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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00125-00

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00125-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida el 4 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso de reparación directa identificado con radicado núm. 08001-33-33-002-2016-00283-02. SEGUNDO: CONDENAR en costas al recurrente, que serán liquidadas, en la medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en cuenta la fijación de agencias en derecho a favor de la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación por un total de (1) salario mínimo mensual legal vigente. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2024-00125-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2024-00125-00 (71831)
Demandante: Johnnys de Jesús García Romero
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – procedencia – no es una instancia
adicional para reabrir aspectos debatidos y resueltos en el proceso inicial. CAUSALES – son
taxativas y de interpretación restrictiva. CAUSAL 8ª del ARTÍCULO 250 DEL CPACA – ser la
sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en
que aquella fue dictada. DECLARA INFUNDADO – no existe identidad de partes, de causa ni
de objeto.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia1, el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Johnnys de Jesús García Romero contra la sentencia proferida el 4 de agosto
de 2023 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso de
reparación directa radicado con núm. 08001-33-33-002-2016-00283-02.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Johnnys de Jesús García Romero permaneció privado de la libertad, en el marco
de un proceso penal que culminó con sentencia absolutoria. Al considerar injusta la
restricción, junto con su núcleo familiar, demandó en reparación directa a la Nación
• Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación.

El 10 de junio de 2022, el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Barranquilla
negó las pretensiones de la demanda. El 4 de agosto de 2023, el Tribunal
Administrativo del Atlántico confirmó la decisión de primera instancia, al concluir que
la imposición de la medida de aseguramiento se ajustó a las disposiciones legales
vigentes.

Johnnys de Jesús García Romero interpuso recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, afirmando

1 Artículos 243, 243ª, 249 y 255 del CPACA. Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones

procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda de revisión extraordinaria -16 de
septiembre de 2024-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, modificada
por la Ley 2080 de 2021, así como a las disposiciones del C.G.P., en virtud de la integración
normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.

Radicado: 11001-03-26-000-2024-00125-00 (71831)
Recurrente: Johnnys de Jesús García Romero

que se materializó la causal 8ª del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en lo sucesivo CPACA), es decir,
“[s]er la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada”. A su juicio, el fallo recurrido
contradice la sentencia proferida el 17 de octubre de 2013 por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, dentro del expediente 23354, así como la Sentencia SU-222
de 2016 de la Corte Constitucional.

II. ANTECEDENTES

1. El proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia objeto de
revisión

Johnnys de Jesús García Romero narró que fue privado de la libertad entre el 23 de
enero de 2010 y el 8 de octubre de 2012, en el marco de un proceso penal que
culminó con sentencia absolutoria.

Sostuvo que el 29 de junio de 2016, junto con su grupo familiar, ejerció el medio de
control de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y
Rama Judicial, para que se declarara su responsabilidad por privación injusta de la
libertad y se le condenara al pago de perjuicios2.

Señaló que, mediante sentencia del 10 de junio de 2022, el Juzgado 2°
Administrativo del Circuito de Barranquilla negó las pretensiones de la demanda,
porque consideró que la medida de aseguramiento fue impuesta con observancia
de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad3.

Afirmó que el 29 de junio de 2022 apeló la decisión, argumentando que debía
accederse a las súplicas de la demanda bajo el régimen de responsabilidad objetiva
o de la falla en el servicio que se encontraba debidamente probada4.

Aseguró que el 4 de agosto de 2023 el Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó
la decisión de primera instancia, porque concluyó que la privación de la libertad se
ajustó a las exigencias legales5.

2 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 8ED97CE26661C183
242827946AF7315A 62827A75F8C8F744 0548ECAC46BD03AE, ubicado en el índice 22 de SAMAI
de la segunda instancia del proceso de reparación directa, archivo “01Demanda”.
3 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 8ED97CE26661C183

242827946AF7315A 62827A75F8C8F744 0548ECAC46BD03AE, ubicado en el índice 22 de SAMAI
de la segunda instancia del proceso de reparación directa, archivo “74Sentencia […]”.
4 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 8ED97CE26661C183

242827946AF7315A 62827A75F8C8F744 0548ECAC46BD03AE, ubicado en el índice 22 de SAMAI
de la segunda instancia del proceso de reparación directa, archivo “78MemorialApelación […]”.
5 Documento contenido en el expediente digital con certificado 4553CE95B5E457C0
4250BBC4CA0C8E1E 387B96305B8F9477 B163C643304F0D3B, ubicado en el índice 23 de SAMAI
de la segunda instancia del proceso de reparación directa.
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Radicado: 11001-03-26-000-2024-00125-00 (71831)
Recurrente: Johnnys de Jesús García Romero

2. El recurso extraordinario de revisión

El 16 de septiembre de 2024, Johnnys de Jesús García Romero interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 4 de agosto de 2023 por
el Tribunal Administrativo del Atlántico6.

Invocó la causal 8ª del artículo 250 del CPACA, es decir, “[s]er la sentencia contraria
a otra anterior que constitu[ir] cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada”.

En sustento, alegó que la providencia enjuiciada contradice el fallo proferido el 17
de octubre de 2013 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del
expediente 23354, así como la Sentencia SU-222 de 2016 de la Corte
Constitucional.

Adujo que el Tribunal Administrativo del Atlántico le negó las pretensiones
formuladas en reparación directa, pese a haber sido absuelto de toda
responsabilidad penal con fundamento en el principio in dubio pro reo, y
apartándose del precedente jurisprudencial.

En consecuencia, solicitó que se infirme el proveído recurrido y, en su lugar, se
acceda a las súplicas de la demanda de reparación directa.

3. Contestación al recurso extraordinario de revisión

El 21 de octubre de 2024 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se ordenó
notificar a la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, al Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado7.

3.1. La Nación – Fiscalía General de la Nación no consideró configurada la causal
de revisión extraordinaria invocada por el recurrente, y afirmó que este mecanismo
se pretende utilizar como una instancia procesal adicional, lo cual desnaturaliza su
finalidad excepcional8.

3.2. La Nación – Rama Judicial sostuvo que no se cumplen los requisitos para la
materialización de la causal 8ª del artículo 250 del CPACA, y que el recurso
extraordinario no constituye un medio para reabrir el debate probatorio desarrollado
en el proceso ordinario9.

6 Documento contenido en el expediente digital con certificado E3DC1FA61A618817
4A9321EEA3AFF905 A2A4FB28D49FC142 58B64242654E1209, ubicado en el índice 2 de SAMAI.
7 Índice 4 de SAMAI.
8 Documento contenido en el expediente digital con certificado 5222315892BA6A78
F20617B35C890728 F86B14CF312DF547 4090F84B95D48DC9, ubicado en el índice 15 de SAMAI.
9 Documento contenido en el expediente digital con certificado 168F7AF687BFA845
64B83867BF7B9D73 142FC510342A4F1E E1BF91B30CEB477F, ubicado en el índice 17 de
SAMAI.
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Recurrente: Johnnys de Jesús García Romero

3.3. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala seguirá el siguiente
orden: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) cuestión previa, (4)
hechos probados, (5) análisis de configuración de la causal de revisión
extraordinaria, (6) conclusión y (7) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24910 del CPACA, en
concordancia con el artículo 1311 del Acuerdo 080 de 201912, modificado por el
artículo 1º del Acuerdo 434 de 202413, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

1.2. De acuerdo con el artículo 24814 del CPACA, el presente recurso extraordinario
es procedente, toda vez que tiene por objeto la revisión de una sentencia dictada
por el Tribunal Administrativo del Atlántico que se encuentra debidamente
ejecutoriada.

1.3. Al tenor del artículo 25115 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión se
formuló dentro del término legal, toda vez que: (i) el 20 de septiembre de 2023 quedó
ejecutoriada la sentencia recurrida (hecho probado 4.8.); y (ii) el 16 de septiembre
de 2024 el recurrente interpuso el recurso extraordinario de revisión, es decir, dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia impugnada.

1.4. Johnnys de Jesús García Romero se encuentra legitimado en la causa para

10 “Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia. […]”.
11 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos del reparto, los asuntos

de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Tercera: 10. El
recurso extraordinario de revisión contra las sentencias [...] dictadas por los tribunales
administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección. […]”.
12 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
13 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se

le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
14 “Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
15 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año

siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […]”. Para las causales 1°, 2°, 5°, 6° y 8°, el
término para formular el recurso extraordinario de revisión es de un año, contado a partir de la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Entonces, como en este asunto se invocó la causal 8°, los
recurrentes contaban con 1 año, una vez en firme la providencia objeto de censura.
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Recurrente: Johnnys de Jesús García Romero

interponer el recurso extraordinario de revisión, pues fungió como parte activa en la
demanda de reparación directa resuelta el 4 de agosto de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

2. Problema jurídico

De conformidad con los cargos expuestos en el recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si se configura la causal de revisión establecida
en el numeral 8° del artículo 250 del CPACA, esto es, si la sentencia proferida el 4
de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del Atlántico resulta contraria a otra
anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue
dictada.

3. Cuestión previa

El 10 de octubre de 2025, la parte recurrente se pronunció sobre el traslado de las
pruebas decretadas mediante auto del 22 de septiembre del mismo año y, en el
mismo escrito, solicitó y aportó unos medios de convicción adicionales.

Sin embargo, frente a la oportunidad de la parte recurrente para aportar y solicitar
pruebas, el artículo 252 del CPACA establece que el escrito del recurso
extraordinario de revisión debe contener las solicitudes probatorias que el
demandante estime pertinentes y estar acompañado de las pruebas documentales
que obren en su poder al momento de la presentación.

Por otro lado, conforme al artículo 253 ibidem, la parte contraria y el Ministerio
Público disponen de los 10 días siguientes a la notificación del auto admisorio para
contestar el recurso extraordinario de revisión y solicitar pruebas.

Finalmente, el artículo 254 del mismo estatuto prevé que el juez decretará, de oficio
o a solicitud de parte, las pruebas que considere necesarias y señalará un término
de hasta 30 días para practicarlas.

En el caso de autos, la solicitud de revisión extraordinaria se presentó el 16 de
septiembre de 2024, cuyo contenido incluía la solicitud probatoria que el recurrente
consideró necesaria para resolver el asunto16.

Posteriormente, el 21 de octubre de 2024, el entonces magistrado ponente admitió
el recurso extraordinario de revisión y concedió a los demandados el término de 10
días, para los fines de que trata el artículo 253 del CPACA17.

Una vez efectuadas las notificaciones correspondientes, la Fiscalía General de la
Nación y la Rama Judicial contestaron la demanda. La primera no pidió el decreto

16 Índice 2 de SAMAI.
17 Índice 4 de SAMAI.

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Recurrente: Johnnys de Jesús García Romero

de pruebas, y la segunda solicitó tomar en consideración las aportadas por el
recurrente18.

Adicionalmente, el 22 de septiembre de 2025 la presente magistrada ponente
decretó como prueba el expediente de reparación directa identificado con radicado
núm. 08001-33-33-002-2016-00283-02 y, en ese sentido, ordenó a la Secretaría de
la Sección que oficiara al Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Barranquilla para
que lo remitiera19.

Allegadas estas pruebas, el 7 de octubre de 2025 la Secretaria de la Sección corrió
traslado a las partes y fue entonces cuando, el 10 de octubre siguiente, el recurrente
solicitó y aportó nuevos medios de convicción que, como se colige, resultan
extemporáneos20.

En consecuencia, para efectos de la presente decisión, no se valorarán las
probanzas extemporáneas, ni se tomarán en consideración los argumentos
adicionales de este escrito, los cuales no formaron parte del recurso extraordinario
de revisión interpuesto el 16 de septiembre de 2024, puesto que la etapa de traslado
de las pruebas no constituye una oportunidad para adicionar medios de convicción,
razonamientos ni complementaciones al escrito inicial.

4. Hechos probados

Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión del presente asunto:

4.1. Entre el 23 de enero de 2010 y el 8 de octubre de 2012, por orden del Juzgado
15 Penal Municipal de Barranquilla, Johnnys de Jesús García Romero permaneció
privado de la libertad, sindicado de los delitos de homicidio agravado en concurso
con hurto calificado agravado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego de uso
privativo de las Fuerzas Armadas21.

4.2. El 7 de junio de 2013, el Juzgado 3° Penal del Circuito de Barranquilla con
Función de Conocimiento absolvió a Johnnys de Jesús García Romero de los
cargos por los que fue acusado, con fundamento en el principio in dubio pro reo22.

18 Índices 15 y 17 de SAMAI.
19 Índice 21 de SAMAI.
20 Índice 28 de SAMAI.
21 Oficio del 25 de mayo de 2018 expedido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario;
documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 8ED97CE26661C183
242827946AF7315A 62827A75F8C8F744 0548ECAC46BD03AE, ubicado en el índice 22 de SAMAI
de la segunda instancia del proceso de reparación directa, archivo “23Prueba”.
22 Sentencia del 7 de junio de 2013; documento contenido en el expediente digitalizado con

certificado 8ED97CE26661C183 242827946AF7315A 62827A75F8C8F744 0548ECAC46BD03AE,
ubicado en el índice 22 de SAMAI de la segunda instancia del proceso de reparación directa, archivo
“20Prueba”.
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Recurrente: Johnnys de Jesús García Romero

4.3. El 21 de julio de 2014, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla confirmó la decisión anterior, al concluir que las pruebas aportadas
al proceso no tenían la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia
que amparaba al acusado23.

4.4. El 29 de julio de 2016, Johnnys de Jesús García Romero, Liseth Paola García
Galindo, Michellys Estefany García Rodríguez, Nini Johanna Galindo Guzmán,
María Romero Torres, José de los Santos García Gaviria, Rafael Manuel García
Gaviria, Luz María García Gaviria, Silvia Patricia García Gaviria, Javier Esteban
García Gaviría, Yilena García Gaviria, Yira Elena García Gaviria, Libis María García
Gaviria, José Ángel García Gaviria, Yesmin Elena García Gaviria y Aníbal Enrique
Terán Romero presentaron la demanda de reparación directa radicada con el
número 08001-33-33-002-2016-00283-00, contra la Nación – Rama Judicial y
Fiscalía General de la Nación, solicitando que se declarara su responsabilidad
patrimonial por la privación de la libertad de Johnnys de Jesús García Romero y que
se les condenara al pago de perjuicios24.

4.5. Mediante sentencia del 10 de junio de 2022, el Juzgado 2° Administrativo del
Circuito de Barranquilla negó las pretensiones de la demanda. En sustento, expuso
que la detención de Johnnys de Jesús García Romero no obedeció a una actuación
caprichosa o arbitraria, sino al cumplimiento de un deber legal, sustentado
razonablemente en las pruebas obrantes en el expediente penal25.

4.6. El 29 de junio de 2022, la parte demandante interpuso recurso de apelación,
insistiendo en que debía declararse la responsabilidad del Estado bajo el régimen
objetivo o por falla en el servicio26.

4.7. El 4 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó la
decisión de primera instancia, argumentando que el resultado absolutorio del
proceso penal no implicaba automáticamente el carácter injusto de la privación de
la libertad, sino que consideró necesario evaluar la legalidad de su imposición. Bajo

23 Sentencia del 21 de julio de 2024; documento contenido en el expediente digitalizado con
certificado 8ED97CE26661C183 242827946AF7315A 62827A75F8C8F744 0548ECAC46BD03AE,
ubicado en el índice 22 de SAMAI de la segunda instancia del proceso de reparación directa, archivo
“03Anexos[…]”, páginas 62 a 74.
24 Escrito de demanda; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

8ED97CE26661C183 242827946AF7315A 62827A75F8C8F744 0548ECAC46BD03AE, ubicado en
el índice 22 de SAMAI de la segunda instancia del proceso de reparación directa, archivo
“01Demanda”.
25 Sentencia del 10 de junio de 2022; documento contenido en el expediente digitalizado con

certificado 8ED97CE26661C183 242827946AF7315A 62827A75F8C8F744 0548ECAC46BD03AE,
ubicado en el índice 22 de SAMAI de la segunda instancia del proceso de reparación directa, archivo
“74Sentencia[…]”.
26 Escrito de apelación; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado

8ED97CE26661C183 242827946AF7315A 62827A75F8C8F744 0548ECAC46BD03AE, ubicado en
el índice 22 de SAMAI de la segunda instancia del proceso de reparación directa, archivo
“78Memorial[…]”.
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esta óptica, coligió que la medida de aseguramiento se ajustó a las disposiciones
de la Ley 906 de 200427.

4.8. El 20 de septiembre de 2023 quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 4 de
agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del Atlántico28.

5. Análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria

La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por
Johnnys de Jesús García Romero contra la sentencia proferida el 4 de agosto de
2023 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, con fundamento en la causal
consagrada en el numeral 8° del artículo 250 del CPACA, por las siguientes razones:

5.1. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Por tal razón, el legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan
la procedencia de este medio de impugnación, a efectos de prevenir un uso indebido
que lleve a un nuevo debate probatorio o interpretativo.

Así, el recurso extraordinario de revisión, cuya naturaleza en realidad es la de ser
una acción autónoma del proceso que da lugar a ella, no tiene como finalidad
corregir errores in iudicando, ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que
sirvieron de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de
estos errores existen los recursos ordinarios dentro del respectivo proceso.

Asimismo, se advierte que la revisión extraordinaria no está concebida como un
mecanismo para subsanar errores, omisiones o estrategias deficientes de los
sujetos procesales, ocurridas durante el proceso inicial u ordinario, de manera que
no puede ser utilizada para corregir negligencias ni para reabrir un debate judicial
que ya ha sido resuelto conforme a derecho.

Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hechos
nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido de justicia que de
ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa
juzgada, su carácter es no solo extraordinario, sino también restrictivo, ya que solo
procede en los eventos y por las causales expresamente señaladas en la ley, sin
posibilidad de invocar otras distintas.

Esta taxatividad resulta justificada, pues la acción de revisión es un mecanismo
excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa

27 Sentencia de segunda instancia; documento contenido en el expediente digital con certificado

4553CE95B5E457C0 4250BBC4CA0C8E1E 387B96305B8F9477 B163C643304F0D3B, ubicado en
el índice 23 de SAMAI de la segunda instancia del proceso de reparación directa.
28 El fallo fue notificado mediante correo electrónico el 13 de septiembre de 2023, por lo que quedó

ejecutoriado el 20 de septiembre siguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 203 del CPACA
y 302 del CGP; documento contenido en el índice 25 de SAMAI de la segunda instancia del proceso
de reparación directa.
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juzgada. En consecuencia, las causales previstas para su procedencia deben ser
aplicadas e interpretadas de manera estricta, restrictiva o restringida, garantizando
que su utilización responda únicamente a los supuestos contemplados por la norma
y evitando que se convierta en una instancia adicional de impugnación. En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “las causales previstas para la
revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”29.

En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el artículo 248 del CPACA
dispone la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales
administrativos y por los jueces administrativos.

A su turno, las causales de revisión se encuentran dispuestas en el artículo 250 del
CPACA y, en lo que atañe a providencias que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza, en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Por su parte, el artículo 252 del CPACA pone de manifiesto el carácter restrictivo y
formalista de este recurso extraordinario y exige que su interposición se realice
mediante un escrito que contenga la indicación razonada de la causal invocada y
una exposición clara de los hechos u omisiones que sustentan su configuración.
Esto impone una carga argumentativa y formal significativa sobre quien impugna
una decisión en firme. Tales exigencias responden a la necesidad de delimitar con
precisión el objeto del recurso, permitir el adecuado ejercicio del derecho de
contradicción y restringir el análisis del juez de la revisión extraordinaria, pues se
reitera que este recurso no constituye una nueva oportunidad para replantear el
debate probatorio o jurídico en términos amplios, sino un mecanismo excepcional y
limitado, condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos legales, lo cual
refuerza su naturaleza extraordinaria dentro del sistema procesal.

5.2. En el presente caso, el recurrente fundamentó su solicitud en la causal prevista
en el numeral 8º del artículo 250 del CPACA, que establece como motivo de revisión
el que la sentencia recurrida sea “contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada, siempre que el
recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el segundo proceso por
habérsele designado curador ad lítem y haber ignorado la existencia de dicho
proceso. Sin embargo, no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.

Así, para la estructuración de esta causal deben concurrir los siguientes
presupuestos: (i) que la excepción de cosa juzgada no haya sido propuesta en el
curso del proceso que culminó con la sentencia cuya revisión se solicita; (ii) la

29 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.

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Recurrente: Johnnys de Jesús García Romero

existencia de dos fallos contradictorios; y (iii) que la providencia anterior constituya
cosa juzgada respecto del segundo litigio30.

Ahora bien, para que una sentencia adquiera la connotación de cosa juzgada, deben
cumplirse los elementos establecidos en el artículo 303 del Código General del
Proceso (en lo sucesivo CGP), a saber31:

(i) Identidad jurídica de partes: Se configura cuando los sujetos que intervinieron en
el proceso anterior, en calidad de demandante o demandado, directamente o por
medio de representante, son los mismos que participan en el nuevo proceso. Esta
identidad es de carácter jurídico, no físico, y no exige que los intervinientes ocupen
la misma posición procesal.

(ii) Identidad de objeto: Hace referencia a la relación jurídica sustancial sobre la cual
recae la pretensión sometida a la decisión judicial. En este sentido, debe verificarse
que lo solicitado en la nueva demanda coincida con lo pedido en el proceso
previamente resuelto.

(iii) Identidad de causa: Corresponde al hecho jurídico que sustenta la pretensión,
esto es, la razón o el motivo por el cual se reclama –causa petendi–. Así, habrá
identidad de causa cuando los supuestos fácticos y los fundamentos jurídicos que
dieron lugar a la primera decisión sean, en esencia, los mismos que se exponen en
la nueva demanda.

Así las cosas, solo cuando se satisfacen estos tres elementos es posible predicar la
existencia de cosa juzgada entre dos providencias judiciales, pues esta institución
tiene como finalidad salvaguardar el principio de seguridad jurídica, impidiendo que
un juez se pronuncie nuevamente sobre un asunto ya resuelto, y evitando
decisiones contradictorias respecto de un mismo litigio. Lo anterior garantiza la
inmutabilidad y definitividad de las decisiones judiciales, así como la certeza sobre
la relación jurídica objeto de controversia32.

5.3. Descendiendo al caso concreto, se encuentra acreditado que, con ocasión de
su privación de la libertad, Johnnys de Jesús García Romero y su núcleo familiar
ejercieron el medio de control de reparación directa para que el Estado fuera
declarado responsable y condenado al pago de los perjuicios reclamados. En el
curso del trámite, el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Barranquilla negó las
pretensiones de la demanda y, al resolver el recurso de apelación interpuesto por

30 Por ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

del 2 de abril de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2001-00118-01; Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, Sala 13 Especial de Decisión, sentencia del 6 de octubre de 2015,
Rad. No. 11001-03-15-000-2014-00902-00; y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, sentencia del 5 de abril de 2016, Rad. No. 11001-03-
15-000-2007-01433-00.
31 Por ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de marzo de 2012, Rad. No. 20001-23-31-000-1999-00229-
01.
32 Corte Constitucional, Sentencia C-100 de 2019.

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Recurrente: Johnnys de Jesús García Romero

los actores, el Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó la decisión apelada
(hechos probados 4.4. a 4.7.).

De manera que el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo
dictado el 4 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
efectivamente, se dirige contra la decisión que pone fin al proceso de reparación
directa y respecto de la cual no procede el recurso de apelación.

En consecuencia, de conformidad con la demanda de revisión extraordinaria, resta
determinar si se configura la causal 8ª de revisión por ser la decisión recurrida
contraria a la proferida el 17 de octubre de 2013 por la Sección Tercera del Consejo
de Estado (expediente 23354) y a la Sentencia SU-222 de 2016 de la Corte
Constitucional.

5.3.1. Como se indicó en precedencia, el primer requisito para el estudio de fondo
de la causal consiste en que la excepción de cosa juzgada no haya sido propuesta
en el proceso primigenio. En el presente caso, dicho presupuesto se encuentra
satisfecho, pues en el curso de la controversia no se formuló tal medio exceptivo.

Establecido lo anterior, la Sala procede a examinar las demás condiciones exigidas
por la ley y la jurisprudencia para la configuración de la causal invocada. Tal como
se explicó, la prosperidad de la causal 8ª impone que exista identidad de causa, de
objeto y de partes entre la sentencia que se aduce como contrariada y aquella cuya
revisión se solicita.

Sin embargo, antes de abordar el estudio de la causal invocada, conviene advertir
que el recurso extraordinario no describió ni desarrolló adecuadamente los
elementos que estructuran la denominada triple identidad entre la sentencia
recurrida y las decisiones que se alegan como desconocidas. A ello se suma que
los expedientes en los que fueron dictadas estas últimas no fueron solicitados como
prueba, razón por la cual no obran en este proceso.

No obstante, como garantía de acceso a la administración de justicia, teniendo en
cuenta que los fallos cuya contradicción se aduce reposan en las bases de datos
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, esta Sala procede a realizar el
análisis correspondiente, a partir del cual se extraen los siguientes elementos:

DECISIÓN PARTES CAUSA OBJETO

Dte: Luis Carlos Orozco Responsabilidad
Sentencia Osorio Privación de la del Estado por la
del 17 de libertad de Luis privación de la
octubre de Dda: Nación – Fiscalía Carlos Orozco libertad de Luis
2013 (23354) General de la Osorio Carlos Orozco
Nación. Osorio y pago de
perjuicios.

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Recurrente: Johnnys de Jesús García Romero

Dte: Doris Cecilia Vulneración de Amparo del debido
Pimiento Remolina derechos proceso, buen
Sentencia fundamentales en nombre, honra,
SU-222 de Dda: Subsección A de la la sentencia de libertad personal,
2016 Sección Tercera del reparación directa dignidad humana,
Consejo de Estado del 28 de enero de al mínimo vital y
2015. administración de
justicia.

Dte: Johnnys de Jesús Responsabilidad
Sentencia García Romero y su Privación de la del Estado por la
recurrida grupo familiar libertad de Johnnys privación de la
(2016-00283- de Jesús García libertad de Johnnys
00) Dda: Nación – Fiscalía Romero de Jesús García
General de la Romero y pago de
Nación y Rama perjuicios.
Judicial

De modo que, una vez examinadas las tres decisiones puestas bajo estudio en esta
instancia extraordinaria, se observa que:

(i) No existe identidad de partes, toda vez que: (a) en el expediente 23354 actuó
como demandante Luis Carlos Orozco Osorio; (b) en el proceso de tutela lo hizo
Doris Cecilia Pimiento Remolina; y (c) en el medio de control en el que fue proferida
la sentencia recurrida compareció Johnnys de Jesús García Romero junto con su
núcleo familiar;

(ii) No se configura la identidad de causa, por cuanto las razones fácticas y jurídicas
que motivaron la activación del aparato jurisdiccional difieren sustancialmente. En
particular: (a) la acción de reparación directa identificada con número interno 23354
fue promovida por la privación de la libertad de Luis Carlos Orozco Osorio; (b) la
solicitud de amparo constitucional se presentó con ocasión de la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales de Doris Cecilia Pimiento Remolina; y
(c) el medio de control de reparación directa radicado bajo el núm. 2016-00283-00
tuvo origen en la privación de la libertad de Johnnys de Jesús García Romero; y

(iii) Tampoco se acredita la identidad de objeto, dado que las pretensiones
formuladas por los actores no coinciden. En efecto: (a) en la acción de reparación
directa núm. 23354 se solicitó la declaración de responsabilidad de la Nación –
Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de Luis Carlos
Orozco Osorio; (b) en el escrito de tutela se pidió el amparo de los derechos
fundamentales invocados y que se dejara sin efectos la sentencia proferida el 28 de
enero de 2015 por el Consejo de Estado; y (c) en la demanda de reparación directa
presentada por Johnnys de Jesús García Romero y su familia se requirió la
declaración de responsabilidad de la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama
Judicial por la privación injusta de la libertad de García Romero.

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Adicionalmente, no está de más precisar que la Sentencia SU-222 de 2016 fue
proferida por un órgano de la Jurisdicción Constitucional, en el marco de una acción
de tutela, mientras que el fallo recurrido fue dictado por un tribunal de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo al resolver una demanda de reparación directa.

En ese sentido, resulta evidente que ambos procesos presentan diferencias
significativas en cuanto a su naturaleza, objeto y finalidad. Por consiguiente, una
acción de tutela -concebida para la protección inmediata de derechos
fundamentales frente a su vulneración o amenaza por parte de autoridades
públicas- no puede constituir cosa juzgada respecto de un proceso de reparación
directa, cuyo objeto es la reparación de un daño antijurídico causado por la acción
u omisión de agentes estatales, conforme al artículo 90 de la Constitución Política.
Además, al tenor del numeral 2 del artículo 48 de la Ley 270 de 1996, las decisiones
judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio
únicamente para las partes. De manera que su motivación solo constituye criterio
auxiliar para la actividad de los jueces.

5.3.2. De igual modo, conviene advertir que la parte recurrente incurre en una
interpretación errónea de la institución de cosa juzgada y, en realidad, su
inconformidad apunta al desconocimiento del precedente por parte del ad quem. Sin
embargo, reiteradamente la jurisprudencia de la Corporación ha señalado que la
inobservancia del precedente no configura causal alguna de las previstas por el
legislador para la procedencia del recurso extraordinario de revisión, toda vez que
dicho argumento no se orienta a solventar una irregularidad de carácter
procedimental, sino que apunta al análisis sustancial del fallo33.

Ciertamente, esta colegiatura ha sostenido que “el desconocimiento del precedente
es solo una inconformidad de quien la recurre frente a las consideraciones y
decisión plasmadas por el Ad quem en la sentencia de segunda instancia, como
consecuencia de haber resuelto de manera desfavorable sus pretensiones. […] este
argumento de controversia no constituye un vicio formal de la sentencia, en el que
se pueda sustentar alguna de las causales previstas por el legislador para la
procedencia del recurso extraordinario de revisión”34.

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de diciembre de 2024, Rad.

No. 11001-03-26-000-2022-00034-00; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 22 de agosto de 2022, Rad. No. 11001-03-26-000-2018-00064-00;
Consejo de Estado, Sala 2 Especial de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2020, Rad. No. 11001-
03-15-000-2016-03553-00; Consejo de Estado, Sala 13 Especial de Decisión, sentencia del 7 de
abril de 2015, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02724-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de febrero de 2015, Rad. No. 2012-01026-00; Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de 2009, Rad.
No. 2003-00133-00; y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
del 11 de octubre de 2005, Rad. No. 2003-00794-01.
34 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 2, sentencia de 4 de agosto de 2020, Rad. No.

11001-03-15-000-2016-03553-00. Igualmente, y con el fin de brindar claridad al recurrente, es
importante revisar el criterio fijado en diferentes pronunciamientos, entre ellos, el proferido por la
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, en sentencia del 25 de
noviembre de 2021, Rad. No. 11001-03-26-000-2019-00160-00, frente a las demandas de

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Recurrente: Johnnys de Jesús García Romero

En consecuencia, no se encuentran acreditados los requisitos exigidos para la
prosperidad de la causal 8ª del artículo 250 del CPACA y, en tal sentido, se
declarará infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por Johnnys de
Jesús García Romero.

6. Conclusión

No se configuró la causal de revisión establecida en el numeral 8° del artículo 250
del CPACA, esto es, la sentencia proferida el 4 de agosto de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico no resulta contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.

Lo que se evidenció, en realidad, fue que el recurrente fundamentó el recurso
extraordinario en un posible desconocimiento del precedente jurisprudencial que,
en todo caso, no tiene entidad para configurar causal alguna de revisión.

7. Costas

Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión se formuló con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, debe darse aplicación
al texto del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo con la modificación introducida por dicha ley.

El inciso final del artículo 25535 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 2021, dispone que, si se declara infundado el recurso
extraordinario de revisión, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.

Bajo ese entendido, esta Subsección condenará en costas a la parte recurrente y
ordenará a la Secretaría de la Sección Tercera que proceda con la respectiva
liquidación, ejercicio que tendrá que observar las reglas prescritas en los artículos
365 y 366 del Código General del Proceso.

En lo atinente a las agencias en derecho, y al encontrarse acreditada la labor
defensiva en la que incurrieron la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la
Nación, la Sala impondrá por este concepto la condena equivalente en total a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente, a favor de las entidades demandadas, de

responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, en cuyo evento la Corporación ha
adoptado como criterio la aplicación del precedente jurisprudencial vigente al momento de proferir el
respectivo fallo, sin atender a la fecha de los hechos o de la demanda. Esta postura ha sido uniforme
desde el año 2018, cuando la Sección Tercera, al referirse a los efectos de la sentencia de unificación
del 15 de agosto de 2018, rad. 46947, puntualizó que esta “debía ser cumplida para todos los casos
de privación de la libertad que en adelante [fueran] fallados […]”.
35 “Artículo 255. Sentencia. Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021. […] Si se

declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
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Recurrente: Johnnys de Jesús García Romero

conformidad con lo establecido en el artículo 536 del Acuerdo No. PSAA16-10554
de 201637.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida el 4 de agosto de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, dentro del proceso de reparación directa identificado
con radicado núm. 08001-33-33-002-2016-00283-02.

SEGUNDO: CONDENAR en costas al recurrente, que serán liquidadas, en la
medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en cuenta
la fijación de agencias en derecho a favor de la Nación – Rama Judicial y Fiscalía
General de la Nación por un total de (1) salario mínimo mensual legal vigente.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

SP1

36 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 9. Recursos extraordinarios. Entre 1 y 20

S.M.M.L.V. […]”.
37 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

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