Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00346-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00346-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00346-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00346-00
Accionante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Casanare
y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 26 de enero de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El Instituto Financiero de Casanare (en adelante IFC), a través del
gerente3, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare
y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal. Con la solicitud
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionados al
Tribunal Administrativo de Casanare y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal. Asimismo, se dispuso la vinculación de Dilan Andrés Guerrero García y Néstor Josué
Forero García (su notificación se surtió por aviso – índice 30, Samai), y a la Gobernación de
Casanare y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, se negó la medida
provisional y la solicitud relativa a que se remitiera el asunto a la Sala Plena del Consejo de
Estado.
3
De conformidad con el acta de posesión 49 del primero de marzo de 2024 y el Decreto 60 de
2024 de la Gobernación de Casanare –documentos anexos al escrito de tutela– el señor Oscar
Javier Araque Garzón, quien acude en representación del Instituto Financiero de Casanare,
ostenta la calidad de gerente de dicha entidad. Según el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, el
gerente es el representante legal de la empresas industriales y comerciales del Estado, entre las
que se encuentra la entidad accionante.
1
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Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
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de amparo pretende que se le protejan los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
2. Le atribuyó la transgresión de sus garantías constitucionales a las
providencias del 12 de marzo de 2025 y el 31 de julio del mismo año, proferidas
al interior del proceso ejecutivo de radicado 85001-33-33-005-2025-00021-00/1.
En la primera de las decisiones mencionadas se decidió no seguir adelante con
la ejecución y la segunda confirmó la anterior determinación.
3. En concreto, la parte tutelante solicitó lo siguiente:
(…)
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 12 de
Marzo de 2025 emitido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desato la apelación, proferida por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 31 de Julio de 2025,
dentro del medio de control 85001-33-33-005 2025-00021-00, por encontrarse
tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al restarle merito
ejecutivo al pagare 8000723 y exceso ritual manifiesto al exigir adosar al
expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena a
este tipo de contratos de régimen civil, y tener por no aportado el original del
pagare, pese a que a la luz del artículo 6 de la ley 2213 de 2022 “Las demandas
se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos,”;
así como por defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el
desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar
injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el impostergable término de 48
horas, contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, se proceda a rehacer
las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el JUZGADO
QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, libre mandamiento de
pago a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE en contra de los
demandados DILAN ANDRÉS GUERRERO GARCÍA Y NÉSTOR JOSUÉ
FORERO GARCÍA, decrete y efectivice las medidas cautelares, dentro del proceso
ejecutivo 85001-33-33-005-2025 00021-00, adelante el proceso hasta su
finalización, y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de
procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis12 o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO FINANCIERO
DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagare como título ejecutivo
autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se presente
análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de
incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.
(…)4.
1.2. Hechos
4. El IFC presentó demanda ejecutiva contra Dilan Andrés Guerrero García
4
Sic a toda la cita.
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y Néstor Josué Forero García con el fin de que se librara mandamiento de pago
por $2.560.000, más los intereses corrientes causados del 19 de noviembre de
2015 al 19 de noviembre de 2016 y los respectivos moratorios, representados en
el pagaré 800723 del 31 de diciembre de 20135.
5. Mediante auto del 12 de marzo de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito Judicial de Yopal se abstuvo de librar mandamiento de pago por
indebida constitución del título ejecutivo, toda vez que no se aportó el contrato de
mutuo del que deriva la obligación del pagaré y la carta de instrucciones que se
pretendía cobrar.
6. Al respecto, explicó que el título a ejecutar era complejo porque la
obligación que conllevó la firma del pagaré consta en el contrato de mutuo que
se mencionó en la demanda. Aclaró que, pese a que el IFC como empresa
industrial y comercial del Estado puede celebrar contratos previstos en el derecho
privado, como el de mutuo, debe ser solemne y constar por escrito de
conformidad con los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993.
7. Contra la anterior decisión el IFC presentó los recursos de reposición y de
apelación, en los que indicó que, de acuerdo con el artículo 2222 del Código Civil
el contrato de mutuo se perfecciona con la tradición, que para el caso se concretó
con la entrega del dinero.
8. El a quo decidió no reponer su decisión por medio de auto del 21 de mayo
de 2025 y el Tribunal Administrativo de Casanare resolvió la alzada en
providencia del 31 de julio siguiente.
9. El ad quem expuso que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala que son
contratos estatales los celebrados por entidades públicas, aun cuando estén
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales.
10. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 39 ibidem el contrato de mutuo
del que devino el pagaré debe constar por escrito. Además, el artículo 75 de la
misma norma dispone que para librar mandamiento de pago se requiere que el
título ejecutivo esté integrado por el pagaré y el contrato de mutuo, documento
donde el IFC expresó su consentimiento.
11. Concluyó que no se conformó en debida forma el título ejecutivo complejo
requerido para librar mandamiento de pago, porque era necesario «demostrar la
causa subyacente del origen público de los recursos» a través del contrato de
mutuo por ser la fuente de la obligación.
5
El proceso fue inicialmente conocido por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, el cual
remitió el asunto a la jurisdicción contenciosa administrativa mediante auto del 12 de noviembre
de 2024, con fundamento en el artículo 104.6 de la Ley 1437 de 2011 porque una de las partes
del contrato a ejecutar corresponde a una entidad pública.
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1.3. Sustento de la vulneración
12. El IFC afirmó que las providencias cuestionadas incurrieron en violación
directa de la Constitución Política por interpretación arbitraria de los artículos
29 y 228.
13. Con relación a ello, puso de presente que «en situación jurídica similar»
—Autos A2014 de 2024 y A1455 de 2025 de la Corte Constitucional— se
determinó que los contratos de mutuo no deben constar por escrito, de acuerdo
con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil y que basta con la entrega de la
cosa dada en préstamo para el perfeccionamiento del negocio jurídico. Asimismo,
se aclaró que «la obligación perseguida en el marco del proceso ejecutivo está
contenida en un pagaré, que presta mérito ejecutivo conforme al numeral 3 del
artículo 297 del CPACA».
14. Refirió que las autoridades judiciales tuteladas toman los referidos autos
para avocar conocimiento del asunto, pero «ignora[n] la premisa de la ratio del
auto», con lo cual se vulneran los principios de seguridad jurídica y confianza
legítima.
15. Expuso que se le estaba privando del acceso efectivo a la administración
de justicia porque «durante más de dos décadas» otorgó créditos sin suscribir
contrato de mutuo por escrito, toda vez que este se rige por el derecho privado,
pero con el cambio de jurisdicción y la asignación de los procesos ejecutivos a la
jurisdicción contenciosa administrativa fue sorprendido con la «aplicación
retrospectiva» de una nueva tesis, en la que se le exige la consignación del
acuerdo de voluntades por escrito.
16. Indicó que uno de los magistrados que participaron en la decisión de
segunda instancia salvó el voto, oportunidad en la que realizó un análisis
profundo de las características del título ejecutivo.
17. También manifestó que se configuró un defecto fáctico, en la medida en
que el pagaré 8000723 y la carta de instrucciones conforman el título ejecutivo
simple que contiene la obligación clara, expresa y exigible que cobra.
18. Discutió que lo atinente al régimen y contratos del IFC es regulado por el
artículo 93 de la Ley 489 de 1998, teniendo en cuenta que el otorgamiento de
créditos corresponde a una actividad propia o al giro ordinario de sus negocios.
19. Puso de presente que el 15 de mayo de 2018 la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado refirió que a los contratos celebrados por
empresas industriales y comerciales del Estado les aplica el derecho privado, y
«únicamente deben aplicarse las disposiciones del derecho público cuando así
lo señale de manera expresa la misma Ley o una disposición constitucional».
20. En ese sentido, insistió en que a sus contratos de mutuo le aplican las
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normas del derecho privado, que de conformidad con el artículo 2221 del Código
Civil no deben constar obligatoriamente por escrito ya que basta con la entrega
de la cosa fungible para su perfeccionamiento.
21. Agregó que se concretaron los defectos sustantivo y procedimental por
exceso ritual manifiesto porque el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)
no contiene la obligación de aportar el contrato por escrito, sino que alude que
«cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual» presta mérito
ejecutivo, por lo que no es dable exigir documentos adicionales al pagaré y la
carta de instrucciones.
1.4. Intervenciones
22. El Tribunal Administrativo de Casanare indicó que no ha vulnerado los
derechos fundamentales de la parte actora y no se configuran los defectos
invocados, toda vez que la providencia se sustentó en la naturaleza jurídica del
IFC y las normas aplicables. Adicionalmente, relacionó la acción de tutela
proferida el 27 de noviembre de 2025 por el Consejo de Estado6 en la que se
declaró la improcedencia en un caso con similares supuestos fácticos y jurídicos.
23. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal
expuso que el IFC ha presentado distintas solicitudes de amparo en el mismo
sentido, con lo que contribuye a la congestión judicial y en las que pretende
convertir el mecanismo en una tercera instancia, por lo que corresponde declarar
la improcedencia o negar las pretensiones.
24. El departamento de Casanare se opuso a las pretensiones de la
demanda porque en estas se cuestionan las providencias judiciales del proceso
ejecutivo mencionado, en las que no se advierte violación ius fundamental.
Precisó que debe respetarse la autonomía judicial y que no hay amenaza o
configuración de perjuicio irremediable. Finalmente, solicitó ser desvinculado por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
II. CONSIDERACIONES
25. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se
supera el referido requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.
6
Exp. 11001-03-15-000-2025-06405-00, M.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro.
5
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2.1. Caso concreto
2.2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
26. El Consejo de Estado7 y la Corte Constitucional8, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales9 y a la configuración de algún
defecto especial10 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
27. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
28. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
29. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
30. La Sala advierte que el IFC está legitimado en la causa por activa, por ser
quien promovió el proceso ejecutivo cuyas decisiones de instancia se cuestionan
por esta vía11.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
9
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
10
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
11
Sin embargo, el estudio de los cargos de la tutela se realizará respecto de la providencia de
segunda instancia por ser la que le puso fin al proceso.
6
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31. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Casanare
y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal se encuentran
legitimados en la causa por pasiva al ser las autoridades judiciales que profirieron
las decisiones controvertidas. Sin embargo, la Sala se limitará al estudio de la
providencia dictada por el tribunal accionado, en tanto fue la que puso fin al
proceso ejecutivo.
32. De otro lado, el departamento de Casanare solicitó ser desvinculado del
proceso en atención a que carece de legitimación en la causa por pasiva. No
obstante, la Sala negará esa petición con fundamento en que su vinculación fue
realizada en calidad de tercero por el interés que le puede asistir en caso de que
se adopte alguna determinación relacionada con la providencia judicial dictada
en el proceso de ejecutivo, dada la naturaleza jurídica del IFC.
33. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
34. En el sub judice, debe recordarse que la parte tutelante centró la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales en que, la decisión censurada
incurrió en violación directa de la Constitución, lo cual fundó en los autos
A2014 de 2024 y A1455 de 2025 de la Corte Constitucional en los que alude que
se estableció la presunta imposibilidad de solicitar el contrato de mutuo por
escrito para librar mandamiento de pago en procesos ejecutivos, de conformidad
con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil; fáctico por indebida valoración
del pagaré y la carta de instrucciones de los que desprende la obligación clara,
expresa y exigible que pide ejecutar; y en sustantivo y procedimental absoluto
porque de acuerdo con el artículo 297 del CPACA «cualquier acto proferido con
ocasión de la actividad contractual» presta mérito ejecutivo.
35. Así las cosas, la inconformidad de la parte actora se centra en su
desacuerdo con que el tribunal y el juzgado demandados hayan considerado que
el título a ejecutar es complejo y no simple, y le hayan pedido el contrato de mutuo
por escrito para ejecutar el pagaré 800723 del 31 de diciembre de 2013 y la carta
de instrucciones.
36. Sobre el particular, el tribunal explicó que los contratos que celebre el IFC
son estatales en atención a su naturaleza jurídica, por lo que se rigen por el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 aun cuando estén previstos en el derecho
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privado o en disposiciones especiales. En ese sentido, expuso que, de
conformidad con el artículo 39 del mismo compendio normativo era necesario
aportar el contrato de mutuo, por ser la fuente de la obligación que se pide pagar.
37. Cabe destacar que los autos A2014 de 2024 y A1455 de 2025 de la Corte
Constitucional de la Corte Constitucional se profirieron en el marco del conflicto
de jurisdicciones civil y contenciosa-administrativa para conocer de los procesos
ejecutivos promovidos por el IFC, sin que se haya explicado por la parte
accionante con carga argumentativa suficiente por qué considera desconocidos
tales pronunciamientos, máxime si se considera que fue esta jurisdicción la que
avocó conocimiento del proceso ejecutivo como lo determinó el alto tribunal
constitucional.
38. En ese sentido, el debate constitucional que propone el accionante, a partir
de los defectos alegados, carece de relevancia constitucional en la medida en
que sus argumentos recaen en su inconformidad frente a lo decidido por el
operador judicial sin que explique de qué forma resultaron vulnerados sus
derechos fundamentales o proponga un estudio con enfoque constitucional, más
allá de querer reabrir la discusión jurídica para que se determine que el pagaré
por sí solo es un título ejecutivo simple y que, en consecuencia, se libre
mandamiento de pago.
39. Nótese que el estudio que propone ante el juez de tutela es en el mismo
sentido que el resuelto en sede del proceso ejecutivo, de tal forma que pretende
utilizar este mecanismo como una instancia adicional en la que se realice un
nuevo estudio sobre los requisitos del título ejecutivo.
40. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia12.
41. Por esto, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, al
no encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
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III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por la parte actora.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación del departamento de
Casanare.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
9
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