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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00746-03

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00746-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2024, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Magdalena, negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución 141298 del 27 de noviembre de 1991, mediante la cual se reconoció y liquidó la pensión de jubilación del señor Orlando Antonio Pomares. TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. CUARTO. Sin condena en costas en ambas instancias. QUINTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2019-00746-03

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Treinta (30) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 47001-23-33-000-2019-00746-03 (1075-2025)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social-UGPP
Demandada: Martha Ignacia Heilbron Lastra
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Pensión de jubilación-Lesividad
Decisión: Sentencia de segunda instancia

1. La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes,
contra la sentencia del 20 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1. Pretensiones

2. El 3 de diciembre de 2019, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, por
intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
-CPACA, para que se declare la nulidad de la Resolución 141298 del 27 de
noviembre de 1991, mediante la cual se reconoció y liquidó la pensión de
jubilación del señor Orlando Antonio Pomares.

1
Expediente digital.
2
Samai, índice 2, archivo 01ExpedienteDigitalFolio1a65.pdf.

2

Número Interno: 1075-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP
Demandado: Martha Ignacia Heilbron Lastra

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) la devolución de las
sumas pagadas por concepto de la pensión de vejez y reliquidación, con el
respectivo retroactivo (ii) la condena en costas y agencias del proceso.

1.2. Hechos

4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP narró los hechos que la Sala
sintetiza, así:

5. El señor Orlando Antonio Pomares nació el 8 de noviembre de 1941 y prestó
sus servicios en la empresa de Puertos de Colombia-COLPUERTOS entre el
7 de octubre de 1976 y el 24 de noviembre de 1991, siendo su último cargo el
de director de Relaciones Industriales.

6. Mediante la Resolución 141298 del 27 de noviembre de 1991, la empresa
Puertos de Colombia-COLPUERTOS, reconoció la pensión de vejez al señor
Pomares, con una mesada de $646.006, efectiva desde el 25 de noviembre
de 1991.

7. Posteriormente, a través de la Resolución 349 del 20 de febrero de 1996,
«se ordenó el pago de un acta de conciliación del 14 de febrero de 1996», y, luego, por

medio de la Resolución 1022 del 30 de mayo de 1996, se ordenó el pago de
diferencias de mesadas y se reajustó el monto de las mismas de acuerdo con
lo expuesto en la Resolución 349 de 1996.

8. Por medio de la Resolución 00256 del 25 de febrero de 2009, se determinó
que el señor Pomares tenía la calidad de empleado público, razón por la cual
se ordenó el reintegro de pagos que realizó la demandante por concepto de
servicios de salud, «que debe realizar las cotizaciones al Sistema General de Seguridad
Social en Salud», así como efectuar las cotizaciones a dicho Sistema y «que se

efectúe el estudio de una pensión de carácter legal».

9. Contra la anterior decisión, el señor Pomares demandó en nulidad y
restablecimiento del derecho juicio que finalizó con sentencia del 29 de abril

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP
Demandado: Martha Ignacia Heilbron Lastra

de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que declaró
la nulidad de la Resolución 00256 de 2009, ordenó a la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales-UGPP, continuar pagando los servicios médicos
asistenciales y devolver los valores descontados desde el 11 de febrero de
2011. Esta decisión fue confirmada por el Consejo de Estado, en fallo del 4 de
abril de 2019.

10. El señor Orlando Antonio Pomares murió el 13 de julio de 2019. Mediante
Resolución RDP 028413 del 20 de septiembre de 2019, se reconoció la
pensión de sobrevivientes a su cónyuge, Martha Ignacia Heilbron Lastra,
equivalente al 100%, efectiva desde el 14 de julio de 2019, aunque el pago del
retroactivo quedó en suspenso mientras se adelantaba la revisión integral de
la pensión. Posteriormente, la entidad informó a la beneficiaria sobre una
solicitud de revocatoria directa del acto que reconoció la pensión al señor
Pomares.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

11. La parte actora invocó como normas violadas las siguientes:

• Constitución Política, arts. 1, 2, 6, 121, 128 y 209.
• Acto Legislativo 01 de 2005.
• Ley 4 de 1992, art. 19.
• Decreto 1848 de 1969, art. 77 y 88.
• Decreto 1042 de 1978, art. 32.
• Convención colectiva de Trabajo vigente para los años 1991-1993, arts.
107, 108, 109, Terminal Marítimo de Santa Marta
• Acuerdo 021 de 12 de septiembre de 1988.
• Acuerdo 016 del 09 de octubre de 1990 emitido por la Junta Directiva
Nacional de la Empresa Puertos de Colombia, aprobado por el Decreto
287 del 28 de enero de 1991.

12. Como fundamento del concepto de violación, explicó:

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Demandado: Martha Ignacia Heilbron Lastra

13. El reconocimiento de la pensión a favor del señor Orlando Antonio
Pomares vulneró normas constitucionales y legales, por indebida aplicación e
interpretación, en tanto el causante ostentaba la calidad de empleado público,
siendo su último cargo el de director de Relaciones Industriales. En tal sentido,
afirmó que el acto mediante el cual, la extinta empresa Puertos de Colombia
reconoció la pensión, resultó ilegal y contrario al régimen jurídico aplicable a
dicha categoría de servidores.

14. La Resolución 805 de 1991, mediante la cual se estableció un régimen
especial de pensiones, jubilaciones y bonificaciones, aplicable exclusivamente
a los empleados públicos de la empresa Puertos de Colombia-COLPUERTOS,
definió los requisitos, porcentajes, topes máximos, incompatibilidades y
condiciones para el acceso a dichas prestaciones. Entre tales condiciones, se
incluyó la obligatoriedad de suscribir acuerdos conciliatorios y la
incompatibilidad con otros regímenes pensionales o indemnizatorios, así como
el reconocimiento del derecho a los servicios médico-asistenciales para los
empleados públicos pensionados.

15. Concluyó que, el acto administrativo que reconoció la pensión del
causante, desconoció el marco normativo especial vigente para los empleados
públicos de la empresa de Puertos de Colombia-COLPUERTOS, lo cual
configura la violación normativa invocada.

2. Contestación de la demanda3

16. La señora Martha Ignacia Heilbron Lastra contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos:

17. La pensión reconocida al causante no tuvo origen en una convención
colectiva de trabajo, sino en el régimen especial creado mediante la Ley 1 de
1991, expedida en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas al
Presidente de la República, para adelantar la liquidación de la empresa de
Puertos de Colombia-COLPUERTOS; dicho régimen fue desarrollado por el
Acuerdo 22 de 1991 y la Resolución 805 de 1991 y, posteriormente, avalado

3
Samai, índice 2, archivo 01ExpedienteDigitalFolio1a65.pdf.

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por la Ley 100 de 1993, el Acto Legislativo 1 de 2005 y la sentencia C‑013 de
1993, proferida por la Corte Constitucional.

18. El causante estuvo vinculado a la empresa de Puertos de Colombia-
COLPUERTOS, mediante contrato de trabajo en calidad de trabajador oficial,
sin que la posterior reclasificación del cargo, como empleado público implicara
la pérdida de los derechos salariales y prestacionales adquiridos, de
conformidad con lo dispuesto en los Decretos 135 y 287 de 1991.

19. El señor Orlando Antonio Pomares cumplió los requisitos exigidos por el
régimen especial que le era aplicable, razón por la cual la pensión reconocida
constituye un derecho adquirido, amparado por los principios de buena fe,
seguridad jurídica, confianza legítima y respeto al acto propio. En esa medida,
en el evento en que el acto administrativo fuese ilegal, la eventual
responsabilidad recaería exclusivamente en la administración, por haber
inducido al trabajador a una situación que no puede ser imputada ni al
pensionado ni a su causahabiente.

20. Alegó la vulneración al debido proceso, por cuanto la administración ya
había realizado una revisión integral del derecho pensional en el año 2005, de
modo que, pretender una nueva revisión, desconoce el principio de non bis in
idem, conforme a lo establecido por la sentencia C‑835 de 2003 de la Corte
Constitucional.

21. Finalmente, propuso como excepciones la incompetencia de jurisdicción,
al considerar que el asunto corresponde al conocimiento de la jurisdicción
laboral ordinaria, por versar sobre derechos pensionales derivados de una
relación laboral contractual y ante la ausencia de prueba suficiente sobre la
calidad de empleado público del causante. Adicionalmente, planteó la
excepción de prescripción extintiva, al estimar que ha transcurrido el término
máximo fijado por la Corte Constitucional para la revisión de este tipo de actos,
circunstancia que torna prescrita cualquier acción de revisión o lesividad y
compromete la seguridad jurídica.

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3. La sentencia de primera instancia4

22. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia proferida el
20 de noviembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo
de condenar en costas.

23. Como fundamento de su decisión, el Tribunal expuso, en síntesis, las
siguientes consideraciones:

i) Del acervo probatorio se estableció que el señor Orlando Antonio
Pomares ingresó a la empresa de Puertos de Colombia-COLPUERTOS
mediante contrato de trabajo a término indefinido, circunstancia que fue
debidamente acreditada por la parte demandada y no fue controvertida
por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP. Si bien
algunos de los cargos desempeñados con posterioridad se encontraban
clasificados normativamente como de empleado público, la entidad
demandante no demostró la existencia de una vinculación legal y
reglamentaria, pues no aportó los actos administrativos de
nombramiento y posesión exigidos para la configuración de dicha
calidad.

ii) El Tribunal reiteró la jurisprudencia del Consejo de Estado, conforme a
la cual el ejercicio de cargos de dirección, jefatura o manejo no resulta
suficiente, por sí solo, para acreditar la condición de empleado público,
correspondiendo a la administración la carga de probar dicha calidad.
En el caso concreto, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales-
UGPP, no cumplió con dicha carga probatoria.

iii) Finalmente, precisó que, aun en el evento hipotético de admitir que el
último cargo desempeñado por el señor Pomares, correspondiera a un
empleo público, la pensión reconocida encontraba pleno soporte
jurídico en la Resolución 805 de 1991, que consagró un régimen
especial de jubilación proporcional para los empleados públicos de
empresa de Puertos de Colombia-COLPUERTOS, en proceso de

4
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 106.

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liquidación, cuyos requisitos fueron acreditados por el causante, quien
probó más de 15 años de servicio y más de 40 años de edad, al
momento de su retiro.

24. Con fundamento en estas consideraciones, el Tribunal concluyó que no se
configuraba causal alguna de nulidad, negó las pretensiones de la demanda y
determinó que no había lugar a condenar en costas, por no estar demostrada
su causación.

4. Los recursos de apelación

25. Ambas partes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con sustento en los argumentos que la Sala procede a
sintetizar.

4.1 Empresa de Puertos de Colombia-COLPUERTOS 5

26. Estimó que el reconocimiento de la pensión otorgada al señor Orlando
Antonio Pomares vulneró normas constitucionales y legales por indebida
aplicación e interpretación, falsa motivación e ilegalidad del acto
administrativo, al considerar que el causante ostentaba la calidad de empleado
público y, en consecuencia, no podía acceder a una pensión con fundamento
en la convención colectiva de trabajo ni en un régimen pensional que no le era
aplicable.

27. Citó los Acuerdos 21 de 1988 y 16 de 1990, aprobados por decretos del
Gobierno Nacional, mediante los cuales se clasificaron determinados cargos
en los terminales marítimos (entre ellos los de director, jefe de departamento
y cargos de dirección y confianza) como empleos públicos de libre
nombramiento y remoción, razón por la cual, consideraba que el último cargo
desempeñado por el señor Pomares, esto es, director de Relaciones
Industriales, correspondía a dicha categoría, por lo que el reconocimiento
pensional desconoció el ordenamiento jurídico vigente.

5
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 54.

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28. De igual forma, alegó la vulneración de los artículos 1, 2, 6, 48 y 209 de la
Constitución Política, al considerar que el acto acusado comprometió recursos
públicos sin soporte legal, desconoció el interés general, la moralidad
administrativa y el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional,
enfatizando que el reconocimiento de prestaciones pensionales está
condicionado al estricto cumplimiento de los requisitos previstos en la ley.

29. Con base en estos argumentos, la entidad demandante solicitó la
revocatoria del fallo de primera instancia que negó la nulidad del acto
pensional, al considerar que este desconoció el marco normativo aplicable y
comprometió de manera ilegítima recursos del sistema de seguridad social.

1.4.2. Martha Ignacia Heilbron Lastra6

30. La parte demandada insistió en la caducidad del medio de control, para lo
cual explicó que el Tribunal desconoció lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024, norma de carácter imperativo, así como los recientes
pronunciamientos del Consejo de Estado, en los cuales se ha declarado de
oficio la caducidad cuando la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales-
UGPP, demanda sus propios actos, después de 5 años de haber sido
expedidos.

31. Indicó que la pensión del señor Orlando Antonio Pomares fue reconocida
mediante la Resolución 141298 del 27 de noviembre de 1991, por lo que el
plazo para demandar venció el 27 de noviembre de 1996. No obstante, la
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP, presentó la demanda más
de 28 años después, en el año 2019.

32. Con fundamento en lo anterior, solicitó declarar la caducidad del medio de
control y declarar terminado el proceso.

1.5. Trámite de segunda instancia

6
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 55.

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33. Por auto del 6 de febrero de 20267, se admitió el recurso de apelación
conforme a lo previsto en el artículo 247 del CPACA y, al no existir pruebas que
decretar en segunda instancia, ingresó el proceso para fallo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

34. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA.

35. De igual forma, cabe destacar que, de conformidad con el artículo 3288 del
Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2. Problemas jurídicos

36. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por ambas partes contra la
decisión de primera instancia, la Sala encuentra que hay lugar a dilucidar los
siguientes asuntos:

36.1. ¿Se configuró la caducidad del medio de control establecido para que
la administración demande sus propios actos?

36.2. ¿El señor Orlando Antonio Pomares tenía derecho al reconocimiento y
pago de una pensión con fundamento en la convención colectiva de trabajo
vigente al momento de su retiro en la empresa de Puertos de Colombia-
COLPUERTOS, por ser un trabajador oficial, o carece de este derecho por

7
Samai, índice 4.
8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».

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tratarse de un empleado público?

36.3. ¿A través del acto administrativo demandado se comprometieron
recursos públicos de forma injustificada y se afectó el principio de
sostenibilidad financiera del sistema pensional?

2.3. Caso concreto

37. Corresponde a la Sala resolver los problemas jurídicos identificados, a
efectos de resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes,
contra la sentencia de primera instancia.

a. ¿Se configuró la caducidad del medio de control establecido para
que la administración demande sus propios actos?

38. Con el fin de resolver el primer problema jurídico planteado, es necesario
recordar que, los términos para presentar oportunamente las demandas ante
esta Jurisdicción, están previstos en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011;
no obstante, con posterioridad, se expidió la Ley 2381 de 2024 -suspendida su
aplicación, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en el auto 841 de
20259-, norma que establecía una restricción temporal para el ejercicio de las
acciones contencioso administrativas, relacionadas con pensiones, así:

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después
de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley».

9
En el referido auto 841 de 2025 la Corte Constitucional decidió suspender la entrada en vigencia de la Ley 2381 de
2024 y devolverla a la Cámara de Representantes para que subsane un vicio de procedimiento en el que se incurrió
en el proceso de discusión y votación, por ende, una vez la Cámara cumpla con lo ordenado por la Corte, esta se
pronunciará definitivamente de fondo sobre la constitucionalidad de dicha ley.

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39. La citada disposición modificó el término para acceder la administración de
justicia en materia pensional establecido en el artículo 164 de la Ley 1437 de
2011, con vocación de aplicación inmediata, incluso para los procesos en los
que se debatía la legalidad de actos administrativos que reconocieron una
pensión y se encontraban en trámite al 16 de julio de 2024, fecha de
promulgación de la Ley 2381 de 2024.

40. No obstante, durante el tiempo en estuvo vigente la Ley 2381 de 2024, la
Sala sostuvo que, el artículo referenciado, no podía ser aplicado de manera
contraria a los postulados esenciales que rigen la implementación de reglas
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios consagradas en el
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues si bien es cierto las normas de derecho
procesal son de orden público y «[…] prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir», también lo es que, «[…] los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los
términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones» 10.

41. Por lo tanto, en casos análogos al presente, la Sección Segunda,
Subsección B11, del Consejo de Estado, concluyó que el término de caducidad
establecido por la Ley 2381 de 2024, solo resulta oponible respecto de las
demandas formuladas después de su promulgación, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, sin que sea posible, imponer
a los procesos judiciales en trámite, un término que no existía al momento de
presentación de la demanda.

42. En esa oportunidad, la Sala consideró que se debía garantizar el principio
de confianza legítima, así como, el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, y por ello se contempló
la posibilidad de disponer la inaplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de noviembre de 2024, rad. 76001-23-33-
003-2017-01639-01 (3212-2024), CP Jorge Edison Portocarrero Banguera.
11
Entre otras, se puede consultar la sentencia del 19 de junio de 2025, rad. 25000-23-42-000-2017-06078-01 (0187-
2025), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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43. En el presente asunto, la demanda se presentó el 3 de diciembre de 201912,
razón por la cual, la norma aplicable para ese momento era el numeral 1, literal
c), del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, comoquiera que, al momento de
presentación de la demanda, esa era la norma que regía la oportunidad para
el ejercicio del medio de control.

44. En consideración a lo anterior, no le asiste razón a la parte demandada,
toda vez que la norma aplicable al caso, al momento de radicación de la
demanda, disponía que ésta podía presentarse en cualquier tiempo, cuando
«Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas.
Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena
fe», como bien lo explicó el Tribunal.

b. ¿El señor Orlando Antonio Pomares tenía derecho al
reconocimiento y pago de una pensión, con fundamento en la
convención colectiva de trabajo vigente al momento de su retiro
en la empresa de Puertos de Colombia-COLPUERTOS, por ser un
trabajador oficial, o carece de este derecho por tratarse de un
empleado público?

45. La Ley 154 de 1959 creó la empresa de Puertos de Colombia y el Decreto
561 de 1975, la reestructuró como empresa industrial y comercial del Estado,
del orden nacional, adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transporte,
naturaleza jurídica que se reiteró en el Decreto 2465 de 1981, a través del cual
se aprobaron sus estatutos.

46. Por su parte, el artículo 85 de la Ley 489 de 198913, definió las empresas
industriales y comerciales del Estado, como instituciones descentralizadas, de
creación legal, cuya característica principal es el desarrollo de actividades de
naturaleza industrial o comercial y de gestión económica bajo las disposiciones

12
Samai, índice 2, archivo 01ExpedienteDigitalFolio1a65.pdf.
13
Ley 489 de 1989, artículo 85: «Las empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la
ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica
conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes
características:
a. Personería jurídica
b. Autonomía administrativa y financiera
c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el
rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios y contribuciones de destinación especial en los casos
autorizados por la Constitución.
El capital de las empresas industriales y comerciales del Estado podrá estar representado en cuotas o acciones de
igual valor nominal.»

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del derecho privado.

47. En cuanto al régimen laboral de las empresas industriales y comerciales
del Estado, el artículo 5 del Decreto Ley 3135 de 1968, estableció el régimen
laboral de las empresas industriales y comerciales del Estado, en los
siguientes términos:

«Las personas que prestan sus servicios en los Ministerios Departamentos
Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados
públicos, sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de
obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los
establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser
desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.

Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los
estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o
confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de
empleados públicos» (Destacado por fuera del texto original).

48. De ahí que, por regla general, las personas que prestan sus servicios en
las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales.

49. Cabe precisar que el Decreto 1848 de 1969, que reglamentó el Decretó
3135 de 1968, definió los conceptos de empleados públicos y trabajadores
oficiales, en los siguientes términos:

• Empleados públicos: las personas que prestan sus servicios en los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales.

• Trabajadores oficiales: los que prestan sus servicios en la
construcción y sostenimiento de las obras públicas, excepto el personal
directivo y de confianza; los que prestan servicios en establecimientos
públicos organizados con carácter comercial o industrial, en las
empresas industriales o comerciales del Estado y sociedades de
economía mixta.

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50. Partiendo de los anteriores conceptos, es posible diferenciar al empleado
público del trabajador oficial, pues, presta sus servicios en un ministerio,
departamento administrativo, superintendencia y establecimiento público, se
presume que se trata de un empleado público, a excepción de los dedicados
a las actividades de construcción y mantenimiento de obras públicas.

51. Por su parte, las empresas industriales y comerciales del Estado y en las
sociedades de economía mixta, por regla general, están compuestas por
trabajadores oficiales; se exceptúan los cargos directivos y de confianza, que
se tienen como empleados públicos, dependiendo de lo establecido en los
estatutos de cada una de las empresas.

52. La forma de vinculación de unos y otros también difiere, puesto que
mientras los empleados públicos se vinculan a través de una relación legal y
reglamentaria, los trabajadores oficiales lo hacen mediante un contrato de
trabajo, para lo cual resulta necesario precisar que, la forma de vinculación no
es la que determina la naturaleza del empleo.

53. De acuerdo con lo anterior, es evidente que la empresa de Puertos de
Colombia estaba constituida como una empresa industrial y comercial del
Estado del orden nacional, y por esta razón compuesta principalmente por
trabajadores oficiales.

54. Particularmente, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

55. Por medio del Acuerdo 15 del 19 de octubre de 1990, la junta directiva de
la empresa Puertos de Colombia-COLPUERTOS, fijó el régimen prestacional
de los empleados públicos de dicha empresa, según el cual, continuaría
«reconociendo y pagando directamente a sus empleados públicos las prestaciones sociales
de ley y las especiales contempladas en el presente Acuerdo, en cuanto excedan las
anteriores. Para efectos de la liquidación de estas prestaciones se tendrá en cuenta el salario
promedio, o sea, los mismos factores salariales que correspondan al trabajador oficial de la
empresa»

56. En el Acuerdo 22 del 11 de septiembre de 1991, por medio del cual la junta

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directiva nacional de la empresa Puertos de Colombia, en liquidación, se
autorizó al gerente general «acordar y extender a todos la (sic) Empresa las condiciones
de retiro de los Empleados Públicos»

57. El 8 de octubre de 1991, el jefe del departamento de personal de la
Terminal Marítima14, certificó que el 7 de octubre de 1975, el señor Orlando
Antonio Pomares, ingresó a la empresa mediante contrato de trabajo, y que
ocupó los siguientes cargos:

CARGO DESDE HASTA DURACIÓN
JEFE SEC. DE PERSONAL 7 oct. 1976 7 ago. 1977 10 meses y 1 día
ING DE PRODUCCIÓN 8 ago. 1977 23 oct. 1983 6 años, 2 meses y 16 días
JEFE DPT. PERSONAL 24 oct. 1983 4 oct. 1984 11 meses y 11 días
DIRECTOR REINDUST. 5 oct. 1983 25 nov. 1991 15 años y 2 días

58. El 7 de noviembre de 199115, se aceptó la renuncia al señor Orlando
Antonio Pomares, como director de Relaciones Industriales, efectiva a partir
del 25 de noviembre de 1991.

59. Por medio de la Resolución 141290 del 27 de noviembre de 1991 16, se
reconoció y autorizó el pago de cesantías definitivas y demás prestaciones
sociales al señor Orlando Antonio Pomares.

60. Resolución 805 de 9 de octubre de 199117, a través de la cual, el gerente
de la empresa Puertos de Colombia fijó las «condiciones para el retiro de los
Empleados Públicos de la Empresa Puertos de Colombia», como un régimen especial

para reconocer la pensión a los empleados públicos, según el cual, además,
«los Empleados Públicos que se pensionen acogiéndose a lo dispuesto en este artículo
tendrán derecho al reconocimiento de los servicios médico asistenciales establecidos para los
demás Empleados Oficiales pensionados por la Empresa».

61. A través de la Resolución 141298 del 27 de noviembre de 1991 18, el
gerente del Terminal Marítimo de Santa Marta reconoció y autorizó el pago de
la pensión de jubilación al señor Orlando Antonio Pomares, en cuantía de
$646.006, «o sea el 64.13% del promedio mensual devengado durante el último año de

14
Samai, índice 2, archivo 02ExpedienteDigitalFolio66a132.pdf, págs. 2 y 26.

15
Samai, índice 2, archivo 02ExpedienteDigitalFolio66a132.pdf, pág. 20.
16
Samai, índice 2, archivo 02ExpedienteDigitalFolio66a132.pdf, págs. 21-24.
17
Samai, índice 2, archivo 03ExpedienteDigitalFolio133a225.pdf, págs. 14-20.
18
Samai, índice 2, archivo 02ExpedienteDigitalFolio66a132.pdf, págs. 21-24.

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servicio, a partir del día 25 de noviembre de 1991», con fundamento en lo previsto en

el artículo 89 de la Convención Colectiva de Trabajo, «en concordancia con norma
legal relativa a salario y certificado de liquidación elaborado y/o revisado por la Sección de
Registro y Control de Personal».

62. Mediante la Resolución 349 de 20 de febrero de 199619, el Fondo de Pasivo
Social de la empresa Puertos de Colombia-FONCOLPUERTOS, reconoció y
ordenó el pago del acta de conciliación de 14 de febrero de 1996, lograda entre
el Fondo de Pasivo Social de la empresa de Puertos de Colombia-
FONCOLPUERTOS y el señor Orlando Antonio Pomares, establecido en
$79.327.767, en cumplimiento del fallo de tutela de 5 de diciembre de 1995,
proferido por el Juzgado 5 Penal Municipal de Santa Marta, en la cual se
acordó reajustar la pensión de jubilación.

63. Por medio de la Resolución 1022 del 30 de mayo de 199620, el Fondo de
Pasivo Social de la empresa de Puertos de Colombia-FONCOLPUERTOS,
ordenó el pago de «DIFERENCIAS DE MESADAS Y REAJUSTE DE PENSIÓN
RECONOCIDO POR LA RESOLUCIÓN 349 DE FEBRERO 20 DE 1996» a favor del señor

Orlando Antonio Pomares.

64. Mediante la Resolución 256 de 25 de febrero de 200921, la asesora del
ministro de la Protección Social y coordinadora encargada del área de
pensiones, ordenó al señor Orlando Antonio Pomares que, con cargo a su
mesada pensional, realizara las cotizaciones al Sistema General de Seguridad
Social en Salud y dispuso iniciar una actuación administrativa, en la que se
revisara la pensión concedida por el gerente del Terminal Marítimo de Santa
Marta, al señor Pomares, con sustento, en los argumentos que la Sala destaca:

«Teniendo en cuenta el anterior marco legal y jurisprudencial, en acatamiento a
la sentencia del 29 de julio de 1991 proferida por el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, y para evitar que continúe el
desmedro al erario, ya bastante menguado con el sinnúmero de ilegalidades que
se cometieron en vigencia de Puertos de Colombia y de Foncolpuertos, lo cual
es de público conocimiento, se ordenará al señor POMARES, que con cargo a

19
Samai, índice 2, archivo 03ExpedienteDigitalFolio133a225.pdf, pág. 7-13
20
Samai, índice 2, archivo 03ExpedienteDigitalFolio133a225.pdf, págs. 12-13.
21
Samai, índice 2, archivo 02ExpedienteDigitalFolio66a132.pdf, págs. 93-100.

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su mesada pensional, realice las cotizaciones para el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, cuyo costo asumirá directamente, según lo disponen
los artículos 30 del Decreto 1919 de 1994 y 65 del Decreto 806 de 1998, por
cuanto el beneficio de disfrutar la salud a cargo del Tesoro Público, es exclusivo
para los trabajadores oficiales de Puertos, por ser una conquista laboral que
estos alcanzaron por vía de convenciones colectivas».

65. El 13 de julio de 2019, murió el señor Orlando Antonio Pomares, según el
registro civil de defunción (indicativo serial 9754288)22

66. Resolución 28413 del 20 de septiembre de 201923, expedida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social, por la cual se reconoció y ordenó el pago de la pensión
de sobreviviente a la señora Martha Ignacia Hilbron Lastra, con ocasión de la
muerte de su esposo, Orlando Antonio Pomares, desde el 14 de julio de 2019.

67. De los hechos probados, la Sala encuentra que el señor Pomares se
vinculó a la empresa Puertos de Colombia-COLPUERTOS, el 7 de octubre de
1976, mediante contrato de trabajo, según certificados laborales24 y que, al
momento de su retiro, el 25 de noviembre de 1991, se desempeñaba como
director de Relaciones Industriales, el cual, estaba catalogado como un
empleo público.

68. En efecto, en el Acuerdo 0016 de octubre de 1990, emanado de la Junta
Directiva de la empresa Puertos de Colombia-COLPUERTOS, aprobado por
el Decreto 287 del 28 de enero de 1991, se estableció que las personas que
trabajaban para dicha empresa eran trabajadores oficiales, excepto los
empleados públicos, que eran aquellos que ocuparan cargos de libre
nombramiento y remoción y ejercieran funciones de dirección y confianza,
como los directores de los terminales marítimos. Así se dispuso en el artículo
1 del mencionado Decreto:

«El artículo 38 del Acuerdo número 857 de 1981 aprobada por el Decreto número
2465 de 1981 quedará así:

22
Samai, índice 2, archivo 05ExpedienteDigitalFolio286a399.pdf, pág. 100.
23
Samai, índice 2, archivo 05ExpedienteDigitalFolio286a399.pdf, págs. 11-16.
24
Samai, índice 2, archivo 02ExpedienteDigitalFolio66a132.pdf, págs. 2 y 26.

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"Artículo 38. Las personas que trabajan al servicio de la Empresa con las
excepciones que a continuación se precisan son trabajadores oficiales
vinculados a ella por contrato de trabajo. Son empleados públicos de libre
nombramiento y remoción del nominador, además del Gerente General, las
personas que desempeñan los siguientes cargos:
[…]
b) En los Terminales Marítimos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Santa
Marta, Tumaco. Gerentes, Directores, Jefes de Oficina, Secretarios Generales -
Terminales-, Jefes de Departamento, Jefes Administrativos de Servicios
Médicos, Jefes de Sección III de Registro y Control de Personal, Jefes de
Sección III de Caja, Jefes de Sección III de Cobranzas, Jefes de Sección III de
Facturación, Jefes de Sección III de Control Entrada y Salida, Médicos,
Odontólogos, Abogados, Ingenieros, Supervisores Administrativos Laborales,
Almacenistas. Pilotos Prácticos, Jefe de Sección Administrativa (Terminal
Marítimo de Tumaco), Jefe de Sección de Operaciones y Mantenimiento
(Terminal Marítimo de Tumaco), Capitán, Draga Colombia (Terminal Marítimo de
Barranquilla), Jefe de Ingenieros Draga Colombia (Terminal Marítimo de
Barranquilla), Primer Ingeniero - Draga Colombia (Terminal Marítimo de
Barranquilla), Primer Oficial - Draga Colombia (Terminal Marítimo de
Barranquilla)”».

69. La Sala observa que el señor Pomares ocupó los empleos de jefe de
Oficina Secretario, Ingeniero de Producción, jefe de Departamento de
Personal y director de Relaciones Industriales, todos ellos catalogado como
cargos de empleados públicos, tal como lo alega la parte demandante.

70. Cabe destacar que para el momento de retiro del señor Pomares, esto es,
el 25 de noviembre de 1991, estaba vigente el Decreto 287 del 28 de enero de
1991, que fue expedido por la Junta Directiva Nacional del Fondo de Pasivo
Social de la empresa Puertos de Colombia-FONCOLPUERTOS, con
fundamento en la facultad prevista en el artículo 10.2 del Decreto 1174 de
1980, según la cual podía «Con aprobación del Gobierno Nacional, adoptar los estatutos
de la Empresa y cualquier reforma que a ellos se introduzca».

71. Por lo tanto, aunque el causante hubiere sido vinculado por contrato de
trabajo25, lo cierto es que siempre ocupó cargos que, dentro de los estatutos,

25
Samai, índice 2, archivo 02ExpedienteDigitalFolio66a132.pdf, págs. 2 y 26.

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correspondían a la categoría de empleado público, siendo su último cargo el
de director de Relaciones Industriales.

72. En tales condiciones, el señor Pomares, no podía beneficiarse de una
convención colectiva y menos adquirir una pensión con fundamento en esta.

73. En ese sentido, la Sala debe remitirse a la posición fijada en estos casos,
respecto de la clasificación que de los cargos de la empresa Puertos de
Colombia-COLPUERTOS, a través de sus estatutos.

74. Así, en sentencia del 11 de mayo de 2020, la Sala indicó:

“Se concluye, entonces, y de acuerdo con la valoración de la prueba documental
obrante en el proceso, que la pensión de invalidez reconocida al señor Enrique
Raúl Makacio Llanes, a través de la Resolución No. 143897 de 2 de diciembre
de 1991, tuvo como fundamento la Convención Colectiva de los Trabajadores de
la Empresa Puertos de Colombia que rigió para los años 1991 a 1993; la cual
no era aplicable al demandado toda vez que laboró como médico de
urgencias de la entidad, y que conforme al Acuerdo de la Junta Directiva
No. 016 de 1990, el que fue aprobado mediante el Decreto 287 de 28 de
enero de 1991, se desempeñó como empleado público; y como se ha visto a
lo largo de esta providencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, los
empleados públicos no son receptores ni pasibles de que se les aplique las
normas contempladas en las convenciones colectivas de trabajo, las cuales
están reservadas para los trabajadores oficiales”26 (Destacado por fuera del texto
original).

75. En fallo del 31 de julio de 2020, siguiendo la misma línea, se señaló:

«Se advierte de la normativa citada en precedencia que (i) aunque el Decreto
2318 de 1988 no relacionó expresamente el cargo de secretario general como
de empleado público, tampoco podría ser considerado como de dirección o
confianza, pues no obra prueba de la «reestructuración de la planta de personal,
o que sustituyan los que por [ese] Acuerdo se precisan como tales o que
amparados bajo la presente denominación y nomenclatura figuren en la planta
adicional de personal»; y (ii) el Decreto 287 de 1991 (con vigencia a partir del 28

26
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 11 de mayo de 2020, rad. 47001-23-33-000-2015-00035-02
(5714-18), CP Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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de enero de 1991), no es aplicable a la situación pensional de la demandada
porque fue proferido con posterioridad a su estatus, su retiro definitivo del
servicio y al reconocimiento de su derecho pensional.

Al respecto, vale aclarar que, conforme a lo establecido en el artículo 10 (numeral
2) del Decreto 1174 de 1980, por el cual se restructura la Empresa Puertos de
Colombia, era función de la junta directiva nacional, «[c]on aprobación del
Gobierno Nacional, adoptar los estatutos de la Empresa y cualquier reforma que
a ellos se introduzca», por tanto, los acuerdos que ese ente expidiera no eran
aplicables hasta cuando no fueran aprobados mediante decreto presidencial y,
como en el caso bajo examen este último se dio con posterioridad a que se
otorgara la pensión de la demandada, erró el Tribunal de primera instancia al
estimar que le era aplicable a la demandada el Acuerdo 16 de 9 de octubre de
1990.

En consideración a lo anterior, se concluye que, conforme a la normativa
aplicable para el momento en que se concedió la pensión de jubilación de
la demandada, no se pudo desvirtuar la calidad de trabajadora oficial que
esta ostentó, por lo que lo procedente sería mantener incólumes los actos
demandados y no, como lo ordenó la sentencia objeto de alzada, reliquidar la
prestación “teniendo en cuenta el último año de servicio como trabajadora oficial,
esto es, hasta el 26 de septiembre de 1988”, fecha en la que la accionada asumió
el cargo de secretaria general»

76. Como se observa, en ambos casos27, la Sala valoró los estatutos del Fondo
de Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia-FONCOLPUERTOS
para determinar la naturaleza de los cargos ocupados, esto es, si se trataba
de un trabajador o empleado público, lo cual cobra mayor sustento al revisar
el artículo 5 del Decreto Ley 3135 de 1968, que estableció el régimen laboral
de las empresas industriales y comerciales del Estado, cuando indica que «Las
personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán que
actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la
calidad de empleados públicos».

77. Ahora, es importante precisar que, en este caso, no resulta aplicable el
artículo 146 de la Ley 100 de 1993, a diferencia de otros casos similares, en

27 Posición reiterada en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de

25 de septiembre de 2025, rad. 47001-23-33-000-2020-00746-02 (3421-2023), CP Jorge
Edison Portocarrero Banguera.

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los cuales sí se ha convalidado el reconocimiento pensional. Lo anterior,
comoquiera que dicha norma se refiere únicamente a situaciones jurídicas
definidas con fundamento en disposiciones municipales o departamentales:

ARTÍCULO 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por
disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones
jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la
presente Ley, con base en disposiciones municipales o
departamentales en materia de pensiones de jubilación
extralegales en favor de empleados o servidores públicos o
personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a
sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales
disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este
artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años
siguientes los requisitos exigidos en dichas normas.

Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación
de las personas a que se refiere este artículo.

Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la
sanción de la presente Ley.

78. En este caso, como se explicó en líneas precedentes, la empresa de
Puertos de Colombia era una empresa industrial y comercial del Estado, del
orden nacional (Decreto 561 de 1975), naturaleza jurídica que se reiteró en el
Decreto 2465 de 1981, a través del cual se aprobaron sus estatutos.

79. Frente a la interpretación de la norma transcrita, la Sala, en sentencia del
29 de septiembre de 201128, reiterada en sentencia de 19 de febrero de 202629,

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 29 de septiembre de 2011, rad. 08001-

23-31-000-2005-02866-03, CP Víctor Hernando Alvarado Ardila.

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19 de febrero de 2026,

rad. 76001-23-31-000-2010-01322-02 (58-12-2024), CP Jorge Edison Portocarrero Banguera

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señaló categóricamente que la convalidación de reconocimientos pensionales
extralegales de orden territorial, consolidados antes de la expedición de la
Ley 100 de 1993, cobija los actos administrativos por medio de los cuales, se
da aplicación a convenciones colectivas. En este orden de ideas, la
interpretación del precedente judicial antes citado, en la materia, impide
extender los efectos de dicha disposición a las empresas industriales y
comerciales del orden nacional.

80. Por lo anterior, es dable concluir que el señor Orlando Antonio Pomares,
al haberse desempeñado como jefe de Oficina Secretario, Ingeniero de
Producción, jefe de Departamento de Personal y director de Relaciones
Industriales en la empresa Puertos de Colombia-COLPUERTOS, era un
empleado público en los términos del literal b, artículo segundo del Decreto
2318 de 1988, razón por la cual, no era beneficiario de una convención
colectiva y menos de una pensión reconocida con fundamento en ésta.

81. Ahora, si bien habría lugar a considerar que se reajustara la pensión que
actualmente percibe la demandada, en calidad de cónyuge supérstite, bajo el
régimen jurídico contenido en la Ley 33 de 1985, lo cierto es que el señor
Orlando Antonio Pomares nació el 8 de noviembre de 1941 y prestó sus
servicios en la empresa de Puertos de Colombia-COLPUERTOS entre el 7 de
octubre de 1976 y el 24 de noviembre de 1991, siendo su último cargo el de
director de Relaciones Industriales. Se retiró el 24 de noviembre de 1991, por
lo que no tenía los 20 años exigidos por la ley.

82. Con fundamento en todo lo anterior, hay lugar a revocar el fallo de primera
instancia, que negó las pretensiones y, en su lugar, declarar la nulidad de la
Resolución 141298 del 27 de noviembre de 1991, mediante la cual se
reconoció y liquidó la pensión de jubilación del señor Orlando Antonio
Pomares.

83. En cuanto al restablecimiento del derecho, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social-UGPP solicitó la devolución de las sumas pagadas por concepto de la
pensión de vejez y reliquidación, con el respectivo retroactivo, pretensión que
será negada, comoquiera que la parte actora no demostró la mala fe del

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causante, como pasa a explicarse.

84. El artículo 83 de la Constitución Política, consagra el principio de buena fe,
al disponer que «las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante estas».

85. En este orden de ideas, la buena fe es uno de los principios generales del
derecho y gobierna las relaciones entre la administración pública y los
ciudadanos, tal y como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-
131 de 2004:

«En relación con el principio de la buena fe cabe recordar que es uno de los
principios generales del derecho30, consagrado en el artículo 83 de la
Constitución, el cual gobierna las relaciones entre la Administración Pública y los
ciudadanos, y que sirve de fundamento al ordenamiento jurídico, informa la labor
del intérprete y constituye un decisivo instrumento de integración del sistema de
fuentes colombiano.

En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como
una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que
otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de
las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se
presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera,
cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser
interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones
normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes
legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el
comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la
misma.

En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa
que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso
concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente
ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio
de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar
las lagunas del sistema jurídico».

30
Ver al respecto, A. Jeanneau, “Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative”, París, LGDJ,
1954 y Ch. Letourneur, « Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », París, LGDJ,
1980.

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86. En aplicación a dicho postulado, desarrollado en el artículo 164, numeral
1, literal c) de la Ley 1437 de 2011, entre otras normas, «[…] no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

87. Por ello, para que resulte procedente el reintegro de los valores recibidos
por aquellas personas a quienes se les ha reconocido una prestación, sin tener
derecho a ella, o por un monto mayor al que en realidad correspondía, debe
encontrarse plenamente demostrada la mala fe con la que actuó para obtener
el pago de tal beneficio.

88. Así lo expuso la Sala, en sentencia del 23 de marzo de 201731, -posición
reiterada en el fallo del 16 de agosto de 201832-, al estimar que «[…] la devolución
de las sumas pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a verificar que hayan
mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la administración en orden a
obtener tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra demostrar, no habrá lugar a
ordenar reintegro alguno», dado que «[e]l concepto de buena fe hace referencia al
comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y autoridades para mantener
un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y oportunidades de los asociados.
Además, como se expresó previamente, por mandato Constitucional, se presume la buena fe
de los particulares en sus relaciones con las autoridades del Estado, siendo deber de quien
alegue la mala fe demostrar los hechos sobre los cuales se fundamenta».

89. Ahora, la nulidad de los actos administrativos de carácter particular, por
regla general, conlleva a retrotraer las cosas al estado inicial, como si la
decisión extinguida nunca hubiere existido.

90. Sin embargo, en los casos en los que se discuten prestaciones periódicas,
y principalmente cuando la pretensión de restablecimiento del derecho es la
devolución de sumas de dinero pagadas, en tanto no eran debidas, la ley
determinó que «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de
buena fe», tal como se expuso en líneas precedentes.

91. La Corte Constitucional ha explicado que el principio de la buena fe es el
contrapeso de la posición de superioridad de la cual gozan las autoridades
públicas, con ocasión de las prerrogativas propias de sus funciones. Y esta

31
Expediente: 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015), actora: UGPP, demandado: Antonio Claret Pérez
Cárdenas, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
32
Expediente: 54001-23-33-000-2013-00047-01 (258-2017), C. P. César Palomino Cortés. Véase también sentencia
de 7 de septiembre de 2018, expediente: 25000-23-42-000-2014-03257-01 (4792-2017), C. P. César Palomino
Cortés.

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Número Interno: 1075-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP
Demandado: Martha Ignacia Heilbron Lastra

Corporación33 también precisó que el principio de la buena fe incorpora una
presunción legal, que admite prueba en contrario, razón por la cual la mala fe
siempre debe ser probada por quien la alega.

92. En consecuencia, cuando la Administración incurre en el error al otorgar
una prestación, no puede alegar a su favor su propia culpa, para tratar de
recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe, salvo que
demuestre que el error lo indujo la mala fe del beneficiario.

93. En este caso, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, no expuso
argumento alguno, del cual se pudiera inferir que el señor Orlando Antonio
Pomares actuó de mala fe para obtener el reconocimiento y pago de su
pensión, y menos aún, que la demandada, en su calidad de cónyuge
supérstite, hubiere incurrido en dicha conducta que, por demás, tampoco está
acreditada.

94. En consideración a lo expuesto, resulta improcedente la recuperación de
las sumas pagadas, en virtud del acto administrativo cuya nulidad será
decretada en este proveído.

95. Finalmente, la Sala no entrará a analizar el tercer problema jurídico
propuesto, dado que al anular el acto administrativo demandado, no resulta
necesario realizar el análisis del asunto planteado.

2.4. Condena en costas

96. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos establecidos por el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en

33
Sentencia del 1 de septiembre de 2014. Expediente 31301203 CP Gustavo Eduardo Gomez Aranguren

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Número Interno: 1075-2025
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP
Demandado: Martha Ignacia Heilbron Lastra

nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2024, por
medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Magdalena, negó las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución 141298 del 27 de
noviembre de 1991, mediante la cual se reconoció y liquidó la pensión de
jubilación del señor Orlando Antonio Pomares.

TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO. Sin condena en costas en ambas instancias.

QUINTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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