna de las causales
específicas de procedencia, por cuanto su decisión se fundamentó en la normativa
y jurisprudencia aplicable.

Respecto de los autos de la Corte Constitucional, afirmó que aquellos se limitaron
a decidir sobre la competencia para conocer el proceso ejecutivo y que no
constituyen un precedente para lo atinente al título base de recaudo.

A su vez, consideró que el Instituto Financiero de Casanare pudo proceder con el
cobro coactivo a fin de recaudar lo adeudado, pero que, al acudir al mecanismo
judicial, tenía que someterse a las exigencias propias del proceso.

Finalmente, explicó que la accionante ha intentado, a través de una gran cantidad
de tutelas, cuestionar el criterio jurídico de las autoridades para resolver estos casos
y que la postura del Consejo de Estado ha sido la de declarar la improcedencia.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el Instituto Financiero de Casanare contra el Tribunal Administrativo
de Casanare y el Juzgado 1. ° Administrativo del Circuito Judicial Yopal, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,

8
Igualmente, se explicó que el Consejo de Estado no puede unificar criterios en materia de tutela,
por cuanto el órgano de cierre de esa especialidad es la Corte Constitucional y, finalmente, se resaltó
que la normatividad interna de la corporación dispone que estas acciones constitucionales deben
resolverse por la Sección o Subsección a la que sean repartidas.
9
Hace referencia al proceso 11001-03-15-000-2025-05581-01

6
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modificado por los Decreto 333 de 2021 y 799 de 2025 y, el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestiones previas

Aunque la parte actora cuestionó lo resuelto por el Tribunal Administrativo de
Casanare y el Juzgado 1. ° Administrativo del Circuito Judicial Yopal, esta sentencia
se centrará únicamente en lo decidido en la segunda instancia, puesto que fue allí
que se dirimió definitivamente la controversia.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, con ocasión de la providencia de 16
de octubre de 2025, por la cual se confirmó la decisión que rechazó una demanda
ejecutiva por no allegarse la totalidad del título ejecutivo.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos de
procedibilidad adjetiva, y, de superarse, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 10
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 11.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 12.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 13, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

10
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
11
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
12
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
13
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la
sentencia SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de
este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal14 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 15; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional.”16

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”17 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”18
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto19, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal20. (Resaltado de la Sala)

14
Sentencia SU-573 de 2019.
15
Sentencia SU-103 de 2022.
16
Sentencia SU-103 de 2022.
17
Sentencia SU-103 de 2022.
18
Sentencia SU-128 de 2021.
19
Sentencia SU-573 de 2019.
20
Ibid.

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Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la
argumentación de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el
Consejo de Estado ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590
de 2005, en la cual se explica que los accionantes deben exponer los defectos21 en
los que incurrió la decisión atacada.

Ahora bien, el presente asunto no es ajeno al conocimiento de esta Sección, de
hecho, previamente, en providencias de 26 de febrero 22 y 12 de marzo de 202623 se
abordaron demandas de tutela con argumentos sustancialmente iguales, contra
providencias en las que juzgados administrativos del Circuito Judicial de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare, se negaron a librar mandamiento ejecutivo,
por cuanto no se allegó el contrato de mutuo que respaldaran el pagaré cuyo cobro
se pretendía.

En ambos casos, se concluyó que el mecanismo constitucional se estaba usando
como una instancia adicional, por cuanto se está cuestionando el criterio jurídico de
las autoridades accionadas. Incluso, en el fallo de 26 de febrero, respecto de los
autos de la Corte Constitucional invocados por la parte accionante, se resolvió:

Cabe destacar que los autos A2014 de 2024 y A1455 de 2025 de la Corte
Constitucional de la Corte Constitucional se profirieron en el marco del conflicto
de jurisdicciones civil y contenciosa-administrativa para conocer de los procesos
ejecutivos promovidos por el IFC, sin que se haya explicado por la parte
accionante con carga argumentativa suficiente por qué considera desconocidos
tales pronunciamientos, máxime si se considera que fue esta jurisdicción la que
avocó conocimiento del proceso ejecutivo como lo determinó el alto tribunal
constitucional.

Verificadas las manifestaciones realizadas en el escrito inicial del presente proceso,
se evidencia que concuerdan con las que expuso el Instituto Financiero de
Casanare en los antecedentes mencionados.

Siendo así, la Sala reitera que el criterio sobre la necesidad de allegar el contrato
que para que, junto con el pagaré, conforme el título ejecutivo complejo, es una
interpretación amparada por la autonomía judicial, que se sustentó en la dinámica
de los negocios realizados por una entidad pública y la naturaleza del crédito cuyo
cobro se pretendía.

En ese sentido, no se advierte a priori, en este relativo a la relevancia constitucional,
una actuación arbitraria o irracional en la decisión cuestionada que denote una
afectación de sus garantías ius fundamentales, sino, por el contrario, lo que se
busca es que la acción de tutela opere como una instancia adicional en la que se
imponga una valoración del caso distinta a la que utilizó el juez natural.

Es decir, no es suficiente que el interesado refiera que con la decisión judicial se
transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es menester que
quien se considera afectado cumpla con el deber de ahondar en el concepto de la

21
Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
22
Proceso: 11001-03-15-000-2026-00346-00 con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas
Gil.
23
Proceso: 11001-03-15-000-2025-05231-01 con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto
Suárez y salvamento de voto de la doctora Gloria María Gómez Montoya.

9
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02975-00

violación que se deriva de una decisión jurídica en abierta contradicción de los
postulados constitucionales, que implique por parte de este juez un pronunciamiento
respecto al análisis que ha efectuado la judicatura cuestionada.

Así las cosas, siguiendo el criterio trazado con precedencia en la Sección Quinta y
acorde con el principio de predictibilidad del derecho, se declarará improcedente el
presente mecanismo de amparo, por cuanto no se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

(con salvamento de voto)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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