Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06355-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06355-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06355-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06355-00
Demandante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela de la referencia de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación1.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo2
El Instituto Financiero de Casanare (en adelante IFC), a través de su gerente
general3, instauró acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare4, con el fin de
reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
Lo anterior, con ocasión de los autos del 11 de diciembre de 2025 y 12 de febrero
de 2026 proferidos por las mencionadas autoridades judiciales, respectivamente,
a través de los cuales se ordenó no seguir adelante con la ejecución en el proceso
ejecutivo identificado con el radicado 85001-33-33-005-2025-00094-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y pidió:
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 2 de Samai. El mecanismo constitucional fue radicado el 11 de agosto de 2026, a través
de la ventanilla virtual del Consejo de Estado y se identificó con el número de solicitud 26330.
3
Índice 2 de Samai. Acción de tutela suscrita por el señor Oscar Javier Araque Garzón, nombrado
gerente de la entidad mediante Decreto 0060 de 2024.
4
Sala integrada por los magistrados: Inés del Pilar Núñez Cruz, Aura Patricia Lara Ojeda y
Leonardo Galeano Guevara.
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-06355-00
[…]
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 12
de mayo de 2025 emitido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desato la apelación, proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 12 de febrero
de 2026, dentro del medio de control 85001-3333-005-2025-00094-00, por
encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al
restarle merito ejecutivo al pagare 4109341 y exceso ritual manifiesto al exigir
adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por
escrito, ajena a este tipo de contratos de régimen civil, y tener por no aportado
el original del pagare, pese a que a la luz del artículo 6 de la ley 2213 de 2022
“Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo
que todos sus anexos,”; así como por defecto sustancial dado el sacrificio del
derecho sustancial y el desconocimiento de precedente judicial vertical y por
esa vía cercenar injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso
y al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE – IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el
impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo
de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar
el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, ordene
seguir adelante con la ejecución a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE en contra de la parte demandada ALVARO NIÑO FERNÁNDEZ
Y ROSALBA FERNÁNDEZ DE NIÑO, dentro del proceso ejecutivo 85001-
3333-005-2025-00094-00, adelante el proceso hasta su finalización, y se
abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis10 o
se extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagare como
título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que
se presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO
QUINTO5.
1.3. Hechos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
El IFC fue creado mediante el Decreto 107 de 1992 y modificado por el Decreto
073 de 2002, el cual tiene por objeto el fomento del desarrollo económico y social
del departamento de Casanare, a través de la prestación de servicios financieros,
empresariales y de gestión de proyectos, por lo cual, dentro del giro ordinario de
sus negocios y conforme a las reglas de derecho privado, en virtud de su actividad
comercial, otorga créditos de fomento y educación, a personas de escasos
5
Transcripción literal que puede contener errores.
2
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
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recursos del departamento, los cuales se respaldan con pagarés y cartas de
instrucciones.
El IFC presentó demanda ejecutiva singular de mínima cuantía contra los señores
Álvaro Niño Fernández y Rosalba de Niño Fernández aportando como título
ejecutivo el pagaré 4109341 del 9 de diciembre de 2009, la carta de instrucciones
y los documentos relacionados con el crédito otorgado. El asunto correspondió
inicialmente al Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, despacho que: i) libró
mandamiento de pago por la suma de $9.472,205; ii) decretó medidas cautelares;
iii) libró los correspondientes oficios; iv) ordenó seguir adelante con la ejecución
y, aprobó la liquidación del crédito.
No obstante, a través del proveído del 14 de noviembre de 2024 declaró la falta
de competencia y ordenó remitir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
El proceso se asignó al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal, que mediante auto del 12 de mayo de 2025: i) avocó conocimiento del
asunto; ii) se abstuvo de continuar con la ejecución solicitada por el IFC y, iii)
levantar las medidas cautelares dispuestas por el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Yopal.
Como fundamento de su decisión, consideró que la entidad ejecutante no acreditó
la existencia de un título ejecutivo debidamente conformado, pues únicamente
aportó el pagaré, la carta de instrucciones y el estado de cuenta, sin allegar el
contrato de mutuo que dio origen a la deuda, de manera que no se encontraba
demostrada una obligación clara, expresa y exigible en los términos exigidos por
la Ley 80 de 1993.
Contra esa decisión, el IFC interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación. Los anteriores se resolvieron a través del auto del 11 de diciembre de
2025 en el sentido de no reponer el auto recurrido y conceder el de apelación.
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante proveído
del 12 de febrero de 2026 confirmó la decisión de primer grado. Al respeto,
consideró que los documentos aportados no permitían establecer con certeza la
existencia del negocio jurídico subyacente que dio origen a la obligación, por lo
que no se acreditaban los presupuestos exigidos por los artículos 297 del CPACA
y 422 del CGP para seguir adelante con la ejecución.
En particular, estimó que el pagaré, la carta de instrucciones y el estado de cuenta
allegados por la entidad financiera no eran suficientes para demostrar la existencia
del contrato de mutuo regulado en los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, del
cual derivaba la garantía cambiaria, razón por la cual concluyó que no se había
constituido adecuadamente el título ejecutivo.
3
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Por otro lado, la autoridad judicial accionada agregó que el pagaré fue aportado
en copia simple cuando esta debió ser original según el artículo 624 del Código
de Comercio.
La notificación de la referida providencia se efectuó por estado el día 13 de febrero
de 20266.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora alegó que las providencias cuestionadas incurrieron en los
siguientes yerros:
Violación directa de la Constitución Política: adujo que se desatendieron los
artículos 29, 228 y 229 superiores, al negar la ejecución de la obligación contenida
en el pagaré aportado como título de recaudo con fundamento en la ausencia del
contrato de mutuo que dio origen al crédito. A su juicio, esa exigencia comportó
una interpretación excesivamente formalista, contraria a la prevalencia del
derecho sustancial, al debido proceso y de acceso efectivo a la administración de
justicia.
También afirmó que las autoridades judiciales desconocieron los Autos A-2014 de
2024 y A-1455 de 2025 de la Corte Constitucional, en los que, según indicó, se
habría reconocido que el contrato de mutuo se perfeccionaba con la entrega del
dinero y que el pagaré prestaba mérito ejecutivo en los términos del artículo 297
del CPACA.
Recordó que si bien los jueces cuentan con autonomía e independencia judicial
para interpretar y aplicar las normas jurídicas; dicha facultad no era absoluta, sino
que estaba limitada por el orden jurídico preestablecido, por lo que las autoridades
judiciales accionadas no podían exigir requisitos adicionales como la suscripción
de un contrato escrito de mutuo para respaldar judicialmente las obligaciones
incorporadas en pagarés.
Defecto fáctico: la parte accionante alegó que el juez contencioso desconoció el
valor probatorio y la fuerza ejecutiva del pagaré 4109341 y de la carta de
instrucciones aportados con la demanda. Indicó que dichos documentos
constituían un título valor autónomo, contentivo de una obligación clara, expresa
y exigible, por lo que resultaban suficientes para continuar con la ejecución.
Asimismo, expuso que los jueces accionados partieron de una premisa
equivocada al asumir que, por tratarse de una entidad estatal, la obligación
necesariamente debía derivar de un contrato sometido a las formalidades propias
de la contratación pública, en particular, el Estatuto General. Sobre este punto,
precisó que el IFC, en su condición de empresa industrial y comercial del Estado,
6
Índice 13 del proceso 85001-33-33-005-2025-00094-01.
4
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Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
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desarrollaba actividades de colocación de crédito sometidas al derecho privado,
por corresponder al giro ordinario de sus negocios.
En ese contexto, manifestó que el negocio subyacente correspondía a un contrato
de mutuo regulado por el Código Civil, el cual se perfeccionaba con la entrega del
dinero y no requería constar por escrito. Por ello, estimó que la ausencia de un
contrato escrito e independiente del pagaré no desvirtuaba la existencia de la
obligación ni afectaba la ejecutabilidad del título valor.
Defecto sustantivo: la parte actora planteó que las autoridades accionadas
realizaron una interpretación errónea de los artículos 99, 297 y 299 del CPACA y
422 del CGP, al concluir que la ejecución de la obligación requería el aporte del
contrato de mutuo junto con el pagaré.
Sobre el particular, señaló que en virtud del numeral 5° del artículo 99 y numeral
3° del artículo 297 del CPACA, los jueces contenciosos debieron reconocer mérito
ejecutivo no solo a los contratos estatales y a los documentos que acreditaban su
incumplimiento, sino también a cualquier acto o documento proferido con ocasión
de la actividad contractual en el que constaran obligaciones claras, expresas y
exigibles. Desde esa perspectiva, consideró que el pagaré aportado constituía un
título ejecutivo suficiente.
Argumentó que los artículos 299 del CPACA y 422 del CGP imponían al juez el
deber de reconocer si el título valor aportado contenía una obligación clara,
expresa y exigible proveniente del deudor, sin exigir documentos adicionales a los
señalados en la ley.
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: el Instituto accionante sostuvo
que exigir el aporte de documentos adicionales al pagaré para admitir la ejecución
de la obligación, resultaba contrario a la ley, en tanto, el título valor, por sí mismo,
contenía una obligación clara, expresa y exigible.
1.5. Admisión de la demanda
Mediante auto del 21 de agosto de 2026, la Magistrada Ponente admitió la
solicitud de amparo y ordenó notificar a la parte accionante7, y como accionados
los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Casanare8 y al Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal9.
Asimismo, vinculó como terceros con interés en el resultado del proceso a los
7
Índice 9 de Samai. Notificación remitida a los siguientes: gerencia@ifc.gov.co y
notificacionesjudiciales@ifc.gov.co.
8
Índice 9 de Samai. Notificación remitida a los correos:
sectribadmcnare@cendoj.ramajudicial.gov.co y sgtadmincas@notificacionesrj.gov.co.
9
Índice 9 de Samai. Notificación remitida al buzón web: j05admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
5
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Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
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señores Álvaro Niño Fernández10 y Rosalba de Niño Fernández11 [parte ejecutada].
1.6. Intervenciones
La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el
auto admisorio de la acción de tutela, libró los oficios dirigidos a los sujetos
procesales, en virtud de los cuales se recibieron las siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Casanare
El magistrado ponente de la decisión enjuiciada se opuso a las pretensiones
invocadas y solicitó que se declarara la improcedencia del amparo por no superar
el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la parte accionante
pretendía usar la acción de tutela para reabrir una discusión que ya había sido
resuelta por el juez natural de la causa, lo cual desconocía su carácter subsidiario,
excepcional y residual.
Aunado a lo anterior, adujo que no se planteaba un asunto que evidenciara la
existencia de una afectación real, directa y desproporcionada de derechos
fundamentales, sino que, por el contrario, se había formulado un debate de
naturaleza estrictamente legal.
1.6.2. Pese a que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal y los señores Álvaro Niño Fernández y Rosalba de Niño Fernández
fueron notificados en debida forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución política, el
Decreto 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
201512, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de
201913, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado. Lo anterior comoquiera
que la tutela se dirige, entre otros, contra el Tribunal Administrativo de Casanare.
2.2. Cuestión previa
La parte accionante solicitó que la presente acción de tutela tuviera efectos inter
comunis, para que sus consecuencias se extendieran a los procesos ejecutivos
10
Índice 16 de Samai. Notificación remitida al correo: jairocastrow@gmail.com.
11
Índice 17 y 18 de Samai. Pese a que se intentó la notificación por oficio a la dirección de
residencia, lo cierto es que la red postal 4-72 no pudo realizar la entrega. En consecuencia, la
Secretaría General del Consejo de Estado dispuso la notificación por aviso.
12
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
13
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
6
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tramitados por los juzgados administrativos del Circuito Judicial de Yopal o el
Tribunal Administrativo de Casanare, en los que se compartieran los supuestos
fácticos y jurídicos con el presente caso.
Indicó que esa situación comprometía alrededor de 2.190 procesos ejecutivos, por
un valor aproximado de $29.885.438.000 millones, con el consecuente riesgo de
afectación patrimonial para dicha entidad y para otras empresas industriales y
comerciales del Estado del departamento de Casanare dedicadas al otorgamiento
de créditos de fomento.
Al respecto, la Sala no accederá a la referida solicitud puesto que, si bien se
advierte que la controversia planteada ha dado lugar a múltiples acciones de tutela
y que el asunto puede tener importantes repercusiones para la entidad accionante,
lo cierto es que por disposición expresa de los artículos 48 de la Ley 270 de 1996
y 36 del Decreto 2591 de 199114, los efectos de las decisiones de tutela solo tienen
efectos para las partes en el caso concreto.
Sin embargo, existen algunos eventos en los que, dadas las particularidades del
caso, pueden modularse las reglas contenidas en las referidas normas, para
aplicar los denominados efectos inter comunis e inter pares, no obstante, la Corte
Constitucional ha establecido que «la determinación y aplicación de estas figuras
están autorizadas únicamente a la Corte Constitucional»15 por lo que no puede
esta Sección abrogarse tal competencia, por tanto, la petición elevada por la parte
actora en este sentido, será denegada.
2.3. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:
• ¿Se superan los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela
contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la sala analizará lo siguiente:
• ¿El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare vulneraron los derechos
fundamentales del IFC al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, con ocasión de los autos de 12 de mayo de 2025 y 12 de febrero
de 2026, proferidos dentro del proceso ejecutivo identificado con radicado
14
Efectos de la Revisión. Las sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán
efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal
competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará
las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-349 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
7
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85001-33-33-005-2025-00094-00/01?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; ii) los requisitos generales y específicos de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial; y, iii) el análisis del caso en
concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201216
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema17 y declaró su
procedencia.18
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
17
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
18
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
8
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2.5. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a abordar este requisito, y en virtud de las cargas de transparencia y
suficiencia, la Sala reconoce que en casos similares al de la referencia19 concluyó
la falta de relevancia constitucional de la solicitud de amparo. En tales
oportunidades, advirtió la improcedencia del mecanismo constitucional bajo la
consideración de que se estaba usando como una instancia adicional, por cuanto
se reprochaba el criterio jurídico de las autoridades accionadas, revestidas de
autonomía judicial.
Sin embargo, la Sección variará el análisis, por las razones que se exponen a
continuación. En primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de las
providencias del 12 de mayo de 2025 y 12 de febrero de 2026 dictadas por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare, pues, en su sentir, incurrieron en los defectos fáctico,
sustantivo, exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución.
En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión,
pues en efecto, la parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales
por cuanto la autoridad judicial accionada decidió no seguir adelante con la
ejecución, apartándose de la normativa aplicable y del acervo probatorio obrante
en el expediente.
Al margen de que el proceso ejecutivo tuviera naturalmente una finalidad
económica, el asunto que se discute en esta acción de tutela sí reviste relevancia
constitucional, porque el derecho principal que se busca restablecer es el de
acceso a la administración de justicia, el cual se vio cercenado, en criterio del
accionante, por la exigencia de requisitos adicionales a los que contempla la ley y
la omisión en la valoración probatoria.
No se observa que la entidad accionante esté utilizando este mecanismo como
una instancia adicional del proceso ejecutivo por una simple diferencia con la
interpretación que acogieron los jueces de la jurisdicción contenciosa
administrativa; más bien, se avizora que se les endilgan a las providencias
cuestionadas yerros de notable importancia, con los que eventualmente se
pudieron vulnerar derechos fundamentales y que, por ende, merecen ser
evaluados por el juez constitucional.
19
En particular, ver las acciones de tutela tramitadas bajo los radicados 11001-03-15-000-2025-
05231-01 y 11001-03-15-000-2026-02975-00.
9
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Ahora, el hecho de que el IFC hubiera interpuesto recurso de apelación contra el
auto del 12 de mayo de 2025, con razones similares a las que invoca en esta
acción de tutela, no implica por sí solo que la tutela carezca de relevancia
constitucional. En efecto, de los argumentos de la demanda de tutela se
desprende que el IFC considera que el Tribunal Administrativo de Casanare
también incurrió en sendos defectos que comprometieron sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza al
derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal
administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, lo que implica
que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que
busque reabrir el debate procesal.
Ello significa que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia
para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y
libertades públicas, concretamente el acceso a la administración de justicia y el
debido proceso. Por lo tanto, sobre los defectos alegados se advierte necesaria la
intervención constitucional.
2.5.2. Subsidiariedad
Este requisito se encuentra superado, pues la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Casanare que se cuestiona en sede de tutela resolvió el recurso
de apelación contra el auto que negó el mandamiento de pago. Frente a tal
providencia no procede recurso ordinario alguno.
2.5.3. Inmediatez
En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún
reproche, en vista de que la última providencia recurrida fue dictada el 12 de
febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Casanare, y la acción de tutela
fue presentada el 11 de agosto de 2026. Así, sin que sea necesario determinar la
fecha de ejecutoria de la última decisión controvertida, se considera que la acción
constitucional se presentó dentro de un término que la Sala considera razonable
para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201420, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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Rad: 11001-03-15-000-2026-06355-00
200521, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.5.4. Tutela contra tutela
La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela contra
una decisión de la misma naturaleza, pues la providencia cuestionada fue proferida
en el trámite ejecutivo instaurado por la parte actora e identificado con el radicado
85001-33-33-005-2025-00094-00/01.
2.6. Generalidades del defecto sustantivo
Sobre el particular la Corte Constitucional22, ha explicado que el defecto sustantivo
se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable
al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación
que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica».
Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible
o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma.
c) Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes.
d) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución
e) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición
f) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
g) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente.
21
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas
las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
22
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio
Palacio.
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2.7. Generalidades del defecto fáctico
De igual manera, la Sección Quinta, en decisión de 12 de noviembre de 201523,
precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la
ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos
a colación en la presente decisión:
Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.
De conformidad con la sentencia de 11 de febrero de 201624, estos aspectos
tienen características que se transcriben a continuación:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para
resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta
fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de
negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia,
pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante
considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre
la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste
Omisión de decreto
procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba
y práctica de
que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros
pruebas
arriba señalados.
indispensables para
fallar el asunto
De esta manera, se requiere que la parte:
•Identifique el elemento probatorio que solicitó.
•Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal.
•Exponga las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
• Señale de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en
del acervo el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos
probatorio que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por
determinante para el fallador ordinario. En este punto, se requiere que, de forma
identificar la específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles
23
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
24
Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, Radicación
No. 11001-03-15-000-2015-03442-01.
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veracidad de los pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
hechos alegados desconocidas por el juez.
por las partes
Así las cosas, se configura siempre que el interesado:
• Identifique los elementos de prueba no valorados por el
juez.
• Demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
• Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
• Precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para
variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica,
la apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente
equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba
se entiende alterado.
Se requiere entonces que la parte:
• Precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de
Valoración irracional
indebida valoración por el juez.
o arbitraria de las
• Refiera la razón del por qué, en cada caso en particular, la
pruebas aportadas
consideración del operador judicial se aleja de las reglas de
la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia,
en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría
una sustitución arbitraria del juez natural.
• Señale la incidencia de la prueba en el fallo atacado.
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
legales para su producción o introducción al proceso. Así las
cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
Dictar sentencia con apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir
fundamento en el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una
pruebas obtenidas prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
con violación del
debido proceso Para su configuración corresponde que el actor:
• Señale con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
• Exponga las razones que sustentan dicha vulneración.
• Demuestre que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la
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configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.
2.8. Caso concreto
En el presente asunto, la Sala accederá a la solicitud de amparo, al encontrar
acreditada la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del IFC, en tanto, se advierte que las
providencias cuestionadas incurrieron en los defectos sustantivo y fáctico
invocados por la parte accionante, los cuales, por sí solos y con independencia de
los demás yerros alegados, resultan suficientes para justificar la intervención del
juez constitucional.
Como quedó expuesto, el IFC promovió la presente acción constitucional con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales, puesto que el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare consideraron que no había lugar a seguir adelante
con la ejecución de las obligaciones a favor del IFC por cuando, a juicio de dichas
autoridades judiciales, además del pagaré 4109341 y la carta de instrucciones, la
ejecutante debía aportar un contrato escrito de mutuo para conformar el título
ejecutivo.
Respecto del defecto sustantivo, el accionante sostuvo que las autoridades
judiciales interpretaron erróneamente los artículos 99, 297 y 299 del CPACA y 422
del CGP, al exigir copia del contrato de mutuo junto con el pagaré para seguir
adelante con la ejecución de la obligación a favor del IFC. Añadió que esa
interpretación desconoció tanto el régimen de derecho privado aplicable al IFC,
como la autonomía del título valor frente al negocio causal.
En cuanto al defecto fáctico, alegó que los jueces desconocieron el valor
probatorio y la fuerza ejecutiva del pagaré y de la carta de instrucciones, al exigir
un contrato escrito de mutuo. Señaló que el IFC desarrolla actividades de
colocación de crédito sometidas al derecho privado y que, por tanto, el mutuo se
perfecciona con la mera entrega del dinero, sin requerir documento escrito, de
manera que la ausencia de este no afectaba la ejecutabilidad del pagaré.
Ahora bien, las providencias cuestionadas partieron de considerar que la
obligación cuyo recaudo pretendía el IFC tenía origen en un contrato estatal de
mutuo, razón por la cual el título ejecutivo debía reunir los requisitos previstos para
la ejecución de obligaciones derivadas de la actividad contractual de las entidades
públicas.
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Con ese entendimiento, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal, en el auto del 12 de mayo de 2025, señaló que, tratándose de obligaciones
derivadas de contratos estatales, el título ejecutivo tiene naturaleza compleja, por
lo que debe integrarse con el contrato y los demás documentos que permitan
acreditar una obligación clara, expresa y exigible. Como el IFC no aportó el
contrato de mutuo, concluyó que no era posible tener por acreditada la existencia
del negocio jurídico, por lo que consideró que no había lugar a seguir adelante
con la ejecución y ordenó archivar el proceso.
Al resolver la apelación, en el auto del 12 de febrero de 2026, el Tribunal
Administrativo de Casanare confirmó esa postura. Consideró que los documentos
allegados con la demanda no permitían establecer con certeza la existencia del
contrato de mutuo del cual derivaba la obligación, por lo que no se satisfacían los
presupuestos previstos en los artículos 297 del CPACA y 422 del CGP. En ese
sentido, concluyó que, al tratarse de un contrato estatal, era indispensable aportar
el contrato escrito para conformar el título ejecutivo complejo, motivo por el cual
confirmó la decisión de primer grado.
Examinado el razonamiento contenido en las providencias objeto de censura, la
Sala encuentra que la interpretación acogida por las autoridades judiciales
accionadas no se ajusta al alcance de las normas que regulan el mérito ejecutivo
de los documentos aportados con la demanda, razón por la cual se configura el
defecto sustantivo alegado por la parte actora.
Si bien corresponde al juez del proceso ejecutivo verificar que el documento
presentado como fundamento de recaudo contenga una obligación clara, expresa
y exigible, esa labor no lo habilita para imponer cargas documentales adicionales
no previstas en el ordenamiento. En el asunto bajo examen, el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare decidieron no seguir adelante con la ejecución de la obligación a favor
de la parte actora con fundamento en que este no allegó un contrato escrito de
mutuo, pese a que la obligación cuyo recaudo se perseguía constaba en un
pagaré acompañado de la respectiva carta de instrucciones.
A juicio de la Sala, dicha exigencia obedeció a una interpretación indebida de los
artículos 99 y 297 del CPACA, pues ninguna de esas disposiciones autoriza
concluir que, cuando una entidad pública pretende ejecutar una obligación
incorporada en un título valor, deba aportar necesariamente el contrato en el que
conste el negocio jurídico que le dio origen.
En primer lugar, el numeral 3 del artículo 297 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone:
ARTÍCULO 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen
título ejecutivo:
(...)
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3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los
organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los
documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a
través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o
cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten
obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en
tales actuaciones.
Por su parte, el artículo 99 ibídem establece:
ARTÍCULO 99. Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado.
Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste
una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:
(...)
5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.
De la lectura de ambas disposiciones se desprende que el legislador no restringió
el mérito ejecutivo exclusivamente a los contratos celebrados por las entidades
públicas. Por el contrario, reconoció expresamente que también prestan mérito
ejecutivo aquellos documentos provenientes del deudor en los que consten
obligaciones claras, expresas y exigibles, así como los documentos expedidos
con ocasión de la actividad contractual que incorporen ese tipo de obligaciones.
Precisamente, el pagaré en blanco diligenciado con su carta de instrucciones
constituye uno de esos documentos. En su condición de título valor, incorpora de
manera literal una obligación determinada de pagar una suma de dinero; dicha
obligación es expresa porque aparece consignada en el propio documento, clara
porque permite establecer su contenido sin acudir a elementos extraños a él, y
exigible cuando se encuentra vencido el plazo pactado para su pago. Además,
proviene del deudor, toda vez que es este quien lo suscribe y, mediante esa
manifestación de voluntad, se obliga cambiariamente frente al beneficiario del
título. En consecuencia, satisface las exigencias previstas en los artículos 99 y
297 del CPACA para servir de fundamento a una ejecución.
Ahora bien, cuando el título cuya ejecución se pretende tiene origen en una
actuación contractual de una entidad pública, el CPACA establece el trámite que
debe seguir el juez. El artículo 299 dispone:
ARTÍCULO 299. De la ejecución en materia de contratos. Salvo lo establecido
en este código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la
ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos
celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas establecidas en el
Código General del Proceso para el proceso ejecutivo. El juez competente se
determinará de acuerdo con los factores de competencia territorial y de cuantía,
establecidos en este código.
En relación con el mandamiento de pago, regulado en el artículo 430 del Código
General del Proceso, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se
aplicarán las siguientes reglas:
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Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo,
el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación
en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso
de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna
controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio
de dicho recurso. No obstante, los defectos formales del título ejecutivo podrán
reconocerse o declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que
ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.
Esta disposición remite, a su vez, al artículo 430 del Código General del Proceso,
cuyo tenor literal prevé:
Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de
documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al
demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o
en la que aquel considere legal.
Del conjunto normativo expuesto se sigue que cuando la demanda ejecutiva se
acompaña de un documento que, en principio, presta mérito ejecutivo,
corresponde al juez verificar si este incorpora una obligación clara, expresa y
exigible, sin imponer requisitos adicionales que el legislador no contempló. Así, el
análisis judicial debe recaer sobre el contenido y alcance del documento
presentado como título ejecutivo y no sobre la existencia de formalidades
documentales ajenas a las expresamente previstas en la ley.
Bajo ese entendimiento, la Sala advierte que las autoridades judiciales accionadas
debieron aplicar las anteriores disposiciones al asunto sometido a su
conocimiento. Esto, toda vez que el IFC acompañó la demanda ejecutiva con el
pagaré 4109341 y la carta de instrucciones suscrita por los deudores, documentos
que conformaban el título ejecutivo presentado como fundamento de la ejecución.
Por consiguiente, el examen del juez debía dirigirse a establecer si ese título
satisfacía los requisitos legales para prestar mérito ejecutivo y, en consecuencia,
seguir adelante con la ejecución, sin supeditar dicho análisis a la aportación de un
contrato de mutuo cuya exigibilidad no se desprende de las normas anteriormente
citadas.
Ahora bien, aun si se admitiera, en gracia de discusión, que la obligación
incorporada en el pagaré debía analizarse a la luz del negocio jurídico que le dio
origen, la Sala observa que tampoco resultaba jurídicamente procedente exigir la
aportación de un contrato escrito de mutuo.
En efecto, de acuerdo con el Decreto 107 de 1992, modificado por el Decreto 073
de 2002, se advierte que el IFC fue creado como una empresa industrial y
comercial del Estado de carácter territorial, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, cuya finalidad consiste en promover el
desarrollo económico y social de la región mediante la financiación de proyectos
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y el otorgamiento de crédito. Así, en virtud de los artículos 85 de la Ley 489 de
1998 y 14 de la Ley 1150 de 2007, las actividades comerciales que desarrolla se
encuentran sometidas, por regla general, al régimen de derecho privado, en
cuanto corresponden al giro ordinario de sus negocios y se ejercen en un mercado
en competencia con otros operadores económicos.
Lo anterior conduce a concluir que las operaciones de colocación de crédito
realizadas por el IFC no se encuentran sujetas a las solemnidades propias del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Por el contrario,
su régimen jurídico debe determinarse a partir de las normas civiles y comerciales
que gobiernan ese tipo de negocios jurídicos.
Bajo ese entendimiento, el contrato de mutuo se rige por los artículos 2221 y 2222
del Código Civil, disposiciones conforme a las cuales dicho negocio jurídico
consiste en la entrega de una cantidad de cosas fungibles con obligación de
restituir otras tantas del mismo género y calidad, y «no se perfecciona el contrato
de mutuo sino por la tradición». Es decir, se trata de un contrato cuyo
perfeccionamiento se produce con la entrega del dinero objeto del préstamo, sin
que la ley exija, para su existencia o validez, la suscripción de un documento
escrito.
Así las cosas, tampoco desde la perspectiva del régimen jurídico aplicable al
negocio causal resultaba acertada la conclusión de las autoridades judiciales
accionadas, consistente en afirmar que la inexistencia de un contrato escrito
impedía tener por acreditada la obligación cuya ejecución se pretendía. Tal
razonamiento trasladó indebidamente al caso una solemnidad que el
ordenamiento no prevé para las operaciones crediticias celebradas por el IFC en
desarrollo de su actividad comercial.
Con todo, la anterior consideración tiene un carácter meramente subsidiario.
Como se explicó, la razón determinante por la cual se configura el defecto
sustantivo radica en que las normas que regulan el proceso ejecutivo no imponían
al juez la carga de verificar la existencia de un contrato escrito de mutuo. Se
insiste, el pagaré debidamente suscrito y diligenciado conforme a la carta de
instrucciones constituía, por sí mismo, el documento que debía ser objeto del
examen judicial para establecer si contenía una obligación clara, expresa y
exigible. Por ello, aun prescindiendo de cualquier consideración sobre el negocio
causal, la demanda ejecutiva satisfacía los presupuestos legales para que el juez
ordenara seguir adelante con la ejecución, sin exigirle la aportación de un contrato
de mutuo inexistente en forma escrita.
La configuración del defecto sustantivo anteriormente analizado condujo, además,
a la materialización del defecto fáctico invocado por la parte accionante. La
interpretación errónea de las normas que regulan el mérito ejecutivo del título
aportado determinó que las autoridades judiciales accionadas omitieran valorar el
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acervo probatorio relevante para establecer la procedencia del mandamiento de
pago.
Al considerar que el IFC debía allegar un contrato escrito de mutuo para completar
el título ejecutivo, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y
el Tribunal Administrativo de Casanare dejaron de examinar el pagaré 4109341 y
la correspondiente carta de instrucciones como los documentos que sustentaban
la pretensión ejecutiva. En consecuencia, prescindieron de verificar si tales
instrumentos, apreciados de manera conjunta, reunían los requisitos para constituir
un título ejecutivo y si contenían una obligación clara, expresa y exigible, conforme
a las normas de derecho privado que gobiernan la materia.
Así, el defecto fáctico no radica en la conclusión a la que eventualmente pudieran
arribar las autoridades judiciales luego de valorar dichos documentos, sino en
haber omitido ese análisis como consecuencia de haber considerado indispensable
la aportación de un contrato escrito de mutuo. En ese orden, el yerro consistió en
excluir del examen judicial los elementos probatorios determinantes para resolver
sobre la procedencia del mandamiento de pago, sustituyendo dicho análisis por la
exigencia de un documento cuya incorporación al proceso no era jurídicamente
necesaria en los términos expuestos.
Finalmente, aunque la parte accionante hizo referencia al desconocimiento del
precedente de la Corte Constitucional, no desarrolló dicho cargo, por lo que no será
objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala.
Desde luego, no corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de si el pagaré
4109341, diligenciado con fundamento en la carta de instrucciones, satisface o no,
en el caso concreto, todos los requisitos necesarios para prestar mérito ejecutivo y
seguir adelante con la ejecución. Esa valoración compete al juez natural del
proceso ejecutivo, en ejercicio de la autonomía e independencia que le son propias.
La intervención del juez constitucional se limita a constatar que las autoridades
accionadas omitieron efectuar ese examen, al partir de una premisa jurídica
incompatible con el ordenamiento, circunstancia que incidió de manera
determinante en la decisión de abstenerse de dar continuidad al trámite ejecutivo.
En esas condiciones, la Sala accederá al amparo solicitado por el IFC, al encontrar
que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare incurrieron en un defecto sustantivo, al interpretar
indebidamente las normas que regulan el mérito ejecutivo de los documentos
aportados con la demanda, y, como consecuencia de ello, en un defecto fáctico, al
omitir la valoración del pagaré 4109341 y de la carta de instrucciones como título
ejecutivo susceptible de servir de fundamento al título ejecutivo.
Ahora bien, esta decisión no implica que las autoridades judiciales accionadas
deban disponer que el título presta mérito ejecutivo y, por tanto, ordenarles seguir
adelante con la ejecución, pues ello supondría sustituir al juez natural en el ejercicio
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de una competencia que le es exclusiva. El alcance del amparo consiste en dejar
sin efectos las providencias cuestionadas para que se profiera una nueva decisión
en la que se valore el pagaré y la carta de instrucciones conforme al marco
normativo aplicable, sin exigir la aportación de un contrato escrito de mutuo como
presupuesto para decidir sobre la procedencia de la ejecución.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud elevada por la parte accionante referida a proferir
una decisión con efectos inter comunis.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare. En
consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto de 12 de mayo de 2025, proferido
por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, así como el
auto de 12 de febrero de 2026, dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare,
dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado 85001-33-33-005-2025-
00094-00/01.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una nueva decisión en el proceso ejecutivo identificado con el
radicado 85001-33-33-005-2025-00094-00/01, en la que observe los lineamientos
expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a la
notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
20
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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