Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00572-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00572-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00572-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00572-02 (3509-2024)
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Carlos Gómez Serrano
Temas: Lesividad. Declara probada de oficio la excepción de caducidad de
conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. REVOCA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó
las pretensiones.
ANTECEDENTES
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, UGPP, instauró demanda en contra de Luis Carlos Gómez
Serrano, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, bajo la modalidad de lesividad, con el fin de que se acceda
a las siguientes:
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de la Resolución 3907 del 6 de julio de 2005, mediante la
cual Cajanal reconoció una pensión de vejez a favor del señor Luis Carlos Gómez
Serrano en cuantía de $827.172, efectiva a partir del 24 de octubre de 1996, pero con
efectos fiscales a partir del 24 de octubre de 2000 por prescripción trienal, teniendo en
cuenta el promedio de lo devengado en el último año de servicio y los factores salariales
de asignación básica y bonificación por servicios prestados, de conformidad con lo
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33 de 1985.
1 Índice 2 de SAMAI actuaciones del Tribunal.
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Que se declare que la prestación reconocida por Cajanal, resulta totalmente
incompatible con la pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales –
ISS hoy Colpensiones a través de la Resolución 5235 del 3 de marzo de 2004 a favor
del señor Luis Carlos Gómez Serrano por cuanto se derivan de la misma contingencia
y cubren el mismo riesgo de vejez.
A título de restablecimiento del derecho, se le ordene al señor Luis Carlos Gómez
Serrano reintegrar y/o devolver de forma inmediata la totalidad de las sumas
pensionales recibidas en virtud del reconocimiento pensional efectuado por Cajanal,
con la correspondiente indexación.
HECHOS
Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que el señor Gómez Serrano adquirió su estatus pensional el 24 de octubre de 1996.
Que por Resolución 5235 del 3 de marzo de 2004, el Instituto de Seguros Social – ISS
hoy Colpensiones, reconoció una pensión de vejez a favor del demandado, en cuantía
de $3.473.872, efectiva a partir del 1 de octubre de 2003, de conformidad con el
Decreto 758 de 1990.
Que mediante Resolución 3907 del 6 de julio de 2005, la extinta Cajanal reconoció una
pensión de vejez a favor del señor Luis Carlos Gómez Serrano en cuantía de $827.172,
efectiva a partir del 24 de octubre de 1996, pero con efectos fiscales a partir del 24 de
octubre de 2000 por prescripción trienal, teniendo en cuenta el promedio de lo
devengado en el último año de servicio y los factores salariales de asignación básica y
bonificación por servicios prestados, de conformidad con lo establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33 de 1985.
Que por auto ADP 02752 del 13 de mayo de 2021, la UGPP solicitó al señor Luis Carlos
consentimiento para la revocatoria de la Resolución 3907 del 6 de julio de 2005, en
consideración a la incompatibilidad pensional existente entre el reconocimiento del ISS
y la extinta Cajanal, sin obtener respuesta positiva frente al particular.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó como vulnerada la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los
Convenios 102 y 128 de la OIT sobre la Seguridad Social, el preámbulo y los artículos
1, 2, 4, 6, 13, 48, 123, 128, 209 de la Constitución Política de Colombia, artículos 13,
32 y 36 de la Ley 100 de 1993, Ley 33 de 1985 y Acuerdo 049 de 1990, aprobado por
el Decreto 758 de 1990.
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Sostuvo que las pensiones de vejez reconocidas por la liquidada Cajanal y por el
Instituto de Seguros Sociales – ISS hoy Colpensiones a favor del señor Luis Carlos
Gómez Serrano resultan incompatibles por cuanto cubren el mismo riesgo, tornándose
así el reconocimiento en irregular e ilegítimo, en perjuicio de los demás asociados,
como lo establece el artículo 6 de la Constitución de 1991, en armonía con el 13 y 48,
en cuanto al derecho fundamental a la igualdad y la sostenibilidad financiera del
sistema pensional.
Que mantener el reconocimiento de la pensión de vejez reconocida, conlleva a que se
le concedan unos beneficios a la parte pasiva por fuera de la ley, comprometiendo
recursos que deben ser destinados al pago de otras pensiones y desconociendo de
tajo los principios que rigen la actuación administrativa.
Que son incompatibles entre sí, cualquier tipo de prestación que cubran el mismo riesgo
(vejez), de tal manera, las pensiones reconocidas por la extinta Cajanal hoy UGPP y el
Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, son prestaciones que tienen un mismo
fin, en consecuencia, resultan incompatibles, ya que fueron reconocidas para cubrir el
mismo riesgo.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 10 de agosto de 20212 y notificada al demandado quien se
opuso a las pretensiones3 argumentando que los tiempos incluidos por el ISS para el
reconocimiento de la pensión de vejez tienen una naturaleza de aportes del sector
privado, mientras que los periodos de trabajo que motivaron la Resolución 3907 del 6
de julio de 2005 de Cajanal, objeto de controversia, fueron los tiempos públicos
laborados por el señor Gómez Serrano, de allí que las fuentes de ambas prestaciones
son totalmente diferentes y los periodos en ningún momento se superponen, por lo
cual, hay lugar a declarar que opera la figura de la compatibilidad, por lo que se tiene
derecho a percibir ambas prestaciones económicas.
Mediante auto del 28 de noviembre de 2023 se dispuso dar el trámite de sentencia
anticipada.4
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, negó
las pretensiones argumentando que en lo concerniente a la pensión de vejez que le fue
reconocida al demandado por el extinto ISS, hoy Colpensiones, mediante Resolución
5235 del 3 de marzo de 2004, de acuerdo con reporte de liquidación de esa prestación
que se reconoció conforme al Decreto 758 de 1990, así como historial de semanas
2 Índice 4 de SAMAI actuaciones del Tribunal.
3 Índice 87 de SAMAI actuaciones del Tribunal.
4 Índice 89 de SAMAI actuaciones del Tribunal.
5 Índice 99 de SAMAI actuaciones del Tribunal.
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cotizadas, se encuentra que la fuente de financiamiento derivó de aportes realizados
por una vinculación con la Universidad Javeriana y aportes propios como particular,
motivo por el cual se está frente a una pensión de vejez que claramente no deriva ni se
sustenta a cargo del Tesoro Público.
Que en lo que respecta a la prestación que le fue reconocida al demandado por la
liquidada Cajanal, actualmente UGPP, a través de la Resolución 3907 del 6 de julio de
2005, en los términos de la Ley 33 de 1985, se debía resaltar que no era objeto de
discusión por las partes que tal prestación se causó por las labores prestadas por dicho
señor a distintas entidades públicas, y lo cual logra verificarse de manera clara del
propio contenido del acto administrativo, donde se determina que los veinte (20) años
de servicio público prestados tuvieron lugar cuando laboró para el Ministerio de Salud
y el Instituto Nacional de Salud.
Que una vez relacionadas las dos pensiones de vejez que le fueron reconocidas en su
momento al demandado por las ya liquidadas ISS y Cajanal, así como las fuentes de
causación y financiamiento de cada una de esas prestaciones, se evidenciaba que no
se suscita ninguna incompatibilidad.
RECURSO DE APELACIÓN
La entidad demandante interpuso recurso de apelación manifestando que son
incompatibles entre sí, cualquier tipo de prestación que cubran el mismo riesgo (vejez),
por lo que las pensiones reconocidas por la extinta Cajanal hoy UGPP y el Instituto de
Seguros Sociales hoy Colpensiones, son prestaciones que tienen un mismo fin, en
consecuencia, resultan incompatibles, ya que fueron reconocidas para cubrir el mismo
riesgo.
Que en este caso resulta procedente el reintegro de la totalidad de las sumas
canceladas en virtud del pago de la pensión de vejez al señor Luis Carlos Gómez
Serrano, siendo que no es posible concluir que tales valores fueron percibidos de buena
fe, habida cuenta que conociendo que ya era beneficiario de una pensión de vejez,
solicitó ante la extinta Cajanal hoy UGPP, una nueva prestación por el mismo riesgo,
por lo que se considera desvirtuada la buena fe.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 28 de agosto de 2024 se admitió el recurso. Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En uso de las facultades consagradas en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA,
que ordena a los jueces declarar cualquier excepción que encuentre probada, incluso
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en segunda instancia (sin perjuicio de la reformatio in pejus), se analizará la posible
existencia del fenómeno de la caducidad a la luz del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Marco normativo y jurisprudencial
Caducidad de la acción contenciosa contra actos de reconocimiento pensional
La caducidad está relacionada con el término que previó el legislador para presentar
las acciones destinadas a obtener la protección de los derechos consagrados en el
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el interesado debe acudir a la jurisdicción en el
plazo señalado en la norma, so pena de que se configure el aludido fenómeno.
Al respecto, la Corporación ha sostenido:6
La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del término
perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción derivadas de los
actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración, sin que se haya ejercido
el derecho de acción por parte del interesado.
El tiempo determinado para el ejercicio de las acciones depende del tipo de acción y
del origen que la provoca.
El artículo 164, numeral 1.° literal c, prevé que cuando se pretenda controvertir actos
que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, se podrá
demandar en cualquier tiempo. No obstante, y en relación con las pensiones
reconocidas, la Ley 2381 de 2024 establece que las acciones administrativas y
contencioso administrativas deben interponerse dentro de los 5 años contados a partir
de la concesión de la prestación. Transcurrido este plazo, se aplicará la caducidad,
salvo en los casos de actuaciones fraudulentas o con ocurrencia de algún delito en la
obtención del derecho.
Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y
contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir
del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a
excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley.». (Negrillas para resaltar)
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 23 de
septiembre de 2010. Expediente: 47001-23-31-000-2003-00376-01 (1201-2008). Demandante: Marco Fidel Ramírez
Yépez y otros
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Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 20247 se advierte que fue sancionada
y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de Protección Social
Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, conforme a lo señalado en
el artículo 94, empezará a regir a partir del 1.° de julio de 2025.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la norma,
ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor, se entiende
que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la
reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que se realizaron al
aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025.
Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma a aplicar,
tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera diferido esta
(que no fue el caso) entre otras razones porque se logra el efecto útil querido por el
legislador, veamos el siguiente supuesto:
Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento
pensional, la administración presentara una demanda contra el pensionado,
¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha
entrado en vigencia?
Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la caducidad
cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino que no cumple
con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las situaciones jurídicas
favorables a las personas pensionadas.
No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta el
1.° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se declara en
este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la
contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación.
Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se
encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir de su
promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en
la Sentencia C-957 de 19978.
Resolución del caso concreto
Aclarado el aspecto de la vigencia, corresponde a la Subsección analizar el asunto en
7 «por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y
muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones»
8 “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo
que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine una fecha
diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos de los actos
legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial, dan lugar a su
oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.” Negrilla para
resaltar.
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cumplimiento a lo estipulado en el artículo 86 de la ley, pues dicho precepto es claro al
señalar que los efectos de la caducidad se calculan desde el reconocimiento del
derecho. Se precisa también que, conforme a los hechos y fundamentos de la demanda
no estamos ante el supuesto de un derecho obtenido con fraude o con ocurrencia de
algún delito; por lo tanto, no se aplica la excepción establecida en la disposición citada.
En este caso, la prestación se otorgó por Resolución 3907 del 6 de julio de 2005, es
decir la administración tenía hasta el 7 de octubre de 2010 para presentar la demanda,
y según el acta de reparto fue radicada el 29 de julio de 2021 al haber sido recibida por
correo electrónico en la misma fecha, por lo que se concluye que se inició con
posterioridad a los 5 años de que trata la Ley 2381 de 2024.
En consecuencia, la Subsección revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declarará probada de oficio la excepción de caducidad.
Condena en costas: análisis en primera y segunda instancia.
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio
objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el
cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera
relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, malintencionada o de
mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre que se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual, se deberá
analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al inciso 2 del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha situación
a la luz de la normativa vigente.
En el presente caso, de la revisión del recurso de apelación, pese a que se está
revocando la decisión apelada, la Sala en consideración al numeral 4.° del artículo 365
del CGP9, y observando los fundamentos planteados por las partes tanto en primera
instancia como en segunda, se concluye que no hay lugar a la condena en costas, pues
9 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias.
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no se advierte carencia de fundamentación jurídica, por el contrario, la demandante
expuso argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia proferida el 15 de febrero de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar, se
declara probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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