Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04260-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04260-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04260-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
21 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04260-01
Accionante: CIELO CORREA GARCÍA
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO–SECCIÓN SEGUNDA-
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia del
12 de junio de 2026 proferida por el Consejo de Estado–Sección Primera-, que declaró
improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
Cielo Correa García, actuando mediante apoderado judicial, formuló acción de tutela con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, seguridad social y tutela judicial efectiva, que consideró
vulnerados por el Consejo de Estado–Sección Segunda, al haber proferido la sentencia
del 6 de noviembre de 2025, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social–UGPP, mediante la cual revocó la
sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Caldas, que había accedido
a las pretensiones, y, en su lugar, negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
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Accionante: Cielo Correa García
Acción de tutela–Primera instancia
En virtud del amparo, la accionante solicitó textualmente:
«1. Se declare que el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO–SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A, en sentencia
proferida el día 2 de noviembre de 2025 dentro del expediente radicado bajo No.
17001-23-33-000-2020-00221-01, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA de la señora CIELO CORREA GARCÍA, por considerar que
las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y los principios
superiores.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al CONSEJO DE
ESTADO–SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO–SECCIÓN
SEGUNDA-SUBSECCIÓN A dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera un nuevo pronunciamiento que haga un análisis integral de
la prueba en el que se demostró la vinculación territorial de la docente.»
2. Hechos relevantes
La señora Cielo Correa García nació el 17 de diciembre de 1958. Fue vinculada al servicio
docente mediante nombramiento efectuado por la Gobernación de Caldas, a través del
Decreto 567 del 2 de agosto de 1977, y tomó posesión del cargo el 9 de agosto de 1977
en la Escuela Seccional Urbana de La Dorada, Caldas. Para la fecha de presentación de
la demanda había acumulado más de veinte años de servicios en el sector público
educativo oficial.
El 14 de noviembre de 2019, la accionante presentó reclamación administrativa ante la
UGPP, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia. La solicitud
fue negada mediante las Resoluciones RDP 0033764 del 11 de febrero de 2020 y RDP
008986 del 13 de abril de 2020.
Ante ello, la actora promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la UGPP, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
mencionados y, a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento de la pensión
gracia equivalente al 75% del salario promedio de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios, efectiva a partir del 14 de noviembre de
2016.
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Accionante: Cielo Correa García
Acción de tutela–Primera instancia
El proceso fue conocido por el Tribunal Administrativo de Caldas, quien mediante
sentencia de primera instancia del 1 de abril de 2022, accedió a las pretensiones de la
demanda, al considerar acreditados los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia.
La segunda instancia correspondió al Consejo de Estado–Sección Segunda quien
mediante sentencia del 6 de noviembre de 2025, revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, negó las pretensiones, al estimar que los periodos laborados por la
demandante en el nivel preescolar no podían contabilizarse para acceder a dicha
prestación.
La providencia de segunda instancia dio lugar a la interposición de la presente acción de
tutela por parte del apoderado judicial del accionante Herrera Pereira.
3. Fundamentos de la acción
La autoridad judicial accionada aplicó una interpretación restrictiva al excluir el tiempo de
servicios prestado como docente de preescolar, pese a que la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha reconocido que lo determinante para acceder a la pensión gracia es el
carácter territorial o nacionalizado de la vinculación, y no el nivel educativo en el que se
ejerció la labor docente.
La parte actora sostuvo que el juzgador omitió referirse a la postura jurisprudencial que
avala el cómputo de esos tiempos y no justificó suficientemente por qué acogió una tesis
menos favorable, con lo cual vulneró los derechos al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, seguridad jurídica y el principio de favorabilidad
laboral.
4. Trámite procesal
El 3 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela1 y se ordenó notificar a la accionante
y a los magistrados del Consejo de Estado–Sección Segunda, autoridad judicial
accionada. Asimismo, se vinculó y notificó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social–UGPP, parte
1 Cfr. SAMAI, índice 5 de primera instancia.
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Accionante: Cielo Correa García
Acción de tutela–Primera instancia
demandada en el proceso ordinario, y al Tribunal Administrativo de Caldas, que conoció
del asunto en primera instancia. Igualmente, se reconoció personería al apoderado
Yobany Alberto López Quintero, como apoderado judicial de la actora y se ofició al
Tribunal Administrativo de Caldas para que remitiera copia digital del expediente del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el número 2020-
00221-01.
El 9 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Caldas contestó la acción de tutela2
y solicitó declararla improcedente, al considerar que no cumplía los requisitos generales
ni específicos de procedencia contra providencias judiciales y que pretendía reabrir, como
una tercera instancia, un debate de naturaleza legal e interpretativa.
Por su parte, el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, en su escrito de contestación3,
del 10 de junio de 2026, sostuvo que la tutela carecía de relevancia constitucional y que
no se configuraba el desconocimiento del precedente, pues no existía una posición
uniforme y vinculante sobre el cómputo del tiempo laborado en preescolar. Solicitó
declarar improcedente la acción o, subsidiariamente, negar el amparo.
El 10 de junio de 2026, la UGPP contestó la acción de tutela 4 y solicitó declararla
improcedente, porque no se acreditaron los requisitos de inmediatez, subsidiariedad ni
perjuicio irremediable, no existió una vía de hecho y la accionante pretendía sustituir una
decisión judicial ejecutoriada.
Mediante sentencia del 12 de junio de 20265, el Consejo de Estado–Sección Primera
declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no cumplía el requisito de
relevancia constitucional, pues la accionante pretendía reabrir un asunto ya resuelto en
sede ordinaria y obtener un nuevo estudio de los argumentos analizados por el juez
natural, como si el amparo fuera una instancia adicional. Además, señaló que la autoridad
judicial accionada se pronunció sobre los aspectos cuestionados y no actuó de forma
abiertamente arbitraria ni desbordó los límites de la autonomía judicial.
2 Cfr. SAMAI, índice 13 de primera instancia.
3 Cfr. SAMAI, índice 14 de primera instancia.
4 Cfr. SAMAI, índice 16 de primera instancia.
5 Cfr. SAMAI, índice 25 de primera instancia.
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Accionante: Cielo Correa García
Acción de tutela–Primera instancia
La parte accionante impugnó6 la decisión. Manifestó que el asunto sí tenía relevancia
constitucional, pues no pretendía reabrir el debate ordinario, sino cuestionar el
desconocimiento del precedente que reconoce los tiempos laborados como docente de
preescolar bajo vinculación territorial. Agregó que la autoridad judicial omitió exponer las
dos posturas existentes y justificar por qué aplicó la interpretación más restrictiva y menos
favorable. Por ello, solicitó revocar la sentencia y conceder el amparo.
Finalmente, el 3 de julio de 20267 se concedió la impugnación.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 12 de junio de 2026 proferida por el Consejo de Estado–Sección Primera que declaró
improcedente la tutela.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 8 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
6 Cfr. SAMAI, índice 30 de primera instancia.
7 Cfr. SAMAI, índice 34 de primera instancia.
8 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Accionante: Cielo Correa García
Acción de tutela–Primera instancia
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela9.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional10: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Accionante: Cielo Correa García
Acción de tutela–Primera instancia
«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.»
Caso concreto
La señora Cielo Correa García promovió acción de tutela contra la sentencia del 6 de
noviembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado–Sala de lo Contencioso
Administrativo–Sección Segunda–Subsección A, al considerar que dicha providencia
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, seguridad social y tutela judicial efectiva, por haber desconocido el precedente
judicial relacionado con el cómputo del tiempo laborado por docentes de preescolar para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
La Sala advierte que, la tutela promovida por la señora Cielo Correa García será
declarada improcedente, toda vez que no cumple con el requisito de relevancia
constitucional. Esto, pues la Sala observa que lo que pretenden los accionantes es reabrir
el debate que quedó zanjado en sede de instancia.
Se observa que, como fundamento principal de la acción de tutela la accionante sostiene
que la autoridad judicial desconoció el precedente fijado en diversas sentencias del
Consejo de Estado, según el cual, para acceder a la pensión gracia, lo determinante es
el carácter territorial o nacionalizado de la vinculación docente y no el nivel educativo en
el que se prestaron los servicios.
Se advierte que la controversia planteada carece de relevancia constitucional, en la
medida en que el accionante pretende reabrir un asunto que ya fue resuelto por la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro del cual las dos instancias valoraron
integralmente los documentos y argumentos por él aportados. Se evidencia que la acción
de tutela se utiliza para cuestionar la decisión adoptada en segunda instancia y reabrir el
debate propio del proceso ordinario, reflejando, en realidad, una inconformidad con el
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Accionante: Cielo Correa García
Acción de tutela–Primera instancia
sentido del fallo y un intento de convertir el amparo constitucional en una tercera
instancia.
De la revisión del expediente, se advierte que, el Consejo de Estado–Sección Segunda,
en la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario, mencionó lo siguiente:
«32. La Sala observa que las certificaciones laborales analizadas en apartes
anteriores coinciden en señalar que la demandante se desempeñó como docente
del nivel preescolar. En el expediente no obran actos administrativos ni elementos
probatorios que permitan controvertir dicha circunstancia o demostrar que su
vinculación correspondía al nivel educativo de básica primaria o secundaria.
Incluso, en el Decreto 567 del 2 de agosto de 1977 —acto de nombramiento— no
se especifica el nivel escolar al cual fue asignada la actora.
33. En este punto debe precisarse que la pensión gracia, según el artículo 1° de la
Ley 114 de 1913, fue concebida originalmente para los maestros de escuelas
primarias oficiales. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 amplió su
cobertura a los empleados y profesores de las Escuelas Normales y a los
Inspectores de Instrucción Pública, permitiendo que para el cómputo de los años
de servicio se sumaran los prestados en distintos periodos, tanto en la enseñanza
primaria como en la normalista, e incluso en labores de inspección. Con la Ley 37
de 1933, este beneficio se extendió finalmente a los docentes de establecimientos
de educación secundaria, consolidando así un marco legal progresivo que amplió
el ámbito de protección de la pensión gracia.
34. No obstante, ninguna de las disposiciones citadas extendió el beneficio de la
pensión gracia a los docentes del nivel preescolar. Así lo ha reiterado esta
Subsección en diversos pronunciamientos1, en los que ha sostenido que las
personas que prestaron sus servicios en el nivel preescolar no se encuentran
incluidas entre los beneficiarios de dicha prestación, por cuanto el régimen jurídico
que la regula se dirige exclusivamente a los maestros de educación primaria y
secundaria vinculados a planteles educativos territoriales o nacionalizados. Este
criterio se fundamenta en que fue ese personal el que históricamente se vio
afectado por la desigualdad salarial que la pensión gracia buscó compensar.
35. Corolario a lo anterior, la Sala advierte que las certificaciones laborales
expedidas por la Secretaría de Educación Municipal de Manizales evidencian que
la docente desarrolló toda su trayectoria profesional, desde 1977 hasta 2018, en
el nivel preescolar.
En consecuencia, tales periodos de servicio no pueden contabilizarse para efectos
de acceder a la pensión gracia.
36. Aun si se aceptara que el nombramiento efectuado mediante el Decreto 567
del 2 de agosto de 1977 tuvo naturaleza territorial en el nivel de básica primaria y
secundaria, dicho vínculo culminó con el nuevo nombramiento dispuesto mediante
la Resolución 5732 del 19 de mayo de 1981, por medio de la cual la docente fue
adscrita en la Institución Educativa Normal Superior de Manizales; lo que pone de
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Accionante: Cielo Correa García
Acción de tutela–Primera instancia
manifiesto la existencia de un nuevo vínculo legal y reglamentario, máxime cuando
el primer acto de nombramiento y el acta de posesión la habían ubicado en el
municipio de La Dorada (Caldas).
37. No obra en el expediente acto administrativo de nombramiento posterior que
desvirtúe o refute la información según la cual, a partir de esa última designación,
la docente continuó desempeñándose en otro nivel distinto al preescolar.»
«39. En conclusión, se revocará en su totalidad la sentencia de primera instancia
habida cuenta que las pruebas documentales aportadas oportunamente al proceso
no permiten establecer inequívocamente que la demandante se desempeñó como
docente territorial en el nivel básica primaria o secundaria antes del 31 de
diciembre de 1980 y durante un lapso mínimo de 20 años continuos o discontinuos,
conforme lo exigen las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.»
De lo anterior se desprende que el Consejo de Estado–Sección Segunda concluyó que
los tiempos laborados por la señora Cielo Correa García en el nivel preescolar no podían
contabilizarse para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 no extendieron dicho beneficio a los docentes
de ese nivel educativo.
La Sala advierte que la providencia cuestionada no desconoció el precedente alegado,
pues la autoridad judicial explicó las razones normativas y jurisprudenciales por las cuales
consideró que los docentes de preescolar no se encontraban incluidos entre los
beneficiarios de la pensión gracia y examinó las certificaciones laborales y los actos de
nombramiento aportados al proceso.
Se evidencia, así, que el Consejo de Estado–Sección Segunda tuvo en cuenta la
jurisprudencia aplicable y adoptó una posición jurídica según la cual la pensión gracia fue
prevista para docentes de educación primaria, normalista y secundaria, sin que el
régimen legal incluyera a quienes prestaron sus servicios exclusivamente en el nivel
preescolar.
Asimismo, la accionante pretende que el juez constitucional imponga una interpretación
específica sobre su situación pensional, al sostener que lo determinante para el
reconocimiento de la pensión gracia es el carácter territorial o nacionalizado de la
vinculación, con independencia del nivel educativo en el que se prestaron los servicios.
No obstante, se observa que la autoridad judicial analizó expresamente dicha
circunstancia y concluyó que las pruebas no permitían establecer que la demandante se
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Accionante: Cielo Correa García
Acción de tutela–Primera instancia
hubiera desempeñado como docente de básica primaria o secundaria durante el tiempo
exigido legalmente.
Así las cosas, es claro que la accionante insiste en que se computen los tiempos
laborados como docente de preescolar para obtener el reconocimiento de la pensión
gracia; sin embargo, dicha pretensión corresponde a una discrepancia con la
interpretación normativa y probatoria adoptada por el juez natural, por lo que la tutela se
dirige, en esencia, a replantear un debate ya resuelto en sede ordinaria, sin que se
advierta una vulneración de derechos fundamentales.
En consecuencia, la controversia planteada no evidencia una vulneración directa de
derechos fundamentales, sino una discrepancia del accionante con el ejercicio legítimo
de la función jurisdiccional y con la interpretación del precedente en materia pensional.
La Sala concluye que la sentencia del Consejo de Estado–Sección Segunda, estuvo
debidamente motivada, fue razonable, respetó los límites de la autonomía judicial y aplicó
correctamente el derecho sustancial. Los cargos formulados por el accionante en sede
de tutela se limitaron a reiterar su desacuerdo con la interpretación adoptada y a intentar
reabrir un debate judicial ya resuelto de manera definitiva.
Dicho lo anterior, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe
la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es
una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las razones
expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional.
La sentencia reprochada fue dictada dentro del marco de la legalidad, con sujeción al
precedente judicial y al principio de seguridad jurídica. En consecuencia, no se configura
vulneración de derecho fundamental alguna.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Accionante: Cielo Correa García
Acción de tutela–Primera instancia
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de junio de 2026 por el Consejo de
Estado–Sección Primera que declaró improcedente la acción de tutela promovida por
Cielo Correa García contra el Consejo de Estado–Sección Segunda.
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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