Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2020-00746-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2020-00746-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2020-00746-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 47001-23-33-000-2020-00746-02 (3421-2023)1
Demandante : Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado : Martha Yaneth Morales Carrillo
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437
de 2011
Temas : Reconocimiento pensional
Decisión Sentencia de segunda instancia
La Sala procede a dar cumplimiento al fallo emitido por la Subsección B de
la Sección Tercera de esta corporación, con ponencia del Dr. Fredy Ibarra
Martínez, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025), dentro de
la acción de tutela con radicado: 11001-03-15-000-2025-04483-00 y en el
que se indicó lo siguiente:
1º) Concédese el amparo de los derechos fundamentales de la señora Martha
Janneth Morales Carrillo.
2°) Déjase sin efectos la providencia del 26 de septiembre de 2024, proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso
con radicación no. 47001-23-33-000-2020-00746-02.
3º) Ordénase a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta
providencia, profiera una nueva decisión que se ajuste a lo dispuesto en la parte
motiva de esta providencia.
4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
Por lo tanto, la Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada contra la sentencia de 31 de agosto de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la
demanda.
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Expediente hibrido, el digital, puede ser consultado en el aplicativo Samai, en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=4700123330002020007460211001
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N.º Interno: 3421-2023
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Yaneth Morales Carrillo
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de las resoluciones 146025 del 20 de octubre de
1993, emanada de la empresa Puertos de Colombia, por medio de la cual
reconoció la pensión de jubilación del señor Luis Uribe Anaya y RDP 006964
del 16 de marzo de 2020, que reconoció la pensión sustituta a la señora
Martha Morales Carrillo.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la
demandada a i) restituir todos los valores pagados en exceso, debidamente
indexados, con ocasión del reconocimiento de la pensión de jubilación; ii) al
pago de la actualización de acuerdo con lo previsto en el artículo 187 de la
Ley 1437 de 2011, iii) el pago de los intereses comerciales y moratorios, iv)
cumplir la sentencia en los términos indicados en el artículo 192 y siguientes
del CPACA; iv) al pago de las costas y agencias en derecho.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
Relató la actora que el señor Luis Uribe Anaya nació el 20 de marzo de 1950
y prestó sus servicios para la empresa puertos de Colombia desde el 5 de
octubre de 1977 hasta el 31 de marzo de 1993, el último cargo que ocupó
fue el de ingeniero de operaciones del terminal marítimo de Santa Marta.
Informó que la empresa Puertos de Colombia, por Resolución número
146025 de 20 de octubre de 1993 reconoció una pensión de jubilación
proporcional al señor Luis Uribe Anaya, de conformidad con la Convención
Colectiva de Trabajo de 1991-1993, en cuantía de $1.344.831.15, efectiva a
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N.º Interno: 3421-2023
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Yaneth Morales Carrillo
partir de 1 de abril de 1993. Pensión que fue reliquidada, a través de la
Resolución 144903 del 3 de agosto de 1993.
Manifestó que el señor Luis Uribe Anaya (q.e.p.d.) falleció el 16 de diciembre
de 2019 y por Resolución RDP 001810 del 24 de enero de 2020, la UGPP
ordenó el traspaso provisional de la pensión de sobrevivientes a la señora
Martha Jannet Morales Carrillo, en calidad de cónyuge.
Que este reconocimiento se realizó, de manera definitiva, por Resolución
RDP006964 del 16 de marzo de 2020, a partir del 17 de diciembre de 2019.
Expresó que, por medio de Auto número ADP 002300 del 6 de mayo de 2020
la demandante solicitó a la demandada el consentimiento para revocar la
Resolución 146025 del 20 de octubre de 1993 y, por consiguiente, la 6964
del 16 de marzo de 2020.
Que, mediante Resolución RDP 015696 del 8 de julio de 2020, modificó la
parte motiva y el título de la Resolución RDP 6964 del 16 de marzo de 2020,
en el sentido de establecer que el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes es de carácter provisional, de acuerdo con el acta 1896 A del
29 de agosto y el 5 de septiembre de 2018 y por Resolución RDP 020095
del 4 de septiembre de 2020 la demandante culminó el trámite de revisión
integral de la mesada pensional del señor Luis Uribe Anaya.
1.2 Normas violadas y concepto de violación
De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 6, 121, 128, 209
Acto legislativo 01 de 2005
Decreto Ley 1713 de 1960
Del Decreto 1848 de 1969, los artículos 77 y 88
Del Decreto 1042 de 1978, el artículo 32
De la Convención Colectiva de trabajo [1991-1993]
El Acuerdo 021 de 2 de septiembre de 1988, emanado de la Junta Directiva
Nacional de la Empresa Puertos de Colombia, aprobado por el Decreto 2318
del 9 de noviembre de 1988.
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N.º Interno: 3421-2023
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Yaneth Morales Carrillo
La parte actora sostuvo que el acto administrativo se encuentra viciado de
nulidad por falsa motivación, dado que se sustentó en una situación
inexistente, cual era que el señor Luis Uribe Anaya, era un trabajador oficial,
cuando no era cierto y, por consiguiente, no le eran aplicables los beneficios
de una convención colectiva, porque el cargo que él ostentaba era como
ingeniero de operaciones, que tiene el carácter de empleado público, por
consiguiente, resultaba inviable la extensión de los beneficios de la
convención colectiva.
Argumentó que los privilegios que otorgó la convención, lo fueron
exclusivamente para los trabajadores oficiales y, por tanto, el reconocimiento
pensional al amparo de dichas prerrogativas resulta ilegal.
Aseguró que el señor Luis Uribe Anaya (q.e.p.d.) y la empresa Puertos de
Colombia realización actuaciones fraudulentas, de mala fe y acciones que
defraudaron la confianza legitima, al reconocer una pensión de jubilación al
amparo de un régimen que no le correspondía, por tratarse de un empleado
público.
2. Contestación de la demanda2
La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda; indicó que la
vinculación laboral entre la empresa Puertos de Colombia y el señor Luis
Uribe Anaya (q.e.p.d.), se dio a través del contrato de trabajo celebrado el
día 5 de octubre de 1977, para cumplir con las funciones de oficial de
auditoría operativa, otorgándose de esa forma la calidad de trabajador oficial,
que mantuvo hasta el 20 de octubre de 1993, cuando le fue reconocida
pensión de jubilación proporcional.
Sostuvo que el señor Uribe Anaya fue retirado del servicio, por cancelación del
contrato, el 10 de diciembre de 1990; por ello, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho ante esta jurisdicción, con ocasión de este
proceso, el 18 de diciembre de 1992, Tribunal Administrativo del Magdalena
dictó fallo inhibitorio, por falta de jurisdicción al considerar que el señor Luis
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Expediente digital
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N.º Interno: 3421-2023
Demandante: UGPP
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Uribe Anaya (q.e.p.d.) ostentaba, para la fecha del retiro, la condición de
trabajador oficial.
Informó que, posteriormente, el señor Uribe Anaya (q.e.p.d.) inició proceso
ordinario laboral que se tramitó en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Santa Marta.
Durante el curso de ese proceso, ante la División del Trabajo y Seguridad
Social del Magdalena, el 31 de marzo de 1993, se suscribió un acta de
conciliación entre el señor Uribe Anaya y la empresa Puertos de Colombia en
la que se acordó: i) desistimiento de la demanda, por parte del actor, ii) pago
de la suma de $23.000.000, por concepto de reliquidación con ocasión del
despido y el posterior reintegro y) ante la imposibilidad de reintegro debido al
proceso de liquidación de la empresa, el reconocimiento de una pensión
proporcional de jubilación, por cumplir los requisitos de tiempo y edad,
previstos en el artículo 113 de la Convención Colectiva de Trabajo.
Indicó que la empresa Puertos de Colombia, en liquidación, expidió la
Resolución 144903 de 31 de marzo de 1993, por la cual ordenó cumplir lo
acordado en la conciliación. Por consiguiente, la pensión de jubilación otorgada
está ajustada a derecho y lejos de todos los cuestionamientos que realizó la
accionante, sin soporte probatorio alguno.
Alegó que la UGPP no logró desvirtuar la condición de trabajador oficial de la
que gozaba el señor Luis Uribe Anaya (q.e.p.d.) para la época en que le fue
reconocida la pensión, en tanto no existe en ninguno de los documentos
allegados como anexos de la demanda, acto administrativo de
nombramiento ni de posesión del pensionado, requisitos sine qua non para
la vinculación de los empleados públicos.
Como excepciones propuso las que denominó, inexistencia de los elementos
necesarios para la prosperidad de la causal de nulidad del acto, falsa
motivación, no hay lugar al reembolso de las prestaciones periódicas recibidas
de buena fe.
4. La sentencia de primera instancia
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El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 31 de
agosto de 20223, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en
costas.
Consideró que el empleado público es toda aquella persona que preste sus
servicios en entidades públicas como ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias y establecimientos públicos, sin importar
el orden al que pertenezcan, es decir, si son entidades de carácter nacional,
departamental, municipal o distrital. Mientras que los trabajadores oficiales
son: i) aquellas personas dedicadas a las actividades de construcción y
sostenimiento de obras públicas, y; ii) por regla general, quienes trabajan en
las empresas industriales y comerciales del Estado o en sociedades de
economía mixta, excepto aquellos que desempeñen funciones de dirección
o confianza
Aclaró que, de conformidad con el material probatorio allegado al proceso,
se estableció que la vinculación del señor Luis Uribe Anaya a la Empresa
Puertos de Colombia fue dada mediante contrato de trabajo, suscrito el 5 de
octubre de 1977, y para el desempeño de las funciones propias del cargo de
Oficial de Auditoria Operativa en el Terminal Marítimo de Santa Marta
hasta la fecha de retiro, el 30 de marzo de 1993.
Sostuvo como el señor Uribe Anaya prestó sus servicios para la empresa
desde el 5 de octubre de 1977 hasta el 30 de marzo de 1993, y el último
cargo desempeñado fue el denominado como ingeniero de operaciones,
sin embargo, resulta claro que su vínculo con la empresa Puertos de
Colombia inicio a través de la suscripción del contrato laboral el 5 de octubre
de 1977 y para el cargo de Oficial de Auditoria Operativa en el Terminal
Marítimo de Santa Marta; no se aportó al proceso prueba alguna para
demostrar que esta situación hubiere cambiado a una legal y reglamentaria
mediante acto de nombramiento y posesión.
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Visible en el índice 2 de la herramienta electrónica Samai
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Demandado: Martha Yaneth Morales Carrillo
Advirtió que aun cuando «el Decreto 287 de 1991 relaciona expresamente el
cargo de ingenieros como de empleado público, siendo este el principal
argumento de la parte demandante, no es menos cierto que, tal como se ha
insistido por parte de esta Sala, el contrato laboral del 5 de octubre de 1977
suscrito por el señor Luis Uribe Anaya fue para el cargo de Oficial de
Auditoria Operativa, sin que pueda este ser considerado como de dirección
o confianza, pues no obra prueba de la “reestructuración de la planta de
personal, o que sustituyan los que por [ese] Acuerdo se precisan como tales
o que amparados bajo la presente denominación y nomenclatura figuren en
la planta adicional de personal».
En consecuencia, el cargo denominado Oficial de Auditoria Operativa o
Ingeniero de operaciones del terminal marítimo de Santa Marta era vinculado
en calidad de trabajador oficial, a través de contrato de trabajo. Por tanto, no
se logró demostrar por la demandante que el señor Luis Uribe Anaya tuviese
la calidad de empleado público, por consiguiente, no se probó la ilegalidad
de los actos cuestionados.
5. El recurso de apelación4
La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia5.
Indicó que el fallo de primera instancia realizó un análisis errado e incompleto
del material probatorio traído al plenario porque se desconocieron las
planillas de pago a partir de 1982 hasta su retiro, dentro de las cuales se
encuentra consignado el ítem sobre gastos de representación, además, obra
una certificación del 8 de agosto de 1983, en el cual se señaló que el último
cargo que desempeñó Uribe Anaya fue el de ingeniero de operaciones;
asimismo, la Resolución 146025 del 20 de octubre de 19936, en la que se
reconoce que prestó sus servicios como ingeniero de operaciones.
Advirtió que la existencia de un contrato de trabajo no determina por sí sola
la calidad de trabajador oficial, puesto que han de tenerse en cuenta todas
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Expediente digital,
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Índice 2 ibidem.
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Por medio de la cual se reconoce pensión de jubilación proporcional al señor Luis Uribe Anaya
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las situaciones que rodean tal condición y, en este caso, el señor Uribe
ostentaba la categoría de empleado público.
Refirió que se acreditó que el causante recibía gastos de representación y
este pago es una característica exclusiva de los empleados públicos, en
concreto, de los de dirección confianza y manejo, por tanto, entre el señor
Uribe y la empresa de Puertos de Colombia se realizaron maniobras
fraudulentas con el fin de obtener una pensión de jubilación a la que no tenía
derecho por su condición de empleado público y, por ello, los actos
cuestionados deben ser declarados nulos.
6. Alegatos de conclusión
En auto del 24 de junio de 20247, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por el demandante y, en virtud del numeral 5 del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para
alegar.
II. CONSIDERACIONES
Cuestión previa
a) Cumplimiento de la sentencia de tutela del diecinueve (19) de agosto
de dos mil veinticinco (2025) proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
Antes de estudiar el fondo del asunto, estima la Sala que es del caso precisar
las razones por las cuales se está adoptando una nueva decisión en el sub-
lite.
Debe decirse que mediante sentencia de 26 de septiembre de dos mil
veinticuatro (2024), esta Subsección revocó la sentencia del 31 de agosto de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena que había negado
las pretensiones y en su lugar, declara la nulidad de las resoluciones
Nos.146025 del 20 de octubre de 1993 (la cual reconoce la pensión de Luis
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Índice 9 Samai
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Demandante: UGPP
Demandado: Martha Yaneth Morales Carrillo
Uribe Anaya) y RDP 006964 del 16 de marzo de 2020 (la cual reconoce la
pensión sustitutiva a Martha Yaneth Morales Carrillo).
Finalmente, se niega el restablecimiento del derecho.
Aun así, esta providencia fue dejada sin efecto el diecinueve (19) de agosto de
dos mil veinticinco (2025), dentro de la acción de tutela con radicado: 11001-
03-15-000-2025-04483-00.
El fundamento para adoptar la decisión por parte de la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación, fue:
«8) A partir de lo anterior, la Sala destaca que, si bien la sentencia del 26 de
septiembre de 2024 analizó el régimen laboral de las empresas industriales y
comerciales del Estado y la condición del señor Luis Uribe como empleado
público, lo cierto es que no analizó o cuando menos mencionó o hizo referencia
alguna al artículo 86 de la Ley 2381 de 202414, y, en ese sentido, tampoco
fundamentó las razones para apartarse de estas disposiciones o dejar de
aplicarlas.
9) A juicio de la Sala, era deber de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado analizar el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 para determinar
si esa regla resultaba aplicable y si había lugar a declarar la caducidad o, por lo
menos, fundamentar las razones para apartarse de esa norma.
10) Por consiguiente, se concederá el amparo de los derechos invocados y, en
consecuencia, se dejará sin efectos la providencia del 26 de septiembre de 2024,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
el proceso con radicación no. 47001-23-33-000-2020-00746-02, y se le ordenará
que, en el término de 10 días siguientes a la notificación de esta providencia,
dicte una decisión de reemplazo, en la cual tenga en cuenta dicha norma y el
precedente en la materia.
11) No sobra recordar que el amparo aquí decretado, desde luego, no significa
en modo alguno que la autoridad judicial accionada deba acceder
automáticamente a las pretensiones de la demanda, pues, por el contrario, la
orden se dirige puntual y específicamente a que analice expresamente el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 y, en el marco de su competencia y de conformidad
con los principios de autonomía e independencia judicial que le son propios,
expida una nueva providencia de reemplazo en la cual tenga en cuenta las
consideraciones hasta aquí expuestas.»
En ese contexto, la Subsección debe acatar la orden dada en el amparo judicial
mencionado.
Por ende se hará el pronunciamiento sobre la caducidad siguiendo el derrotero
de esta Sala.
Aplicabilidad de la Ley 2381 de 2024 a los procesos que estaban en curso
al momento de su expedición
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Los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta
Jurisdicción fueron consagrados en el artículo 164 del CPACA que, en relación
con el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
prevé:
i. Como regla general, cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento
del derecho, la demanda debe ser presentada dentro del término de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según corresponda, so pena
del suceso de la caducidad de la acción.
ii. A manera de excepción, cuando la demanda sea promovida contra
actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas,
o contra actos producto del silencio administrativo, puede presentarse en
cualquier tiempo.
Así, conforme a las reglas contenidas en el CPACA, la configuración del
fenómeno jurídico procesal de la caducidad, en asuntos de nulidad y
restablecimiento del derecho, solo resulta predicable respecto de las
demandas adelantadas contra actos administrativos expedidos por la
administración que no versen sobre el reconocimiento y pago de prestaciones
periódicas.
No obstante, el Congreso de la República expidió la Ley 2381 de 2024,
normatividad que estableció una restricción temporal para el ejercicio de las
acciones contencioso administrativas relacionadas con pensiones, de la
siguiente manera:
«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después
de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.
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Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»
Entonces, la citada disposición consagra una modificación en cuanto a los
términos de caducidad para incoar demandas en contra de actos
administrativos que reconozcan pensiones, incluso de aquellos que se
encontraban en curso al 16 de julio de 2024, día en que dicha ley fue publicada
en el Diario Oficial No. 52.819 de 16 de julio de 2024 y empezó a regir, de
manera general, según lo dispuesto en su artículo 95 , y las demandas que ya
habían sido decididas de fondo, a quienes se les faculta para incoar el recurso
extraordinario de revisión; disponiendo que el plazo será de cinco años, so
pena de configurarse el fenómeno en mención.
No obstante, en criterio de la Sala, el artículo en comento no puede ser aplicado
de manera contraria a los postulados esenciales que rigen la implementación
de reglas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
consagradas en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues si bien es cierto que
las normas de derecho procesal son de orden público y «[…] prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir», también lo
es que «[…] los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron
a surtirse las notificaciones».
Por tanto, se concluye que el término de caducidad establecido por la Ley 2381
de 2024 solo resulta oponible respecto de las demandas formuladas después
de su promulgación, pues conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, no
resulta viable superponer a los procesos en curso un término que no existía en
el momento en que fueron iniciados. Dicha conclusión, además, se acompasa
con los principios de confianza legítima y legalidad y el derecho fundamental al
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.
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En consecuencia, comoquiera que el artículo 187 del CPACA prevé que en
«[…] la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada» y que el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024 plantea la eventual configuración de la caducidad de la
acción en procesos como el que nos ocupa.
Entiende la Subsección que esta posición difiere de la defendida por al
Subsección A de esta misma Sección sobre el entendimiento del artículo 86 de
la ley 2381 de 2024, así y todo la argumentación dada previamente justifica su
inaplicación.
Esto bastaría para inaplicar el artículo indicado y dar cumplimiento al fallo de
tutela empero la Subsección no puede obviar que la Ley 2381 de 2024 y por
ende, el artículo 86, se encuentra suspendida por la Corte Constitucional según
el auto 841 de 2025, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, Expediente: D-15.989.
En efecto, en el auto, dicha Corporación indicó:
244. Ante la cercanía del 1 de julio de 2025, fecha en la que, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 94 de la Ley 2381de 2024, la Corte Constitucional
considera necesario suspender su entrada en vigencia, hasta el día hábil
siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre la
constitucionalidad de dicha ley, salvo que el Congreso de la República, en el
marco del proceso legislativo correspondiente, defina un nuevo término para la
entrada en vigor de la Ley que considere la necesidad de la valoración ulterior de
la subsanación del vicio de procedimiento advertido en esta providencia. Lo
anterior, teniendo en cuenta que no hacerlo y permitir que disposiciones respecto
de las cuales no está claro si la totalidad de su articulado fue votado y aprobado
en violación de la constitución, produzca efectos jurídicos, podría poner en riesgo
la seguridad jurídica, los derechos de terceros y la confianza legitima.
245. En el caso bajo examen, no debe perderse de vista que el vicio de
procedimiento advertido, que exige la subsanación en este caso, tiene la entidad
de ocasionar la inconstitucionalidad de la Ley, pues se deriva de una insuficiencia
en el debate legislativo, lo que implica la afectación del principio democrático. Por
esta razón, la Sala Plena considera que, en este caso, cuando la ley no está
produciendo efectos jurídicos, con excepción de los derivados del parágrafo
transitorio del artículo 12 y el artículo 76, es más gravoso permitir que entre en
vigor, que suspender su entrada en vigencia hasta tanto esta Corporación
constate que fue subsanada adecuadamente y con ello se supera el vicio que
pone en riesgo su constitucionalidad.
246. Ahora bien, frente a las referidas disposiciones de la ley que sí están
produciendo efectos, esto es el parágrafo transitorio del artículo 12 y el artículo
76, esta Corte encuentra que ante la incertidumbre que con ocasión de esta
decisión enfrenta la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, es menos gravoso
para la seguridad jurídica preservar la vigencia de estas disposiciones hasta tanto
la Corte no se pronuncie de fondo sobre la exequibilidad de la mencionada ley.
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N.º Interno: 3421-2023
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247. Así las cosas, suspender la entrada en vigencia de la Ley 2381 de
2024, se torna necesario para permitir que el Congreso de la República realice la
subsanación de forma adecuada y sin premura, y que la Corte Constitucional
pueda adoptar una decisión de fondo en el caso objeto de control constitucional
y, de esta forma preservar la supremacía constitucional.
Como al momento de dar obedecimiento al fallo judicial emitido por la
Subsección B de la Sección Tercera, la Corte Constitucional no se ha
pronunciado, el artículo 86 está suspendido y por tal razón no puede emitirse
decisión con fundamento en él por parte de la Subsección.
De suerte que no se adoptará ninguna decisión sobre el particular y tampoco
se hará mención en la parte resolutiva, sin que por tal motivo exista desacato
al fallo de tutela del diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025).
b) Apelación del auto que decidió sobre la solicitud de medida cautelar
Comoquiera que en el asunto sub examine se encuentra pendiente por
desatar la alzada formulada por el accionante contra el auto proferido el 13
de agosto de 2021 por cuyo conducto el a quo negó la suspensión provisional
de los efectos jurídicos de los actos demandados; la Sala advierte que,
conforme a lo dispuesto en el artículo 323 del Código General del Proceso
[CGP], dichos asuntos deben ser resueltos en esta providencia, por lo que el
despacho sustanciador ordenó incorporar a este el expediente digital el
47001-23-33-000-2020-00746-01 [2307-2022] que contiene la aludida
apelación.
Y en este caso cualquier pronunciamiento en esta etapa sobre la medida
cautelar resulta innecesario, luego que el estudio allí pedido es el mismo con
el que se va a abordar el recurso de apelación contra la sentencia emitida el
31 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena
sobre el mismo asunto.
En estas condiciones, la decisión que se adopte al resolver la alzada contra
el fallo, servirá para resolver la apelación contra la medida cautelar del 13 de
agosto de 2021, lo que impone en consecuencia atenerse a lo aquí decidido
y ordenarle a la secretaría de la Sección Segunda que finalice el radicado
interno [2307-2022] conforme a lo indicado en precedencia.
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N.º Interno: 3421-2023
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Yaneth Morales Carrillo
1. Competencia
La Sala es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del
Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones.
Para el efecto se analizará, si el señor Luis Uribe Anaya tenía derecho al
reconocimiento y pago de una pensión con fundamento en la convención
colectiva de trabajo vigente al momento del retiro en la Empresa Puertos de
Colombia, terminal marítimo de Santa Marta 1991-1993, por ser un
trabajador oficial, como lo concluyó el a quo, o si, por el contrario, carece de
este derecho por tratarse de un empleado público.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Naturaleza jurídica de Puertos de Colombia; 2.2. Régimen
laboral de las empresas industriales y comerciales del Estado, 2.3. Hechos
probados; y 2.4. Caso concreto.
2.1 La naturaleza jurídica de Puertos de Colombia
De acuerdo con la Ley 154 de 1959, «Por la cual se crea una Empresa de
Puertos de Colombia» y el Decreto 2465 de 1981 «por el cual se aprueban
8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».
15
N.º Interno: 3421-2023
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Yaneth Morales Carrillo
los estatutos de la Empresa Puertos de Colombia» se tiene que esta funcionó
como una empresa industrial y comercial del Estado, adscrita al Ministerio
de Obras Públicas y Transporte.
Ahora bien, sobre las especificaciones de las empresas industriales y
comerciales del estado, el artículo 85 de la Ley 489 de 19899 dispuso:
«Articulo 85.- Empresas industriales y comerciales del Estado. Las
empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por
la ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza
industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del
derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las
siguientes características:
a. Personería jurídica
b. Autonomía administrativa y financiera
c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos
públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que
perciban por las funciones o servicios y contribuciones de destinación
especial en los casos autorizados por la Constitución.
El capital de las empresas industriales y comerciales del Estado podrá estar
representado en cuotas o acciones de igual valor nominal.»
En consecuencia, las empresas industriales y comerciales del Estado son
instituciones descentralizadas de creación legal cuya característica principal
es el desarrollo de actividades de naturaleza industrial o comercial y de
gestión económica bajo las disposiciones del derecho privado.
2.2. Régimen laboral de las empresas industriales y comerciales del
Estado
El Decreto- ley 3135 de 196810 estableció el régimen laboral de las empresas
industriales y comerciales del Estado:
«Artículo 5. EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES. Las
personas que prestan sus servicios en los Ministerios Departamentos
Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos son
empleados públicos, sin embargo, los trabajadores de la construcción y
sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de
los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser
desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.
Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los
9
"Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones."
10
«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales»
16
N.º Interno: 3421-2023
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Yaneth Morales Carrillo
estatutos de dichas empresas precisarán que actividades de dirección o
confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad
de empleados públicos.» se destaca
De ahí que, por regla general, las personas que prestan sus servicios en las
empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales.
Finalmente, recuerda la Sala que el Decreto 1848 de 1969 que reglamentó
el Decretó 3135 de 1968 realizó la definición de los empleados públicos y
trabajadores oficiales:
i) Empleados públicos: las personas que prestan sus servicios en los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales.
ii) Trabajadores oficiales: los que prestan sus servicios en la construcción
y sostenimiento de las obras públicas, excepto el personal directivo y de
confianza; los que prestan servicios en establecimientos públicos
organizados con carácter comercial o industrial, en las empresas
industriales o comerciales del Estado y sociedades de economía mixta.
En suma, de acuerdo con la entidad empleadora podemos diferenciar el
empleado público del trabajador oficial; si es un ministerio, departamento
administrativo, superintendencia y establecimiento público se presume que
se trata de un empleado público a excepción de los dedicados a las
actividades de construcción y mantenimiento de obras públicas. En las
empresas industriales y comerciales del Estado y en las sociedades de
economía mixta, por regla general están compuestas por trabajadores
oficiales y por empleados públicos para los cargos directivos y de
confianza, en estos casos además dependerá de lo que señalen los
estatutos de cada una de las empresas.
La forma de vinculación de unos y otros también difiere, puesto que
mientras los empleados públicos se vinculan a través de una relación legal
y reglamentaria, los trabajadores oficiales lo hacen mediante un contrato
de trabajo, no obstante, la forma de vinculación no es la que determina la
naturaleza del empleo.
17
N.º Interno: 3421-2023
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Yaneth Morales Carrillo
De acuerdo con lo anterior, es evidente que la empresa de Puertos de
Colombia estaba constituida como una empresa industrial y comercial del
Estado y por esta razón compuesta principalmente por trabajadores
oficiales.
2.3 Hechos probados11
a) Contrato de trabajo a término indefinido a partir del 5 de octubre de
1977, suscrito entre el señor Luis Uribe Anaya [El trabajador] y
Puertos de Colombia [La empresa], por medio del cual la empresa
contrató los servicios personales del trabajador para cumplir las
funciones propias de Oficial de Auditoría Operativo.
b) Certificado de paz y salvo en el cual se lee lo siguiente:
«TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO
NOMBRE DEL TRABAJADOR. LUIS URIBE ANAYA
CARGO Y # DE CEDULA. INGENEIRO DE OPERACIÓN No. 19.100.458
MOTIVO DEL RETIRO. CANCELACIÓN DE CONTRATO diciembre 11 de
1990
Almacén general. No FONDO SOCIAL, NO DEBEN
CLUB SOCIAL. NO
[…]
Santa Marta, 10 de diciembre de 1990
JEFE DE SEC. III REG Y CONTROL DE PERSONAL […]»
c) Providencia inhibitoria dictada el 18 de diciembre de 1992, por el
Tribunal Administrativo del Magdalena12; en la acción de
restablecimiento del derecho de Luis Uribe Anaya contra la
empresa de Puertos de Colombia, número 2804.
d) Acta de conciliación del 31 de marzo de 1993, suscrita entre el
gerente del terminal marítimo de Santa Marta, en calidad de
representante legal de la empresa Puertos de Colombia, el
Ministerio de Obras Públicas, el jefe de la Oficina Jurídica, el jefe
de Financiación y la apoderada del señor Luis Uribe Anaya, en la
que se acordó:
a. Que la empresa Puertos de Colombia, en liquidación,
11
Expediente digital
12
Magistrado Ponente José Manuel Diaz Granados
18
N.º Interno: 3421-2023
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Yaneth Morales Carrillo
pagaría al señor Luis Uribe la suma de $23.000.ooo, por
concepto de pago total de reliquidación ocasionada por un
reintegro y reconocimiento de pensión proporcional
causado por el hecho administrativo de declaración de
insubsistencia y demás sueldos dejados de pagar.
b. Reintegrar en el cargo que desempeñaba, no obstante, y
ante su imposibilidad por el proceso de liquidación de la
empresa y en atención al cumplimiento de los requisitos
previstos en el artículo 113 de la Convención Colectiva de
Trabajo [1993-1993] se reconoce una pensión
proporcional.
c. El señor Uribe Amaya se comprometió a desistir del
proceso ordinario laboral que cursaba en contra de la
empresa de Puertos de Colombia.
e) Resolución 144903, del 31 de marzo de 1993, por medio de la
cual se reconoce el pago de una reliquidación ocasionada por un
reintegro y reconocimiento de pensión proporcional al señor Luis
Uribe Anaya, por un hecho administrativo.
f) Resolución 146025 del 20 de octubre de 1993, por medio de la
cual se reconoce pensión de jubilación proporcional al señor Luis
Uribe Anaya, a partir del 1 de abril de 1993.
g) Auto del 1º de abril de 1993, por medio del cual el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta admitió el
desistimiento del proceso solicitado por los apoderados de las
partes, y en consecuencia, archivó el expediente.
h) Resolución RDP 006964 del 16 de marzo de 2020, por medio
de la cual, la UGPP reconoció una pensión de sobrevivientes a la
señora Martha Janeth Morales Carrillo, en su condición de
cónyuge del señor Luis Uribe Anaya.
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N.º Interno: 3421-2023
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Yaneth Morales Carrillo
i) Certificado de liquidación de prestaciones sociales de 26 de
diciembre de 1990, en el cual se especificó la liquidación pagada
al señor Luis Uribe Anaya, como ingeniero de operaciones.
j) Resolución 140394 del 4 de febrero de 1991, por el cual se
reconoce y autorizó el pago de una cesantía definitiva y demás
prestaciones sociales al señor Luis Uribe Anaya.
k) Planillas de control de salarios del señor Luis Uribe, en las que se
evidencia que percibió, en los años 1979, 1980 y 1981, salarios,
horas extras, subsidio de alimentación; por los años 1982, 1983,
1984, 1985, 1986, 1988, 1990, percibió, además, gastos de
representación.
l) Certificado del 18 de agosto de 1993, expedido por el asesor de
la dirección jurídica en el que hace constar que el señor Luis Uribe
desempeñó como último cargo el de Ingeniero de operaciones,
desde el 5 de octubre de 1977 hasta el 30 de marzo de 1993.
2.4 Caso concreto
La UGPP acude en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, en la
modalidad de lesividad, para solicitar la anulación del acto administrativo por
el cual la empresa de Puertos de Colombia reconoció una pensión de
jubilación al señor Luis Uribe Anaya y la resolución por medio de la cual la
demandante reconoció una sustitución pensional a favor de la cónyuge de
aquel, al considerar que el señor Uribe no cumplió con los requisitos para
acceder a tal prestación por tratarse de un empleado público, a quien no le
eran aplicables las condiciones de la convención colectiva del trabajo de la
empresa 1992-1993.
El Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la
demanda, por considerar que no se acreditó que el señor Uribe Anaya era
empleado público y, por consiguiente, si era destinatario del acuerdo
convencional.
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N.º Interno: 3421-2023
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Yaneth Morales Carrillo
La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que insiste en que
se trató de un empleado público y por ello no le son aplicables las
disposiciones de la convención colectiva de trabajo de la empresa de Puertos
de Colombia.
En el sub-lite se tiene que el señor Uribe se vinculó a la empresa por medio
de contrato de trabajo, a partir de 5 de octubre de 1977, de acuerdo con el
suscrito entre él y la empresa Puertos de Colombia, para desempeñar el
cargo de Oficial de Auditoría Operativa.
Ahora bien, de acuerdo con la certificación expedida por el jefe de la
Dirección Jurídica y del contendido de la Resolución 146025 del 20 de
octubre de 1993, se encontró que el señor Luis Uribe prestó sus servicios
como ingeniero de operaciones.
Pues bien, el Acuerdo 021 de 2 de septiembre de 1988, originario de la Junta
Directiva de la Empresa Puertos de Colombia "Colpuertos", aprobado por el
Decreto 2318 de 1988, dispuso en el artículo segundo que las personas que
trabajan al servicio de la Empresa son trabajadores oficiales, vinculadas por
contrato de trabajo y, además del gerente general son empleados de libre
nombramiento y remoción quienes desempeñaban los siguientes cargos:
«[…]
b) En los terminales marítimos: Gerentes, Directores, Jefes de Oficina
Secretarios, Jefes de Departamento, Jefe Administrativo de Servicios Médicos,
Jefe de Sección III de Registro y Control de Personal, Jefe de Sección III de
Caja, Jefe de Sección III de Cobranzas, Jefe de Sección III de Facturación,
Jefe de Sección III de Control Entrada y Salida, Médicos, Odontólogos,
Abogados, Ingenieros, Supervisores Administrativos Laborales,
Almacenistas, Pilotos Prácticos, Jefe de Sección Administrativa (terminal
marítimo de Tumaco), Jefe de Sección de Operaciones y Mantenimiento
(terminal marítimo de Tumaco).
)» Se destaca.
De acuerdo con la inconformidad planteada por la entidad demandante, el
señor Luis Uribe no tenía derecho al reconocimiento de la pensión toda vez
que el mismo ocupó el cargo de ingeniero de operaciones y, además, recibió
gastos de representación, lo que lo califica como un empleado público y, por
consiguiente, no puede ser beneficiario de la convención colectiva de la
entidad que previó esta pensión solamente para los trabajadores oficiales.
21
N.º Interno: 3421-2023
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Yaneth Morales Carrillo
Pues bien, para la Sala, de acuerdo con la disposición previamente
transcrita, en la que se enlistaron los que poseían la categoría de empleado
público, se puede concluir que el de ingeniero tenía esa connotación, como
lo alegó la recurrente.
No puede obviarse que, para el momento de su retiro del servicio, Resolución
No. 140196 del 11 de diciembre de 1990, se encontraba vigente el Decreto
2318 de 1988, norma que se expide dentro de la facultad que tenía la Junta
Directiva Nacional de Foncolpuertos contenida en el numeral 2 del artículo
10 del Decreto13 1174 de 1980 y que indicaba ««Con aprobación del
Gobierno Nacional, adoptar los estatutos de la Empresa y cualquier reforma
que a ellos se introduzca.»»
Por consiguiente, más allá que el causante hubiera sido vinculado por
contrato de trabajo al momento de su desvinculación de la entidad, ocupaba
un cargo que dentro de los estatutos correspondía a la categoría de
empleados públicos, el de ingeniero.
En estas condiciones no podía beneficiarse de una convención colectiva y
menos adquirir con fundamento en ella una pensión.
En ese sentido, la Sala debe remitirse al valor probatorio que esta misma
Subsección le ha dado a la clasificación que le dio Puertos de Colombia a
las personas que laboraban para ella a través de sus estatutos.
Por ejemplo, en el fallo del once (11) de mayo de dos mil veinte (2020),
Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación número: 47001-
23-33-000-2015-00035-02(5714-18) se dijo:
“Se concluye, entonces, y de acuerdo con la valoración de la prueba
documental obrante en el proceso, que la pensión de invalidez reconocida al
señor Enrique Raúl Makacio Llanes, a través de la Resolución No. 143897 de
2 de diciembre de 1991, tuvo como fundamento la Convención Colectiva de
los Trabajadores de la Empresa Puertos de Colombia que rigió para los años
1991 a 1993; la cual no era aplicable al demandado toda vez que laboró
como médico de urgencias de la entidad, y que conforme al Acuerdo de
la Junta Directiva No. 016 de 1990, el que fue aprobado mediante el
Decreto 287 de 28 de enero de 1991, se desempeñó como empleado
público; y como se ha visto a lo largo de esta providencia, de acuerdo con la
ley y la jurisprudencia, los empleados públicos no son receptores ni pasibles
de que se les aplique las normas contempladas en las convenciones
13
Por el cual se restructura la Empresa Puertos de Colombia
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N.º Interno: 3421-2023
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Yaneth Morales Carrillo
colectivas de trabajo, las cuales están reservadas para los trabajadores
oficiales.” (La negrilla y el subrayado es nuestro)
Y en la sentencia del treinta y uno (31) de julio de dos mil veinte (2020),
Consejero Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, Radicación número: 47001-
23-33-000-2016-00304-01(3433-17):
Se advierte de la normativa citada en precedencia que (i) aunque el Decreto
2318 de 1988 no relacionó expresamente el cargo de secretario general
como de empleado público, tampoco podría ser considerado como de
dirección o confianza, pues no obra prueba de la «reestructuración de la
planta de personal, o que sustituyan los que por [ese] Acuerdo se precisan
como tales o que amparados bajo la presente denominación y nomenclatura
figuren en la planta adicional de personal»; y (ii) el Decreto 287 de 1991
(con vigencia a partir del 28 de enero de 1991), no es aplicable a la situación
pensional de la demandada porque fue proferido con posterioridad a su
estatus, su retiro definitivo del servicio y al reconocimiento de su derecho
pensional.
Al respecto, vale aclarar que, conforme a lo establecido en el artículo 10
(numeral 2) del Decreto 1174 de 1980, por el cual se restructura la Empresa
Puertos de Colombia, era función de la junta directiva nacional, «[c]on
aprobación del Gobierno Nacional, adoptar los estatutos de la Empresa y
cualquier reforma que a ellos se introduzca», por tanto, los acuerdos que
ese ente expidiera no eran aplicables hasta cuando no fueran aprobados
mediante decreto presidencial y, como en el caso bajo examen este último
se dio con posterioridad a que se otorgara la pensión de la demandada, erró
el Tribunal de primera instancia al estimar que le era aplicable a la
demandada el Acuerdo 16 de 9 de octubre de 1990.
En consideración a lo anterior, se concluye que, conforme a la
normativa aplicable para el momento en que se concedió la pensión
de jubilación de la demandada, no se pudo desvirtuar la calidad de
trabajadora oficial que esta ostentó, por lo que lo procedente sería
mantener incólumes los actos demandados y no, como lo ordenó la
sentencia objeto de alzada, reliquidar la prestación «teniendo en cuenta el
último año de servicio como trabajadora oficial, esto es, hasta el 26 de
septiembre de 1988», fecha en la que la accionada asumió el cargo de
secretaria general. .” (La negrilla y el subrayado es nuestro)
En uno y otro caso, esta Subsección le dio valor definitorio a los estatutos de
Foncolpuertos para efecto de establecer si el cargo ocupado era de un
trabajador o empleado público, lo cual materializa el mandato del artículo 5
del Decreto 3135 cuando indica que: «Las personas que prestan sus
servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son
trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas
precisarán que actividades de dirección o confianza deban ser
desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos»,
y justamente partiendo de esa sindéresis se concluye que el señor Uribe
Anaya, al haberse desempeñado como ingeniero de operaciones en
Foncolpuertos, era un empleado público en los términos del literal b, artículo
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N.º Interno: 3421-2023
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Yaneth Morales Carrillo
segundo del Decreto 2318 de 1988, por lo tanto no era beneficiario de una
convención colectiva y menos de una pensión reconocida con fundamento
en ella.
Esta deducción implica la revocatoria del fallo emitido por el a-quo que negó
pretensiones y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda, en lo
atinente a la declaratoria de nulidad de las resoluciones 146025 del 20 de
octubre de 1993, emanada de la empresa Puertos de Colombia, por medio
de la cual reconoció la pensión de jubilación del señor Luis Uribe Anaya y
RDP 006964 del 16 de marzo de 2020, que reconoció la pensión sustituta a
la señora Martha Yaneth Morales Carrillo, por las razones anotadas en
precedencia.
Dicho esto, la Sala pasa a definir si procede el restablecimiento del derecho
en los términos propuestos por la parte actora.
Respecto a la devolución de las sumas de dinero pagadas con ocasión de
los actos administrativos censurados y declarados nulos en la sentencia de
primera instancia, se señala que el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo en el literal c) del numeral 1 del artículo
164 prevé que «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe». Ello, en consonancia con lo dispuesto en el
artículo 83 de la Constitución Política, que dispone: «las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante éstas».
En este orden de ideas, se considera que la buena fe es uno de los principios
generales del derecho y gobierna las relaciones entre la administración
pública y los ciudadanos, tal y como así lo indicó la Corte Constitucional en
la sentencia C-131 de 2004, quien agregó:
«En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios,
como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que
otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de
las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se
presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera,
cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser
interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones
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N.º Interno: 3421-2023
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Yaneth Morales Carrillo
normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes
legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el
comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la
misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en
un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe
orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública
y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico».
Entonces, la buena fe se presume en todos los actos de los particulares y de
las autoridades, supuesto al que se ajusta el ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 2011.
Por lo anterior, con el fin de hacer viable el reembolso de las sumas de dinero
perseguidas en esta demanda, la UGPP debió acreditar que la obtención de
tal derecho por parte del causante se hizo con desconocimiento de los
postulados de la buena fe, que, como se ha precisado, se presume.
Por ello, como en el plenario no existen pruebas que evidencien la mala fe
del demandado, resulta improcedente ordenar la devolución de las sumas
pagadas a su favor por virtud del acto censurado.
2.5. Condena en costas.
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses,
es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, por tanto, no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DAR CUMPLIMIENTO al fallo de tutela emitido por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación, el diecinueve (19)
de agosto de dos mil veinticinco (2025), y en consecuencia,
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N.º Interno: 3421-2023
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Yaneth Morales Carrillo
SEGUNDO: ORDENAR a la secretaría de la Sección Segunda que finalice
el radicado interno [2307-2022] conforme a lo indicado en precedencia.
TERCERO: REVOCAR la sentencia del 31 de agosto de 2022, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la
demanda, y en su lugar,
DECLARAR la nulidad de las resoluciones 146025 del 20 de octubre de
1993, emanada de la empresa Puertos de Colombia, por medio de la cual
reconoció la pensión de jubilación del señor Luis Uribe Anaya y RDP 006964
del 16 de marzo de 2020, que reconoció la pensión sustituta a la señora
Martha Yaneth Morales Carrillo, por las razones anotadas en precedencia.
NEGAR el restablecimiento del derecho
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Salva voto Aclara voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
Sigue leyendo
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