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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00704-02

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00704-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FA L L A Primero. Revocar la sentencia proferida el treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, se declara probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias. 12 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 76001-23-33-000-2019-00704-02 (4936-2024) Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00704-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00704-02 (4936-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP
Demandado: Álvaro Moya Ospina
Vinculado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Temas: Lesividad. Declara probada de oficio la excepción de caducidad
de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP instauró demanda contra Álvaro Moya
Ospina en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, bajo la modalidad de lesividad, con el fin de que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES 1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 010565 del 4 de octubre de
2012 y RDP 002724 del 23 de enero de 2015, a través de las cuales la UGPP
reconoció y reliquidó una pensión de vejez en favor del señor Álvaro Moya Ospina.
A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene al demandado reintegrar
las sumas canceladas en exceso por dicho concepto de forma indexada y condenar
en costas al accionado.

1 SAMAI. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Índice 41. Archivo (4ED_CORREO
ELE_RVREMITEEXPEDIENTESE(.msg) NroActua 2). Folios 157 a 165.

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HECHOS

Los hechos en que se fundamentó la demanda se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Álvaro Moya Ospina nació el 13 de noviembre de 1961 y prestó sus
servicios en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC desde el 7 de
septiembre de 1983 hasta el 3 de marzo de 2014. Que el último cargo desempeñado
fue el de dragoneante.

Que el señor Moya Ospina realizó aportes a pensión en las siguientes entidades:
Caja Nacional de Previsión Social: del 7 de septiembre de 1983 al 30 de junio de
2009; Instituto de Seguros Sociales: desde el 1.° de julio de 2009 hasta el 30 de
septiembre de 2012; y en la Administradora Colombiana de Pensiones: del 1.° de
octubre de 2012 al 3 de marzo de 2014.

Que por medio de la Resolución 42740 del 29 de agosto de 2008, la extinta Cajanal
negó al peticionario el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, debido a que
no allegó los factores salariales de los últimos 10 años. Decisión confirmada por
Resolución UGM 15313 del 25 de octubre de 2011.

Que a través de Resolución 10565 del 4 de octubre de 2012, la UGPP reconoció la
pensión de vejez en favor del demandado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 32
de 1986 y el Decreto 407 de 1994, liquidada con el 75% de los salarios devengados
entre el 1.° de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012, para una cuantía de
$1.061.765, efectiva a partir del 1.° de julio de 2012.

Que mediante Resolución RDP 31621 del 17 de octubre de 2014, la entidad negó
la solicitud de reliquidación presentada por el peticionario. Que el 16 de diciembre
del mismo año por Resolución RDP 37900, al decidir sobre el recurso de reposición
interpuesto, la UGPP confirmó la decisión.

Que por medio de la Resolución RDP 2724 del 23 de enero de 2015, la demandante
resolvió recurso de apelación y, en consecuencia, revocó la Resolución 31621 del
17 de octubre de 2014, reliquidando la pensión de vejez, cuya cuantía se elevó a
$1.489.174, efectiva a partir del 4 de marzo de 2014.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 4.° y 48 de la Constitución Política; 36 de la Ley
100 de 1993; 96 de la Ley 32 de 1986; 8.° y 168 del Decreto 407 de 1994;2 y el
parágrafo 5.° transitorio del Acto Legislativo 1 de 2005.

2 Derogado por el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003.

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Sostuvo que el señor Álvaro Moya Ospina no era beneficiario de la transición, dado
que al 1.° de abril de 1994 contaba con 32 años de edad y solo 10 años, 6 meses y
25 días de servicio, por lo que no era destinario de la Ley 32 de 1986, régimen
especial de los empleados del INPEC, dado que los 20 años de trabajo los alcanzó
el 6 de septiembre de 2003.

Que la normatividad aplicable a este asunto es la Ley 797 de 2003, siendo
Colpensiones la entidad competente para otorgar el derecho, pues fue la última
entidad a la que se efectuaron las cotizaciones desde el año 2009.

Que, de acuerdo con la jurisprudencia, la liquidación que se efectuó al reconocer la
prestación, en los términos de la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994, 3 se
apartó de lo contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto la
misma debió realizarse con el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere
falta o en los últimos 10 años, según corresponda, incluyendo únicamente los
factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 30 de agosto de 2019 4 y notificada a los demandados.
El señor Álvaro Moya Ospina manifestó que los actos administrativos demandados
se expidieron conforme a derecho. Que es beneficiario del régimen especial
conforme a lo establecido en la Ley 32 de 1986, pues su vinculación al INPEC se
produjo desde el 7 de septiembre de 1983. Que cuando se expidió el Decreto 2090
de 2003, contaba con un total de 19 años, 10 meses y 21 días de servicio. Propuso
las excepciones de ausencia de causa para demandar, cobro de lo no debido,
prescripción, confianza legitima y buena fe.

Colpensiones argumentó que debe aplicarse el artículo 96 de la Ley 32 de 1986,
dado que el demandado estuvo vinculado con el INPEC, en calidad de empleado
público desde el 7 de septiembre de 1983 hasta el 3 de marzo de 2014. Que la
competencia para el reconocimiento y pago de la prestación corresponde
exclusivamente a la UGPP, dado que el señor Moya Ospina realizó aportes a la
Administradora Colombiana de Pensiones por un período de 4 años, 8 meses y 2
días, tiempo que no alcanzó el mínimo de 6 años de cotización requerido para que
la entidad asumiera la concesión de la pensión.

El 23 de abril de 2024,5 se impartió trámite de sentencia anticipada.

3 Con el 75% de lo devengado en el último año de servicio.
4 SAMAI. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Índice 42. Archivo (Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-

09 (.pdf)(.pdf) NroActua 42).
5 Archivo (4ED_CORREO ELE_RVREMITEEXPEDIENTESE(.msg) NroActua 2). Pdf.37.

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones, indicando que
el señor Álvaro Moya Ospina cumplió con los requisitos para acceder a la pensión
prevista en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. Señaló que el demandado se vinculó
al INPEC el 7 de septiembre de 1983, antes de la entrada en vigencia del Decreto
2090 de 2003 (28 de julio de 2003). Que, al momento de su retiro el 3 de marzo de
2014, contaba con más de 20 años de servicio, lo que le permitió acceder a la
prestación sin importar su edad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 de la
citada ley.

Que contrario a lo alegado por la demandante, en este asunto no era aplicable el
régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que el
derecho a la pensión especial de riesgo del demandado tiene como fundamento la
garantía que se desprende del artículo 1° del Decreto 1950 de 2005 y el parágrafo
5° del artículo 1.° del Acto Legislativo 01 de 2005.6

Que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, 7 la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales es la encargada de
reconocer las acreencias laborales de los servidores públicos que, al momento de
la supresión de la entidad responsable de gestionarlas ya habían adquirido el
derecho. Que, en este caso, la disolución de la Caja Nacional de Previsión Social
ocurrió el 12 de junio de 2009, y el señor Moya Ospina ya había reunido los
requisitos para pensionarse antes de esa fecha (7 de septiembre de 2003), por lo
que la UGPP debía asumir el pago del aludido beneficio, de acuerdo con lo previsto
en el Decreto 5021 de 2009.

RECURSO DE APELACIÓN

La UGPP interpuso recurso de apelación argumentando que, aunque el demandado
tiene derecho al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, no comparte la forma en la que se liquidó la prestación, dado que se realizó
con el promedio de todos los factores salariales del último año de servicio sin el
debido sustento probatorio. Que lo correcto era aplicar lo dispuesto en el inciso 3°
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994,
teniendo en cuenta lo devengado y cotizado durante los últimos 10 años.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 7 de octubre de 2024 se admitió el recurso. Las partes guardaron silencio.

6 Por haberse vinculado al cuerpo de custodia y vigilancia carcelaria antes de que entrara en vigencia el Decreto

2090 de 2003.
7 «Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, providencia del 13 de noviembre de 2019 – Definición

de conflicto de competencias administrativas, C.P. OSCAR DARIO AMAYA NAVAS. Radicación número: 11001-
03-06-000-2019- 00023-00(C)».

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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00704-02 (4936-2024)

El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia, señalando que el señor Álvaro
Moya Ospina, en su calidad de exservidor del INPEC, había cumplido los 20 años
de servicio el 7 de septiembre de 2003, por lo que le resultaba aplicable el Decreto
407 de 1994.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En uso de las facultades consagradas en el inciso segundo del artículo 187 del
CPACA, que ordena a los jueces declarar cualquier excepción que encuentre
probada, incluso en segunda instancia (sin perjuicio de la reformatio in pejus), se
analizará la posible existencia del fenómeno de la caducidad a la luz del artículo 86
de la Ley 2381 de 2024.

Marco normativo y jurisprudencial

Caducidad de la acción contenciosa contra actos de reconocimiento
pensional

La caducidad está relacionada con el término que previó el legislador para presentar
las acciones destinadas a obtener la protección de los derechos consagrados en el
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el interesado debe acudir a la jurisdicción en el
plazo señalado en la norma, so pena de que se configure el aludido fenómeno.

Al respecto, la Corporación ha sostenido: 8

La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del
término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción
derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración, sin
que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado.

El tiempo determinado para el ejercicio de las acciones depende del tipo de acción
y del origen que la provoca.

El artículo 164, numeral 1.° literal c, prevé que cuando se pretenda controvertir actos
que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, se podrá
demandar en cualquier tiempo. No obstante, y en relación con las pensiones
reconocidas, la Ley 2381 de 2024 establece que las acciones administrativas y
contencioso administrativas deben interponerse dentro de los 5 años contados a
partir de la concesión de la prestación. Transcurrido este plazo, se aplicará la
caducidad, salvo en los casos de actuaciones fraudulentas o con ocurrencia de
algún delito en la obtención del derecho.

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 23

de septiembre de 2010. Expediente: 47001-23-31-000-2003-00376-01 (1201-2008). Demandante: Marco Fidel
Ramírez Yépez y otros

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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00704-02 (4936-2024)

Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser
susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.». (Negrillas para
resaltar)

Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 2024 9 se advierte que fue
sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1.° de julio de
2025.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la
norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor,
se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que
se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025.

Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma a
aplicar, tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera
diferido esta (que no fue el caso) entre otras razones porque se logra el efecto útil
querido por el legislador, veamos el siguiente supuesto:

Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento
pensional, la administración presentara una demanda contra el pensionado,
¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha
entrado en vigencia?

Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la
caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino que
no cumple con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las
situaciones jurídicas favorables a las personas pensionadas.

9
«por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones»

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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00704-02 (4936-2024)

No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta
el 1.° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se declara
en este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la
contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación.

Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir
de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la Sentencia C-957 de 199710.

Resolución del caso concreto

Aclarado el aspecto de la vigencia, corresponde a la Subsección analizar el asunto
en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 86 de la ley, pues dicho precepto es
claro al señalar que los efectos de la caducidad se calculan desde el reconocimiento
del derecho. Se precisa también que, conforme a los hechos y fundamentos de la
demanda no estamos ante el supuesto de un derecho obtenido con fraude o con
ocurrencia de algún delito; por lo tanto, no se aplica la excepción establecida en la
disposición citada.

En este caso, se pretende la nulidad, entre otros actos administrativos, de la
Resolución RDP 010565 del 4 de octubre de 2012 expedida por la UGPP, a través
de la cual, se reconoció la pensión de vejez en favor del demandado, es decir, la
administración tenía hasta el 5 de octubre de 2017 para presentar la demanda, y
según el sello visible a folio 8 del expediente digital, 11 se radicó el 12 de agosto de
2019, por lo que se concluye que se presentó con posterioridad a los 5 años de que
trata la Ley 2381 de 2024.

Resulta importante resaltar que como la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho se fundamentó en que el demandado no es beneficiario del régimen
especial del INPEC y, en consecuencia, no debió reconocerse la prestación en los
términos en los que se concedió, esta Subsección en atención a la caducidad
declarada frente al acto de reconocimiento, no realizará estudio alguno con respecto
a la Resolución RDP 002724 del 23 de enero de 2015 a través de la cual se reliquidó
la pensión, puesto que los argumentos plasmados en la demanda no atacan como
tal esa reliquidación sino el acto inicial.

En consecuencia, la Subsección revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declarará probada de oficio la excepción de caducidad.

10 “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos
de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial,
dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”
Negrilla para resaltar.
11 SAMAI. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Índice 41. Archivo (4ED_CORREO
ELE_RVREMITEEXPEDIENTESE(.msg) NroActua 2).

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Condena en costas: análisis en primera y segunda instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria,
malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida obró
con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual,
se deberá analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme
al inciso 2 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya
ha venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha
situación a la luz de la normativa vigente.

En el presente caso, pese a que se está revocando la sentencia de primera
instancia, la Sala en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CPG 12 y
observando los fundamentos planteados en la demanda y en el recurso, se concluye
que no hay lugar a la condena en costas en ninguna de las instancias, pues no se
advierte carencia de fundamentación jurídica, por el contrario, la parte actora expuso
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FA L L A

Primero. Revocar la sentencia proferida el treinta (30) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar,
se declara probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.

12
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00704-02 (4936-2024)

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previo a realizar las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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