Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04278-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04278-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04278-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., nueve (09) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04278-00
Accionante: Eciebel Antonio Cano García
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 3 de junio de 2026, el señor Eciebel Antonio Cano García promovió acción de
tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el
fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia
2.
Solicitó dejar sin efectos el auto proferido el 26 de noviembre de 20252, proferido
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 (lesividad) promovido
por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (FONPRECON) en
contra del tutelante, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 1706
de 2002, mediante la cual se le reconoció pensión de jubilación en aplicación del
régimen especial de transición establecido para los congresistas en el Decreto 1293
de 1994.
3.
El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, en sentencia del 14 de julio de 2022, accedió a las pretensiones
de la demanda. Consideró que el señor Cano no ostentó la calidad de congresista
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificado el 12 de diciembre de 2025.
3 Radicado: 25000-23-42-000-2014-01938-00/01/02.
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Accionante: Eciebel Antonio Cano García
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda -Subsección B
entre el 18 de mayo de 1992 y el 1 de abril de 1994, por lo que no era posible
extenderle el régimen especial previsto en el Decreto 1293 de 1994. No obstante,
estimó acreditados los requisitos para acceder a la pensión de vejez en los términos
de la Ley 33 de 1985, por lo que ordenó reconocerle la prestación conforme a ese
régimen.
4.
Mediante sentencia del 11 de abril de 2024, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia y ordenó
reliquidar la prestación bajo el régimen general de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, en aplicación de la Ley 33 de 1985, con base en el 75%
del promedio de lo devengado y con los factores salariales sobre los que efectuó
aportes.
5.
El 4 de julio de 2024, el demandante presentó solicitud de adición y aclaración del
anterior fallo, cuestionando el régimen pensional que le es más favorable, así como,
la aplicación de la sentencia de unificación CE-SUJ2-018-2020. Finalmente, pidió
aclarar las afirmaciones relacionadas con que adquirió la pensión con “fraude a la
ley”.
6.
El 22 de julio de ese mismo año, el tutelante radicó memorial adicional en el que
solicitó declarar la caducidad del medio de control, con fundamento en el artículo 86
de la Ley 2381 de 2024, que entró a regir el 16 de julio de ese año.
7.
En auto del 26 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado negó las solicitudes
de aclaración y adición, y se abstuvo de pronunciarse alguno la petición de declarar
la caducidad del medio de control, por estimar que constituía un argumento
novedoso, formulado con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia de segunda
instancia. Además, indicó que, mediante Auto A-841 del 17 de junio de 2025, la Corte
Constitucional suspendió los efectos del término previsto en la Ley 2381 de 2024.
8.
Como sustento de sus pretensiones, el actor alegó que la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto sustantivo al abstenerse de emitir pronunciamiento
de fondo respecto de la solicitud de declaratoria de caducidad, bajo el entendido de
que fue presentada cuando ya se encontraba ejecutoriada la sentencia de segunda
instancia. Sostuvo que esa conclusión desconoce el oficio expedido por la Secretaría
del Consejo de Estado con fecha del 19 de diciembre de 2025, según el cual el fallo
fue notificado el 4 de julio de 2024 y que, dentro del término legal, se presentó
solicitud de adición y aclaración, la cual fue resuelta mediante auto del 26 de
noviembre de 2025 -notificado el 12 de diciembre siguiente-, por lo que, era apenas
obvio que la decisión judicial de segunda instancia solo quedó ejecutoriada el 18 de
diciembre de 2025. Por ello, afirmó que la Corporación conservaba competencia para
estudiar y decidir sobre la declaratoria de caducidad del medio de control.
9.
A partir de lo anterior, alegó que el auto objeto de tutela vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues la
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Accionante: Eciebel Antonio Cano García
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negativa a pronunciarse sobre la caducidad se fundó en un supuesto fáctico
inexistente, consistente en la extemporaneidad de la petición.
10.
Igualmente, afirmó que la autoridad judicial también incurrió en el defecto
invocado al no resolver la solicitud, con fundamento en que el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024 se encontraba suspendido por la Corte Constitucional. Al respecto,
indicó que dicha disposición entró en vigencia el 16 de julio de 2024 y la petición de
declarar la caducidad de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue
presentada el 22 de julio siguiente, mientras que la suspensión de sus efectos solo
fue decretada mediante Auto A-841 del 17 de junio de 2025. En ese contexto,
manifestó que la norma tuvo vigencia, aplicación y exigibilidad al momento de
formular la petición, por lo que la caducidad debía operar de pleno derecho.
11.
En este punto, añadió que entre la presentación de la solicitud y la suspensión de
la norma, transcurrieron 11 meses durante los cuales el despacho accionado pudo
resolver la petición, sin que la decisión posterior de la Corte Constitucional justificara
su abstención de pronunciarse. En respaldo de esa tesis, señaló que el Consejo de
Estado en sentencia del 2 de octubre de 20244, reconoció que el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024 se encontraba vigente y que sus efectos jurídicos eran aplicables
desde su promulgación.
12.
Finalmente, el actor citó la sentencia de tutela proferida el 19 de agosto de 2025 5
por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, en la que se consideró
que la omisión de analizar el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, siendo
potencialmente aplicable al caso, desconocía el debido proceso, y se reiteró que la
jurisprudencia de la Sección Segunda había reconocido la vigencia y aplicabilidad de
esa disposición, incluso respecto de procesos en curso.
13.
Pidió tener en cuenta que tiene 78 años, padece de cáncer de próstata, diabetes
tipo 2, hipertensión, ansiedad y depresión, lo que evidencia que cualquier
modificación a su derecho pensional le genera un evidente perjuicio irremediable.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
14.
Mediante auto de 12 de junio de 20266, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad judicial demandada y se vinculó al FONPRECON, en calidad
de tercero con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo y se requirió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para que remitiera copia digital del expediente con
radicación 25000-23-42-000-2014-01938-00/01/02.
(i) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B7
4 Radicado: 25000-23-42-000-2014-03046-02 (3867-2024). M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
5 Radicado: Rad. 11001031500020250448300. M.P. Fredy Ibarra Martínez
6 Notificado el 19 de junio de 2026.
7 Intervención contenida en 1 folios.
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Accionante: Eciebel Antonio Cano García
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda -Subsección B
15.
Pidió negar el amparo, en consideración a que no era procedente emitir
pronunciamiento de fondo sobre la caducidad de la demanda. Mencionó que el
demandante buscó introducir un nuevo planteamiento jurídico relacionado con la
aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, asunto que no hizo parte del debate
adelantado dentro del medio de control. Agregó que, aunque la solicitud de
aclaración y adición suspendió la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia,
ello no habilitaba para ampliar el objeto del litigio ni incorporar cuestiones jurídicas
nuevas, por lo que, acorde la tesis del accionante desconocería los principios de
preclusión, congruencia y seguridad jurídica. Por demás, reiteró que la referida
normatividad se encuentra suspendida por mandato de la Corte Constitucional.
(ii) FONPRECON8
16.
Solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, subsidiariamente, negar el
amparo, por incumplir con los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional. Sostuvo que la pretensión del actor, encaminada a obtener la
aplicación retroactiva del término de caducidad consagrado en el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024, debía formularse mediante el recurso extraordinario de revisión,
tal como esa misma norma lo prevé.
17.
A su vez, afirmó que la controversia corresponde a un asunto de mera legalidad y
que la providencia cuestionada no incurrió en defecto sustantivo, dado que el
tutelante confunde dos momentos procesales distintos, de una parte, la ejecutoria de
la sentencia del 11 de abril de 2024, diferida hasta el 18 de diciembre de 2025 por la
solicitud de aclaración y adición, y de otra, la oportunidad para plantear la caducidad
como cuestión de fondo, la cual había precluido con anterioridad.
18.
Agregó que la solicitud de aclaración y adición no reabre la litis, ni permite
introducir pretensiones nuevas, razón por la cual la solicitud de caducidad fue
correctamente considerada como un argumento novedoso, pues era una pretensión
autónoma, que implicaba negar las pretensiones ya concedidas, levantar la medida
cautelar y la devolución de dineros.
19.
Indicó que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 no podía servir de fundamento
para declarar la caducidad, dado que, al momento de estudiarse la petición del actor,
la Corte Constitucional había suspendido su entrada en vigencia. En consecuencia,
tampoco era exigible aplicar el criterio expuesto por el Consejo de Estado en
sentencia del 2 de octubre de 2024, pues este fallo fue proferido antes de la referida
suspensión. También descartó la aplicabilidad del precedente de tutela invocado por
el actor, al versar sobre supuestos fácticos distintos.
20.
Por último, aseveró que la condición del accionante como sujeto de especial
protección constitucional no habilita la inaplicación de las reglas de oportunidad
8 Intervención contenida en 6 folios.
4
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Accionante: Eciebel Antonio Cano García
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procesal para alegar la caducidad, máxime cuando pudo plantearla durante el trámite
del proceso ordinario y se limitó a proponer la excepción de prescripción.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto9
21.
La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo al no satisfacer el
requisito de relevancia constitucional. El accionante pretende reabrir el debate
jurídico relacionado con la oportunidad procesal para solicitar la declaratoria de
caducidad del medio de control y, a su vez, controvertir la interpretación efectuada
por la autoridad judicial accionada respecto de la vigencia y aplicación del artículo 86
de la Ley 2381 de 2024.
22.
Revisadas las actuaciones surtidas en el proceso ordinario, la Sala advierte que
mediante sentencia del 11 de abril de 2024, la Subsección B confirmó la decisión
adoptada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
razón a que estaba acreditado que el señor Eciebel Cano no era beneficiario del
régimen especial de congresistas, consagrado en el Decreto 1293 de 1994, sino que,
la pensión debía reconocerse bajo lo previsto en la Ley 33 de 1985.
23.
Posteriormente, mientras corría el término de ejecutoria de esa decisión, el 4 de
julio de 2024, el demandante presentó solicitud de adición y aclaración de la
providencia.
24.
Mediante memorial separado, radicado el 22 de julio de 2024, pidió declarar la
caducidad del medio de control, con fundamento en que el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024 dispuso que las acciones administrativas y contencioso-administrativas
respecto de las pensiones reconocidas no podrían ser ejercidas después de cinco
años, a partir del reconocimiento de la prestación, a excepción de que se hayan
obtenido por fraude o comisión de un delito.
25.
Hizo énfasis en que, en esa misma norma, se dispuso que la caducidad también
aplicaba respecto de las acciones judiciales iniciadas cinco años después del
reconocimiento pensional y que estuvieran en curso (como era su caso). En
consecuencia, pidió tener en cuenta que en el expediente constaba que su derecho
pensional fue reconocido mediante resolución proferida el 27 de diciembre de 2022,
mientras que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue interpuesta
hasta el 13 de mayo de 2014, esto es transcurridos más de 11 años, 4 meses y 16
días, tiempo suficiente para declarar la caducidad, acorde a la nueva legislación.
9 El análisis de la Sala se circunscribirá a lo decidido por el Tribunal Administrativo del Chocó en auto del 28 de
julio de 2025, en tanto resolvió de forma definitiva lo relativo a la admisión de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por la accionante.
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26.
En auto de 26 de noviembre de 2025, la autoridad judicial demandada negó las
solicitud de aclaración y adición presentada por el señor Cano. Expuso que según el
artículo 285 del CGP, aplicable al proceso contencioso-administrativo por remisión
expresa del artículo 306 del CPACA, la sentencia no es revocable ni reformable por
el juez que la pronunció, no obstante, podrá ser aclarada de oficio o a petición de
parte, por petición formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia,
cuando esta contenga “conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda”.
27.
También mencionó que en el artículo 286 del CGP, se facultó al juez para corregir
en cualquier tiempo, errores puramente aritméticos o de palabras. A su vez, expuso
que, en el artículo 287 ejusdem, se permitió adicionar las providencias cuando se
omitiera pronunciarse sobre los extremos de la litis o cualquier otro aspecto que
debiera ser objeto de pronunciamiento “sin que ello lo faculte para cambiar los
argumentos de la decisión”.
28.
En relación con esas normas, expuso que el Consejo de Estado precisó
jurisprudencialmente que no le es dado a las partes o al juez abrir nuevamente el
debate probatorio o jurídico propio de la sentencia que se corrige, aclara o adiciona;
para ese efecto, existen otros mecanismos como los recursos o las nulidades
procesales. Concluyó que no era posible -so pretexto de aclarar una providencia-,
entrar a discutir nuevamente o introducir modificaciones a lo que ya se encontraba
definido por el juez natural.
29.
Acorde a ello, decidió negar la petición de adición y aclaración presentada por el
señor Eciebel Cano, dado que los argumentos que la sustentaban se orientaban a
cuestionar el fondo de la decisión. En relación con la solicitud de declaratoria de
caducidad del medio de control, se abstuvo de emitir pronunciamiento de fondo, en
razón a que, la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, constituía un
argumento novedoso, presentado con posterioridad al vencimiento del término de
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, lo que impedía considerarlo como
una solicitud de aclaración o adición de dicha providencia. En consecuencia,
cualquier pronunciamiento sobre el particular implicaría reabrir el debate jurídico ya
concluido, a pesar de que, el término de caducidad que se pedía aplicar, estaba
suspendido por mandato de la Corte Constitucional en Auto A-841 del 17 de junio de
2025.
30.
Para la Sala, esa conclusión no resulta arbitraria, pues se acompasa con una
hermenéutica razonable de la legislación procesal. Tal como lo expuso la accionada,
conforme a los artículos 285 a 287 del Código General del Proceso, las solicitudes
de aclaración y adición tienen una finalidad específica y restringida, corregir aspectos
que generen duda en la providencia o complementar aquellos puntos que debieron
ser decididos y fueron omitidos. En consecuencia, tales mecanismos no constituyen
recursos judiciales adicionales, ni habilitan una nueva oportunidad para controvertir
el sentido de la decisión, formular excepciones o introducir debates jurídicos que no
hicieron parte del litigio decidido.
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31.
En ese sentido, se considera que el hecho de que la sentencia de segunda
instancia no estuviera ejecutoriada, no significaba que la autoridad judicial pudiera
modificar su contenido sustancial, ni reabrir el estudio respecto de asuntos ajenos al
objeto de la aclaración o adición pendiente. La ausencia de ejecutoria mantenía la
competencia del juez exclusivamente para resolver esos mecanismos procesales,
mas no habilitaba una nueva etapa de discusión sobre aspectos sustanciales de la
controversia.
32.
Así las cosas, se estima que la Subsección B no dejó de aplicar injustificadamente
el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, ni incurrió en una interpretación
manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico. Por el contrario, explicó que el
obstáculo para emitir un pronunciamiento sobre la caducidad el medio de control, no
derivaba exclusivamente del alcance temporal de dicha norma, sino de la
oportunidad procesal en la que fue planteada y de los límites propios de la aclaración
y adición.
33.
De este modo, el argumento del accionante según el cual la falta de ejecutoria
permitía analizar la solicitud de caducidad, se considera que corresponde a una
interpretación distinta de las reglas procesales aplicables, pero no demuestra que el
criterio adoptado por el Consejo de Estado sea arbitrario, lo que torna improcedente
el amparo.
34.
Lo expuesto resulta suficiente para descartar la relevancia constitucional del
asunto, no obstante, en tanto la autoridad judicial accionada -a pesar de indicar que
no emitiría pronunciamiento- se refirió a la vigencia del referido artículo 86, y ello
motivó parte del reproche constitucional; se estima pertinente precisar que la
interpretación normativa adoptada en el auto enjuiciado es razonable, puesto que,
dentro de la Sección Segunda de esta Corporación, las Subsecciones A y B
sostienen diferentes posturas sobre los efectos de la suspensión decretada por la
Corte Constitucional respecto del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, sin que hasta
el momento se haya proferido sentencia de unificación que imponga una regla
vinculante sobre el particular. En ese sentido, se considera que la postura acogida
por la autoridad accionada corresponde con el entendimiento propio de la
Subsección B y, por tanto, no puede calificarse como caprichoso o contrario al
ordenamiento jurídico.
35.
Por esa misma razón, no se consideran precedentes aplicables al caso concreto,
la sentencia del 2 de octubre de 2024, ni el fallo de tutela del 19 de agosto de 2025
citados en el escrito de tutela, para tener por acreditado el defecto sustantivo
alegado. Esto, porque la primera providencia corresponde a una decisión adoptada
por la Subsección A, en el marco de su propia interpretación sobre la aplicación del
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, sin que tenga efectos vinculantes para la Sala
accionada. La segunda, se trata de una decisión de tutela que produce efectos inter
partes y, respecto de esta, no se hizo el estudio y comparativo pertinente sobre los
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Accionante: Eciebel Antonio Cano García
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hechos, pretensiones, causa y objeto, a fin de demostrar que constituye precedente
de obligatorio cumplimiento en el caso particular.
36.
En ese orden de ideas, como quiera que no se supera el requisito de relevancia
constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
37.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Ausente con excusa
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
10 VF
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