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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04286-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04286-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 7 de julio de 2026 proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora Ángela Brillite Chaparro Tejedor contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, pero por las razones expuestas. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04286-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04286-01
Demandante: ÁNGELA BRILLITTE CHAPARRO TEJEDOR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia por no
cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la impugnación presentada1 por la parte actora contra el
fallo del 7 de julio de 20262, por medio del cual la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción constitucional promovida
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 3 de junio de 20263, la señora Ángela Brillitte Chaparro Tejedor, por intermedio
de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, al trabajo y «primacía de la realidad sobre las formalidades».

Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 13 de abril de 20264 dictada por la
autoridad judicial accionada, que confirmó parcialmente la providencia del 18 de
noviembre de 2024 proferida por el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el radicado 11001-33-35-028-2023-00264-00/01, promovido contra el
Distrito de Bogotá - Secretaría de Integración Social [en adelante SDIS].

1
Presentada el 15 de julio de 2026.
2
Notificado el 10 de julio de 2026.
3
Demanda en línea No. 24749.
4
Si bien el actor, en el escrito de tutela, señala como fecha de la sentencia recurrida el 3 de enero
de 2026, lo cierto es que esta corresponde al 13 de abril de 2026. Notificada el 23 de abril de 2026.

1
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Demandante: Ángela Brillitte Chaparro Tejedor
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04286-01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

PRIMERA. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
trabajo, acceso efectivo a la administración de justicia y primacía de la realidad sobre
las formalidades de la señora ÁNGELA BRILLITTE CHAPARRO TEJEDOR.

SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS PARCIALMENTE la sentencia proferida el trece
(13) de abril de dos mil veintiséis (2026) por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A”, dentro del proceso
con radicado 11001-33-35-028-2023-00264-01, específicamente en lo relacionado
con la negativa de reconocer la existencia de contrato realidad durante los periodos
comprendidos entre el 31 de enero de 2014 y el 15 de junio de 2017, así como entre
el 21 de diciembre de 2020 y el 30 de julio de 2022, y con la restricción temporal de
la relación laboral únicamente al lapso comprendido entre el 16 de junio de 2017 y el
20 de diciembre de 2020.

TERCERA. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “A” proferir una nueva decisión respetando el
precedente vinculante del Consejo de Estado en materia de contrato realidad docente,
el principio de primacía de la realidad y las reglas de valoración integral de la prueba 5.

1.3. Hechos

De la solicitud de amparo presentada por la demandante y del expediente se
extraen los siguientes supuestos que, a juicio de la sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia.

La señora Ángela Brillitte Chaparro Tejedor manifestó que la SDIS suscribió con
ella 9 contratos de prestación de servicios como maestra6, cuyo objeto consistió en
la atención integral en los jardines infantiles de dicha entidad.

Afirmó que, durante la relación contractual, a mediados de diciembre, los contratos
se suspendían o no se renovaban sino hasta mitad de enero de cada año.

Señaló que, en el periodo comprendido entre el 21 de enero de 2014 y el 30 de julio
de 2022, (i) ejecutó una subordinación continua mediante el acatamiento de
instrucciones directas de maestras, coordinadoras, referentes educativas y demás
funcionarios de la Subdirección de Infancia de la SDIS, (ii) cumplió un horario
conforme al itinerario institucional, (iii) prestó sus servicios en los jardines asignados
y (iv) utilizó los elementos y materiales pedagógicos suministrados por la entidad.

5
Transcripción literal del texto original con posibles errores.
6
Primer periodo excluido (31 de enero de 2014 al 15 de junio de 2017): Corresponde a los
primeros contratos de prestación de servicios ejecutados por la actora antes de ser asignada al
Jardín Infantil «Doradito Lagunero».
Periodo reconocido (16 de junio de 2017 al 20 de diciembre de 2020): El Tribunal Administrativo
de Cundinamarca declaró la existencia del contrato realidad durante este tramo temporal, el cual
culminó formalmente con la finalización del contrato No. 9107 de 2020.
Segundo periodo excluido (21 de diciembre de 2020 al 30 de julio de 2022): Este periodo inició
formalmente tras una interrupción de 166 días hábiles entre el contrato No. 9107 de 2020 y el contrato
No. 9901 de 2021, y concluyó definitivamente el 30 de julio de 2022 con la terminación de este último.
(énfasis añadido)

2
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Demandante: Ángela Brillitte Chaparro Tejedor
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04286-01

Expuso que el 23 de febrero de 2023 presentó reclamación administrativa
solicitando el reconocimiento de la existencia de una relación laboral y el pago de
las prestaciones correspondientes, petición que fue negada mediante oficio No.
S2023108801 del 23 de junio de 2023.

En consecuencia, la actora, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, demandó al Distrito Capital de Bogotá – SDIS, con el
fin de que se declarara la nulidad del oficio No. S2023108801 del 23 de junio de
2023, se reconociera la existencia de una relación laboral entre ella y la entidad
desde el 21 de enero de 2014 hasta el 30 de julio de 2022 y, como resultado, se
condenara a la SDIS al pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos
legales propios de un empleado de la planta administrativa, así como a efectuar los
aportes pensionales omitidos durante dicho periodo.

La demanda fue repartida al Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá que mediante fallo del 18 de noviembre de 2024, accedió parcialmente
a las pretensiones: concluyó que se acreditaron los elementos de la relación laboral,
declaró su existencia y ordenó el pago de los aportes pensionales causados
durante toda la vinculación; sin embargo, limitó el reconocimiento de las
prestaciones sociales y diferencias salariales al periodo comprendido entre el 16 de
junio de 2017 y el 30 de julio de 2022, al considerar que los lapsos anteriores
estaban afectados por la prescripción.

Las partes interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A mediante
sentencia del 13 de abril de 2026, en la que confirmó parcialmente la decisión de
primera instancia, en el sentido de declarar la existencia de la relación laboral
únicamente entre el 16 de junio de 2017 y el 20 de diciembre de 2020. Asimismo,
ordenó el reconocimiento de las prestaciones sociales y de los aportes pensionales
efectuados en dicho periodo.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora interpuso la acción de tutela alegando la vulneración de sus
garantías constitucionales por cuanto en su sentir la decisión del 13 de abril de 2026
incurrió en los siguientes defectos:

Fáctico: al valorar de forma fragmentada las pruebas, desconocer la tarifa legal,
omitir los contratos de 2014-2017 y 2021-2022 con obligaciones idénticas, excluir
el periodo posterior por una interrupción contractual sin analizar la subordinación
del contrato No. 9901 de 2021 y desechar los contratos anteriores por el ingreso al
Jardín Infantil «Doradito Lagunero» en 2017, pese a la continuidad de las funciones
desde 2014.

Desconocimiento del precedente judicial: alegó que el tribunal desconoció la
doctrina obligatoria del Consejo de Estado fijada en la Sentencia de Unificación CE-
SUJ2-005-16 de 20167, que reconoció la subordinación inherente de los docentes
contratistas. Reprochó además que omitiera las decisiones de tutela de las

7
Sentencia del 25 de agosto de 2016, proferida dentro del expediente 23001-23-33-000-2013-00260-
01.

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Demandante: Ángela Brillitte Chaparro Tejedor
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04286-01

Secciones Tercera y Quinta del Consejo de Estado8, que reiteraron la aplicabilidad
de dicha regla a las maestras contratistas de educación inicial de la SDIS.

Sustantivo: planteó que el defecto derivó de la inaplicación del marco normativo
correspondiente al servicio público de educación y a la vinculación docente.

Expresó que la sentencia abordó el litigio bajo la lógica de una contratación de
apoyo a la gestión, dejando de lado la Ley 115 de 1994 y el Decreto Ley 2277 de
1979. Indicó que el tribunal interpretó de manera rígida el artículo 32 de la Ley 80
de 1993, al considerar que fuera del periodo 2017-2020 existió únicamente una
«coordinación contractual», sin reconocer que las obligaciones y directrices
técnicas evidenciaban que la labor continua de maestra en primera infancia
resultaba incompatible con la independencia propia de un contratista.

Motivación insuficiente: planteó que la sentencia cuestionada no fundamentó de
manera lógica y razonable la diferencia de trato otorgada al acervo probatorio, ya
que no se dieron a conocer las razones por las cuales idénticas obligaciones y
funciones pedagógicas dieron lugar al reconocimiento de subordinación en un
periodo y no en los demás.

Afirmó que el tribunal no explicó el fundamento jurídico para exigir testimonios
específicos diferenciados por cada vigencia contractual frente a una continuidad
funcional acreditada.

Señaló que tampoco motivó por qué la interrupción de 166 días hábiles en los
contratos impedía examinar de forma autónoma las condiciones materiales de
ejecución del contrato de 2021.

Finalmente, reprochó que omitiera responder al argumento central de apelación de
la demandante relativo a la continuidad funcional y a la permanencia de la finalidad
del servicio.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante de auto del 4 de junio de 20269, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió la tutela y ordenó notificar a los magistrados que integran la
Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
igualmente como tercero con interés vinculó al Distrito Capital de Bogotá-
Secretaría Distrital de la Integración Social «porque intervino en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho» y requerir a las secretarias de la autoridad
judicial accionada así como al Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá para remitir copias del ordinario en mención.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentó la siguiente intervención:

8
Radicados. 11001-03-15-000-2021-06513-00 y 11001-03-15-000-2021-06513-01.
9
Notificado el 5 de junio de 2026.

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Demandante: Ángela Brillitte Chaparro Tejedor
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04286-01

1.5.1. Secretaría Distrital de Integración Social

Mediante correo electrónico allegado el 10 de junio de 202610, la apoderada de la
entidad solicitó que la acción de tutela fuera declarada improcedente, al no
cumplirse los requisitos generales y específicos establecidos por la jurisprudencia
constitucional para controvertir decisiones judiciales de fondo.

Señaló la ausencia de la relevancia constitucional, pues los argumentos de la actora
reflejan únicamente una inconformidad subjetiva con el análisis fáctico y probatorio
realizado por el ad quem.

Afirmó que la accionante pretende emplear la tutela como una tercera instancia
procesal, con el propósito de reabrir el debate probatorio y cuestionar la valoración
de las pruebas efectuada por el juez natural en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-028-2023-00264-01.

Indicó que no existió irregularidad procesal ni defecto fáctico, y que la valoración
probatoria estuvo amparada por la autonomía e independencia judicial.

Finalmente, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
SDIS, dado que la acción se dirigió exclusivamente contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca del 13 de abril de 2026.

1.5.2. Pese a hacer notificadas las demás entidades guardaron silencio.

1.6. Sentencia de primera instancia

El 7 de julio de 2026, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la acción constitucional por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional.

Fundamentó su decisión en que la pretensión de la actora se redujo a una
inconformidad interpretativa y fáctica frente a la valoración probatoria realizada por
el juez natural, con el propósito de convertir la tutela en una tercera instancia
procesal.

Concluyó que el análisis de la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no fue arbitrario ni caprichoso, y verificó que el ad
quem aplicó la sana crítica al acervo probatorio, en el cual la demandante confesó
que sus funciones como docente formal iniciaron en junio de 2017, mientras que
entre 2014 y 2017 desempeñó labores de apoyo administrativo.

Confirmó que la interrupción contractual de 166 días hábiles rompió el nexo de
continuidad para el periodo 2021-2022, lo que impidió aplicar de manera analógica
la subordinación demostrada en años anteriores.

Precisó que el precedente de la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25
de agosto de 2016 no eximió a los accionantes de probar la subordinación material
en cada lapso reclamado, razón por la cual la primacía de la realidad no podía

10
Índice 13 del aplicativo Samai.

5
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Demandante: Ángela Brillitte Chaparro Tejedor
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
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declararse sobre supuestos sin sustento probatorio.
1.7. Impugnación

Por medio de escrito presentado el 15 de julio de 2026, la tutelante impugnó el fallo
del 7 de julio de 202611 en el que sustentó la vulneración directa de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad en las decisiones judiciales, al
trabajo y de acceso a la administración de justicia, así como al principio de primacía
de la realidad sobre las formas.

Señaló que dicha afectación se derivó de la sentencia de segunda instancia
proferida el 13 de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A la cual reconoció parcialmente la existencia de un
contrato realidad laboral únicamente entre el 16 de junio de 2017 y el 20 de
diciembre de 2020, excluyendo los periodos 2014-2017 y 2021-2022.

Alegó un defecto fáctico por valoración fragmentaria del acervo probatorio e
imposición de tarifa probatoria indirecta, un defecto sustantivo por aplicación
errónea de la regla de solución de continuidad, el desconocimiento del precedente
jurisprudencial fijado en las Sentencias de Unificación CE-SUJ2-005-16 y SUJ-
025-CE-S2-2021 por aplicación meramente nominal y la falta de motivación de la
providencia.

1.8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Estando el expediente en el despacho para resolver la impugnación, se advirtió que
no se había dispuesto la vinculación de Juzgado Veintiocho Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá12, pues el hecho de que fuera tan solo requerido para
allegar el expediente del proceso dentro del cual se profirió la decisión cuestionada
por la parte accionante, no le brindó la posibilidad de rendir el informe
correspondiente y, por lo tanto, la oportunidad de pronunciarse respecto a la
discusión planteada en la demanda constitucional. Por lo anterior, a través de auto
del 21 de agosto de 2026 se dispuso comunicar el trámite de la referencia al referido
juzgado.

En atención a lo anterior, mediante escrito del 26 de agosto de 2026 el juez titular
del despacho sostuvo que en la primera instancia del proceso ordinario se
respetaron todas las garantías procesales, se profirió sentencia de fondo y se
concedió el recurso de apelación conforme a la ley.

En consecuencia, solicitó denegar el amparo constitucional al no existir reproches
contra su actuación, y reportó haber otorgado acceso digital al expediente el 26 de
agosto de 202513.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

11
Notificada el 15 de julio de 2026.
12
Índice 4 de SAMAI.
13
Índice 12 de SAMAI.

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Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
señora Ángela Brillitte Chaparro Tejeder contra la providencia dictada por la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, el 7 de julio de 2026, según
lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 14, así como en el Acuerdo
80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo
proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la Sección Segunda,
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora con ocasión de la sentencia emitida el
13 de abril de 2026, que confirmó parcialmente, la providencia del 18 de noviembre
de 2024 proferida por el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido en contra Distrito Capital de Bogotá – SDIS, identificado con radicado
11001-33-35-028-2023-00264-00/01.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados
se estudiará iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se
ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que
se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que
debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un

14
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

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mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «[…] el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un juicio
de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede
utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez
natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:

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Demandante: Ángela Brillitte Chaparro Tejedor
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04286-01

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

Visto lo anterior y, como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la
accionante cuestiona la providencia del 13 de abril de 2026, a través de la cual se
confirmó parcialmente la decisión que accedió parcialmente las pretensiones de la
demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado
por la parte actora contra el Distrito Capital de Bogotá- SDIS, identificado con el
radicado 11001-33-35-028-2023-00264-00/01.

En síntesis, la parte actora reprochó que la autoridad judicial accionada, en su
decisión redujera el reconocimiento del contrato realidad al periodo 2017-2020 y
excluyera los intervalos 2014-2017 y 2021-2022. Alegó un defecto fáctico por
valoración fragmentaria de las pruebas y falta de análisis autónomo del contrato de
2021, además de una apreciación errónea de las circunstancias locativas.

Señaló el desconocimiento del precedente judicial fijado por el Consejo de Estado
en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-005-16 y en fallos posteriores sobre
agentes educativas de primera infancia.

Denunció un defecto sustantivo por inaplicación del marco normativo docente y una
lectura formalista de las normas contractuales, y finalmente advirtió una motivación
insuficiente, pues la providencia no explicó de manera clara por qué funciones
idénticas solo acreditaban subordinación en un lapso limitado ni respondió de fondo
a los argumentos de apelación.

Por su parte la el a quo constitucional declaró la improcedencia de la acción de
tutela al considerar que incumplió el requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional.

La parte demandante impugnó el anterior fallo e insistió en que la providencia
censurada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo por valoración fragmentaria
del acervo probatorio, imposición de tarifa desproporcionada que desconoció la
fuerza de la prueba documental e indiciaria, aplicación errónea de la regla de
solución de continuidad al presumir autonomía por la interrupción contractual de 166
días, desconocimiento del precedente fijado en las Sentencias de Unificación CE-
SUJ2-005-16 y SUJ-025-CE-S2-2021 aplicadas de manera nominal y ausencia de
motivación suficiente para explicar la mutación de funciones pedagógicas idénticas
de subordinadas a autónomas en los periodos excluidos.

Frente al particular, esta sala considera que la parte actora no cumplió con la carga
iusfundamental requerida para satisfacer el requisito de la relevancia constitucional,
toda vez que, lejos de demostrar una vulneración a sus garantías constitucionales,
los reproches planteados están dirigidos a variar el raciocinio de la autoridad
accionada por no estar de acuerdo con lo decidido.

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Demandante: Ángela Brillitte Chaparro Tejedor
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04286-01

Frente al defecto fáctico la accionante consideró que el tribunal realizó una
valoración probatoria fragmentada e incompleta al omitir un análisis integral de los
contratos de 2014-2017 y 2021-2022, idénticos a los reconocidos. Indicó que el
tribunal accionado descartó el periodo 2021-2022 con base exclusiva en una
interrupción de 166 días, sin analizar la subsistencia de obligaciones y supervisión,
y cuestionó la apreciación locativa, pues el ingreso a un jardín infantil en 2017 no
eliminaba la subordinación de los contratos anteriores.

Al respecto, la sala observa que la señora Chaparro Tejedor centró su alegato en la
valoración inadecuada de los contratos y, por tal motivo, de la revisión del fallo
cuestionado se encontró que la autoridad demandada, al referirse a las pruebas, se
pronunció en los siguientes términos:

«76. No obstante, la Sala precisa que los elementos probatorios recaudados se
encuentran temporalmente delimitados al período comprendido entre 16 de junio de
2017, (contrato 7379 de 2017) y 20 diciembre de 2020, (contrato 9107 de 2020),
particularmente respecto de las labores desempeñadas en el Jardín Infantil Doradito
Lagunero. Ello reviste especial relevancia, por cuanto, si bien en la demanda se
formulan pretensiones relacionadas con contratos que se remontan al año 2014, fue
la propia demandante quien, en su interrogatorio de parte, precisó que ingresó a
trabajar como docente en junio de 2017, sin que exista prueba testimonial directa que
permita extender las condiciones de subordinación a anualidades anteriores, no obra
en el expediente prueba de órdenes, instrucciones, memorandos o llamados de
atención previos que acrediten que tales condiciones se hubiesen presentado de
manera continua e ininterrumpida entre el 31 de enero de 2014, y mayo de 2017.

77. Tampoco existe soporte suficiente para extender dicha conclusión al período
comprendido entre enero de 2021, y el 31 de julio de 2022, más aún cuando se
encuentra acreditada una interrupción significativa de 166 días hábiles entre la
terminación del contrato No. 9107 de 2020, esto es 20 de diciembre de 2020, y el
inicio del contrato No. 9901 de 2021, el 25 de agosto de 2021, circunstancia que
rompe cualquier vocación de continuidad ininterrumpida del vínculo.

78. En ese sentido, no resulta jurídicamente viable extender los efectos probatorios
del testimonio a períodos contractuales previos o posteriores respecto de los cuales
carece de conocimiento directo, menos aun cuando la propia demandante delimitó el
inicio de su labor docente al año 2017, circunstancia que impide inferir, sin soporte
específico, la existencia de idénticas condiciones de subordinación en años
anteriores o posteriores».

Como se observa, los reproches formulados por la parte actora no trascienden más
allá de una discrepancia con lo decidido por el juez ordinario. Por el contrario, lo
pretendido consiste en variar el razonamiento adoptado en esa instancia, por lo que
no se evidencia la existencia de un menoscabo a sus garantías constitucionales y,
en consecuencia, no se satisface el requisito de relevancia constitucional.

Lo mismo sucede con lo esbozado en el cargo por defecto sustantivo y falta de
motivación, pues lo requerido se reduce a convertir la acción de tutela en una
instancia adicional del proceso ordinario, con el propósito de reabrir el debate sobre
la lectura realizada por el tribunal al considerar que existió una simple «coordinación
contractual» fuera del periodo 2017-2020.

Esto, aun cuando la autoridad señalada expone en la sentencia las razones que en
su criterio sustentan la decisión objeto de reparo, aunque no coincidan con las
expectativas de la parte actora, y en ese sentido se pronunció así:

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Demandante: Ángela Brillitte Chaparro Tejedor
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Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04286-01

«80. No es posible, por tanto, inferir que, por el solo hecho de haberse acreditado
subordinación durante dicho lapso, la misma situación se hubiera presentado
automáticamente en períodos anteriores o posteriores, pues ello supondría una
presunción que ha sido descartada por la jurisprudencia del Consejo de Estado 15, la
subordinación debe demostrarse con hechos concretos y prueba específica, sin que
baste la mera similitud entre contratos o funciones16.

81. La sala concluye, de acuerdo con las pruebas documentales, para los periodos
del 31 de enero de 2014, y mayo de 2017, y 21 de diciembre de 2020, y el 31 de julio
de 2022, no se acreditan los elementos estructurales de una relación laboral, en
particular la subordinación, no fue desvirtuada la naturaleza autónoma de la
vinculación contractual, razón por la cual no se configura el contrato realidad alegado
durante dichos períodos, por lo que se niegan las pretensiones respecto al
mencionado lapso de tiempo.

82. Respecto del período del 16 de junio de 2017, al 20 de diciembre de 2020, se
acreditó que la vinculación de la demandante desarrolló funciones propias y
permanentes como docente de niños en el jardín infantil Doradito Lagunero, las cuales
ejecutó de manera personal, bajo directrices de superiores y con sujeción a horario,
probando su integración a la estructura de la entidad, en consecuencia, se configura
una relación laboral en aplicación del principio de primacía de la realidad».

En ese orden de ideas, la sala advierte que el señalamiento de la accionante busca
exponer una actuación arbitraria en el fallo de nulidad y restablecimiento del
derecho, sin demostrar una afectación de sus garantías constitucionales.

Por el contrario lo que se evidencia es que la controversia se sustenta en los
defectos fáctico, sustantivo y falta de motivación suficiente, con el propósito de
convertir la tutela en una tercera instancia. En consecuencia, el caso se reduce a
un desacuerdo probatorio carente de relevancia constitucional, lo que impide la
intervención del juez de tutela.

Por lo anterior, esta sección concluye que no se acreditaron los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para superar el
requisito de relevancia constitucional, pues resulta evidente que la acción de tutela
y los defectos invocados por la parte accionante reflejan únicamente una
inconformidad con lo decidido por el juez natural.

2.4.2 Subsidiariedad

Respecto al cargo alegado por desconocimiento del precedente jurisprudencial, la
sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
consagra el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la
acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el
numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los

15
C. E., Sec. Segunda, Sent. 25000-23-25-000-2011-01310-02(5133-16) sept. 26/2019 M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
16
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. C. P.: Juan Camilo Morales Trujillo. Abril 7
de 2025. Rad. No.: 76001-23-33-000-2012-00157-01 (2718-2021).

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derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela.

En la acción constitucional de la referencia, la señora Chaparro Tejedor alegó que
la autoridad accionada desconoció el precedente fijado en las Sentencias de
Unificación CE-SUJ2-005-16 de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 de 2021. Dichas
providencias ordenaban valorar indicios flexibilizados de subordinación en el caso
de las maestras de jardines infantiles de la SDIS. En su concepto, aunque el tribunal
citó nominalmente estas decisiones en la parte teórica del fallo, desatendió sus
efectos jurídicos al resolver el caso concreto.

Esta sala considera que el desconocimiento del precedente alegado no cumple con
el requisito de la subsidiariedad porque la actora contaba con el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia consagrado en el artículo 256 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para cuestionar la decisión judicial 13 de abril de 2026, por apartarse
de lo indicado en las sentencias de unificación referidas.

Al respecto, los artículos 256, 257 y 258, normas aplicables al caso concreto,
establecen:

“ARTÍCULO 256. FINES. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación
uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten
perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los
agravios inferidos a tales sujetos procesales.

ARTÍCULO 257. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda
instancia por los tribunales administrativos, tanto para los procesos que se rigen por
el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan por la Ley 1437 de 2011.

[…]
ARTÍCULO 258. CAUSAL. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado.

De lo manifestado se colige que, frente al defecto alegado, correspondía a la parte
accionante interponer el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia para
controvertir lo decidido en la sentencia reprochada. Si la demandante consideraba
que el tribunal accionado se apartaba injustificadamente de las sentencias de
unificación proferidas por esta corporación, la ley dispone dicho mecanismo para
que el Consejo de Estado verifique el desconocimiento del precedente. Sin
embargo, este recurso no se promovió en el presente caso.

Adicionalmente la sala observa que, en cuanto al argumento de la fata de respuesta
de fondo a los argumentos de apelación, tampoco supera el requisito de
procedibilidad de la subsidiariedad, por cuanto el actor debe agotar todos y cada
uno de los mecanismos previstos en la ley para cuestionar lo que por vía de tutela
pretende, en este caso, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A omitiera pronunciarse frente al argumento central de la
apelación de la demanda relativo a la continuidad y a la permanecía de la finalidad
del servicio, pues a su parecer la decisión de instancia guardó silencio frente a lo
alegado.

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Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04286-01

Cabe advertir que, frente a este alegato, el recurrente tenía a su disposición la
solicitud de adición consagrada en el artículo 287 del Código General del Proceso,
el cual establece:

«ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera
de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la
ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada
en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre
que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la
demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente
para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a
solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal».

En consecuencia, esta sala de decisión confirmará la providencia del 7 de julio de
2026 que declaró improcedente la acción constitucional pero por no cumplir con los
requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 7 de julio de 2026 proferida por la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción
de tutela presentada por la señora Ángela Brillite Chaparro Tejedor contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, pero
por las razones expuestas.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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Demandante: Ángela Brillitte Chaparro Tejedor
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04286-01

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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