Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04171-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04171-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04171-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
13 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04171-00
Demandante: Johnnys de Jesús García Romero y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04171-00
Demandante: Johnnys de Jesús García Romero y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y
otros
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedencia. Inmediatez. Relevancia constitucional
Sentencia primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, por medio de apoderado, por los
señores Johnnys de Jesús García Romero, Liseth Paola García Galindo, Michellys
Estefany García Rodríguez, Nini Johanna Galindo Guzmán, María Romero Torres,
José de los Santos García Gaviria, Rafael Manuel García Gaviria, Luz María García
Gaviria, Silvia Patricia García Gaviria, Javier Esteban García Gaviria, Yilena García
Gaviria, Libis María García Gaviria, José Ángel García Gaviria, Yesmin Elena García
Gaviria y Aníbal Enrique Terán Romero contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección
B y el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla de conformidad con lo
establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 1.º de junio de 2026, los accionantes, mediante apoderado, interpusieron acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B y el Juzgado Segundo
Administrativo Oral de Barranquilla, por considerar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia,
igualdad, libertad personal, presunción de inocencia, dignidad humana, reparación
integral, tutela judicial efectiva y protección judicial convencional. En consecuencia,
formularon las siguientes pretensiones:
« PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales de JOHNNYS DE JESÚS GARCÍA
ROMERO y de su núcleo familiar al debido proceso, acceso efectivo a la administración de
justicia, igualdad, libertad personal, presunción de inocencia, dignidad humana, reparación
integral, tutela judicial efectiva y protección judicial convencional.
SEGUNDA. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2025 por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, dentro del proceso radicado 11001-
03-26-000-2024-00125-00 (71831).
TERCERA. Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Consejo de Estado que profiera
una nueva decisión en la que analice el caso con enfoque constitucional y convencional,
valorando de manera integral: i) la privación intramural prolongada; ii) la absolución penal;
iii) la imposibilidad estatal de destruir la presunción de inocencia; iv) las contradicciones
probatorias del proceso penal; v) el daño antijurídico sufrido; y vi) el derecho a una
reparación efectiva.
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Demandante: Johnnys de Jesús García Romero y otros
CUARTA. Subsidiariamente, dejar sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo del
Atlántico de fecha 4 de agosto de 2023, radicado 08001-33-33-002-2016-00283-02, y
ordenar la emisión de una nueva providencia respetuosa de los derechos fundamentales
invocados.
QUINTA. Subsidiariamente, dejar sin efectos la sentencia del Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla de fecha 10 de junio de 2022, radicado
08001-33-33-002-2016-00283-00, para que se dicte nueva sentencia con enfoque
constitucional y convencional.
SEXTA. Ordenar que la nueva decisión valore expresamente el bloque de
constitucionalidad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la presunción de
inocencia, la libertad personal, la dignidad humana y el derecho a la protección judicial
efectiva.
SÉPTIMA. Ordenar la vinculación de la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y el Ministerio Público.
OCTAVA. Adoptar las demás órdenes que el juez constitucional considere necesarias para
garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados.»
2. Hechos:
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Johnnys de Jesús García Romero fue vinculado al proceso penal identificado
con el radicado No. 08001-60-01055-2009-00603, por la presunta comisión de los
delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico o porte
de armas de fuego.
Dentro del referido proceso penal, le fue impuesta la medida de aseguramiento de
detención preventiva en establecimiento de reclusión, la cual permaneció vigente
desde el 23 de enero de 2010 hasta el 8 de octubre de 2012, período durante el cual
permaneció privado de la libertad en establecimiento carcelario por un término
aproximado de dos (2) años, ocho (8) meses y dieciséis (16) días.
Mediante sentencia del 7 de junio de 2013, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Barranquilla absolvió al señor García Romero de los
cargos formulados en su contra, al considerar que los elementos probatorios allegados
al proceso no resultaban suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.
La anterior decisión fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, mediante providencia que adquirió ejecutoria el 28 de julio de
2014. En las decisiones penales se indicó que la absolución obedeció a la insuficiencia
de los elementos de convicción para acreditar la responsabilidad penal del procesado
más allá de toda duda razonable.
En el trámite del proceso penal, uno de los principales elementos de cargo estuvo
constituido por la declaración del testigo Cristian Rafael Robles López.
El juez de conocimiento consideró que el referido testimonio presentaba
inconsistencias respecto de los hechos investigados y advirtió que el testigo no afirmó
haber observado directamente la presencia de quien era conocido con el alias de
“Cucaracho” en el lugar de los hechos, sino que expuso dicha circunstancia como una
posibilidad.
Al resolver el recurso de apelación, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla concluyó que las inconsistencias advertidas en el mencionado
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testimonio impedían desvirtuar la presunción de inocencia, razón por la cual confirmó
la sentencia absolutoria con fundamento en el principio in dubio pro reo.
Con ocasión de la privación de la libertad y de la posterior absolución, el señor García
Romero promovió, junto con los integrantes de su núcleo familiar, medio de control de
reparación directa contra la Nación, Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial,
con el propósito de obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado
por los perjuicios derivados de la privación de la libertad.
Mediante sentencia del 10 de junio de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito de Barranquilla negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de dicha decisión, el juzgado consideró que la medida de
aseguramiento había sido impuesta con observancia de los presupuestos legales
vigentes y que la posterior absolución no generaba, por sí sola, responsabilidad
patrimonial del Estado.
Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación.
Mediante sentencia del 4 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo del Atlántico
confirmó íntegramente la decisión de primera instancia, al considerar que la medida
de aseguramiento se ajustó a las disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables
al momento de su imposición.
Inconforme con dicha decisión, la parte demandante promovió recurso extraordinario
de revisión ante el Consejo de Estado, con fundamento en la causal prevista en el
numeral 8º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que la sentencia
sea contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las mismas partes. Para
sustentar el recurso, sostuvo que las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo
Administrativo de Barranquilla y confirmada por el Tribunal Administrativo del Atlántico
desconocieron el precedente jurisprudencial aplicable en materia de privación injusta
de la libertad, particularmente la sentencia del Consejo de Estado de 17 de octubre de
2013, expediente 23.354, y la sentencia SU-222 de 2016, por lo que solicitó la
revocatoria de las decisiones que negaron las pretensiones de la demanda.
En sentencia del 9 de diciembre de 2025, proferida dentro del expediente con
radicación No. 11001-03-26-000-2024-00125-00 (71831), la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión, al considerar que no se acreditaron los elementos de la triple identidad
exigidos por la causal 8.ª del artículo 250 del CPACA y que el desconocimiento del
precedente no configura ninguna de las causales de revisión previstas por el legislador.
3. Argumentos de la tutela
El demandante expuso que las autoridades judiciales accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados con ocasión de las sentencias del 4 de agosto de
2023 y del 9 de diciembre de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos
sustantivo y fáctico, desconocimiento del precedente judicial y defecto procedimental.
Frente al defecto sustantivo, manifestó que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, resolvió el caso a partir de una interpretación excesivamente restrictiva
del régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Sostuvo
que dichas autoridades limitaron su análisis a verificar que la medida de aseguramiento
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había sido impuesta conforme a los requisitos legales vigentes para la época, sin
considerar las circunstancias particulares del caso. En ese sentido, señaló que el señor
Johnnys de Jesús García Romero permaneció privado de la libertad en
establecimiento de reclusión durante más de dos años y ocho meses y que, al culminar
el proceso penal, fue absuelto debido a que la Fiscalía no logró acreditar su
responsabilidad más allá de toda duda razonable. Añadió que las decisiones
adoptadas por la jurisdicción penal pusieron de presente las inconsistencias de la
prueba de cargo y concluyeron que la presunción de inocencia no había sido
desvirtuada.
Asimismo, indicó que las autoridades judiciales demandadas omitieron valorar tales
circunstancias a la luz del marco constitucional que rige la responsabilidad patrimonial
del Estado, al considerar que la legalidad de la medida de aseguramiento era suficiente
para excluir cualquier deber de reparación. En su criterio, correspondía determinar si,
de conformidad con los artículos 1, 2, 13, 28, 29, 90, 93 y 229 de la Constitución
Política, así como con los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, una persona que permaneció privada de la libertad durante un
período prolongado y que posteriormente fue absuelta debía asumir las consecuencias
de esa afectación sin recibir reparación alguna. Con fundamento en ello, sostuvo que
las providencias cuestionadas desconocieron el alcance de los derechos
fundamentales a la libertad personal, la presunción de inocencia, el acceso a la
administración de justicia y la reparación integral, configurándose el defecto sustantivo
alegado.
Respecto del defecto fáctico, el actor afirmó que la providencia cuestionada incurrió
en una indebida valoración del material probatorio obrante en el proceso penal, al no
otorgar la relevancia que correspondía a las pruebas que condujeron a la absolución
del señor Johnnys de Jesús García Romero. Señaló que las autoridades judiciales
demandadas no tuvieron en cuenta que la declaración del principal testigo de cargo,
Cristian Rafael Robles López, presentaba inconsistencias y contradicciones que
impedían atribuirle el grado de convicción necesario para desvirtuar la presunción de
inocencia. Indicó, además, que la jurisdicción penal concluyó que dicho testimonio no
acreditaba de manera suficiente la participación del procesado en los hechos
investigados, razón por la cual confirmó la sentencia absolutoria con fundamento en el
principio in dubio pro reo.
Sostuvo igualmente que el defecto fáctico no se fundamenta en la pretensión de
obtener una nueva valoración de las pruebas, sino en que las autoridades accionadas
omitieron apreciar la trascendencia constitucional de los elementos probatorios que
sustentaron la absolución. En su criterio, las providencias demandadas privilegiaron la
legalidad inicial de la medida de aseguramiento y dejaron de valorar el alcance de la
decisión penal absolutoria, así como la prolongada privación de la libertad soportada
por el accionante. Por ello, consideró que la valoración incompleta del acervo
probatorio condujo a negar la reparación solicitada, pese a que el proceso penal
concluyó sin que se desvirtuara la presunción de inocencia del señor Johnnys de Jesús
García Romero.
Frente al desconocimiento del precedente, la parte accionante sostuvo que las
providencias que negaron la reparación directa desconocieron el alcance que la
jurisprudencia constitucional ha reconocido a los derechos a la libertad personal, la
presunción de inocencia y la reparación integral. Señaló que, si bien la absolución no
genera automáticamente la responsabilidad patrimonial del Estado, ello no exime al
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juez de analizar las circunstancias particulares del caso para determinar si el afectado
estaba jurídicamente obligado a soportar el daño derivado de la privación de la libertad.
En ese sentido, afirmó que las autoridades judiciales limitaron su análisis a la legalidad
inicial de la medida de aseguramiento, sin examinar si, a la luz de la Constitución y del
bloque de constitucionalidad, resultaba constitucionalmente admisible negar la
reparación a una persona que permaneció privada de la libertad durante un período
prolongado y que posteriormente fue absuelta al no demostrarse su responsabilidad
penal.
Finalmente, en cuanto al defecto procedimental, advirtió que la sentencia del
Consejo de Estado redujo el recurso extraordinario de revisión a una lectura
estrictamente formal de la causal invocada, sin atender la dimensión constitucional del
caso. Precisó que no desconoce que dicho recurso tiene causales taxativas, pero
sostuvo que, cuando el asunto involucra una grave afectación de la libertad personal
y el cierre definitivo de toda posibilidad de reparación, el juez constitucional debe
valorar si el formalismo procesal sacrificó derechos fundamentales.
4. Trámite previo
En auto del 5 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la parte demandante, al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección
B y al Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla en condición de
demandados y a la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y a la
señora Yira Elena García Gaviria en calidad de terceros con interés, a quienes remitió
copia de la demanda.
4. Oposiciones
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumplía el requisito de
relevancia constitucional. Sostuvo que la parte accionante pretendía reabrir una
controversia que ya había sido resuelta por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo dentro del proceso de reparación directa, con el propósito de cuestionar
la valoración probatoria y las conclusiones jurídicas adoptadas por el juez natural. En
ese sentido, señaló que la acción de tutela no puede ser utilizada como una instancia
adicional para controvertir decisiones judiciales ejecutoriadas.
De igual manera, manifestó que en la providencia del 9 de diciembre de 2025 no se
configuró ninguno de los defectos invocados por la parte accionante. Indicó que la
decisión resolvió el recurso extraordinario de revisión dentro de los límites fijados por
la ley y concluyó que no se reunían los presupuestos para su prosperidad. En
consecuencia, sostuvo que la sentencia se encontraba debidamente motivada, fue
proferida con observancia del ordenamiento jurídico y no vulneró los derechos
fundamentales cuya protección se solicita mediante la presente acción de tutela.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, guardó silencio y envió el expediente con
el radicado 11001-03-15-000-2026-04171-00.
El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla, guardó silencio.
5. Intervención de los terceros con interés
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La Fiscalía General de la Nación, pidió que se declarara improcedente la acción de
tutela y, en todo caso, que se reconociera la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de esa entidad. Sostuvo que las providencias cuestionadas fueron proferidas
por el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, razón por la cual la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados no podía atribuirse a
actuaciones de la Fiscalía. En ese sentido, indicó que no existía un vínculo entre la
conducta de la entidad y los hechos que dieron origen a la presente acción
constitucional.
Adicionalmente, manifestó que la solicitud de amparo no reunía los requisitos
excepcionales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Señaló que
la parte accionante no acreditó las causales específicas de procedibilidad ni planteó
un asunto de relevancia constitucional, sino que pretendía reabrir un debate que ya
había sido resuelto por la jurisdicción de lo contencioso administrativo dentro del
proceso de reparación directa. Por lo anterior, solicitó que la acción fuera declarada
improcedente y que la Fiscalía General de la Nación fuera desvinculada del trámite.
La señora Yira Elena García Gaviria guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema Jurídico
Los accionantes invocan los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
efectivo a la administración de justicia, igualdad, libertad personal, presunción de
inocencia, dignidad humana, reparación integral, tutela judicial efectiva y protección
judicial convencional que consideran vulnerados con las sentencias proferidas el 10
de junio de 2022 por el Juzgado Segundo Administrativo de Barranquilla, el 4 de agosto
de 2023 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B,
y el 9 de diciembre de 2025 por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado, dentro del recurso extraordinario de revisión con radicado No. 11001-03-26-
000-2024-00125-00.
De modo que el análisis se centrará en la sentencia de segunda instancia del proceso
ordinario, proferida el 4 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral, Sección B, que finalizó el proceso de reparación directa; y en
la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2025 por la Sección Tercera, Subsección
C del Consejo de Estado, dado que fue esta la providencia que resolvió el recurso
extraordinario de revisión con radicado No. 11001-03-26-000-2024-00125-00.
Dicha distinción resulta relevante porque los defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente judicial se dirigen contra la sentencia del 4 de agosto
de 2023, que decidió el fondo del proceso de reparación directa, mientras que el
defecto procedimental se formula contra la sentencia del 9 de diciembre de 2025, que
resolvió el recurso extraordinario de revisión.
La Sala anticipa que, en el presente caso, la acción de tutela no cumple el requisito
general de inmediatez respecto de la providencia proferida el 4 de agosto de 2023 por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B. Asimismo,
declarará la falta de relevancia constitucional respecto de la sentencia del 9 de
diciembre de 2025, por cuanto el tutelante no argumentó de manera suficiente y
razonable el defecto procedimental que le atribuye.
Para llegar a esa conclusión, la Sala abordará los siguientes temas: (i) la solicitud de
falta de legitimación en la causa por pasiva; (ii) la inmediatez como requisito general
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; (iii) el análisis
de la inmediatez en el caso concreto; (iv) la relevancia constitucional como requisito
general de procedibilidad; y (v) el análisis de la relevancia constitucional en el caso
concreto.
(i) Falta de legitimación en la causa por pasiva
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y,
(vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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En relación con la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por la Fiscalía General de la Nación, se precisa que dicha entidad fue
vinculada al presente trámite constitucional en calidad de tercero con interés, toda vez
que fue demandada dentro del proceso de reparación directa en el que se profirieron
las sentencias objeto de la presente acción de tutela, lo que justifica su vinculación.
Por lo tanto, se negará la solicitud.
(ii) Inmediatez
La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con
el fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.
La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de
la acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente
en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente,
la exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera
que el interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.
Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha
señalado que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración
o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de
la demanda4, en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa
judicial no solo tiene que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la
seguridad jurídica y a los derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.
Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos
previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas,
el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad»5.
(iii) De la inmediatez en el caso concreto
En el escrito de tutela, la inconformidad planteada por el actor está dirigida contra las
sentencias de 4 de agosto de 2023 y del 9 de diciembre de 2025, proferidas dentro de
los procesos con radicados 08001-33-33-002-2016-00283-00/01 (reparación directa)
y 11001-03-26-000-2024-00125-00 (Recurso Extraordinario de Revisión).
La Sala observa que en esta oportunidad no resulta satisfecho el requisito general de
procedencia de la inmediatez, respecto de la sentencia del 4 de agosto de 2023 por
las razones que se expondrán a continuación.
En el presente asunto, la providencia cuestionada dentro del proceso de reparación
directa fue dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral,
Sección B, el 4 de agosto de 2023, providencia notificada el 13 de septiembre de 2023.
4
Sentencia T- 123 de 2007.
5
Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina Productos
Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Johnnys de Jesús García Romero y otros
Por su parte, la acción de tutela fue presentada el 1.º de junio de 2026. En
consecuencia, entre la notificación de la sentencia de segunda instancia y la radicación
de la solicitud de amparo transcurrieron dos (2) años, ocho (8) meses y diecinueve
(19) días.
Ese lapso supera de manera considerable el término de seis (6) meses que la
jurisprudencia constitucional ha considerado, por regla general, como un parámetro
razonable para acreditar el requisito de inmediatez en las acciones de tutela dirigidas
contra providencias judiciales.
Además, la parte accionante no expuso ninguna circunstancia que justificara la
tardanza en acudir al amparo ni acreditó una afectación actual y continuada de sus
derechos que permitiera flexibilizar la exigencia.
En consecuencia, la acción de tutela resulta improcedente, por incumplimiento del
requisito de inmediatez, frente a la sentencia del 4 de agosto de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B.
(iv) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes de la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20146, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 7.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, debe tener relación con la ratio
6
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Ibidem.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04171-00
Demandante: Johnnys de Jesús García Romero y otros
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(v) De la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
En la presente acción de tutela, el accionante cuestiona la sentencia del 9 de diciembre
de 2025, que resolvió el recurso extraordinario de revisión, por haber incurrido en un
presunto defecto procedimental, al haber reducido el análisis de la decisión a una
lectura formal de la causal invocada, sin atender la dimensión constitucional del caso.
Para empezar, la Sala encuentra que el accionante, en el recurso extraordinario de
revisión, indicó que la decisión dictada en el proceso de reparación directa incurrió en
el supuesto previsto en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, pues desconoció lo
resuelto en la decisión proferida el 17 de octubre de 2013 por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, dentro del expediente 23354, y la sentencia SU-222 de 2016 de la
Corte Constitucional.
Ahora bien, el 9 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, profirió sentencia en la que declaró infundado el recurso extraordinario
de revisión. En lo que interesa, consideró:
« 5.3. Descendiendo al caso concreto, se encuentra acreditado que, con ocasión de su
privación de la libertad, Johnnys de Jesús García Romero y su núcleo familiar ejercieron el
medio de control de reparación directa para que el Estado fuera declarado responsable y
condenado al pago de los perjuicios reclamados. En el curso del trámite, el Juzgado 2°
Administrativo del Circuito de Barranquilla negó las pretensiones de la demanda y, al
resolver el recurso de apelación interpuesto por los actores, el Tribunal Administrativo del
Atlántico confirmó la decisión apelada (hechos probados 4.4. a 4.7.).
De manera que el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo dictado el 4
de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, efectivamente, se dirige
contra la decisión que pone fin al proceso de reparación directa y respecto de la cual no
procede el recurso de apelación. En consecuencia, de conformidad con la demanda de
revisión extraordinaria, resta determinar si se configura la causal 8ª de revisión por ser la
decisión recurrida contraria a la proferida el 17 de octubre de 2013 por la Sección Tercera
del Consejo de Estado (expediente 23354) y a la Sentencia SU-222 de 2016 de la Corte
Constitucional.
5.3.1. Como se indicó en precedencia, el primer requisito para el estudio de fondo de la
causal consiste en que la excepción de cosa juzgada no haya sido propuesta en el proceso
primigenio. En el presente caso, dicho presupuesto se encuentra satisfecho, pues en el
curso de la controversia no se formuló tal medio exceptivo.
(…)
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04171-00
Demandante: Johnnys de Jesús García Romero y otros
Sin embargo, antes de abordar el estudio de la causal invocada, conviene advertir que el
recurso extraordinario no describió ni desarrolló adecuadamente los elementos que
estructuran la denominada triple identidad entre la sentencia recurrida y las decisiones que
se alegan como desconocidas. A ello se suma que los expedientes en los que fueron
dictadas estas últimas no fueron solicitados como prueba, razón por la cual no obran en
este proceso.
(…)
De modo que, una vez examinadas las tres decisiones puestas bajo estudio en esta
instancia extraordinaria, se observa que:
(i) No existe identidad de partes, toda vez que: (a) en el expediente 23354 actuó como
demandante Luis Carlos Orozco Osorio; (b) en el proceso de tutela lo hizo Doris
Cecilia Pimiento Remolina; y (c) en el medio de control en el que fue proferida la
sentencia recurrida compareció Johnnys de Jesús García Romero junto con su
núcleo familiar;
(ii) No se configura la identidad de causa, por cuanto las razones fácticas y jurídicas
que motivaron la activación del aparato jurisdiccional difieren sustancialmente. En
particular: (a) la acción de reparación directa identificada con número interno 23354
fue promovida por la privación de la libertad de Luis Carlos Orozco Osorio; (b) la
solicitud de amparo constitucional se presentó con ocasión de la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales de Doris Cecilia Pimiento Remolina; y
(c) el medio de control de reparación directa radicado bajo el núm. 2016-00283-00
tuvo origen en la privación de la libertad de Johnnys de Jesús García Romero; y
(iii). Tampoco se acredita la identidad de objeto, dado que las pretensiones formuladas
por los actores no coinciden. En efecto: (a) en la acción de reparación directa núm.
23354 se solicitó la declaración de responsabilidad de la Nación – Fiscalía General
de la Nación por la privación injusta de la libertad de Luis Carlos Orozco Osorio;
(b) en el escrito de tutela se pidió el amparo de los derechos fundamentales
invocados y que se dejara sin efectos la sentencia proferida el 28 de enero de 2015
por el Consejo de Estado; y (c) en la demanda de reparación directa presentada
por Johnnys de Jesús García Romero y su familia se requirió la declaración de
responsabilidad de la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por
la privación injusta de la libertad de García Romero.
Adicionalmente, no está de más precisar que la Sentencia SU-222 de 2016 fue proferida
por un órgano de la Jurisdicción Constitucional, en el marco de una acción de tutela,
mientras que el fallo recurrido fue dictado por un tribunal de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo al resolver una demanda de reparación directa. En ese sentido,
resulta evidente que ambos procesos presentan diferencias significativas en cuanto a su
naturaleza, objeto y finalidad. Por consiguiente, una acción de tutela -concebida para la
protección inmediata de derechos fundamentales frente a su vulneración o amenaza por
parte de autoridades públicas- no puede constituir cosa juzgada respecto de un proceso
de reparación directa, cuyo objeto es la reparación de un daño antijurídico causado por la
acción u omisión de agentes estatales, conforme al artículo 90 de la Constitución Política.
(…)
5.3.2. De igual modo, conviene advertir que la parte recurrente incurre en una interpretación
errónea de la institución de cosa juzgada y, en realidad, su inconformidad apunta a
desconocimiento del precedente por parte del ad quem. Sin embargo, reiteradamente la
jurisprudencia de la Corporación ha señalado que la inobservancia del precedente no
configura causal alguna de las previstas por el legislador para la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, toda vez que dicho argumento no se orienta a solventar una
irregularidad de carácter procedimental, sino que apunta al análisis sustancial del fallo.
Ciertamente, esta colegiatura ha sostenido que “el desconocimiento del precedente es solo
una inconformidad de quien la recurre frente a las consideraciones y decisión plasmadas
por el Ad quem en la sentencia de segunda instancia, como consecuencia de haber
resuelto de manera desfavorable sus pretensiones. […] este argumento de controversia no
constituye un vicio formal de la sentencia, en el que se pueda sustentar alguna de las
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Demandante: Johnnys de Jesús García Romero y otros
causales previstas por el legislador para la procedencia del recurso extraordinario de
revisión.
En consecuencia, no se encuentran acreditados los requisitos exigidos para la prosperidad
de la causal 8ª del artículo 250 del CPACA y, en tal sentido, se declarará infundado el
recurso extraordinario de revisión formulado por Johnnys de Jesús García Romero.»
De lo expuesto, la Sala concluye que los argumentos presentados en esta acción de
tutela no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, porque el accionante no
argumentó de manera suficiente y razonable la afectación de sus derechos
fundamentales, pues se limitó a afirmar que la sentencia del 9 de diciembre de 2025
incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al haber dado
prevalencia a las formas sobre el derecho sustancial, sin identificar la actuación
procesal irregular ni explicar de qué manera el rigor formal que reprocha condujo al
desconocimiento de los derechos invocados.
En todo caso, la Sala advierte que los planteamientos del recurrente fueron resueltos
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en la sentencia del 9 de
diciembre de 2025, en la que se explicaron las razones por las cuales la causal
invocada no prosperaba. En esa providencia se señaló que el recurrente incurrió en
una interpretación errónea de la institución de la cosa juzgada y que su inconformidad
apuntaba, en realidad, al desconocimiento del precedente por parte del ad quem; y
reiteró que la inobservancia del precedente no configura ninguna de las causales
previstas por el legislador para la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
toda vez que ese argumento no se orienta a solventar una irregularidad de carácter
procedimental, sino que apunta al análisis sustancial del fallo.
Sobre esa base concluyó que no se encontraban acreditados los requisitos exigidos
para la prosperidad de la causal 8ª del artículo 250 del CPACA y declaró infundado el
recurso.
En consecuencia, la Sala concluye que no se satisface el requisito de relevancia
constitucional y, por lo tanto, declarará improcedente la acción de tutela en cuanto al
defecto procedimental.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores Johnnys de
Jesús García Romero, Liseth Paola García Galindo, Michellys Estefany García
Rodríguez, Nini Johanna Galindo Guzmán, María Romero Torres, José de los
Santos García Gaviria, Rafael Manuel García Gaviria, Luz María García Gaviria,
Silvia Patricia García Gaviria, Javier Esteban García Gaviria, Yilena García Gaviria,
Libis María García Gaviria, José Ángel García Gaviria, Yesmin Elena García
Gaviria y Aníbal Enrique Terán Romero contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, conforme con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04171-00
Demandante: Johnnys de Jesús García Romero y otros
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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