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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04314-03

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04314-03

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR los ordinales primero y segundo la sentencia del del 19 de julio de 2026 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado. SEGUNDO: REVOCAR los ordinales tercero y cuarto de la mencionada providencia. En su lugar: 1. NEGAR las pretensiones frente a la Secretaría General del Consejo de Estado, Facebook Colombia SAS, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Anolaima, la Personería Municipal de Anolaima, el Concejo Municipal de Anolaima y el señor Yeison Soto Cruz. 2. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la Fiscalía General de la Nación. 3. AMPARAR el derecho fundamental de petición respecto de la Presidencia de la República, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones, la Diócesis de Girardot, la Arquidiócesis de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. En consecuencia, se ordenará a la Presidencia de la República que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, notifique a los accionantes el traslado efectuado; y a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones, a la Diócesis de Girardot, a la Arquidiócesis de Bogotá, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que, dentro del mismo término, den respuesta de fondo a la petición presentada el 30 de abril de 2026. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04314-03

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04314-03
Accionantes: PÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ RAMÍREZ Y OTRO
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A Y OTROS

Tema: Tutela contra providencia judicial y de fondo por derecho
fundamental de petición. Confirma la improcedencia, revoca
y ampara

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la accionante
y Facebook Colombia SA contra la sentencia de primera instancia proferida el 19 de
julio de 2026 el Consejo de Estado, Sección Primera. Lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el
Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 16 de junio de 20262, la referida autoridad judicial admitió la acción
constitucional y mediante la providencia del 12 de agosto del año en curso resolvió
la nulidad propuesta por la accionante y concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El 4 de junio de 2026, la señora Pía Eugenia Domínguez y el señor L.C.D.R.,

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 15 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó en

calidad de accionados al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A; a la Secretaría General
del Consejo de Estado; a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones, Presbítero Michel
Adolfo Lozano Cruz; a la Diócesis de Girardot, Presbítero Ciro Pastor Blanco Cuadros; a la
Arquidiócesis de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio; a la Fiscalía General de la Nación –
Fiscalía Local de Anolaima; a la Procuraduría General de la Nación; a la Defensoría del Pueblo; a
Facebook Colombia SA, a la Presidencia de la República, a la Alcaldía de Anolaima, a la Personería
de Anolaima, al Concejo Municipal de Anolaima, a la Gobernación de Cundinamarca; y al ciudadano
Yeison Soto Cruz.

1

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Accionantes: Pía Eugenia Domínguez y otro
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04314-03

actuando en nombre propio, promovieron acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A; la Secretaría General del Consejo de
Estado; la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones, Presbítero Michel
Adolfo Lozano Cruz; la Diócesis de Girardot, Presbítero Ciro Pastor Blanco Cuadros;
la Arquidiócesis de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio; la Fiscalía General
de la Nación – Fiscalía Local de Anolaima; la Procuraduría General de la Nación; la
Defensoría del Pueblo; Facebook Colombia SA; y el ciudadano Yeison Soto Cruz.
Con la solicitud de amparo pretenden la protección de sus derechos fundamentales
de petición, a la honra, al buen nombre, a la dignidad humana, a la igualdad, «a la
protección de datos y a la tutela judicial efectiva».

2. Las anteriores garantías las consideró vulneradas con ocasión de: i) el auto
del 25 de mayo de 2026 dictado por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante el cual se admitió la demanda y se negó la solicitud
de medida provisional al interior de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-
000-2026-03923-00; y ii) la presunta falta de respuesta ante la solicitud de
información que elevó el 30 de abril de 2026.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó las siguientes pretensiones:

PRIMERO: TENER POR PRESENTADO este escrito, ADMITIR LA DEMANDA y
VINCULAR FORMALMENTE COMO ACCIONADO AL CONSEJO DE ESTADO –
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN A, representada por el Consejero José Roberto Sáchica Méndez, por
su presunta omisión de pronunciarse y ordenar lo necesario respecto del derecho
de petición del 30 de junio de 2026.

SEGUNDO: DECLARAR que dicho Consejo de Estado, al proferir el auto del 25 de
mayo de 2026 (radicado 11001-03-15-000-2026-03923-00), no emitió ni puede
proteger el derecho al debido proceso y petición del 30 de abril de 2026 toda vez
que no hay pretensiones.

TERCERO: CORREGIR, COMPLEMENTAR Y ACLARAR EL AUTO ADMISORIO
DEL 26 DE MAYO DE 2026, en el sentido de que se ordene se tramite en esa misma
demanda la presente demanda o en caso contrario se ordene lo pertinente respeto
a que se requiere con urgencia que:
• INCORPORAR EXPRESAMENTE el derecho de petición del 30 de abril de 2026
(oficio JRB-2577) y su vulneración por silencio.
• RECONOCER la calidad de funcionario público del señor Yeison Soto Cruz y
exigirle prueba material de cada afirmación.
• RECONOCER la discriminación por origen y la omisión
• ORDENAR el retiro inmediato de todo el contenido ofensivo y medidas de
protección. [Sic a toda la cita]

1.2. Hechos

1.2.1. De la acción de tutela con radicado 2026-03923-00

4. El 22 de mayo de 2026, la señora Pía Eugenia Domínguez y el señor L.C.D.R.
interpusieron acción de tutela contra la Subsección D de la Sección Segunda del
2

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Subsección A y otros
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 68 Administrativo de Bogotá,
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la información, a
la libertad de cultos y a la libertad de expresión. Las anteriores garantías las
consideraron vulneradas con ocasión de la presunta indebida notificación del auto
admisorio de la demanda a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones
y al párroco Michael Adolfo Lozano Cruz, al interior de la acción de tutela con
radicado 11001-33-41-068-2026-00016-00/01/02/03, que promovieron contra el
Presidente de la República y otros3.

5. A su vez, solicitaron el decreto de la siguiente medida provisional:
«ORDENAR LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS TÉRMINOS
PROCESALES y detener el envío y trámite del expediente ante la CORTE
CONSTITUCIONAL EN SEDE DE REVISIÓN, hasta tanto se resuelva de fondo la
presente acción de tutela y se subsanen todas las vulneraciones al Debido Proceso,
Administración de Justicia, Igualdad y demás derechos invocados».

6. A la acción constitucional se le asignó el radicado 11001-03-15-000-2026-
03923-00 y le fue repartida a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que, mediante auto del 25 de mayo de 2026, admitió la acción de tutela y
negó la solicitud de medida cautelar.

7. Al respecto, indicó que la parte accionante no sustentó la necesidad y utilidad
de su solicitud. Además, expuso que no se evidenció que, durante el término legal
previsto para decidir la acción de tutela, pueda llegar a ocurrir la afectación de los
derechos fundamentales invocados y que no sean susceptibles de ser reparados.

8. A su vez, expuso el hecho de haberse remitido el expediente de la tutela con
radicado 2026-00016-00 a la Corte Constitucional para su eventual revisión no
supone, por sí mismo, una afectación. Por el contrario, señaló que dicha actuación
se trató del cumplimiento del trámite previsto por el legislador.

9. Luego, mediante sentencia del 26 de junio de 2026, declaró la improcedencia
de la solicitud de amparo por no superar el requisito de relevancia constitucional.
Indicó que, al interior del trámite del proceso constitucional, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de nulidad que propusieron los
demandantes debido a que los únicos legitimados en la causa para formular el
incidente por indebida notificación era la parroquia. Además, también indicó que
dicha entidad eclesiástica fue debidamente notificada.

10. Por lo anterior, consideró que lo pretendido por los accionantes es prolongar
una discusión que ya fue zanjada por el juez de la causa, sin haber demostrado la
ocurrencia de un verdadero vicio de tipo procedimental susceptible de vulnerar sus

3 A saber, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Arquidiócesis de Bogotá,

Diócesis de Girardot, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones.
3

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derechos fundamentales. Además, sostuvo que los yerros endilgados carecen de
una carga argumentativa suficiente para evidenciar una discusión que transcienda
la esfera de lo constitucional. La providencia fue impugnada por los accionantes y
actualmente el proceso se encuentra en trámite de segunda instancia.

1.2.2. De la petición del 30 de abril del 2026.

11. Los accionantes mencionaron que, el 30 de abril de 2026, radicaron una
petición ante la Secretaría General del Consejo de Estado4 y la Presidencia de la
República, dirigida a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de
la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al monseñor Luis José Rueda Aparicio, al
presbítero Ciro Pastor Blanco Cuadros de la Diócesis de Girardot, al presbítero
Michel Adolfo Lozano Cruz de la Iglesia Católica Nuestra Señora del Carmen de
Reventones y a la red social Facebook Colombia SA. En el escrito, solicitó lo
siguiente:

i) A la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones y al Arzobispo Michel
Adolfo Lozano Cruz de la Iglesia Católica Nuestra Señora del Carmen de
Reventones: a) presentar las pruebas de la presunta destrucción de la reja por
parte de su hijo5, b) realizar una rectificación sobre la acusación, c) exhortar al
señor José Joaquín Bermúdez y a los feligreses involucrados a respetar sus
derechos fundamentales, y d) informar las medidas que tomó contra la conducta
«de un catequista» que hace un uso indebido de la influencia religiosa para
agredir.

ii) «A todas las autoridades destinatarias: a) pronunciarse sobre los comentarios y
manifestaciones realizadas bajo la publicación citada, calificándolos desde el
punto de vista legal, ético y social; b) investigar si dichas conductas incurren en
la posible comisión de delitos; y c) adoptar medidas de protección inmediata en
favor de su hijo.

iii) A Facebook Colombia SA, informar las acciones que tomarán para eliminar el
contenido denunciado en su plataforma y bloquear la difusión de material
ofensivo y discriminatorio.

12. La Secretaría General del Consejo de Estado, mediante el Oficio No. JRB-
2577 (radicado interno SecGeneral2523) del 30 de abril de 2023, remitió la petición
a las entidades a las que la parte accionante dirigió la solicitud, con copia a los
peticionarios.

13. Los accionantes indicaron que, a la fecha de radicación de la solicitud de
amparo, no ha recibido respuesta sobre dicha petición.

4 En el escrito, le solicitó a la mencionada secretaría que realizara el traslado correspondiente.
5 Indicó que dicha acusación se realizó en la plataforma Facebook y agregó el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/share/p/1AZTCUYWMJ/
4

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1.3. Fundamentos de la vulneración

14. Los accionantes cuestionaron que, al interior de la acción de tutela con
radicado 2026-03923-00, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en auto 25 de mayo de 2026, mediante el cual admitió la demanda y negó
la medida provisional solicitada, desconoció el memorial que allegaron en el que
pusieron de presente la falta de respuesta a la petición que elevaron el 30 de abril
de 2026. Esto, por cuando dicha autoridad judicial accionada no se pronunció sobre
la mencionada petición en la providencia cuestionada.

15. Señalaron que dicha situación se enmarcó en una presunta publicación
difamatoria en la red social Facebook el 3 de agosto de 2025 a las 2:40 a.m., en la
que un candidato a la alcaldía de Anolaima y un funcionario de la Gobernación de
Cundinamarca realizaron afirmaciones deshonrosas contra el señor L.C.D.R6. A su
vez, indicaron que lo acusaron de la destrucción de una reja en la Parroquia Nuestra
Señora de Reventones, motivo por el cual solicitaron las pruebas o la rectificación
respecto de dicho suceso.

16. Sin embargo, consideraron que la autoridad judicial accionada se abstuvo de
pronunciarse frente a la mencionada petición, pese a que ya había transcurrido el
término legal para que las entidades atendieran su solicitud.

17. Por lo anterior, y habida cuenta de que no ha obtenido respuesta al
requerimiento elevado el 30 de abril de 2026, solicitó que dicha circunstancia sea
estudiada en la acción de tutela.

1.4. Intervenciones

18. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que
los reproches de la parte accionante contra el auto admisorio del 25 de mayo de
2026 no superan el requisito de subsidiariedad, en la medida en que están dirigidos
a cuestionar una providencia al interior de un proceso que se encuentra en trámite,
debido a que no ha proferido el fallo.

19. A su vez, consideró que el asunto carece de relevancia constitucional, debido
a que se planteo una discusión que no tiene ningún tipo de relación con la tutela y
que no guarda coherencia con las pretensiones formuladas en el proceso 2026-
03923-00. Lo anterior, por cuanto la tutela se orientó a cuestionar decisiones
adoptadas en otra acción constitucional y no sobre situaciones relacionadas con la
presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.

20. Finalmente, puso de presente sí tomó en consideración la petición del 30 de

6 Para fundamentar su argumento, añadieron el siguiente link
https://www.facebook.com/share/p/1AZTCUYWMJ/
5

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abril de 2026, debido a que aquella fue aportada como prueba y en el ordinal cuarto
de la providencia cuestionada dispuso tener como pruebas todos los documentos
aportados en la demanda. En tal sentido, sostuvo que resultaba impreciso indicar
que no hubo un pronunciamiento respecto de aquella o que se omitió por completo,
debido a que se incorporó como un elemento de convicción que sería valorado en
la sentencia, siempre que resultara pertinente para resolver el litigio constitucional.

21. El departamento de Cundinamarca solicitó su desvinculación del proceso
por considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva por no haber
vulnerado el derecho fundamental de petición la parte accionante, en la medida en
que el requerimiento no fue radicado en la entidad. Por otro lado, precisó que, tras
revisar las bases de datos de sus funcionarios y contratistas, no encontró vínculo
laboral alguno con el señor Yeison Soto Cruz.

22. La Fiscalía Local de Anolaima señaló que la accionante no radicó la petición
ante la entidad, y tampoco aportó prueba que acreditara que la recibió, por lo que
tuvo conocimiento de la misma con ocasión de la radicación de la acción de tutela.

23. En ese orden, indicó que, mediante el Oficio No. DSC-20370-01-01 del 18 de
junio de 2026, dio respuesta clara, completa, de fondo y congruente a la petición
radicada el 30 de abril del año en curso por los accionantes, la cual fue notificada a
las direcciones de notificación a través de las cuales se presentó la petición.

24. Finalmente, puso de presente que los accionantes han promovido múltiples
actuaciones y trámites ante la entidad sobre hechos similares que ya son objeto de
investigación y que, además, no son claros. Al respecto, sostuvo que entre el
segundo semestre de 2025 y en el presente año, han radicado más de 50 solicitudes
y logró identificar la existencia de 234 registros asociados a sus peticiones.

25. Asimismo, enfatizó en que las peticiones elevadas sobre las investigaciones
ni siquiera señalan el radicado previamente asignado, ni individualizan de manera
clara el trámite al cual hacen referencia en la petición, lo cual ha generado no solo
una dificultad en la búsqueda de información, sino que ha tornado compleja las
labores de verificación, seguimiento y respuesta por parte de la entidad.

26. Facebook Colombia SAS indicó que no opera el servicio brindado por la
plataforma, ya que ello le corresponde a Meta Plataforms Inc, sociedad distinta e
independiente respecto de la cual no actúa como representante o mandataria. Por
otro lado, consideró que la acción de tutela tampoco cumple con el requisito de
subsidiariedad, debido a que los accionantes no solicitaron previamente el retiro o
la corrección del contenido a sus autores, ni hicieron uso de los mecanismos de
reporte previstos por la plataforma, requisitos establecidos por la jurisprudencia
constitucional para la procedencia excepcional de la tutela en estos casos.

27. La Presidencia de la República indicó que no vulneró el derecho de petición

6

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de los accionantes, pues mediante el oficio OFI26-00085035/GFPU 13150000 del
11 de mayo de 2026 trasladó su petición a la Procuraduría General de la Nación, la
Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía Municipal de Anolaima, por considerar
que las solicitudes presentadas por la accionante eran de su competencia.

28. La Defensoría del Pueblo consideró que no vulneró los derechos
fundamentales de los accionantes porque no intervino en las actuaciones que
cuestionan, ni tiene competencia para resolver las solicitudes cuya falta de
respuesta se reclama. A su vez, informó que la única actuación adelantada por la
entidad corresponde al radicado No. 202500601503771482 del 5 de agosto de
2025, mediante la cual le informó a la accionante que los asuntos solicitados no
eran competencia de la entidad7.

29. La Secretaría General del Consejo de Estado solicitó que se nieguen las
pretensiones en su contra, debido a que la accionante no formuló reproche alguno
sobre su actuación. Sostuvo que se limitó a dar trámite a la petición presentada el
30 de abril de 2026, pues realizó el respectivo traslado por competencia a las
autoridades identificadas por los accionantes.

30. La Procuraduría General de la Nación solicitó su desvinculación del trámite
por considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados. Indicó
que, una vez recibió la documentación remitida por la Secretaría General del
Consejo de Estado respecto de la petición elevada el 5 de junio de 2025 por los
accionantes, procedió a repartirla a los abogados instructores bajo el radicado E-
2026- 322741 / D-2026-43732637, actuación que actualmente se encuentra en
etapa de evaluación. Adicionalmente, informó que, respecto de los hechos descritos
en los documentos anexos a la tutela, previamente tramitó las diligencias
identificadas con el radicado E-2026-128150 / D-2026-4298061, las cuales fueron
remitidas a la Personería Municipal de Anolaima mediante Auto No. 464 del 17 de
abril de 2026 y Oficio No. 1075 del 22 de abril de 2026.

31. Finalmente, la Personería Municipal de Anolaima allegó escrito mediante
el cual solicitó su desvinculación del trámite de tutela, al considerar que la
controversia constitucional se circunscribe a decisiones judiciales proferidas por la
Sección Tercera del Consejo de Estado y a presuntas restricciones de acceso a
redes sociales institucionales ajenas a esa entidad. En consecuencia, al no
evidenciarse relación alguna entre las funciones legales de la Personería Municipal
de Anolaima y los hechos que sustentan la presunta vulneración de derechos
fundamentales invocados por los accionantes, se configura la falta de legitimación
en la causa por pasiva, de conformidad con la jurisprudencia constitucional vigente.

1.5. Sentencia de primera instancia

7 La Sala precisa que dicho memorial corresponde a un traslado de una petición distinta, que fue

presentada en el 2025, mientas que la reprochada corresponde a la solicitud del 30 de abril de 2026.
7

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32. Mediante sentencia del 16 de julio de 2026, la Sección primera del Consejo
de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela respecto a los reproches
planteados contra el auto del 25 de mayo de 2026 dictado por la Sección Tercera,
Subsección A de la corporación, al interior de la acción de tutela con radicado 2026-
03923-00, por no superar los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.

33. Al respecto, consideró que los cuestionamientos realizados por la parte
actora escapan de las reglas definidas por la Corte Constitucional para que proceda
la solicitud de amparo. Además, indico que, debido a que en sus pretensiones se
solicitó que se ordenara la aclaración, adición y complementación del auto
admisorio, pudo haberlo solicitado al interior del proceso.

34. A su vez, puso de presente que la acción de tutela aún se encuentra en
trámite de resolver la segunda instancia, por lo que la solicitud de amparo no puede
emplearse como un mecanismo paralelo para cuestionar actuaciones surtidas
dentro de un proceso judicial que aún no ha culminado, pues ello desconocería el
carácter subsidiario del amparo constitucional y trasladaría al juez de tutela el
conocimiento de asuntos cuya definición corresponde, en primer término, al
funcionario judicial competente.

35. Respecto a la petición elevada el 30 de abril de 2026, amparó el derecho
fundamental de petición de la señora Pía Eugenia Domínguez Ramírez y el señor
L.C.D.R. y, en consecuencia, le ordenó a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen
de Reventones, a la Diócesis de Girardot, a la Arquidiócesis de Bogotá, a la
Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a Facebook
Colombia SAS que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la
providencia, emitieran una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente,
respecto de las solicitudes que, conforme al ámbito de sus competencias, les fueron
formuladas mediante el escrito radicado el 30 de abril de 2026. Ello, por considerar
que no contestaron a la solicitud de información.

36. Por otro lado, negó las pretensiones respecto de la Presidencia de la
República, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Anolaima, la Personería
Municipal de Anolaima, el Concejo Municipal de Anolaima y el señor Yeison Soto
Cruz, debido a que no advirtió que el escrito radicado el 30 de abril de 2026 hubiera
sido dirigido a dichos sujetos, ni que hubiesen tenido conocimiento de la petición
mediante algún traslado.

37. Finalmente, negó las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Fiscalía Local del municipio de Anolaima, Facebook SAS, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, la
Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal de Anolaima.

1.6. Impugnaciones

8

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38. La señora Pía Eugenia Domínguez y el señor L.C.D.R., mediante memorial
allegado, el cual carece de claridad, señalaron que la petición mediante la cual
solicitaron el desbloqueo de la página de Facebook de la Alcaldía de Anolaima fue
presentada el 17 de febrero de 2026. No obstante, indicó que la «Sección Primera
no se pronunció sobre el contenido y alcance de la petición original del 17 de febrero
de 2026, ni sobre su respuesta del 17 de marzo de 2026, ni tampoco sobre las
actuaciones y documentos añadidos al momento de la admisión de la demanda».

39. Respecto a la petición radicada el 30 de abril de 2026, indicó que, pese a la
remisión hecha por la Secretaría General del Consejo de Estado, no existe
respuesta por parte de ninguna autoridad. Además, expuso que «la sentencia
tampoco valoró dicha omisión, pese a estar incorporada formalmente en el
expediente y constituir una vulneración sistemática en su contra».

40. Por su parte, Facebook Colombia SAS consideró que el fallo de primera
instancia aseguró de manera errada que vulneró el derecho fundamental de petición
de los accionantes, sin explicar los motivos por los cuales realizó esa afirmación.

41. Sostuvo que si bien la Secretaría General del Consejo de Estado, mediante
el Oficio No. JRB-2577 del 30 de abril de 2026 remitió la petición de los
demandantes a los correos electrónicos support@fb.com y phish@fb.com, aquellas
direcciones no corresponden a su canal de notificaciones, puesto que el correo
designado es fbbmbogota@bakermckenzie.com, tal como consta en el certificado
de existencia y representación legal de la compañía. Por tal razón, afirmó que no
conoció sobre la mencionada solicitud.

1.7. Manifestación de impedimento

42. Mediante escrito del 9 de septiembre de 2026, el magistrado Omar Joaquín
Barreto Suárez manifestó su impedimento para conocer el asunto, por considerar
que estaba incurso en las causales 18 y 59 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal. No obstante, se declaró infundado por auto del 10 de
septiembre de 2026.

II. CONSIDERACIONES

43. La Sala confirmará los ordinales primero y segundo la sentencia del 19 de
julio de 2026 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado. A su vez,
revocará los ordinales tercero y cuarto. En su lugar:

8 ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: […] 1. Que el
funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro
del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación
procesal.
9 ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: […] 5. Que exista

amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y
el funcionario judicial.
9

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Accionantes: Pía Eugenia Domínguez y otro
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04314-03

i) Negará las pretensiones respecto de la Secretaría General del Consejo de
Estado, Facebook Colombia SAS, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía
de Anolaima, la Personería Municipal de Anolaima, el Concejo Municipal de
Anolaima y el señor Yeison Soto Cruz.

ii) Declarará la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la
Fiscalía General de la Nación.

iii) Amparará el derecho fundamental de petición respecto de la Presidencia de la
República, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones, la Diócesis
de Girardot, la Arquidiócesis de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y
la Defensoría del Pueblo

24. Para ello, esta Sección explicará i) las razones por las cuales los reproches
formulados contra la providencia judicial cuestionada no superan el requisito
subsidiariedad, y ii) abordará lo relativo a la presunta vulneración del derecho
fundamental de petición en el caso concreto.

2.1. Cuestión previa

44. La Sala advierte que, en la impugnación presentada, la parte accionante hizo
referencia a el desconocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado de
las peticiones que elevaron el 17 de febrero de 2026 y del 17 de marzo de 2026. Sin
embargo, se advierte que se tratan de hechos nuevos que no fueron puestos de
presente en la acción de tutela, por lo que en esta instancia la Sección se abstendrá
de realizar un pronunciamiento al respecto.

2.2. Caso concreto

2.2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos de procedencia de
tutela contra providencias judiciales respecto del proceso 2026-03923-00

45. El Consejo de Estado10 y la Corte Constitucional11, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento
de ciertos requisitos generales12 y a la configuración de algún defecto especial13 en
el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
12 (i) Legitimación en la causa; (ii) subsidiariedad; (iii) inmediatez; (iv) relevancia constitucional; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores
del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza.
13 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o

sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
10

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Accionantes: Pía Eugenia Domínguez y otro
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Subsección A y otros
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asunto y determinar si se configuran los defectos invocados, la Sala determinará si
se superan los presupuestos generales de procedencia.

46. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o
más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

47. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

48. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

49. La Sala advierte que la señora Pía Eugenia Domínguez y el señor L.C.D.R.
están legitimados en la causa por activa, porque conformaron la parte accionante al
interior de la acción de tutela con radicado 2026-03923-00, proceso respecto del
cual se reprocha el auto admisorio del 25 de mayo de 2026.

50. Por otro lado, se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A está legitimado en la causa por pasiva, debido a que fue quien profirió
la providencia que se cuestiona mediante esta vía.

51. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de defensa.
En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que la acción
de tutela solo procede en dos casos excepcionales14: i) como mecanismo de
protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial
idóneo15 y eficaz16; y, ii) como mecanismo de protección transitorio.

52. Para la Sala los reproches y las pretensiones planteadas por la parte
accionante no superan el requisito de subsidiariedad, por las siguientes razones.

53. Como se expuso previamente, los demandantes cuestionaron el auto
admisorio del 25 de mayo de 2026, dictado por la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado, por no haber tomado en consideración la falta de respuesta
a la petición que radicaron el 30 de abril de 2026 ante diferentes autoridades. Por
tal razón, solicitaron que se le ordenara a la mencionada autoridad judicial la

14 Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
15 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir

el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
16 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está

diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
11

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aclaración, complementación y corrección de dicha providencia.

54. Al respecto, la Sala destaca que dicho cuestionamiento pudo haber sido
propuesto por los accionantes en la impugnación del fallo de tutela del 26 de junio
de 2026 dictado por la mencionada autoridad judicial, cuya segunda instancia se
encuentra en trámite por parte de la Subsección C de la Sección Tercera de esta
corporación.

55. Por tal razón, esta Sección considera pertinente advertir que la acción de
tutela no puede ser empleada como un mecanismo paralelo para cuestionar
actuaciones judiciales al interior de un proceso judicial que aún se encuentra en
curso. Admitir lo contrario supondría desconocer la naturaleza subsidiaria y
excepcional de este mecanismo constitucional y convertirlo en una vía para discutir
de manera simultánea, ante distintas autoridades judiciales, asuntos que
actualmente se encuentran sometidos al conocimiento del juez natural.

56. En efecto, mientras se encuentre pendiente de resolver la impugnación
formulada contra el fallo de tutela del 26 de junio de 2026, los accionantes cuentan
con un escenario procesal vigente para plantear los reparos que ahora formulan por
esta vía constitucional, en particular, aquellos relacionados con la falta de valoración
de la petición presentada el 30 de abril de 2026 por la Sección Tercera, Subsección
A del Consejo de Estado. Por lo tanto, no se evidencia que carezcan de un medio
judicial para obtener el pronunciamiento que pretenden.

57. Tampoco se encuentra acreditada la falta de idoneidad o eficacia de dicho
mecanismo. Por el contrario, la impugnación constituye el mecanismo procesal
previsto para controvertir la decisión de primera instancia y permite que la autoridad
judicial que conozca el recurso examine los cuestionamientos que los accionantes
le endilgan a la sentencia recurrida. Por lo tanto, no resulta admisible que, de
manera paralela a la impugnación, se promueva una nueva acción de tutela
encaminada a obtener un pronunciamiento sobre asuntos que pueden ser
propuestos al interior de un proceso que se encuentra en curso.

58. En ese orden, al haber tenido a su alcance la impugnación del fallo de primera
instancia para plantear dicho cuestionamiento y al encontrarse pendiente de
resolver la alzada, no se supera el requisito de subsidiariedad frente al reproche por
la omisión de la autoridad judicial accionada en pronunciarse la petición del 30 de
abril de 2026.

2.1.2. La Secretaría General del Consejo de Estado, Facebook Colombia SAS,
la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Anolaima, la Personería
Municipal de Anolaima, el Concejo Municipal de Anolaima y el señor Yeison
Soto Cruz no vulneraron el derecho fundamental de petición de la parte
accionante.

12

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59. El artículo 23 de la Constitución Política prevé que toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y a organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular.

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 el
término para dar respuesta a las peticiones es de 15 días. No obstante, si la petición
versa sobre la expedición de copias de documentos o entrega de información,
deberá resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Además, aquella
debe ser resuelta de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado.
En palabras de la Corte Constitucional:

[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber
de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre
información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues
eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada17.

26. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[…] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»18.

27. Con tales apreciaciones, la Sala deberá determinar si las autoridades que
intervinieron en el trámite de las solicitudes objeto de tutela vulneraron el derecho
fundamental de petición:

60. Secretaría General del Consejo de Estado. De la revisión del expediente,
se advierte que la Secretaría General del Consejo de Estado, mediante el Oficio No.
JRB-2577 del 30 de abril de 2026, dio trámite al escrito presentado por los
accionantes y procedió a remitirlo a cada una de las autoridades y particulares
expresamente señalados como destinatarios, en particular, a la Arquidiócesis de
Bogotá, a la Diócesis de Girardot, a la Iglesia Católica Nuestra Señora del Carmen
de Reventones, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la
Nación, a la Defensoría del Pueblo y a Facebook Colombia SA.

61. Dicho traslado fue realizado con copia al canal de notificación de los
accionantes, el cual coincide con la dirección electrónica a través de la cual
presentaron la respectiva petición. Por tal razón, la Sección considera que dicha
dependencia cumplió con el deber previsto en el artículo 21 de la Ley 1755 de

17 Sentencia T-149 de 2013.
18 Ibídem.

13

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201519 y, en consecuencia, no vulneró el derecho fundamental de petición de los
accionantes.

62. Facebook Colombia SAS. Sobre dicha compañía, la Sala considera que no
le asiste razón al a quo al afirmar que vulneró el derecho fundamental de petición
de los accionantes. Esto, en la medida que, si bien la Secretaría General del
Consejo de Estado remitió la solicitud a los correos electrónicos que en los que
consideró que recibía notificaciones, lo cierto es que, de conformidad con el
certificado de existencia y representación legal de dicha empresa, la dirección de
notificaciones corresponde es fbbmbogota@bakermckenzie.com, como se
evidencia a continuación:

63. Por tal razón, y habida cuenta de que la sociedad no recibió la petición del 30
de abril de 2026, no es posible atribuir una vulneración de su parte. En
consecuencia, la Sala revocará el amparo concedido respecto de dicha compañía
y, en su lugar, las negará las pretensiones respecto de aquella.

64. Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía de Anolaima, Personería
Municipal de Anolaima, Concejo Municipal de Anolaima y el señor Yeison Soto
Cruz. Respecto de dichas entidades y del señor Soto Cruz, la Sala comparte la

19 «Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la

competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco
(5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a
partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».
14

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posición del a quo en afirmar que, de conformidad con las pruebas obrantes en el
expediente, dichas autoridades no recibieron la petición del 30 de abril del 2026, ni
les fue trasladada por la Secretaría General del Consejo de Estado, en la medida
en que la solicitud de información no se dirigía contra aquellas.

65. Por tal motivo, no es posible predicar que vulneraron el derecho fundamental
de petición de la parte accionante, pues no tuvieron conocimiento de la solicitud ni
eran destinatarios de esta.

2.2.3. La Fiscalía General de la Nación vulneró el derecho fundamental de
petición de los tutelantes. Sin embargo, operó la carencia actual de objeto por
hecho superado.

66. Si bien la petición del 30 de abril de 2026 no fue radicada ante la Fiscalía
General de la Nación, esta Sección advierte que la Secretaría General del Consejo
de Estado, mediante el Oficio No. JRB-2577 de la misma fecha, le remitió la solicitud
de información por haber sido una de las entidades destinatarias del requerimiento.

67. A su vez, se advierte que la petición dirigida a la entidad consistía en
denunciar hechos de discriminación que presuntamente ha padecido el señor
L.C.D.R. y le solicitó pronunciarse sobre aquellos, investigar la configuración de
posibles delitos y adoptar medidas a su favor sobre los hechos de agresión física
que han puesto en su conocimiento.

68. Ahora bien, la Sala advierte que, en efecto, el 18 de junio de 2026, la Fiscalía
General de la Nación, a través de su seccional de Anolaima, dio respuesta a la
petición elevada por la parte actora.

69. En ella, le indicó que, de conformidad con los hechos narrados, en el sistema
«SPOA» se evidencian más de «200 NUNC», con las siguientes notificas criminales:

1. Delito: Actos de racismo o discriminación
• NUNC: 251756000390202611528
• Fiscalía 02 Seccional de Facatativá
• Hechos: 25/05/2026 - NUNC: 252866000376202610088
• Fiscalía 04 Seccional de Facatativá - Hechos: 02/12/2025

2. Delito: Desplazamiento forzado (Art. 180 C.P.)
• NUNC: 110016000049202614516
• Fiscalía 05 Especializada Cundinamarca
• Hechos: agosto 2025

3. Delito: Abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto (Art. 416 C.P.)
• NUNC: 251266000415202613018
• Fiscalía 02 Seccional de Facatativá
-Hechos: 19/12/2025

4. Delito: Amenazas
• NUNC: 253076000401202610324
15

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• Fiscalía 01 Seccional de Facatativá
• Hechos: 20/01/2026

5. Delito: Intimidación o amenaza con arma (Art. 185A C.P.)
• NUNC: 251266000415202612178
• Fiscalía 03 Seccional
• Hechos: 01/01/2025

28. Por otro lado, le manifestó que el señor Carlos David Rodíguez Tiguaque
interpuso una querella contra el señor L.C.D.R. por hechos ocurridos el 1. ° de
enero de 2026, en los que ambas partes se agredieron de manera física y verbal,
por lo que citó al accionante con el fin de buscar una solución al conflicto presentado.

29. En ese orden, le indicó que dicha citación no constituye un acto de
discriminación, sino que se enmarca en las competencias legales y procesales de
la entidad respecto de los delitos querellables.

30. A su vez, le indicó que, frente a las denuncias interpuestas por la señora Pía
Eugenia Domínguez frente a esos mismos hechos, se registraron las denuncias
mediante la noticia criminal NUNC 251266000415202611759 por el delito de injuria
y con ocasión de unas presuntas publicaciones discriminatorias en la red social
Facebook. En ese sentido, señaló que se ordenaron remisiones a medicina legal,
una «entrevista de ampliación», entre otras actividades de policía judicial.

31. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que la respuesta emitida por la
Fiscalía General de la Nación fue clara, de fondo, precisa, congruente y completa,
de conformidad con lo solicitado por el accionante. A su vez, se evidenció que
aquella fue notificada a la dirección electrónica de los accionantes, la cual coincide
con el correo electrónico mediante el cual radicaron la petición y a través del cual
recibe las notificaciones del proceso constitucional.

32. En ese orden, esta Sección considera que, si bien la mencionada entidad
desconoció el término previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, al no
haberle dado respuesta al accionante dentro de los 10 días siguientes a la fecha en
la que recibió el traslado de la petición, lo cierto es que en el transcurso de la acción
constitucional respondió el requerimiento y lo notificó en debida forma.

33. En este punto, conviene recordar que existen eventos en los que la amenaza
al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, por lo
que el instrumento pierde efectividad y la intervención del juez constitucional resulta
inane. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que «el juez de tutela no ha
sido concebido como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones
inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos,
consumados o ya superados».

34. Sobre el tema, cabe destacar la sentencia SU-522 de 2019, en la que se
precisó que, si luego de acudir a la autoridad judicial, «la situación ha sido superada
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o resuelta de alguna forma», no tendría sentido un pronunciamiento, puesto que «la
posible orden que impartiera el juez caería en el vacío», siendo esta la «idea central
que soporta el concepto de carencia actual de objeto».

35. Sobre la figura del hecho superado, el tribunal constitucional indicó en la
sentencia SU-225 de 2013, que «se configura cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo
la pretensión contenida en la demanda de amparo. En otras palabras, aquello que
se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que
el mismo diera orden alguna».

36. En ese contexto, si bien no se desconoce que la Fiscalía General de la
Nación omitió impartir el trámite oportuno y adecuado a la solitud presentada por la
parte tutelante, en el curso de la presente acción de tutela dio respuesta clara, de
fondo, congruente, precisa y completa, la cual fue notificada a los interesados. En
consecuencia, cualquier orden que llegare a impartirse carecería de objeto.

37. Por lo anterior, la Sala considera que se configuró la carencia actual por
hecho superado, toda vez que desapareció la circunstancia que podría originar
algún quebranto en los derechos fundamentales del demandante.

2.2.4. La Presidencia de la República, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen
de Reventones, la Diócesis de Girardot, la Arquidiócesis de Bogotá, la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo vulneraron el
derecho fundamental de petición del accionante

38. De conformidad con las pruebas aportadas al expediente, se advierte que la
petición del 30 de abril de 2026 fue radicada ante la Presidencia de la República y
fue remitida a las demás entidades en virtud del traslado realizado por la Secretaría
General del Consejo de Estado.

39. Por tal razón, la Sección no comparte la posición del a quo en afirmar que la
petición no fue radicada en la entidad, pues los accionantes remitieron su solicitud
al correo electrónico contacto@presidencia.gov.co20.

40. Ahora bien, de conformidad con las pruebas allegadas al expediente, se
advierte que la Presidencia de la República, mediante memorial del Oficio OFI26-
00085035 / GFPU 13150000 del 11 de mayo de 2026, le informó a los accionantes
que dio traslado a la petición de la accionante a la Procuraduría General De La
Nación, Fiscalía general de la nación y Alcaldía de Anolaima, por considerar que el
contenido de la solicitud se enmarcaba dentro del ámbito de sus competencias.

20 De conformidad con la página web de la entidad, dicho canal electrónico es la dirección de

contacto institucional. https://www.presidencia.gov.co/
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41. No obstante, de los anexos de los documentos aportados no se advierte que
el mencionado oficio hubiese sido comunicado a los accionantes. Si bien la entidad
anexó un cuadro en el que se evidencia la trazabilidad de la gestión realizada en
aras de dar respuesta a la petición, lo cierto es que de aquél no es posible acreditar
que el mencionado oficio hubiese sido remitido a los accionantes, como se evidencia
a continuación:

42. Por tal razón, se amparará el derecho fundamental de petición de los
accionantes y se le ordenará a la Presidencia de la República que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de esta providencia, le notifique a
los accionantes del traslado realizado respecto de la petición presentada el 30 de
abril de 2026.

43. Por otro lado, se advierte que la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de
Reventones, la Diócesis de Girardot, la Arquidiócesis de Bogotá, la Procuraduría
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo no acreditaron haber dado
respuesta a la solicitud radicada por los accionantes, pese a que la Secretaría
General del Consejo de Estado, mediante el Oficio No. JRB-2577, les remitió su
contenido. Por tal razón, se confirmará el amparo del derecho fundamental de
petición de los accionantes respecto de aquellas.

44. Finalmente, se pone de presente que con ocasión de la sentencia de primera
instancia proferida el 19 de julio de 2026 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, el 27 del mismo mes y año la Diócesis de Girardot allegó memorial con el
que pretende acreditar el cumplimiento de la orden de tutela, en el que consta
diversas respuestas remitidas a los accionantes el 26 y 27 de enero y 10 de abril de
2026.

45. Se advierte que de los memoriales allegados no se evidencia a que la
respuesta corresponda a la petición del 30 de abril de 2026, sino que,
aparentemente, corresponden a otras peticiones radicadas por los accionantes. Sin

18

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embargo, resulta pertinente precisar que le corresponde al juez del desacato
determinar si con dichos memoriales se acreditó la orden de tutela o si, por el
contrario, aquellos no reflejan que se haya emitido una decisión clara, congruente y
de fondo, de conformidad con la información que les fue requerida por los
accionantes.

2.3. Conclusión

46. Por lo anteriormente expuesto, la Sala confirmará los ordinales primero21 y
segundo22 de la sentencia del 19 de julio de 2026 dictada por la Sección Primera
del Consejo de Estado. A su vez, revocará los ordinales tercero23 y cuarto24 y, en su
lugar, negará las pretensiones respecto de la Secretaría General del Consejo de
Estado, Facebook Colombia SAS, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de
Anolaima, la Personería Municipal de Anolaima, el Concejo Municipal de Anolaima
y el señor Yeison Soto Cruz. Asimismo, declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto de la Fiscalía General de la Nación.

47. Por último, se amparará el derecho fundamental de petición respecto de la
Presidencia de la República, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de
Reventones, la Diócesis de Girardot, la Arquidiócesis de Bogotá, la Procuraduría
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. En consecuencia, se ordenará a
la Presidencia de la República que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente providencia, notifique a los accionantes el
traslado efectuado; y a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones, a
la Diócesis de Girardot, a la Arquidiócesis de Bogotá, a la Procuraduría General de
la Nación y a la Defensoría del Pueblo que, dentro del mismo término, den respuesta
de fondo a la petición presentada el 30 de abril de 2026.

21 PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía Local del municipio

de Anolaima, Facebook SAS, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la
Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal de Anolaima,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
22 SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la señora Pía

Eugenia Domínguez Ramírez y el señor L.C.D.R., respecto a los reproches planteados en contra de
la providencia proferida el 25 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado – Sección Tercera,
Subsección A, en la acción de tutela 202603923 00, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.
23 TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Pía Eugenia Domínguez

Ramírez y el señor L.C.D.R. y, en consecuencia, ORDENAR a la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen de Reventones, a la Diócesis de Girardot, a la Arquidiócesis de Bogotá, a la Procuraduría
General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a Facebook Colombia SAS que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, emitan una respuesta de
fondo, clara, precisa y congruente, respecto de las solicitudes que, conforme al ámbito de sus
competencias, les fueron formuladas mediante el escrito radicado el 30 de abril de 2026.
24 CUARTO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición respecto del Presidente de la

República, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Anolaima, la Personería Municipal de
Anolaima, el Concejo Municipal de Anolaima y el señor Yeison Soto Cruz, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Pía Eugenia Domínguez y otro
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04314-03

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR los ordinales primero y segundo la sentencia del del 19
de julio de 2026 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: REVOCAR los ordinales tercero y cuarto de la mencionada
providencia. En su lugar:

1. NEGAR las pretensiones frente a la Secretaría General del Consejo de Estado,
Facebook Colombia SAS, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de
Anolaima, la Personería Municipal de Anolaima, el Concejo Municipal de
Anolaima y el señor Yeison Soto Cruz.

2. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la
Fiscalía General de la Nación.

3. AMPARAR el derecho fundamental de petición respecto de la Presidencia de la
República, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Reventones, la Diócesis
de Girardot, la Arquidiócesis de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y
la Defensoría del Pueblo.

En consecuencia, se ordenará a la Presidencia de la República que, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, notifique a los accionantes el traslado efectuado; y a la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen de Reventones, a la Diócesis de Girardot, a la
Arquidiócesis de Bogotá, a la Procuraduría General de la Nación y a la
Defensoría del Pueblo que, dentro del mismo término, den respuesta de fondo a
la petición presentada el 30 de abril de 2026.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionantes: Pía Eugenia Domínguez y otro
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04314-03

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

21

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