Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04248-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04248-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04248-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04248 00
Accionante: Abdaly Jaramillo Rojas
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “A”
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no superar el requisito
general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Abdaly Jaramillo Rojas contra
la providencia proferida el 23 de octubre de 2025 por la Subsección A, Sección Segunda
del Consejo de Estado, en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
identificada con el radicado núm. 05001 23 33 000 2019 03041 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Abdaly Jaramillo Rojas, actuando a través de apoderado judicial, promovió
acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:
1. Sírvase tutelar los derechos fundamentales conculcados a mi representado, al
debido proceso, al acceso material a la administración de justicia, a la seguridad
jurídica y la confianza legítima.
2. Ordene la anulación de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala
de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda de esta corporación, el día
23/10/2025, con ponencia del Magistrado, Dr. Luis Eduardo Mesa Nieves, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
bajo el N° 05001-23-33-000-2019-03041-01 (127-2025).
3. Ordene que profiera una decisión de fondo, en la que se salvaguarden los
derechos conculcados a mi representado.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante relató que se desempeñó como docente en la Institución Educativa Mellito
de Necoclí (Antioquia), desde el 5 de octubre de 2004 hasta el 20 de julio de 2006.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04248 00.
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Accionante: Abdaly Jaramillo Rojas
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “A”
Indicó que, el 1 de diciembre de 2008, solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas, las cuales fueron reconocidas mediante Resolución núm. 8655 del 30 de abril
de 2009, notificada el 23 de julio de 2009 y ejecutoriada el 30 de julio siguiente.
Expuso que, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, la entidad obligada
contaba con 45 días hábiles para efectuar el pago de las cesantías, contados a partir de
la firmeza del acto administrativo de reconocimiento; por ello, afirmó que el plazo para
pagar la prestación venció el 5 de octubre de 2009.
Manifestó que, ante la mora en el pago de las cesantías, solicitó el reconocimiento de la
sanción moratoria mediante petición remitida el 15 de febrero de 2017. Agregó que el
pago de las cesantías se produjo el 7 de julio de 2017 y que, posteriormente, reiteró la
solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria el 14 de julio del mismo año.
Señaló que la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia remitió el expediente
a Fiduprevisora S.A. mediante oficio del 26 de julio de 2017 y que el 20 de marzo de 2019
reiteró la petición ante dicha entidad; sin embargo, Fiduprevisora S.A., mediante oficios
del 7 de mayo y del 10 de julio de 2019, negó el reconocimiento de la sanción moratoria.
Adujo que, el 5 de septiembre de 2019 presentó solicitud de conciliación prejudicial, la
cual se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2019 y fue declarada fallida. Posteriormente,
promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.
Explicó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 26 de febrero
de 2025, declaró la prescripción de la sanción moratoria reclamada, con fundamento en
la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023.
Agregó que, contra esa decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 23 de octubre de
2025, con ponencia del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, dentro del proceso
identificado con el radicado núm. 05001 23 33 000 2019 03041 01. En dicha providencia
se confirmó la decisión de primera instancia, igualmente con fundamento en la sentencia
de unificación SUJ-034-CE-S2-2023.
El accionante sostuvo que la providencia cuestionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso material a la administración de justicia, a la
seguridad jurídica y a la confianza legítima, al aplicar la sentencia de unificación SUJ-
034-CE-S2-2023 a una situación que, en su criterio, se encontraba consolidada antes de
su expedición.
Al respecto, argumentó que las autoridades judiciales accionadas resolvieron el asunto
con fundamento en una tesis jurisprudencial posterior y menos favorable, pese a que la
reclamación administrativa, la conciliación prejudicial y la demanda fueron promovidas
bajo el entendimiento jurisprudencial vigente para ese momento.
Asimismo, alegó que la aplicación retroactiva del cambio jurisprudencial desconoció los
principios de seguridad jurídica, confianza legítima, igualdad, condición más beneficiosa
e irretroactividad en materia laboral y de seguridad social. Para sustentar su posición,
invocó criterios del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos relacionados con la necesidad de preservar las
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situaciones jurídicas consolidadas y evitar que los cambios de precedente afecten de
manera intempestiva el acceso a la administración de justicia.
En cuanto a la procedencia de la acción de tutela, afirmó que el asunto tenía relevancia
constitucional, porque planteaba la posible afectación de los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y confianza
legítima, derivada de la aplicación de un cambio jurisprudencial a hechos y actuaciones
anteriores.
Finalmente, indicó que la acción de tutela cumplía el requisito de inmediatez, toda vez
que la sentencia de segunda instancia fue notificada el 2 de diciembre de 2025 y la
solicitud de amparo se presentó dentro del término de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional para controvertir providencias judiciales.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 2 de junio de 20262 y correspondió por reparto a esta Sección
que, por auto del 4 de junio de 20263 la admitió y dispuso notificar4 a la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado como autoridad judicial accionada; así como,
vincular al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad, a la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y a la Fiduprevisora S.A., como terceros con interés directo en el
resultado del proceso.
De igual forma, se requirió a la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia y a la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado para que
alleguen copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al
proceso identificado con el radicado núm. 05001 23 33 000 2019 03041 00/01, el cual fue
remitido5.
3.2. La Nación - Ministerio de Educación Nacional - FOMAG allegó escrito6 en el que
solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela y se dispusiera su
desvinculación del trámite, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Señaló que la solicitud de amparo pretende controvertir una providencia judicial adoptada
por el juez natural del asunto, amparada por la presunción de acierto y legalidad, por lo
que la inconformidad del accionante con la decisión no habilita al juez constitucional para
actuar como una instancia adicional.
Indicó que la controversia carece de relevancia constitucional, en tanto se relaciona con
un debate de naturaleza económica y legal, relativo al reconocimiento de la sanción
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04248 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04248 00.
4 Esta orden se cumplió el 9 de junio de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04248 00.
5 Visto en los índices 11 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 04248 00.
6 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04248 00.
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moratoria por el pago tardío de cesantías. Además, sostuvo que no se acreditó la
configuración de un perjuicio irremediable ni la vulneración de derechos fundamentales.
Finalmente, afirmó que no tiene competencia para pronunciarse sobre las decisiones
judiciales cuestionadas ni injerencia en la situación particular alegada, razón por la cual
pidió su desvinculación del presente trámite.
3.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia rindió informe7 en el que expuso que la acción
de tutela es improcedente porque el actor pretende reabrir el debate resuelto por el juez
natural y utilizar este mecanismo como una tercera instancia.
Adicionalmente, sostuvo que la providencia cuestionada no desconoció el precedente
judicial, pues aplicó la regla fijada por el Consejo de Estado, según la cual la sentencia
de unificación era aplicable a los asuntos en trámite en sede administrativa o judicial.
Explicó que la decisión fue adoptada en ejercicio de la autonomía e independencia
judicial, con valoración adecuada de las pruebas y aplicación del precedente vigente,
razón por la cual solicitó desestimar la acción de tutela.
3.4. El consejero ponente de la decisión de segunda instancia acusada allegó informe 8
en el que manifestó que la acción de tutela es improcedente, porque el accionante
pretende reabrir un debate ya resuelto por el juez natural del proceso, sin acreditar la
existencia de un perjuicio irremediable ni identificar de manera clara la causal específica
de procedencia contra providencia judicial que se configuraría en el caso concreto.
Agregó que, en la sentencia de segunda instancia, ya se había explicado que la
irretroactividad de la ley difiere del efecto retrospectivo otorgado a la sentencia de
unificación SUJ-034-CE-S2-2023, cuyas reglas resultaban aplicables al asunto del
demandante por encontrarse pendiente de decisión.
3.5. La Fiduprevisora S.A. guardó silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 9 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,10 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201912, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
7 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04248 00.
8 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04248 00.
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
10 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
11 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente13:
4.2.1. El señor Abdaly Jaramillo Rojas, actuando por conducto de apoderado, promovió
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y la Fiduprevisora S.A.,
con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada
del pago tardío de sus cesantías definitivas. Al proceso se le asignó el radicado núm.
05001 23 33 000 2019 03041 00.
4.2.2. El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Decisión, que mediante sentencia del 26 de febrero de 2025 declaró
probada la excepción de prescripción y negó las pretensiones de la demanda.
4.2.3. Inconforme con dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 23 de octubre de 2025, la confirmó.
4.3. CUESTIÓN PREVIA
En relación con la solicitud de desvinculación formulada por la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Sala
advierte que no hay lugar a acceder a ella, toda vez que dicha autoridad fue vinculada al
presente trámite en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso.
Lo anterior, en atención a que fungió como entidad demandada dentro del proceso
ordinario que dio lugar a la providencia judicial cuestionada en sede de tutela.
4.4 ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
13 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con radicado núm. 05001 23 33 000 2019 03041 00/01.
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4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que14:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU -
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades15:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 16. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.
4.4.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen del segundo y tercer criterio que la componen, esto es: (i) evitar que la acción de
tutela se convierta en un mecanismo para desconocer principios constitucionales como
la cosa juzgada, el debido proceso, la seguridad jurídica y la independencia judicial; y (ii)
14 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022.
16 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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impedir que la acción de tutela se utilice como una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
4.4.2.1. Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica
Frente al segundo elemento, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente 17:
[…] la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole
económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para su trámite, dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de
“involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones” […].
(Subrayado fuera del texto).
En igual sentido, anotó que18:
[…] en tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación de
aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente
su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general” […]. (Subrayado fuera del texto).
La Sala considera que, en este caso, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que no se supera uno de los elementos que lo integran,
consistente en preservar la competencia e independencia de los jueces de las
jurisdicciones distintas de la constitucional y, por esa vía, evitar que la acción de tutela
sea utilizada para debatir asuntos de mera legalidad o de contenido económico.
Lo anterior, por cuanto la controversia planteada por la parte accionante gira en torno a
la procedencia del reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071
de 2006, derivada del pago tardío de sus cesantías definitivas. Se trata, por tanto, de una
discusión relacionada con la interpretación y aplicación del régimen legal que regula dicha
prestación económica, así como con la prescripción de la sanción moratoria reclamada,
aspectos que remiten a un debate estrictamente legal y de contenido patrimonial.
4.4.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
17 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
18 Ibidem.
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asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” […]19.
(Subrayado fuera de texto)
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, cuando el interesado controvierte por vía de tutela la interpretación que el juez
natural efectuó sobre las normas aplicables al caso, la jurisprudencia vigente o el alcance
de una sentencia de unificación, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una instancia
adicional, con desconocimiento de la autonomía e independencia judicial.
La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que la solicitud de amparo pretende cuestionar el criterio
jurídico adoptado por las autoridades judiciales accionadas respecto de la prescripción
de la sanción moratoria derivada del pago tardío de cesantías definitivas.
Lo anterior, por cuanto las inconformidades del accionante se orientan a controvertir la
aplicación de la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de
2023, así como la conclusión según la cual dicha providencia tenía efectos retrospectivos
y resultaba aplicable al proceso ordinario, por encontrarse pendiente de decisión en sede
judicial.
Sobre el particular, la Sala observa que ese planteamiento ya fue analizado en la
providencia cuestionada, en la que se explicó que la aplicación retrospectiva de la
sentencia de unificación no equivalía a una aplicación retroactiva, pues el asunto no se
encontraba cobijado por cosa juzgada ni constituía una situación jurídica consolidada.
De igual forma, en dicha providencia se concluyó que la sanción moratoria se hizo exigible
el 14 de marzo de 2009 y que el término trienal para reclamarla venció el 14 de marzo de
2012, mientras que la primera reclamación fue presentada en el año 2017, esto es,
cuando el derecho se encontraba prescrito.
Bajo ese contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como una
instancia adicional al proceso ordinario, con el fin de controvertir el criterio jurídico
adoptado por el juez natural sobre la prescripción de la sanción moratoria y la aplicación
de las reglas fijadas en la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023.
En este punto, se destaca que el proceso judicial ordinario es el escenario previsto para
debatir las pretensiones, excepciones, hechos, pruebas y argumentos de derecho
propuestos por las partes. Por tanto, cuando el juez natural decide precisamente sobre
19 Corte Constitucional. Sentencia SU- 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
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la controversia planteada y expone las razones fácticas y jurídicas de su determinación,
ejerce las competencias atribuidas por la Constitución y la ley.
Asunto distinto sería que la decisión cuestionada hubiera desbordado el debate planteado
o sorprendido a las partes con argumentos ajenos a la controversia, de manera que se
comprometiera el núcleo esencial del debido proceso. Sin embargo, ese no es el
supuesto que se advierte en el presente caso.
En consecuencia, la Sala considera que la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, razón por la cual la acción de tutela resulta improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Abdaly Jaramillo Rojas, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 3 de
julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
9
Calle 12 núm. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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