RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04270-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04270-01

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04270-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de julio de 2026, proferida por la Sección Quinta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-04270-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 04270 01
Accionante: Óscar Yesid Guzmán Lara
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró
improcedente el amparo solicitado

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 2 de julio de 2026, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo solicitado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Óscar Yesid Guzmán Lara, actuando a través de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, y para ello formuló las
siguientes pretensiones1:

Respetuosamente solicito a los honorables Consejeros de Estado AMPARAR los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a justicia, adecuada
impartición de justicia, al principio constitucional de confianza legítima y al principio
de prevalencia del derecho sustancial.

Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia proferida por el
del Tribunal Administrativo del Tolima en segunda instancia, adiada el 23 de abril
de 2026, dentro del proceso contencioso administrativo – medio de control de
reparación directa, radicado bajo el número 730013333-012-2019-00120-01,
mediante la cual REVOCÓ la sentencia del 20 de junio de 2023, proferida por el
Juzgado Doce Administrativo de Ibagué.

Así mismo, dejar sin efectos, eventualmente, todos los apartes del fallo de primera
instancia emitido por el Juzgado 12 Administrativo, en cuanto se opongan a los
efectos de la protección que por esta acción de tutela se pretende.

Igualmente, ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA – SALA DE
DECISIÓN conformada por los Señores Magistrados doctores CARLOS ARTURO
MENDIETA RODRÍGUEZ (Ponente), JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA y JOSÉ
ALETH RUIZ CASTRO que profiera nueva sentencia aplicando adecuadamente

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04270 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2026 04270 01
Accionante: Óscar Yesid Guzmán Lara
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

el precedente vigente para la época de la presentación de la demanda y que
resuelva de fondo las pretensiones de la demanda sin rigorismo formal.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La parte accionante indicó que, promovió demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con el propósito de obtener la declaratoria de responsabilidad por
la falta de liquidación y pago oportuno de sus cesantías definitivas, así como el
reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006.

Manifestó que, a la referida demanda se le asignó el número de radicación 73001 33 33
012 2019 00120 01 y correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Ibagué, el cual, mediante sentencia del 20 de junio de 2023 accedió
parcialmente a las pretensiones.

Señaló que la entidad demandada apeló dicha decisión, argumentando, entre otros
aspectos, que la controversia debía tramitarse mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y no a través de la reparación directa, por cuanto la
reclamación tenía origen en un acto administrativo relacionado con derechos laborales.

Expuso que el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 23 de abril de
2026, revocó el fallo de primera instancia al concluir que la sanción moratoria derivada
del pago tardío de cesantías no podía reclamarse mediante el medio de control de
reparación directa, sino a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho cuando existiera un acto administrativo relacionado con el reconocimiento o
liquidación de la prestación.

Como fundamento de la acción de tutela, sostuvo que la sentencia cuestionada vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la adecuada impartición de justicia, por cuanto el Tribunal desconoció el precedente
judicial vigente al momento de la presentación de la demanda, incurrió en exceso ritual
manifiesto, defecto sustantivo y procedimental, y aplicó retrospectivamente una tesis
jurisprudencial posterior. Asimismo, afirmó que la autoridad judicial declaró de manera
oficiosa y tardía la indebida escogencia del medio de control únicamente al proferir la
sentencia de segunda instancia.

Frente a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, alegó la
configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, al
estimar que el tribunal accionado aplicó retrospectivamente una tesis jurisprudencial
posterior para concluir que el medio de control procedente era el de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Sostuvo que, al momento de presentar la demanda, existía una línea jurisprudencial
consolidada del Consejo de Estado que admitía la procedencia de la reparación directa
para reclamar la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas, por lo que
la decisión desconoció los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y acceso
efectivo a la administración de justicia.

Asimismo, afirmó que la providencia incurrió en desconocimiento del precedente
horizontal y vertical, toda vez que el propio Tribunal reconoció la existencia de una línea
jurisprudencial que permitía acudir a la reparación directa, pero, pese a ello, terminó
negando las pretensiones por indebida escogencia del medio de control, sancionando al
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2026 04270 01
Accionante: Óscar Yesid Guzmán Lara
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

demandante por haber actuado conforme al precedente vigente para la época de
presentación de la demanda.

Igualmente, anotó que la sentencia incurrió en exceso ritual manifiesto, porque privilegió
una discusión meramente formal sobre el medio de control, pese a que el proceso había
sido tramitado integralmente y existía un debate jurisprudencial histórico sobre la materia.
En su criterio, el Tribunal sacrificó el derecho sustancial y desconoció el principio de
prevalencia del derecho material al abstenerse de resolver de fondo la controversia.

Finalmente, alegó la vulneración del debido proceso y del acceso a la administración de
justicia por la declaración oficiosa y tardía de la indebida escogencia del medio de control.
Manifestó que el proceso fue admitido, saneado, se fijó el litigio, se practicaron pruebas
y se profirió sentencia de primera instancia, sin que la entidad demandada hubiera
propuesto esa excepción.

En consecuencia, consideró que el Tribunal profirió un fallo materialmente inhibitorio que
desconoció los principios de confianza legítima, pro actione y de dirección y saneamiento
del proceso, al trasladar al demandante las consecuencias de una supuesta irregularidad
procesal que debió advertirse oportunamente.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 3 de junio de 20262 y correspondió por reparto a la Sección
Quinta del Consejo de Estado que, por auto de 11 de junio de 20263 la admitió y dispuso
notificar4 al Tribunal Administrativo del Tolima como autoridad judicial accionada; así
como vincular al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué y a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, como terceros interesados en el resultado del
proceso.

De igual forma, requirió tanto al Juzgado como al Tribunal para que allegaran copia digital
del expediente de reparación directa correspondiente al proceso identificado con el
radicado núm. 73001 33 33 012 2019 00120 00/01.

3.2. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué5, presentó informe en el
que solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que el accionante
pretende reabrir un debate jurídico ya resuelto dentro del proceso contencioso
administrativo y utilizar la tutela como una instancia adicional para controvertir la decisión
adoptada por el Tribunal, sin que se evidencie vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

3.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial6 solicitó negar el amparo respecto
de esa entidad, al sostener que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04270 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04270 00.
4 Esta orden se cumplió el 16 de junio de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04270 00.
5
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04270 00.
6
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04270 00.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2026 04270 01
Accionante: Óscar Yesid Guzmán Lara
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

que no intervino en el proceso ordinario cuestionado ni participó en la expedición de la
sentencia objeto de tutela. Señaló que la representación judicial de la Rama Judicial en
dicho proceso fue asumida por la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué, razón por la cual cualquier pronunciamiento sobre los hechos corresponde a esa
dependencia y no al nivel central.

Adicionalmente, afirmó que la providencia cuestionada fue proferida en ejercicio de la
autonomía e independencia judicial y no evidencia vulneración de derechos
fundamentales que habilite la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción frente a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central.

3.4. El Tribunal Administrativo del Tolima7 solicitó negar el amparo al sostener que la
sentencia cuestionada fue adoptada con fundamento en el análisis de los hechos, las
pruebas, la normativa y la jurisprudencia aplicables al caso, sin que se hubiera vulnerado
derecho fundamental alguno del accionante. Indicó que la controversia giraba en torno a
la indebida liquidación y al pago tardío de las cesantías, aspectos que se encontraban
contenidos en actos administrativos amparados por la presunción de legalidad, razón por
la cual el medio de control procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho y
no el de reparación directa.

Asimismo, explicó que la Sala declaró de oficio la excepción de indebida escogencia del
medio de control tras advertir que el demandante insistió en promover la reparación
directa, pese a que el juez de primera instancia le había solicitado adecuar la demanda.
Agregó que la providencia cuestionada obedeció al ejercicio de las facultades de
dirección y saneamiento del proceso previstas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8 y el Código General del Proceso9, por
lo que no constituyó una actuación arbitraria, sino una decisión debidamente motivada y
ajustada al ordenamiento jurídico.

3.5. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué guardó silencio.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 2 de julio de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se superaba el requisito
general de relevancia constitucional, por cuanto se pretendía utilizar este mecanismo
como una instancia adicional para cuestionar las interpretaciones jurídicas y las
valoraciones probatorias efectuadas por el juez natural de la causa.

En el caso concreto, concluyó que la inconformidad del accionante se limitaba a
controvertir la decisión del Tribunal de declarar la indebida escogencia del medio de
control, con el fin de obtener una nueva valoración sobre ese aspecto. En consecuencia,
estimó que la tutela buscaba reabrir un debate de naturaleza legal ya resuelto en el
proceso ordinario, razón por la cual declaró improcedente el amparo.

7 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04270 00.
8 En adelante CPACA.
9 En adelante CGP.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2026 04270 01
Accionante: Óscar Yesid Guzmán Lara
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con la decisión de primera instancia, el accionante solicitó revocar la
sentencia de primera instancia al considerar que esta identificó erróneamente el problema
jurídico constitucional y, por ello, concluyó equivocadamente que la acción de tutela
carecía de relevancia constitucional. Sostuvo que la tutela no pretende reabrir el debate
sobre el medio de control procedente ni convertir el amparo en una tercera instancia, sino
obtener un pronunciamiento de fondo sobre los defectos específicos planteados en la
demanda.

Como principal cargo de inconformidad, afirmó que el juez de tutela omitió pronunciarse
sobre el verdadero problema constitucional, consistente en establecer si era compatible
con los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia que el
Tribunal declarara, de manera oficiosa y únicamente al dictar la sentencia de segunda
instancia, la indebida escogencia del medio de control, profiriendo un fallo materialmente
inhibitorio después de que el proceso había sido tramitado y decidido de mérito en
primera instancia.

Asimismo, sostuvo que la demanda planteó cuestiones de naturaleza estrictamente
constitucional relacionadas con la vulneración del debido proceso, el acceso efectivo a la
administración de justicia, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la prevalencia del
derecho sustancial y la prohibición del exceso ritual manifiesto, las cuales no fueron
analizadas por el juez de tutela de primera instancia, pese a constituir el fundamento de
la acción de tutela.

5.2. Por auto proferido el 16 de julio de 2026 se concedió la impugnación10 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto de 29 de julio de 202611.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 12, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201513, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201915, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido

10 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04270 00.
11 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04270 01.
12 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
13 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
14 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2026 04270 01
Accionante: Óscar Yesid Guzmán Lara
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:

6.2.1. El señor Óscar Yesid Guzmán Lara, por conducto de apoderado judicial, promovió
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama
Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el propósito de que se
declarara administrativa y patrimonialmente responsable por la no liquidación y el pago
extemporáneo de sus cesantías definitivas. Al proceso se le asignó el número único de
radicación 73001 33 33 012 2019 00120 00.

6.2.2. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Ibagué que, mediante sentencia del 20 de junio de 2023 resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del Oficio del 31 de octubre de 2018,
por medio del cual niega el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL al pago de la sanción
moratoria por el no pago oportuno de las cesantías parciales a favor del señor
OSCAR YESID GUZMÁN LARA, a partir del el 25 de agosto de 2017 de un (01)
día de salario por cada día de retardo hasta el día anterior a la fecha en que se
hizo efectivo el pago, el cual se presentó el 27 de enero de 2020, es decir, la suma
equivalente a ochocientos ochenta y cinco (885) días del salario devengado en el
año 2017, es decir, por el valor de cuarenta y tres millones cuarenta y nueve mil
ochocientos cincuenta y un pesos con cinco centavos M/tc. ($ 43.049.851.5)

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6.2.3. Inconforme con esa decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto por el Tribunal mediante sentencia del 23 de abril de 2026, en la que
dispuso:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo
del Circuito de Ibagué el día veinte (20) de junio de dos mil tres (2023), por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:

SEGUNDO: DECLÁRASE de oficio la excepción de indebida escogencia del
medio de control de reparación directa en relación con las imputaciones que se
derivan de actos administrativos, y en consecuencia

TERCERO: NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia

16 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 73001 33 33 012 2019 00120

00/01.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2026 04270 01
Accionante: Óscar Yesid Guzmán Lara
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que17:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU -
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades18:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 19. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.

17 Corte Constitucional. Sentencia C - 590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU - 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este

criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022.
19 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2026 04270 01
Accionante: Óscar Yesid Guzmán Lara
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

6.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que20:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).

En la sentencia SU- 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.

La Sala advierte que, en este caso, no se cumple el requisito de relevancia constitucional,
comoquiera que no se supera el tercer elemento que lo integra, esto es, impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones adoptadas por el juez del proceso ordinario.

Ello, debido a que, en su escrito de impugnación, el accionante sostuvo que la sentencia
de tutela de primera instancia identificó de manera equivocada el problema jurídico
constitucional sometido a consideración, pues entendió que la acción de tutela pretendía
controvertir la interpretación del Tribunal sobre el medio de control procedente. En su
criterio, la controversia consistía en establecer si resultaba compatible con los artículos
29, 228 y 229 de la Constitución que, luego de surtido íntegramente el proceso y de
haberse proferido sentencia de mérito en primera instancia, el juez de segunda instancia
podía de oficio la indebida escogencia del medio de control.

Asimismo, afirmó que el juez de tutela no confrontó los cargos formulados en la demanda
de amparo, relacionados con el defecto sustantivo, el desconocimiento del precedente,

20 Corte Constitucional. Sentencia SU - 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2026 04270 01
Accionante: Óscar Yesid Guzmán Lara
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

el exceso ritual manifiesto, la vulneración de la confianza legítima y la denegación
material de justicia, pese a que, en su criterio, todos ellos planteaban un problema de
naturaleza constitucional.

Finalmente, insistió en que la sentencia impugnada omitió pronunciarse sobre el
argumento central de la demanda, consistente en que la declaración oficiosa y tardía de
la excepción de indebida escogencia del medio de control trasladó al accionante las
consecuencias de una irregularidad procesal que el juez pudo advertir y sanear
oportunamente.

Ahora bien, de la lectura de la sentencia cuestionada se observa que el Tribunal
Administrativo del Tolima delimitó el problema jurídico en establecer si el medio de control
de reparación directa era el mecanismo procedente para reclamar la sanción moratoria
derivada del pago tardío de las cesantías definitivas del demandante y, solo en caso
afirmativo, si se configuraban los presupuestos para declarar la responsabilidad
patrimonial de la Nación – Rama Judicial.

Para resolver ese interrogante, explicó que el medio de control de reparación directa
procede, por regla general, cuando el daño proviene de un hecho, una omisión, una
operación administrativa o la ocupación de inmuebles, mas no cuando tiene origen en
actos administrativos, salvo las excepciones reconocidas por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, las cuales identificó y analizó expresamente.

Con fundamento en ese análisis, concluyó que el daño alegado por el demandante tenía
origen en el acto administrativo mediante el cual se reconocieron y liquidaron sus
cesantías definitivas y en aquel que negó el reconocimiento de la sanción moratoria,
decisiones amparadas por la presunción de legalidad. Por ello, consideró que la
controversia debía ventilarse mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, pues el reconocimiento de los perjuicios reclamados exigía previamente
desvirtuar la legalidad de dichos actos administrativos.

Finalmente, la autoridad judicial accionada precisó que el asunto no encuadraba en
ninguno de los eventos excepcionales que habilitan la procedencia de la reparación
directa frente a daños originados en actos administrativos. Además, destacó que el juez
de primera instancia había inadmitido inicialmente la demanda para que el actor adecuara
el medio de control, pero este insistió en promover la reparación directa. En
consecuencia, declaró de oficio la excepción de indebida escogencia del medio de
control, revocó la sentencia apelada y negó las pretensiones de la demanda.

A partir de ese contexto, la Sala observa que lo manifestado por la accionante para
sustentar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales no evidencia que el
asunto planteado verse sobre el alcance de un derecho fundamental, sino únicamente
sobre su inconformidad con la decisión adoptada en el proceso ordinario.

Ello es así, porque el accionante en ningún momento pone de presente que la autoridad
judicial accionada hubiera incurrido en una arbitrariedad, ni desarrolla una exposición de
la que se desprenda que el caso exija interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política, o definir el alcance de un derecho fundamental, como tampoco justifica de
manera razonable una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.

Por tanto, la Sala considera que lo expuesto por la parte accionante, más que revelar la
existencia de una cuestión de verdadera relevancia constitucional que implique la
presunta transgresión de derechos fundamentales, pone de manifiesto una simple
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2026 04270 01
Accionante: Óscar Yesid Guzmán Lara
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, como si la
tutela se tratara de un recurso o una instancia adicional.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de 2 de julio de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado
por no cumplirse con el requisito general de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de julio de 2026, proferida por la Sección
Quinta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 14 de
agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.