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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00998-02

Fecha
6 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00998-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: INAPLICAR, para el caso concreto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, según lo considerado en precedencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 16 de octubre de 2024, proferida por 27 Numero interno: 0063-2025 Demandante: UGPP Demandado: Nemesio Castillo Hurtado el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró probada la excepción de caducidad conforme lo establecido en la Ley 2381 de 2024, y en su lugar, ORDENAR al citado tribunal que dicte sentencia de fondo en el presente asunto. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-00998-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., seis (06) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 76001-23-33-000-2020-00998-02 (0063-2025)1
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
de Contribuciones Parafiscales (UGPP)
Demandado : Nemesio Castillo Hurtado
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho - lesividad
Tema : Reconocimiento pensión de jubilación convencional
Decisión : Apelación de sentencia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 16 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que declaró probada la excepción de
caducidad conforme lo establecido en la Ley 2381 de 2024.

I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda2.

1.1.1. Pretensiones.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de los siguientes actos:

i) Resolución No. 613 del 15 de mayo de 1997, por medio de la cual se
reconoció una pensión convencional en favor señor Nemesio Castillo
Hurtado.
ii) Resolución No. 2921 del 21 de octubre de 1998, por medio de la cual se
pagaron unas mesadas atrasadas en cumplimiento al acta de
conciliación N°186 del 11 de agosto de 1998.

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Expediente electrónico.
2
Expediente electrónico – Gestión de otros despachos

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Numero interno: 0063-2025
Demandante: UGPP
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

1.1.2 A título de restablecimiento del derecho, se declare que el señor
Castillo hurtado no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión
convencional, en aplicación de las disposiciones de la Convención Colectiva
de Trabajo 1991 1993 para puertos de Colombia, ni ninguna otra prestación
de jubilación legal, por no cumplir con el mínimo de requisitos para acceder a
tal reconocimiento.

Solicitando además que se ordene al demandado a pagar o reintegrar a favor
de la parte actora todas las sumas de dinero pagadas en exceso. Así mismo,
reclama que lo adeudado sea actualizado conforme lo dispuesto en el artículo
187 del C.C.A. (sic)

1.1.3 Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

La entidad relató que, el señor Nemesio Castillo Hurtado nació el 25 de
septiembre de 1933 y prestó lo servicios al Estado así:

• En la Corporación Autónoma Regional del Cauca, desde el 25 de mayo
de 1970 hasta el 19 de agosto de 1973.
• Puerto de Colombia Terminal Marítimo de Buenaventura, desde el 13
de junio de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1993.

La UGPP precisó que, el último cargo desempeñado por el accionado fue
como director dragados en el Terminal Marítimo de Buenaventura, el cual se
dio por terminado con justa causa, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 15 del decreto 035 de 1992, a partir del 31 de diciembre de 1993,
según lo indicado en la Resolución 007697 de 16 de diciembre del 1993, que
se aduce da cumplimiento a la Resolución 1078 (sin fecha).

La demandante manifestó que, mediante la Resolución 08286 del 30 de
diciembre de 1993, el Ministerio de Transportes Fondo del Pasivo Social de la
Empresa Puertos de Colombia, reconoció unas prestaciones sociales a favor
del señor NEMESIO CASTILLO HURTADO, por la suma de $163.403.00
m/cte.; dicha entidad, posteriormente, a través de la Resolución No. 613 del

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Numero interno: 0063-2025
Demandante: UGPP
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

15 de mayo de 1997 le reconoció al llamado a juicio una pensión de jubilación
en cuantía de cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos treinta y nueve
pesos ($452.339), de conformidad con lo establecido en la Convención
Colectiva de Trabajo Vigente para los años 1991-1993 para Puertos de
Colombia Terminal Marítimo de Buenaventura.

Señala la parte actora que, fue suscrita el Acta de Conciliación No. 186 del 11
de agosto de 1998, donde las partes convinieron el pago de $67.594.088
M/CTE, producto del 100% de mesadas indexadas atrasadas, el 100% de
prestaciones sociales, el 75% de Moratorios y el 75% de intereses moratorios;
con base en aquella, se profirió la Resolución No. 2921 del 21 de octubre de
1998, mediante la cual el Ministerio de Transportes Fondo del Pasivo Social
de la Empresa Puertos de Colombia ordena y paga a favor del señor Nemesio
Castillo Hurtado la suma acordada en la referida acta de conciliación.

Sostiene la accionante que, el Ministerio de Protección Social Grupo Interno
de Trabajo Para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, ordenó
adelantar actuación administrativa de revisión integral de la pensión de
jubilación reconocida al señor Nemesio Castillo Hurtado a través del auto No.
01256 del 29 de septiembre de 2009.

Narra la demandante actuaciones seguidas en proceso penal en contra del
señor Manuel Heriberto Zabaleta Rodríguez, a quien se le acusó del delito de
peculado por apropiación en la modalidad de continuado al haber suscrito
diversas actas de conciliación; así como en contra del señor Casio Alberto
Mora García, acusado del delito de peculado por apropiación agravado
continuado; procesos en los cuales se ordenó por parte de la Fiscalía General
de la Nación la suspensión de los efectos jurídicos de los actos administrativos
que se derivaron de aquellas conciliaciones, entre otros; indicando que en
contra de la primera persona mencionada el Juzgado Dieciséis Penal del
Circuito de Bogotá dictó sentencia el 18 de septiembre de 2019 donde fue
absuelto de los cargos formulados en su contra así:

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Numero interno: 0063-2025
Demandante: UGPP
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

En cuanto al señor Casio Alberto Mora García expone que, se dictó sentencia
el 22 de julio de 2015 por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá donde se resolvió:

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Numero interno: 0063-2025
Demandante: UGPP
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

Informa que, en cumplimiento a lo ordenado en el proceso penal la entidad
accionante, a través de la Resolución RDP 021117 del 26 de mayo de 2015
suspendió la pensión de Vejez del señor Nemesio Castillo Hurtado, otorgada
mediante la Resolución 613 del 15 de mayo de 1997, y ordenó excluirlo de
manera inmediata de la nómina de pensionados; posteriormente, la UGPP a
través del Auto ADP 009606 del 27 de julio de 2016 aclaró que la Resolución
No. 613 del 15 de mayo de 1997 si tuvo incidencia en nómina de pensionados,
ante ello, una vez revisada la Resolución RDP 021117 del 26 de mayo de 2015
se concluye que está ajustada a derecho, por tal razón se debe dar
cumplimiento a lo en ella resuelto.

Que por medio del Auto ADP 001423 del 22 de febrero de 2017 la UGPP aclaró
que el acta de conciliación No. 186 del 11 de agosto de 1998 no fue incluida
en la nómina de pensionados del interesado, por lo tanto, con ocasión a la
misma no se modificó la mesada del señor Nemesio Castillo Hurtado, y si bien
es cierto la misma fue cancelada por la Resolución No. 2921 del 21 de octubre
de 1998, el interesado en la actualidad se encuentra excluido de la nómina de
pensionados en virtud de una orden judicial.

Manifiesta que, mediante la Resolución RDP 041902 del 07 de noviembre del
2017 la UGPP negó la solicitud del señor Nemesio Castillo Hurtado indicándole
que aún estaba en curso el proceso penal en contra del señor Manuel

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Numero interno: 0063-2025
Demandante: UGPP
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

Heriberto Zabaleta Rodríguez, y era en esa instancia donde el peticionario
podía presentar la pruebas y alegatos pertinentes.

1.1.4 Normas violadas y concepto de violación.

La entidad demandante invocó como disposiciones trasgredidas los artículos
4, 48, 150 numeral 19 literal e y f de la Constitución Política, Acto Legislativo
No. 01 de 2005, Ley 4 de 1992, Ley 33 de 1985 artículo 1, Ley 62 de 1985
artículo 1, Decreto 1848 de 1969 artículo 75, Decreto 1050 de 1968 artículo
26, y demás normas concordantes.

Como concepto de violación adujo que, con la expedición de los actos
administrativos demandados se quebrantó el principio de la sostenibilidad
financiera del sistema pensional al realizarse un reconocimiento pensional
contrariando el ordenamiento jurídico, comoquiera que la competencia para
dicho reconocimiento no estaba en cabeza del gerente general de la empresa
Puertos de Colombia.

Narra cómo se constituyó la empresa Puertos de Colombia – Colpuertos, la
calidad de servidores públicos de quienes prestaban sus servicios a la entidad;
así como, cita apartes de la Convención Colectiva de Trabajo Vigente,
específicamente el parágrafo 2 del artículo 2 que consagró que quedaban
excluidos de los beneficios de aquel acuerdo, entre otros, los directores de
áreas y todos aquellos que ejercían funciones de dirección, administración o
quienes ejercitan actos de representación de la empresa, con la aquiescencia
expresa o tácita de ella.

Luego, expone que, el reconocimiento pensional de carácter convencional en
beneficio de los servidores que desempeñaban cargos públicos en Colpuertos
desconoció flagrantemente lo consagrado en el literal e) del numeral 19 del
artículo 150 Constitucional, que dispone que es competencia exclusiva del
congreso de la Republica “Fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos”. Ante ello, el señor Nemesio Castillo Hurtado, quien en la
citada empresa tuvo como último cargo el de director de dragados, esto es,
era un empleado público, de conformidad con el acuerdo público Acuerdo 016

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Numero interno: 0063-2025
Demandante: UGPP
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

del 9 de octubre de 1990, aprobado por el Decreto 287 de 28 de enero de
1991, no podía ser beneficiario de la convención colectiva de trabajo del
terminal Marítimo de Buenaventura de 1991-1993 y consecuentemente no
podía ser acreedor de una pensión de jubilación convencional.

Así las cosas, los actos administrativos que reconocieron la pensión de
jubilación convencional al demandado son contrarias a la ley y la constitución,
la pensión de aquél debió ser reconocida con base en las disposiciones de la
Ley 33 de 1985, dada su condición de empleado público; sin embargo, aquél
no reúne los requisitos para gozar de la prestación por cuanto al momento de
retirarse del servicio contaba tan solo con 19 años 09 meses y 14 días de
servicios prestados al Estado.

1.2 Contestación de la demanda3.

El demandado, por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda y
manifestó que se oponía a todas las pretensiones incoadas, aduciendo que los
actos administrativos que reconocieron su pensión fueron expedidos conforme a
derecho y teniendo en cuenta las facultades legales y reglamentarias que para
ese momento contaba el director general del liquidado Fondo de Pasivo Social
de la Empresa Puertos de Colombia; señalando además que en la expedición
de aquellos ni al momento de recibir sus mesadas pensionales hubo mala fe de
su parte.

Da por cierto los hechos referentes a su fecha de nacimiento, vinculación y último
cargo desempeñado en la entidad; sin embargo, alega que en virtud de aquél -
director de dragados- era un trabajador oficial, precisando que aquél no está incluido

como empleado público en el estatuto de la empresa ni mucho menos en el
parágrafo 2 del artículo 2 del acuerdo convencional vigente para los años 1991-
1993; además su vinculación fue por medio de contrato de trabajo y no por
nombramiento o acta de posesión.

Sostiene que, el señor Manuel Heriberyo Zabaleta Rodríguez fue absuelto de los
cargos que se le imputaron por los hechos que tienen que ver con el aquí

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Expediente electrónico – Gestión de otros despachos

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Numero interno: 0063-2025
Demandante: UGPP
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

demandado, dejando sin efectos jurídicos las resoluciones que afectaron los
derechos pensionales de los extrabajadores de la empresa y que fueron
catalogados como empleados públicos; además, el juzgado penal ordenó a la
UGPP en sentencia del 18 de septiembre de 2019 que realizará un estudio para
cada caso.

Arguye que, la UGPP de forma irregular lo excluyó de la nómina de pensionados
desde el mes de octubre de 2016, a pesar que aquél no estaba vinculado a
ningún proceso penal, violando así su derecho al debido proceso.

Sostiene que su pensión no fue obtenida de forma fraudulenta, que la UGPP
vulneró sus derechos al suspender de forma ilegal el pago de su mesada
pensional, cuando no se dan los presupuestos del artículo 19 de la Ley 797 de
2003, dado que lo que se presenta es una controversia en la interpretación de la
norma que regula el reconocimiento pensional.

Propuso las excepciones previas las que denominó: inepta demanda por falta de
requisitos formales, falta de jurisdicción y competencia -declaradas no probadas
mediante auto n.° 503 del 17 de octubre de 2023, sin que se observe que se haya interpuesto
recurso de apelación en su contra-; así como, excepciones de fondo denominadas:

aplicación de los principios constitucionales de in dubio pro operario (sic) y de
favorabilidad a favor de la parte demandada y, desconocimiento por la
accionante del derecho fundamental de buena fe que le asiste a la parte
demandada.

Finalmente, pide denegar las súplicas de la demanda y se restablezca su
derecho pensional.

1.3 La sentencia de primera instancia4.

Mediante sentencia de 16 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, se declaró probada la caducidad.

Lo anterior con fundamento en que:

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Expediente electrónico – Gestión de otros despachos – índice 128

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Demandante: UGPP
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

La Ley 2381 de 2024 en su artículo 86 modificó el término de caducidad de los
medios de control sobre actos administrativos que reconocen pensiones, así:

“Término para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas
respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y
contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años
a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia
de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley”.

Se señaló que, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” en
sentencia del 2 de octubre de 2024 resolvió una demanda de lesividad y aplicó
el artículo 86; precedente que se acoge por el Tribunal al considerar que la
tesis expuesta concreta el propósito de generar certeza jurídica a las
decisiones favorables de los pensionados.

Ante ello, como quiera que la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho se formuló mucho después de los cinco años de expedida la
Resolución No. 613 del 15 de mayo de 1997, se consideró que operó la
caducidad de la acción, precisándose que no se demostró fraude en el
reconocimiento de la pensión convencional que justifique inaplicar el término
de caducidad.

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Numero interno: 0063-2025
Demandante: UGPP
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

4. Los recursos de apelación5.

La entidad demandante se opuso a la decisión tomada por el tribunal y pidió
fuera revocada aduciendo que al ser lo demandado actos administrativos que
reconocen prestaciones periódicas, el término a aplicar es el contenido en el
numeral 1, literal c, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Sostiene que, no es posible dar aplicación en este evento a lo dispuesto en la
Ley 2381 de 2024 por cuanto, en aras de garantizar los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima, quienes acuden a la jurisdicción tienen derecho
a que se mantengan las reglas de juego vigentes al momento en que se
interpuso la acción.

Insiste en que los actos demandados son contrarios a la constitución y al
régimen legal aplicable, los cuales generan una afectación al erario; razones
suficientes para que sean anulados.

5. Trámite de la apelación6.

Mediante auto del 1° de abril de 20257 el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación conforme lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021; al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se
prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 8, el

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Expediente electrónico – Gestión de otros despachos – índice 133
6
Expediente electrónico – Samai – índice 4
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Índice 004
8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.

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Demandante: UGPP
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación. Sin embargo, en el caso que ambas
partes apelen, el juez decidirá sin limitaciones.

2.2 Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación presentado por la parte actora, en
esta oportunidad la Sala deberá establecer si en el presente caso es posible
dar aplicación al término de caducidad previsto en la Ley 2381 de 2024 o, por
el contrario, la norma que regula dicho fenómeno es la contemplada en el
numeral 1, literal c, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

En el evento que no sea viable dar aplicación a lo dispuesto en la citada Ley
2381 de 2024 deberá analizarse sí: i) procede en este asunto resolver de fondo
las pretensiones incoadas en la demanda y los argumentos de defensa
expuestos en la contestación de aquella, esto es, definirse si el demandado
Nemesio Castillo Hurtado tenía derecho al reconocimiento y pago de una
pensión con fundamento en la convención colectiva de trabajo vigente al
momento del retiro en la Empresa Puertos de Colombia, para lo cual se deberá
definirse si durante su vinculación con dicha entidad fue trabajador oficial o
empleado público; o ii) en su defecto, en aras de garantizar los principios de
acceso material a la administración de justicia, doble instancia y debido
proceso, es del caso devolver el expediente al Tribunal de origen con el fin que
emita pronunciamiento de fondo sobre lo pretendido.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Reforma del término de caducidad según lo dispuesto en la Ley
2381 de 2024; 2.2. Naturaleza jurídica de Puertos de Colombia; 2.3. Régimen
laboral de las empresas industriales y comerciales del Estado, 2.4. Hechos
probados; y 2.5. Caso concreto.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».

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Demandante: UGPP
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

2.1 Reforma del término de caducidad según lo dispuesto en la Ley 2381
de 2024

Los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta
Jurisdicción fueron consagrados en el artículo 164 del CPACA que, en relación
con el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
prevé:

i. Como regla general, cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento
del derecho, la demanda debe ser presentada dentro del término de
cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, según corresponda, so pena del suceso de la caducidad
de la acción.

ii. A manera de excepción, cuando la demanda sea promovida contra
actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas, o contra actos producto del silencio administrativo9, puede
presentarse en cualquier tiempo.

Así, conforme a las reglas contenidas en el CPACA, la configuración del
fenómeno jurídico procesal de la caducidad, en asuntos de nulidad y
restablecimiento del derecho, solo resulta predicable respecto de las
demandas adelantadas contra actos administrativos expedidos por la
administración que no versen sobre el reconocimiento y pago de prestaciones
periódicas.

No obstante, el Congreso de la República expidió la Ley 2381 de 2024,
normatividad que estableció una restricción temporal para el ejercicio de las
acciones contencioso administrativas relacionadas con pensiones, de la
siguiente manera:

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después
de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de

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Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»

Entonces, la citada disposición consagra una modificación en cuanto a los
términos de caducidad para incoar demandas en contra de actos
administrativos que reconozcan pensiones, incluso de aquellos que se
encontraban en curso al 16 de julio de 2024, día en que dicha ley fue publicada
en el Diario Oficial No. 52.819 de 16 de julio de 2024 y empezó a regir, de
manera general, según lo dispuesto en su artículo 959, y las demandas que ya
habían sido decididas de fondo, a quienes se les faculta para incoar el recurso
extraordinario de revisión; disponiendo que el plazo será de cinco años, so
pena de configurarse el fenómeno en mención.

2.2 La naturaleza jurídica de Puertos de Colombia

De acuerdo con la Ley 154 de 1959, «Por la cual se crea una Empresa de
Puertos de Colombia» y el Decreto 2465 de 1981 «por el cual se aprueban los
estatutos de la Empresa Puertos de Colombia» se tiene que esta funcionó
como una empresa industrial y comercial del Estado, adscrita al Ministerio de
Obras Públicas y Transporte.

Ahora bien, sobre las especificaciones de las empresas industriales y
comerciales del estado, el artículo 85 de la Ley 489 de 198910 dispuso:

«Articulo 85.- Empresas industriales y comerciales del Estado. Las
empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la
ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial
o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del derecho privado,
salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes
características:

9
Ley 2381 de 2024. ARTÍCULO 95. DEROGATORIAS. la presente ley rige a partir de su sanción y deroga las
disposiciones que le sean contrarios. (…)
10
"Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y
16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones."

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a. Personería jurídica
b. Autonomía administrativa y financiera
c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos
públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que
perciban por las funciones o servicios y contribuciones de destinación
especial en los casos autorizados por la Constitución.

El capital de las empresas industriales y comerciales del Estado podrá estar
representado en cuotas o acciones de igual valor nominal.»

En consecuencia, las empresas industriales y comerciales del Estado, como
lo fue la Empresa de Puertos de Colombia, son instituciones descentralizadas
de creación legal cuya característica principal es el desarrollo de actividades
de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica bajo las
disposiciones del derecho privado.

2.2. Régimen laboral de las empresas industriales y comerciales del
Estado

El Decreto ley 3135 de 196811 estableció el régimen laboral de las empresas
industriales y comerciales del Estado así:

«Artículo 5. EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES. Las
personas que prestan sus servicios en los Ministerios Departamentos
Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos son
empleados públicos, sin embargo, los trabajadores de la construcción y
sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de
los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser
desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.

Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los
estatutos de dichas empresas precisarán que actividades de dirección o
confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad
de empleados públicos.» (negrilla de la Sala).

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«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales»

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Demandante: UGPP
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

De ahí que, por regla general, las personas que prestan sus servicios en las
empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales.

Debe recordarse que el Decreto 1848 de 1969, que reglamentó el Decretó
3135 de 1968, realizó la definición de los empleados públicos y trabajadores
oficiales en los siguientes términos:

i) Empleados públicos: las personas que prestan sus servicios en los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales.

ii) Trabajadores oficiales: los que prestan sus servicios en la construcción
y sostenimiento de las obras públicas, excepto el personal directivo y de
confianza; los que prestan servicios en establecimientos públicos
organizados con carácter comercial o industrial, en las empresas industriales
o comerciales del Estado y sociedades de economía mixta.

En suma, de acuerdo con la entidad empleadora podemos diferenciar el
empleado público del trabajador oficial; si es un ministerio, departamento
administrativo, superintendencia y establecimiento público se presume que
se trata de un empleado público a excepción de los dedicados a las
actividades de construcción y mantenimiento de obras públicas. En las
empresas industriales y comerciales del Estado y en las sociedades de
economía mixta, por regla general, quienes prestan sus servicios a estas
entidades son trabajadores oficiales, siendo por excepción empleados
públicos quienes ocupen cargos directivos y de confianza; debiéndose en los
estatutos de la empresa señalarse que actividades de dirección o confianza
serán desempeñadas por empleados públicos.

La forma de vinculación de unos y otros también difiere, por regla general los
empleados públicos se vinculan a través de una relación legal y
reglamentaria, mientras los trabajadores oficiales lo hacen mediante un
contrato de trabajo; no obstante, la forma de vinculación no es la que
determina la naturaleza del empleo.

16

Numero interno: 0063-2025
Demandante: UGPP
Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

De acuerdo con lo anterior, es evidente que la empresa de puertos de
Colombia estaba constituida como una empresa industrial y comercial del
Estado y por esta razón la mayoría de sus servidores eran trabajadores
oficiales.

2.4. Hechos probados12.

a) Con la demanda se aportaron una serie de documentos13, de los cuales se
consideran relevantes para resolver el presente asunto los siguientes:

• Resolución No. 613 del 15 de mayo de 1997, por medio de la cual se
reconoció una pensión de jubilación convencional en favor señor
Nemesio Castillo Hurtado a partir del 1 de enero de 1994, con una
mesada pensional de $452.379; prestación reconocida por haber
laborado al servicio del Estado por más de 15 años y con base en la
convención colectiva 1991-1993.
• Resolución No. 2921 del 21 de octubre de 1998, por medio de la cual
se pagaron unas mesadas atrasadas a favor del demandado, en
cumplimiento al acta de conciliación N°186 del 11 de agosto de 1998
por valor de $67.594.088, junto con el comprobante de nómina de mayo
de 1997.
• Resolución No. 000239 del 29 de septiembre de 2009 mediante la cual
el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de
Puertos de Colombia ordena adelantar actuación administrativa de
revisión integral de la pensión del llamado a juicio.
• Se aportó liquidación expedida por la UGPP el 19 de mayo de 2020
donde se relacionan las sumas de dinero presuntamente canceladas en
exceso al demandado desde el año 1994 al 30 de mayo de 2020, la cual
arroja un valor de $665.182.428.
• En la misma carpeta obra constancia expedido por el Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP donde se indica que el
demandante goza de pensión de jubilación reconocida mediante
Resolución No. 61394 del 1 de enero de 1994 (sic), la cual tuvo ingreso

12
Expediente digital, gestión de otros despachos
13
005ANEXOS.pdf

17

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a nómina el 17 de mayo de 1997 y fue suspendida desde el 1 de octubre
de 2016, con la discriminación del monto de las mesadas pensionales.
• Resolución RDP 021117 del 26 de mayo de 2015 mediante la cual se
da cumplimiento a una orden judicial y en consecuencia suspende los
efectos jurídicos económicos de la Resolución No. 613 del 15 de mayo
de 1997, en lo que tiene que ver con el aquí demandado; junto con el
auto No. ADP 009606 del 27 de julio de 2016, que dispuso estarse a lo
resuelto y darle cumplimiento a la anterior resolución.
• Petición elevada ante la entidad demandada el 10 de julio de 2017, por
parte del señor Castillo Hurtado quien deprecó que se inaplicara la
Resolución RDP 021117 del 26 de mayo de 2015, junto con la
Resolución RDP 041902 del 7 de noviembre de 2017 mediante la cual
se resuelve de forma negativa dicha solicitud.

b) Sumado a lo anterior, se allegó la Convención Colectiva suscrita entre el
sindicato de trabajadores del terminal marítimo de Buenaventura SINTEMAR
y la empresa Puertos de Colombia en el año 1991, junto con el acta de acuerdo
complementaria de fecha 24 de abril de 199114, convención que en parágrafo
2 del artículo 2 estableció:

Más adelante, el citado acuerdo convencional consagró en su artículo 100
quienes podían gozar de pensión de jubilación, en los siguientes términos:

14
006UGPPAdjuntaDocumentoConvencionColectivaBuenaventura1991.pdf y
007ConvencionColectivaBuenaventura1991UGPP.pdf

18

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c) Obra en el plenario también copia de la sentencia del 18 de septiembre de

19

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2019 proferida por el juzgado 16 penal del Circuito de Bogotá, dentro del
proceso adelantado en contra del señor Manuel Heriberto Zabaleta Rodríguez,
en la cual se dispuso:

d) También se allegó copia de la sentencia del 2 de noviembre de 202215
expedida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
dentro del citado proceso, donde se resolvió:

15
38_760012333000202000998001ALLEGAMEMORIAL20230518135425.pdf

20

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Demandado: Nemesio Castillo Hurtado

e) En cumplimiento a lo ordenado en la anterior sentencia penal la UGPP
expidió la Resolución RDP 009080 del 24 de abril de 202316, mediante la cual,
excluyó de manera definitiva de la nómina de pensionados a la Resolución
RDP 21117 del 26 de mayo de 2015 proferida a favor del aquí demandado; así
como, ordenó la incorporación a la nómina de pensionado del señor Castillo
Hurtado con el monto devengado antes de la inclusión de la citada resolución,
con efectos a partir del 1 de septiembre de 2016, precisando que, el Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagaría al interesado las diferencias
pensionales que resulten a su favor.

f) Tenemos certificación expedida por la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC) el día 10 de enero de 202417 en la cual manifiesta que
revisados sus sistemas de archivos de personal activo e inactivo no encontró
registro alguno donde se indique que el señor Nemesio Castillo Hurtado haya
prestado sus servicios a esa entidad ni como empleado público o trabajador
oficial.

g) Se aportó certificación electrónica de tiempos laborados CETIL del
demandado expedida el 11 de junio de 202418, mediante el cual, se certifica el
tiempo de servicios prestados a la empresa Puertos de Colombia por el aquí
demandado así: i) del 13 de junio de 1977 al 5 de noviembre de 1980, como
trabajador oficial, en el cargo de jefe de sección operaciones, ii) del 11 de

16
Ibidem y 78_760012333000202000998002ALLEGAMEMORIAL20240119093830.pdf
17
73_760012333000202000998001ALLEGAMEMORIAL20240112082755.pdf
18
97_AllegaMemorial_20240621214744321_0_20240621175602891.pdf

21

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noviembre de 1988 al 30 de diciembre de 1993, como empleado público, en el
cargo de director de dragados, y se precisa que el último año lo laboró en la
Terminal Marítima de Buenaventura; así como el contrato de trabajo No.
007483 del 15 de junio de 1977 mediante el cual se vinculó al demandado a la
empresa Puertos de Colombia como jefe de sección de equipo, precisándose
que la relación laboral inició el 13 de junio de 1977.

h) En el mismo archivo encontramos la constancia de tiempo de servicio y
salario expedida por el departamento del Valle del Cauca el 27 de enero de
199419 donde se indica que el señor Nemesio Castillo Hurtado se desempeñó
como mecánico diésel en la Secretaría de Obras Públicas desde el 2 de
febrero de 1981 hasta el 6 de mayo de 1988, esto es, por 7 años, 2 meses y 5
días.

2.3. Caso concreto.

La UGPP acude en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, en la
modalidad de lesividad, para solicitar la anulación del acto administrativo por
el cual la empresa de Puertos de Colombia reconoció una pensión de jubilación
convencional al señor Nemesio Castillo Hurtado - Resolución n.° 613 del 15 de mayo
de 1997- y la resolución por medio de la cual la misma entidad ordenó el pago

de unas mesadas atrasadas en cumplimiento al acta de conciliación N°186 del
11 de agosto de 1998 - Resolución n.° 2921 del 21 de octubre de 1998-, al considerar
que el señor Castillo Hurtado no cumplió con los requisitos para acceder a tal
prestación por tratarse de un empleado público, a quien no le eran aplicables
las condiciones de la convención colectiva del trabajo de la empresa 1992-
1993.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 16 de
octubre de 2024 declaró probada la caducidad del medio de control, conforme
lo establecido en la Ley 2381 de 2024, en consecuencia, ordenó el archivo del
proceso.

19
Ibidem

22

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La parte demandante interpuso recurso de apelación, considerando que, no
es posible dar aplicación en este evento a lo dispuesto en la Ley 2381 de 2024
por cuanto, en aras de garantizar los principios de seguridad jurídica y
confianza legítima, quienes acuden a la jurisdicción tienen derecho a que se
mantengan las reglas de juego vigentes al momento en que se interpuso la
acción, esto es, para este asunto lo dispuesto en el numeral 1, literal c, del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, norma que consagra que la demanda
puede ser interpuesta en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos que
reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas.

Con miras a resolver el primer problema jurídico planteado es necesario
recordar que:

Los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta
Jurisdicción fueron consagrados inicialmente en el artículo 164 del CPACA; no
obstante, con posterioridad se expidió la Ley 2381 de 2024, norma que
estableció una restricción temporal para el ejercicio de las acciones
contencioso administrativas relacionadas con pensiones, de la siguiente
manera:

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después
de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»

23

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En los precisos términos expuestos por el Legislador, la citada disposición
comporta una modificación del régimen de oportunidad contemplado por el
artículo 164 del CPACA, con vocación de aplicación inmediata, incluso para
los procesos en los que se debate la legalidad de actos administrativos que
reconocieron una pensión y se encontraban en curso a 16 de julio de 2024,
día de promulgación de la comentada ley.

No obstante, en criterio de la Sala, el artículo en comento no puede ser
aplicado de manera contraria a los postulados esenciales que rigen la
implementación de reglas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los
juicios consagradas en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues si bien es
cierto que las normas de derecho procesal son de orden público y «[…]
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a
regir», también lo es que «[…] los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos
que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones».

Por tanto, se concluye que el término de caducidad establecido por la Ley 2381
de 2024 solo resulta oponible respecto de las demandas formuladas después
de su promulgación, pues conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, no
resulta viable superponer a los procesos en curso un término que no existía
en el momento en que fueron iniciados. Dicha conclusión, además, se
acompasa con los principios de confianza legítima y legalidad y el derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política.

En consecuencia, comoquiera que el artículo 187 del CPACA prevé que en
«[…] la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada» y que el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024 plantea la eventual configuración de la caducidad de la
acción en procesos como el que nos ocupa, la Subsección considera

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pertinente inaplicar, para este caso concreto, la acotada modificación procesal,
tal como será dispuesto en la parte resolutiva de este fallo.

Lo anterior, se insiste, como medida de satisfacción y garantía de los principios
y prerrogativas constitucionales que rigen los derechos de acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva.

En ese orden de ideas, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle el 16 de octubre de 2024, que declaró probada la
caducidad de la acción dando aplicación a lo dispuesto en la citada Ley 2381
de 2024.

En este punto debe precisarse que si bien, en casos como el que nos ocupa,
lo propio sería que se emitiera una decisión de fondo de segunda instancia, se
considera que aquello no es posible en aras de garantizar los principios de
acceso material a la administración de justicia, doble instancia y debido
proceso, como se pasa a exponer:

Tanto en la demanda como en su contestación las partes expusieron los
argumentos de defensa en aras que salieran avante sus pretensiones, por la
parte actora que se declarara la nulidad de los actos demandados que
reconocieron una pensión de jubilación convencional al señor Nemesio Castillo
Hurtado y el pago de un retroactivo pensional; por parte del demandado que
se deniegue tal solicitud y pueda continuar gozando de su pensión, alegando
que aquella fue obtenida dentro del marco legal que rige la materia.

El análisis de tales pretensiones no se surtió por parte del tribunal dado su
decisión de dar aplicación a las disposiciones del artículo 86 de la Ley 2381
de 2024 y, en consecuencia, declarar probada la excepción de caducidad.

Ante ello, en aplicación de los principios de acceso material a la administración
de justicia, doble instancia y debido proceso, estima la Sala necesario que el
expediente retorne a la referida autoridad, a fin que se analicen de fondo los
argumentos de expuestos por las partes, así como sus pretensiones y
excepciones propuestas; lo anterior, dado que de emitir un pronunciamiento

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de fondo por parte esta instancia solo se podría analizar los argumentos
expuestos por el recurrente – en aplicación a lo dispuesto en el artículo del 328 CGP-,
lo cual conllevaría a no tener en cuenta los argumentos de la parte pasiva -no
recurrente-, lesionado con ello su derecho de defensa; cuando lo pertinente es

que se haga por parte de la autoridad judicial un análisis integral de todo lo
expuesto por los sujetos procesales.

Este criterio de administración de justicia y garantía de la doble instancia ha
sido aplicado con anterioridad por esta Subsección, por ejemplo, en sentencia
del 25 de mayo de 202320 y en más reciente pronunciamiento del 10 de abril
de 202521, en la que dispuso revocar el fallo inhibitorio proferido en primera
instancia y, en su lugar, que el a quo se pronunciara de fondo; en la primera
providencia en cita se indicó:

«Ahora bien, al desvirtuarse el impedimento para emitir decisión de fondo,
correspondería examinar los cargos propuestos en la demanda. No obstante,
se encuentra que no es posible emitir pronunciamiento sobre los reproches de
nulidad presentados por la parte actora, habida cuenta que aquellos no fueron
analizados por el Tribunal de primera instancia, autoridad a la que le
correspondía adelantar dicho examen.

Efectivamente en el caso sub lite, se debe devolver el expediente al a quo para
que estudie los cargos de la demanda que no realizó, pues resolver de fondo
la controversia en segunda instancia, equivaldría a convertirla en única
instancia, privando de esta manera a la parte desfavorecida del derecho
fundamental de ejercer legítimamente su defensa y contradicción, íntimamente
ligado al debido proceso y al acceso a la administración de justicia».

Entonces, en aras de garantizar garantizar los principios de acceso material a
la administración de justicia, doble instancia y debido proceso, a pesar que se
revoca la sentencia recurrida, en los términos antes indicados, se dispondrá la
devolución del expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para
que dicte una nueva sentencia donde se analicen los argumentos expuestos
por las partes y se profiera la decisión que en derecho corresponda.

20
Expediente núm. 18001-23-33-000-2014-00002-01. M.P. Cesár Palomino Cortés.
21
Expediente núm. 05001-23-33-000-2021-01187-02 (6687-2024) M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera
.

26

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2.5. Condena en costas.

De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple
hecho de las resultas del proceso.

En el caso concreto, no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la
defensa propia de sus intereses por parte de los intervinientes, por
consiguiente, no se condenará en costas.

DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del 16 de octubre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró
probada la excepción de caducidad conforme lo establecido en la Ley 2381 de
2024, y en su lugar, inaplicará dicha disposición legal; no obstante, en aras de
garantizar los principios de acceso material a la administración de justicia,
doble instancia y debido proceso se ordenará la devolución del proceso para
que dicha instancia profiera la decisión de fondo de primera instancia que
corresponda, analizando todos los argumentos expuestos por los sujetos
procesales; sin condena en costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: INAPLICAR, para el caso concreto, el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024, según lo considerado en precedencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 16 de octubre de 2024, proferida por

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el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró probada la
excepción de caducidad conforme lo establecido en la Ley 2381 de 2024, y en
su lugar, ORDENAR al citado tribunal que dicte sentencia de fondo en el
presente asunto.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen para lo
de su cargo.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Ausente en comisión Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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