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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00090-01

Fecha
23 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00090-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FA L L A Primero. Revocar la sentencia proferida el nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Cauca. En su lugar, se declara probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2021-00090-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2021-00090-01 (4185-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP
Demandado: Rubén Darío Rengifo Beltrán

Temas: Lesividad. Declara probada de oficio la excepción de caducidad
de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, instauró demanda contra Rubén Darío
Rengifo Beltrán en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, bajo la modalidad de lesividad, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES 1

Que se declare la nulidad de las Resolución PAP 009152 del 17 de agosto de 2010,
a través de las cual se ordenó el reconocimiento de una pensión de vejez en favor
del señor Rubén Darío Rengifo Beltrán, así como de la Resolución RDP 052272 del
13 de noviembre de 2013, mediante la cual se reliquidó la prestación.

1 Índice 2 del aplicativo SAMAI. Archivo (4ED_CORREO ELE_RVREMITEEXPEDIENTESE(.msg) NroActua 2).

Pdf.02.

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Radicado: 19001-23-33-000-2021-00090-01 (4185-2024)

A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene al demandado reintegrar
las sumas canceladas por dicho concepto, debido a que no le asiste derecho a
devengar la pensión en los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, sino
conforme a las previsiones de la Ley 100 de 1993. Que se condene en costas al
demandado.

HECHOS

Los hechos en que se fundamentó la demanda se resumen de la siguiente manera:

Que el demandado nació el 24 de diciembre de 1963 y laboró al servicio del INPEC
desde el 16 de septiembre de 1988 hasta el 30 de junio de 2009 y del 1.° de julio de
esa anualidad al 31 de enero de 2012, tiempo durante el cual cotizó 1,202 semanas
tanto en Cajanal, como en el ISS, hoy Colpensiones.

Que por Resolución PAP 009152 del 17 de agosto de 2010, la extinta Cajanal
reconoció una pensión de vejez por un monto de $971,679.66, equivalente al 75%
del promedio devengado en los últimos 10 años (del 1.° de enero de 2000 al 30 de
diciembre de 2009), con la inclusión de la asignación básica, bonificación por
servicios prestados y sobresueldo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y la Ley 32 de 1986. Decisión confirmada mediante Resolución
PAP 024432 del 29 de octubre de 2010.

Que a través de la Resolución RDP 052272 del 13 de noviembre de 2013, la UGPP
reliquidó la pensión en cuantía de $1.366.496.00, teniendo en cuenta el 75% del
promedio devengado en el último año de servicio (del 1.° de febrero de 2011 al 30
de enero de 2012), y los siguientes factores salariales: asignación básica, auxilio de
alimentación y de transporte, bonificación por servicios prestados, prima de navidad
y de servicios, conforme a la Ley 32 de 1986 y el Decreto 1045 de 1978.

Que el 21 de diciembre de 2017, la UGPP, por Resolución 47599, negó la solicitud
de reliquidación, argumentando que los elementos salariales reclamados no
estaban alineados con los factores definidos por el legislador ni con los establecidos
en el Decreto 1158 de 1994, y que la petición no estaba relacionada con los
precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado. Decisión confirmada por medio de las Resoluciones RDP 00671 del 21 de
febrero de 2018 y RDP 010854 del 26 de marzo del mismo año.

Que por Resolución RDP 025171 del 28 de junio de 2018, la entidad demandante
determinó que el INPEC, en calidad de empleador, adeudaba al Sistema General
de Pensiones la suma de $9.842.759.00 por concepto de aportes pensionales.

Que el demandado adquirió el estatus el 15 de septiembre de 2018, tras cumplir 20
años de servicio. Que interpuso medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UGPP, solicitando la reliquidación de su pensión de vejez. Que el

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26 de enero de 2021 el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán
dictó sentencia, negando las pretensiones de la demanda.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 6.°, 121,123 inciso 2.º, 124 y 128 de
la Constitución Política, las Leyes 32 de 1986, 100 de 1993 y 797 de 2003, y los
Decretos 407 de 1994 y 2090 de 2003.

Sostuvo que tanto el reconocimiento prestacional como la reliquidación concedidos
en favor de Rubén Darío Rengifo Beltrán son contrarios a derecho y vulneran el
principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, debido a que se
otorgaron sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto, pues el
demandado no era beneficiario de la transición, dado que al 1.° de abril de 1994
contaba con 30 años de edad y solo 5 años, 6 meses y 16 días de servicio.

Que no es destinario de la Ley 32 de 1986, régimen especial de los empleados del
INPEC, dado que tampoco satisfizo lo dispuesto en el artículo 6.° del Decreto 2090
de 2003, puesto que alcanzó los 20 años de trabajo el 15 de septiembre de 2008.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 30 de julio de 2021 2 y notificada al demandado, quien
manifestó que los actos administrativos demandados se expidieron conforme a
derecho. Que es beneficiario de la Ley 32 de 1986, la cual establece que los
miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional tienen
derecho a una pensión de jubilación al cumplir veinte años de servicio, continuos o
discontinuos, sin consideración a su edad, pues ingresó al servicio el 16 de
septiembre de 1988, antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003.
Propuso las excepciones de ineptitud de la demanda, prescripción, inexistencia de
la obligación, cobro de lo no debido y carencia de causa.

El 11 de octubre de 2023, 3 se impartió trámite de sentencia anticipada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones y condenó en costas a
la demandante. Señaló que, al dictarse la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018, no existía discusión frente a la forma en que debía liquidarse la prestación,
pues las resoluciones acusadas estaban en firme y, aunque en estricto sentido, no
existía cosa juzgada debido a que no hubo un pronunciamiento del juez contencioso
sobre los actos administrativos, lo cierto es que, al reliquidar la pensión de vejez del

2
Archivo (4ED_CORREO ELE_RVREMITEEXPEDIENTESE(.msg) NroActua 2). Pdf.06.
3
Archivo (4ED_CORREO ELE_RVREMITEEXPEDIENTESE(.msg) NroActua 2). Pdf.37.

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trabajador, la extinta Cajanal aplicó el criterio jurisprudencial vigente para la época,
tal como se indicó en la Resolución RDP 052272 de 13 de noviembre de 2013.

Que, en ese orden, no hay lugar a acceder a lo reclamado. Para el efecto, destacó
la regla de unificación según la cual «Las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección
Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley», y advirtió que, en lo que respecta al IBL, la liquidación era
un asunto consolidado al momento de la unificación.

RECURSO DE APELACIÓN

La UGPP interpuso recurso de apelación argumentando que, con la decisión del
tribunal se perpetúa el grave detrimento patrimonial y el perjuicio al sistema
pensional, pues los actos administrativos demandados son contrarios a derecho.
Que, aun cuando aceptó que el régimen aplicable al demandado es la Ley 32 de
1986, sin que le sea exigible el cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso
2.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,4 sostiene que el ingreso base de
liquidación debe regirse por el régimen general.

Que, de acuerdo con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, la
pensión debe calcularse con base en los factores salariales sobre los cuales el
accionado cotizó en los últimos diez años, en concordancia con lo dispuesto en el
Decreto 1158 de 1994. Que el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
excluyó la aplicación ultractiva del IBL que consagraba el régimen anterior, es decir,
el promedio de lo devengado en el último año de servicio.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 2 de septiembre de 2024 se admitió el recurso. Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En uso de las facultades consagradas en el inciso segundo del artículo 187 del
CPACA, que ordena a los jueces declarar cualquier excepción que encuentre
probada, incluso en segunda instancia (sin perjuicio de la reformatio in pejus), se
analizará la posible existencia del fenómeno de la caducidad a la luz del artículo 86
de la Ley 2381 de 2024.

Marco normativo y jurisprudencial

Caducidad de la acción contenciosa contra actos de reconocimiento
pensional

4 Al desistir parcialmente a las pretensiones.

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Radicado: 19001-23-33-000-2021-00090-01 (4185-2024)

La caducidad está relacionada con el término que previó el legislador para presentar
las acciones destinadas a obtener la protección de los derechos consagrados en el
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el interesado debe acudir a la jurisdicción en el
plazo señalado en la norma, so pena de que se configure el aludido fenómeno.

Al respecto, la Corporación ha sostenido: 5

La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del
término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción
derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración, sin
que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado.

El tiempo determinado para el ejercicio de las acciones depende del tipo de acción
y del origen que la provoca.

El artículo 164, numeral 1.° literal c, prevé que cuando se pretenda controvertir actos
que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, se podrá
demandar en cualquier tiempo. No obstante, y en relación con las pensiones
reconocidas, la Ley 2381 de 2024 establece que las acciones administrativas y
contencioso administrativas deben interponerse dentro de los 5 años contados a
partir de la concesión de la prestación. Transcurrido este plazo, se aplicará la
caducidad, salvo en los casos de actuaciones fraudulentas o con ocurrencia de
algún delito en la obtención del derecho.

Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser
susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.». (Negrillas para
resaltar)

Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 2024 6 se advierte que fue
sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 23

de septiembre de 2010. Expediente: 47001-23-31-000-2003-00376-01 (1201-2008). Demandante: Marco Fidel
Ramírez Yépez y otros
6
«por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones»

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Radicado: 19001-23-33-000-2021-00090-01 (4185-2024)

conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1.° de julio de
2025.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la
norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor,
se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que
se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025.

Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma a
aplicar, tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera
diferido esta (que no fue el caso) entre otras razones porque se logra el efecto útil
querido por el legislador, veamos el siguiente supuesto:

Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento
pensional, la administración presentara una demanda contra el pensionado,
¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha
entrado en vigencia?

Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la
caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino que
no cumple con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las
situaciones jurídicas favorables a las personas pensionadas.

No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta
el 1.° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se declara
en este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la
contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación.

Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir
de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la Sentencia C-957 de 19977.

Resolución del caso concreto

Aclarado el aspecto de la vigencia, corresponde a la Subsección analizar el asunto
en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 86 de la ley, pues dicho precepto es
claro al señalar que los efectos de la caducidad se calculan desde el reconocimiento
del derecho. Se precisa también que, conforme a los hechos y fundamentos de la

7 “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos
de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial,
dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”
Negrilla para resaltar.

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demanda no estamos ante el supuesto de un derecho obtenido con fraude o con
ocurrencia de algún delito; por lo tanto, no se aplica la excepción establecida en la
disposición citada.

En este caso, la prestación se otorgó por Resolución PAP 009152 del 17 de agosto
de 2010,8 es decir la administración tenía hasta el 18 de agosto de 2015 para
presentar la demanda, y según el acta de reparto obrante en el expediente digital, 9
se radicó el 26 de febrero de 2021, por lo que se concluye que se presentó con
posterioridad a los 5 años de que trata la Ley 2381 de 2024 10.

En consecuencia, la Subsección revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declarará probada de oficio la excepción de caducidad.

Condena en costas: análisis en primera y segunda instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria,
malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida obró
con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual,
se deberá analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme
al inciso 2 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya
ha venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha
situación a la luz de la normativa vigente.

En el presente caso, pese a que se está revocando la sentencia de primera
instancia, la Sala en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CPG 11 y
observando los fundamentos planteados en la demanda y en el recurso, se concluye

8 Archivo (4ED_CORREO ELE_RVREMITEEXPEDIENTESE(.msg) NroActua 2). Folios 60 a 65. Pdf.02.
9
Archivo (4ED_CORREO ELE_RVREMITEEXPEDIENTESE(.msg) NroActua 2). Pdf.01.
10
Igual conclusión se llega incluso frente al acto que reliquidó la pensión, esto es, la Resolución
RDP 052272 del 13 de noviembre de 2013.
11
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.

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Radicado: 19001-23-33-000-2021-00090-01 (4185-2024)

que no hay lugar a la condena en costas en ninguna de las instancias, pues no se
advierte carencia de fundamentación jurídica, por el contrario, la parte actora expuso
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FA L L A

Primero. Revocar la sentencia proferida el nueve (9) de noviembre de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Cauca. En su lugar, se declara
probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previo a realizar las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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