Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00221-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00221-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2020-00221-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
6 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 17001 23 33 000 2020 00221 01 (4014-2022)
Demandante: Cielo Correa García
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Reiteración del criterio
consistente en que los docentes nivel preescolar no son beneficiarios
de la pensión gracia. Valoración de pruebas documentales. Condena
en costas.
Decisión: Se revoca la sentencia apelada porque las pruebas documentales
no permiten establecer inequívocamente que la demandante se
desempeñó como docente territorial en el nivel básica primaria o
secundaria antes del 31 de diciembre de 1980 y durante un lapso
mínimo de 20 años continuos o discontinuos
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 1° de abril de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La demandante ejerció el medio de control de la referencia solicitando la nulidad
de las Resoluciones RDP 3764 del 11 de febrero de 2020 y RDP 8986 del 13 de abril del
mismo año, a través de las cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento y
pago de una pensión gracia.
2. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
accionada a reconocer dicha prestación periódica desde el 17 de diciembre de 2008 —
con efectos fiscales a partir del 14 de noviembre de 2016 en virtud de la prescripción
trienal— por un monto equivalente al 75% del promedio de todos los y factores salariales
percibidos en el último año de servicios.
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Radicación: 17001 23 33 000 2020 00221 01 (4014-2022)
Demandante: Cielo Correa García
3. Igualmente, requirió que se ordene su inclusión en la nómina de pensionados con
el pago de las mesadas atrasadas teniendo en cuenta los reajustes previstos en las Leyes
13 de 1988 y 100 de 1993, así como los intereses moratorios. Además, solicitó la condena
en costas a la parte accionada.
4. Como fundamento de sus pretensiones, la demandante expuso que inició su labor
educativa el 9 de agosto de 1977 como docente adscrita al departamento de Caldas, en
la institución educativa Concordia Seccional Urbana de La Dorada, hasta el 9 de junio de
1981. Destacó que su desempeño fue como docente territorial, sin interrupciones, tras
haber sido nombrada por la gobernadora de dicho ente territorial mediante el Decreto 567
de 1977. Posteriormente, fue trasladada el 10 de junio de 1981 a instituciones educativas
del municipio de Manizales, donde continuó su trayectoria hasta el 2 de febrero de 2018,
en la institución educativa San Jorge.
5. Señaló que alcanzó el estatus pensional el 17 de diciembre de 2008, al cumplir 50
años de edad, momento en el cual ya superaba los 20 años de servicio como docente
territorial. Finalmente, manifestó que el 14 de noviembre de 2019 exigió formalmente a la
entidad demandada el reconocimiento de su derecho a la pensión gracia; sin embargo,
dicha solicitud fue negada mediante los actos administrativos que ahora se impugnan.
Contestación de la demanda
6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
argumentando que los certificados de historia laboral emitidos por la Secretaría de
Educación de Manizales presentan discrepancias en cuanto al tiempo total laborado (26
años, 1 mes y 41 días frente a 17 años, 11 meses y 41 días). Sin embargo, todos estos
documentos coinciden en que la vinculación de la actora fue de carácter nacional.
7. Asimismo, enfatizó que la ley establece que la pensión gracia no es aplicable a
docentes nacionales sino únicamente a quienes hayan prestado sus servicios en
entidades departamentales, municipales o distritales y cumplan con los requisitos legales,
situación que no se presenta en el caso de la demandante. En consecuencia, consideró
que no procede el reconocimiento ni el pago de dicha prestación a la actora.
8. Por último, indicó que se encuentran acreditadas las excepciones de «inexistencia
de la obligación y cobro de lo no debido», «buena fe», «prescripción» y la genérica.
Sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo de Caldas dictó sentencia del 1° de abril de 2022
mediante la cual declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y ordenó a la
entidad demandada reconocer la pensión gracia a la demandante desde el 17 de
diciembre de 2008, con efectos a partir del 14 de noviembre de 2016 en virtud de la
prescripción trienal. El monto de la pensión se fijó en el 75% del salario devengado
durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional. Asimismo, se condenó en
costas a la parte demandada, estableciendo las agencias en derecho en un 3% de las
pretensiones.
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Demandante: Cielo Correa García
10. El tribunal consideró probado, conforme al formato expedido por el FOMAG,
que la actora prestó servicios como docente desde el 9 de agosto de 1977 hasta el 31 de
diciembre de 2007, bajo vinculación nacional. Sin embargo, subrayó en que su
nombramiento fue realizado por la gobernadora de Caldas y tomó posesión en la Escuela
Seccional Urbana de La Dorada (Caldas), lo que otorgó a su vínculo docente un carácter
territorial.
11. Se resaltó que, aunque la entidad de previsión negó el derecho alegando
vinculación nacional, la plaza docente era de naturaleza territorial. De igual forma, se
determinó que la demandante cumplía con los requisitos de edad y tiempo de servicio,
pues fue vinculada antes del 31 de diciembre de 1980 y desempeñó funciones en plazas
asignadas por autoridad territorial. Así, se acreditaron más de 30 años de servicio y el
cumplimiento del requisito legal de buena conducta.
12. El tribunal declaró la prescripción de las mesadas anteriores al 14 de
noviembre de 2016, considerando que la demanda se presentó el 19 de agosto de 2020
y la solicitud de pensión el 14 de noviembre de 2019.
13. Finalmente, el a quo fundamentó la condena en costas al considerar que la
vulneración de los derechos de la actora la obligó a contratar un abogado y asumir los
gastos procesales hasta la culminación del proceso, fijando el 3% de lo pretendido como
agencias en derecho a favor de la demandante conforme al Acuerdo No. PSAA16-10554
del 5 de agosto de 2016.
Recurso de apelación
14. La parte demandada presentó recurso de apelación solicitando la revocatoria de
la sentencia dictada en primera instancia. En su escrito, reiteró el argumento relativo a
inconsistencias en los certificados de tiempo laborado, los cuales reportan periodos
distintos (26 años, 1 mes y 41 días frente a 17 años, 11 meses y 41 días) sin precisar
fechas exactas de inicio y terminación de cada vínculo.
15. Insistió que ambos certificados laborales evidencian que la vinculación docente fue
siempre de carácter nacional, lo que —a su juicio— excluye la posibilidad de acceder a
la pensión gracia, destinada exclusivamente a docentes con vinculación departamental,
municipal o distrital.
16. Adicionalmente, solicitó la revocatoria de la condena en costas impuesta en
primera instancia apoyándose en jurisprudencia que señala el cambio de criterio respecto
a su imposición, pasando de un análisis subjetivo a uno objetivo valorativo conforme a lo
establecido en la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, la recurrente sostuvo que la
condena en costas debe estar debidamente fundamentada y no puede sustentarse
únicamente en la derrota procesal.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
17. Mediante auto del 7 de diciembre de 2022 se admitió el recurso de apelación y se
dispuso que la demandante podía pronunciarse hasta la ejecutoria de dicha providencia;
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Radicación: 17001 23 33 000 2020 00221 01 (4014-2022)
Demandante: Cielo Correa García
además, el Ministerio Público podía rendir concepto hasta antes que el expediente
ingresara al despacho para sentencia.
18. El Ministerio Público conceptuó que debe revocarse la sentencia dado que la
demandante únicamente prestó sus servicios durante 4 años bajo vinculación territorial,
específicamente entre el 9 de agosto de 1977 y el 9 de junio de 1981, lo que impide
cumplir con el requisito legal de 20 años de servicio en dicha modalidad. Asimismo, indicó
que no procede la imposición de costas en razón a que la parte vencida actuó de buena
fe y no se evidenció temeridad ni mala fe en su actuar; sumado a que el Consejo de
Estado ha establecido que la condena en costas está supeditada a la comprobación
objetiva de su causación y no únicamente al resultado adverso del proceso.
19. La demandante guardó silencio en esta etapa.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
20. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.
Problema jurídico
21. Con base en los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala debe
determinar si el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en una indebida valoración de
las pruebas documentales (certificaciones laborales) al concluir que la demandante
cumplió con los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, particularmente en
lo relativo a la vinculación a la docencia oficial de carácter territorial o nacionalizada antes
del 31 de diciembre de 1980 y al acreditamiento de 20 años de servicio en tal calidad.
22. Asimismo, corresponde establecer si procede revocar la condena en costas
impuesta por el a quo a la entidad demandada, conforme a los argumentos presentados
en su recurso de apelación.
Análisis del problema jurídico
23. En el expediente consta el Decreto 567 del 2 de agosto de 1977, por el cual
la gobernadora de Caldas nombró a la demandante como normalista superior – seccional
en la escuela urbana del municipio de La Dorada. Según el acta de posesión 027, la
actora asumió el cargo el 9 de agosto de 1977 ante el alcalde de dicho municipio.
24. De las pruebas obrantes en el expediente se advierte que, según el Formato Único
para la Expedición de Certificado de Historia Laboral expedido por la Secretaría de
Educación Municipal de Manizales (del cual no se evidencia fecha de expedición), la
demandante fue vinculada como docente del nivel nacional mediante el Decreto 567 del
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2 de agosto de 1977. En virtud de dicho acto, se desempeñó como docente en la
Institución Educativa Normal Superior de Manizales, en el nivel preescolar, desde el 9
de agosto de 1977 hasta el 9 de junio de 1981.
25. Posteriormente, el mismo decreto registra la continuidad de su vinculación desde
el 10 de junio de 1981 hasta el 31 de diciembre de 2007, evidenciando una trayectoria
ininterrumpida en el servicio docente oficial. Finalmente, mediante la Resolución 1158 del
14 de septiembre de 2017, fue trasladada a la Institución Educativa Pablo VI, sede C, de
Manizales, donde ejerció funciones entre el 18 de septiembre y el 31 de diciembre de
2017.
26. En el plenario se avizora el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral calendado el 4 de octubre de 2018, mediante el cual la Secretaría de
Educación de Manizales certifica que la demandante se desempeñó como docente del
nivel preescolar en la Institución Educativa Normal Superior de Manizales, vinculada
mediante el Decreto 567 del 2 de agosto de 1977. Se consigna que inició labores el 9 de
agosto de 1977 —sin que se indique fecha de terminación— y se marca la casilla
correspondiente al régimen de pensiones nacional.
27. Posteriormente, consta un nuevo nombramiento («Ing. y Reing.») contenido en la
Resolución 5732 del 19 de mayo de 1981, adscribiéndola en la misma institución
educativa y con fecha de inicio el 10 de junio de 1981. Más adelante, se deja constancia
de su traslado a la Institución Educativa Pablo VI, sede C, del municipio de Manizales, a
través de la Resolución 1158 del 14 de septiembre de 2017, en la cual se registra el inicio
de labores el 18 de septiembre de 2017. Finalmente, fue trasladada a la sede principal
San Jorge, conforme a la Resolución 207 del 25 de enero de 2018, tomando posesión el
2 de febrero del mismo año, sin que se registre la fecha de retiro correspondiente.
28. Del análisis conjunto del material probatorio, la Sala concluye que el nombramiento
efectuado por la gobernadora de Caldas mediante el Decreto 567 del 2 de agosto de
1977 encaja dentro de la definición de personal territorial prevista en el artículo 1º de la
Ley 91 de 1989, según la cual pertenecen a dicha categoría los docentes vinculados por
nombramiento de una entidad territorial a partir del 1° de enero de 1976, sin haber
cumplido el requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
29. En efecto, en el acto de nombramiento no se evidencia intervención, aprobación
ni autorización previa del Ministerio de Educación Nacional, ni de alguno de sus
delegados. Por el contrario, la designación fue realizada de manera directa y autónoma
por la gobernadora de Caldas, en ejercicio de sus facultades como máxima autoridad
administrativa respecto de la planta de cargos adscrita al ente territorial.
30. De lo expuesto, la Sala concluye que carece de valor probatorio la información
consignada en la casilla de «tipo de vinculación nacional» dentro del Formato Único para
la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido por la Secretaría de Educación
Municipal de Manizales, referido en el párrafo 24 de esta providencia. Ello obedece a
que, del examen del acto administrativo de nombramiento, no se desprende que este
hubiera sido realizado por el Gobierno Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 1°
de la Ley 91 de 1989 respecto del personal de carácter nacional.
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31. De igual modo, la casilla marcada como «régimen de pensiones nacional» en el
certificado laboral fechado el 4 de octubre de 2018 no constituye un elemento concluyente
para definir la naturaleza jurídica del vínculo docente. Tal anotación solo refleja el régimen
de seguridad social aplicable en materia de pensión de vejez o de jubilación y no las
condiciones que determinan si la vinculación es nacional, nacionalizada o territorial según
las categorías establecidas en el citado artículo 1° de la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia
de esta Corporación. En consecuencia, dicha información no resulta relevante para
establecer el cumplimiento de los requisitos especiales de la pensión gracia, que son el
objeto de análisis de esta Sala.
32. La Sala observa que las certificaciones laborales analizadas en apartes anteriores
coinciden en señalar que la demandante se desempeñó como docente del nivel
preescolar. En el expediente no obran actos administrativos ni elementos probatorios que
permitan controvertir dicha circunstancia o demostrar que su vinculación correspondía al
nivel educativo de básica primaria o secundaria. Incluso, en el Decreto 567 del 2 de
agosto de 1977 —acto de nombramiento— no se especifica el nivel escolar al cual fue
asignada la actora.
33. En este punto debe precisarse que la pensión gracia, según el artículo 1° de la Ley
114 de 1913, fue concebida originalmente para los maestros de escuelas primarias
oficiales. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 amplió su cobertura a los
empleados y profesores de las Escuelas Normales y a los Inspectores de Instrucción
Pública, permitiendo que para el cómputo de los años de servicio se sumaran los
prestados en distintos periodos, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, e
incluso en labores de inspección. Con la Ley 37 de 1933, este beneficio se extendió
finalmente a los docentes de establecimientos de educación secundaria, consolidando
así un marco legal progresivo que amplió el ámbito de protección de la pensión gracia.
34. No obstante, ninguna de las disposiciones citadas extendió el beneficio de la
pensión gracia a los docentes del nivel preescolar. Así lo ha reiterado esta Subsección
en diversos pronunciamientos1, en los que ha sostenido que las personas que prestaron
sus servicios en el nivel preescolar no se encuentran incluidas entre los beneficiarios de
dicha prestación, por cuanto el régimen jurídico que la regula se dirige exclusivamente a
los maestros de educación primaria y secundaria vinculados a planteles educativos
territoriales o nacionalizados. Este criterio se fundamenta en que fue ese personal el que
históricamente se vio afectado por la desigualdad salarial que la pensión gracia buscó
compensar.
35. Corolario a lo anterior, la Sala advierte que las certificaciones laborales expedidas
por la Secretaría de Educación Municipal de Manizales evidencian que la docente
desarrolló toda su trayectoria profesional, desde 1977 hasta 2018, en el nivel preescolar.
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En respaldo de este criterio, conforme al cual los docentes del nivel preescolar no son beneficiarios de la
pensión gracia, esta Subsección ha reiterado su posición en diversos fallos. Entre ellos se destacan las
siguientes providencias de la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado: la sentencia del 23
de abril de 2025, radicación 50001-23-33-000-2016-00269-01 (5392-2024); la sentencia del 14 de mayo de
2025, radicación 70001-23-33-000-2019-00057-01 (0332-2025); y la sentencia del 10 de julio de 2025,
radicación 05001-23-33-000-2020-03755-01 (0078-2025), todas con ponencia del consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez.
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En consecuencia, tales periodos de servicio no pueden contabilizarse para efectos de
acceder a la pensión gracia.
36. Aun si se aceptara que el nombramiento efectuado mediante el Decreto 567 del 2
de agosto de 1977 tuvo naturaleza territorial en el nivel de básica primaria y secundaria,
dicho vínculo culminó con el nuevo nombramiento dispuesto mediante la Resolución 5732
del 19 de mayo de 1981, por medio de la cual la docente fue adscrita en la Institución
Educativa Normal Superior de Manizales; lo que pone de manifiesto la existencia de un
nuevo vínculo legal y reglamentario, máxime cuando el primer acto de nombramiento y
el acta de posesión la habían ubicado en el municipio de La Dorada (Caldas).
37. No obra en el expediente acto administrativo de nombramiento posterior que
desvirtúe o refute la información según la cual, a partir de esa última designación, la
docente continuó desempeñándose en otro nivel distinto al preescolar.
38. Finalmente, es oportuno recordar que corresponde a la parte demandante
acreditar los hechos que sustentan sus pretensiones, en virtud de la regla general de la
carga de la prueba consagrada en el artículo 167 del Código General del Proceso, según
la cual «incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
39. En conclusión, se revocará en su totalidad la sentencia de primera instancia habida
cuenta que las pruebas documentales aportadas oportunamente al proceso no permiten
establecer inequívocamente que la demandante se desempeñó como docente territorial
en el nivel básica primaria o secundaria antes del 31 de diciembre de 1980 y durante un
lapso mínimo de 20 años continuos o discontinuos, conforme lo exigen las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.
Condena en costas
40. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
42. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
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43. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en ambas
instancias por cuanto se revoca la sentencia de primera instancia y se niegan en su
totalidad las pretensiones de la demanda. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Caldas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 1° de abril de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas dentro del proceso de la referencia. En su lugar, NEGAR la
totalidad de las pretensiones de la demanda promovida por Cielo Correa García contra
la UGPP.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en ambas instancias. Para el
efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Caldas.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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