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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04483-00

Fecha
19 de agosto de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04483-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Concédese el amparo de los derechos fundamentales de la señora Martha Janneth Morales Carrillo. 2°) Déjase sin efectos la providencia del 26 de septiembre de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicación no. 47001-23-33-000-2020-00746-02. 3º) Ordénase a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. 4º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04483-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

19 de agosto de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04483-00
Demandante: MARTHA JANNETH MORALES CARRILLO
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE ACCEDE AL AMPARO

Síntesis del caso: La actora alegó que la sentencia que declaró la nulidad del reconocimiento
pensional incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y violación
directa de la constitución. La Sala amparará los derechos fundamentales de la demandante toda
vez que se demostró la configuración de un defecto sustantivo por la omisión en la aplicación de
la Ley 2381 de 2024, en cuanto no se tuvo en cuenta el artículo 86 de la referida ley, relacionado
con el término de caducidad de las acciones contencioso-administrativas en tales supuestos.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por la señora Martha Janneth Morales
Carrillo en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para
la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la
administración de justicia, seguridad social e igualdad consagrados en los artículos 13,
29, 48 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la
sentencia de 26 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1 Mediante escrito radicado el 21 de julio de 2025 (índice 02 de SAMAI).

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04483-00
Demandante: Martha Janneth Morales Carrillo
Acción de tutela

1) El señor Luis Uribe Anaya (QEPD) prestó sus servicios para la empresa Puertos de
Colombia desde el 5 de octubre de 1977, inicialmente como oficial de auditoría operativa
y luego como ingeniero, hasta el 31 de marzo de 1993, fecha en la cual se realizó la
“cancelación del contrato”.

2) En vida, el causante promovió una acción de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la empresa, en la cual pidió ser reintegrado, sin embargo, mediante
sentencia del 18 de diciembre de 1992, el Tribunal Administrativo del Magdalena se
inhibió de fallar de fondo el asunto y lo remitió a la jurisdicción ordinaria laboral, porque
el actor era un trabajador oficial, de modo que la controversia no le correspondía a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo porque no se trataba de un empleado
público.

3) Aunque de dicho proceso conoció el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa
Marta, a través de una conciliación extrajudicial suscrita entre la empresa Puertos de
Colombia y el señor Uribe Anaya, las partes acordaron que i) este último desistiría de la
acción promovida, ii) que la empresa le reconocería y pagaría al accionante una
importante suma por concepto de la reliquidación derivada del reintegro y, iii) que como
era imposible materializar el reintegro del trabajador a su cargo, por encontrarse la
empresa en proceso de liquidación, se le reconocería una pensión proporcional de
jubilación, por cuanto cumplía con los requisitos de edad y tiempo de servicio previstos
en el artículo 113 de la Convención Colectiva de Trabajo.

4) En cumplimiento del acuerdo conciliatorio, el actor desistió del proceso judicial y, por
su parte, la empresa Puertos de Colombia, a través de la Resolución número 146025 de
20 de octubre de 1993, le reconoció una pensión de jubilación proporcional al causante,
de conformidad con la Convención Colectiva de Trabajo de 191-1993, en cuantía de
$1.344.831.15, efectiva a partir de 1 de abril de 1993, la cual fue reliquidada a través de
la Resolución 144903 del 3 de agosto de 1993.

5) El 12 de septiembre de 2006, la señora Martha Janneth Morales Carrillo contrajo
matrimonio con el señor Luis Uribe Anaya (QEPD) ante la Notaría Primera del Círculo de
Barrancabermeja (Santander) y vivieron juntos hasta el 16 de diciembre de 2019, fecha
de su fallecimiento.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04483-00
Demandante: Martha Janneth Morales Carrillo
Acción de tutela

6) El 20 de enero de 2020, la actora solicitó ante la Unidad de Gestión de Pensiones y
Parafiscales (UGPP) el trámite de sustitución pensional como cónyuge sobreviviente y
alegó que dependía económicamente de su cónyuge, razón por la cual, mediante
Resolución no. RDP 001810 del 24 de enero de 2020, la UGPP ordenó el traspaso
provisional de la pensión de sobrevivientes a la señora Martha Janneth Morales Carrillo,
en calidad de cónyuge; posteriormente, en Resolución RDP006964 del 16 de marzo de
2020 la entidad realizó el reconocimiento pensional de manera definitiva.

7) Sin embargo, en Auto no. ADP 002300 del 6 de mayo de 2020 la UGPP le informó
sobre la práctica de pruebas dentro del expediente correspondiente a la pensión
inicialmente reconocida al causante y le solicitó consentimiento previo expreso y escrito
para revocar el acto de reconocimiento de la pensión y tramitar la revocatoria directa de
la Resolución no. 146025 del 20 de octubre de 1993 y, por consiguiente, de la Resolución
no. 6964 del 16 de marzo de 2020.

8) En respuesta al requerimiento formulado por la UGPP, el 30 de junio de 2020 radicó
una petición mediante la cual manifestó su negativa a autorizar la revocatoria de las
Resoluciones no. 146025 del 20 de octubre de 1993 y no. 6964 del 16 de marzo de 2020.

9) Mediante Resolución RDP 015696 del 8 de julio de 2020, la UGPP modificó la parte
motiva y el título de la Resolución RDP 6964 del 16 de marzo de 2020, en el sentido de
establecer que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se hacía de carácter
“provisional”.

10) En virtud de lo anterior, el 1 de agosto de 2020, la aquí actora interpuso acción de
tutela en contra de la UGPP, en la cual se ordenó la vinculación del Consorcio FOPEP
2019 y del subdirector de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP.

11) En sentencia de 18 de agosto de 2020, el Juzgado Primero Civil de Bucaramanga
decretó la existencia de un hecho superado, pues, con ocasión de la acción de tutela la
UGPP reactivó el pago de la mesada pensional que le había suspendido a la accionante2.

2 Proceso con radicación no. 2020-00114-00

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04483-00
Demandante: Martha Janneth Morales Carrillo
Acción de tutela

12) El 24 de noviembre de 2020, la UGPP radicó escrito de demanda a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la señora Martha
Janneth Morales Carrillo con el fin de que se anulara la Resolución no. 146025 de 1993
y, en consecuencia, la Resolución no. RDP 006964 del 16 de marzo de 2020 y se
revocara la pensión previamente reconocida por considerar que el actor no era un
trabajador oficial, sino un empleado público, por lo cual no lo regía la convención colectiva
de trabajo con fundamento en la cual se le había reconocido la pensión.

13) En sentencia de 31 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Magdalena negó
las pretensiones de la demandante y precisó que el señor Uribe Anaya no podía ser
considerado empleado público —con vínculo legal y reglamentario—, sino que se trataba
de un trabajador oficial contratado mediante contrato de trabajo, lo que lo hacía
beneficiario legítimo de la pensión proporcional otorgada en 1993 bajo el artículo 113 de
la Convención Colectiva de Trabajo3.

14) La UGPP presentó recurso de apelación en el que argumentó que el fallo de primera
instancia realizó un análisis errado e incompleto del material probatorio traído al plenario,
porque se desconocieron las planillas de pago a partir de 1982 hasta su retiro, dentro de
las cuales se encuentra consignado el ítem denominado “gastos de representación”, así
como una certificación del 8 de agosto de 1983, en el cual se señaló que el último cargo
que desempeñó Uribe Anaya fue el de ingeniero de operaciones.

15) Mediante sentencia de 26 de septiembre de 2024, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado revocó la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena y, en consecuencia, accedió a las pretensiones de la UGPP
por considerar que el señor Luis Uribe Anaya, al momento de su retiro, ejercía el cargo
de ingeniero de operaciones en Puertos de Colombia, posición que, según el Acuerdo
021 de 1988 aprobado por el Decreto 2318 del mismo año, estaba catalogada como de
empleado público, de ahí que este no podía ser considerado trabajador oficial y no tenía
derecho a la pensión con base en una convención colectiva que no lo regía dada dicha
condición.

3 Proceso con radicación no. 47001-23-33-000-2020-00746-02 (3421-2023)

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04483-00
Demandante: Martha Janneth Morales Carrillo
Acción de tutela

Fundamento de la vulneración

La parte actora consideró que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y una
violación directa de la Constitución.

Frente al defecto fáctico por indebida valoración probatoria alegó que en la sentencia de
segunda instancia no se valoró como correspondía el i) el contrato de trabajo del señor
Luis Uribe Anaya; ii) el fallo inhibitorio del Tribunal Administrativo del Magdalena del 18
de diciembre de 1992, en el cual esta jurisdicción ya se había pronunciado en una
sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada en el sentido que el causante sí era un
trabajador oficial y no un servidor público; iii) el certificado de paz y salvo expedido el 10
de diciembre de 1990 por el Jefe de Sección III Registro y Control de Personal de la
empresa Puertos de Colombia donde consta que era un trabajador oficial y; iv) el acta de
conciliación extrajudicial de fecha del 31 de marzo de 1993 suscrita entre dicha empresa
y el señor Luis Uribe Anaya, la cual presta mérito ejecutivo y no puede ser pasada por
alto como lo hizo la autoridad judicial accionada, pues ello implicaría desconocer la
seguridad jurídica y la vinculatoriedad que la ley y la jurisprudencia la han reconocido a
los acuerdos de conciliación.

Con esas pruebas, a su juicio, se demostró ampliamente que el señor Luis Uribe Anaya
ostentó desde su vinculación a la empresa Puertos de Colombia y hasta su retiro, la
condición de trabajador oficial, tal como lo prueba tanto su contrato de trabajo como el
certificado de paz y salvo expedido el 10 de diciembre de 1990 por el jefe de Sección III
Registro y Control de Personal de la empresa Puertos de Colombia; en ese sentido,
aunque su último cargo haya sido el de ingeniero de operaciones, el simple título del
cargo no tiene el efecto jurídico automático de modificar la naturaleza de su vinculación.

Frente al defecto sustantivo, precisó que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado omitió por completo aplicar la norma procesal vigente al caso, como
es la Ley 2381 de 2024, promulgada el 16 de julio de ese mismo año, puesto que en el
artículo 86 de esa ley se introdujo un límite temporal de cinco años para ejercer acciones
administrativas y judiciales orientadas a controvertir actos de reconocimiento pensional,
motivo por el cual con fundamento en dicha preceptiva, que ni siquiera fue objeto de
análisis o mención alguna, debió declararse la caducidad de la demanda ya que habían

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04483-00
Demandante: Martha Janneth Morales Carrillo
Acción de tutela

trascurrido más de 30 años desde que se hizo el reconocimiento pensional, de modo que
la demanda de la UGPP fue a todas luces inoportuna, análisis que pasó por alto la
accionada.

También se desconoció el precedente jurisprudencial contenido en las sentencias de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado4 con ponencias de los
consejeros Jorge Iván Duque Gutiérrez y Luis Eduardo Mesa Nieves, en los cuales, en
casos idénticos, no solo se ratificó la vigencia de dicha ley en lo que a la caducidad de
las acciones judiciales y administrativas se refiere, sino que igualmente se indicó que la
norma debe aplicarse de manera inmediata, incluso en aquellos asuntos que para la
fecha de su entrada en vigencia se encontraban en curso, como ocurrió en este caso.

Finalmente, alegó una violación directa de la Constitución pues la sentencia de segunda
instancia vulneró gravemente los principios y derechos fundamentales, como el debido
proceso, en tanto el fallo se fundamentó en una valoración probatoria insuficiente y sin
aplicar las normas vigentes referentes al caso, con lo que se trasgredió sus derechos al
mínimo vital y dignidad humana, pues dicha pensión constituye su única fuente de
ingresos; asimismo, también se desconoció su derecho a la igualdad, pues, sin
justificación alguna, la sentencia se apartó del criterio jurisprudencial de la propia Sección
Segunda del Consejo de Estado y que ha sido ratificado recientemente en múltiples
oportunidades.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“PRIMERA: AMPÁRESE mis derechos fundamentales a la dignidad humana,
mínimo vital, a la salud, a la vida, a la seguridad social, a la pensión, la vejez
digna, al debido proceso, a la igualdad, la tutela judicial efectiva, a la garantía
de confianza legítima y seguridad jurídica y principio de buena fe.

SEGUNDA: En consecuencia, SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida
el 26 de septiembre de 2024 por la Subsección B de la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en ocasión del

4
Procesos con radicación nos. 5000-23-42-000-2018-00205-02 (2524-2022), 25000 23 42 000
2019 00294 01 (3265–2023), 25000 23 42 000 2021 00813 02 (1431–2023), 25000-23-42-000-
2021-00572-02 (3509-2024) y 76001-23-33-000-2019-00704-02 (4936-2024).

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04483-00
Demandante: Martha Janneth Morales Carrillo
Acción de tutela

trámite de segunda instancia dentro del proceso ordinario, medio de control de
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO identificado con el
radicado 47001- 23-33-000-2020-00746-02 (3421-2023) por desconocer mis
derechos fundamentales.

TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNESE a la Subsección B
• Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado emitir una nueva sentencia a partir de lo expuesto en la presente acción
de tutela.

CUARTA: ORDÉNESE que se adopten las medidas necesarias que considere
el juez constitucional para garantizar la protección y materialización de mis
derechos fundamentales.”. (Índice 2 SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto del 23 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, y, como tercero con interés, se vinculó al
presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Magdalena, al
director (a) o quien haga sus veces de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y al
representante legal o quien haga sus veces del Consorcio FOPEP 2019, con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción ( índice 05
de SAMAI).

Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas

El Consorcio FOPEP manifestó que no ha vulnerado de ninguna forma los derechos
fundamentales de la señora Martha Janneth Morales Carrillo, motivo por el cual solicitó
su desvinculación del asunto de la referencia por falta de legitimación en la causa por
pasiva o en su defecto que se nieguen las pretensiones (Índice 10 SAMAI).

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social –UGPP precisó que no se incurrió en ninguno de los defectos
endilgados, en tanto la sentencia del 26 de septiembre de 2024 se ajustó al ordenamiento
legal y al precedente jurisprudencial que regula el tema.

Por consiguiente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela en cuanto el interés
de la parte actora es utilizar la acción de tutela como una instancia adicional al proceso

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Demandante: Martha Janneth Morales Carrillo
Acción de tutela

ordinario, pese a que la acción constitucional no es el mecanismo idóneo para
desconocer la firmeza de las decisiones judiciales (índice 12 SAMAI).

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que no se
cumplió con el requisito de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales denominado relevancia constitucional porque, la discusión planteada contra el
fallo se limita a un claro desacuerdo con el resultado del mismo, constituyéndose así en
una instancia adicional a las surtidas en el proceso ordinario

El Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó su desvinculación del asunto de la
referencia por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no ha vulnerado
de ninguna forma los derechos fundamentales de la parte actora, máxime cuando lo que
se observa es la inconformidad con la decisión de segunda instancia (Índice 14 SAMAI).

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto, y 3) cuestión
previa.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

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Demandante: Martha Janneth Morales Carrillo
Acción de tutela

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes enunciados, presuntamente vulnerados por dicha
autoridad, debido a que, mediante providencia del 26 de septiembre de 2024, se declaró
la nulidad de las Resoluciones no. 146025 de 1993 y no. RDP 006964 del 16 de marzo
de 2020.

Cuestión previa

Previamente a abordar el estudio de fondo, debe precisarse que se realizará un análisis
conjunto de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente en tanto los
argumentos dirigidos a demostrar uno y otro reparo versan sobre el mismo punto, esto
es, que se omitió aplicar la Ley 2381 de 2024 y el precedente de la propia Sección
Segunda del Consejo de Estado sobre la aplicación de esa norma.

Precisado lo anterior, se advierte desde ya que en la medida en que, como se explicará
a continuación, dicho defecto efectivamente se configuró y ello resulta suficiente para
amparar los derechos invocados y ordenar que se dicte un fallo en reemplazo, la Sala se
relevará de analizar los defectos restantes referentes.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala concederá el amparo
pretendido por el demandante por las razones que procederán a exponerse:

A. Análisis de los requisitos generales de procedencia

La acción de tutela cumplió con los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por
la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) la cuestión que se discute resulta de
relevancia constitucional, en tanto se indicó que la autoridad judicial accionada omitió por
completo el análisis de la norma vigente aplicable al caso, además, dicho debate tiene
importantes repercusiones para los derechos fundamentales del debido proceso,
seguridad social y mínimo vital de la demandante y no constituye una simple reiteración
de lo discutido en el proceso, si se considera que la decisión del tribunal de primera
instancia inclusive había sido favorable a sus intereses; ii) se agotaron todos los medios
de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo; iii) el presente caso no se trata de una irregularidad

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procesal que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia y afectar los
derechos fundamentales de la parte actora; iv) la parte actora identificó de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron; v) no se ataca una sentencia de tutela; y vi) se cumplió con el requisito
de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación de la providencia cuestionada5.

B. Caracterización del defecto sustantivo

i) Conforme con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura
cuando una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a todas
luces no subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”6.

ii) La Corte Constitucional estableció7 que el defecto sustantivo abarca múltiples causas
que pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y que, por tal
razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido
proceso de las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por la omisión de
normas aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una
determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una
determinada autoridad judicial:

“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica
un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el
supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o
desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical-
sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre
que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso8.”.

5 La providencia fue notificada el 19 de marzo de 2025 y el proceso de acción de tutela se presentó el 21

de julio del presente año.
6 Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.

7 Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

8 Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012. MP, Jorge Ignacio Pretelt.

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C. Caracterización del desconocimiento del precedente judicial

El precedente judicial ha sido definido como «aquel conjunto de sentencias previas al
caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema
jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad
determinada, al momento de dictar sentencia9».

En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico y
reiterado, y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que, en lo
sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel.

Como ante casos con supuestos fácticos y jurídicos similares se debe otorgar un
tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la
decisión posterior en aras de garantizar la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad
jurídica en las decisiones judiciales.

No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional10 es necesario precisar que
no todo el contenido de una sentencia posee fuerza normativa de precedente, pues ello
solo será predicable de la ratio decidendi. En efecto, para mayor claridad sobre dicho
punto, recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es posible identificar
tres partes, a saber: i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren las órdenes
vinculantes para las partes del proceso y que constituye la solución al problema jurídico
examinado; ii) la ratio decidendi, compuesta por las consideraciones o razones que
sustentan, motivan y justifican la decisión adoptada, y iii) los obiter dicta o dichos de paso,
que no son más que aquellos argumentos de referencia, complementarios o de contexto
que no son vinculantes ni necesarios para la resolución del asunto.

Se insiste, de esas tres partes, solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza
de precedente siempre que ella «i) establezca una regla relacionada con el caso a
resolver posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico

9 Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.

10 Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.

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Acción de tutela

semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior;
y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean
semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse
posteriormente11».

Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por el
contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero antecedente
judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para establecer una regla
cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.

Partiendo del supuesto de que «no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la
definición de un caso posterior», la Corte Constitucional diferenció entre lo que se
denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.

En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los términos
que a continuación se explican:

El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior a la
que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista
fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (e.g.
conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para
resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter
orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez
a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para
apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad (…).

[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio
en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su
ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.

Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos en los
cuales:

(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.

11 Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04483-00
Demandante: Martha Janneth Morales Carrillo
Acción de tutela

(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado constituye
la pretensión del caso presente.

(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica
que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación.

No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que los
jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: i) deben hacer explícitas las
razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se apartan del mismo, lo
que se ha denominado cumplimiento de la carga de transparencia; ii) están llamados a
demostrar que los argumentos que ofrecen en sus providencias, desarrollan y amplían,
de mejor manera, el contenido de los derechos, principios y valores constitucionales
objeto de protección, pues no cualquier motivo constituye una razón válida para justificar
el apartamiento del precedente, exigencia que se reconoce como la carga de
argumentación.

D. El análisis del defecto sustantivo y del desconocimiento del precedente judicial
en el caso concreto

1) En el asunto sub examine, la demandante alegó que la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado omitió aplicar la Ley 2381 de 2024, norma procesal
vigente y aplicable al caso en tanto fue promulgada el 16 de julio de ese mismo año, a
pesar de que en dicha norma se introdujo un límite temporal de caducidad de cinco años
para ejercer acciones administrativas y judiciales orientadas a controvertir actos de
reconocimiento pensional, lo cual impedía inclusive un pronunciamiento de fondo porque
la pensión que se le reconoció a su cónyuge en vida le fue reconocida desde el año 1993,
es decir, hace más de 30 años.

2) De igual manera, adujo que con dicha omisión también se desconoció el precedente
jurisprudencial contenido en las sentencias de la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado12 con ponencias de los consejeros Jorge Iván Duque Gutiérrez y
Luis Eduardo Mesa Nieves, en los cuales se explicó con claridad el alcance de esa norma,
su vigencia y su aplicabilidad inmediata, inclusive para casos en los que para la entrada
en vigor de la ley ya se habían iniciado tales acciones.

12
Procesos con radicación nos. 5000-23-42-000-2018-00205-02 (2524-2022), 25000 23 42 000
2019 00294 01 (3265–2023), 25000 23 42 000 2021 00813 02 (1431–2023), 25000-23-42-000-
2021-00572-02 (3509-2024) y 76001-23-33-000-2019-00704-02 (4936-2024).

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Demandante: Martha Janneth Morales Carrillo
Acción de tutela

3) Frente a los aludidos cargos, es importante señalar que la sentencia cuestionada del
26 de septiembre de 2024 limitó su análisis a determinar la calidad del señor Luis Uribe
como empleado público por el cargo que desempeñaba para concluir que, dada esa
condición, no podía beneficiarse de una convención colectiva y mucho menos adquirir
con fundamento en ella una pensión, asi:

“De acuerdo con la inconformidad planteada por la entidad demandante, el
señor Luis Uribe no tenía derecho al reconocimiento de la pensión toda vez que
el mismo ocupó el cargo de ingeniero de operaciones y, además, recibió gastos
de representación, lo que lo califica como un empleado público y, por
consiguiente, no puede ser beneficiario de la convención colectiva de la entidad
que previó esta pensión solamente para los trabajadores oficiales.

Pues bien, para la Sala, de acuerdo con la disposición previamente transcrita,
en la que se enlistaron los que poseían la categoría de empleado público, se
puede concluir que el de ingeniero tenía esa connotación, como lo alegó la
recurrente.

No puede obviarse que, para el momento de su retiro del servicio, Resolución
No. 140196 del 11 de diciembre de 1990, se encontraba vigente el Decreto 2318
de 1988, norma que se expide dentro de la facultad que tenía la Junta Directiva
Nacional de Foncolpuertos contenida en el numeral 2 del artículo 10 del
Decreto15 1174 de 1980 y que indicaba ««Con aprobación del Gobierno
Nacional, adoptar los estatutos de la Empresa y cualquier reforma
que a ellos se introduzca.»»

Por consiguiente, más allá que el causante hubiera sido vinculado por contrato
de trabajo al momento de su desvinculación de la entidad, ocupaba un cargo
que dentro de los estatutos correspondía a la categoría de empleados públicos,
el de ingeniero.

En estas condiciones no podía beneficiarse de una convención colectiva y
menos adquirir con fundamento en ella una pensión.

En ese sentido, la Sala debe remitirse al valor probatorio que esta misma
Subsección le ha dado a la clasificación que le dio Puertos de Colombia a las
personas que laboraban para ella a través de sus estatutos. (índice 2 Samai).

4) No obstante, la Sala observa que le asiste razón a la parte actora en cuanto a
que en ningún aparte de la providencia se analizó o siquiera mencionó el articulo
86 de la Ley 2381 de 2024, el cual, valga la pena aclarar, sí resultaba aplicable
al caso, en tanto establece que las acciones administrativas y contencioso-
administrativas deben interponerse dentro de los 5 años contados a partir de la
concesión de la prestación, en los siguientes términos:

“Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones y

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Demandante: Martha Janneth Morales Carrillo
Acción de tutela

contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años
a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia
de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado
acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5)
años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la
caducidad a partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.”.

5) De la anterior norma trascrita, huelga decir, es claro que el legislador dispuso
expresamente que no es posible intentar acciones contencioso-administrativas en
materia pensional después de 5 años del reconocimiento de la prestación.

6) De igual forma, si bien la norma en cita también dispone como excepción para no
aplicar ese término de 5 años aquellos casos en los que las pensiones se hayan obtenido
con fraude o con ocurrencia de algún delito, lo cierto es que ello tampoco se evidencia
en el caso concreto, máxime cuando en la propia sentencia del 26 de septiembre de 2024,
en los acápites en los que se estudia si hay lugar a devolución de saldos, se reconoce
expresamente la buena fe del beneficiario, en los siguientes términos:

“Respecto a la devolución de las sumas de dinero pagadas con ocasión de los
actos administrativos censurados y declarados nulos en la sentencia de primera
instancia, se señala que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo en el literal c) del numeral 1 del artículo 164 prevé
que «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de
buena fe». Ello, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 83 de la
Constitución Política, que dispone: «las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

En este orden de ideas, se considera que la buena fe es uno de los principios
generales del derecho y gobierna las relaciones entre la administración pública y
los ciudadanos, tal y como así lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-
131 de 2004, quien agregó: «En tal sentido, el mencionado principio es
entendido, en términos amplios, como una exigencia de honestidad, confianza,
rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben
someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte
esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que
componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la
buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio
dederechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas
en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se

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deben los sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe
incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía
que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos
usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos
análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades
discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del
sistema jurídico».

Entonces, la buena fe se presume en todos los actos de los particulares y de las
autoridades, supuesto al que se ajusta el ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

Por lo anterior, con el fin de hacer viable el reembolso de las sumas de dinero
perseguidas en esta demanda, la UGPP debió acreditar que la obtención de tal
derecho por parte del causante se hizo con desconocimiento de los postulados
de la buena fe, que, como se ha precisado, se presume.

Por ello, como en el plenario no existen pruebas que evidencien la mala fe
del demandado, resulta improcedente ordenar la devolución de las sumas
pagadas a su favor por virtud del acto censurado.” (Negrillas resaltadas de la
Sala)

7) A su vez, aunque podría entenderse que la norma solo es aplicable a partir de la fecha
de su “entrada en vigencia” y para reconocimientos pensionales desde el año 2024 en
adelante, lo cierto es que la falta de referencia en su totalidad sobre esa norma en la
decisión impide conocer y determinar el criterio de la autoridad judicial accionada sobre
el particular porque, se reitera, brilla por su ausencia un análisis sobre tal preceptiva;
además, en todo caso, la jurisprudencia de la propia Sección Segunda de la Corporación
ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en varias ocasiones y de explicar y ratificar
su vigencia y aplicabilidad incluso para acciones que se encontraban en curso, tal como
ocurrió, entre otras13, en la sentencia de 2 de octubre de 2024 proferida en el proceso
con radicación no. 25000-23-42-000-2018-00205-02, en la que sobre la del artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024 se indicó lo siguiente:

“Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 20245 se advierte que fue
sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1.° de julio
de 2025.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la
norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en
vigor, se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior,
teniendo en cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las

13 Sentencia con radicación no. 25000 23 42 000 2019 00294 01 (3265–2023) MP Luis Eduardo Mesa

Nieves, sentencia con radicación no. 25000 23 42 000 2021 00813 02 (1431–2023) MP Luis Eduardo Mesa
Nieves, sentencia con radicación no. 25000-23-42-000-2021-00572-02 (3509-2024) MP Jorge Iván Duque
Gutiérrez y sentencia con radicación no. 76001-23-33-000-2019-00704-02 (4936-2024) MP Jorge Iván
Duque Gutiérrez.

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modificaciones que se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se
difirió hasta el año 2025.

Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma
a aplicar, tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se
hubiera diferido esta (que no fue el caso) entre otras razones porque se
logra el efecto útil querido por el legislador, veamos el siguiente supuesto:

Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento
pensional, la administración presentara una demanda contra el
pensionado, ¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que
la norma no ha entrado en vigencia?

Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la
caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo,
sino que no cumple con el propósito del legislador que es el de dar
estabilidad a las situaciones jurídicas favorables a las personas
pensionadas.

No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada
(hasta) el 1.° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la
caducidad se declara en este momento o con posterioridad, los efectos
serían los mismos; pues la contabilización se debe realizar desde la
concesión de la prestación.

Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024, se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y
obligatorios a partir de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha
manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia C-957 de 1997”.
(Negrillas de la Sala)

8) A partir de lo anterior, la Sala destaca que, si bien la sentencia del 26 de septiembre
de 2024 analizó el régimen laboral de las empresas industriales y comerciales del Estado
y la condición del señor Luis Uribe como empleado público, lo cierto es que no analizó o
cuando menos mencionó o hizo referencia alguna al artículo 86 de la Ley 2381 de 202414,
y, en ese sentido, tampoco fundamentó las razones para apartarse de estas disposiciones
o dejar de aplicarlas.

9) A juicio de la Sala, era deber de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado analizar el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 para determinar si esa regla
resultaba aplicable y si había lugar a declarar la caducidad o, por lo menos, fundamentar
las razones para apartarse de esa norma.

14 La cual, conviene anotar, para la fecha en que se expidió la decisión cuestionada se encontraba vigente

y surtiendo plenos efectos, por lo que era deber de la autoridad accionada analizarla, a pesar de que, con
posterioridad, la Corte Constitucional a través de un comunicado de prensa publicado el 17 de junio de
2025 ordenó devolver la ley a la Cámara de Representantes para que se subsane el vicio de procedimiento
allí anotado, comunicado que, en todo caso, no podía tener efectos retroactivos.
https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/comunicado-27-junio-17-de-2025

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10) Por consiguiente, se concederá el amparo de los derechos invocados y, en
consecuencia, se dejará sin efectos la providencia del 26 de septiembre de 2024,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el
proceso con radicación no. 47001-23-33-000-2020-00746-02, y se le ordenará que, en el
término de 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte una decisión de
reemplazo, en la cual tenga en cuenta dicha norma y el precedente en la materia.

11) No sobra recordar que el amparo aquí decretado, desde luego, no significa en modo
alguno que la autoridad judicial accionada deba acceder automáticamente a las
pretensiones de la demanda, pues, por el contrario, la orden se dirige puntual y
específicamente a que analice expresamente el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y, en
el marco de su competencia y de conformidad con los principios de autonomía e
independencia judicial que le son propios, expida una nueva providencia de reemplazo
en la cual tenga en cuenta las consideraciones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Concédese el amparo de los derechos fundamentales de la señora Martha Janneth
Morales Carrillo.

2°) Déjase sin efectos la providencia del 26 de septiembre de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con
radicación no. 47001-23-33-000-2020-00746-02.

3º) Ordénase a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que en
el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta providencia,
profiera una nueva decisión que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva de esta
providencia.

4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz

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Demandante: Martha Janneth Morales Carrillo
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5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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