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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03923-00

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03923-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación planteadas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03923-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03923-00
Accionante: LCDR y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: Acción de tutela contra actuaciones surtidas en un trámite de la misma
naturaleza / Improcedencia – falta de relevancia constitucional.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de
amparo constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 22 de mayo de 2026, los señores LCDR y PEDR2 presentaron demanda de
tutela contra el Juzgado 68 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en busca de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia, información, libertad de cultos y
libertad de expresión.

2.
Sostuvieron que tales garantías fueron vulneradas por las autoridades accionadas
con ocasión de diversas decisiones que adoptaron en el trámite de primera y
segunda instancia de la acción de tutela 3 que promovieron en contra de la

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Nombres reservados a petición de los solicitantes, en aras de la protección de su derecho fundamental a la

intimidad.
3 Tramitada con radicado número 11001-33-41-068-2026-00016-00/01/02/03.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03923-00
Accionante: LCDR y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Arquidiócesis de Bogotá y otros4, así como en el respectivo trámite del incidente de
desacato.

3.
En dicho proceso solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales de petición,
igualdad, discriminación, seguridad personal, habeas data, integridad, acceso a la
información, debido proceso y “a una vida familiar”, los cuales estimaron vulnerados,
entre otras cosas, ante la falta de respuesta frente a una solicitud que elevaron como
consecuencia del presunto bloqueo de sus perfiles en las redes sociales de la
Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones.

4.
Mediante auto del 11 de febrero de 2026, el Juzgado 68 Administrativo del Circuito
de Bogotá admitió la demanda y ordenó notificar de su presentación a la
Arquidiócesis de Bogotá, a la Diócesis de Girardot, a la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen de Reventones – Anolaima, a la Presidencia de la República y a la
Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

5.
Por auto del 18 de marzo de 2026, el despacho accionado dispuso vincular a la
Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación al trámite de
tutela, en atención a lo dispuesto por la Sección Segunda, Subsección D del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en providencia del 16 del mismo mes y año.

6.
A través de fallo del 8 de abril de 2026, el juzgado de conocimiento resolvió: (i)
declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; (ii)
declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de la representante a la cámara María Eugenia Lopera Monsalve, (iii)
amparar el derecho fundamental de petición de los accionantes en lo concerniente a
la Diócesis de Girardot y la Fiscalía General de la Nación; (iv) ordenar a dichas
entidades atender la solicitud formulada por los demandantes; (v) declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado en relación con la Procuraduría
General de la Nación; y, (vi) negar las demás pretensiones de la demanda.

7.
Contra la decisión anterior, los tutelantes interpusieron impugnación, cuyo
conocimiento correspondió a la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Dicha autoridad, por medio de sentencia del 28 de
marzo de 2026, revocó parcialmente el numeral séptimo de la parte resolutiva del
fallo de primera instancia. En su lugar, amparó el derecho fundamental al debido
proceso de la parte actora y, consecuentemente, ordenó a la representante Karyme
Adriana Cotes Martínez, como investigadora de la Comisión de Investigación y
Acusaciones de la Cámara de Representantes, que, en el término allí indicado,

4 La Diócesis de Girardot, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones – Anolaima, la Presidencia

de la República; la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Fiscalía General de la Nación
y la Procuraduría General de la Nación.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03923-00
Accionante: LCDR y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

informara a los accionantes el radicado y ponente de la investigación objeto de la
tutela.

8.
Por otra parte, declaró improcedente el mecanismo de amparo en lo que se refiere
al derecho fundamental al buen hombre y a la honra. En lo demás, confirmó la
decisión recurrida y declaró el cumplimiento del numeral cuarto de su parte
resolutiva.

9.
En memorial del 30 de abril de 2026, los accionantes presentaron solicitud de
nulidad contra la sentencia de segunda instancia, con fundamento en presuntas
irregularidades relacionadas con la notificación e integración del contradictorio, así
como en la indebida valoración probatoria respecto de los hechos y pruebas
allegadas al trámite constitucional.

10.
Dicha solicitud fue negada por medio de auto del 13 de mayo de 2026. El Tribunal
precisó que únicamente se pronunciaría sobre los reparos relacionados con la
presunta indebida notificación del auto admisorio al Párroco Michael Adolfo Lozano
Cruz y a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones – Anolaima, dado
que los demás reproches correspondían a inconformidades con la decisión adoptada
en segunda instancia y no a una causal de nulidad.

11.
Respecto a la causal de nulidad alegada, aclaró que únicamente la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen de Reventones – Anolaima y el párroco Michael Adolfo
Lozano Cruz se encontraban legitimados para invocarla. Sin perjuicio de ello, señaló
que, desde el auto admisorio de la demanda, el a quo dispuso de manera expresa
vincular y notificar a la Arquidiócesis de Bogotá, a la Diócesis de Girardot y a la
Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones – Anolaima, para que
ejercieran sus derechos de defensa y contradicción.

12.
Agregó que en el expediente obra constancia de notificación del proveído que
admitió la demanda dirigida expresamente a la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen de Reventones el 11 de febrero de 2026 a la dirección de correo electrónico:
“parroquiansranolaima@gmail.com”. En consecuencia, concluyó que las entidades
religiosas, entre ellas, la aludida parroquia y el párroco tuvieron conocimiento efectivo
de la acción constitucional.

13.
Finalmente, resaltó que las demás actuaciones adoptadas dentro del trámite
constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, fueron notificadas en
debida forma a las partes e intervinientes.

14.
Paralelo a lo anterior, los demandantes presentaron incidente de desacato por la
presunta desatención de las órdenes impartidas por el juez de tutela.
15.
Una vez se dio inicio al trámite incidental, mediante auto del 7 de mayo de 2026,
el Juzgado de origen: (i) se abstuvo de imponer sanción por desacato a Karyme
3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03923-00
Accionante: LCDR y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Adriana Cotes Martínez en calidad de investigadora de la Comisión de Investigación
y Acusaciones de la Cámara de Representantes; (ii) declaró que Luz Adriana
Camargo Garzón, en calidad de Fiscal General de la Nación, incurrió en desacato y,
en consecuencia, la conmino para acatar la orden de amparo y la sancionó con multa
de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

16.
En grado jurisdiccional de consulta, la Sección Segunda, Subsección D del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de auto del 12 de mayo de 2026,
revocó parcialmente el proveído que resolvió el incidente de desacato, en lo
relacionado con la señora Luz Adriana Camargo Garzón. En su lugar, declaró el
cumplimiento de la orden de amparo por parte de la Fiscalía General de la Nación.

17.
En providencia del 21 de mayo de 2026, el juzgado accionado obedeció y cumplió
lo resuelto por el superior en el proveído referido en precedencia.

18.
En el presente asunto los tutelantes cuestionaron las decisiones adoptadas en el
curso de ese proceso, tanto en el trámite de primera y segunda instancia, como en
el trámite incidental. En concreto, señalaron que la solicitud de amparo se dirigía
contra “el auto que resolvió la impugnación, la providencia que negó la nulidad
procesal solicitada, la decisión que resolvió la solicitud de desacato y todo lo actuado
desde el auto que admitió la demanda hasta el proveído del 21 de mayo de 2026”

19.
Adujeron que la negativa de la solicitud de nulidad propuesta el 30 de abril de
2026 desconoció “la realidad jurídica certificada” y los medios probatorios aportados,
al validar un trámite que, a su juicio, era nulo de origen, en tanto se acreditó que la
Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Anolaima y la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen de Reventones son entidades distintas e independientes.

20.
Sostuvieron que al convalidar todo lo actuado y negar la solicitud de nulidad, tanto
el Juzgado 68 Administrativo del Circuito de Bogotá como la Sección Primera,
Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrieron en un defecto
procedimental absoluto y en violación directa a la Constitución, por cuanto actuaron
al margen del procedimiento establecido para el efecto, al notificar a una persona
jurídica distinta y posteriormente convalidar dicha irregularidad con la negativa de la
solicitud de nulidad.

21.
Con fundamento en lo expuesto, solicitaron declarar la nulidad de todo lo actuado
desde el auto admisorio de la demanda.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

22.
Mediante auto del 25 de mayo de 2026, se dispuso: (i) admitir la demanda; (ii)
notificar de su presentación a las autoridades judiciales accionadas; (iii) vincular a la
Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a la Arquidiócesis de
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03923-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Bogotá, a la Diócesis de Girardot, a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de
Reventones y a la Presidencia de la República, en calidad de terceros con interés;
(iv) requerir a la Corte Constitucional para que remitiera copia digital del expediente
de tutela con radicado número 11001-33-41-068-2026-00016-00/01; (v) comunicar
la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y (vi) negar la
solicitud de medida provisional formulada por la parte accionante.

(i) Juzgado 68 Administrativo del Circuito de Bogotá5

23.
Realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el trámite cuestionado. En
especial, hizo alusión a las consideraciones expuestas por el Tribunal para
fundamentar la negativa de la solicitud de nulidad formulada por los accionantes. En
razón a ello, solicitó negar las pretensiones de la demanda.

(ii) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D6

24.
Sostuvo que la solicitud de amparo deviene improcedente por no satisfacer el
requisito general de relevancia constitucional. Lo anterior, por cuanto lo pretendido
por la parte actora es emplear la acción de tutela como una instancia adicional al
proceso cuestionado, en busca de reabrir una discusión que ya fue resuelta en las
instancias respectivas.

(iii) Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Procuraduría General de la Nación y Comisión de Investigación y Acusación de
la Cámara de Representantes7

25.
Solicitaron su desvinculación del trámite de tutela por estimar que carecen de
legitimación en la causa por pasiva, dado que no son las llamadas a responder por
la vulneración de derechos que se alega.

(iv) Corte Constitucional8

26.
Informó que el expediente de tutela objeto de reproche ingresó a la Secretaría el
19 de mayo de 2026, por lo que se encuentra en fase de registro y radicación. Precisó
que a cada proceso se le asigna un número de radicación interno en estricto orden
de llegada. Indicó que, una vez se complete el registro y se asigne el radicado
interno, el asunto sería remitido a la Sala de Selección correspondiente para que se
decida sobre su eventual revisión.

5 Intervención digital contenida en 8 folios.
6 Intervención digital contenida en 7 folios.
7 Intervenciones digitales contenidas en 19 folios.
8 Intervención digital contenida en 2 folios.

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Accionante: LCDR y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestión previa

27.
Esta Subsección no accederá a las solicitudes de desvinculación planteadas por
el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Procuraduría
General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes, toda vez que dichas entidades fungieron como demandadas en el
proceso de tutela cuya nulidad se pretende. Por esa razón, es claro que les asiste
un interés legítimo para actuar en el presente asunto, comoquiera que podrían verse
afectadas con la decisión que adopte el juez constitucional ante un eventual amparo.

D. Procedencia de la acción de tutela contra actuaciones adelantadas en un
trámite de la misma naturaleza

28.
La Corte Constitucional 9 ha puntualizado que cuando se trata de acciones de
tutela orientadas a cuestionar otro proceso de tutela, a efectos de analizar su
procedencia, lo primero que debe determinarse es la actuación contra la que se
dirige.

29.
En el evento en que se busque atacar la sentencia proferida dentro del proceso,
la regla general es la de que no procede, y no se admite excepción alguna cuando
la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional.

30.
Cuando el fallo ha sido dictado por otro juez o corporación judicial, el Alto Tribunal
ha reconocido su procedencia excepcionalísima, siempre que: (i) se acrediten los
requisitos genéricos de procedencia del amparo constitucional interpuesto en contra
de una providencia judicial, (ii) la demanda de tutela no comparta identidad procesal
con la solicitud de amparo que pretende refutar; (iii) se demuestre a través de una
exigente carga argumentativa que la providencia acusada fue producto de una
situación de fraude y; (iv) no exista otro mecanismo ordinario o extraordinario para
resolver la controversia planteada.

31.
Si la demanda se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la
sentencia, es necesario identificar si aquellas ocurrieron con anterioridad o con
posterioridad al fallo.

32.
En caso de que la actuación sea anterior a la sentencia y verse sobre presuntas
irregularidades procesales como la falta de notificación u omisión en la vinculación
de terceros, el mecanismo de amparo si procede, siempre que se cumplan los
requisitos generales de procedibilidad.

9 En sentencia SU-627 de 2015, reiterada en la sentencia SU-387 de 2022.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

33.
En la segunda hipótesis, debe distinguirse el objeto de la solicitud de amparo. Si
lo que se persigue es el cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo, no es
procedente. En cambio, cuando su finalidad sea la protección de un derecho
fundamental presuntamente vulnerado en el trámite del incidente de desacato o en
el trámite de impugnación hay lugar a su procedencia, pero de forma excepcional,
siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los presupuestos generales de
procedibilidad.

34.
En suma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es posible acudir ante
el juez de tutela con el propósito de cuestionar actuaciones adelantadas en el trámite
de otro proceso de la misma naturaleza. Para su procedencia, debe verificarse el tipo
de actuación que se cuestiona. Si aquella acaece con anterioridad a la sentencia y/o
con posterioridad, el mecanismo de amparo procede siempre que se cumplan los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. Cuando lo que se ataca
es la sentencia, por ser sumamente excepcional, además deben acreditarse otra
serie de requisitos.

E. Análisis del caso concreto

35.
La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, tras estimar que no
satisface el requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial atinente a la relevancia constitucional.

36.
Aunque la parte actora señaló que el presente asunto se dirige a controvertir
diversas providencias proferidas a lo largo del trámite de tutela, tanto anteriores como
posteriores a las sentencias adoptadas en primera y segunda instancia, del
contenido de la demanda se desprende que la inconformidad de la parte actora se
circunscribe a un único aspecto, esto es, la presunta indebida notificación del auto
admisorio de la demanda a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones
y al párroco Michael Adolfo Lozano Cruz.

37.
Dicha censura se concretó en el proveído que negó la solicitud de nulidad
propuesta por los accionantes, pues si bien en el escrito de tutela se identificaron
otras decisiones como objeto de cuestionamiento, respecto de estas no se formuló
algún reproche concreto. La inconformidad frente a estas se deriva de la supuesta
irregularidad relacionada con la notificación del auto admisorio de la demanda, la
cual, a juicio de los accionantes, comportaría la nulidad de todas las actuaciones
surtidas posterioridad. Por consiguiente el análisis de la Sala se concentrará en la
providencia del 13 de mayo de 2026 proferida por la Sección Segunda, Subsección
D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

38.
Como fundamento de la solicitud de amparo, la parte actora sostuvo que las
autoridades accionadas incurrieron un defecto procedimental absoluto y en violación

7

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

directa a la Constitución, al apartarse del procedimiento legalmente establecido, por
cuanto se notificó a una persona jurídica distinta a la parroquia accionada.

39.
La Sala encuentra que dicho asunto ya fue estudiado de forma motivada,
suficiente y razonable por el Tribunal accionado en el proveído del 13 de mayo de
2026. Al respecto, precisó que únicamente la Parroquia Nuestra Señora del Carmen
de Reventones – Anolaima y el párroco Michael Adolfo Lozano Cruz se encontraban
legitimados para invocar una eventual nulidad derivada de su presunta indebida
notificación del trámite de tutela.

40.
En todo caso, señaló que, desde el auto admisorio de la demanda, el juez de
primera instancia dispuso expresamente la vinculación y notificación de la
Arquidiócesis de Bogotá, la Diócesis de Girardot y la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen de Reventones – Anolaima, en aras de que ejercieran sus derechos de
defensa y contradicción.

41.
Indicó que en el expediente obra constancia de notificación del proveído que
admitió la demanda remitida expresamente a la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen de Reventones el 11 de febrero de 2026 a la dirección de correo electrónico:
“parroquiansranolaima@gmail.com”. A partir de ello, estimó que las entidades
religiosas vinculadas al trámite, entre ellas, la aludida parroquia y el párroco tuvieron
conocimiento efectivo de la acción constitucional. Finalmente, resaltó que las demás
actuaciones adoptadas dentro del trámite constitucional, tanto en primera como en
segunda instancia, fueron notificadas en debida forma a los sujetos procesales.

42.
El artículo 135 del Código General del Proceso 10 prevé que quien alega una
causal de nulidad debe encontrarse legitimado para proponerla. De acuerdo con la
misma disposición, la nulidad derivada de una indebida notificación únicamente
puede ser invocada por la persona directamente afectada.

43.
Bajo ese escenario, no se observa un análisis caprichoso, arbitrario o
manifiestamente irrazonable en la providencia acusada. Por el contrario, se muestra
razonable y coherente de cara a las normas de procedimiento aplicables al asunto.

44.
De esta manera, se hace evidente que la intención del accionante es prolongar
una discusión que ya fue debidamente zanjada por el juez de la causa, sin haber
demostrado la ocurrencia de un verdadero vicio de tipo procedimental susceptible de
comprometer sus derechos fundamentales.

45.
En efecto, los reparos sobre los cuales se edificaron los yerros endilgados carecen
de una carga argumentativa suficiente para evidenciar una discusión que transcienda
la esfera de lo constitucional. La parte actora se limitó a insistir en la presunta

10 Aplicable en materia de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015-

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

irregularidad relacionada con la notificación del auto admisorio de la demanda a la
parroquia y al párroco, pero omitió explicar de qué manera dicha circunstancia, en
caso de haberse configurado, afectó sus derechos fundamentales.

46.
Esa falencia argumentativa cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que la
razón principal de la decisión que negó la solicitud de nulidad consistió en la falta de
legitimación de los accionantes para invocarla, por no ser los sujetos directamente
afectados. En ese orden, la alegada irregularidad únicamente tendría la
potencialidad de afectar las garantías procesales de la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen de Reventones y del párroco Michael Adolfo Lozano Cruz, mas no las de los
accionantes.

47.
Pese a ello, la parte actora omitió explicar en qué medida esa situación tendría la
entidad suficiente para comprometer sus derechos fundamentales. En su lugar,
insistió en controvertir una presunta irregularidad cuya eventual afectación recaería
sobre terceros, lo que impide evidenciar una afectación concreta y directa a sus
derechos fundamentales que justifique la intervención del juez de tutela.

48.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que la solicitud de amparo carece
de relevancia constitucional, no solo porque su objeto es emplear la acción de tutela
como una tercera instancia, sino también debido a su falta de carga argumentativa.

49.
Sin perjuicio de lo expuesto, no puede dejarse de lado que los demandantes
también manifestaron que el presente asunto tenía por objeto controvertir la
sentencia de segunda instancia 11 proferida en el marco del proceso de tutela en
cuestión.

50.
Como ya se anotó, para que se habilite el estudio de fondo en relación con este
asunto, además de cumplir con los presupuestos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, es necesario acreditar mediante una
exigente carga argumentativa que la providencia acusada fue producto de una
situación de fraude; presupuesto que no se cumple en el caso bajo estudio.

51.
Además de que la parte actora no formuló algún reproche concreto contra la
sentencia de segunda instancia, más allá de afirmar que la tutela se dirigía a
cuestionarla, tampoco desplegó un ejercicio argumentativo orientado a demostrar la
existencia de un actuar fraudulento por parte del Tribunal accionado. En ese sentido,
en lo que respecta a la pretensión encaminada a dejar sin efectos dicha decisión, la
solicitud de amparo también deviene improcedente debido a su insuficiencia
argumentativa.

11 Se refirió a esta decisión como “auto que resolvió la impugnación”.

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Accionante: LCDR y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

52.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación planteadas por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Procuraduría
General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CÁSTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

12 VF

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