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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00693-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00693-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Ávaro Antonio Narváez Pabón en contra de la sentencia proferida el 12 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado: 52001-23-33-009-2018-00048-00 (01). Segundo: No condenar en costas. Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos Samai y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen. Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmada electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00693-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00693-00 (6263-2022)
Demandante: Álvaro Antonio Narváez Pabón
Demandado: Departamento de Nariño, Fondo de Pensiones del
departamento de Nariño1
Providencia Sentencia del 12 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo de Nariño

Tema: Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2. Nulidad originada en la sentencia

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Álvaro Antonio
Narváez Pabón contra la sentencia del 12 de agosto de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido en contra del departamento de Nariño, Fondo de Pensiones
del departamento de Nariño.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, Álvaro Antonio Narváez Pabón presentó
demanda en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones 2630 del 15
de junio, 2775 de 14 de agosto y 231 del 22 de septiembre de 2017, por medio de
la cual la entidad demandada le negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su cónyuge Aura Ligia Torres
Burbano.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) la declaración de que Aura
Ligia Torres Burbano cotizó al Sistema de Gestión en Pensiones del departamento

1 Antes Caja de Previsión Departamental de Nariño.
2 En adelante CPACA.
3 Samai índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_20221122(.zip) NroActua 2», carpeta
«3_110010325000202200693001EXPEDIENTEDIGI20221122153624», subcarpeta
«52001333300920180004801 (8941)», subcarpeta «00.ExpdienteDigitalizadoPorServisoft-
MalDigitalizadoSeOmitieronPáginas», archivo «1.pdf» folios 4 a 19.

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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00693-00 (6263-2022)
Demandante: Álvaro Antonio Narváez Pabón

de Nariño, Fondo de Pensiones del departamento de Nariño, más de 26 semanas
en el año anterior a su muerte y, en consecuencia, al haber cumplido con los
requisitos previstos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, se consolidó el derecho
a la pensión de sobrevivientes; (ii) la inaplicación de la normas que impidieran el
reconocimiento pensional y que fueran contrarias a los principios constitucionales
de favorabilidad, condición más beneficiosa y progresividad, previstos en el artículo
53 de la Constitución Política; (iii) el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en su favor en su condición de cónyuge supérstite, a partir del día
siguiente al de la muerte del causante o, en su defecto, desde el 28 de marzo de
2011 por prescripción; (iv) la liquidación de la prestación con lo que devengaba una
secretaria de la Lotería de la Beneficencia de Nariño o el cargo que hubiera
reemplazado al desempeñado por la causante, con la inclusión de intereses,
indexación y sanción moratoria y demás emolumentos causados desde la fecha
del deceso; (v) el pago de los gastos funerarios y demás derechos derivados del
fallecimiento; (vi) el cumplimiento de la sentencia en los términos del CPACA; y
(vii) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. Aura Ligia Torres Burbano laboró en la Lotería de la Beneficencia de Nariño
entre el 1 de noviembre de 1990 y el 25 de julio de 1994, fecha de su fallecimiento.
El tiempo de servicio por este periodo fue 3 años, 7 meses y 25 días, lo que
equivalía a 189.57 semanas de cotización, la cuales superaban las 26 semanas
exigidas en la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.

3.2. La Ley 100 de 1993 empezó a regir el 1 de abril de 1994 y estableció como
único requisito para reclamar la pensión de sobrevivientes que el causante hubiera
cotizado al menos 26 semanas en el año inmediatamente anterior a su
fallecimiento.

3.3. Según certificación expedida por su empleador, estuvo afiliada a la Caja de
Previsión Departamental de Nariño, cuyos pasivos fueron asumidos
posteriormente por el Fondo de Pensiones del departamento de Nariño.

3.4. La entidad demandada omitió considerar que Álvaro Antonio Narváez Pabón
tenía derecho a la pensión de sobrevivientes, pese a que la causante había
cotizado el Sistema General de Pensiones más de 26 semanas en los 3 años
anteriores a su fallecimiento y más de 150 semanas en los 6 años previos al
deceso, requisitos que se encontraban acreditados. Sin embargo, negó el
reconocimiento de la prestación reclamada desde el 14 de septiembre de 2014.

3.5. Elderecho reclamado ante la administración se encontraba acreditado
mediante los registros civiles de matrimonio, nacimiento y defunción
correspondientes.

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Demandante: Álvaro Antonio Narváez Pabón

1.2. Sentencia de primera instancia4

4. Mediante sentencia proferida el 13 de noviembre de 2019 el Juzgado 9
Administrativo de Pasto accedió al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 y se abstuvo
de condenar en costas a la parte vencida. Para el efecto, consideró:

4.1. Si bien para la fecha del fallecimiento de Aura Ligia Torres Burbano (25 de julio
de 1994) la Ley 100 de 1993 aún no había entrado a regir para los empleados
públicos del orden territorial, pues su vigencia para ellos operó a más tardar el 30
de junio de 1995, y en principio resultaba aplicable el Decreto 1160 de 1989 en
concordancia con la Ley 33 de 1985, normativa bajo la cual la causante no cumplía
con el tiempo de servicio requerido para la sustitución pensional, lo cierto es que
el caso ameritaba un análisis desde los principios de favorabilidad e igualdad.

4.2. En ese sentido, era procedente la aplicación retrospectiva del artículo 46 de la
Ley 100 de 1993, al haber sido la norma más favorable, la cual exigía únicamente
la cotización de 26 semanas en el año anterior al fallecimiento, requisito que se
encontraba acreditado en el expediente. En consecuencia, era posible el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de Álvaro Antonio Narváez
Pabón.

4.3. Aunque el derecho pensional es imprescriptible, a las mesadas sí se les aplica
dicho fenómeno. En consecuencia, era procedente el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes a favor de Álvaro Antonio Narváez Pabón con efectos fiscales
desde el 9 de febrero de 2015, esto es, 3 años anteriores a la radicación de la
demanda, debidamente indexadas conforme con el IPC certificado por el DANE.
Las demás pretensiones eran improcedentes.

1.3. El recurso de apelación5

5. La parte demandada interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó que se
revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se denegaran las súplicas
del escrito inicial, con sustento en los argumentos que se sintetizan a continuación:

5.1. Era improcedente el juicio de igualdad que se aplicó en la sentencia de primera
instancia, pues no resultaba viable comparar regímenes laborales distintos, de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La diferenciación
entre empleados del orden nacional y territorial obedecía a criterios objetivos
relacionados con la naturaleza del empleo, el régimen jurídico aplicable y las
condiciones fiscales de las entidades territoriales, por lo cual el test de igualdad

4 Samai índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_20221122(.zip) NroActua 2», carpeta
«3_110010325000202200693001EXPEDIENTEDIGI20221122153624», subcarpeta
«52001333300920180004801 (8941)», subcarpeta «00.ExpdienteDigitalizadoPorServisoft-
MalDigitalizadoSeOmitieronPáginas», archivo «3.pdf» folios 75 a 87.
5 Samai índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_20221122(.zip) NroActua 2», carpeta
«3_110010325000202200693001EXPEDIENTEDIGI20221122153624», subcarpeta
«52001333300920180004801 (8941)», subcarpeta «00.ExpdienteDigitalizadoPorServisoft-
MalDigitalizadoSeOmitieronPáginas», archivo «3.pdf» folios 89 a 101.

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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00693-00 (6263-2022)
Demandante: Álvaro Antonio Narváez Pabón

utilizado para aplicar retrospectivamente el artículo 46 de la Ley 100 de 1993
carecía de fundamento.

5.2. La entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 fue determinada por el legislador
y, en lo relacionado con el Sistema General de Pensiones para los servidores del
orden territorial, su aplicación operó en los términos del parágrafo del artículo 151
ibidem. La diferenciación no vulneraba el principio de igualdad, según lo indicado
por la Corte Constitucional en la sentencia C-415 de 2014, por lo que la aplicación
del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en el caso concreto desconocía el régimen
vigente para la fecha del fallecimiento de la causante.

5.3. En consecuencia, al no haber resultado jurídicamente viable la aplicación del
régimen invocado por la parte actora, no se configuraron los presupuestos
normativos que habilitaban el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por
lo que se imponía la revocatoria de la decisión apelada y la consecuente
denegatoria de las pretensiones.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión6

6. El Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia del 12 de agosto de 2022
revocó la decisión de primera instancia y, en consecuencia, negó las pretensiones
de la demanda. Asimismo, se abstuvo de condenar en costas.

7. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:

7.1. Álvaro Antonio Narváez Pabón fue cónyuge de Aura Ligia Torres Burbano,
fallecida el 25 de julio de 1994, fecha para la cual no había entrado en vigor la Ley
100 de 1993 para los empleados del orden territorial. En ese sentido, la norma
aplicable para acceder a la pensión del cónyuge que hubiera fallecido era el artículo
1 de la Ley 12 de 1975, que exigía un tiempo de servicios por parte del causante
de 20 años.

7.2. De conformidad con el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado el derecho
pensional por muerte se causa a partir de la fecha del fallecimiento, luego entonces
la norma que regía era la que se encontraba vigente para la ocurrencia del suceso.

7.3. En el caso concreto la causante acreditaba un periodo de labores de 3 años, 3
meses y 1 día, en la Lotería de la Beneficencia de Nariño, por tanto, no habría lugar
a reconocimiento pensional bajo el artículo 1 de la Ley 12 de 1975.

7.4. No era procedente la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, toda vez
que a la fecha en la cual se generó el derecho, esto es, el 25 de julio de 1994,
fecha del fallecimiento de Aura Ligia Torres Burbano, dicha disposición no estaba
en vigor para los empleados públicos del nivel departamental, municipal y distrital.

6 Samai índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_20221122(.zip) NroActua 2», carpeta
«3_110010325000202200693001EXPEDIENTEDIGI20221122153624», subcarpeta
«52001333300920180004801 (8941)», archivo «21Sentencia2daInstancia-
RevocaPensiónDeSobrevivientes.pdf».

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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00693-00 (6263-2022)
Demandante: Álvaro Antonio Narváez Pabón

7.5. Aunque la Corte Constitucional había admitido la aplicación retrospectiva de la
norma por favorabilidad, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia el 16 de septiembre de 20217, revocó una decisión del
Tribunal Administrativo de Nariño que había reconocido la pensión con fundamento
en la Ley 100 de 1993, aun cuando el demandante había acreditado más de 15
años de cotización. En esta providencia se indicó que la norma aplicable era la
vigente al momento del fallecimiento del causante.

7.6. Así las cosas, denegó las pretensiones de la demanda, toda vez que (i) no
resultaba procedente aplicar, en virtud del principio de favorabilidad, la figura de la
retrospectividad de la ley para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado; (ii) para la fecha del
fallecimiento de la causante no se encontraba vigente la Ley 100 de 1993 para los
servidores públicos del orden territorial, por lo que no era viable su aplicación al
caso concreto; y (iii) aquella no completó los 20 años de servicios exigidos por la
Ley 12 de 1975, razón por la cual Álvaro Antonio Narváez Pabón en calidad de
cónyuge supérstite no reunía los requisitos legales para acceder a la prestación.

1.5. Recurso extraordinario de revisión8

8. Álvaro Antonio Narváez Pabón interpuso recurso extraordinario de revisión en
contra de la sentencia del 12 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño. Lo anterior con fundamento en la causal establecida en
el numeral 5 del artículo 250 del CPACA «[e]xistir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

9. Solicitó la revisión y revocación de la providencia objeto del recurso y, en su
lugar, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en consideración a lo
previsto en la Ley 100 de 1993.

10. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:

10.1. La sentencia proferida por el tribunal incurrió en nulidad por violación directa
de la Constitución Política, al no haber aplicado los principios de favorabilidad y
condición más beneficiosa previstos en el artículo 53 ibidem, así como el principio
de supremacía constitucional establecido en el artículo 4 ejusdem.

10.2. Para la fecha del fallecimiento de la causante, se encontraba vigente la Ley
100 de 1993, norma que debía aplicarse por resultar más favorable, en cuanto
redujo a 26 semanas cotizadas en el año anterior a la muerte el requisito para
acceder a la pensión de sobrevivientes. La decisión desconoció la disposición y
aplicó normas más restrictivas, pese a encontrarse acreditados los requisitos de
semanas cotizadas y dependencia económica.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 16 de septiembre de 2021, radicado 52001-23-33-000-2017-00519-01.
8 Samai índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_20221122(.zip) NroActua 2», carpeta
«3_110010325000202200693001EXPEDIENTEDIGI20221122153624», subcarpeta
«52001333300920180004801 (8941)», archivo «23RecursoDeRevisión.pdf».

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Demandante: Álvaro Antonio Narváez Pabón

10.3. La providencia se apartó del precedente constitucional sobre la aplicación
preferente de la norma más favorable en materia laboral y de seguridad social,
incurrió en defecto sustantivo por inaplicación de la ley vigente y desconoció la
especial protección constitucional de las personas en condición de debilidad
manifiesta por razones de salud, como lo era su caso.

10.4. Las irregularidades desconocieron una nulidad originada en la sentencia, lo
que habilitaba la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión9

11. Laparte demandada contestó el recurso extraordinario de revisión con
fundamento en las siguientes consideraciones:

11.1. El recurrente se limitó a reiterar las inconformidades frente a la interpretación
normativa adoptada por el Tribunal Administrativo de Nariño en la sentencia, sin
estructurar un cargo concreto que configurara la causal 5 del artículo 250 del
CPACA.

11.2. Fundamentó su inconformidad en la aplicación preferente de la Ley 100 de
1993 y en los principios de favorabilidad y condición más beneficiosa; sin embargo,
estos planteamientos correspondían a diferencias jurídicas frente a la decisión
adoptada y no a un vicio procesal originado en la sentencia.

11.3. La providencia de segunda instancia se encontraba debidamente motivada y
cumplió con los requisitos del artículo 187 del CAPACA, pues realizó un estudio
integral de las pretensiones, del marco normativo aplicable, del problema jurídico,
de las pruebas allegadas y de los argumentos de las partes.

11.4. De conformidad con el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado, el
derecho a la pensión de sobrevivientes se rige por la norma vigente al momento
del fallecimiento del causante. En el caso concreto, para el 25 de julio de 1994,
fecha de la muerte de Aura Ligia Torres Burbano, la Ley 100 de 1993 no se
encontraba en vigor para los servidores públicos del orden territorial, por lo que
resultaban aplicables las disposiciones anteriores, en particular la Ley 12 de 1975,
que exigía 20 años de servicio. En consideración a que aquella únicamente laboró
por 3 años, 3 meses y 1 día, no se consolidó derecho pensional alguno susceptible
de sustitución.

11.5. La jurisprudencia del Consejo de Estado descartó la aplicación retrospectiva
de la Ley 100 de 1993 cuando el derecho no se había consolidado bajo su vigencia,
y que las diferencias en la interpretación normativa o en la valoración probatoria
no configuraban nulidad originada en la sentencia.

11.6. Así las cosas, no se acreditó la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250
CPACA y se debía despachar desfavorablemente las pretensiones del recurso
extraordinario de revisión.

9 Samai, índice 22, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«24_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONRECURSO(.pdf) NroActua 22».

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1.7. Intervención del Ministerio Público

12. Elprocurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en la
instancia procesal.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

13. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado10, expedido por la Sala
Plena de esta corporación, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

2.2. Oportunidad

14. En este caso, si bien dentro del expediente no obra prueba que acredite la
ejecutoria de la providencia recurrida, lo cierto es que de la información registrada
en la plataforma Samai se verifica que fue notificada el 4 de noviembre de 202211.
Por su parte, el recurso extraordinario de revisión fue radicado el 8 de noviembre
de 202212.

15. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue presentado
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo
prevé el artículo 251 del CPACA.

2.3. Legitimación en la causa

16. En el asunto objeto de estudio, Álvaro Antonio Narváez Pabón y el
departamento de Nariño, Fondo de Pensiones del departamento de Nariño, están
legitimadas para actuar como demandante (el primero) y como demandado (el
último), comoquiera que actuaron con esa misma calidad dentro del proceso
ordinario cuya decisión de segunda instancia se pretende controvertir en esta
oportunidad.

2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

17. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es
un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la

10 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
11 Según auto del 12 de marzo de 2024. Samai índice 16, actuación «Auto que admite recurso

extraordinario de revisión», documento «20AUTOQUEADMITE_62632022ADMITERERPOR(.pdf)
NroActua 16».
12 Samai índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_20221122(.zip) NroActua 2», carpeta
«3_110010325000202200693001EXPEDIENTEDIGI20221122153624», subcarpeta
«52001333300920180004801 (8941)», archivo «23RecursoDeRevisión.pdf».

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Demandante: Álvaro Antonio Narváez Pabón

cosa juzgada13. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que se encuentra ejecutoriada14 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando
estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las
cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:

18. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA,
en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o
errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia
proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la
controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con
precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia recurrida y las
razones de hecho y de derecho que la sustentan.

19. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.

2.5. Problema jurídico

20. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿Se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, consistente en la nulidad originada en la sentencia del 12 de
agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño?

2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión

21. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]»
es causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en los que
se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha señalado los siguientes:

i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en
el artículo 133 del Código General del Proceso15 que solo pudieron ser advertidas

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.

Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
15 En adelante CGP.

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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00693-00 (6263-2022)
Demandante: Álvaro Antonio Narváez Pabón

en la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad
y legalidad de las nulidades16 y;

ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible
que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración probatoria
o la aplicación de las normas17. Dentro de este tipo de nulidades la jurisprudencia
ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:

«[…] 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme.

66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.

66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.

66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.

66.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.

66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.

66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.

66.8. Cuando la sentencia carece de motivación.

66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley […]»18.

22. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que
se presentan cuando:

• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso19.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso20.

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de

Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de

Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.
18Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de

Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
19 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,

radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, radicación:

11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).

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• Se profiere sin motivación21.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente22.
• Se desconoce el principio de congruencia23.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»24.

23. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de una
nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin al
proceso. En este caso, su alegación debió presentarse dentro de la oportunidad
procesal prevista en el artículo 134 del CGP25. Sin embargo, la jurisprudencia ha
aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del fallo referido siempre
que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de advertirlo dentro del proceso,
circunstancia que le corresponde probar26.

24. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, deberá acreditarse:

i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra
la cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el
medio idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la
providencia;

ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo
advertirla, lo que deberá probar; y

iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.

2.7. La configuración de la causal 5 de revisión en el caso concreto

25. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la
providencia objeto de revisión, se desarrollaron las siguientes actuaciones
relevantes:

25.1. El departamento de Nariño, Fondo de Pensiones del departamento de Nariño,
interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida el 12 de agosto de
2022 por el Juzgado Noveno Administrativo de Pasto, que accedió al

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de

2005, radicación: REV-062.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
23 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-
000-2020-03065-00.
24 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia del
16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de

Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de

Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.

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reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en su favor en la demanda que
presentó contra esa entidad, en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. En su escrito manifestó inconformidad con la decisión por considerar
que el a quo aplicó indebidamente la Ley 100 al caso concreto.

25.2. El derecho a la pensión de sobrevivientes debía regirse por la normativa
vigente al momento del fallecimiento de la causante y que, para esa fecha, la Ley
100 de 1993 no se encontraba en vigor para los empleados del orden territorial. En
consecuencia, resultaban aplicables las disposiciones anteriores, en particular la
Ley 12 de 1975, que exigían 20 años de servicios, requisito que no se acreditaba
en el expediente.

25.3. El juez de primera instancia extendió indebidamente los efectos de la Ley 100
de 1993 a una situación jurídica no consolidada bajo su vigencia y fundamentó el
reconocimiento en una lectura amplia de los principios de favorabilidad y condición
más beneficiosa.

25.4. El Tribunal Administrativo de Nariño en la sentencia del 12 de agosto de 2022,
expuso el marco jurídico dentro del cual realizó el estudio de los planteamientos
del recurso de apelación, en el siguiente orden:

• «PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO».
• «RESPUESTA AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO».
• «ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS».
• «MARCO JURÍDICO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN ORDINARIA Y DE LA
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES».
• «CASO CONCRETO».
• «De lo probado en el proceso».
• «Análisis de Caso» (sic).

25.5. Acorde con lo anterior, resolvió el caso concreto con los argumentos
resumidos en el acápite 1.4. de esta sentencia. En suma, la corporación concluyó
que el derecho a la pensión de sobrevivientes debía definirse conforme con la
normativa vigente al momento del fallecimiento de la causante, esto es, el 25 de
julio de 1994, fecha para la cual no había entrado en vigor la Ley 100 de 1993
respecto de los servidores públicos del orden territorial. En consecuencia,
resultaba aplicable la Ley 12 de 1975, que exigía 20 años de servicios, requisito
que no se acreditaba en el expediente, por lo que no había lugar al reconocimiento
de la prestación.

25.6. Para sustentar su decisión, el tribunal efectuó un recuento del marco normativo
y del criterio jurisprudencial vigente sobre la causación del derecho pensional por
muerte, examinó las pruebas allegadas al proceso, en particular las relacionadas
con el tiempo de servicio de la causante, y explicó el porqué no era procedente
extender retrospectivamente los efectos de la Ley 100 de 1993 con fundamento en
el principio de favorabilidad. Asimismo, expuso que, según el precedente del
Consejo de Estado, la norma rectora era la vigente al momento del fallecimiento,
incluso en eventos en los que el causante hubiere acreditado más de 15 años de
cotización. Con base en este análisis, revocó la sentencia de primera instancia y
negó las pretensiones de la demanda.

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2.8. Análisis de la Sala

26. En el presente asunto, Álvaro Antonio Narváez Pabón invocó la causal prevista
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, al considerar que la decisión proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en nulidad originada en la
sentencia, toda vez que desconoció la Constitución Política y el precedente
constitucional aplicable en materia pensional. El a quem inaplicó los principios de
favorabilidad y condición más beneficiosa prevista en el artículo 53 de la Carta, así
como el principio de supremacía constitucional dispuesto en el artículo 4 ibidem, al
abstenerse de aplicar la Ley 100 de 1993 como régimen más favorable.

27. Para la fecha del fallecimiento de la causante, dicha ley debía regir el caso
concreto, en la medida en que reducía el requisito para acceder a la pensión de
sobrevivientes a 26 semanas cotizadas en el año anterior a la muerte, exigencia
que se encontraba acreditada. El tribunal aplicó normas más restrictivas y se
apartó de precedente constitucional que impone la aplicación preferente de la
disposición más favorable en materia laboral y de seguridad social.

28. La providencia incurrió en defecto sustantivo por inaplicación de la ley vigente y
desconoció la especial protección constitucional de las personas en condición de
debilidad manifiesta por razones de salud.

29. Al respecto, se advierte que la sentencia objeto del recurso extraordinario puso
fin al proceso y no era susceptible del recurso de apelación, pues resolvió en
segunda instancia el juicio promovido por el recurrente. Este presupuesto habilita
el análisis del defecto alegado en la demanda de revisión.

30. Ahora bien, corresponde verificar si en el caso concreto se acreditó una nulidad
originada en la sentencia. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado,
como se expuso en los capítulos 2.4 y 2.6, dicha nulidad debe corresponder a
alguno de los eventos taxativamente previstos en el artículo 133 del CGP o
derivarse de la vulneración del debido proceso establecido en el artículo 29 de la
Constitución Política, siempre que se trate de un vicio de naturaleza estrictamente
procesal que afecte la validez de la providencia.

31. En este sentido, no cualquier inconformidad con la motivación, la valoración
probatoria o la interpretación normativa adoptada en la providencia es idónea para
estructurar la causal, pues el recurso extraordinario de revisión no constituye una
nueva instancia para replantear el debate jurídico decidido en el proceso.

32. En particular, cuando la jurisprudencia ha señalado que procede la nulidad
cuando la sentencia carece de motivación, ello se refiere a la ausencia total o
sustancial de fundamentación que impida comprender el sustento fáctico y jurídico
de la decisión. No se configura cuando la parte discrepa de la interpretación o del
alcance otorgado por el juez a las normas y precedentes aplicables, supuesto que,
conforme con lo expuesto en los acápites 2.4 y 2.6, corresponde al ámbito propio
del debate de instancia y no a un vicio procesal originado en el fallo.

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33. En el caso concreto, los cargos formulados por el recurrente se dirigen a
cuestionar la interpretación hecha por el tribunal en relación con el régimen jurídico
aplicable y a la procedencia de la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993
por favorabilidad. No obstante, estos planteamientos no evidencian la existencia
de un vicio procesal originado en la sentencia, sino una discrepancia frente al
análisis que allí se hizo y a la solución judicial adoptada por ese tribunal.

34. En efecto, como se expuso con anterioridad, el Tribunal Administrativo de
Nariño en el fallo cuestionado delimitó el problema jurídico, expuso el marco
normativo y jurisprudencial aplicable, valoró las pruebas allegadas al expediente y
explicó las razones por las cuales consideró que el derecho debía definirse
conforme con la normativa vigente al momento del fallecimiento de la causante. La
providencia contiene motivación suficiente y además expresa las razones de hecho
y de derecho que sustentan su decisión.

35. En particular, se observa que el tribunal no se limitó a efectuar una enunciación
vaga de las normas y precedentes, sino que contrastó el régimen jurídico aplicable
con los elementos probatorios allegados al expediente, entre ellos, el registro civil
de matrimonio y la certificación de tiempo de servicios laborado por la causante, a
partir de los cuales estructuró su decisión.

36. En ese contexto, resulta pertinente indicar lo considerado en el fallo
cuestionado, para evidenciar que el ad quem no solo abordó los elementos fácticos
acreditados en el proceso, sino que efectuó un análisis jurídico estructurado sobre
la normativa aplicable al momento del fallecimiento de la causante y el criterio
jurisprudencial que estimó vinculante para resolver la controversia. Al respecto, la
providencia señaló lo siguiente:

«8.2.1. Inicialmente se tiene que el señor Álvaro Antonio Narváez Pabón acreditó
la calidad de cónyuge de la señora Aura Ligia Torres (Q.E.P.D), esto conforme
obra en Registro de Matrimonio que obra a folio 39 del expediente.

8.2.2. Una vez establecido el vínculo del demandante, debe indicarse que para la
fecha del fallecimiento de la señora Aura Ligia Torres Burbano (q.e.p.d), esto es,
25 de julio de 1994, la Ley 100 de 199327 no entraba a regir para empleados del
orden departamental, municipal y distrital encontrándose vigente el artículo 1º de
la Ley 12 de 1975, que prescribía como requisito para acceder a la pensión del
cónyuge que fallezca, que éste haya completado el tiempo de servicio consagrado
en la ley (20 años). Sin embargo, en el proceso se comprobó que la causante
laboró para la Lotería de la Beneficencia de Nariño por un periodo de 3 años, 3
meses y 1 día; es decir, no cumplió con el tiempo de servicios requerido, razón por
la cual el demandante no tendría derecho al reconocimiento pensional bajo esta
última normativa.

8.2.3. Debe indicarse que de acuerdo con el criterio jurisprudencial del Consejo de
Estado el derecho pensional por muerte se causa a partir de la fecha de
fallecimiento, luego entonces la norma que rige es la que se encontraba en
vigencia para dicha fecha. De esta manera la parte actora no tendría derecho al
reconocimiento pensional, pues no se cumpliría con el tiempo de servicio
requerido. Tampoco, conforme con dicho criterio, sería procedente la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993 debido a que a la fecha en la cual se generó
el derecho (fecha de fallecimiento de la señora Aura Ligia Torres Burbano), dicha

27 «A partir del 1º de abril de 1994, para trabajadores particulares y empleados públicos del orden

nacional. A más tardar el 30 de junio de 1995, para servidores públicos del nivel departamental,
municipal y distrital»

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disposición no estaba en vigor para servidores públicos del nivel departamental,
municipal y distrital.

8.2.4. Sin embargo, se tiene también lo expuesto por la Corte Constitucional y su
criterio de favorabilidad en virtud de la aplicación retrospectiva de la norma, tal
como se aludió en el acápite anterior. No obstante, en fallo del 16 de septiembre
de 2021 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, Radicado 520012333000-201700519-01 (0916 2020)
revocó sentencia proferida por este Tribunal en la cual se concedieron las
pretensiones, aplicando la retrospectividad de la Ley 100 de 1993, en donde el
demandante había cotizado más de 15 años, sin embargo, frente a dicho aspecto
ninguna consideración al respecto se hizo y finalmente el Consejo de Estado
decidió revocar la decisión indicando que la ley favorable que se debe aplicar es
aquella que esté vigente en la fecha en la que se produjo el fallecimiento del
causante.

(…)

8.2.5. En virtud de lo anterior, y acatando el criterio jurisprudencial del H. Consejo
de Estado se tiene que el demandante no cumple con los requisitos para acceder
a la pensión de sobrevivientes esto habida cuenta que la causante la señora Aura
Ligia Torres Burbano (q.e.p.d) alcanzó a laborar por un espacio de 3 años, 3 meses
y 1 día, esto es por más de 3 años para la entidad; por lo tanto, no logró consolidar
un derecho pensional alguno, al amparo de las normas vigentes, al momento de
su muerte.

8.2.6. Por lo tanto, este Tribunal acatando el criterio jurisprudencial del Consejo de
Estado, revocará la sentencia apelada y en su lugar se denegará las pretensiones
de la demanda.

8.2.7. El Tribunal no desconoce los razonamientos efectuados por el Juzgado de
Instancia en torno a la aplicación de los principios de igualdad y favorabilidad en
torno a la aplicación de la Ley, no obstante, como se ha anotado ha de aplicarse
el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre
el tema, tal como se ha esbozado» (sic).

37. De la lectura de los apartes transcritos se evidencia que la alegada inaplicación
de los principios de favorabilidad y condición más beneficiosa, así como el
desconocimiento del precedente constitucional, constituyen cuestionamientos de
fondo dirigidos contra la interpretación adoptada por el tribunal.

38. En consecuencia, no se configuró la nulidad invocada. Las alegaciones del
recurrente pretenden someter a revisión la suficiencia, lógica y corrección de la
motivación judicial, lo cual equivale a un control de validez argumentativa o de
apreciación probatoria, impropio del recurso extraordinario de revisión, en la
medida en que excede su ámbito excepcional de control.

39. No se advierte ausencia de decisión ni omisión frente a un extremo esencial del
litigio. La providencia examinó el régimen jurídico aplicable a la pensión de
sobrevivientes, analizó la posibilidad de aplicar la Ley 100 de 1993 por
favorabilidad y explicó las razones por las cuales acogió el criterio jurisprudencial
según el cual la norma aplicable era la vigente al momento de la muerte del
causante.

40. El hecho de que el tribunal hubiese adoptado una conclusión distinta de la
pretendida por Álvaro Antonio Narváez Pabón no convierte la decisión en invalida
y no configura, por sí sola, un vicio procesal originado en la sentencia.

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41. Aun si se estimara discutible la interpretación asumida respecto del alcance del
precedente constitucional en materia de favorabilidad, tal circunstancia
corresponde al ámbito del debate jurídico propio de la instancia. La causal
invocada exige la acreditación de un vicio procesal que afecte la validez formal de
la providencia o comprometa una garantía esencial del debido proceso y no la
simple discrepancia frente al entendimiento o aplicación de un determinado criterio
jurisprudencial.

42. En efecto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia del Consejo
de Estado28, el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera
instancia ni un mecanismo para reexaminar el criterio jurídico del juez, sino un
instrumento excepcional orientado a restablecer la justicia material frente a
situaciones específicas de irregularidad procesal o desconocimiento de garantías
esenciales, en los precisos términos del artículo 250 del CPACA.

43. Admitir que este recurso sirva para controvertir la interpretación del juez o la
calidad de su motivación implicaría desnaturalizar su carácter excepcional y
convertirlo en una instancia adicional del proceso, lo que contraría su finalidad
restringida y su función de salvaguardar la cosa juzgada.

44. En esas condiciones, la Sala concluye que no se configuró la causal prevista en
el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, pues no se acreditó la existencia de una
nulidad originada en la sentencia ni la vulneración de una garantía procesal
esencial. Por el contrario, se evidenció que el tribunal resolvió el recurso de
apelación dentro de su competencia, con observancia del debido proceso,
motivación suficiente y fundamento en el marco normativo y jurisprudencial que
estimó aplicable. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión será
declarado infundado.

2.9. Costas

45. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que
actuase con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal.

3. Conclusión

46. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que en la providencia del 12 de
agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño no se configuró
la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, puesto que no se
configuró la existencia de una nulidad generada en la sentencia ni la vulneración
de una garantía procesal esencial. Los reparos formulados por el recurrente se
dirigen a controvertir la interpretación jurídica realizada por el tribunal en relación
con el régimen normativo aplicable y el alcance de los principios de favorabilidad y

28 En este sentido se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2024, radicado: 11001-
03-15-000-2020-04861-00 y de la Sala 14 Especial de decisión, sentencia del 13 de octubre de
2020, radicado: 11001-03-15-000-2019-00119-00.

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supremacía constitucional, lo cual constituye un cuestionamiento propio de la
instancia y ajeno al ámbito excepcional del recurso extraordinario de revisión.

47. En virtud de lo anterior, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por Álvaro Antonio Narváez Pabón.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Ávaro Antonio Narváez Pabón en contra de la sentencia proferida el 12 de agosto
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado: 52001-23-33-009-2018-00048-00 (01).

Segundo: No condenar en costas.

Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las
anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos
Samai y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al
despacho de origen.

Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmada electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

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