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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04322-00

Fecha
2 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04322-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia de la señora Marbel Luz Fernández Estrada, y NEGAR respecto de las señoras Lina Margarita Tapia de Yaver y Faude Jacquelin Yaber Tapia. SEGUNDO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el señor Nadin Nasser Yaber Tapia y otros. TERCER: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04322-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

2 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., dos [2] de julio de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04322-00
Demandantes: NADIN NASSER YABER TAPIA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial - improcedencia por falta de
relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 4 de junio de 2026, el señor Nadin Nasser Yaber Tapia y otros 1, a través de
apoderado, presentaron acción de tutela con el fin de que se les amparen sus
derechos fundamentales al «DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, IGUALDAD,
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y CONFIANZA LEGÍTIMA2».

Las mencionadas garantías las estimaron vulneradas por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A al proferir la providencia de 11
de diciembre de 2025, que confirmó la decisión de 11 de abril de 2023 del Juzgado
Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que negó las
pretensiones de la demanda de reparación directa identificada con el radicado
11001-33-43-065-2022-00147-00/01.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, igualdad y
presunción de inocencia de los accionantes, NADIN NASSER YABER TAPIA,
NADIN SAID YABER FERNANDEZ, YALILE ASTRID YABER TAPIAS,

1 Nadin Said Yaber Fernández, Yalile Astrid Yaber Tapias; Yamil Siman Yaber, y Yassid Antonio

Yaber Tapia.
2 Mayúsculas sostenidas del texto original.

Demandantes: Nadin Nasser Yaber Tapia y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04322-00

YAMIL SIMAN YABER TAPIA y YASSID ANTONIO YABER TAPIA, en los
términos previstos en la Constitución.

SEGUNDA: Como consecuencia DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
proferida el 11 de diciembre de 2025
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A”.
La anterior providencia vulneró derechos fundamentales de mis representados
al negar la configuración del error judicial derivado de la sentencia del Consejo
de Estado de 13 de febrero de 2020 y al validar una interpretación
presuntamente contraria a la presunción de inocencia y a la jurisprudencia
constitucional sobre privación injusta de la libertad.

TERCERA: ORDENAR a la autoridad judicial competente proferir una
nueva decisión respetando:
• La presunción de inocencia.
• El precedente constitucional y contencioso.
• El alcance de la absolución penal.
• Los límites constitucionales de la culpa exclusiva de la víctima.

CUARTA ADOPTAR las demás medidas necesarias para la protección
integral de los derechos
fundamentales vulnerados. 3.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• El señor Nadin Nasser Yaber Tapia y otros4 formularon el medio de control de
reparación directa con el fin de que se declarara extracontractualmente responsable
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial [en adelante Rama Judicial], por
el presunto error jurisdiccional contenido en la sentencia de segunda instancia
proferida el 13 de febrero de 2020, por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado5.

• El 11 de abril de 2023 el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la
sentencia del Consejo de Estado se ajustó a la jurisprudencia de unificación sobre
culpa exclusiva de la víctima, pues la no comparecencia del demandante al proceso
penal justificó la imposición de la medida de aseguramiento y excluyó la
responsabilidad estatal.

• El 11 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A confirmó lo decidido por el a quo. Concluyó que no existió
error jurisdiccional, porque el Consejo de Estado valoró razonablemente que la
conducta procesal del demandante, al no comparecer al proceso penal, pese a tener

3 Transcrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negritas del texto original.
4 Nadin Said Yaber Fernandez, Yalile Astrid Yaber Tapias; Yamil Siman Yaber, Yassid Antonio Yaber

Tapia, Marbel Luz Fernández Estrada y Nayelis Paola Yaber Sierra.
5 En la providencia en mención el alto tribunal negó las pretensiones de una demanda de reparación

directa por la presunta privación injusta de la libertad de Nadin Nasser Yaber Tapia.

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Demandantes: Nadin Nasser Yaber Tapia y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04322-00

conocimiento de este, rompió el nexo causal y configuró la causal de exclusión de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

• La providencia de segunda instancia fue notificada el 15 de diciembre de 2025 y
la acción de tutela de la referencia radicada el 4 de junio de 2026.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En el sub examine, en primer lugar, los accionantes advirtieron que Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A incurrió en un
error jurisdiccional porque no solo dejó de corregir el yerro de la sentencia del
Consejo de Estado de 13 de febrero de 2020, sino que reprodujo sus defectos al: (i)
validar el uso de elementos incriminatorios descartados por la justicia penal; (ii)
considerar que la no comparecencia justificaba la privación de la libertad; (iii)
equiparar sospecha penal con culpa exclusiva de la víctima; (iv) desconocer la
presunción de inocencia; y (v) avalar una interpretación incompatible con los
artículos 29 y 90 de la Constitución.

Además, indicó que, con la providencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por
la autoridad judicial accionada, se configuraron los defectos sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución.

Al respecto del defecto sustantivo, alegó que el tribunal avaló una interpretación
irrazonable del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, al considerar que la no
comparecencia del demandante constituía culpa exclusiva de la víctima, pese a que
la jurisdicción penal concluyó que no existían indicios graves en su contra. Con ello,
desconoció la presunción de inocencia y el régimen de responsabilidad por privación
injusta de la libertad.

Precisó que se materializó un defecto fáctico, porque la sentencia omitió valorar
adecuadamente pruebas determinantes, especialmente, la decisión de la fiscalía
que revocó la medida de aseguramiento y precluyó la investigación, por inexistencia
de indicios graves.

Destacó que el ad quem invirtió el análisis al privilegiar la supuesta incomparecencia
del investigado sobre la ilegalidad de la medida restrictiva de la libertad.

Indicó que también se configuró un desconocimiento del precedente, porque la
autoridad judicial desatendió la jurisprudencia constitucional y contenciosa sobre
presunción de inocencia, privación injusta de la libertad, interpretación restrictiva de
la culpa exclusiva de la víctima y los límites para que la jurisdicción contenciosa
reinterprete decisiones absolutorias de la jurisdicción penal, para lo cual citó como
referente la SU-054 de 2025.

Agregó que se incurrió en una violación directa de la Constitución, al desatender los
artículos 29 y 90 de la Constitución relativos a la presunción de inocencia, el debido
proceso, sobre todo cuando se restringió injustificadamente el régimen de
responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.

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Demandantes: Nadin Nasser Yaber Tapia y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04322-00

1.5. Trámite de la acción

El 10 de junio de 2026 el magistrado sustanciador admitió la acción de tutela y
ordenó notificar como demandado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, y como tercero con interés en las resultas del
proceso, vinculó al Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, a la Rama Judicial, a las señoras Marbel Luz Fernández Estrada y Nayelis
Paola Yaber Sierra, así como las demás partes, personas y/o entidades que hayan
participado en el proceso ordinario con radicado 11001-33-43-065-2022-00147-
00/01.

Además, ordenó a la oficina de sistemas de la Corporación, realizar la publicación
de la información relativa al proceso de la referencia en la página web del Consejo
de Estado.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A por intermedio de la magistrada sustanciadora, pidió declarar
improcedente el mecanismo, o en su defecto negarlo, porque busca reabrir un
debate ya resuelto por la jurisdicción contenciosa.

Agregó que la sentencia cuestionada aplicó correctamente la jurisprudencia sobre
culpa exclusiva de la víctima y no incurrió en defecto sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente; sobre todo cuando el accionante no identificó de
manera precisa las decisiones judiciales presuntamente desconocidas, ni explicó su
ratio decidendi y su aplicabilidad al caso concreto.

1.6.2. La Rama Judicial requirió negar la solicitud de amparo, comoquiera que el
demandante pretende usar la tutela como una tercera instancia, sumado a que los
argumentos alegados en el escrito de tutela demuestran una mera inconformidad
con la decisión adoptada por el tribunal, sin acreditar las irregularidades de orden
constitucional en las que presuntamente incurrieron.

1.6.3. Las señoras Marbel Luz Fernández Estrada, Lina Margarita Tapia de
Yaver y Faude Jacquelin Yaber Tapia coadyuvaron la solicitud de amparo.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Nadin Nasser Yaber Tapia y otros, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.

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Demandantes: Nadin Nasser Yaber Tapia y otros
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Tercera, Subsección A
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2.2. Cuestión Previa - Coadyuvancia

2.2.1. Ahora, frente a lo expuesto por la señora Marbel Luz Fernández Estrada, esta
Colegiatura tendrá en cuenta sus argumentos como una coadyuvancia de la
solicitud de tutela radicada por Nadin Nasser Yaber Tapia y otros, en los términos
del Decreto Ley 2591 de 19916, que señala que esta corresponde a una figura
jurídica, en virtud de la cual, quien tenga un interés legítimo en el resultado del
proceso, podrá intervenir para reafirmar las pretensiones del actor o de quien ha
sido demandado.

Por su parte, la Corte Constitucional al referirse al alcance de dicha intervención en
la acción de tutela, precisó que, quien coadyuva lo hace para apoyar las razones
presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no
promoviendo sus propias pretensiones7.

2.2.2. No obstante, no se admitirá la petición de coadyuvancia respecto de las
señoras Lina Margarita Tapia de Yaver y Faude Jacquelin Yaber Tapia, porque,
revisado el expediente contencioso 11001-33-43-065-2022-00147-00/01,
particularmente el auto admisorio de la demanda8 de reparación directa, el acta de
audiencia inicial y la sentencia aquí controvertida, no se encontró que estas
personas se mencionaran en dichas actuaciones, por lo que no se acreditó su
interés en este asunto.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a esta Colegiatura determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por los accionantes, de parte
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con
ocasión de la sentencia proferida en segunda instancia el 11 de diciembre de 2025.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad adjetiva, y (iii) el
caso en concreto.

6 «ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La

acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud». [Negrilla fuera del texto original].
7 Ver, por ejemplo: sentencia T-070 de 1° de marzo de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo y

sentencia T-269 de 2012, Luis Ernesto Vargas Silva, citada a su vez en la SU-326 de 2022.
8 Ver auto admisorio de 17 de agosto de 2022 en el que se resolvió «PRIMERO: ADMITIR la

demanda presentada por Nadin Nasser Yaber Tapia, Marbe[l] Luz Fernández Estrada, Nadin Said
Yaber Fernández, Nayelis Paola Yaber Sierra, Yalile Astrid Yaber Tapias, Yamil Siman Yaber Tapias
y Yassid Antonio Yaber Tapia contra la Nación –Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial».

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2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 9
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.13

9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
11 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Énfasis de la sala.

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Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta Corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201414, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia15.

Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primera medida se debe enfatizar que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la
órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, ya que de no hacerlo, se atentaría contra
el principio de autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría el mecanismo
constitucional en una tercera instancia.

Además, si bien la tutela puede ser procedente para controvertir decisiones de
cualquier grado, sin excluir las de las corporaciones de cierre, también es importante
resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional hace especial énfasis en la
carga argumentativa que se debe tener cuando se pretenda dejar sin efectos una
decisión de la sección que la Constitución Política16 y la Ley17 determinaron como
suprema autoridad en la materia, lesión que se podría sintetizar en una actuación
«arbitraria o violatoria de derechos fundamentales»18.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de

septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
15 Énfasis de la sala.
16 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal

supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]»
(Énfasis de la Sala).
17 Ver Ley 270 de 1996: «Artículo 34. INTEGRACION Y COMPOSICION. Modificado por el Artículo

9 de la Ley 1285 de 2009. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la
misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (Énfasis de
la Sala).
18 Ver al respecto SU-573 de 2019: «Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional

orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos

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Tercera, Subsección A
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En consecuencia, para resolver este asunto, resulta pertinente recordar que el cargo
de la solicitud de amparo se podría resumir en la oposición que tienen los tutelantes
frente a la forma como el tribunal analizó la implementación de la causal de
excepción de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, la presunción de
inocencia, el alcance de la absolución penal y los límites de la culpa exclusiva de la
víctima, por parte de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
la interior del proceso de reparación directa 11001-33-43-065-2022-00147-00/01.

En este orden de ideas, esta Colegiatura no puede pasar por alto que en la solicitud
de amparo no se controvirtieron las razones por las cuales la autoridad judicial
accionada confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda,
particularmente el argumento que se refiere a que el Consejo de Estado valoró,
dentro de su autonomía, que la conducta procesal del demandante, al no
comparecer al proceso penal pese a tener conocimiento de este, rompió el nexo
causal y configuró la culpa exclusiva de la víctima.

Además, no se puede pasar por alto que los cargos en realidad controvierten la
decisión de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y no del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

En efecto, y prima facie, no se considera irrazonada la determinación del tribunal al
limitar el estudio del caso a establecer si la decisión censurada fue abiertamente
arbitraria contraria a derecho, ya que no le corresponde al juez contencioso analizar
el asunto como si fuera una instancia adicional del proceso de reparación directa
fundado en el título de imputación de privación injusta de la libertad, con el fin de
reabrir el debate legal del asunto del cual se predicaba el error jurisdiccional.

En consecuencia, se considera que, si bien la parte actora intenta exponer las
razones por las cuales considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A incurrió en una «vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales» o en «una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales», en realidad lo que se evidencia es una mera inconformidad con lo
dispuesto por el ad quem, e intenta reabrir el debate probatorio.

En otras palabras, constituye un deber para los accionantes exponer con suficiencia
los motivos de inconformidad o las actuaciones vulneradoras de sus derechos
fundamentales, sobre todo cuando se trata de tutelas ejercidas contra providencias
judiciales, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces
constitucionales un estudio más riguroso de la materia, sin embargo lo que se
advierte en este asunto es que se retoman los argumentos elevados en el recurso
de apelación del proceso contencioso, con el fin de que el juez constitucional
desplace la competencia del funcionario natural de la causa.

ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia
de los jueces ordinarios». (Énfasis de la Sala).

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Demandantes: Nadin Nasser Yaber Tapia y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A
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Por todo lo anterior, se considera que en este caso no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional para encontrar superado el requisito de relevancia
constitucional, puesto que la controversia se enfocó en intentar, con sustento en la
presunta transgresión de algunos derechos fundamentales, en reabrir el debate
probatorio y pretender modificar el criterio del ad quem que, a primera vista, no
resulta irrazonable o arbitrario.

En este sentido, para esta Sección, resulta claro que la controversia es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»19.

2.6. Conclusión

Así las cosas, es claro que, en el sub examine, no puede el juez constitucional
pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda vez que no se superara el
requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia de la señora Marbel Luz
Fernández Estrada, y NEGAR respecto de las señoras Lina Margarita Tapia de
Yaver y Faude Jacquelin Yaber Tapia.

SEGUNDO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Nadin Nasser Yaber Tapia y otros.

TERCER: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

19 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.

9
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www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nadin Nasser Yaber Tapia y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04322-00

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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