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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00998-03

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00998-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 25 En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 26 Número Interno: 1183-2026 Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales (UGPP) Demandado: Nemesio Castillo Hurtado PRIMERO: CONFIRMAR integralmente sentencia de Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Salvamento de voto Aclaración de voto Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. 27

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-00998-03

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 76001-23-33-000-2020-00998-03 (01183-2026)1
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de
Contribuciones Parafiscales (UGPP)
Demandado : Nemesio Castillo Hurtado
Acción : Nulidad y restablecimiento del derecho-lesividad-
Tema : Reconocimiento pensión de jubilación convencional
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y
demandante (apelación adhesiva) contra la sentencia de Veintinueve (29) de enero
de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que declaró la nulidad de los actos que reconocieron una pensión de
jubilación convencional al señor Nemesio Castillo Hurtado y el pago de un
retroactivo pensional, sin condenar en costas.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda2

1.1.1 Pretensiones

1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por intermedio de apoderado judicial,

1
Expediente electrónico
2
Samai del tribunal de origen, índice 2 y 37

Número Interno: 1183-2026
Demandante: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales (UGPP)
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA,
(lesividad), para solicitar la nulidad de los siguientes actos: i) Resolución No. 613
del Quince (15) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), por medio de
la cual se reconoció una pensión convencional en favor señor Nemesio Castillo
Hurtado y, ii) Resolución No. 2921 del Veintiuno (21) de octubre de Mil Novecientos
Noventa y Ocho (1998), por medio de la cual, se pagaron unas mesadas atrasadas
en cumplimiento de la Conciliación N°186 del 11 de agosto de 1998.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió (i) se declare que el señor Castillo
Hurtado no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión
convencional, en aplicación de las disposiciones de la Convención Colectiva de
Trabajo 1991 - 1993 para puertos de Colombia, ni ninguna otra prestación de
jubilación legal, por no cumplir con el mínimo de requisitos para acceder a tal
reconocimiento, (ii) el reintegro a favor de la parte actora todas las sumas de dinero
pagadas en exceso debidamente indexado y, (iii) condenar en costas al demandado

1.1.2 Hechos y omisiones

3. Se indica en la demanda, que el señor Nemesio Castillo Hurtado nació el 25 de
septiembre de 1933, trabajó en la Corporación Autónoma Regional del Cauca,
desde el Veinticinco (25) de mayo de mil Novecientos Setenta (1970) hasta el
Diecinueve (19) de agosto de Mil Novecientos Setenta y Tres (1973) y, en Puerto
de Colombia Terminal Marítimo de Buenaventura, desde el Trece (13) de junio de
Mil Novecientos Setenta y Siete (1977) hasta el Treinta y uno (31) de diciembre de
Mil Novecientos Noventa y Tres (1993).

4. Que, el último cargo desempeñado por el accionado fue como director de
dragados en el Terminal Marítimo de Buenaventura, el cual se dio por terminado
con justa causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 035
de 1992, a partir del Treinta y uno (31) de diciembre de Mil Novecientos noventa y
Tres (1993), según lo indicado en la Resolución 007697 de Dieciséis (16) de
diciembre de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), que se aduce da cumplimiento
a la Resolución 1078 (sin fecha).

2

Número Interno: 1183-2026
Demandante: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales (UGPP)
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

5. En ese orden, mediante Resolución 08286 del Treinta (30) de diciembre de Mil
Novecientos Noventa y tres (1993), el Ministerio de Transportes Fondo del Pasivo
Social de la Empresa Puertos de Colombia, reconoció unas prestaciones sociales a
favor del señor Nemesio Castillo Hurtado, en cuantía de Ciento sesenta y tres mil
cuatrocientos tres pesos con cero centavos $163.403.00; posteriormente, a través
de la Resolución No. 613 de Quince (15) de mayo de Mil Novecientos Noventa y
Siete (1997), le reconoció al demandado una pensión de jubilación en cuantía de
cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos treinta y nueve pesos ($452.339), de
conformidad con lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo Vigente para
los años 1991-1993 para Puertos de Colombia Terminal Marítimo de Buenaventura,

6. Mediante, Conciliación No. 186 de Once (11) de agosto de Mil Novecientos
noventa y ocho (1998), se acordó el pago de Sesenta y siete millones quinientos
noventa y cuatro mil ochenta y ocho pesos, producto del 100% de mesadas
indexadas atrasadas, el 100% de prestaciones sociales, el 75% de Moratorios y el
75% de intereses moratorios y con base en aquella el Ministerio de Transportes
Fondo del Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, profirió la Resolución
No. 2921 de Veintiuno (21) de octubre de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998),
mediante la cual ordena el pago a favor del señor Nemesio Castillo Hurtado la suma
acordada en la referida conciliación.

7. Que, a través del auto No. 01256 del Veintinueve (29) de septiembre de Dos mil
Nueve (2009), el Ministerio de Protección Social Grupo Interno de Trabajo Para la
Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, ordenó la actuación
administrativa de revisión integral de la pensión de jubilación reconocida al señor
Nemesio Castillo Hurtado.

8. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, ordenó la suspensión de los efectos
jurídicos de los actos administrativos que se derivaron de varias conciliaciones de la
empresa de la Empresa Puertos de Colombia, por ello, en cumplimiento de lo
dispuesto en el proceso penal, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) profirió la
Resolución RDP 021117 del Veintiséis (26) de mayo de Dos mil Quince (2015)
suspendió la pensión de vejez reconocida al señor Nemesio Castillo Hurtado, pese
a que su conciliación no estuvo cobijada por la medida de la Fiscalía, empero la

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Número Interno: 1183-2026
Demandante: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales (UGPP)
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

UGPP, consideró dicho reconocimiento «si tuvo incidencia en nómina de pensionados»

9. Por último, se indica que el interesado en la actualidad se encuentra excluido de
la nómina de pensionados en virtud de una orden judicial.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación

10. La parte actora invocó como normas violadas los artículos 4, 48, 150 numeral
19 literal e y f de la Constitución Política, Acto Legislativo No. 01 de 2005, Ley 4 de
1992, Ley 33 de 1985 artículo 1, Ley 62 de 1985 artículo 1, Decreto 1848 de 1969
artículo 75, Decreto 1050 de 1968 artículo 26, y demás normas concordantes.

11. Sostuvo en síntesis que, los actos administrativos demandados vulneran el
principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, al efectuarse un
reconocimiento pensional en contravía del ordenamiento jurídico, toda vez que, la
competencia para ello no recaía en el gerente general de la Empresa Puertos de
Colombia.

12. En este contexto, se sostiene que el reconocimiento de una pensión de carácter
convencional a favor de servidores que ostentaban la calidad de empleados
públicos vulneró lo dispuesto en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Constitución Política, que atribuye de manera exclusiva al Congreso de la República
la facultad de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

13. En tal sentido, el señor Nemesio Castillo Hurtado, quien desempeñó como último
cargo el de director de dragados, esto es, un empleo público conforme al Acuerdo
016 del 9 de octubre de 1990, aprobado por el Decreto 287 de 28 de enero de 1991,
no podía ser beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo del Terminal
Marítimo de Buenaventura 1991–1993, ni, en consecuencia, titular de una pensión
de jubilación convencional.

14. En tal caso, los actos administrativos que reconocieron dicha prestación resultan
contrarios a la Constitución y la ley, pues, la pensión debió analizarse bajo el
régimen de la Ley 33 de 1985, atendiendo su condición de empleado público;
además de ello, el demandado no cumple los requisitos exigidos, dado que al
momento de su retiro acreditaba únicamente 19 años, 9 meses y 14 días de servicio

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Número Interno: 1183-2026
Demandante: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales (UGPP)
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

al Estado, tiempo insuficiente para acceder a la prestación reclamada.

1.2 Contestación de la demanda3

15. El demandado sostiene que, los actos administrativos que reconocieron su
pensión fueron expedidos conforme a derecho, en ejercicio de las facultades legales
y reglamentarias del director general del liquidado Fondo de Pasivo Social de
Puertos de Colombia, y niega haber actuado de mala fe al obtener y percibir la
prestación.

16. Acepta los hechos relativos a su nacimiento, vinculación y último cargo, pero
afirma que, en su calidad de director de dragados, era trabajador oficial y no,
empleado público, por no estar dicho cargo comprendido en el estatuto de la
empresa ni en las exclusiones del parágrafo 2 del artículo 2 de la convención
colectiva 1991–1993. Indica además que, decisiones judiciales posteriores dejaron
sin efectos actos que reclasificaban como empleados públicos a extrabajadores y
ordenaron revisiones individualizadas por parte de la UGPP.

17. Aduce que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, lo excluyó
irregularmente de la nómina de pensionados desde octubre de 2016, sin vinculación
a proceso penal alguno, vulnerando su debido proceso, y que la suspensión de su
mesada carece de sustento en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, al tratarse de
una controversia interpretativa y no de obtención fraudulenta del derecho.

18. Formuló excepciones previas4 y, de mérito que denominó, «aplicación de los
principios constitucionales de in dubio pro operario (sic) y de favorabilidad a favor de la parte
demandada» y, «desconocimiento por la accionante del derecho fundamental de buena fe que le
asiste a la parte demandada.»

1.3 Sentencia de primera instancia5

19. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Veintinueve (29) de enero de
Dos Mil Veintiséis (2026), resolvió:

3
Ib., archivo: 19.
4
Declaradas no probadas mediante auto 503 del 17 de octubre de 2023
5
Samai del tribunal de origen, índice 24.

5

Número Interno: 1183-2026
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Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

«PRIMERO: ANULAR la Resolución Nro. 613 del 15 de mayo de 1997 que reconoció y ordenó
el pago de la pensión convencional al señor Nemesio Castillo Hurtado.

SEGUNDO: ANULAR la Resolución Nro. 2921 del 21 de octubre de 1998 que reconoció y
ordenó el pago de unas mesadas atrasadas.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas.»

20. Como sustento de su decisión el Tribunal indicó que, de la Certificación
Electrónica de Tiempos Laborados expedida por la Oficina de Bonos Pensionales
del Ministerio de Hacienda demuestra que el señor Nemesio Castillo Hurtado ejerció
como trabajador oficial y empleado público en la Empresa Puertos de Colombia; sin
embargo, de dicha certificación se pudo constatar el tiempo laborado por el
demandado como empleado público en el cargo de director de dragado no cuenta
para la pensión convencional, (cinco años, un mes y diecinueve días). Además, es
un cargo que la Convención excluyó expresamente del beneficio pensional por ser
director de área. En cambio, el tiempo como trabajador oficial en el cargo de jefe
sección de operadores, (tres años, cuatro meses y veintitrés días), resultaba válido
para la pensión convencional.

21. No obstante, el señor Nemesio Castillo Hurtado no cumplió el tiempo mínimo de
servicio como trabajador oficial, por ende, no era derechoso del beneficio
convencional, que exige quince (15) años como trabajador oficial, al menos diez en
la Empresa Puertos de Colombia; sin embargo, como trabajador oficial el señor
Nemesio Castillo Hurtado no completó ese tiempo de servicio en la Empresa
Puertos de Colombia.

22. En ese sentido accedió parcialmente a las pretensiones del libelo; empero,
denegó la solicitud de devolución de las mesadas pensionales por considerar que,
no se demostró la mala fe por parte del beneficiario.

1.3 Recurso de apelación6

23. La parte demandada interpuso recurso de apelación, por considerar que, la
disposición convencional aplicada al reconocimiento y pago de la pensión

6
Ib. índice 158

6

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Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales (UGPP)
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

proporcional de jubilación del demandado, se fundamenta en lo establecido
expresamente en la «COLUMNA TERCERA DE LA TABLA del inciso 2º del artículo 151 de la
Convención Colectiva de Trabajo vigente para los años de 1.991 a 1.993» , teniendo como

requisito el tiempo laborado con el Estado Colombiano y con la liquidada empresa
industrial y comercial del estado, de la siguiente forma:

24. Que, la pensión reconocida tiene fundamento en las normas de la convención,
concretamente en el parágrafo 4° del artículo 151, «La Empresa Puertos de Colombia en
liquidación, o la entidad que asuma su pasivo social, tendrá derecho a repetir contra las respectivas
entidades el cobro de las cuotas partes pensionales que se deriven del reconocimiento de estas
pensiones, la cual responderá por las pensiones ordinarias, de jubilación e invalidez que se vienen
pagando en la actualidad» y, el parágrafo 4° ibidem, « El tiempo laborado en Colpuertos se
acumulará al laborado o que se labore en otras entidades del sector público, para efectos
reconocimiento de una pensión oficial.»

25. Con base en lo anterior, en el recurso se afirma que el demandado acredita su
derecho al pago de su pensión proporcional de jubilación, porque laboró más de «07
años con la Gobernación del Valle del Cauca y más de 08 años, con la liquidada Empresa portuaria,
que fue su último patrono, reuniendo los requisitos establecidos taxativamente en la columna tercera
de la tabla del inciso 2º del artículo 151 del citado compendio convencional.»

26. Alega además que, el Tribunal, al sustentar su fallo, desconoció lo dispuesto en
el Acuerdo 016 de 9 de octubre de 1990, aprobado por el Decreto 287 de 28 de
enero de 1991, el cual determina de manera expresa los cargos catalogados como
empleados públicos, sin incluir el cargo de director de dragados. En tal virtud, se
reprocha que, sin fundamento jurídico, el A-quo concluyera que, el demandado no
ostentó la calidad de trabajador oficial y que su cargo se encontraba excluido del
beneficio pensional convencional por ser director de área, incurriendo en una

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Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

indebida extensión interpretativa.

27. En efecto, no puede equipararse la calidad genérica de director de área con el
cargo específico de director de dragados, el cual no se encuentra previsto ni en las
exclusiones del parágrafo 2 del artículo 2 de la convención colectiva, ni en las
disposiciones que lo clasifican como empleo público. En consecuencia, la decisión
impugnada configura un defecto sustantivo por indebida interpretación y aplicación
de las normas pertinentes, al desnaturalizar la naturaleza jurídica del cargo y excluir,
sin soporte normativo, el acceso al beneficio pensional convencional.

28. Reprocha igualmente que, en el fallo de instancia, se omitiera considerar la
forma de vinculación inicial del demandado a la liquidada Empresa Portuaria, la cual
se dio mediante contrato de trabajo a término indefinido en el cargo de mecánico,
condición propia de trabajador oficial, posteriormente trasladado al cargo de director
de dragados, sin que ello implicara la mutación de su naturaleza jurídica a empleado
público.

29. Que la exclusión del demandado de la nómina de pensionados obedeció al
cumplimiento de una medida judicial provisional proferida por la Fiscalía 22
delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que suspendió los efectos jurídicos y
económicos de la Resolución 0613 de 1997, acto actualmente demandado. No
obstante, aduce que dicha medida vulneró el debido proceso, máxime cuando,
mediante sentencia 007 del 18 de septiembre de 2019, proferida por el Juzgado 16
Penal del Circuito de Bogotá dentro del proceso seguido contra el exdirector del
Fondo, Manuel Heriberto Zabaleta Rodríguez, se concluyó que las resoluciones
cuestionadas no adolecían de vicio de ilegalidad y que la conducta investigada era
atípica, absolviéndose al encausado; decisión que constituye prueba de la legalidad
del reconocimiento pensional del señor Castillo Hurtado, aspecto omitido por el
Tribunal al proferir la sentencia de instancia.

30. Colofón, reitera la solicitud de declaratoria oficiosa de la caducidad de la acción
contencioso-administrativa, conforme al artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, «la cual
fue indebidamente desestimada por el Tribunal» y, solicita su reconsideración al
momento de resolver el recurso de apelación.

31. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de

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Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

Contribuciones Parafiscales (UGPP) controvierte la decisión de primera instancia
respecto de la negativa de la restitución de las mesadas pensionales percibidas por
Nemesio Castillo Hurtado, para efecto el recurrente sostiene que en el expediente
no existen elementos que permitan presumir la buena fe del demandado, contrario
sensu reposa en el cartular el certificado del FOPEP con el cual se acredita las
sumas en exceso que recibió el demandado y que causaron un detrimento
patrimonial en la Entidad y un enriquecimiento sin causa a favor del beneficiario.

32. También enerva el fallo primigenio por negar la condena en costas a la parte
vencida, bajo el criterio que, la tesis según la cual en los procesos de lesividad no
procede dicha condena ha sido modificada por la jurisprudencia del Consejo de
Estado7, razón por la cual considera que, al haber prosperado la acción respecto de
la nulidad de los actos demandados, procedía imponer costas y agencias en
derecho al demandado.

1.4 Trámite de segunda instancia

33. Por medio de auto del Primero (1) de junio de dos mil veintiséis (2026) 8 , el
consejero ponente admitió el recurso de apelación de la parte actora conforme a lo
previsto en el artículo 247 del CPACA; posteriormente, mediante auto del once (11)
de junio de dos mil veintiséis (2026)9 se admitió la apelación adhesiva a de la entidad
demandada; seguidamente el proceso ingresó al Despacho para fallo10.

1.5. Concepto del Ministerio Público.

34. En su concepto, el Agente del Ministerio Público, indicó que la sentencia debe
ser revocada, por cuanto, «Las conclusiones de la primera instancia son entonces insuficientes,
en lo sustancial y por ese conducto correctas desde nuestro ángulo de análisis, por lo cual hay lugar
a revocar la providencia impugnada por no encontrarse ajustada a derecho en lo material y respeto
de los derechos adquiridos en su oportunidad y con los elementos normativos y jurisprudenciales
aplicables»

II. CONSIDERACIONES

7
«Sentencia del 7 de abril de 2016 del Honorable Consejo de Estado Sección Segunda, radicado interno número 1291 de
2014, Consejero Ponente: William Hernández Gómez»
8
Samai - índice 4.
9
Samai - índice 11.
10
Samai - índice 18

9

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Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales (UGPP)
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

2.1. Cuestiones previas

2.1.1. Competencia de esta jurisdicción, caducidad de la acción y de la medida
cautelar.

35. De entrada conviene señalar que, estos aspectos ya quedaron zanjados en la
sentencia proferida por esta Sala el Seis (06) de junio de Dos Mil Veinticinco (2025)11,
donde se estableció que el señor Nemesio Castillo Hurtado, conforme a la certificación
electrónica de tiempos laborados CETIL expedida el Once (11) de junio de Dos mil
Veinticuatro (2024), ostentó la calidad de empleado público durante el periodo
comprendido entre el Once (11) de noviembre de Mil Novecientos Ochenta y Ocho
(1988) y el Treinta (30) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), al
desempeñarse en el cargo de director de dragados en la Empresa Puertos de
Colombia.

36. En relación con la caducidad de la acción, la Sala señaló en dicha providencia, lo
siguiente:

[…

«Por tanto, se concluye que el término de caducidad establecido por la Ley 2381 de 2024 solo
resulta oponible respecto de las demandas formuladas después de su promulgación, pues
conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, no resulta viable superponer a los procesos en
curso un término que no existía en el momento en que fueron iniciados. Dicha conclusión,
además, se acompasa con los principios de confianza legítima y legalidad y el derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

En consecuencia, comoquiera que el artículo 187 del CPACA prevé que en «[…] la sentencia se
decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada» y que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 plantea la eventual configuración de la
caducidad de la acción en procesos como el que nos ocupa, la Subsección considera pertinente
inaplicar, para este caso concreto, la acotada modificación procesal, tal como será dispuesto en
la parte resolutiva de este fallo.

Lo anterior, se insiste, como medida de satisfacción y garantía de los principios y prerrogativas
constitucionales que rigen los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial
efectiva.

En ese orden de ideas, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
el 16 de octubre de 2024, que declaró probada la caducidad de la acción dando aplicación a lo
dispuesto en la citada Ley 2381 de 2024.

En este punto debe precisarse que si bien, en casos como el que nos ocupa, lo propio sería que
se emitiera una decisión de fondo de segunda instancia, se considera que aquello no es posible
en aras de garantizar los principios de acceso material a la administración de justicia, doble
instancia y debido proceso, como se pasa a exponer:

11
Rad. 76001-23-33-000-2020-00998-02 (0063-2025)

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Número Interno: 1183-2026
Demandante: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales (UGPP)
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

Tanto en la demanda como en su contestación las partes expusieron los argumentos de defensa
en aras que salieran avante sus pretensiones, por la parte actora que se declarara la nulidad de
los actos demandados que reconocieron una pensión de jubilación convencional al señor
Nemesio Castillo Hurtado y el pago de un retroactivo pensional; por parte del demandado que se
deniegue tal solicitud y pueda continuar gozando de su pensión, alegando que aquella fue
obtenida dentro del marco legal que rige la materia.

El análisis de tales pretensiones no se surtió por parte del tribunal dado su decisión de dar
aplicación a las disposiciones del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y, en consecuencia, declarar
probada la excepción de caducidad.

Ante ello, en aplicación de los principios de acceso material a la administración de justicia, doble
instancia y debido proceso, estima la Sala necesario que el expediente retorne a la referida
autoridad, a fin que se analicen de fondo los argumentos de expuestos por las partes, así como
sus pretensiones y excepciones propuestas; lo anterior, dado que de emitir un pronunciamiento
de fondo por parte esta instancia solo se podría analizar los argumentos expuestos por el
recurrente – en aplicación a lo dispuesto en el artículo del 328 CGP-, lo cual conllevaría a no tener
en cuenta los argumentos de la parte pasiva -no recurrente-, lesionado con ello su derecho de
defensa; cuando lo pertinente es que se haga por parte de la autoridad judicial un análisis integral
de todo lo expuesto por los sujetos procesales.
[…]

37. Por auto del veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintidós (2022)12, el Tribunal
negó la medida cautelar solicitada por la parte demandante, consistente en la
suspensión provisional de los actos administrativos demandados, y como
restablecimiento, el pago de las mesadas recibidas por el demandado, conclusión a la
que arribó luego de considerar que «las pruebas obrantes a la fecha son insuficientes para
determinar la apariencia de buen derecho de la demanda, es necesario agotar el debate probatorio para
definir la procedencia de las pretensiones»

38. Así las cosas, ante la inexistencia de algún vicio procesal que invalide la actuación,
se procederá a la fijación de los problemas jurídicos a dilucidar.

2.2 . Problema jurídico.

39. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

i)¿El cargo que ostentó el demandado de jefe de dragados en la empresa Puertos
de Colombia, tiene la calidad de empleado público o trabajador oficial?

ii) ¿ Ante la existencia de un solo vínculo laboral en el tiempo, se debe entender, la
no mutación de la naturaleza del cargo que ostentó el demandado?

12
Samai del tribunal de origen, índice 26.

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Número Interno: 1183-2026
Demandante: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales (UGPP)
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

(iii) ¿Se debe revocar la sentencia de primera instancia, y en su lugar, mantener la
validez del reconocimiento de la pensión proporcional de jubilación reconocida al
demandado en aplicación de normas convencionales de la Empresa Puertos de
Colombia (liquidada)?

(iv) ¿ La absolución del exdirector de FONCOLPUERTOS en el proceso penal
constituye una prueba de legalidad de las actuaciones demandadas?

(v) Procese la devolución de mesadas pensionales recibidas por el demandado y se
le debe condenar en costas?

40. Con el fin de resolver el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
(2.2.1) Marco normativo y jurisprudencial; (2.2.2.) hechos probados; y (iii) caso
concreto.

2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial

2.2.2. Naturaleza jurídica de Puertos de Colombia.

41. De conformidad con la Ley 154 de 24 de diciembre 1959, por la cual se creó la
Empresa Puertos de Colombia, en su artículo 1º, se dijo que se creaba con el
siguiente objeto:

«Artículo 1o Con el objeto principal de organizar y administrar los terminales y puertos
nacionales, créase la persona jurídica denominada "Puertos de Colombia", como entidad
autónoma, con patrimonio y organización propios».

42. Como se observa, el objeto de la creación de la empresa Puerto de Colombia
se circunscribió a la organización y administración de los terminales marítimos, y
para el efecto tenía autonomía, patrimonio y organización propia.

43. En lo relacionado con el patrimonio de la entidad, el artículo 2º de la misma
normativa dispuso lo siguiente:

«Artículo 2o. El patrimonio de la empresa Puertos de Colombia, estará integrado por todos
los bienes, derechos, instalaciones, servicios y capital de trabajo de los puertos y terminales
marítimos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Tumaco, y
de los demás puertos marítimos y fluviales que en el futuro sean incorporados por el
Gobierno a la empresa».

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44. Posteriormente, mediante el Decreto 1174 de 14 mayo de 1980, se reestructuró
la empresa Puertos de Colombia, y frente al tema de sus empleados, en el artículo
23 dijo lo siguiente:

« ARTÍCULO 23. Las personas que presten servicio a Puertos de Colombia son trabajadores
oficiales. Sin embargo, en los estatutos de la entidad, se determinará que cargos deben ser
desempeñados por empleados públicos» (Se subrayó).

45. Como se observa de la lectura de la disposición, en ella se precisó que las
personas que presten sus servicios en dicha empresa son trabajadores oficiales y
en los estatutos de la entidad, se determinará qué cargos serían desempeñados por
empleados públicos.

46. Ahora, en los estatutos de la entidad, los cuales se adoptaron mediante el
Decreto 2465 de 10 de septiembre de 1981, en el artículo 38, se dijo:

«Artículo 38. Las personas que presten sus servicios a Puertos de Colombia son
trabajadores oficiales, a excepción de los subgerentes, los Jefes de Oficina el Secretario
General y el Asistente de Gerencia General de la oficina principal, así como los gerentes de
los terminales, quienes son empleados públicos» (Se subrayó).

47. Posteriormente, por medio del Decreto No. 287 de 28 de enero de 1991, por el
que se aprobaron los estatutos de Puertos de Colombia, los que se acogieron
mediante el Acuerdo No 016 de 1990, en el artículo 1º, se señaló lo siguiente:

«ARTÍCULO 1o. El artículo 38 del Acuerdo número 857 de 1981, aprobado por Decreto
número 2465 de 1981, quedará así:

«Artículo 38. Las personas que trabajan al servicio de la Empresa con las excepciones que a
continuación se precisan son trabajadores oficiales vinculadas a ellas por contrato de trabajo.
Son empleados públicos de libre nombramiento y remoción, además del Gerente General, las
personas que desempeñan los siguientes cargos:

b) En los Terminales Marítimos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Santa Marta,
Tumaco. Gerentes, Directores, Jefes de Oficina, Secretarios Generales -Terminales-, Jefes de
Departamento, Jefes Administrativos de Servicios Médicos, Jefes de Sección III de Registro y
Control de Personal, Jefes de Sección III de Caja, Jefes de Sección III de Cobranzas, Jefes
de Sección III de Facturación, Jefes de Sección III de Control Entrada y Salida, Médicos,
Odontólogos, Abogados, Ingenieros, Supervisores Administrativos Laborales, Almacenistas.
Pilotos Prácticos, Jefe de Sección Administrativa (Terminal Marítimo de Tumaco), Jefe de
Sección de Operaciones y Mantenimiento (Terminal Marítimo de Tumaco), Capitán, Draga
Colombia (Terminal Marítimo de Barranquilla), Jefe de Ingenieros Draga Colombia (Terminal
Marítimo de Barranquilla), Primer Ingeniero - Draga Colombia (Terminal Marítimo de
Barranquilla), Primer Oficial - Draga Colombia (Terminal Marítimo de Barranquilla).»

48. De lo anterior, se puede concluir que la Empresa Puertos de Colombia, se creó
mediante la Ley 154 de 1959, como un establecimiento público con personería

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jurídica, autonomía patrimonial y organización propia; y que tuvo por objeto principal
la organización de los terminales y puertos nacionales.

2.2.3. Régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores
oficiales

49. El decreto 3135 de 26 de diciembre de 1968, a través del cual se integró la
seguridad social entre el sector público y el privado; y, además, se reguló el régimen
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales, en cuyo artículo 5º
se ocupó de precisar quiénes son trabajadores oficiales y quiénes empleados
públicos

«Artículo 5º Empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que prestan sus
servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y
establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la
construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.

Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del
Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán
que actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan
la calidad de empleados públicos» (Se subrayó).

50. Se establece en esta disposición una clara distinción o diferencia entre quienes
son empleados públicos y los que son trabajadores oficiales; en el primer grupo, se
encuentran las personas que prestan sus servicios en los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos; en
el segundo grupo, quedan comprendidos las personas que prestan sus servicios en
las empresas industriales y comerciales del Estado, lo mismo que aquellos
trabajadores que se ocupan en la construcción y sostenimiento de las obras
públicas.

2.2.4. Extensión de los efectos de la convención colectiva a los empleados
públicos.

51. Es claro para la Sala, que la convención colectiva consagra derechos para los
trabajadores oficiales y del sector privado; sin embargo, los derechos que allí se
reconocen no aplican para los empleados públicos, pues éstos, no tienen la
posibilidad de presentar pliego de peticiones y menos celebrar convenciones
colectivas; pero sí pueden presentar peticiones respetuosas relacionadas con sus

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aspiraciones salariales, las cuales serán decididas y resueltas por el jefe de la
entidad con fundamento en la Constitución y la ley.

52. Sobre el mismo asunto relacionado con la aplicación de los beneficios
convencionales a los empleados públicos, la Sala de Consulta del Consejo de
Estado13, consideró que las convenciones colectivas que extienden beneficios a
empleados públicos son inaplicables por contrariar los artículos 150, numeral 19,
literal e y 189, numeral 14 de la Constitución, así que debe acatarse el precepto
contenido en el artículo 4 de la Carta Política; en dicha oportunidad reconoció que:

[…]

La Sala responde:

1. 1. No se ajusta a la Constitución, a los convenios de la OIT ni a la ley, acordar en las
convenciones colectivas de trabajo celebradas por universidades oficiales del orden nacional,
o disponer en actos administrativos que los beneficios acordados en las convenciones
colectivas de trabajo, tales como primas extralegales, bonificaciones y auxilios, se extiendan
a los empleados públicos, administrativos, sindicalizados, porque la competencia para fijar el
régimen salarial, prestacional, de dotaciones y emolumentos de tales servidores, corresponde
al legislador y al Gobierno Nacional.

2. Como tales acuerdos o convenios son contrarios al ordenamiento constitucional, deben
inaplicarse con fundamento en la supremacía del Estatuto Superior, que ordena en caso de
incompatibilidad entre la Constitución u otra norma jurídica, aplicar las disposiciones
constitucionales (art. 4º de la C.P.). En los casos en los cuales se dicte acto administrativo
general que incorpore los beneficios de la convención, bien sea porque en ella así esté previsto
o en los casos donde la administración los otorgue en forma directa y unilateral, procede la
inaplicación de tales actos, sin perjuicio de las acciones contencioso administrativas
pertinentes, contra los actos creadores de situaciones jurídicas concretas, salvo que el
particular consienta en su revocatoria conforme a los artículos 73 y 74 del C.C.A. La
inaplicación se entiende que produce efectos hacia el futuro.

3. La inaplicación de los acuerdos o convenios mediante los cuales se extendieron a
empleados públicos sindicalizados beneficios extralegales como bonificaciones y auxilios, da
lugar a que los ordenadores del gasto se abstengan de efectuar dichos pagos.

4. El artículo 416 del C.S.T. si bien prohíbe la negociación colectiva a los empleados públicos
y se encuentra vigente, el convenio 151 de la OIT aprobado por la ley 411 de 1.997 implica
"estimular el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación, entre las
autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos de las
condiciones de empleo", mediante eventuales mecanismos de concertación, sin perjuicio de
la facultad de las autoridades para expedir unilateralmente los actos jurídicos que fijan las
funciones y emolumentos de los empleados públicos. 5. El convenio 151 de la OIT hace parte
de nuestra legislación interna desde la ratificación del convenio, conforme a lo dispuesto por
el artículo 53 superior; los efectos y alcance del mismo en el régimen de administración
pública, están determinados en la respuesta anterior.

[…]

13
Concepto radicado con el No 1355 del 10 de junio de 2001. Sala de Consulta y servicio Civil del Consejo de Estado. C.P.
Dr. Luís Camilo Osorio Isaza.

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2.2.2 Acervo probatorio14

53. Al expediente, se allegaron los siguientes medios de convicción:

54. Resolución No. 613 del 15 de mayo de 1997, expedida por el director general
de Foncolpuertos, por la cual se reconoce pensión de jubilación y se pagan
mesadas atrasadas al señor Nemesio Castillo Hurtado, señalando en su parte
considerativa:

55. Resolución No. 2921 del 21 de octubre de 1998, por medio de la cual, se
pagaron unas mesadas atrasadas a favor del demandado, en cumplimiento al acta
de conciliación N°186 del 11 de agosto de 1998 por valor de $67.594.088, junto con
el comprobante de nómina de mayo de 1997.

56. Resolución No. 000239 del 29 de septiembre de 2009 mediante la cual el Grupo
Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia ordena
adelantar actuación administrativa de revisión integral de la pensión del llamado a
juicio.

14
Samai del tribunal de origen, índice 02

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57. Resolución RDP 021117 del 26 de mayo de 2015, mediante la cual, se da
cumplimiento a una orden judicial y en consecuencia suspende los efectos jurídicos
económicos de la Resolución No. 613 del 15 de mayo de 1997; disponiendo:

58. Petición elevada ante la entidad demandada el 10 de julio de 2017, por parte del
señor Castillo Hurtado solicitando la inaplicación de la Resolución RDP 021117 del
26 de mayo de 2015, junto con la Resolución RDP 041902 del 7 de noviembre de
2017 mediante la cual se resuelve de forma negativa dicha solicitud, bajo el
siguiente tenor, «Es pertinente señalar que la resolución 021117 del 26 de mayo de 2015
mediante la cual se dio cumplimiento a la decisión de la UNIDAD DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - FISCALIA VEINTIDOS no se profirió por
arbitrio o voluntad de la administración sino en cumplimiento a una orden judicial la cual fue atendida
en virtud de lo preceptuado por el artículo 174 del Código Contencioso Administrativo en
concordancia con el 175 de la misma norma, el artículo 454 del Código Penal y los artículos 34 y 35
numeral primero respectivamente de la Ley 734 de 2002 que señalan la obligación del funcionario
público de dar cumplimiento a las providencias judiciales. […] Que conforme a lo anterior se
establece que la resolución RDP 021117 del 26 de mayo de 2015 comporta un acto administrativo
de ejecución contra el cual no procede la revocatoria directa o recurso alguno, tal como se indicara
en el artículo cuarto de dicha resolución»

59. Convención Colectiva suscrita entre el sindicato de trabajadores del Terminal
Marítimo de Buenaventura SINTEMAR y la empresa Puertos de Colombia en el año

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1991, junto con el acta de acuerdo complementaria de fecha 24 de abril de 1991 15,
convención que en parágrafo 2 del artículo 2 estableció:

60. Copia de la sentencia del 18 de septiembre de 2019 proferida por el Juzgado 16
Penal del Circuito de Bogotá, dentro del proceso adelantado en contra del señor
Manuel Heriberto Zabaleta Rodríguez, junto con la copia de la sentencia del 2 de
noviembre de 202216 expedida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, dentro del citado proceso, donde se resolvió:

61. En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia penal, la UGPP expidió la
Resolución RDP 009080 del 24 de abril de 2023, mediante la cual dispuso la
exclusión definitiva de los efectos de la Resolución RDP 21117 del 26 de mayo de
2015 respecto del demandado, retirándolo de la nómina en los términos allí
previstos. No obstante, ordenó su reincorporación a la nómina de pensionados con
el monto devengado con anterioridad a dicha resolución, con efectos a partir del 1
de septiembre de 2016, así como el reconocimiento y pago, por parte del Fondo de

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006UGPPAdjuntaDocumentoConvencionColectivaBuenaventura1991.pdf
16
Samai del tribunal de origen, índice 02-37

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Pensiones Públicas del Nivel Nacional, de las diferencias pensionales que resulten
a su favor

62. Certificación expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca (CVC) del10 de enero de 202417 en la cual manifiesta que revisados sus
sistemas de archivos de personal activo e inactivo no encontró registro alguno
donde se indique que el señor Nemesio Castillo Hurtado haya prestado sus servicios
a esa entidad ni como empleado público o trabajador oficial.

63. Certificación electrónica de tiempos laborados CETIL del demandado expedida
el 11 de junio de 2024 18 , mediante el cual, se certifica el tiempo de servicios
prestados a la empresa Puertos de Colombia por el aquí demandado así: (i) del 13
de junio de 1977 al 5 de noviembre de 1980, como trabajador oficial, en el cargo
de jefe de sección operaciones, y (ii) del 11 de noviembre de 1988 al 30 de
diciembre de 1993, como empleado público, en el cargo de director de dragados, y
se precisa que el último año lo laboró en la Terminal Marítima de Buenaventura; así
como el contrato de trabajo No. 007483 del 15 de junio de 1977 mediante el cual se
vinculó al demandado a la empresa Puertos de Colombia como jefe de sección de
equipo, precisándose que la relación laboral inició el 13 de junio de 1977.

64. En el mismo archivo encontramos la constancia de tiempo de servicio y salario
expedida por el departamento del Valle del Cauca el 27 de enero de 1994 donde se
indica que el señor Nemesio Castillo Hurtado se desempeñó como mecánico diésel

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Samai del tribunal de origen, índice 73
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Samai del tribunal de origen, índice 102

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en la Secretaría de Obras Públicas desde el 2 de febrero de 1981 hasta el 6 de
mayo de 1988, esto es, por 7 años, 2 meses y 5 días.

3. Análisis del caso concreto

65. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP, promueve medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad, con el fin de obtener la
anulación de los actos que reconocieron una pensión de jubilación convencional al
señor Nemesio Castillo Hurtado y, el pago de un retroactivo pensional.

66. Sustenta su pretensión en que, el demandado no cumplía los requisitos para
acceder a dicha prestación, por ostentar la calidad de empleado público, condición
que excluía la aplicación del régimen convencional previsto en la convención
colectiva de trabajo vigente para los años 1991–1993. Tesis que, acogió el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de Veintinueve (29) de enero de
Dos Mil Veintiséis (2026), objeto de apelación.

67. Por su parte, el recurrente sostiene que el señor Castillo Hurtado ostentaba la
calidad de trabajador oficial al servicio de la Empresa Puertos de Colombia, por
cuanto, el cargo de director de dragados no se encuentra expresamente clasificado
como empleo público dentro de los estatutos de la entidad, por consiguiente, no le
resultan aplicables las restricciones propias de los empleados públicos, y el hecho
del cambio del cargo inicial a director de dragado no implicaba la mutación de la
naturaleza del empleo, por el contrario, es beneficiario del régimen convencional,
cumpliendo los requisitos para acceder a la pensión proporcional de jubilación, que
exige quince (15) años de servicio como trabajador oficial, de los cuales al menos
diez (10) deben haber sido prestados a la Empresa Puertos de Colombia.

68. Pues bien, de las pruebas que militan en el expediente, la Sala encuentra
acreditado que, el señor Nemesio Castillo Hurtado se vinculó a la empresa Puertos
de Colombia-COLPUERTOS, el Trece (13) de junio de Mil Novecientos Setenta y
Siete (1977) al Cinco (5) de noviembre de Mil Novecientos Ochenta (1980), como
trabajador oficial, en el cargo de jefe de sección operaciones, y del Once (11)
de noviembre de Mil Novecientos Ochenta y Ocho (1988) al Treinta (30) de
diciembre de Mil Novecientos Noventa y tres (1993), como empleado público, en

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el cargo de director de dragados, el cual, estaba catalogado como un empleo
público, de conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva No. 016 de 1990,
aprobado por el Decreto No. 287 del Veintiocho (28) de enero de Mil Novecientos
(1991).

69. Cabe destacar que para el momento de retiro del señor Castillo Hurtado, esto
es, el Treinta (30) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993)19, estaba
vigente el Decreto 287 del Veintiocho (28) de enero de Mil Novecientos Noventa y
uno (1991), que fue expedido por la Junta Directiva Nacional del Fondo de Pasivo
Social de la empresa Puertos de Colombia-FONCOLPUERTOS, con fundamento
en la facultad prevista en el artículo 10.2 del Decreto 1174 de 1980, según la cual
podía «Con aprobación del Gobierno Nacional, adoptar los estatutos de la Empresa y cualquier
reforma que a ellos se introduzca».

70. Por lo tanto, aunque el demandado fungió como trabajador oficial del Trece (13)
de junio de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977) al Cinco (5) de noviembre de Mil
Novecientos Ochenta (1980), lo cierto es que del Once (11) de noviembre de Mil
Novecientos Ochenta y Ocho (1988) al Treinta (30) de diciembre de Mil Novecientos
Noventa y Tres (1993), se desempeñó como empleado público, siendo su último
cargo director de dragados.

71. En ese sentido, la Sala debe remitirse a la posición fijada en estos casos,
respecto de la clasificación de los cargos de la empresa Puertos de Colombia-
COLPUERTOS de conformidad con el Acuerdo 016 de 9 de octubre de 1990,
aprobado por el Decreto 287 de 28 de enero de 1991, a través de sus estatutos.

72. Así, en sentencia del 11 de mayo de 2020, la Sala indicó:

«Se concluye, entonces, y de acuerdo con la valoración de la prueba documental obrante en
el proceso, que la pensión de invalidez reconocida al señor Enrique Raúl Makacio Llanes, a
través de la Resolución No. 143897 de 2 de diciembre de 1991, tuvo como fundamento la
Convención Colectiva de los Trabajadores de la Empresa Puertos de Colombia que rigió para
los años 1991 a 1993; la cual no era aplicable al demandado toda vez que laboró como
médico de urgencias de la entidad, y que conforme al Acuerdo de la Junta Directiva No.
016 de 1990, el que fue aprobado mediante el Decreto 287 de 28 de enero de 1991, se
desempeñó como empleado público; y como se ha visto a lo largo de esta providencia, de
acuerdo con la ley y la jurisprudencia, los empleados públicos no son receptores ni pasibles
de que se les aplique las normas contempladas en las convenciones colectivas de trabajo, las

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Samai del tribunal de origen, índice 02. Anexos

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cuales están reservadas para los trabajadores oficiales” 20 (Destacado por fuera del texto
original).

73. En fallo del 31 de julio de 2020, siguiendo la misma línea, se señaló:

«Se advierte de la normativa citada en precedencia que (i) aunque el Decreto 2318 de 1988
no relacionó expresamente el cargo de secretario general como de empleado público, tampoco
podría ser considerado como de dirección o confianza, pues no obra prueba de la
«reestructuración de la planta de personal, o que sustituyan los que por [ese] Acuerdo se
precisan como tales o que amparados bajo la presente denominación y nomenclatura figuren
en la planta adicional de personal»; y (ii) el Decreto 287 de 1991 (con vigencia a partir del 28
de enero de 1991), no es aplicable a la situación pensional de la demandada porque fue
proferido con posterioridad a su estatus, su retiro definitivo del servicio y al reconocimiento de
su derecho pensional.

Al respecto, vale aclarar que, conforme a lo establecido en el artículo 10 (numeral 2) del
Decreto 1174 de 1980, por el cual se reestructura la Empresa Puertos de Colombia, era
función de la junta directiva nacional, «[c]on aprobación del Gobierno Nacional, adoptar los
estatutos de la Empresa y cualquier reforma que a ellos se introduzca», por tanto, los acuerdos
que ese ente expidiera no eran aplicables hasta cuando no fueran aprobados mediante
decreto presidencial y, como en el caso bajo examen este último se dio con posterioridad a
que se otorgara la pensión de la demandada, erró el Tribunal de primera instancia al estimar
que le era aplicable a la demandada el Acuerdo 16 de 9 de octubre de 1990.

En consideración a lo anterior, se concluye que, conforme a la normativa aplicable para el
momento en que se concedió la pensión de jubilación de la demandada, no se pudo desvirtuar
la calidad de trabajadora oficial que esta ostentó, por lo que lo procedente sería mantener
incólumes los actos demandados y no, como lo ordenó la sentencia objeto de alzada, reliquidar
la prestación “teniendo en cuenta el último año de servicio como trabajadora oficial, esto es,
hasta el 26 de septiembre de 1988”, fecha en la que la accionada asumió el cargo de secretaria
general»

74. Como se observa, en ambos casos21, la Sala valoró los estatutos del Fondo de
Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia-FONCOLPUERTOS para
determinar la naturaleza de los cargos ocupados, esto es, si se trataba de un
trabajador o empleado público, lo cual cobra mayor sustento al revisar el artículo 5
del Decreto Ley 3135 de 1968, que estableció el régimen laboral de las empresas
industriales y comerciales del Estado, cuando indica que «Las personas que prestan sus
servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin
embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán que actividades de dirección o confianza
deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos».

75. Ahora, es importante precisar que, en este caso, no resulta aplicable el artículo
146 de la Ley 100 de 1993, a diferencia de otros casos similares, en los cuales sí
se ha convalidado el reconocimiento pensional. Lo anterior, comoquiera que dicha

20
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 11 de mayo de 2020, rad. 47001-23-33-000-2015-00035-02 (5714-18),
CP Sandra Lisset Ibarra Vélez
21
Posición reiterada en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 25 de septiembre de 2025, rad.
47001-23-33-000-2020-00746-02 (3421-2023), CP Jorge Edison Portocarrero Banguera

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norma se refiere únicamente a situaciones jurídicas definidas con fundamento en
disposiciones municipales o departamentales:

«ARTÍCULO 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o
departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a
la presente Ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de
pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas
vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados,
continuarán vigentes.

También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes, con
anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años
siguientes los requisitos exigidos en dichas normas.

Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se
refiere este artículo.

Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente Ley.»

76. En este caso, como se explicó en líneas precedentes, la empresa de Puertos de
Colombia era una empresa industrial y comercial del Estado, del orden nacional
(Decreto 561 de 1975), naturaleza jurídica que se reiteró en el Decreto 2465 de
1981, a través del cual se aprobaron sus estatutos.

77. Frente a la interpretación de la norma transcrita, la Sala, en sentencia del 29 de
septiembre de 201122, reiterada en sentencia de 19 de febrero de 202623, señaló
categóricamente que la convalidación de reconocimientos pensionales extralegales
de orden territorial, consolidados antes de la expedición de la Ley 100 de 1993,
cobija los actos administrativos por medio de los cuales, se da aplicación a
convenciones colectivas. En este orden de ideas, la interpretación del precedente
judicial antes citado, en la materia, impide extender los efectos de dicha disposición
a las empresas industriales y comerciales del orden nacional.

78. Por lo anterior, es dable concluir que el señor Nemesio Castillo Hurtado, al
haberse desempeñado director de dragado en la empresa Puertos de Colombia-
COLPUERTOS, era un empleado público en los términos del literal b, artículo
segundo del Decreto 2318 de 1988, razón por la cual, no era beneficiario de una
convención colectiva y menos de una pensión reconocida con fundamento en ésta.

79. Sumado a ello, y de considerar un reconocimiento pensional bajo la égida de la

22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 29 de septiembre de 2011, rad. 08001- 23-31-000-2005-02866-03,
CP Víctor Hernando Alvarado Ardila.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19 de febrero de 2026, rad. 76001-23-31-000-2010-
01322-02 (58-12-2024), CP Jorge Edison Portocarrero Banguera

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Ley 33 de 1985, lo cierto es que el señor Nemesio Castillo Hurtado nació el
veinticinco (25) de septiembre de Mil Novecientos Treinta y Tres (1933) y prestó sus
servicios en la empresa de Puertos de Colombia-COLPUERTOS entre el Trece (13)
de junio de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977) y el Treinta (30) de diciembre de
Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), siendo su último cargo el de director de
dragado, también revela el expediente que el actor laboró en Secretaría de Obras
Públicas del Departamento del Valle del dos (2) de febrero de mil novecientos (1981)
al seis (6) de mayo de mil novecientos (1988), esto es, por 7 años, 2 meses y 5 días,
tiempos que al ser valorados en su conjunto, tampoco acreditarían los 20 años de
servicio exigidos por la ley.

80. En cuanto a la devolución de las sumas pagadas por concepto de la pensión
reconocida al demandado y condenarlo en costas, dirá la Sala lo siguiente.

81. Conforme al ordenamiento jurídico, la Administración está facultada para
demandar en cualquier tiempo los actos administrativos que reconozcan o nieguen
prestaciones periódicas, de conformidad con el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;
sin embargo, dicha potestad encuentra un límite expreso en la imposibilidad de
recuperar las sumas pagadas a particulares que hayan actuado de buena fe.

82. En ese contexto, corresponde a la entidad demandante desvirtuar la presunción
constitucional de buena fe que ampara las actuaciones de los particulares ante las
autoridades, acreditando de manera suficiente que el beneficiario de la prestación
obró con dolo, fraude o mediante maniobras engañosas encaminadas a inducir en
error a la Administración para obtener el reconocimiento prestacional.

83. En el asunto bajo examen, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y de Contribuciones Parafiscales la UGPP tenía la carga de demostrar
que el demandado actuó de forma desleal, deshonesta o fraudulenta al solicitar el
reconocimiento pensional. Sin embargo, no obra prueba que permita concluir que
este recurrió a documentos falsos, ocultó información relevante o desplegó
conductas engañosas orientadas a obtener indebidamente la prestación o a inducir
en error a las autoridades administrativas o judiciales.

84. Si bien se acreditó que, el señor Nemesio Castillo Hurtado no era beneficiario

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales (UGPP)
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

de una convención colectiva y menos de una pensión reconocida con fundamento
en ésta, este solo elemento no puede ser catalogado como constitutivo de mala fe,
ni constituye un comportamiento doloso, ni evidencia intención de defraudar al
Estado, máxime, cuando la entidad empleadora era la llamada a verificar el
cumplimiento de los requisitos legales y efectuar el correspondiente estudio
pensional.

85. En consecuencia, el eventual error en el reconocimiento de la prestación resulta
atribuible a la actuación de la Administración y no a una conducta fraudulenta del
beneficiario. Así las cosas, la sentencia apelada que accedió a la nulidad de los
actos demandados y negó la devolución de las sumas pagadas al demandado será
confirmada, al permanecer incólume la presunción constitucional de buena fe
prevista en el artículo 83 de la Constitución Política.

4. Condena en costas

86. Por último, frente a la solicitud de condenar en costas al demandado, no le asiste
razón a la entidad demandante, al sostener que, como el Tribunal
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, debió condenarse en
costas al Nemesio Castillo Hurtado, por haber sido la parte vencida.

87. El artículo 188 del CPACA establece que, «salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil» Asimismo, en virtud de la
modificación que introdujo el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 al precepto en cita,
se contempló que: «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal».

88. Esta Sala, en reciente sentencia del Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil
Veintiséis (2026)24, reiteró que, la palabra «disponer» a la que hace referencia la
norma en cita, no presupone la causación automática de costas contra la parte que
pierda el litigio. Además, en el evento en que haya lugar a su imposición, se acudirá
a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 28 de mayo
de 2026, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 73001-23-33-000-2021-00309-01 (0811-2024).

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Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

89. En dicho pronunciamiento, la Sala resaltó que, a diferencia de lo que acontece
en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-administrativo
elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la condena25. Esa ponderación
involucra, entre otros, el análisis de aspectos como la existencia o no de actuaciones
temerarias, desleales o dilatorias que impacten el curso normal del proceso.

90. En el sub judice, no se evidenció que el señor Nemesio Castillo Hurtado, en
calidad de parte vencida, haya actuado con temeridad o mala fe, sino que, por el
contrario, su actuación procesal devela simplemente la defensa de sus propios
intereses, razón por la cual, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011 y, en tal virtud, no se revocará la negativa a condenar
en costas en primera instancia, ni se impondrán en esta instancia.

91. Siendo así las cosas, la Sala confirmará integralmente sentencia de Veintinueve
(29) de enero de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. Conclusión

En el sub litem, el señor Nemesio Castillo Hurtado no acreditó los fundamentos
jurídicos para el reconocimiento de la pensión convencional reclamada, como
tampoco para un reconocimiento pensional bajo la égida de la Ley 33 de 1985. Por
otro lado, no se demostró la mala fe del demandado para el reconocimiento
pensional, por lo que, no procede la devolución de los valores recibidos ni la
imposición de condena en costas, al no configurarse los presupuestos axiológicos
para ello.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

25
En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de
diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

PRIMERO: CONFIRMAR integralmente sentencia de Veintinueve (29) de enero de
Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Salvamento de voto Aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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