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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00813-02

Fecha
23 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00813-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 2 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección F, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. En su lugar declarar probada de oficio la excepción caducidad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, "por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones". Lo anterior conforme lo ya expuesto. TERCERO. Sin condena en costas, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. CUARTO. Se acepta la renuncia de la abogada Lucía Arbeláez de Tobón de acuerdo con el memorial allegado vía correo electrónico y que se encuentra visible en el índice 23 del expediente digital disponible en SAMAI. w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 8 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad Radicado: 25000 23 42 000 2021 00813 02 (1431-2023) Demandante: UGPP QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00813-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2021 00813 02 (1431–2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Alcira Infante de Aldana

Tema: Lesividad. Reconocimiento de la pensión gracia. Término para
ejercer acciones administrativas y judiciales. Artículo 86 de la Ley
2381 de 2024. Ley 1437 de 2011.

Decisión: Declarar caducidad del medio de control

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 2 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección F, que accedió parcialmente a
las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por intermedio de apoderada judicial,
acudiendo a la acción de lesividad, solicitó declarar la nulidad de las Resolución
1898 de 5 de febrero de 2001, por medio de la cual se reliquidó una pensión gracia
a favor de Miguel Eduardo Aldana Vivas.

Como restablecimiento del derecho, solicitó a la señora Alcira Infante de Aldana, en
su calidad de cónyuge supérstite, la devolución de los dineros percibidos con
ocasión a la reliquidación de la pensión gracia.

1 Expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000234200020210
0813021100103

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 25000 23 42 000 2021 00813 02 (1431-2023)
Demandante: UGPP

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

Se afirma que el causante Miguel Eduardo Aldana Vivas (q.e.p.d) nació el 14 de
abril de 1942 y prestó servicio docente en el departamento de Cundinamarca desde
el 11 de marzo de 1964 hasta el 30 de diciembre de 1999. Que CAJANAL le
reconoció una pensión gracia a través de la Resolución 7609 de 8 de marzo de
1993, efectiva a partir de la adquisición del estatus pensional, esto es, el 14 de abril
de 1992.

Así mismo, se indica que el señor Aldana Vivas se retiró del servicio docente el 31
de diciembre de 1999 y, posterior a ello, CAJANAL reliquidó la mesada pensional a
través de la Resolución 1898 de 5 de febrero de 2001, por medio de la cual se tuvo
en cuenta lo devengado en el año anterior al retiro efectivo del servicio.

Finalmente, explica que el docente falleció el 30 de abril de 2021, razón por la cual
la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP le reconoció a la señora Alcira Infante de Aldana, por
medio de la Resolución 017711 del 16 de julio de 2021, la sustitución pensional a
partir del 1 de mayo de 2021.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Como sustento de las pretensiones, indicó que la reliquidación de la pensión gracia
del señor Miguel Eduardo Aldana Vivas es contraria a derecho, pues se realizó con
base en lo devengado en el año anterior al retiro del servicio y no con los factores
salariales devengados en el año anterior a adquirir el estatus pensional atendiendo
la normatividad especial que regula la prestación social.

1.4. Contestación de la demanda

A través de apoderado, la señora Alcira Infante de Aldana se opuso a las
pretensiones de la demanda; al respecto explicó que la reliquidación se encuentra
ajustada a las Leyes 24 de 1947 y 4 de 1996 y al Decreto 1743 de 1966, por tanto,
dar una interpretación diferente es contrario a derecho. De igual manera, precisó
que no hay lugar a ordenar la devolución de dineros, pues las sumas pagadas por
reliquidación de la pensión gracia fueron percibidas de buena fe.

1.5. Sentencia de primera instancia

Con decisión de 2 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
• Sección Segunda - Subsección F accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda declarando la nulidad del acto demandado y negando el restablecimiento
del derecho pretendido por la UGPP.
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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 25000 23 42 000 2021 00813 02 (1431-2023)
Demandante: UGPP

Como sustento de la decisión, señaló que la pensión gracia reconocida en vida a
favor de Miguel Eduardo Aldana Vivas debió ser liquidada en atención a los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la obtención del estatus
pensional, esto es el 14 de abril de 1992, pues así lo determina, no solo la legislación
aplicable a la pensión gracia, sino la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por
tanto, procede declarar la nulidad de acto de reliquidación por cuanto este tuvo en
cuenta para efectos de la liquidación, el año del retiro del servicio.

En cuanto al restablecimiento del derecho, aclaró que no hay pruebas que lleven a
determinar que se presentó la mala fe por parte del causante con miras a obtener
la reliquidación induciendo en error a la administración, por tanto, consideró que no
resulta procedente la devolución de dineros pretendida, principalmente porque la
señora Alcira Infante de Aldana obtuvo la sustitución pensional a través de la
Resolución 017711 del 16 de julio de 2021, por lo que la solicitud de devolver dineros
causados por la reliquidación pensional ocasionada desde el año 2001 no
procedería en contra de la mencionada señora.

1.6. Recurso de apelación

Actuando a través de apoderado, la señora Alcira Infante de Aldana presentó
recurso de apelación en el que indicó que la reliquidación de la pensión gracia del
señor Miguel Eduardo Aldana Vivas se encuentra ajustada a derecho, toda vez que
liquidarla teniendo en cuenta el último año de servicio resulta congruente con lo
señalado por la Ley 24 de 1947, así como el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 y el
artículo 5 del Decreto 1743 de 1966. Así mismo, que la decisión de primera instancia
es contraria al principio de la condición más beneficiosa para el pensionado, por
tanto, se deben aplicar las sentencias de unificación que sobre el asunto las altas
cortes han proferido, por lo que se debe acceder a la revocatoria del fallo de primera
instancia para determinar que el acto de reliquidación demandado es legal y por
tanto no procede su nulidad.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

La UGPP, la señora Alcira Infante de Aldana –demandada-, el Agente del
Ministerio Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, guardaron
silencio en esta etapa procesal.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 25000 23 42 000 2021 00813 02 (1431-2023)
Demandante: UGPP

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso3, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de alzada
–demandada-, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2 Problema jurídico

Corresponde establecer si le asiste razón a la UGPP, en cuanto a que la pensión
gracia de la demandada se encuentra indebidamente reliquidada, y, por tanto, hay
lugar a ordenar la nulidad de los actos demandados y ordenar la devolución de
dineros percibidos como consecuencia de ello, o si por el contrario es procedente
revocar la sentencia de primera instancia.

Sin embargo, previo a ello, y teniendo en cuenta que al tenor del artículo 187 del
CPACA, en la sentencia se decidirán sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada, sin que el silencio del inferior
impida que el superior estudie y decidas todas las excepciones de fondo propuestas
o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus; estima la Sala necesario analizar la
aplicabilidad de la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el sistema
de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se
dictan otras disposiciones”, y en consecuencia determinar si en el presente caso
operó la excepción de caducidad; de ser negativa la respuesta, se resolverá de
fondo la apelación.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1 Del fenómeno de la caducidad en asuntos pensionales, y las
modificaciones introducidas con la Ley 2381 de 16 de julio de 2024

Esta Corporación ha señalado que la caducidad, es el fenómeno jurídico que
extingue la oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un derecho

2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
3 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 25000 23 42 000 2021 00813 02 (1431-2023)
Demandante: UGPP

en sede judicial, cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un medio de
control u otro mecanismo previsto en la ley. De ahí que, el término constituya un
presupuesto procesal a través del cual se limita el ejercicio de los derechos
individuales y subjetivos de los administrados para la reclamación judicial de los
mismos, en desarrollo el principio de seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad
y suficiencia temporal.

Así, la obligación de presentar la demanda dentro del término previsto por el
legislador constituye un presupuesto procesal que habilita al juez para pronunciarse
sobre el fondo de las pretensiones de la demanda.

De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, artículo 164 numeral 1 literal c), la demanda contra actos
administrativos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas podrán presentarse en cualquier tiempo; empero, no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

Ahora, la Ley 2381 de 16 de julio de 2024, por la cual se establece el Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y se
dictan otras disposiciones, en el artículo 86 dispone el término con el que se cuenta
para interponer las acciones administrativas y contencioso administrativas en lo que
respecta a las pensiones que han sido reconocidas; se destaca:

«Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y
Contencioso Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas.
Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser
ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones
otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate
de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»

A partir de lo anterior se puede concluir entonces que:

a- Las acciones administrativas y contencioso administrativas, se
deberán ejercer dentro del término de 5 años contados a partir del
reconocimiento de la pensión.

b- La única excepción a la anterior regla, es frente a las pensiones
reconocidas con fraude o con ocurrencia de algún delito.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 25000 23 42 000 2021 00813 02 (1431-2023)
Demandante: UGPP

c- En los casos de reconocimiento pensional respecto a los que se hayan
iniciado acciones administrativas o contencioso administrativas, cuando
hubiere expirado el término de 5 años, y que se encuentren en curso, se les
aplicará el fenómeno de la caducidad a partir de la vigencia de la referida ley.

d- Finalmente, en relación con los casos en los que ya se hayan decidido
las acciones administrativas y/o contencioso administrativas presentadas
respecto a un reconocimiento pensional, se dispone que podrá interponerse el
Recurso Extraordinario de Revisión, dentro del término de 5 años contados a
partir también de la vigencia de dicha ley.

Se ha verificado que, el legislador dentro de los considerandos del proyecto de ley4,
optó por acoger un término similar al que es aplicado para las causales de revisión
de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sustentando esta decisión en la
sentencia C-835 de 2003 por medio de la cual la Corte Constitucional analizó las
consecuencias de establecer un límite temporal para que la administración solicite
la revisión de decisiones que otorgaron derechos pensionales, recordando que
reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que
establecer un límite al tiempo en el que se puede acudir ante la jurisdicción no
vulnera el acceso a la administración de justicia, pues se debe entender que la
caducidad «es una especie de sanción para quien teniendo la posibilidad de acudir a la
justicia fue negligente y no lo hizo» y que con ella se busca hacer realidad los
principio de seguridad y certeza jurídica.5

Revisada la exposición de motivos, se advierte también que la finalidad de la norma
es evitar que las pensiones reconocidas queden expuestas de manera perpetua y
sin límite, a una solicitud de revisión, lo que podría vulnerar el derecho al debido
proceso y la seguridad jurídica de los pensionados.

De otro lado, en torno a la vigencia del artículo 86 en estudio, se tiene que en la Ley
2381 de 2024, se dispuso lo siguiente:

“Artículo 94. Vigencia. El Sistema de Protección Social Integral para la Vejez,
Invalidez y Muerte de origen común, previsto en la presente ley, entrará en vigor
el 1° de julio de 2025.
Artículo 95. Derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.
Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender el
Régimen de Transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento
de expedirse esta ley.”

4 Visibles en las Gacetas del Congreso de la República Nos. 603 de 17 de mayo de 2024 y 700 de

29 de mayo de 2024.
5 Corte Constitucional. Sentencia C – 418 de 1994.

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Radicado: 25000 23 42 000 2021 00813 02 (1431-2023)
Demandante: UGPP

Al tenor de las anteriores disposiciones, estima la Sala que el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024, se encuentra vigente desde el momento en que se sancionó dicha
ley, esto es 16 de julio de 2024, fecha de publicación en el Diario Oficial 52.819 6,
pues, el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, únicamente difirió
la entrada en vigencia de las disposiciones atinentes al Sistema de Protección
Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, a partir del 01 de
julio de 2025.7

2.4 Caso concreto

Pues bien, dado que, conforme se analizó por la Sala en acápite anterior, el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024, que dispone un término de caducidad de 5 años para
presentar acciones administrativas y contencioso administrativas frente a las
pensiones reconocidas, se encuentra vigente, y resulta aplicable incluso, a los
procesos que se encuentran en curso, se estima necesario verificar la oportunidad
de la demanda de la referencia, en cumplimiento a dicha normatividad.

Se observa entonces que la UGPP pretende la nulidad de la Resolución 1898 de
5 de febrero de 2001, por medio de la cual se reliquidó una pensión gracia a favor
de Miguel Eduardo Aldana Vivas (q.e.p.d). Sin embargo, del acta de reparto visible
en el índice 2 del expediente digital disponible en SAMAI del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, se advierte que la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho fue radicada el 1° de octubre de 2021, es decir, 20 años, 7 meses y 26 días
después de expedido el acto administrativo demandado.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se puede
establecer fehacientemente, que en el presente asunto ha operado el fenómeno de
la caducidad, pues, la demanda se presentó por fuera del término de 5 años
establecido en dicha normativa, contabilizados a partir del reconocimiento de la
prestación periódica.

Lo anterior impone a la Sala revocar la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones, para en su lugar declarar probada de oficio la
excepción de caducidad del medio de control.

6 http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=55e8e6ab1125b768d5f05f27de9e

7 La Corte Constitucional en sentencia C-957 de 1997, se refirió a la vigencia de la ley, en el siguiente

sentido: “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su
promulgación, salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante
precepto expreso determine una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del
legislador extraordinario. Los efectos jurídicos de los actos legislativos y de las leyes que se producen
a partir de la promulgación en el Diario Oficial, dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que
por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”

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Radicado: 25000 23 42 000 2021 00813 02 (1431-2023)
Demandante: UGPP

2.5 Condena en costas

En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente
efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes en el proceso y la carencia
de fundamentación jurídica.

En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera
instancia, debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CPG, sin
embargo, no hay lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que se
sustentaron las razones esgrimidas por la entidad en defensa jurídica de sus
intereses, máxime cuando lo aquí resuelto tiene fundamento en la reciente Ley 2381
de 2024, que implementó un término para el ejercicio de las acciones
administrativas y contencioso administrativas respecto de las pensiones
reconocidas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 2 de agosto de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección F, que
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. En su lugar declarar probada de oficio la excepción caducidad, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, "por medio de
la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones". Lo anterior conforme lo
ya expuesto.

TERCERO. Sin condena en costas, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.

CUARTO. Se acepta la renuncia de la abogada Lucía Arbeláez de Tobón de
acuerdo con el memorial allegado vía correo electrónico y que se encuentra visible
en el índice 23 del expediente digital disponible en SAMAI.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 25000 23 42 000 2021 00813 02 (1431-2023)
Demandante: UGPP

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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