Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07603-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07603-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07603-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Martha Liliana Rodríguez Motato.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de
Decisión.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07603-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. Mediante Resolución No. 4807 del 23 de septiembre de 2014, la
Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional le reconoció
a la accionante el pago de una pensión de sobrevivientes con ocasión
del fallecimiento de su hijo, el soldado Edwin Andrés Holguín Rodríguez;
no obstante, dicha entidad condicionó el pago de la prestación hasta
tanto cumpla la condición establecida en el artículo 5°, parágrafo 1 de la
Ley 447 de 1998, relacionada con el cumplimiento de la edad de 50 años.
1.2. La señora Martha Liliana Rodríguez Motato en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional -
Dirección Administrativa, con el fin de que se inaplicara por inconstitucional
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la disposición “[…] contenida en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 447
de 1998 […]”, se declarara la nulidad parcial de la resolución demandada
y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenara el pago de la
pensión desde la fecha de ocurrencia de la muerte de su hijo Edwin Andrés
Holguín Rodríguez hasta la fecha.
1.3. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Tumaco,
mediante sentencia de 30 de junio de 2023, accedió a las pretensiones de
la demanda, al considerar que no existía una justificación constitucional
válida para que no le fuera reconocida a la demandante la prestación
pensional deprecada que se genera a partir de un hecho propio de la
naturaleza humana “[…] como lo es la muerte y cuya causa, tanto para
soldados como para oficiales y suboficiales, es la misma […]”.
1.4. Inconforme con la decisión anterior la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional presentó recurso de apelación.
1.5. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño,
mediante providencia de 30 de mayo de 2025, revocó la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, al considerar que la parte demandante ejerció su derecho de
acción por fuera del término de los cinco (5) años establecidos en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
sustantivo y en violación directa de la Constitución puesto que la providencia
cuestionada fue sustentada en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, es decir
en una ley posterior a la fecha de la presentación de la demanda -29 de
noviembre de 2021-.
Agregó que la Ley 2381 de 2024 por medio de la cual se establece el sistema
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de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común
y se dictan otras disposiciones “[…] fue expedida el 16 de julio de 2024 pero
el 17 de junio de 2025 se ordenó devolver la misma a la Presidencia de la
Plenaria de la Cámara de Representantes ordenando subsanar vicio de
procedimiento y una vez ello, regresar para que la Corte Constitucional se
pronuncie definitivamente sobre la constitucionalidad de la referida ley […]”,
razón por la cual la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño fue
sustentada en una ley que no se encuentra vigente.
Adujo que se incurrió en desconocimiento del precedente contenido en las
sentencias del Consejo de Estado que han precisado que “[…] cuando dicha
prestación proviene por muerte en combate, misión de servicio o simple
actividad de oficiales, suboficiales y soldados de las fuerzas militares en
servicio activo, no es procedente aplicar condición suspensiva de la pensión
por edad, ya que, esto implica un trato inequitativo, irracional e injustificado,
plenamente contrario a los mandatos constitucionales […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital y a la
seguridad social que fueron vulnerados por la accionada a la señora
Martha Liliana Rodríguez Motato.
SEGUNDO. Que, como consecuencia de lo anterior, se DEJE SIN
EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño
fechada el 30 de mayo de 2025 y notificada por correo electrónico del 26
de septiembre de 2025.
TERCERO. Corolario de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo
de Nariño Sala Segunda de Decisión que, en el término de treinta (30)
días contados a partir de la notificación del respectivo fallo de tutela,
profiera una decisión de reemplazo atendiendo al análisis objetivo y
cuidadoso del caso, normativa vigente y aplicable, y precedente
jurisprudencial, motivando de manera suficiente su proveído […]”.
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 11 de diciembre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela y se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tumaco, en
calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso.
III. INTERVENCIONES
1. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño solicitó
negar las pretensiones de la presente acción de tutela porque al momento de
proferirse la decisión cuestionada la Ley 2381 de 2024 se encontraba vigente,
toda vez que fue suspendida el 17 de junio de 2025.
Finalmente, señaló que dicha autoridad judicial acatará las determinaciones
que adopte el Consejo de Estado dentro del presente trámite.
2. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Tumaco rindió
informe en el que solicitó se desvincule a esa autoridad judicial de la presente
acción de tutela por cuanto no existe relación con la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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2. Cuestión previa
La Sala advierte que el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Tumaco solicitó su desvinculación del presente trámite de tutela.
La Sala considera que, comoquiera que el Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito de Tumaco conoció en primera instancia del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 52835-33-33-002-
2023-00056-00 que es objeto de tutela, le asiste interés directo en la decisión
de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se negará la
solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
4. Caso concreto
4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
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requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación núm. 52835-33-33-002-2023-00056-01.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que, la autoridad accionada sustentó el fallo de segunda instancia en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 el cual entró a regir con posterioridad a la presentación
de la demanda y, en todo caso dicha normativa en la actualidad no se encuentra
vigente, circunstancia que se traduce en la reapertura de un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural de la causa judicial.
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En efecto, el tribunal accionado al dictar la sentencia aquí acusada analizó la
posibilidad de la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 al caso
planteado por la accionante encontrando que la Sección Segunda del Consejo
de Estado en varias decisiones6 sostuvo que dicha disposición es aplicable a
partir del 16 de julio de 2024 -fecha de su promulgación- a los procesos
administrativos o contenciosos que se encontraran en curso.
Igualmente, valga agregar que la decisión aquí cuestionada fue proferida el 30
de mayo de 2025, fecha para la cual la Ley 2381 de 2024 se encontraba vigente,
motivo por el cual resultaba obligatoria su aplicación.
En este contexto, se considera que los argumentos de la parte actora más que
develar la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia
constitucional” que conlleve la presunta trasgresión de derechos
fundamentales, demuestra una inconformidad con la decisión adoptada por la
autoridad accionada como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho
asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio
de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.
Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Tumaco, por las razones
6 Por ejemplo, decisiones del 2 de octubre de 2024, rad. 08001 23 33 000 2013 00161 01
(1132 – 2015) y del 23 de octubre de 2024, rad. 19001-23-33-000-2021-00090-01 (4185-2024)
y rad. 25000-23-42-000-2021-00572-02 (3509-2024).
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expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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