Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04305-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04305-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04305-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
2 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04305-00
Demandante: ÁLVARO ANTONIO NARVÁEZ PABÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de
la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Álvaro Antonio Narváez Pabón, en nombre propio, promovió acción de
tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal
Administrativo de Nariño, con el propósito de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social,
a la igualdad, a la dignidad humana, de acceso a la administración de justicia y «a
la protección reforzada de las personas de la tercera edad y en condición de
discapacidad y enfermedad crónica».
Consideró vulnerados tales derechos con ocasión de la sentencia del 26 de
febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, mediante la cual se declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión presentado por el señor Narváez Pabón contra la sentencia del 12 de
agosto de 2022 emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, trámite que se
identificó con el radicado 11001-03-25-000-2022-00693-00.
A su vez, el accionante controvierte la providencia del 12 de agosto de 2022 del
Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual se revocó el fallo del 13 de
noviembre de 2019 dictado por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
1
El 3 de junio de 2026.
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Demandante: Álvaro Antonio Narváez Pabón
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Judicial de Pasto, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, las negó.
Esto, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
52001-23-33-009-2018-00048-00/01, que promovió el señor Narváez Pabón
contra el departamento de Nariño - Fondo de Pensiones del departamento de
Nariño - Caja de Previsión Departamental de Nariño, en aras de que se le
reconociera la pensión de sobrevivientes reclamada.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el actor elevó las siguientes pretensiones:
(...) Por lo anterior solicito se ordene la suspensión provisional de los efectos de las
sentencias judiciales cuestionadas mientras se decide de fondo la presente acción
constitucional Y SE ORDENE el reconocimiento y pago de pensión en acatamiento
de la decisión de PRIMERA INSTANCIA a partir del 2015 como se efectuó en esta
decisión.
(...) Con estos argumentos y la argumentación realizada por mi abogado en los
recursos de apelación y de revisión, mas todos los escritos que ha enviado en
forma repetitiva para reclamar el impulso del proceso, sin obtener ninguna
respuesta, y en base en ello favor emitir la sentencia de tutela en la que revoque la
decisión de apelación y de revisión, dejando en firme la sentencia de primera
instancia, y si consideran pertinente, adicionar argumentos ampliamente conocido
por ustedes y referidos en esta tutela y en todo el contenido del expediente. Para
ello le solicito con todo respeto el favor de oficiar al juzgado de origen en su
integridad remita el link del expediente, o en forma escaneada el contenido total de
la demanda que dio origen a esta acción de tutela.2
1.3. Hechos
En el escrito de la tutela se hizo mención de los siguientes supuestos fácticos:
El señor Narváez Pabón relató que promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el departamento de Nariño - Fondo de
Pensiones del departamento de Nariño - Caja de Previsión Departamental de
Nariño.
Explicó que en dicho proceso controvirtió la legalidad de las resoluciones 2630
del 15 de junio, 2775 de 14 de agosto y 231 del 22 de septiembre de 2017, por
medio de las cuales se le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
con ocasión de la muerte de su cónyuge, la señora Aura Ligia Torres Burbano3.
Señaló que mediante sentencia del 13 de noviembre de 2019 el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto accedió parcialmente al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, al aplicar de manera
retrospectiva el artículo 46 de la Ley 100 de 19934 por ser más favorable a la
situación particular de la causante, ya que solo exigía 26 semanas cotizadas en
el año previo al fallecimiento.
2
Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
3
Quien laboró en la Lotería de la Beneficencia de Nariño entre el 1º de noviembre de 1990 y el 25
de julio de 1994, fecha de su fallecimiento.
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«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
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Mencionó que la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Nariño en la sentencia de 12 de agosto
de 2022, por medio de la cual revocó el fallo del a quo para, en su lugar, denegar
las súplicas de la demanda.
Ello, debido a que para el momento en que falleció la señora Aura Ligia Torres
Burbano la Ley 100 de 1993 no estaba vigente para los servidores públicos del
orden territorial, por lo que no era viable aplicarla al caso concreto. Además, se
encontró que la causante no completó los 20 años de servicios exigidos por la
Ley 12 de 19755 para ser beneficiaria de la pensión.
Narró que presentó recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia
del 12 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, con
fundamento en la causal establecida en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011 (CPACA), por cuanto se desconocieron los principios de
favorabilidad y condición más beneficiosa, así como el precedente fijado en
materia pensional.
Indicó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión, mediante sentencia del 26 de
febrero de 2026, pues los cargos planteados se dirigieron a cuestionar la
interpretación del tribunal y no evidenciaban la existencia de un vicio procesal en
la sentencia.
1.4. Sustento de la petición
A juicio del accionante, en las providencias controvertidas se configuró un defecto
sustantivo por la interpretación restrictiva y desproporcionada de los artículos 1º,
4, 13, 48, 53 y 93 de la Constitución, toda vez que el Tribunal Administrativo de
Nariño y la subsección accionada del Consejo de Estado privilegiaron una lectura
meramente formal sobre la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para
empleados territoriales, sin aplicar los principios de favorabilidad, la progresividad
de los derechos sociales y la condición más beneficiosa.
En ese sentido, destacó que el fallo del Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Pasto sí realizó un análisis constitucional amplio y razonable,
concluyendo que resultaba procedente aplicar retrospectivamente el artículo 46
de la Ley 100 de 1993, en consideración a que la señora Aura Ligia Torres
Burbano había cotizado las 26 semanas requeridas y porque el fallecimiento
ocurrió cuando la norma en mención se encontraba vigente a nivel nacional desde
el 1º de abril de 1994.
El actor consideró que las decisiones cuestionadas desconocieron el precedente
fijado por la Corte Constitucional en las sentencias T‑564 de 2015, T‑713 de 2015,
SU‑444 de 2023, T‑523 de 2024, SU‑056 de 2025 y T‑290 de 2025, relativo a la
favorabilidad, la retrospectividad normativa, la protección de sujetos vulnerables y
la garantía del mínimo vital, pues aplicaron interpretaciones regresivas y omitieron
el deber de aplicar de manera prevalente lo dispuesto en la Constitución y el
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«Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación».
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principio pro homine.
Finalmente, el demandante señaló que las providencias debatidas incurrieron en
defecto fáctico, pues no valoraron pruebas esenciales sobre su condición de
sujeto de especial protección, dada su edad avanzada, la enfermedad crónica que
padece, la pérdida de visión, la imposibilidad de reincorporarse en el mercado
laboral y la afectación a su mínimo vital.
En su sentir, se omitió realizar un análisis reforzado sobre las consecuencias de
negar la pensión de sobrevivientes a una persona en evidente vulnerabilidad y
desatendieron que la dependencia económica, la convivencia y las semanas
cotizadas de la causante estaban plenamente acreditadas y reconocidas en la
sentencia de primera instancia, lo que hacía exigible una interpretación conforme
a la Constitución y al principio pro homine.
En cuanto a la providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, precisó que se configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
toda vez que «se limitó a señalar que las inconformidades planteadas
correspondían a diferencias interpretativas frente a la sentencia cuestionada, sin
realizar un verdadero examen constitucional sobre los graves defectos
sustantivos, fácticos y de desconocimiento del precedente alegados por el
recurrente».
1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones
Mediante auto de 11 de junio del año en curso, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar esta decisión al señor Narváez Pabón y como demandados a los
magistrados de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, así
como aquellos que integran el Tribunal Administrativo de Nariño.
A la vez, se vinculó al juez Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Pasto y
al gobernador de Nariño6, en calidad de terceros con interés en las resultas del
presente trámite. Además, se denegó la medida cautelar solicitada pues de los
hechos que sustentan la acción constitucional no se advirtió, a priori, una
amenaza inminente a los derechos fundamentales del accionante.
Remitidas las respectivas comunicaciones7, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Pasto
En el memorial allegado realizó un recuento de las actuaciones surtidas en dicho
despacho, a partir del cual solicitó que no se impartiera alguna orden en su
contra, dado que los reproches del actor se dirigen exclusivamente contra la
sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, al igual que la decisión que resolvió el recurso
extraordinario de revisión.
6
Mandatario que también ejerce la representación legal del Fondo de Pensiones del
Departamento de Nariño.
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Mediante oficios enviados el 16 de junio de 2026.
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1.5.2. Tribunal Administrativo de Nariño
En el informe rendido se opuso al amparo solicitado por el actor, por cuanto la
decisión proferida por esa corporación estuvo debidamente motivada en aspectos
jurídicos y fácticos, aunado a que se realizó una relación detallada de las
disposiciones constitucionales y normativas aplicables al caso sometido a su
consideración, razón por la que no podía considerarse que incurrió en los yerros
invocados.
1.5.3. Los demás vinculados, pese a que fueron debidamente comunicados de la
existencia del trámite de la referencia, no se pronunciaron respecto a la
controversia expuesta en la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción constitucional, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en
el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20198.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala analizar si el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y el Tribunal Administrativo de Nariño vulneraron los derechos
fundamentales del señor Narváez Pabón, por presuntamente incurrir en los
defectos sustantivo, fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto y el
desconocimiento del precedente planteados, con ocasión de las providencias
dictadas en los procesos con radicados 11001-03-25-000-2022-00693-00 y
52001-23-33-009-2018-00048-01, respectivamente.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, de encontrarse superados los requisitos adjetivos de procedibilidad,
se abordará, ii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20129, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
8
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.3.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
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limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».
Enfatizó que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte, el análisis
de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
En el presente asunto, el señor Narváez Pabón controvierte la sentencia del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual se declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión promovido contra la decisión del 12
de agosto de 2022 del Tribunal Administrativo de Nariño, así como esta última
providencia dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que el actor presentó con el propósito de obtener el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge.
Para el accionante, las providencias en cuestión incurrieron en i) defecto
sustantivo, al adoptar una interpretación restrictiva sobre la vigencia de la Ley 100
de 1993, ii) desconocimiento del precedente constitucional sobre la favorabilidad,
la retrospectividad normativa y la protección reforzada de sujetos vulnerables y en
iii) defecto fáctico, dado que no se valoraron pruebas que demostraban su edad,
los quebrantos de salud que padece, la imposibilidad de laborar y la afectación a
su mínimo vital.
Además, se indicó que la providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
debido a que «se limitó a señalar que las inconformidades planteadas
correspondían a diferencias interpretativas frente a la sentencia cuestionada, sin
realizar un verdadero examen constitucional sobre los graves defectos
sustantivos, fácticos y de desconocimiento del precedente alegados por el
recurrente».
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Bajo este contexto, la sala advierte que el demandante no cumplió con la carga
iusfundamental requerida para superar el requisito en estudio, toda vez que sus
reproches están dirigidos a que se modifique el raciocinio de las autoridades
judiciales accionadas tras no estar de acuerdo con lo decidido, sin sugerir alguna
discusión que a primera vista justifique razonablemente una afectación desmedida
de sus derechos fundamentales, en particular, al debido proceso10 y de acceso a
la administración de justicia.
En criterio de la sección, lo pretendido por el accionante al plantear la
configuración del defecto sustantivo es convertir la tutela en una instancia
adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió
contra el departamento de Nariño - Fondo de Pensiones del departamento de
Nariño - Caja de Previsión Departamental de Nariño, para reabrir el debate que
versa sobre una cuestión de interpretación meramente legal.
Ello es así, por cuanto el demandante se limitó a señalar que la corporación
enjuiciada aplicó de manera restrictiva la vigencia de la Ley 100 de 1993, aun
cuando en la sentencia debatida se expusieron las razones del porqué se
concluyó que dicha norma no regía la situación particular de su cónyuge fallecida
y que ella no cumplió los presupuestos necesarios para que se le reconociera la
pensión bajo los lineamientos de la Ley 12 de 197511, razonamiento que se
expresó en los siguientes términos:
8.2.3. Debe indicarse que de acuerdo con el criterio jurisprudencial del Consejo de
Estado el derecho pensional por muerte se causa a partir de la fecha de
fallecimiento, luego entonces la norma que rige es la que se encontraba en vigencia
para dicha fecha. De esta manera la parte actora no tendría derecho al
reconocimiento pensional, pues no se cumpliría con el tiempo de servicio requerido.
Tampoco, conforme con dicho criterio, sería procedente la aplicación retrospectiva
de la Ley 100 de 1993 debido a que a la fecha en la cual se generó el derecho
(fecha de fallecimiento de la señora Aura Ligia Torres Burbano), dicha disposición
no estaba en vigor para servidores públicos del nivel departamental, municipal y
distrital.
(...) Corolario de lo expuesto se tiene que los argumentos en los que sustenta los
cargos de nulidad de los actos administrativos demandados no cuentan con ánimo
de prosperidad y en consecuencia se deniegan las pretensiones de la demanda
habida cuenta que: i) acogiendo la jurisprudencia del H. Consejo de Estado no es
procedente aplicar en virtud del principio de favorabilidad, la figura de la
retrospectividad de la ley para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; ii)
a la fecha de muerte de la señora Aura Ligia Torres no se encontraba vigente la Ley
100 de 1993 para servidores públicos territoriales; por lo tanto, no procede su
aplicación iii) la señora Aura Ligia Torres (q.e.p.d.) no completó los 20 años de
servicio con base en la Ley 12 de 1975; por lo tanto, el señor Álvaro Antonio
Narváez Pabón en calidad de cónyuge supérstite, no puede acceder a la pensión
de sobrevivientes; y [iv]) ante la prosperidad del recurso de apelación, habrá de
condenarse al demandante en costas procesales en ambas instancias.
De modo que lo pretendido por el accionante es convertir este mecanismo
constitucional en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho para reabrir el debate abordado por el juez natural en torno a si es
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La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 definió el núcleo esencial de este
derecho como el de: «(...) hacer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas,
mediante la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho” (...)».
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«Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación».
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posible aplicar de manera retrospectiva lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, toda
vez que es más favorable a la situación particular de su cónyuge.
Lo mismo sucede con el defecto fáctico al que se hizo alusión en el escrito de la
tutela pues, a juicio de esta sección, al momento de invocarse la ocurrencia de
esta irregularidad es necesario que la parte actora: i) identifique los elementos
probatorios que no fueron valorados por el juez, ii) demuestre que los aportó en
oportunidad legal y con el cumplimiento de las exigencias legales, iii) argumente
el porqué éstos resultaban relevantes para la decisión y iv) exponga las razones
por las cuáles, su análisis, hubiera podido variar el sentido del fallo.
No obstante, el demandante se limitó a afirmar que en las providencias
cuestionadas no se valoraron las pruebas que acreditaban las condiciones que lo
ubican en una situación de especial protección, sin exponer un planteamiento
adicional que permitiera inferir, de manera preliminar, que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en una omisión susceptible de ser reprochada en
esta instancia constitucional.
Cabe resaltar que en las tutelas dirigidas contra providencias se exige la
observancia de una carga argumentativa mayor, sin que ello implique una técnica
hermenéutica específica, con el propósito de que se expongan los motivos por los
cuáles se origina la vulneración de los derechos fundamentales invocados, razón
por la que es necesario que se identifiquen las pruebas que fueron posiblemente
desconocidas.
La razón de ser de esta exigencia radica en que si prospera el amparo deprecado
se afectaría el principio de cosa juzgada del proveído censurado en sede de
tutela, estudio que solo tiene lugar cuando de la argumentación que la parte
actora realice se deduzca con claridad que lo resuelto es irrazonable y que ello
quebranta garantías constitucionales.
Ahora, si bien el tutelante planteó en la acción de tutela el presunto
desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en las
sentencias T‑564 de 2015, T‑713 de 2015, SU‑444 de 2023, T‑523 de 2024,
SU‑056 de 2025 y T‑290 de 2025, relativo a la favorabilidad, la retrospectividad
normativa, la protección de sujetos vulnerables y la garantía del mínimo vital, este
cargo también resulta improcedente.
La razón de ello obedece a que el demandante no satisfizo la carga
argumentativa exigida para que sea viable realizar un estudio de fondo de su
planteamiento, toda vez que la mera referencia a las aludidas providencias no
permite, por sí sola, predicar su carácter vinculante frente al tribunal accionado, ni
evidencia a primera vista la eventual transgresión de los derechos fundamentales
invocados.
Cabe resaltar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la Corte
Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene
relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la
mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» y
que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para debatir
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Demandante: Álvaro Antonio Narváez Pabón
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04305-00
«asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
Esto quiere decir que la problemática sugerida por el tutelante no podía limitarse a
la inconformidad que tiene con el raciocinio que sustentó la providencia del
tribunal accionado para concluir que el derecho pensional reclamado debía
definirse conforme con la normativa vigente al momento del fallecimiento de la
causante, pues era necesario que se sugirieran planteamientos que denotaran la
existencia de una transgresión desmedida a una garantía constitucional producto
de una actuación arbitraria de la corporación enjuiciada.
Lo anterior es de especial importancia, por cuanto el juez de tutela no puede
realizar nuevamente el análisis que respaldó la decisión proferida por otra
autoridad judicial, especialmente si se tiene en cuenta que los jueces están
amparados por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen
el respeto por la cosa juzgada.
Por último, llama la atención de la sala que el actor sugirió la configuración del
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto contra la providencia del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sin precisar cuál fue la regla
procesal que presuntamente aplicó de manera estricta, pues tan solo mencionó
que dicha colegiatura no realizó un pronunciamiento respecto a los cargos
planteados en el recurso extraordinario de revisión.
Así que el accionante no expuso algún cuestionamiento que permitan inferir,
siquiera de manera preliminar, la vulneración de alguna garantía constitucional,
pues lo que se plantea con el referido reparo es una discrepancia frente al
razonamiento que condujo a la autoridad judicial cuestionada a declarar infundado
dicho mecanismo.
De hecho, se advierte que aun cuando el actor incluyó dentro de las providencias
objeto de reproche aquella que fue proferida en el marco del recurso
extraordinario de revisión no propuso un cuestionamiento que esté relacionado
con lo señalado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, pues
su decisión tuvo respaldo en que no se configuró la existencia de una nulidad
generada en la sentencia ni la vulneración de una garantía procesal esencial.
De modo que el accionante no presentó argumentos contra la providencia a la
que le atribuyó la presunta transgresión de sus derechos fundamentales que
ameriten la intervención del juez constitucional, especialmente si se tiene en
cuenta que el estudio del requisito de la relevancia constitucional es más riguroso
cuando se pretende cuestionar sentencias proferidas por una alta Corte.
Así las cosas, la sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto el demandante no
expuso planteamientos que permitan evidenciar, a priori, que su caso amerita un
pronunciamiento adicional y que tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución o determinar el alcance de algún derecho fundamental.
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Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04305-00
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Álvaro Antonio Narváez Pabón.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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