Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07603-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07603-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07603-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., nueve (09) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07603-01
Demandante: Martha Liliana Rodríguez Motato
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Declara probada de oficio la
excepción de caducidad. Artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Entrada en vigencia. Defecto sustantivo. Desconocimiento del
precedente.
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia y niega amparo
La Sala decide la impugnación formulada por la parte actora en contra de la
Sentencia proferida el 29 de enero de 2025 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir
con el requisito general de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 28 de noviembre de 2025, la parte actora, a través de apoderado,
presentó una acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración
de justicia y mínimo vital, los cuales fueron presuntamente transgredidos por el
Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 52835-33-33-002-2023-00056-01.
2. A título de amparo, solicitó dejar sin efectos la Sentencia de 30 de mayo de
2025 y, en consecuencia, se ordenara proferir una decisión de remplazo ajustada a
derecho en la que se reconociera la asignación de retiro.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
señaló que, el 23 de septiembre de 2014, el Ministerio de Defensa Nacional le
reconoció una pensión mensual por muerte, con ocasión del fallecimiento de su hijo
Edwin Andrés Holguín Rodríguez1, equivalente a un salario y medio mínimo legal
mensual vigente e indicó que en dicho acto se declaró que no había lugar al pago
de suma alguna por concepto de dicha prestación a su favor, hasta tanto no
1 Quien ejercía como solado regular del Ejercito Nacional.
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Demandante: Martha Liliana Rodríguez Motato
cumpliera con la condición establecida en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 447
de 19982.
4. El 29 de noviembre de 2021, la hoy accionante radicó una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección Administrativa, con el propósito
de declarar la nulidad de la Resolución No. 4807 de 23 de septiembre de 2014 y, en
consecuencia, se reconociera la pensión sin condicionarla al cumplimiento de los
50 años de edad para su pago.
5. El 30 de junio de 2023, el Juzgado 2 Administrativo de Tumaco declaró la
inaplicación de la condición prevista en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 447
de 1998; declaró la nulidad del artículo 2 de la Resolución No. 4807 de 2014 y, a
título de restablecimiento del derecho, condenó a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional al reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente a partir del 13 de mayo de 2014, esto es, el día siguiente al
fallecimiento de Edwin Andrés Holguín Rodríguez.
6. El 18 de julio de 2023, el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
– Dirección Administrativa interpuso recurso de apelación, tras considerar que la
Constitución admitía la existencia de un régimen especial de prestaciones sociales
exclusivamente dirigido a los miembros de la Fuerza Pública y que, en
consecuencia, no resultaba posible aplicar el régimen general previsto en la Ley 100
de 1993.
7. El 30 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Nariño revocó la
Sentencia de 30 de junio de 2023 y, en su lugar, declaró probada de oficio la
excepción de caducidad del medio de control, por lo cual negó las pretensiones de
la demanda en la medida que, con la expedición de la Ley 2381 de 2024 y, en
particular, su artículo 86, se incorporó un límite temporal de 5 años para el ejercicio
de acciones administrativas y de lo contencioso administrativo contados desde el
acto administrativo de reconocimiento pensional. En consecuencia, determinó que
la parte actora demandó por fuera de dicho término, en la medida en que la
resolución que reconoció la pensión era del 30 de septiembre de 2014.
8. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora manifestó que el
Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en un defecto sustantivo, en la medida en
que sustentó su decisión con base en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, esto
es, en una disposición posterior a la fecha de presentación de la demanda.
9. Señaló que, si bien dicha ley fue expedida el 16 de julio de 2024, lo cierto
era que, mediante el Auto 841 de 2025, la Corte Constitucional suspendió su
2 «Artículo 5. Beneficios. […]
PARAGAFO 1. Establécese como requisito para la persona quien vaya a ser beneficiario de la pensión que al
momento de serle reconocida tenga como edad mínima cincuenta (50) años. De no tener esta edad, el Acto
Administrativo del reconocimiento se suspenderá hasta el cumplimiento de esta condición suspensiva, sin que
se inicie la prescripción de que trata el artículo 6 de esta ley.»
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entrada en vigencia hasta el día hábil siguiente a la fecha en que la Sala Plena
decidiera definitivamente sobre su constitucionalidad, con excepción de los artículos
12 y 76. Añadió que dicha suspensión se mantenía vigente para el momento de
presentación de la acción de tutela.
10. Afirmó que el tribunal fundamentó su decisión en una norma que no se
encontraba vigente, pues el artículo 86 fue suspendido y, en consecuencia, no entró
en vigor, por lo que carecían de validez las decisiones adoptadas con base en su
aplicabilidad. Agregó que, incluso en gracia de discusión, y en el evento de que se
asumiera que el artículo 86 sí se encontraba vigente al momento de proferirse la
sentencia de segunda instancia, tampoco resultaba procedente concluir la
operancia de la caducidad pues la demanda se interpuso con anterioridad.
11. Indicó que la autoridad judicial también incurrió en un desconocimiento del
precedente, en la medida en que existían casos similares en los que se falló a favor
de los beneficiarios de la pensión de sobreviviente, protegiendo sus derechos
constitucionales. En particular, destacó que la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, mediante Sentencia de 29 de octubre de 20203, analizó
previamente situaciones en las que se limitaba el derecho a la pensión de
sobreviviente con fundamento en la edad exigida por la Ley 447 de 1998,
concluyendo que no resultaba procedente aplicar una condición suspensiva basada
en la edad, por implicar un trato inequitativo, irracional e injustificado, contrario a los
mandatos constitucionales.
Intervenciones4
12. El Juzgado 2 Administrativo de Tumaco solicitó su desvinculación de la
acción de tutela, tras considerar que no existía relación entre las actuaciones
procesales adelantadas en esa instancia y la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.
13. El Tribunal Administrativo de Nariño solicitó que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, puesto que carecían de fundamento suficiente.
Sostuvo que, al momento de proferirse la decisión cuestionada, la Ley 2381 de 2024
se encontraba vigente y no estaba suspendida. Precisó que la Corte Constitucional
adoptó la decisión de suspensión mediante Auto de 17 de junio de 2025, esto es,
con posterioridad a la emisión de la providencia objeto de reproche, por lo que no
resultaba admisible confundir la fecha de expedición del fallo con la de su
notificación, en tanto se trataba de actuaciones distintas.
14. Sostuvo que no se configuraba un desconocimiento del precedente, en la
medida en que la parte actora citó una providencia descontextualizada, sin que
aportara elementos de juicio suficientes para sostener que la sentencia proferida
3 Rad. 76001-23-33-000-2017-00659-01.
4 Mediante Auto de 11 de diciembre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal
Administrativo de Nariño y vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y al Juzgado
2 Administrativo de Tumaco.
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dentro del proceso desconocía algún pronunciamiento relacionado con la aplicación
de la Ley 2381 de 2024, respecto de la cual no existía una posición unificada y que
se encontraba vigente para ese momento.
15. Manifestó que, en todo caso, acataría las decisiones que se adoptaran
dentro del trámite constitucional, atendiendo las dificultades que generaba la
aplicación de dicha ley e insistió en que tal circunstancia no implicaba la vulneración
de garantías fundamentales, dado que su actuación se ajustaba al imperio de la ley,
conforme a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución.
16. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, pese a que
fue debidamente notificada, guardó silencio.
Sentencia impugnada
17. El 29 de enero de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, tras
considerar que los argumentos expuestos por la parte actora no evidenciaban la
existencia de una cuestión de verdadera relevancia constitucional que implicara la
presunta transgresión de derechos fundamentales. Estimó que dichos
planteamientos reflejaban una inconformidad con la decisión adoptada por la
autoridad accionada, como si se tratara de un recurso o instancia adicional, razón
por la cual no resultaba posible inmiscuirse en el asunto, so pena de desnaturalizar
la acción de tutela e invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
18. Señaló que el Tribunal Administrativo de Nariño analizó la aplicabilidad del
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 al caso concreto planteado por la parte actora,
encontrando sustento en reiteradas decisiones de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, las cuales sostenían que la referida disposición resultaba aplicable, a
partir del 16 de julio de 2024, fecha de su promulgación, a los procesos
administrativos o contenciosos que se encontraban en curso, lo que permitió a la
autoridad judicial aplicarla bajo el entendido de que se encontraba vigente y era de
obligatoria observancia.
19. Consideró que no era posible acceder a la solicitud de desvinculación
presentada por el Juzgado 2 Administrativo de Tumaco comoquiera conoció en
primera instancia la demanda que era objeto de tutela, y le asistía interés directo
con la decisión tomada en la acción constitucional.
Impugnación
20. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, pues consideró que
no resultaba acertada la conclusión según la cual los hechos expuestos en la acción
de tutela no implicaban ni tenían la carga suficiente para afectar derechos
fundamentales. Sostuvo que la decisión del tribunal fue sustentada en una norma
no vigente, dado que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 fue suspendido por la
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Corte Constitucional y, en consecuencia, no entró en vigor, por lo que carecían de
validez las decisiones adoptadas con fundamento en su aplicabilidad.
21. Reiteró que la Corte Constitucional dispuso la suspensión de dicha ley con
efectos ex nunc, lo que implicaba que ninguna autoridad judicial podía aplicarla
mientras se encontrara suspendida. Afirmó que el fallo cuestionado se sustentó en
una norma no vigente e incluso inexistente para la fecha de presentación de la
demanda, lo que vulneraba los principios de legalidad, seguridad jurídica y
confianza legítima. Añadió que, en todo caso, no se aplicó el principio de
favorabilidad en el asunto.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
22. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
23. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal
Administrativo de Nariño vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso, acceso a la administración de justicia y mínimo vital de la parte actora, al
proferir la Sentencia de 30 de mayo de 2025, por presuntamente haber incurrido un
defecto sustantivo al haber aplicado el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, máxime
cuando no estaba vigente y en todo caso la Corte Constitucional suspendió su
entrada en vigencia y/o desconocer el precedente al apartarse de un criterio
jurisprudencial con similar situación fáctica.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
24. La acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, toda vez que (1) se encuentra satisfecha la legitimación en la causa
por activa y por pasiva, debido a que, por un lado, la parte actora tenía la calidad de
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y, por el otro,
el Tribunal Administrativo de Nariño profirió la decisión que se cuestiona; (2) se
encuentra acreditada la exigencia de subsidiariedad, comoquiera que se agotaron
todos los mecanismos judiciales que tenía para procurar la defensa de sus
derechos; (3) la acción de tutela se presentó el 28 de noviembre de 2025, es decir,
dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la Sentencia de 30 de mayo de
2025 (mensaje de datos, 26 de septiembre de 2025); (4) no se cuestionó una
irregularidad procesal; (5) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos
con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales;
y (6) la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.
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25. (7) Respecto del requisito de relevancia constitucional, la Sala se aparta de
la tesis sostenida por el juez de tutela de primera instancia. En efecto, el debate no
se reduce a una controversia de mera legalidad o a un interés estrictamente
económico, sino que se relaciona de manera directa con la presunta vulneración de
derechos fundamentales, derivada de la alegada configuración del defecto
sustantivo y el desconocimiento del precedente, debidamente desarrollados por la
parte actora.
26. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se revocará la decisión
de primera instancia y se estudiará el fondo de la controversia.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
27. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:
28. El accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en
un defecto sustantivo al proferir la Sentencia de 30 de mayo de 2025, mediante la
cual revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró de oficio la
excepción de caducidad del medio de control. Señaló que dicha determinación se
sustentó en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, disposición que incorporó un
término de 5 años para el ejercicio de acciones administrativas y de lo contencioso
administrativo, contados desde el acto administrativo de reconocimiento pensional.
En su criterio, la autoridad judicial no debió aplicar esa normativa, por tratarse de
una disposición posterior a la presentación de la demanda y, en todo caso,
suspendida en su vigencia por la Corte Constitucional mediante Auto 841 de 2025.
29. No obstante, en la providencia cuestionada, el tribunal advirtió que, en
relación con la entrada en vigor del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y su
aplicabilidad desde el momento de su expedición, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado 5 había precisado en diversos pronunciamientos
que dicha disposición se encontraba vigente desde su sanción, esto es, desde el 16
de julio de 2024, fecha de su publicación en el Diario Oficial. Lo anterior, en razón a
que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, únicamente difirió
la entrada en vigencia de las disposiciones relativas al Sistema de Protección Social
Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, a partir del 1 de julio de
2025.
30. La Sala encuentra que dicha interpretación resulta razonable y coherente,
en tanto el tribunal no solo identificó el marco normativo aplicable, sino que analizó
las circunstancias fácticas del caso concreto y justificó la aplicación de la Ley 2381
de 2024 para declarar la caducidad del medio de control. En efecto, atendiendo a la
naturaleza de la disposición en cuestión, es válido entender que su vigencia se
5 Véase, por ejemplo, las decisiones del 2 de octubre de 2024, rad. 08001-23-33-000-2013-00161-01 (1132 –
2015) y del 23 de octubre de 2024, rad. 19001-23-33-000-2021-00090-01 (4185-2024) y rad. 25000-23-42-000-
2021-00572-02 (3509-2024).
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produjo desde su publicación, habida cuenta de que el diferimiento legislativo recayó
exclusivamente sobre aspectos estructurales del sistema pensional y no sobre las
reglas relativas a la caducidad de las acciones allí consagradas. Así, la
interpretación adoptada por el tribunal se orientó a garantizar el efecto útil de la
norma, sin desbordar el ámbito de aplicación definido por el legislador.
31. En cuanto al argumento relativo a la supuesta improcedencia de aplicar
dicha disposición por efecto del Auto 841 de 17 de junio de 2025 de la Corte
Constitucional, mediante el cual se suspendió la entrada en vigencia de la Ley 2381
de 2024, la Sala advierte que este reparo tampoco está llamado a prosperar en la
medida que la providencia cuestionada fue proferida el 30 de mayo de 2025, esto
es, con anterioridad a la decisión de suspensión, por lo que no resulta jurídicamente
exigible al tribunal haber inaplicado una medida que no se encontraba vigente al
momento de adoptar su decisión. En consecuencia, no se configura el defecto
sustantivo en la providencia cuestionada.
32. De otra parte, el accionante alegó el desconocimiento del precedente, con
fundamento en la Sentencia de 29 de octubre de 2020 proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la cual se resolvió un caso
favorable a beneficiarios de una pensión de sobreviviente. Sin embargo, la Sala
advierte que no se configura el referido defecto, por cuanto el problema jurídico del
asunto bajo examen se circunscribe a la aplicación temporal de la Ley 2381 de 2024,
mientras que la decisión invocada como precedente fue proferida en un contexto
normativo y fáctico distinto, anterior en 4 años a la expedición de dicha ley. En ese
sentido, la ausencia de identidad jurídica entre los casos impide establecer un juicio
de comparabilidad, requisito indispensable para estructurar el defecto.
33. En ese orden de ideas, la Sala considera que los argumentos de la parte
accionante no logran acreditar la existencia de un defecto sustantivo ni el
desconocimiento del precedente en la providencia cuestionada. Por el contrario, se
advierte que la autoridad judicial accionada efectuó un análisis razonado, completo
y ajustado a las pruebas obrantes en el expediente, valoró de manera conjunta los
elementos de juicio disponibles y expuso de forma suficiente las razones que
sustentaron su decisión.
Conclusión
34. La Sala revocará la Sentencia de 29 de enero de 2026 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela por falta de relevancia constitucional. En su lugar, negará el amparo solicitado,
al no haberse acreditado la configuración de los defectos alegados por la parte
actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
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Demandante: Martha Liliana Rodríguez Motato
III. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la Sentencia de 29 de enero de 2026 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción
de tutela y, en su lugar, NEGAR la solicitud de amparo de Martha Liliana Rodríguez
Motato.
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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