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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04270-00

Fecha
2 de julio de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04270-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Óscar Yesid Guzmán Lara. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04270-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

2 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04270-00
Demandante: ÓSCAR YESID GUZMÁN LARA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la corporación,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 3 de junio de 20261, el señor Óscar Yesid Guzmán
Lara, por medio de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Tolima, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
«adecuada impartición de justicia».

Según el accionante, la referida autoridad judicial vulneró tales garantías con la
providencia del 23 de abril de 2026, que revocó la sentencia proferida el 20 de
junio de 2023, por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué
y, en su lugar, declaró de oficio la excepción de indebida escogencia del medio de
control y denegó las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de
reparación directa con radicado 73001-33-33-012-2019-00120-00/01, promovido
contra la Nación, Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el demandante solicitó lo siguiente:

[D]ejar sin efectos la sentencia proferida por el del Tribunal Administrativo del Tolima
en segunda instancia, adiada el 23 de abril de 2026, dentro del proceso contencioso

1 Samai, índice 1, mediante escrito presentado el 3 de junio de 2026.

Demandante: Óscar Yesid Guzmán Lara
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04270-00

administrativo – medio de control de reparación directa, radicado bajo el número
73001-33-33-012-2019-00120-01, mediante la cual REVOCÓ la sentencia del 20 de
junio de 2023, proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Ibagué.

Así mismo, dejar sin efectos, eventualmente, todos los apartes del fallo de primera
instancia emitido por el Juzgado 12 Administrativo, en cuanto se opongan a los
efectos de la protección que por esta acción de tutela se pretende.

Igualmente, ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA – SALA DE
DECISIÓN conformada por los Señores Magistrados doctores CARLOS ARTURO
MENDIETA RODRÍGUEZ (Ponente), JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA y JOSÉ
ALETH RUIZ CASTRO que profiera nueva sentencia aplicando adecuadamente el
precedente vigente para la época de la presentación de la demanda y que resuelva
de fondo las pretensiones de la demanda sin rigorismo formal.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:

El tutelante precisó que demandó a la Nación - Rama Judicial, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Ibagué, a través del medio de control de
reparación directa para que se les declarara responsables administrativa y
patrimonialmente por falla en el servicio, debido a la no liquidación y falta de pago
oportuno de las cesantías definitivas a que tenía derecho.

Indicó que el 20 de junio de 2023, el Juzgado Doce Administrativo Mixto del
Circuito Judicial de Ibagué decidió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del Oficio del 31 de octubre de 2018, por
medio del cual niega el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL al pago de la sanción
moratoria por el no pago oportuno de las cesantías parciales a favor del señor
OSCAR YESID GUZMÁN LARA, a partir del el 25 de agosto de 2017 de un (01)
día de salario por cada día de retardo hasta el día anterior a la fecha en que se hizo
efectivo el pago, el cual se presentó el 27 de enero de 2020, es decir, la suma
equivalente a ochocientos ochenta y cinco (885) días del salario devengado en el
año 2017, es decir, por el valor de cuarenta y tres millones cuarenta y nueve mil
ochocientos cincuenta y un pesos con cinco centavos M/tc. ($ 43.049.851.5).

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin CONDENA en costas.
[…].

Resaltó que dicha decisión concluyó que tenía derecho al reconocimiento y pago
de la sanción moratoria, pues la Nación – Rama Judicial, canceló de manera tardía
sus cesantías definitivas, debido a que estas debieron ser consignadas a más
tardar el 24 de agosto de 2017. En consecuencia, a partir del día siguiente, es
decir, el 25 de agosto de 2017, empezó a correr el término de la sanción moratoria

2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.

2

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Demandante: Óscar Yesid Guzmán Lara
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04270-00

correspondiente a un día de salario por cada día de retardo hasta el día anterior
en el que se hizo efectivo el pago, lo cual aconteció según lo manifestado por la
parte demandada, el 27 de enero de 2020.

Puso de presente que la entidad demandada apeló alegando que el acto
controvertido que tenía como origen la reclamación sobre los derechos laborales
no fue cuestionado en sede administrativa, ni se solicitó su nulidad, por lo que le
estaba vedado al juez conceder dichos efectos y resaltó que la sanción moratoria
por cesantías debía tramitarse, mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, y no por reparación directa.

Advirtió que en segunda instancia conoció el Tribunal Administrativo del Tolima,
que el 23 de abril de esta anualidad revocó la sentencia preferida por el a quo,
declaró de oficio la excepción de indebida escogencia del medio de control de
reparación directa en relación con las imputaciones que se derivaron de los actos
administrativos, y en consecuencia denegó las pretensiones.

Lo anterior, porque consideró que la fuente del daño cuya reparación se reclamaba
provenía de los actos administrativos contenidos en los oficios del 23 de marzo y
31 de octubre de 2018 que, por su naturaleza jurídica estaban amparados con
presunción de legalidad, los cuales debieron demandarse para desvirtuar tal
presunción, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, más no el de reparación directa, como equivocadamente lo pretendió,
por lo que se configuraba una indebida escogencia del medio de control, situación
que tornó improcedente un pronunciamiento de fondo.

1.4. Sustento de la vulneración

Advirtió la existencia de un defecto sustantivo, pues desconoció para la época de
presentación de la demanda una línea jurisprudencial consolidada que admitía la
reparación directa como mecanismo idóneo para reclamar la sanción moratoria
derivada del pago tardío de cesantías definitivas.

Adicionó que la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, en
sentencia del 23 de julio de 2014 (73001-23-31-000-2000-00825-01) al desatar un
recurso de apelación contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima
reconoció expresamente que «para el momento de interposición de la demanda,
la jurisprudencia imperante para esa época establecía la procedencia de esa
acción para obtener la indemnización por la moratoria en el pago de cesantías»,
por lo que la postura jurisprudencial expuesta en dicha sentencia ponía en
evidencia la contradicción con la tesis del tribunal, según la cual el medio de control
resultaba improcedente.

Agregó que la vulneración sus derechos surgió, pues el tribunal desconoció los
efectos constitucionales que produce una línea jurisprudencial previa y
consolidada sobre la conducta procesal del ciudadano y porque terminó
declarando de oficio la indebida escogencia del medio de control al final del litigio,
cuando el proceso ya había sido admitido, saneado, instruido y decidido de fondo.

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Demandante: Óscar Yesid Guzmán Lara
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
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Asimismo, reprochó un defecto por desconocimiento del precedente horizontal y
vertical, porque la sentencia cuestionada reconoció expresamente que: i) existió
una línea jurisprudencial que admitía la reparación directa; ii) dicha postura
obedecía a un criterio de protección del acceso a la justicia; iii) el Consejo de
Estado admitió que por años la reparación directa fue viable en estos eventos.

Añadió que, en este caso se hacía evidente la existencia de una contradicción
interna, el desconocimiento del precedente y concretamente la violación del
principio de confianza legítima.

Alegó un exceso de ritual manifiesto, pues la corporación cuestionada privilegió
una discusión puramente formal sobre el medio de control, pese a que el daño
alegado en la demanda estaba acreditado, al igual que la mora y existía un debate
jurisprudencial histórico. Resaltó que, la efectividad del derecho sustancial debe
prevalecer ante la incertidumbre jurisprudencial objetiva.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 11 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Tolima y
vincular como terceros con interés al juez Doce Administrativo del Circuito Judicial
de Ibagué y a la directora ejecutiva de Administración Judicial (demandada dentro
del proceso ordinario).

1.6 Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Tolima

Además de remitir el expediente del proceso, resaltó que la providencia proferida
por esa corporación no solo hizo una valoración normativa y jurisprudencial
aplicable al caso bajo estudio, sino que revisó cada uno de los fundamentos
fácticos y pruebas aportadas al proceso, por lo que no afectó los derechos
fundamentales del accionante.

Consideró que la providencia proferida en segunda instancia no constituyó una
actuación arbitraria o infundada, sino que correspondió al análisis riguroso no solo
de los fundamentos fácticos y caudal probatorio arrimado al proceso, sino de las
normas y jurisprudencia aplicables, motivo por el cual solicitó denegar el amparo
solicitado.

1.6.2. Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué

Sostuvo que la solicitud de amparo resultaba improcedente, en la medida que el
accionante pretende reabrir un debate que ya se llevó a cabo en el proceso judicial,
retrotraer actuaciones y etapas procesales que se surtieron dentro del proceso
contencioso administrativo, por lo que solicitó declarar la improcedencia de la

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acción.

1.6.3. Consejo Superior de la Judicatura (Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial)

Resaltó que no tiene legitimación en la causa por pasiva, pues la DEAJ – Nivel
Central no intervino en dicho proceso, no asumió representación judicial, ni
participó en la expedición de la decisión cuestionada, cuya sentencia se pretende
invalidar mediante tutela, por lo que solicitó declarar la improcedencia de este
trámite.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 803 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala analizar si el Tribunal Administrativo del Tolima, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la «adecuada impartición de justicia», invocados por el señor Guzmán
Lara, con la providencia del 23 de abril de 2026, que revocó la sentencia proferida
el 20 de junio de 2023, por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué y, en su lugar, declaró de oficio la excepción de indebida escogencia del
medio de control y denegó las pretensiones de la demanda, dentro del medio de
control de reparación directa con radicado 73001-33-33-012-2019-00120-00/01,
promovido contra la Nación, Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, de encontrarse superados los requisitos adjetivos de procedibilidad,
se abordará, ii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración4

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la

3 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de 2025,

expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de

2012, expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:

[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se
hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta
el momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

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Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

En lo referente al requisito de relevancia constitucional, cabe señalar que la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «[...]el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».

Enfatizó que el análisis de procedencia, cuando se cuestiona una providencia de
una alta corte, debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia. Los presupuestos se refieren a lo siguiente:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, pues no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible
de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

En esa medida, la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede
utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez
natural.

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En el presente caso, la parte actora le atribuye al Tribunal Administrativo del
Tolima la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la «adecuada impartición de justicia»,
con la providencia del 23 de abril de 2026, que revocó la sentencia proferida el 20
de junio de 2023, por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué y, en su lugar, declaró de oficio la excepción de indebida escogencia del
medio de control y denegó las pretensiones de la demanda, dentro del medio de
control de reparación directa con radicado 73001-33-33-012-2019-00120-00/01,
promovido contra la Nación, Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

Asimismo, reprochó un defecto por desconocimiento del precedente horizontal y
vertical, porque la sentencia cuestionada reconoció expresamente que: i) existió
una línea jurisprudencial que admitía la reparación directa; ii) dicha postura
obedecía a un criterio de protección del acceso a la justicia; iii) el Consejo de
Estado admitió que por años la reparación directa fue viable en estos eventos.

En criterio del accionante la aludida autoridad judicial desconoció una línea
jurisprudencial consolidada que admitía la reparación directa como mecanismo
idóneo para reclamar la sanción moratoria derivada del pago tardío de cesantías
definitivas.

Específicamente, indicó que era la sentencia del 23 de julio de 2014, de la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado identificada con el radicado 73001-
23-31-000-2000-00825-01, pues en dicha providencia el tribunal cuestionado al
desatar un recurso de apelación reconoció expresamente que para el momento
de interposición de la demanda, la jurisprudencia imperante para esa época
establecía la procedencia de la acción de reparación directa para obtener la
indemnización por la moratoria en el pago de cesantías, por lo que la postura
jurisprudencial expuesta ponía en evidencia la contradicción con la tesis de la
corporación, según la cual el medio de control resultaba improcedente.

También, alegó un exceso de ritual manifiesto, pues la corporación cuestionada
privilegió una discusión puramente formal sobre el medio de control, pese a que
el daño alegado en la demanda estaba acreditado, al igual que la mora.

Del análisis de lo pretendido con la acción de tutela, resulta claro que los reparos
coinciden en una misma inconformidad relacionada con el desacuerdo del señor
Guzmán Lara con la decisión del tribunal de revocar la sentencia de primera
instancia y declarar de oficio la excepción de «ineptitud sustantiva de la demanda
por indebida escogencia del medio de control», pues según la corporación
enjuiciada «desde el punto de vista material», las pretensiones del actor
relacionadas con la reclamación de la sanción moratoria por la falta de liquidación
y de pago oportuno de las cesantías definitivas a que tenía derecho debieron
«recabarse a través del medio de control jurisdiccional de la nulidad y
restablecimiento del derecho».

En esa medida, en este caso, la acción de tutela presentada por la parte actora no
satisface el requisito de relevancia constitucional, pues no existe una

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argumentación tendiente a demostrar la grave violación de sus derechos
fundamentales y solo plantea un desacuerdo con la decisión del tribunal que
declaró la excepción de indebida escogencia del medio de control de reparación
directa relacionada con las imputaciones derivadas de la reclamación de la
sanción moratoria por el pago oportuno de las cesantías definitivas del tutelante y
en consecuencia denegó la pretensiones de la demanda.

Además, porque esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, para interpretaciones o valoraciones
probatorias que son propias del juez natural, por lo que proceder en contrario
implicaría interferir en cuestiones que desbordan su competencia y, de paso,
desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la solicitud de amparo.

Adicionalmente, la sala encuentra que los argumentos que expone el tutelante,
dirigidos a evidenciar que existe una línea jurisprudencial que en los casos de
reclamación de la sanción moratoria por la falta de liquidación y de pago oportuno
de las cesantías definitivas el medio de control utilizado es el de reparación directa
no cuentan con la carga argumentativa suficiente para ser estudiados, en el marco
de la trasgresión de derechos fundamentales, en la medida en que están
encaminados a controvertir las conclusiones a las que arribó el tribunal
demandado.

En efecto, se hace evidente que el accionante busca imponer su criterio, el cual
estima más acertado sobre el del Tribunal Administrativo del Tolima, lo cual denota
un desconcierto respecto al sentido de la decisión; máxime si se tiene en cuenta
que esa autoridad, centró su análisis en el medio de control procedente, ineptitud
de la demanda frente a imputaciones que tienen origen en actos administrativos,
como a continuación se advierte de la decisión:

En el sub judice, es claro que la fuente que se invoca como causa fundamental del
daño en primer lugar es el acto administrativo contenido en el Oficio No. 001610 del
23 de marzo de 2018, por medio del cual la administración reconoció y ordenó el
pago de unas cesantías definitivas, que a criterio del accionante no fueron
liquidadas debidamente. Del mismo modo, el daño también proviene del acto
administrativo de fecha 31 de octubre de 2018, por medio del cual se le negó la
sanción moratoria reclamada por el actor, por el no pago oportuno de sus cesantías,
decisiones que fueron tomadas por la administración en ejercicio de sus funciones
administrativas.

Los supuestos de falla del servicio aducidos en la demanda que, se resumen, de
una parte, en el hecho de no haberse liquidado las cesantías correspondientes al
periodo del 01 de enero de 2017 al 16 de febrero de 2017 y, por otra parte, una
omisión de la demandada por no cancelar oportunamente el pago de estas, en
realidad se trata de expresiones de la administración producidas a través de sendos
actos administrativos con presunción de legalidad, y no propiamente de hechos
administrativos.

Los anteriores supuestos de hecho esgrimidos en la demanda no corresponden a
ninguno de los eventos excepcionales en los que el medio de control jurisdiccional
de reparación directa es procedente cuando el daño proviene de actos
administrativos. Denótese que los actos administrativos por medio de los cuales se
presentó una indebida liquidación y pago de las cesantías, así como su pago

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Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
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inoportuno, y que el actor considera son contrarios al ordenamiento jurídico e
incidieron en su situación particular y concreta, la vía procesal procedente es la de
nulidad y restablecimiento del derecho y no la reparación directa en los términos del
artículo 138 del CPACA, pues, para obtener el resarcimiento del perjuicio resulta
necesario el pronunciamiento acerca de la anulabilidad de los actos por violación de
los preceptos entre otros de la Ley 1071 de 2006, para efectos de desvirtuar la
presunción de legalidad y veracidad que revisten tales actos jurídicos.
[…]
En consecuencia, desde el punto de vista material, las pretensiones del actor,
debieron recabarse a través del medio de control jurisdiccional de la nulidad y
restablecimiento del derecho, razón por la cual la Sala encuentra que se configura
una indebida escogencia del medio de control, situación que torna improcedente un
pronunciamiento de fondo sobre los planteamientos de la demanda, por cuanto la
adecuada escogencia del medio de control constituye presupuesto de la sentencia
de mérito, tal como lo ha sostenido esta Sección del Consejo de Estado8,
coadyuvado por el hecho de que las normas procesales son de orden público y por
lo tanto de perentorio cumplimiento según lo dispuesto expresamente en el artículo
13 del CGP.

En ese orden de ideas, se tiene que los señalamientos efectuados no pretenden
evidenciar una actuación arbitraria o irracional en la decisión cuestionada que
denote una afectación de sus garantías ius fundamentales, sino, por el contrario,
lo que buscan es que la acción de tutela opere como una instancia adicional en la
que se imponga una valoración del caso distinta a la que utilizó el juez natural.

En lo concerniente al desconocimiento del precedente horizontal a juicio de la
parte actora, la decisión sometida a discusión se apartó de la existencia de una
línea jurisprudencial que admitía la reparación directa, postura que obedecía a un
criterio de protección del acceso a la justicia, por lo que el Consejo de Estado
admitió que por años dicho medio de control fuera viable en esos eventos.

No obstante, la parte actora omitió hacer referencias a las decisiones de la
corporación enjuiciada sobre el tema, por lo que, en criterio de la sala, el tutelante
no cumplió con la carga iusfundamental requerida para superar el requisito en
estudio.

Por consiguiente, esta sala de decisión declarará improcedente la solicitud de
amparo de la referencia por no cumplir el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que la accionante no desarrolló planteamientos que permitan considerar,
prima facie, que su caso amerita algún pronunciamiento adicional al realizado en
la providencia objeto de reproche.

Por lo anterior, como se observa, la intención del accionante es imponer una
postura que resulte favorable a sus intereses, lo cual escapa del objeto de la
acción de tutela e impide al juez constitucional realizar un pronunciamiento de
fondo sobre el particular.

En esa medida, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.

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Demandante: Óscar Yesid Guzmán Lara
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04270-00

Por lo tanto, al no estar acreditados los criterios fijados por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia
constitucional, ya que la solicitud de amparo solo pretende reabrir el debate de
instancia, la acción de tutela será declarada improcedente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
señor Óscar Yesid Guzmán Lara.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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