Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04314-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04314-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04314-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04314 00
Accionantes: Pía Eugenia Domínguez Ramírez y otro
Accionados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A y otros
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial y derecho de petición
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela respecto de la
providencia judicial cuestionada por incumplir el requisito de
subsidiariedad; ampara parcialmente el derecho fundamental de
petición y niega las demás pretensiones
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Pía Eugenia Domínguez
Ramírez y el señor L.C.D.R.1 en contra del Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A; el Consejo de Estado – Secretaría General; la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen de Reventones, Presbítero Michel Adolfo Lozano Cruz; la
Diócesis de Girardot, Presbítero Ciro Pastor Blanco Cuadros; la Arquidiócesis de
Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio; la Fiscalía General de la Nación –
Fiscalía Local de Anolaima; la Procuraduría General de la Nación; la Defensoría del
Pueblo; la Red Social Facebook Colombia; y el ciudadano Yeison Soto Cruz.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Pía Eugenia Domínguez Ramírez y el señor L.C.D.R, actuando en nombre
propio, promovieron acción de tutela en contra de las precitadas entidades y
autoridades correspondientes, así como, en contra de una persona particular, y para
ello formularon las siguientes pretensiones2:
1. TENER POR PRESENTADO este escrito, ADMITIR LA DEMANDA y
VINCULAR FORMALMENTE COMO ACCIONADO AL CONSEJO DE
ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN A, representada por el Consejero José Roberto
Sáchica Méndez, por su presunta omisión de pronunciarse y ordenar lo
necesario respecto del derecho de petición del 30 de abril de 2026.
2. DECLARAR que dicho Consejo de Estado, al proferir el auto del 25 de
mayo de 2026 (radicado 11001-03-15-000-2026-03923-00), no emitió ni
puede proteger el derecho al debido proceso y petición del 30 de abril de
2026 toda vez que no hay pretensiones.
3. CORREGIR, COMPLEMENTAR Y ACLARAR EL AUTO ADMISORIO
DEL 25 de mayo DE 2026, en el sentido de que se ordene se tramite en esa
misma demanda la presente demanda o en caso contrario se ordene lo
pertinente respeto a que se requiere con urgencia que:
1 Nombre reservado en aras de proteger el derecho a la intimidad del accionante.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04314 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04314 00
Accionantes: Pia Eugenia Domínguez Ramírez y otro
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A y otros
• INCORPORAR EXPRESAMENTE el derecho de petición del 30 de abril
de 2026 (oficio JRB-2577) y su vulneración por silencio.
• RECONOCER la calidad de funcionario público del señor Yeison Soto
Cruz y exigirle prueba material de cada afirmación. - RECONOCER la
discriminación por origen y la omisión.
• ORDENAR el retiro inmediato de todo el contenido ofensivo y medidas
de protección.
4. ORDENAR INMEDIATAMENTE:
• AL CONSEJO DE ESTADO Y A TODAS LAS ENTIDADES
ACCIONADAS: Que den RESPUESTA COMPLETA, CLARA Y DE FONDO
A CADA PUNTO DEL DERECHO DE PETICIÓN DEL 30 DE ABRIL DE
2026, bajo advertencia de sanción.
• AL SEÑOR YEISON SOTO CRUZ: Que aporte prueba detalada de cada
hecho que afirmó, bajo juramento y manifieste si permitió su nombre en tal
publicación discriminatoria o de lo contrario que exprese con pruebas porque
su nombre esta en ela y que tiene que ver, o aporte la prueba EMP ESCRITA
DE DENUNCIA POR PRESUNTA USURPACIÒN DE SU NOMBRE EN EL
FINAL DE LA PUBLICACIÒN donde dice que LUIS CARLOS DOMINGUEXZ
RAMIREZ mi hijo padece de presunto SIDA y que bajo presunto
falso testimonio dice que destruyo la reja del TEMPLO, de lo contrario
identifique el autor y presente respetuosamente la denuncia :
https://www.facebook.com/share/p/1AZTCUYWMJ/
ORDENAR COMO PRUEBAS QUE SE VINCULEN LAS ETIQUETAS, LIKS
DE ME GUSTA EN MÁS DE 99 PERSONAS DEL SECTOR INCLUIDO EL
ALCALDE DE ANOLAIMA DR. CARLOS ALEXIS GONZALES , su esposa
y varios lideres comunales y otros habitantes y hasta Concejales,
Presidente de la EMRESA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE
REVENTONES: JULIO CESAR VERA CHACON; MÁS DE 29 PAGINAS
ETIQUETADAS ENTRE ELLAS PARROQUIAS DE LA DIOCESIS DE
GIRARDOR, ALCALDÍA DE QUIPILE, ALCALDÍA DE ANOLAIMA,
PERSONERIA DE MESITAS, PERSONERIA DE VIANI Y TODAS LAS
ETIQUERAS QUE SE ASOCIAN A la publicación del (3) de Agosto del
año (2025): : https://www.facebook.com/share/p/1AZTCUYWMJ/ , por
tanto allí se expuso públicamente que mi hijo LUIS CARLOS
DOMINGUEZ RAMIREZ padece de presunto SIDA y que DESTRUYO LA
REJA DEL TEMPLO “ NUESTRA SEÑPORA DEL CARMEN DE
REVENTONES” ANOLAIMA ,C UNDINAMARCA Y UN POCO DE
FALSEDADES QUE A LA FISCALIA LE QUEDO PRESUNTAMENTE
GRANDE INVESTIGAR, ORDENAR URGENTE SU RETIRO YA QUE MI
HIJO LLEVA BASTANTE DEPRESIÒN,ANCIEDAD, PANICO EXTREMO,
INSOMNIO, DEPRESIÒN SEVERA Y SOMOS OBJETO DE RECHAZO,
ESTIGMATIZACIÒN , DISCRIMINACIÒN,AMENASAS DE
DEZPALZAMIENTO,ETC…EL ALCALDE DE ANOLAIMA COMO
PRIMERA AUTORIDAD DE ANOLAIMA ANTES LE DIO ME GUSTA
JUNTO A LOS EXPRESIDENETS JAC DE LA VEREDA PLATANAL Y
REVENTONES QUE REACCIONARON CON UN CORAZÒN, PESE
HACER UNA PETICIÒN RESPONDIO QUE ERA SU PRESUNTA
PERPESTIVA PERSONAL Y ADEMÀS TIENE BLOQUEADO EL
DERECHO A LA INFORMACIÒN DE MI HIJO EN LA PAGINA ALCALDIA
DE ANOLAIMA Y SI BIEN LO TIENE QUE RESPETUOSAMENTE
MUESTRE Y PRUEBA QUE LO DESBLOQUO Y QUE ENVIO LA
SOLICITUD DE AMISTAD. (SE ANEXA DERECHO DE PETICIÒN) Prueba
DE LA PAGINA FACE BOOK DE bloqueo Alcaldía ALCALDIA DE ANOLAIMA: debe
2
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04314 00
Accionantes: Pia Eugenia Domínguez Ramírez y otro
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A y otros
desbloquear: https://www.facebook.com/share/p/1DthktRK21/ Y LINK DE LA
PAGINA QUE se https://www.facebook.com/share/18WSNA729q/
• A FACEBOOK: se solicita Eliminación definitiva del enlace
https://www.facebook.com/share/p/1AZTCUYWMJ/ y todos los
comentarios del (3) de Agosto del (2025)
• A LAS AUTORIDADES que MENCIONAR: Rectificación pública,
investigación y medidas de seguridad efectivas, así como informe detalado
de cada expresión manifestada de fondo de lo que se publico y comento el
(3) de Agosto del año (2025).
5. DECLARAR que la vulneración es continua, grave y agravada por nuestra
condición de protección especial y por la calidad de funcionario público del
señor Soto Cruz.
6. VERIFICAR LINKS, COMENTARIOS Y OTROS QUE SE PUBLICARON
CON ATENTAMENTE YEISON SOTO Y ORDENAR SU RETIRO:
https://www.facebook.com/share/p/1AZTCUYWMJ/
7. Se radico una denuncia por presuntos actos de discriminación, lesiones
personales, anuncios de desplazamientos forzado, abusos de autoridad, pero
alí se cita es en procesos en contra a mi hijo LUIS CARLOS y sobre estos
hechos hasta la hora se guarda presunto silencio. Ahora bien en cuanto al
diagnóstico de mi hijo y los daños mentales se solicito impedimento y
traslados ya que la FISCAL y LOCAL y FISCALIA LOCAL DE ANOLAIMA
tiene una queja por presuntas irregularidades en un proceso contra quien
causo una perturbación psíquica a mi hijo luego de amenazas del (1) de
Enero del año (2025), como quiera que tampoco se ha dado impulso o
apertura a esa nuc.
8. S i a bien el señor JUEZ CONSIDERA se informa que las peticiones anexas
del 17 de Marzo del (2026) no fueron contestadas por todas las entidades.
[Sic a toda la cita. Negrillas y mayúsculas originales del escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Los accionantes manifestaron que promovieron acción de tutela en contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el
Juzgado Sesenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá, la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen de Reventones y la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de
Anolaima, con el fin que se ampararan sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, derecho a la información,
a la no discriminación, a la libertad de cultos y a la libertad de expresión.
Señalaron que a la mencionada tutela le correspondió el radicado núm. 11001 03 15
000 2026 03923 00 y fue asignada a la Subsección A, Sección Tercera del Consejo
de Estado que, mediante auto del 25 de mayo de 2026 la admitió y negó la medida
provisional solicitada.
Indicaron que3:
[…] al proferir el auto de fecha 25 de mayo de 2026 dentro del radicado
11001-03-15-000-2026-03923-00, NO PROFIRIÓ NINGUNA ORDEN, NI SE
PRONUNCIÓ, NI RESOLVIÓ NADA RESPECTO DEL DERECHO DE
3 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04314 00.
3
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Accionantes: Pia Eugenia Domínguez Ramírez y otro
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A y otros
PETICIÓN URGENTE QUE PRESENTAMOS EL 30 DE ABRIL DE 2026
(oficio JRB-2577), por tanto se entregó como prueba pero ni en la admisión
ni en dicha demanda va alguna pretensión referente a este suceso […]. (Sic
en toda la cita).
Expusieron que la petición del 30 de abril de 2026 mencionada previamente, se basa
en una publicación difundida el 3 de agosto de 2025 en la red social Facebook, la
cual, según afirmaron, contenía expresiones falsas y discriminatorias en su contra,
así como la divulgación de información sensible relacionada con el estado de salud
del señor L.C.D.R.
Aseveraron que dicha publicación afectó su honra, buen nombre, intimidad y
dignidad, motivo por el cual promovieron diversas actuaciones administrativas y
judiciales encaminadas a obtener su rectificación o retiro, el esclarecimiento de su
autoría, la protección de sus derechos y la investigación de los hechos denunciados.
Explicaron que, en la petición del 30 de abril de 2026 solicitaron, entre otras
actuaciones, la práctica de pruebas, la rectificación del contenido publicado, la
adopción de medidas de protección, el impulso de las investigaciones
correspondientes y la respuesta de las entidades competentes frente a los hechos
expuestos.
Resaltaron que dicho escrito fue incorporado al expediente de la acción de tutela
identificada con el radicado núm. 11001-03-15-000-2026-03923-00, que cursa ante
la Subsección A, Sección Tercera de esta Corporación; sin embargo, sostuvieron
que, mediante auto del 25 de mayo de 2026, dicha autoridad admitió la demanda sin
efectuar pronunciamiento alguno respecto de las solicitudes contenidas en el escrito
del 30 de abril de 2026, ni impartir órdenes dirigidas a las entidades involucradas
para que resolvieran las peticiones formuladas.
A juicio de los accionantes, dicha omisión vulneró sus derechos fundamentales,
razón por la cual solicitaron que se complementara la referida providencia, se
ordenara a las entidades accionadas emitir una respuesta de fondo al derecho de
petición y se adoptaran las medidas necesarias para garantizar la protección de sus
derechos, entre ellas la rectificación o eliminación de las publicaciones cuestionadas,
la práctica de diversas pruebas, el avance de las investigaciones y la adopción de
medidas de protección frente a los hechos denunciados.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 4 de junio de 20264 y correspondió por reparto a esta
Sección. Posteriormente, mediante correos electrónicos del 5 de junio de 2026, los
accionantes enviaron varios mensajes de datos con asunto «ampliación de la
demanda» dirigido al Presidente de la República, a la Fiscalía General de la Nación,
a la Procuraduría General de la Nación, a la Gobernación de Cundinamarca, a la
Alcaldía de Anolaima, a la Personería Municipal de Anolaima, al Concejo Municipal
de Anolaima, a la Diócesis de Girardot, a la Defensoría del Pueblo.
4 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia
con radicado núm. 11001 0315 000 2026 04314 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04314 00
Accionantes: Pia Eugenia Domínguez Ramírez y otro
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3.2. Por auto del 16 de junio de 20265 el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, negó la solicitud probatoria presentada y dispuso notificar6 al Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección A; al Consejo de Estado – Secretaría
General; a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones, Presbítero
Michel Adolfo Lozano Cruz; a la Diócesis de Girardot, Presbítero Ciro Pastor Blanco
Cuadros; a la Arquidiócesis de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio; a la
Fiscalía General de la Nación – Fiscalía Local de Anolaima; a la Procuraduría
General de la Nación; a la Defensoría del Pueblo; a la Red Social Facebook
Colombia; al ciudadano Yeison Soto Cruz; al Presidente de la República; a la Alcaldía
de Anolaima; a la Gobernación de Cundinamarca; a la Personería Municipal de
Anolaima y al Concejo Municipal de Anolaima.
3.3. El departamento de Cundinamarca7 solicitó negar el amparo al sostener que no
ha vulnerado derecho fundamental alguno de la parte accionante, toda vez que esta
no presentó petición o solicitud dirigida a la gobernación relacionada con los servicios
para personas mayores. En consecuencia, afirmó que no ha desplegado actuación
u omisión que pueda considerarse lesiva de sus derechos.
Agregó que las pretensiones se fundamentan en un derecho de petición radicado el
30 de abril de 2026 ante entidades diferentes al departamento, razón por la cual
carece de legitimación en la causa por pasiva.
Finalmente, indicó que, tras revisar las bases de datos de funcionarios y contratistas,
no encontró registro de vínculo laboral alguno con el señor Yeison Soto Cruz.
3.4. La Fiscalía Local de Anolaima allegó escrito8 en el que solicitó declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado y, en consecuencia, su desvinculación
del presente trámite tutelar.
Explicó que mediante Oficio DSC-20370-01-01 del 18 de junio de 2026 respondió el
derecho de petición radicado el 30 de abril del mismo año, mediante una
contestación clara, precisa, congruente y de fondo, circunstancia que, a su juicio,
satisface las pretensiones relacionadas con dicha solicitud.
Asimismo, informó que entre el 28 de mayo y el 4 de junio de 2026 la Dirección
Seccional de Cundinamarca recibió siete derechos de petición presentados por los
accionantes, todos con pretensiones similares y relacionados con hechos que ya son
objeto de investigación.
Finalmente, señaló que el elevado número de solicitudes promovidas por los
accionantes ha representado una importante carga administrativa y operativa para la
entidad, afectando la gestión y trazabilidad de los requerimientos.
3.5. El magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, José Roberto
Sachica9 solicitó declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
5 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia
con radicado núm. 11001 0315 000 2026 04314 00.
6 Esta orden se cumplió el día 23 de junio de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado núm. 11001 0315 000 2026 04314 00
7 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 04314 00.
8 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 04314 00.
9 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 04314 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04314 00
Accionantes: Pia Eugenia Domínguez Ramírez y otro
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A y otros
requisito de subsidiariedad, al considerar que pretende controvertir el auto admisorio
de otra acción constitucional que aún se encuentra en trámite y respecto de la cual
no se ha proferido sentencia10.
Indicó que el principal reproche consiste en la ausencia de órdenes específicas a las
entidades accionadas, las cuales no fueron solicitadas en la demanda y, en todo
caso, únicamente podrían impartirse en la sentencia, de resultar procedentes.
Añadió que el asunto carece de relevancia constitucional, pues los cuestionamientos
formulados no guardan relación con el objeto del proceso identificado con el radicado
2026-03923-00, cuya finalidad es controvertir decisiones adoptadas dentro de otra
acción de tutela y no la presunta vulneración del derecho de petición.
Finalmente, precisó que el derecho de petición del 30 de abril de 2026 fue
incorporado como prueba dentro del referido proceso y que el auto cuestionado
decretó expresamente como pruebas los documentos allegados con la demanda. En
consecuencia, no resulta acertado afirmar que dicha petición fue ignorada, pues será
valorada en la sentencia, si resulta pertinente, sin que en esa etapa procesal fuera
exigible un pronunciamiento adicional.
3.6. Facebook Colombia SAS11 solicitó declarar improcedente la acción de tutela y
su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, explicó que no administra ni opera el servicio de Facebook, función que
corresponde a Meta Platforms, Inc., sociedad distinta e independiente, con
personalidad jurídica propia, respecto de la cual no actúa como representante,
mandataria o agente.
Igualmente, sostuvo que la acción incumple el requisito de subsidiariedad, pues la
parte accionante no acreditó haber solicitado previamente el retiro o corrección del
contenido a sus autores, ni haber utilizado los mecanismos de reporte previstos por
la plataforma, requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la
procedencia excepcional de la tutela en estos casos.
Añadió que tampoco se cumplen los presupuestos para promover la acción contra
un particular, dado que Facebook Colombia SAS no presta un servicio público ni
desarrolla actividades cuya ejecución comprometa directamente un interés colectivo.
De igual forma, indicó que la demanda no atribuye actuaciones concretas a la
sociedad que expliquen la supuesta vulneración de los derechos invocados.
Por último, afirmó que la acción carece del requisito de inmediatez, pues los hechos
se remontan a agosto de 2025 y la tutela fue presentada más de diez meses
después, sin justificación alguna. Finalmente, sostuvo que los eventuales
responsables serían exclusivamente los autores del contenido cuestionado y no
Facebook Colombia SAS.
10 Frente a dicha afirmación, es preciso advertir que el informe data del 19 de junio de 2026, en tanto
que la sentencia de tutela fue proferida el 26 de junio de 2026, esto es, con posterioridad a aquel y
dentro del desarrollo del presente trámite constitucional.
11 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 04314 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04314 00
Accionantes: Pia Eugenia Domínguez Ramírez y otro
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A y otros
3.7. La Presidencia de la República, por conducto de su Departamento
Administrativo12 solicitó declarar la improcedencia de la acción y su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no tiene
competencia respecto de los asuntos planteados ni ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados.
Precisó que el cuestionamiento formulado por la accionante se dirige contra la
supuesta falta de pronunciamiento del Consejo de Estado dentro del proceso con
radicado 11001-03-15-000-2026-03923-00, actuación frente a la cual la Presidencia
carece de facultades para intervenir o modificar decisiones judiciales.
No obstante, informó que el derecho de petición objeto de reproche fue atendido
mediante el oficio OFI26-00085035/GFPU 13150000 del 11 de mayo de 2026 y que,
por carecer de competencia, la solicitud fue trasladada a la Procuraduría General de
la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía Municipal de Anolaima,
mediante los respectivos oficios expedidos en esa misma fecha.
3.8. La Defensoría del Pueblo – Regional Cundinamarca allegó escrito13 en el que
solicito declarar que no vulneró los derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Señaló que no existe relación entre los hechos expuestos por los accionantes y las
funciones asignadas a la entidad, pues no intervino en las actuaciones cuestionadas
ni tenía competencia para resolver las solicitudes cuya falta de respuesta se reclama.
Precisó que su única actuación consistió en informar oportunamente a la peticionaria
sobre el alcance de sus competencias y la imposibilidad jurídica de pronunciarse
sobre asuntos atribuidos a otras autoridades.
3.9. La Secretaría General del Consejo de Estado allegó informe14 en el que solicitó
negar el amparo al señalar que la parte actora no formuló reproche concreto alguno
en su contra.
Explicó que su intervención se limitó a dar trámite al derecho de petición del 30 de
abril de 2026, expidiendo los correspondientes acuses de recibo y el oficio de
remisión.
Precisó que, conforme al artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, la autoridad que
traslada una petición por falta de competencia no tiene el deber de vigilar el trámite
posterior ni de exigir respuesta a la entidad competente, pues su obligación se limita
a efectuar el traslado correspondiente.
En consecuencia, sostuvo que actuó con diligencia y en estricto cumplimiento de las
normas que regulan el derecho de petición, sin que se evidencie vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
12 Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 04314 00
13 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 04314 00
14 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 04314 00
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04314 00
Accionantes: Pia Eugenia Domínguez Ramírez y otro
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A y otros
3.10. La Procuraduría General de la Nación15 solicitó su desvinculación del trámite
al sostener que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados. Indicó que,
una vez recibió la documentación remitida por la Secretaría General del Consejo de
Estado, procedió a repartirla a los abogados instructores bajo el radicado E-2026-
322741 / D-2026-43732637, actuación que actualmente se encuentra en etapa de
evaluación.
Adicionalmente, informó que, respecto de los hechos descritos en los documentos
anexos a la tutela, previamente tramitó las diligencias identificadas con el radicado
E-2026-128150 / D-2026-4298061, las cuales fueron remitidas a la Personería
Municipal de Anolaima mediante Auto No. 464 del 17 de abril de 2026 y Oficio No.
1075 del 22 de abril de 2026.
3.11. La Personería Municipal de Anolaima16 allegó escrito mediante el cual solicitó
su desvinculación del trámite de tutela, al considerar que la controversia
constitucional se circunscribe a decisiones judiciales proferidas por la Sección
Tercera del Consejo de Estado y a presuntas restricciones de acceso a redes
sociales institucionales ajenas a esa entidad.
En consecuencia, al no evidenciarse relación alguna entre las funciones legales de
la Personería Municipal de Anolaima y los hechos que sustentan la presunta
vulneración de derechos fundamentales invocada por los accionantes, se configura
la falta de legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional vigente.
3.12. Los demás accionados guardaron silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo
previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 17 y el
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 25 de mayo de 2015,18 modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202119, así como con fundamento en el
artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 20, modificado por el
Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.
15 Visto en el índice 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 04314 00
16 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 04314 00
17 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”
18 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y
establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
19 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela”.
20 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado
el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
8
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04314 00
Accionantes: Pia Eugenia Domínguez Ramírez y otro
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A y otros
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente21:
4.2.1. La señora Pía Eugenia Domínguez Ramírez y el señor L.C.D.R, actuando en
nombre propio, promovieron acción de tutela en contra del Juzgado 68 Administrativo
del Circuito de Bogotá y la Subsección D, de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia,
información, libertad de cultos y libertad de expresión.
A dicha acción de tutela le correspondió el radicado núm. 11001 03 15 000 2026
03923 00 y fue asignada a la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado.
4.2.2. Mediante mensaje de datos remitido el 30 de abril de 2026 a la Secretaría
General de esta Corporación, a la presidencia de la República, a la Fiscalía General
de la Nación y a la Policía Nacional, los accionantes solicitaron lo siguiente:
II. PETICIONES FORMALES
1. A la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones y al Pbro.
Michel Adolfo Lozano Cruz:- Presentar todas las pruebas, tanto
documentales como testimoniales y materiales (EMP y SUP), que se hayan
recabado sobre la supuesta destrucción de la reja del templo a la que se
refirió la publicación del 3 de agosto de 2025 en el link
https://www.facebook.com/share/p/1AZTCUYWMJ/ y refierase de fondo a
esa destruccion que ha causado amenazas de muerte y estigmatización y
rechazo y anciedad y depresión en mi hijo.
• Efectuar rectificación pública y formal en el mismo medio y con igual
difusión, desmintiendo las acusaciones falsas contra mi hijo y restableciendo
su honra y buen nombre, así como el mío.
• Exhortar al señor José Joaquín Bermúdez y a los feligreses involucrados
al respeto de los derechos fundamentales, ordenando la eliminación
inmediata del contenido ofensivo y comprometiéndose a vigilar que no se
repitan conductas discriminatorias o difamatorias.
• Informar qué medidas se adoptarán frente a la conducta de un catequista
que hace uso indebido de su influencia religiosa para agredir y difamar.
2. A todas las autoridades destinatarias:- Pronunciarse sobre cada uno de
los comentarios y manifestaciones realizadas bajo la publicación citada,
calificándolos desde el punto de vista legal, ético y social, y precisando si
constituyen conductas punibles o disciplinables.
• Investigar la posible comisión de delitos como injuria, calumnia,
discriminación, amenazas, instigación al desplazamiento forzado y omisión
de socorro, así como faltas disciplinarias o éticas por parte de servidores
públicos y miembros de la comunidad religiosa.
• Adoptar medidas de protección inmediata a mi favor y el de mi hijo, dada
la situación de riesgo manifiesto derivada de estas publicaciones y de los
hechos de agresión física y verbal ya consumados.
21 Lo que se desprende del expediente de la acción de tutela identificada con el radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03923 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04314 00
Accionantes: Pia Eugenia Domínguez Ramírez y otro
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A y otros
3. A la Red Social Facebook Colombia:- Informar qué acciones se tomarán
para retirar definitivamente el contenido denunciado y bloquear la difusión
de material ofensivo, discriminatorio o que ponga en riesgo la integridad y
seguridad de las personas, conforme a la ley colombiana y a sus propios
lineamientos.
4.2.3. Mediante oficio JRB-2577 del 30 de abril de 2026, la Secretaría General del
Consejo de Estado dio traslado de la citada petición a la Arquidiócesis de Bogotá, a
la Iglesia Católica Nuestra Señora del Carmen de Reventones, a la Fiscalía General
de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría de Pueblo, a y
la Red Social Facebook.
4.2.4. Por auto del 25 de mayo de 2026, la Subsección A, Sección Tercera del
Consejo de Estado, dispuso lo siguiente:
PRIMERO: ADMITIR la demanda.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de medida provisional, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: VINCULAR al presente proceso en calidad de terceros
interesados a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes,
la Arquidiócesis de Bogotá, la Diócesis de Girardot, la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen de Reventores (Anolaima), a la Presidencia de la
República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de
la Nación.
CUARTO: DECRETAR como pruebas, con el valor que le asigna la ley, los
documentos allegados junto con la demanda.
QUINTO: REQUERIR a la Corte Constitucional para que remita copia digital
del expediente con radicado número 11001-33-41-068-2026-00016-00/01.
SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a los integrantes de la Subsección
D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al
Juzgado 68 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá. Para tal
efecto, la Secretaría General de la Corporación remitirá en la forma indicada,
a las respectivas direcciones de correo electrónico, copia de la demanda
junto con sus anexos, así como de esta providencia. Lo anterior, para que,
en el término de dos (2) días, la accionada el informe correspondiente.
SÉPTIMO: NOTIFICAR a la Presidencia de la República, a la Procuraduría
General, a la Fiscalía General de la Nación, a la Comisión de Acusaciones
de la Cámara de Representantes, la Arquidiócesis de Bogotá, la Diócesis de
Girardot y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventores
(Anolaima), para que, en el término de dos (2) días, hagan uso de su derecho
a intervenir en el proceso de la referencia. La notificación ordenada se
realizará -por Secretaría- a la dirección de correo electrónico de las
entidades públicas y a la que informe la parte accionante -en un término de
veinticuatro (24) horas- respecto de los demás vinculados, o en su defecto
la que se registre en el expediente de tutela 11001-33-41-068-2026-00016-
01.
OCTAVO: NOTIFICAR la presente decisión a la parte demandante por
correo electrónico.
NOVENO: COMUNICAR la presente decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para que intervenga en el presente asunto.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04314 00
Accionantes: Pia Eugenia Domínguez Ramírez y otro
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A y otros
4.2.5. Surtido el trámite correspondiente, mediante sentencia del 26 de junio de 2026,
el Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección A, declaró improcedente la
acción de tutela 2026 03923 00, al considerar que no se satisfacía el requisito general
de relevancia constitucional.
4.3. CUESTIÓN PREVIA
La Sala se pronunciará sobre la solicitud de desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva formuladas por la Fiscalía Local del municipio de Anolaima,
Facebook SAS, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Personería
Municipal de Anolaima.
Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Corte Constitucional en sentencia T-
416 del 28 de agosto de 1997 señaló lo siguiente:
[…] 2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de
fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre
el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una
de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una
decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para
fallar el caso de fondo.
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material […]. (Subrayas fuera del texto original).
En ese contexto, la Sala observa que la Fiscalía Local del municipio de Anolaima,
Facebook Colombia SAS, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la
Personería Municipal de Anolaima, solicitaron ser desvinculados del presente trámite
constitucional, al considerar que los hechos expuestos en la demanda no les eran
atribuibles y, por tanto, carecían de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, la Sala precisa que, conforme se indicó en el auto admisorio de la acción,
dichas entidades fueron vinculadas en atención a que los accionantes las señalaron
expresamente como parte accionada en los escritos presentados los días 4 y 5 de
junio de 2026. En consecuencia, no hay lugar a acceder a las solicitudes de
desvinculación.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Del estudio integral del escrito de tutela, la Sala advierte que, si bien los accionantes
formularon múltiples pretensiones dirigidas contra diversas autoridades y
particulares, estas pueden agruparse en dos grandes ejes de análisis, a saber:
(i) Por una parte, está el reproche de los accionantes relacionado con la providencia
proferida el 25 de mayo de 2026 dictada por la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado, en la acción de tutela 2026 03923 00.
(ii) Por otra parte, está el reproche de los accionantes por la presunta vulneración
del derecho fundamental de petición por parte de las autoridades y particulares, con
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04314 00
Accionantes: Pia Eugenia Domínguez Ramírez y otro
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ocasión de la presunta falta de respuesta a la petición radicada el 30 de abril de
2026.
4.4.1. Frente al auto del 25 de mayo de 2026 proferido por la Subsección A,
Sección Tercera del Consejo de Estado en la tutela 11001 03 15 000 2026 03923
00.
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005 explicó que la acción de
tutela contra providencias judiciales sólo es procedente si se cumplen ciertos
requisitos, dentro de los cuales se distinguen unos de carácter general, que habilitan
la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto22. Es decir, es necesario que el
juez constitucional primero verifique que la solicitud de amparo cumpla con los
requisitos generales de procedibilidad para, luego, poder descender al estudio de los
requisitos específicos, también denominados vicios o defectos, que alegue la parte
accionante.
Respecto a los requisitos generales de procedibilidad, la Corte Constitucional en la
mencionada sentencia los definió de la siguiente manera: (i) que el asunto resulte de
evidente relevancia constitucional, (ii) que se satisfaga el requisito de subsidiariedad,
salvo en el evento en que se pretenda evitar la consumación de un perjuicio
irremediable; (iii) que se cumpla con el principio de inmediatez; (iv) que, cuando se
trate de una irregularidad procesal presentada en la providencia cuestionada, sea
decisiva y afecte los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se
identifiquen claramente tanto los hechos causantes de la vulneración como los
derechos vulnerados, y que tal vulneración hubiese sido alegada en el proceso
judicial; y (vi) que la solicitud de amparo no se dirija en contra de fallos de tutela.
Lo anterior quiere decir que, por regla general, la acción de tutela es improcedente
cuando se promueve en contra de una sentencia proferida en otro trámite tutelar.
Sin perjuicio de lo señalado, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación
SU 627 del 2015, estableció las reglas de procedencia de la acción de tutela contra
fallos de tutela y contra las actuaciones de los jueces, anteriores o posteriores a dicho
fallo.
Al efecto, la Corte Constitucional unificó jurisprudencia en el sentido que, si se
pretende controvertir una actuación que acaece con anterioridad al fallo de tutela y
“(…) consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o
vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede (…)”23. (Se destaca).
22 Corte Constitucional. Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
23 Corte Constitucional. Sentencia SU 627 del 1 de octubre de 2015. M.P.: Mauricio González Cuervo.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04314 00
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A su vez, indicó que si se trata de una actuación que ocurrió con posterioridad al fallo
de tutela y consiste en “(…) lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha
sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección
de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional (…)”24.
Finalmente explicó que, si la solicitud de amparo está encaminada a controvertir el
fallo de tutela, la regla fijada es que no procede, salvo cuando:
(…) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación
de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación (…)25.
En el caso objeto de estudio, la Sala observa que los accionantes cuestionan el auto
proferido el 25 de mayo de 2026 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo
de Estado que admitió la acción de tutela 2026 03923 00 y negó la medida provisional
solicitada por los hoy accionantes en dicha tutela.
Bajo dicho contexto, la actuación cuestionada por los accionantes, y los argumentos
expuestos escapan a las reglas dispuestas por la Corte Constitucional para la
procedencia de la acción de tutela contra actuaciones dictadas en otra acción de la
misma naturaleza.
Ello, por cuanto el reproche planteado por la parte actora no está encaminado a
controvertir una actuación judicial consistente en la omisión del juez constitucional
de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la sentencia de tutela, situación que ha sido considerada por la Corte
Constitucional como causal excepcional de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones proferidas en el trámite de una acción de tutela; sino que la inconformidad
de la parte accionante está orientada a cuestionar la por la presunta falta de
pronunciamiento respecto de un derecho de petición radicado por los accionantes,
allegado al expediente de tutela objeto de reproche.
Lo anterior, escapa a las reglas definidas por la Corte Constitucional, por lo que la
presente solicitud de amparo será declarada improcedente.
Adicionalmente, también es preciso resaltar que la acción de tutela también deviene
improcedente por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad, comoquiera
que la parte actora también pretende mediante esta solicitud de amparo que se
ordene la aclaración, adición y complementación del auto acusado.
Al respecto, la parte accionante pudo solicitar dentro de la tutela 2026 03923 00 la
adición y aclaración que estimara pertinente y no se encuentra acreditado que lo
haya hecho.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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Por último, no sobra advertir que la tutela también es improcedente por no cumplir
con el requisito general de subsidiariedad, comoquiera que la tutela objeto de
reproche se encuentra en curso pendiente de resolverse la impugnación presentada
en contra del fallo proferido en primera instancia.
Al efecto, la Sala resalta que la acción de tutela no puede emplearse como un
mecanismo paralelo o alternativo para cuestionar actuaciones surtidas dentro de un
proceso judicial que aún no ha culminado, pues ello desconocería el carácter
subsidiario del amparo constitucional y trasladaría al juez de tutela el conocimiento
de asuntos cuya definición corresponde, en primer término, al funcionario judicial
competente. Admitir lo contrario implicaría desnaturalizar la acción de tutela y afectar
la autonomía e independencia funcional del juez llamado a dirigir el respectivo
trámite.
Adicionalmente, la Sala advierte que la accionante no alegó ni acreditó la ocurrencia
de un perjuicio irremediable que permita la procedencia de la solicitud de amparo
como mecanismo transitorio.
En consecuencia, la solicitud de amparo es improcedente por no cumplir con el
requisito general de subsidiariedad, y no se alegó ni acreditó la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
4.4.2. De las pretensiones relacionadas con la presunta vulneración del
derecho fundamental de petición por parte de las demás accionadas.
Ahora bien, superado el análisis relacionado con la improcedencia de la acción de
tutela respecto de la providencia judicial cuestionada, corresponde a la Sala
examinar las pretensiones encaminadas a obtener el amparo del derecho
fundamental de petición, que los accionantes estiman vulnerado por las autoridades
y particulares destinatarios del escrito radicado el 30 de abril de 2026.
Para tal efecto, es importante mencionar que el artículo 23 de la Constitución Política
prevé que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades y también ante organizaciones privadas, por motivos de interés general
o particular y a obtener una pronta resolución. Se trata de un derecho de aplicación
inmediata según el artículo 85 de la Carta.
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.
El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional, que ha dispuesto que
son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la pronta
resolución; (ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada
se le notifique al peticionario26.
La vulneración del núcleo esencial del derecho fundamental de petición es objeto de
protección a través de la acción de tutela. Sin embargo, la jurisprudencia ha
precisado que el sentido de la respuesta no hace parte del referido núcleo esencial
26 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-007 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 18 de
enero de 2017.
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de este derecho. En virtud de lo anterior, se ha precisado que la respuesta negativa
en ningún caso constituye una vulneración del derecho fundamental de petición, ya
que «[…] existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener
lo pedido […]»27
En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre
lo pedido.
Ahora bien, aterrizando al caso concreto se advierte que el 30 de abril de 2026, los
accionantes enviaron mensaje de datos en el que solicitaron lo siguiente:
II. PETICIONES FORMALES
1. A la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones y al Pbro.
Michel Adolfo Lozano Cruz:- Presentar todas las pruebas, tanto
documentales como testimoniales y materiales (EMP y SUP), que se hayan
recabado sobre la supuesta destrucción de la reja del templo a la que se
refirió la publicación del 3 de agosto de 2025 en el link
https://www.facebook.com/share/p/1AZTCUYWMJ/ y refierase de fondo a
esa destruccion que ha causado amenazas de muerte y estigmatización y
rechazo y anciedad y depresión en mi hijo.
• Efectuar rectificación pública y formal en el mismo medio y con igual
difusión, desmintiendo las acusaciones falsas contra mi hijo y restableciendo
su honra y buen nombre, así como el mío.
• Exhortar al señor José Joaquín Bermúdez y a los feligreses involucrados
al respeto de los derechos fundamentales, ordenando la eliminación
inmediata del contenido ofensivo y comprometiéndose a vigilar que no se
repitan conductas discriminatorias o difamatorias
Vir comentarios:
https://www.facebook.com/share/p/1AZTCUYWMJ/
• Informar qué medidas se adoptarán frente a la conducta de un catequista
que hace uso indebido de su influencia religiosa para agredir y difamar.
2. A todas las autoridades destinatarias:- Pronunciarse sobre cada uno de
los comentarios y manifestaciones realizadas bajo la publicación citada,
calificándolos desde el punto de vista legal, ético y social, y precisando si
constituyen conductas punibles o disciplinables.
• Investigar la posible comisión de delitos como injuria, calumnia,
discriminación, amenazas, instigación al desplazamiento forzado y omisión
de socorro, así como faltas disciplinarias o éticas por parte de servidores
públicos y miembros de la comunidad religiosa.
• Adoptar medidas de protección inmediata a mi favor y el de mi hijo, dada
la situación de riesgo manifiesto derivada de estas publicaciones y de los
hechos de agresión física y verbal ya consumados.
3. A la Red Social Facebook Colombia: - Informar qué acciones se tomarán
para retirar definitivamente el contenido denunciado y bloquear la difusión
27 Ibidem.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04314 00
Accionantes: Pia Eugenia Domínguez Ramírez y otro
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A y otros
de material ofensivo, discriminatorio o que ponga en riesgo la integridad y
seguridad de las personas, conforme a la ley colombiana y a sus propios
lineamientos […].
Dicha petición fue dirigida a la Secretaría General del Consejo de Estado, a la
Nunciatura Apostólica de la República de Colombia, a monseñor Luis José Rueda
Aparicio, Arzobispo de Bogotá; al presbítero Ciro Pastor Blanco Cuadros, Vicario
General de la Diócesis de Girardot; a la Fiscalía General de la Nación, a la
Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la red social
Facebook.
Teniendo claro el objeto de la petición, la Sala agrupará el estudio de las autoridades
accionadas según la actuación acreditada en el expediente, sin perjuicio de efectuar
las precisiones particulares que resulten necesarias frente a cada una de ellas.
4.2.2.1. Autoridades que acreditaron haber emitido respuesta de fondo.
Como punto de partida, la Sala analizará las actuaciones de aquellas entidades que
acreditaron haber atendido el escrito radicado el 30 de abril de 2026. En estos
eventos, el examen constitucional no se contrae a verificar si la respuesta satisface
las expectativas o pretensiones de los peticionarios, sino únicamente a establecer si
se cumplió el deber de resolver de manera oportuna, clara, de fondo y congruente
la solicitud sometida a su conocimiento, conforme a los parámetros fijados por la
jurisprudencia constitucional y por la Ley 1755 de 2015.
En primer lugar, la Sala observa que la Secretaría General del Consejo de Estado,
mediante Oficio núm. JRB-2577 del 30 de abril de 2026, dio trámite al escrito
presentado por los accionantes y procedió a remitirlo a cada una de las autoridades
y particulares expresamente señalados como destinatarios, así:
[…]
• Monseñor Luis José Rueda Aparicio
asistentearzobispo@arquibogota.org.co
• Señor PBRO. Ciro Pastor Blanco Cuadros
Vicario General de la Diócesis de Girardot
cancileriadiocesisdegirardot@gmail.com
diocesisdegirardot@yahoo.es
• Señor PBRO. Michel Adolfo Lozano Cruz
Representante Legal y Párroco Iglesia Católica Nuestra Señora del Carmen de
Reventones
nscreventones@gmail.com
• Doctora Luz Adriana Camargo Garzón
Fiscal General de la Nación
ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co
• Doctor Gregorio Eljach Pacheco
quejas@procuraduria.gov.co
• Doctora Iris Marín Ortiz
Defensora del Pueblo
juridica@defensoria.gov.co
• Señores Red Social Facebook Colombia
support@fb.com
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04314 00
Accionantes: Pia Eugenia Domínguez Ramírez y otro
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A y otros
phish@fb.com
Ref. DERECHO DE PETICIÓN A LA NUNCIATURA APOSTÓLICA,
ARQUIDIOCESIS DE BOGOTA, DIOCESIS DE GIRARDOT, PARROQUIA
DE REVENTONES, CENSEJO DE ESTADO SECRETARIA ( para traslados
y acuse de recibido), FISCALIA, FACE BOOK, y otros
Respetados señores:
Con toda consideración, me permito informar que esta Secretaría recibió, a través
de correo electrónico, la solicitud suscrita por el señor Luis Carlos Domínguez
Ramírez, con el asunto de la referencia, mediante la cual solicitó a esta
dependencia lo siguiente:
«Doctora DIANA LUCÍA SÁNCHEZ SERNA Secretaria General del Consejo de
Estado (Para su eventual remisión en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 1755
de 2015 y traslado correspondiente»
En consecuencia, me permito trasladar lo anunciado, de conformidad a lo
señalado en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1° de
la Ley 1755 de 2015, con el fin de ser resueltas las solicitudes mencionadas en
el ámbito de sus competencias.
Finalmente, en el evento en que su despacho no sea competente para resolver,
gestionar o tramitar dicho asunto, respetuosamente solicito que, en virtud del
referido artículo, lo remita a la autoridad que estime competente e informe del
traslado al peticionario […]
En criterio de la Sala, dicha actuación evidencia el cumplimiento del deber previsto
en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, pues la Secretaría General del Consejo de
Estado no era la autoridad llamada a resolver de fondo las solicitudes formuladas,
sino únicamente a efectuar el traslado correspondiente a los verdaderos
destinatarios del escrito.
Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación, a través de escrito del 18 de junio
de 2026, manifestó que dio respuesta al derecho de petición, así:
De lo anterior se desprende que la Fiscalía General de la Nación emitió una
respuesta expresa frente a la petición formulada por los accionantes, circunstancia
que desvirtúa la vulneración alegada respecto de dicha entidad. En ese sentido, la
Sala encuentra satisfecho el núcleo esencial del derecho de petición, sin que
corresponda al juez constitucional valorar el acierto material de la respuesta emitida.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04314 00
Accionantes: Pia Eugenia Domínguez Ramírez y otro
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4.2.2. Autoridades respecto de las cuales no se acreditó respuesta.
Distinta es la situación de aquellas autoridades respecto de las cuales no obra
prueba de haber emitido una respuesta de fondo a la petición radicada el 30 de abril
de 2026.
En estos eventos, la Sala deberá verificar si la conducta desplegada satisface las
exigencias derivadas del artículo 23 de la Constitución y de la Ley 1755 de 2015 o
si, por el contrario, se configuró la vulneración alegada por los accionantes.
(i) La Procuraduría General de la Nación indicó lo siguiente:
Verificados nuestros sistemas de información se evidencia que el 9 de junio
de 2026 se recibieron procedentes de la secretaria general del Consejo de
Estado copia de las diligencias radicadas por los señores Pía Eugenia
Domínguez Ramírez y su hijo Luis Carlos Domínguez el 5 de junio de 2026,
las cuales una vez evaluadas fueron sometidas a reparto dentro de los
abogados instructores disciplinarios bajo el radicado E-2026 322741 /D-2026-
43732637 y se encuentran en etapa de evaluación, como se observa en los
soportes adjuntos y una vez se defina el trámite a impartir se le comunicara
a los quejosos.
No obstante, si vale la pena indicar que, con relación a los hechos descritos
en los documentos allegados con la acción constitucional, esta provincial
tramitó las diligencias identificadas con el consecutivo E-2026-128150 / D-
2026-4298061, siendo remitidas a la Personería Municipal de Anolaima a
través del auto No. 464 del 17 de abril de 2026 y oficio No. 1075 del 22 de
abril de 2026, como consta en folios anexos.
Lo anterior de acuerdo con lo previsto en el numeral 4° del artículo 178 de la
Ley 136 de 1994, el Personero ejercerá en el municipio vigilancia de la
conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas municipales;
ejerciendo preferentemente la función disciplinaria, adelantando las
investigaciones correspondientes acogiéndose a los procedimientos
establecidos para tal fin por la Procuraduría General de la Nación, bajo la
supervisión de los Procuradores Provinciales a los cuales deberán informar
de las investigaciones, para que inicien las acciones propias de su
competencia […]
Del contenido de la contestación allegada se advierte que la Procuraduría General
de la Nación se limitó a informar la existencia de actuaciones disciplinarias y el
estado de los expedientes adelantados por esa entidad; no obstante, no acreditó
haber emitido una respuesta dirigida a resolver las solicitudes concretamente
formuladas por los accionantes en el escrito radicado el 30 de abril de 2026.
(ii) Por otro lado, la Defensoría del Pueblo – Regional Cundinamarca indicó que:
Revisados los antecedentes relacionados por los accionantes, se evidencia
que la Defensoría del Pueblo fue vinculada al trámite por una presunta falta
de respuesta a una petición presentada por la señora Pía Eugenia Dominguez
Ramírez.
Sin embargo, verificados los registros institucionales, la única actuación
adelantada por la Defensoría del Pueblo corresponde al radicado No.
202500601503771482, respecto del cual la Regional Cundinamarca emitió
comunicación de acuse de recibo, informando a la peticionaria que el asunto
puesto en conocimiento se relacionaba con actuaciones y recursos cuyo
trámite y decisión no correspondían a la competencia de esta Entidad.
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Accionantes: Pia Eugenia Domínguez Ramírez y otro
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A y otros
Fuera de la actuación anteriormente descrita, no se encontró registro de
intervención, gestión, actuación administrativa u omisión atribuible a la
Defensoría del Pueblo que tenga relación directa con los hechos objeto de la
presente acción de tutela. […]
Si bien la Defensoría del Pueblo explicó las actuaciones institucionales que reposan
en sus registros, dicha explicación no equivale a la respuesta del derecho de petición
objeto del presente proceso constitucional, pues no existe prueba de que hubiera
emitido un pronunciamiento dirigido a resolver las solicitudes elevadas por los
accionantes mediante el escrito del 30 de abril de 2026 y, como se expuso
previamente, la petición fue trasladada a dicha entidad por parte de la Secretaría
General de esta Corporación.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que, a diferencia de las entidades que
acreditaron haber emitido una respuesta de fondo o haber dado el trámite previsto
en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen
de Reventones, la Diócesis de Girardot, la Arquidiócesis de Bogotá, la Procuraduría
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y Facebook Colombia SAS no
demostraron haber atendido las solicitudes formuladas por los accionantes en el
escrito radicado el 30 de abril de 2026, ni dentro del término legal previsto para ello
ni con posterioridad a la interposición de la presente acción constitucional.
En efecto, de las pruebas obrantes en el expediente no se desprende que dichas
entidades hubieran emitido un pronunciamiento dirigido a resolver de manera clara,
precisa, congruente y de fondo las solicitudes elevadas por los accionantes, ni que
hubieran acreditado la existencia de una circunstancia que justificara la ausencia de
respuesta.
En consecuencia, la Sala concluye que los citados accionados incumplieron el deber
previsto en el artículo 23 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 1755
de 2015, vulnerando así el núcleo esencial del derecho fundamental de petición de
la señora Pía Eugenia Domínguez Ramírez y del señor L.C.D.R.
En relación con Facebook Colombia SAS, dicha sociedad manifestó en su
contestación que carece de competencia para administrar la plataforma Facebook y
adoptar decisiones relacionadas con la moderación de contenidos o la eliminación
de publicaciones, pues tales funciones corresponden a Meta Platforms Inc.,
sociedad distinta con personalidad jurídica propia.
Si bien esa circunstancia fue expuesta como fundamento para sostener la
inexistencia de vulneración de los derechos invocados, la Sala considera que dicho
argumento no releva a Facebook Colombia SAS del deber constitucional de emitir
una respuesta frente al escrito presentado por los accionantes, remitido por la
Secretaría General de esta Corporación.
En efecto, el derecho fundamental de petición, previsto en el artículo 23 de la
Constitución Política y desarrollado por la Ley 1755 de 2015, impone al destinatario
de la solicitud el deber de emitir una respuesta oportuna, clara, de fondo y
congruente con lo pedido. Ello no implica acceder favorablemente a las pretensiones
del peticionario, sino explicar, dentro del ámbito de sus competencias, las razones
jurídicas y fácticas por las cuales puede o no atender lo solicitado.
Precisamente, la Corte Constitucional, en la sentencia T-256 de 2025, reiteró que
las controversias derivadas de la actividad de plataformas digitales pueden ser
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Accionantes: Pia Eugenia Domínguez Ramírez y otro
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conocidas por los jueces colombianos cuando producen efectos en el territorio
nacional y destacó la existencia de vínculos jurídicos y económicos entre Meta
Platforms Inc. y Facebook Colombia SAS, al punto que la Superintendencia de
Industria y Comercio28 ha reconocido escenarios de corresponsabilidad entre ambas
sociedades respecto del tratamiento de datos personales de usuarios colombianos.
Tales consideraciones evidencian que la sola condición de filial no excluye, por sí
misma, la posibilidad de que Facebook Colombia SAS atienda las solicitudes que le
sean dirigidas o explique las razones por las cuales considera que carece de
competencia para adoptar determinada decisión.
Así las cosas, aun cuando la sociedad accionada estime que las solicitudes
relacionadas con la eliminación de publicaciones o la administración de la plataforma
corresponden a Meta Platforms Inc., ello no la eximía de emitir una respuesta al
derecho de petición radicado por los accionantes, informando oportunamente esa
circunstancia o indicando el trámite correspondiente.
Se reitera que la ausencia absoluta de respuesta desconoce el núcleo esencial del
derecho de petición, pues este se satisface con la emisión de un pronunciamiento
de fondo dentro del ámbito competencial del destinatario y no necesariamente con
una respuesta favorable a las pretensiones elevadas por el peticionario.
Por lo anterior, se concederá el amparo del derecho fundamental de petición de los
accionantes y se ordenará a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de
Reventones, a la Diócesis de Girardot, a la Arquidiócesis de Bogotá, a la
Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a Facebook
Colombia SAS que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, emitan una respuesta de fondo, clara, precisa, y
congruente respecto de las solicitudes que, de acuerdo con el ámbito de sus
competencias, les fueron formuladas en el escrito radicado el 30 de abril de 2026.
Conviene precisar que el presente amparo no comporta una orden encaminada a
que las entidades accionadas accedan a las pretensiones formuladas por los
peticionarios, ni implica un pronunciamiento sobre el sentido que deba tener la
respuesta. La protección constitucional se circunscribe a garantizar que las
solicitudes sean resueltas de manera oportuna, motivada y de fondo, en el marco de
las competencias constitucionales y legales de cada una de las entidades
requeridas.
Finalmente, en relación con las pretensiones formuladas frente al Presidente de la
República, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Anolaima, la Personería
Municipal de Anolaima, el Concejo Municipal de Anolaima y el señor Yeison Soto
Cruz, la Sala advierte que no obra prueba de que el escrito radicado el 30 de abril
de 2026 hubiera sido dirigido a dichos sujetos, ni que se hubiese efectuado traslado
alguno a ellos.
En consecuencia, no puede predicarse de ellos la existencia del deber jurídico de
emitir respuesta a esa petición, pues no fueron destinatarios de la misma ni se
acreditó que hubieran tenido conocimiento de su contenido dentro del trámite
administrativo correspondiente. Así las cosas, al no configurarse el presupuesto
fáctico que da origen a la obligación de responder, no es posible atribuirles la
vulneración del derecho fundamental de petición invocada por los accionantes,
28 Resolución 46.664 de 2022 de la Superintendencia de Industria y Comercio
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razón por la cual el amparo será negado respecto de estas autoridades y del
particular mencionado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía Local
del municipio de Anolaima, Facebook SAS, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la
Nación y la Personería Municipal de Anolaima, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
señora Pía Eugenia Domínguez Ramírez y el señor L.C.D.R., respecto a los reproche
planteados en contra de la providencia proferida el 25 de mayo de 2026 por el
Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección A, en la acción de tutela 2026
03923 00, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Pía Eugenia
Domínguez Ramírez y el señor L.C.D.R. y, en consecuencia, ORDENAR a la
Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones, a la Diócesis de Girardot, a
la Arquidiócesis de Bogotá, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría
del Pueblo y a Facebook Colombia SAS que, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, emitan una respuesta de fondo,
clara, precisa y congruente, respecto de las solicitudes que, conforme al ámbito de
sus competencias, les fueron formuladas mediante el escrito radicado el 30 de abril
de 2026.
CUARTO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición respecto del
Presidente de la República, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de
Anolaima, la Personería Municipal de Anolaima, el Concejo Municipal de Anolaima y
el señor Yeison Soto Cruz, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada
oportunamente en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del
16 de julio de 2026.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04314 00
Accionantes: Pia Eugenia Domínguez Ramírez y otro
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A y otros
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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