Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06614-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06614-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06614-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06614-00
Demandante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela de la referencia de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación1.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo2
El Instituto Financiero de Casanare -en adelante, IFC-, a través de su gerente
general3, instauró acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare4, con el fin de
reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
Las anteriores garantías las estimó transgredidas con ocasión de la providencia
proferida el 18 de febrero de 2026, por el Tribunal Administrativo de Casanare,
mediante la cual se confirmó la sentencia dictada el 25 de septiembre de 2025 por
el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, que declaró de
oficio la existencia de defectos formales del título ejecutivo presentado para el
cobro y, en consecuencia, ordenó no seguir adelante con la ejecución dentro del
proceso identificado con el radicado 85001-3333-004-2025-00043-00/02.
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 002 de Samai. Tutela radicada el 20 de agosto de 2026 a la que se le asignó la secuencia
interna número 10552.
3
Índice 002 de Samai. Tutela suscrita por Oscar Javier Araque Garzón, nombrado gerente de la
entidad mediante Decreto 0060 de 2024.
4
Sala integrada por los magistrados Inés del Pilar Núñez Cruz, Aura Patricia Lara Ojeda y
Leonardo Galeano Guevara.
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-06614-00
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y pidió:
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que,
en su criterio, fueron desconocidos por el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, mediante la providencia de 25
de septiembre de 2025, y por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE,
a través de la decisión de 18 de febrero de 2026, proferidas dentro del proceso
ejecutivo identificado con el radicado 85001-3333-004-2025-00043-00.
SEGUNDO: Declarar sin valor ni efecto la providencia de 25 de septiembre de
2025, emitida por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
YOPAL, así como la decisión que resolvió la apelación, proferida por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE el 18 de febrero de 2026, por
encontrarse, según la parte actora, afectadas por indebida valoración probatoria
al restarle mérito ejecutivo al pagaré n.º 4107272; exceso ritual manifiesto al exigir
la incorporación de un contrato de mutuo escrito; defecto sustantivo por el
sacrificio del derecho sustancial; y desconocimiento del precedente judicial
vertical.
TERCERO: Ordenar a los accionados JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE que, en lo de su competencia y dentro del término de 48 horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, rehagan las actuaciones procesales
censuradas, para que, en su lugar, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Yopal ordene seguir adelante con la ejecución y mantenga las medidas
cautelares a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra
de YANEIRA GÓMEZ SOTOBANy DAVID PERDOMO VARGAS, dentro del
proceso ejecutivo 85001-3333-004-2025-00043-00, adelante el proceso hasta su
finalización y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de
procesos.
CUARTO: Ordenar que el fallo tenga efectos inter comunis o se extienda
respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados Administrativos
de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE, cuando se desconozca el pagaré como título ejecutivo autónomo,
existan similares supuestos fácticos y jurídicos o se presenten circunstancias
análogas. Asimismo, ordenar al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE que,
en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en las conductas que dieron origen a la
acción.5
1.3. Hechos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
El IFC promovió proceso ejecutivo contra los señores Yaneira Gómez Sotoban y
David Perdomo Vargas, con el fin de obtener el pago de la obligación contenida
5
Transcripción literal que puede contener errores.
2
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
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en el pagaré n.º 4107272, suscrito el 21 de noviembre de 2008, por valor de
$23.035.749, más los intereses y demás conceptos reclamados.
La demanda ejecutiva fue presentada el 20 de mayo de 2021 y correspondió
inicialmente al Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal, autoridad que, mediante
providencia del 3 de febrero de 2022, libró mandamiento de pago y posteriormente
decretó medidas cautelares dentro del proceso.
El 14 de noviembre de 2024, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal declaró
su falta de jurisdicción para continuar con el conocimiento del proceso y dispuso
su remisión a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En consecuencia, el
asunto fue asignado al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal el 27 de enero de 2025.
El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal profirió
inicialmente sentencia anticipada el 27 de febrero de 2025. Contra dicha decisión,
el IFC interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal
Administrativo de Casanare mediante providencia del 25 de junio de 2025, en la
cual declaró la nulidad de la sentencia y ordenó rehacer el trámite por cuando no
se había dado traslado para alegar de conclusión antes de proferir el fallo.
Una vez surtido el trámite ordenado por el superior, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, mediante sentencia del 25 de
septiembre de 2025, declaró de oficio la existencia de defectos formales en el
título ejecutivo y dispuso no seguir adelante con la ejecución promovida por el IFC
contra Yaneira Gómez Sotoban y David Perdomo Vargas. Para arribar a dicha
conclusión, consideró que no se había aportado el contrato de mutuo celebrado
entre la entidad ejecutante y los ejecutados, por lo que el pagaré no resultaba
suficiente para integrar el título ejecutivo requerido para adelantar la ejecución.
Inconforme con dicha decisión, el IFC interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Casanare mediante sentencia del 18 de
febrero de 2026, que confirmó la providencia recurrida. En esa oportunidad, el
tribunal planteó como problema jurídico determinar si los documentos aportados
constituían título ejecutivo del cual se desprendiera una obligación clara, expresa
y exigible a favor del IFC, y concluyó que los documentos allegados no permitían
establecer la existencia del contrato de mutuo del cual derivaba la obligación
reclamada.
El ad quem sostuvo, además, que, por la naturaleza jurídica del IFC como entidad
de gestión económica de carácter departamental sometida al régimen de las
empresas industriales y comerciales del Estado, resultaba necesario acreditar la
existencia del contrato estatal en los términos que consideró aplicables al caso.
3
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La referida providencia fue notificada a las partes el 20 de febrero de 2026
mediante correo electrónico6.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora alegó que las providencias cuestionadas incurren en los siguientes
defectos:
(i) Violación directa de la Constitución Política, por desconocer los artículos
29, 228 y 229 superiores, al negar la ejecución de la obligación contenida en el
pagaré aportado como título de recaudo, con fundamento en la ausencia del
contrato de mutuo que dio origen al crédito. A su juicio, dicha exigencia comportó
una interpretación excesivamente formalista, contraria a la prevalencia del
derecho sustancial, al debido proceso y de acceso efectivo a la administración de
justicia.
Asimismo, afirmó que las autoridades judiciales desconocieron los Autos A-2014
de 2024 y A-1455 de 2025 de la Corte Constitucional, en los que, según indicó, se
habría reconocido que el contrato de mutuo se perfecciona con la entrega del
dinero y que el pagaré presta mérito ejecutivo en los términos del artículo 297 del
CPACA.
Recordó que, si bien los jueces cuentan con autonomía e independencia judicial
para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es absoluta, sino
que está limitada por el orden jurídico preestablecido. Por ello, sostuvo que las
autoridades judiciales accionadas no podían exigir requisitos adicionales, como la
suscripción de un contrato escrito de mutuo, para respaldar judicialmente las
obligaciones incorporadas en pagarés.
(ii) Fáctico, la parte accionante alegó que las autoridades judiciales accionadas
desconocieron el valor probatorio y la fuerza ejecutiva del pagaré n.º 4107272 y
de la carta de instrucciones aportados con la demanda. Indicó que dichos
documentos constituían un título valor autónomo, contentivo de una obligación
clara, expresa y exigible, por lo que resultaban suficientes para continuar con la
ejecución.
Asimismo, expuso que los jueces accionados partieron de una premisa
equivocada al asumir que, por tratarse de una entidad estatal, la obligación
necesariamente debía derivar de un contrato sometido a las formalidades propias
de la contratación pública. Sobre este punto, precisó que el IFC, en su condición
de empresa industrial y comercial del Estado, desarrolla actividades de colocación
de crédito sometidas al derecho privado, por corresponder al giro ordinario de sus
negocios.
6
Índice 013 del proceso 85001333300120250020201.
4
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En ese contexto, manifestó que el negocio subyacente correspondía a un contrato
de mutuo regulado por el Código Civil, el cual se perfecciona con la entrega del
dinero y no requiere constar por escrito. Por ello, estimó que la ausencia de un
contrato escrito e independiente del pagaré no desvirtuaba la existencia de la
obligación ni afectaba la ejecutabilidad del título valor.
(iii) Sustantivo: la parte actora planteó que las autoridades accionadas realizaron
una interpretación errónea de los artículos 99, 297 y 299 del CPACA y 422 del
CGP, al concluir que la ejecución de la obligación requería la aportación del
contrato de mutuo junto con el pagaré.
Sobre el particular, señaló que, en virtud del numeral 5.º del artículo 99 y del
numeral 3.º del artículo 297 del CPACA, los jueces contencioso-administrativos
debieron reconocer mérito ejecutivo no solo a los contratos estatales y a los
documentos que acrediten su incumplimiento, sino también a los actos o
documentos proferidos con ocasión de la actividad contractual en los que consten
obligaciones claras, expresas y exigibles. Desde esa perspectiva, consideró que
el pagaré aportado constituía un título ejecutivo suficiente.
Argumentó que los artículos 299 del CPACA y 422 del CGP imponen al juez el
deber de verificar si el título aportado contiene una obligación clara, expresa y
exigible proveniente del deudor, sin exigir documentos adicionales a los previstos
en la ley.
(iv) Procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigir la aportación de
documentos adicionales al pagaré para continuar con la ejecución de la
obligación, pese a que, según sostuvo, dicho título valor contenía por sí mismo
una obligación clara, expresa y exigible.
1.5. Admisión de la demanda
Mediante auto del 28 de agosto de 2026, la Magistrada Ponente avocó el
conocimiento de la solicitud de amparo, y ordenó notificar a los magistrados que
integran el Tribunal Administrativo de Casanare7 y al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Yopal8, como autoridades judiciales
accionadas.
Así mismo, vinculó como terceros con interés jurídico en el resultado del proceso
a los señores Yaneira Gómez Sotoban9 y David Perdomo Vargas10, [parte
ejecutada].
7
Notificada al correo electrónico: sectribadmcnare@cendoj.ramajudicial.gov.co
8
Notificada al correo electrónico: j04admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co
9
Notificada al correo electrónico: yaneira2510@hotmail.com
10
El 2 de septiembre de 2026 se realizó la actuación de notificación y se remitió el aviso mediante
correo certificado de 4-72; el 10 y 11 de septiembre de 2026 se efectuaron solicitudes de
constancia de entrega o devolución. El 11 de septiembre de 2026 se dejó constancia de la
imposibilidad de practicar la notificación y, en esa misma fecha, se efectuó el aviso a la comunidad.
5
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1.6. Intervenciones
La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento de lo ordenado en el
auto admisorio de la acción de tutela, libró los oficios dirigidos a los sujetos
procesales, en virtud de los cuales se recibieron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal
La titular del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal solicitó
que se negaran las pretensiones de la acción de tutela. Señaló que la parte actora
pretende utilizar el mecanismo constitucional como una tercera instancia para
controvertir las consideraciones expuestas en la sentencia del 25 de septiembre
de 2025, mediante la cual se dispuso no seguir adelante con la ejecución.
Explicó que la decisión cuestionada se fundamentó en la falta de conformación
del título ejecutivo, pues consideró necesario acreditar el contrato de mutuo
celebrado entre el IFC y los ejecutados, en tanto el pagaré aportado no permitía
demostrar, por sí solo, la existencia del negocio jurídico del cual derivaba la
obligación reclamada.
Asimismo, sostuvo que la providencia cuestionada fue proferida con fundamento
en las normas aplicables al proceso ejecutivo y dentro del ámbito de autonomía e
independencia judicial, por lo que no se configuró vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Casanare
El magistrado ponente de la decisión cuestionada solicitó que se negara el
amparo. Manifestó que la parte actora pretende convertir la acción de tutela en
una instancia adicional para controvertir la interpretación jurídica efectuada por los
jueces naturales respecto de los requisitos que debía reunir el título ejecutivo.
En relación con el Auto A-2014 de 2024 de la Corte Constitucional, señaló que
dicha providencia resolvió un conflicto de jurisdicción y no estableció que el
pagaré, por sí solo, fuera suficiente para adelantar la ejecución de la obligación
reclamada.
De igual manera, indicó que la decisión cuestionada se sustentó en las
disposiciones que consideró aplicables al caso, entre ellas los artículos 39 de la
Ley 80 de 1993 y 93 de la Ley 489 de 1998, atendiendo a la naturaleza jurídica
del IFC y a la necesidad de acreditar el contrato estatal del que, a su juicio,
derivaba la obligación.
Finalmente, hizo referencia a decisiones del Consejo de Estado proferidas en
asuntos similares, entre ellas las de 28 de enero y 10 de julio de 2026, para
6
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sostener que la acción de tutela no puede emplearse para reabrir debates propios
del proceso ejecutivo ni para sustituir al juez natural.
1.6.3. La señora Yaneira Gómez Sotoban, pese a haber sido debidamente
notificada del presente trámite, guardó silencio. Respecto del señor David
Perdomo Vargas, se adelantaron las actuaciones correspondientes para su
notificación y, ante la imposibilidad de practicarla, se efectuó el aviso a la
comunidad.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución política, el
Decreto 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
201511, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de
201912, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado. Lo anterior comoquiera
que la tutela se dirige, entre otros, contra el Tribunal Administrativo de Casanare.
2.2. Cuestión previa
La parte accionante solicitó que la presente acción de tutela tuviera efectos inter
comunis, de manera que sus efectos se extendieran a los procesos ejecutivos
tramitados por los juzgados administrativos del Circuito Judicial de Yopal o por el
Tribunal Administrativo de Casanare que compartieran supuestos fácticos y
jurídicos con el presente asunto.
Indicó que esa situación comprometería alrededor de 2.190 procesos ejecutivos,
por un valor aproximado de $29.885 millones, con el consecuente riesgo de
afectación patrimonial para dicha entidad y para otras empresas industriales y
comerciales del Estado del departamento de Casanare dedicadas al otorgamiento
de créditos de fomento.
Al respecto, la Sala no accederá a la referida solicitud. En efecto, de conformidad
con el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, las decisiones judiciales adoptadas en
ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las
partes. En el mismo sentido, el artículo 36 del Decreto 2591 de 199113 establece
que las sentencias en las que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos
en el caso concreto.
No obstante, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, en determinados
eventos y atendiendo a las particularidades del asunto, es posible modular los
efectos ordinarios de las decisiones de tutela mediante las figuras de los efectos
11
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
12
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
13
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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inter comunis e inter pares. Sin embargo, la Corte Constitucional ha precisado que
la determinación y aplicación de estos mecanismos amplificadores de los efectos
de los fallos de tutela corresponde exclusivamente a esa Corporación. Así lo ha
reiterado, entre otras, en la Sentencia SU-349 de 201914 y en decisiones
posteriores.
En consecuencia, esta Sección no puede atribuirse dicha competencia para
extender los efectos de la presente decisión a procesos distintos de aquel que es
objeto de examen en esta oportunidad. Por tanto, la solicitud elevada por la parte
actora será denegada.
2.3. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:
• ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
• ¿El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare vulneraron los derechos
fundamentales del IFC al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, con ocasión de las sentencias de 25 de septiembre de 2025 y
18 de febrero de 2026, proferidas dentro del proceso ejecutivo identificado
con radicado 85001-33-33-004-2025-00043-00/02?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; ii) los requisitos generales y específicos de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial; y, iii) el análisis del caso
concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201215
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
14
Corte Constitucional, sentencia SU-349 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8
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Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema16 y declaró su
procedencia.17
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a abordar este requisito, y en virtud de las cargas de transparencia y
suficiencia la Sala reconoce que en casos similares al de la referencia18 concluyó
la falta de relevancia constitucional de la solicitud de amparo. En tales
oportunidades, advirtió la improcedencia del mecanismo constitucional bajo la
consideración de que se estaba usando como una instancia adicional, por cuanto
se reprochaba el criterio jurídico de las autoridades accionadas, revestidas de
autonomía judicial.
Sin embargo, la Sección variará el análisis, por las razones que se exponen a
continuación. En primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de las
providencias del 25 de septiembre de 2025 y 18 de febrero de 2026, dictadas por
16
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
17
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
18
En particular, ver las acciones de tutela tramitadas bajo los radicados 11001-03-15-000-2025-
05231-01 y 11001-03-15-000-2026-02975-00.
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el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare, respectivamente, pues, en su sentir, incurrieron en
los defectos sustantivo, fáctico, exceso ritual manifiesto y violación directa de la
Constitución.
En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, pues, en criterio de la parte actora, la actuación de las
autoridades judiciales accionadas comprometió sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al exigir la aportación
del contrato de mutuo como requisito para integrar el título ejecutivo y, con
fundamento en su ausencia, disponer que no se continuara con la ejecución, sin
otorgar al pagaré n.º 4107272 y a la carta de instrucciones el alcance que, según
sostuvo, les correspondía.
Al margen de que el proceso ejecutivo tuviera naturalmente una finalidad
económica, el asunto que se discute en esta acción de tutela sí reviste relevancia
constitucional, porque el derecho principal que se busca restablecer es el de
acceso a la administración de justicia, el cual se habría visto afectado, en criterio
del accionante, por la exigencia de un requisito documental que considera no
previsto por el ordenamiento jurídico y por la falta de valoración de los documentos
aportados para sustentar la obligación cuyo recaudo pretendía.
No se observa que la entidad accionante esté utilizando este mecanismo como
una instancia adicional del proceso ejecutivo por una simple diferencia con la
interpretación que acogieron los jueces de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo; más bien, se advierte que a las providencias cuestionadas se les
atribuyen yerros relacionados con la exigencia del contrato de mutuo y con el
análisis del pagaré y de la carta de instrucciones, con los que eventualmente se
pudieron vulnerar derechos fundamentales y que, por ende, merecen ser
evaluados por el juez constitucional.
Ahora, el hecho de que el IFC hubiera interpuesto recurso de apelación contra la
sentencia del 25 de septiembre de 2025, con razones similares a las que invoca
en esta acción de tutela, no implica por sí solo que la tutela carezca de relevancia
constitucional. En efecto, de los argumentos de la demanda de tutela se
desprende que el IFC considera que el Tribunal Administrativo de Casanare, al
resolver el recurso, también incurrió en los defectos que comprometieron sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste una violación o amenaza
a un derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal
administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, lo que implica
que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que
busque reabrir el debate procesal.
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Rad: 11001-03-15-000-2026-06614-00
Ello significa que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia
para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y
libertades públicas, concretamente, el acceso a la administración de justicia y el
debido proceso.
2.5.2. Subsidiariedad
Este requisito se encuentra superado, pues la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Casanare el 18 de febrero de 2026, que confirmó la decisión del
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal de 25 de septiembre
de 2025, resolvió el recurso de apelación interpuesto dentro del proceso ejecutivo.
Frente a dicha providencia no procede recurso ordinario alguno.
2.5.3. Inmediatez
En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún
reproche, en vista de que la última providencia cuestionada fue proferida el 18 de
febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Casanare y notificada a las
partes el 20 de febrero de 2026, mientras que la acción de tutela fue presentada
el 20 de agosto de 2026. Así, sin que sea necesario determinar la fecha de
ejecutoria de la última decisión controvertida, se considera que la acción
constitucional se presentó dentro de un término que la Sala considera razonable
para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201419, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200520, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.5.4. Tutela contra tutela
La Sala observa frente al mencionado aspecto que no se trata de una tutela contra
una decisión de la misma naturaleza, pues las providencias cuestionadas fueron
proferidas en el trámite del proceso ejecutivo instaurado por el IFC contra los
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
20
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas
las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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señores Yaneira Gómez Sotoban y David Perdomo Vargas, identificado con los
radicados 85001-33-33-004-2025-00043-00/02.
2.6. Generalidades del defecto sustantivo
Sobre el particular la Corte Constitucional21, ha explicado que el defecto sustantivo
se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable
al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación
que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica».
Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible
o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma.
c) Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes.
d) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución
e) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición
f) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma. g) Se
afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación. Procederá entonces el amparo
constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en
cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente.
2.7. Generalidades del defecto fáctico
De igual manera, la Sección Quinta, en decisión de 12 de noviembre de 201522,
precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la
ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos
a colación en la presente decisión:
Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.
21
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio
Palacio.
22
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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De conformidad con la sentencia de 11 de febrero de 201623, estos aspectos
tienen características que se transcriben a continuación:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para
resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta
fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de
negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia,
pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante
considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre
la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste
Omisión de decreto
procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba
y práctica de
que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros
pruebas
arriba señalados.
indispensables para
fallar el asunto
De esta manera, se requiere que la parte:
• Identifique el elemento probatorio que solicitó.
• Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal.
• Exponga las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
• Señale de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en
el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos
que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por
el fallador ordinario. En este punto, se requiere que, de forma
específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles
Desconocimiento pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
del acervo desconocidas por el juez.
probatorio
determinante para Así las cosas, se configura siempre que el interesado:
identificar la
veracidad de los • Identifique los elementos de prueba no valorados por el
hechos alegados juez.
por las partes • Demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
• Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
• Precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para
variar el sentido del fallo.
Valoración irracional Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica,
o arbitraria de las la apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente
pruebas aportadas
23
Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, Radicación
No. 11001-03-15-000-2015-03442-01.
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equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba
se entiende alterado.
Se requiere entonces que la parte:
• Precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de
indebida valoración por el juez.
• Refiera la razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas de
la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia,
en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría
una sustitución arbitraria del juez natural.
• Señale la incidencia de la prueba en el fallo atacado.
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
legales para su producción o introducción al proceso. Así las
cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
Dictar sentencia con apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir
fundamento en el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una
pruebas obtenidas prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
con violación del
debido proceso Para su configuración corresponde que el actor:
• Señale con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
• Exponga las razones que sustentan dicha vulneración.
• Demuestre que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la
configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.
2.8. Caso concreto
En el presente asunto, la Sala accederá a la solicitud de amparo, al encontrar
acreditada la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del IFC. Pues bien, se advierte que las
providencias cuestionadas incurrieron en los defectos sustantivo y fáctico
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invocados por la parte accionante, los cuales, por sí solos y con independencia de
los demás yerros alegados, resultan suficientes para justificar la intervención del
juez constitucional.
Como quedó expuesto, el IFC promovió la presente acción constitucional con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales, puesto que el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare consideraron que no había lugar a seguir adelante
con la ejecución de las obligaciones a favor del IFC por cuando, a juicio de dichas
autoridades judiciales, además del pagaré 4107272 y la carta de instrucciones, la
ejecutante debía aportar un contrato escrito de mutuo para conformar el título
ejecutivo.
Respecto del defecto sustantivo, el accionante sostuvo que las autoridades
judiciales interpretaron erróneamente los artículos 99, 297 y 299 del CPACA y 422
del CGP, al exigir la acreditación del contrato de mutuo junto con el pagaré para
seguir adelante con la ejecución de la obligación a favor del IFC. Añadió que esa
interpretación desconoció tanto el régimen de derecho privado aplicable a las
actividades de colocación de crédito desarrolladas por el Instituto como la
naturaleza del título valor aportado.
En cuanto al defecto fáctico, alegó que los jueces accionados desconocieron el
valor probatorio del pagaré n.º 4107272 y de la carta de instrucciones aportados
con la demanda. Señaló que el IFC desarrolla actividades de colocación de crédito
sometidas al derecho privado y que, por tanto, el mutuo se perfecciona con la
entrega del dinero, sin requerir documento escrito, de manera que la ausencia de
un contrato de esa naturaleza no afectaba, en su criterio, la posibilidad de
examinar la obligación incorporada en el título valor.
En ese contexto, las providencias cuestionadas partieron de considerar que la
obligación cuyo recaudo pretendía el IFC tenía origen en un contrato estatal de
mutuo, razón por la cual el título ejecutivo debía reunir los requisitos previstos para
la ejecución de obligaciones derivadas de la actividad contractual de las entidades
públicas.
Con ese entendimiento, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal, en sentencia del 25 de septiembre de 2025, señaló que, tratándose de
obligaciones derivadas de contratos estatales, el título ejecutivo tiene naturaleza
compleja, por lo que debe integrarse con el contrato y los demás documentos que
permitan acreditar una obligación clara, expresa y exigible. Como el IFC no aportó
el contrato de mutuo, concluyó que no era posible tener por acreditada la
existencia del negocio jurídico, por lo que consideró que no había lugar a seguir
adelante con la ejecución y ordenó archivar el proceso.
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Al resolver la apelación, en la sentencia del 18 de febrero de 2026, el Tribunal
Administrativo de Casanare confirmó esa postura. Consideró que los documentos
allegados con la demanda no permitían establecer con certeza la existencia del
contrato de mutuo del cual derivaba la obligación, por lo que no se satisfacían los
presupuestos previstos en los artículos 297 del CPACA y 422 del CGP. En ese
sentido, concluyó que, al tratarse de un contrato estatal, era indispensable aportar
el contrato escrito para conformar el título ejecutivo complejo, motivo por el cual
confirmó la decisión de primer grado.
Examinado el razonamiento contenido en las providencias objeto de censura, la
Sala encuentra que la interpretación acogida por las autoridades judiciales
accionadas no se ajusta al alcance de las normas que regulan el mérito ejecutivo
de los documentos aportados con la demanda, razón por la cual se configura el
defecto sustantivo alegado por la parte actora.
Si bien corresponde al juez del proceso ejecutivo verificar que los documentos
presentados como fundamento del recaudo permitan establecer una obligación
clara, expresa y exigible, esa labor no lo habilita para imponer cargas
documentales adicionales no previstas en el ordenamiento. En el asunto bajo
examen, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare decidieron no seguir adelante con la
ejecución con fundamento en la falta de aportación del contrato de mutuo, pese a
que el IFC había allegado el pagaré n.º 4107272, la carta de instrucciones y demás
documentos relacionados con la obligación cuyo recaudo pretendía.
A juicio de la Sala, dicha exigencia obedeció a una interpretación indebida a los
artículos 99 y 297 del CPACA, pues ninguna de esas disposiciones autoriza
concluir que, cuando una entidad pública pretende ejecutar una obligación
incorporada en un título valor, deba aportar necesariamente el contrato en el que
conste el negocio jurídico que le dio origen.
En primer lugar, el numeral 3 del artículo 297 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone:
ARTÍCULO 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen
título ejecutivo:
(...)
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los
organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los
documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a
través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o
cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten
obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en
tales actuaciones.
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Por su parte, el artículo 99 ibídem establece:
ARTÍCULO 99. Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado.
Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste
una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:
(...)
5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.
De la lectura de ambas disposiciones se desprende que el legislador no restringió
el mérito ejecutivo exclusivamente a los contratos celebrados por las entidades
públicas. Por el contrario, reconoció expresamente que también prestan mérito
ejecutivo aquellos documentos provenientes del deudor en los que consten
obligaciones claras, expresas y exigibles, así como los documentos expedidos
con ocasión de la actividad contractual que incorporen ese tipo de obligaciones.
Precisamente, el pagaré en blanco diligenciado con su carta de instrucciones
constituye uno de esos documentos. En su condición de título valor, incorpora de
manera literal una obligación determinada de pagar una suma de dinero; dicha
obligación es expresa porque aparece consignada en el propio documento, clara
porque permite establecer su contenido sin acudir a elementos extraños a él, y
exigible cuando se encuentra vencido el plazo pactado para su pago. Además,
proviene del deudor, toda vez que es este quien lo suscribe y, mediante esa
manifestación de voluntad, se obliga cambiariamente frente al beneficiario del
título. En consecuencia, satisface las exigencias previstas en los artículos 99 y
297 del CPACA para servir de fundamento a una ejecución.
A su vez, cuando el título cuya ejecución se pretende tiene origen en una
actuación contractual de una entidad pública, el CPACA establece el trámite que
debe seguir el juez.
El artículo 299 dispone:
ARTÍCULO 299. De la ejecución en materia de contratos. Salvo lo establecido
en este código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la
ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos
celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas establecidas en el
Código General del Proceso para el proceso ejecutivo. El juez competente se
determinará de acuerdo con los factores de competencia territorial y de cuantía,
establecidos en este código.
En relación con el mandamiento de pago, regulado en el artículo 430 del Código
General del Proceso, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se
aplicarán las siguientes reglas:
Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo,
el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación
en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
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Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso
de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna
controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio
de dicho recurso. No obstante, los defectos formales del título ejecutivo podrán
reconocerse o declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que
ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.
Esta disposición remite, a su vez, al artículo 430 del Código General del Proceso,
cuyo tenor literal prevé:
Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de
documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al
demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o
en la que aquel considere legal.
Del conjunto normativo expuesto se sigue que cuando la demanda ejecutiva se
acompaña de un documento que, en principio, presta mérito ejecutivo,
corresponde al juez verificar si este incorpora una obligación clara, expresa y
exigible, sin imponer requisitos adicionales que el legislador no contempló. Así, el
análisis judicial debe recaer sobre el contenido y alcance del documento
presentado como título ejecutivo y no sobre la existencia de formalidades
documentales ajenas a las expresamente previstas en la ley.
Bajo ese entendimiento, la Sala advierte que las autoridades judiciales accionadas
debieron aplicar las anteriores disposiciones al asunto sometido a su
conocimiento. Esto, toda vez que el IFC acompañó la demanda ejecutiva con el
pagaré 4107272 y la carta de instrucciones suscrita por las deudoras, documentos
que conformaban el título ejecutivo presentado como fundamento de la ejecución.
Por consiguiente, el examen del juez debía dirigirse a establecer si ese título
satisfacía los requisitos legales para prestar mérito ejecutivo y, en consecuencia,
seguir adelante con la ejecución, sin supeditar dicho análisis a la aportación de un
contrato de mutuo cuya exigibilidad no se desprende de las normas anteriormente
citadas.
Incluso si se admitiera, en gracia de discusión, que la obligación incorporada en
el pagaré debía analizarse a la luz del negocio jurídico que le dio origen, la Sala
observa que tampoco resultaba jurídicamente procedente exigir, como condición
para efectuar dicho análisis, la aportación de un contrato escrito de mutuo.
En efecto, de acuerdo con el Decreto 107 de 1992, modificado por el Decreto 073
de 2002, el IFC fue creado como una empresa industrial y comercial del Estado
de carácter territorial, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio, cuya finalidad consiste en promover el desarrollo económico y
social de la región mediante la financiación de proyectos y el otorgamiento de
crédito. Así, en virtud de los artículos 85 de la Ley 489 de 1998 y 14 de la Ley
1150 de 2007, las actividades comerciales que desarrolla se encuentran
sometidas, por regla general, al régimen de derecho privado, en cuanto
corresponden al giro ordinario de sus negocios y se ejercen en un mercado en
competencia con otros operadores económicos.
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Lo anterior conduce a concluir que las operaciones de colocación de crédito
realizadas por el IFC no se encuentran sujetas a las solemnidades propias del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Por el contrario,
su régimen jurídico debe determinarse a partir de las normas civiles y comerciales
que gobiernan ese tipo de negocios jurídicos.
Bajo ese entendimiento, el contrato de mutuo se rige por los artículos 2221 y 2222
del Código Civil, disposiciones conforme a las cuales dicho negocio jurídico
consiste en la entrega de una cantidad de cosas fungibles con obligación de
restituir otras tantas del mismo género y calidad, y «no se perfecciona el contrato
de mutuo sino por la tradición». Es decir, se trata de un contrato cuyo
perfeccionamiento se produce con la entrega del dinero objeto del préstamo, sin
que la ley exija, para su existencia o validez, la suscripción de un documento
escrito.
Así las cosas, tampoco desde la perspectiva del régimen jurídico aplicable al
negocio causal resultaba acertada la conclusión de las autoridades judiciales
accionadas, consistente en afirmar que la inexistencia de un contrato escrito
impedía tener por acreditada la obligación cuya ejecución se pretendía. Tal
razonamiento trasladó indebidamente al caso una solemnidad que el
ordenamiento no prevé para las operaciones crediticias celebradas por el IFC en
desarrollo de su actividad comercial.
Con todo, la anterior consideración tiene carácter subsidiario. La razón
determinante por la cual se configura el defecto sustantivo radica en que las
normas que regulan el proceso ejecutivo no imponían al juez la carga de verificar
la existencia de un contrato escrito de mutuo como condición para examinar la
aptitud ejecutiva de los documentos aportados. Por ello, aun prescindiendo de
cualquier consideración sobre el negocio causal, correspondía al juez valorar el
pagaré, diligenciado conforme a la carta de instrucciones, y los demás
documentos pertinentes, a fin de establecer si contenían una obligación clara,
expresa y exigible.
La configuración del defecto sustantivo anteriormente analizado condujo, además,
a la materialización del defecto fáctico invocado por la parte accionante. La
interpretación errónea de las normas que regulan el mérito ejecutivo del título
aportado determinó que las autoridades judiciales accionadas no efectuaran un
examen integral del acervo probatorio relevante para establecer la procedencia de
la ejecución.
En efecto, al considerar que el IFC debía allegar un contrato escrito de mutuo para
completar el título ejecutivo, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial
de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare condicionaron el análisis del
pagaré y de la correspondiente carta de instrucciones como los documentos que
sustentaban la pretensión ejecutiva. En consecuencia, prescindieron de verificar si
tales instrumentos, apreciados de manera conjunta, reunían los requisitos para
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constituir un título ejecutivo y si contenían una obligación clara, expresa y exigible,
conforme a las normas de derecho privado que gobiernan la materia.
Así, el defecto fáctico no radica en la conclusión a la que eventualmente pudieran
arribar las autoridades judiciales luego de valorar dichos documentos, sino en
haber supeditado ese análisis a la aportación de un contrato escrito de mutuo. En
ese orden, el yerro consistió en excluir del examen judicial elementos probatorios
relevantes para resolver sobre la procedencia de la ejecución, sustituyendo dicha
valoración por la exigencia de un documento cuya incorporación al proceso no era
jurídicamente necesaria en los términos expuestos.
Finalmente, aunque la parte accionante hizo referencia al desconocimiento del
precedente de la Corte Constitucional, no desarrolló dicho cargo, por lo que no será
objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala.
Desde luego, no corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de si el pagaré n.º
4107272, diligenciado con fundamento en la carta de instrucciones, satisface o no,
en el caso concreto, todos los requisitos necesarios para prestar mérito ejecutivo y
seguir adelante con la ejecución. Esa valoración compete al juez natural del
proceso ejecutivo, en ejercicio de la autonomía e independencia que le son propias.
La intervención del juez constitucional se limita a constatar que las autoridades
accionadas omitieron efectuar ese examen al partir de una premisa jurídica
incompatible con el ordenamiento, circunstancia que incidió de manera
determinante en la decisión de abstenerse de dar continuidad al trámite ejecutivo.
En esas condiciones, la Sala accederá al amparo solicitado por el IFC, al encontrar
que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare incurrieron en un defecto sustantivo, al interpretar
indebidamente las normas que regulan el mérito ejecutivo de los documentos
aportados con la demanda, y, como consecuencia de ello, en un defecto fáctico, al
no efectuar una valoración integral del pagaré n.º 4107272, de la carta de
instrucciones y de los demás documentos relevantes para determinar la
procedencia de la ejecución.
En todo caso, esta decisión no implica que las autoridades judiciales accionadas
deban disponer que el título presta mérito ejecutivo y, por tanto, ordenarles seguir
adelante con la ejecución, pues ello supondría sustituir al juez natural en el ejercicio
de una competencia que le es propia. El alcance del amparo consiste en dejar sin
efectos las providencias cuestionadas para que se profiera una nueva decisión en
la que se valoren el pagaré, la carta de instrucciones y los demás documentos
pertinentes conforme al marco normativo aplicable, sin exigir la aportación de un
contrato escrito de mutuo como presupuesto para decidir sobre la procedencia de
la ejecución.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud elevada por la parte accionante referida a proferir
una decisión con efectos inter comunis.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare, IFC. En
consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 25 de septiembre de 2025,
proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, así
como la sentencia de 18 de febrero de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo
de Casanare, dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado 85001-33-
33-004-2025-00043-00/02.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una nueva decisión dentro del proceso ejecutivo identificado
con el radicado 85001-33-33-004-2025-00043-00/02, en la que observe los
lineamientos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a la
notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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