Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04338-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04338-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04338-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04338-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
23 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04338 00
Accionante: Dilba Fanny Julio Mendrades
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de
Decisión
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Dilba Fanny Julio Mendrades
contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2026 por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificada con el radicado núm. 05837 33 33 003 2022 00793 00/01/02.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Dilba Fanny Julio Mendrades, actuando por conducto de apoderado, promovió
acción de tutela en contra de la precitada providencia y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
1. AMPARAR DE FORMA DEFINITIVA mis derechos fundamentales al Debido
Proceso, a la Igualdad ante la Ley, a la Seguridad Social en Régimen Especial, al
Mínimo Vital y a la Dignidad Humana.
2. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS Y DECRETAR LA NULIDAD
CONSTITUCIONAL de la sentencia de segunda instancia dictada el 28 de mayo
de 2026 por la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dentro del Medio de Control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho con radicado No. 05837-33-33-003-2022-00793-
00.
3. ORDENAR a la Corporación judicial accionada que, en el término perentorio de
cuarenta y ocho (48) horas, proceda a proferir un fallo de reemplazo o sentencia
sustitutiva de segunda instancia. En dicha providencia, deberá aplicar de forma
obligatoria e íntegra el precedente jurisprudencial contenido en la Sentencia de
Unificación SU-02235 de 2019 del Consejo de Estado y la Sentencia T-026 de
2017 de la Corte Constitucional; consecuentemente, deberá declarar la nulidad
de los actos administrativos demandados y ordenar a la NACIÓN - MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL el reconocimiento, liquidación
y pago definitivo de mi Pensión de Sobreviviente en mi condición de madre
supérstite, junto con el pago de las prestaciones de los tres (3) meses de alta,
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04338 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04338 00
Accionante: Dilba Fanny Julio Mendrades
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
seguro de vida obligatorio, subsidio de vivienda y el ascenso póstumo del
causante, indexando debidamente las mesadas pensionales causadas y no
prescritas de conformidad con la ley. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito
de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante relató que su hijo, Domingo Caraballo Julio, ingresó a la Policía Nacional
el 27 de julio de 1989, en calidad de agente alumno y que, posteriormente, mediante la
Resolución núm. 541 del 31 de enero de 1990, fue nombrado agente profesional y
asignado a la vigésima estación de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Indicó que, mientras se encontraba en servicio activo, su hijo presentó una obstrucción
intestinal generalizada, por lo que fue trasladado al Hospital Central de la Policía
Nacional, lugar en el que permaneció durante 39 días en la unidad de cuidados intensivos
y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas.
Señaló que su hijo, Domingo Caraballo Julio, falleció el 19 de septiembre de 1991, debido
a una desnutrición mixta severa derivada de la patología abdominal que padeció. Agregó
que, para ese momento, había prestado sus servicios a la Policía Nacional durante 2
años, 2 meses y 3 días.
Manifestó que, mediante la Resolución núm. 07270 del 21 de julio de 1994, la Policía
Nacional calificó el fallecimiento como ocurrido en “simple actividad”, razón por la cual, la
entidad no le reconoció la pensión de sobrevivientes ni las demás prestaciones que, a su
juicio, se causaron con ocasión de la muerte de su hijo.
Informó que en 2021 presentó las reclamaciones administrativas correspondientes y que,
posteriormente, acudió al trámite de conciliación extrajudicial, el cual fue declarado fallido
el 5 de septiembre de 2022.
Expuso que promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, con el propósito de obtener
la nulidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento de la prestación
pensional solicitada.
Al proceso se le asignó el radicado núm. 05837 33 33 003 2022 00793 00 y correspondió
por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Apartadó, autoridad judicial
que, mediante sentencia del 13 de marzo de 2026, negó las pretensiones de la demanda.
Inconforme con dicha decisión, interpuso recurso de apelación y la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la sentencia del 28 de mayo
de 2026, la confirmó.
En cuanto a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, la accionante argumentó que el asunto en cuestión tiene relevancia
constitucional, debido a que compromete sus derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital.
Sobre la subsidiariedad, señaló que cualquier otro mecanismo judicial resultaría ineficaz,
dadas sus condiciones personales y socioeconómicas. Al respecto, anotó que tiene 86
años, es viuda, analfabeta, carece de ingresos y padece diversas enfermedades
crónicas. Por ello, con fundamento en las sentencias SU 556 de 2019 y SU 299 de 2022,
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04338 00
Accionante: Dilba Fanny Julio Mendrades
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
solicitó que el análisis de procedencia se efectuara de manera flexible, atendiendo su
condición de sujeto de especial protección constitucional.
Respecto de la inmediatez, indicó que la acción de tutela fue presentada pocos días
después de la sentencia cuestionada, la cual fue proferida el 28 de mayo de 2026.
Frente a los requisitos específicos de procedencia, sostuvo que la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto sustantivo, toda vez que interpretó de manera restrictiva
las disposiciones del régimen prestacional de la Policía Nacional y omitió aplicar los
principios de favorabilidad, condición más beneficiosa y primacía de la realidad.
Asimismo, alegó la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente, al
considerar que el Tribunal Administrativo de Antioquia se apartó de la sentencia de
unificación, identificada en el escrito como, SU 02235 de 2019 proferida por el Consejo
de Estado y de la Sentencia T-026 de 2017 de la Corte Constitucional.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 4 de junio de 20262 y correspondió por reparto a esta Sección
que, por auto del 10 de junio de 20263 requirió a la accionante, para que aclarara si
presentaba la acción de tutela en nombre propio o, a través de apoderado.
3.2. Mediante escrito radicado el 17 de junio de 20264, la señora Julio Mendrades aclaró
que promueve la presente acción de tutela a través de apoderado judicial y, para el efecto,
allegó poder otorgado al profesional del derecho Alirio de Jesús García Tordecilla.
3.3. Por auto del 25 de junio de 20265, el despacho ponente admitió la acción de tutela y
dispuso notificar6 al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión,
como parte accionada, así como, vincular7 al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Apartadó, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y a la Caja
Promotora de Vivienda Militar y de Policía, como terceros con interés en el resultado del
proceso.
De igual forma, se requirió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Apartadó y
al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión para que allegaran
copia digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado núm.
05837 33 33 003 2022 00793 00/01/02, el cual fue remitido8.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04338 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04338 00.
4 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04338 00.
5 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04338 00.
6 Esta orden se cumplió el 30 de junio de 2026. Visto en los índices 13 y 14 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04338 00.
7 Ibidem
8 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04338 00.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04338 00
Accionante: Dilba Fanny Julio Mendrades
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
3.4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Apartadó rindió informe9 en el que
solicitó declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional o, subsidiariamente, negar el amparo.
Afirmó que la accionante pretendía reabrir el debate jurídico resuelto en el proceso
ordinario sobre el régimen prestacional aplicable, el principio de favorabilidad y el
precedente en materia de pensión de sobrevivientes.
Manifestó que las providencias cuestionadas valoraron sus condiciones personales, pero
concluyeron que estas no permitían desconocer los requisitos previstos en el Decreto
1213 de 1990.
Agregó que no era aplicable la Ley 100 de 1993, toda vez que, el causante falleció el 19
de septiembre de 1991 y finalmente, indicó que no se desconoció la sentencia de
unificación del Consejo de Estado.
3.5. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía presentó escrito10 en el que señaló
que no se encontraba legitimada en la causa por pasiva, pues no expidió las decisiones
cuestionadas ni tenía competencia para resolver las pretensiones de la accionante.
Asimismo, sostuvo que la solicitud de amparo incumplía el requisito de subsidiariedad,
dado que la parte actora contaba con mecanismos administrativos y judiciales idóneos
para reclamar sus derechos y no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable. En
consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite constitucional.
3.6. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional allegó informe11 en el
que aseveró que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, pues las
autoridades judiciales estudiaron integralmente la controversia y resolvieron las
pretensiones planteadas en el proceso ordinario.
Anotó que, mediante la sentencia del 28 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó la negativa de las pretensiones, al considerar que el causante falleció
el 19 de septiembre de 1991 y no acreditó los 15 años de servicio exigidos por el Decreto
1213 de 1990 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por muerte en
simple actividad.
Agregó que no era posible aplicar la Ley 100 de 1993, porque no se encontraba vigente
para la fecha del fallecimiento.
Asimismo, sostuvo que dicha conclusión se ajustaba a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, asimismo, afirmó que la tutela no podía utilizarse como una instancia adicional y
que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable. En consecuencia, solicitó
negar las pretensiones.
3.7. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión guardó silencio.
9 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04338 00.
10 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04338 00.
11 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04338 00.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04338 00
Accionante: Dilba Fanny Julio Mendrades
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 12 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,13 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201915, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:
4.2.1. La señora Dilba Fanny Julio Mendrades promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada con ocasión del fallecimiento de
su hijo, Domingo Caraballo Julio, y de las demás prestaciones reclamadas.
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Apartadó que, mediante sentencia de 13 de marzo de 2026, negó las
pretensiones.
4.2.3. Inconforme con esa decisión, la parte demandante, hoy accionante, interpuso
recurso de apelación y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante sentencia del 28 de mayo de 2026, la confirmó.
4.3. CUESTIÓN PREVIA
En relación con la solicitud de desvinculación formulada por la Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a ella, toda vez
que dicha entidad fue vinculada e hizo parte del proceso ordinario objeto de reproche en
esta acción constitucional, en el que dictó la providencia judicial hoy, por lo tanto, tiene
interés en el resultado del presente trámite.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
12 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
13 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
14 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
16 Lo que se desprende del expediente del proceso de con el radicado núm. 05837 33 33 003 2022 00793
00/01/02. Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
núm. 11001 03 15 000 2026 04338 00.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04338 00
Accionante: Dilba Fanny Julio Mendrades
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades17:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 18. De manera
17 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
18 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04338 00
Accionante: Dilba Fanny Julio Mendrades
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
4.4.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la
competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a
la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal” (…)19. (Se destaca) […].
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.
Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora pretende reabrir el
debate surtido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues sus
inconformidades están encaminadas a cuestionar la interpretación del Decreto 1213 de
1990, del principio de favorabilidad y del precedente jurisprudencial efectuada por la
autoridad judicial accionada para negar el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes solicitada.
19 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04338 00
Accionante: Dilba Fanny Julio Mendrades
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Lo anterior, con el fin de insistir en que debía aplicarse el régimen general previsto en la
Ley 100 de 1993 y reconocerse la prestación reclamada, pese a que el causante falleció
el 19 de septiembre de 1991 y no acreditó los 15 años de servicio exigidos por el régimen
especial vigente, aspectos que ya fueron objeto de debate en el proceso ordinario.
Al respecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la sentencia de segunda instancia
cuestionada, expuso lo siguiente:
En este orden de ideas, esta Sala de decisión, ha acogido la tesis de que, en
materia de reconocimiento de pensión de sobrevivientes, la ley que se debe aplicar
es la que esté vigente al momento en que se causa el derecho, es decir, la que
rige a la fecha del fallecimiento del causante.
Descendiendo al caso concreto y con el fin de resolver los planteamientos
expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación, la Sala advierte
que, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, el señor Domingo
Caraballo Julio ingresó a la Policía Nacional como agente alumno el 27 de julio de
1989, siendo posteriormente incorporado como agente nacional, prestando sus
servicios hasta el 19 de septiembre de 1991, fecha en la cual falleció en simple
actividad, con un tiempo total de servicio de dos (2) años, dos (2) meses y tres (3)
días.
Con ocasión de su fallecimiento, la señora Dilba Fanny Julio Mendrades, en su
calidad de madre del causante, acudió ante la administración para reclamar las
prestaciones a que había lugar, obteniendo el reconocimiento de cesantías
definitivas e indemnización por muerte en simple actividad, mediante la
Resolución No. 07270 del 21 de julio de 1994. No obstante, años después,
mediante solicitud, pidió el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la cual
fue negada por la Policía Nacional en el acto administrativo acusado, bajo el
argumento de que el causante no cumplía el tiempo mínimo de servicios exigido
por el régimen especial aplicable.
En ese orden, resulta claro que, conforme al régimen prestacional especial
contenido en el Decreto 1213 de 1990, vigente para la fecha del fallecimiento del
agente Caraballo Julio, la pensión de sobrevivientes solo es procedente cuando
el causante hubiese acreditado un tiempo mínimo de quince (15) años de servicio,
requisito que evidentemente no se cumple en el presente asunto teniendo en
cuenta que su fallecimiento fue calificado como en simple actividad.
Ahora bien, en cuanto al planteamiento de la parte actora relativo a la aplicación
del principio de favorabilidad, bajo la tesis de integrar el régimen especial con el
general de la Ley 100 de 1993, es preciso señalar que dicho principio solo resulta
aplicable cuando existen normas concurrentes vigentes al momento del hecho
generador, circunstancia que no se presenta en este caso, dado que el deceso del
causante ocurrió el 19 de septiembre de 1991, esto es, antes de la entrada en
vigencia del Sistema General de Pensiones, la cual tuvo lugar el 1º de abril de
1994, conforme al artículo 151 de la Ley 100 de 1993.
En consecuencia, no es jurídicamente viable acudir a la aplicación del régimen
general ni efectuar un juicio de favorabilidad entre normas que no coexistían al
momento de la consolidación del derecho, pues ello implicaría desconocer el
principio de irretroactividad de la ley. Bajo esta perspectiva, el único régimen
aplicable al caso es el previsto en el Decreto 1213 de 1990, norma que regula de
manera integral las prestaciones derivadas de la muerte en simple actividad de los
agentes de la Policía Nacional.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04338 00
Accionante: Dilba Fanny Julio Mendrades
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Así las cosas, el causante no cumplió el requisito objetivo de tiempo de servicio
exigido por la normativa especial, no se configura el derecho a la pensión de
sobrevivientes pretendida, sin que resulte necesario entrar a examinar los demás
presupuestos de carácter subjetivo o probatorio para su reconocimiento.
En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la sentencia de primera instancia
en este asunto, en tanto la parte demandante no logró desvirtuar la legalidad del
acto administrativo demandado ni acreditar la configuración de los supuestos
normativos necesarios para el reconocimiento de la prestación reclamada.
7.4.3. Del alcance y aplicabilidad del precedente de unificación invocado por la
parte apelante.
La parte actora sostiene que el caso bajo estudio debe resolverse con fundamento
en la sentencia de unificación SU-02235 de 2019 del Consejo de Estado, en la
cual se admitió la aplicación del régimen general de la Ley 100 de 1993 en materia
de pensión de sobrevivientes para miembros de la Fuerza Pública, con apoyo en
el principio de favorabilidad. No obstante, la Sala advierte que dicho precedente
no resulta aplicable al presente asunto, por no configurarse los supuestos fácticos
y jurídicos que dieron lugar a la regla de unificación allí fijada.
En efecto, de la revisión de las reglas de unificación contenidas en la citada
providencia, se tiene que el Consejo de Estado estableció de manera expresa que
el régimen general de la Ley 100 de 1993 puede aplicarse únicamente a los
beneficiarios de miembros de la Policía Nacional que hayan fallecido «con
posterioridad a la vigencia de dicha ley y antes de la expedición del Decreto 4433
de 2004». Este elemento temporal no es accesorio, sino determinante, pues la
propia sentencia de unificación edifica su razonamiento sobre la existencia de un
tránsito normativo y de normas concurrentes vigentes al momento del hecho
generador, condición indispensable para dar aplicación al principio de
favorabilidad.
Así mismo, la providencia de unificación precisó que el principio de favorabilidad
sólo opera cuando existen dos o más disposiciones jurídicas vigentes al momento
de causarse el derecho y susceptibles de ser aplicadas al mismo supuesto fáctico,
lo que excluye la posibilidad de aplicar normas que no se encontraban en vigor al
momento del fallecimiento del causante. En ese sentido, lejos de habilitar la
aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, la sentencia SU-02235 de 2019
reafirma que la comparación normativa debe hacerse entre regímenes
coexistentes en el tiempo, no entre normas sucesivas con vigencias claramente
diferenciadas.
Por lo anterior, no se configura el desconocimiento del precedente alegado por la
parte demandante, y el cargo carece de vocación de prosperidad.
7.4.4. Negativa del ascenso póstumo y del subsidio de vivienda.
En relación con las pretensiones orientadas al reconocimiento del ascenso
póstumo y del subsidio de vivienda, la Sala observa que los argumentos expuestos
en el recurso de apelación no logran desvirtuar el análisis efectuado por el juez de
primera instancia, razón por la cual habrá de confirmarse la decisión en este
aspecto.
En lo que concierne al ascenso póstumo, se advierte que este beneficio se
encuentra condicionado, conforme al régimen especial aplicable a los miembros
de la Policía Nacional contenido en Decreto 1213 de 1990, a que la muerte del
uniformado ocurra en circunstancias específicas como actos meritorios del
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04338 00
Accionante: Dilba Fanny Julio Mendrades
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
servicio, en combate o como consecuencia directa de la acción del enemigo –
artículo 123-. Sin embargo, en el presente caso está plenamente acreditado que
el fallecimiento del agente Domingo Caraballo Julio fue calificado como ocurrido
en simple actividad, lo cual, conforme a la normatividad vigente para la época,
excluye de manera expresa la procedencia de dicho reconocimiento.
Por su parte, en lo atinente al subsidio de vivienda militar y de policía, la Sala
confirmará la decisión adoptada por el juez de primera instancia, al encontrar que
la misma se ajusta al ordenamiento jurídico y a las pruebas allegadas al proceso.
En efecto, como acertadamente lo señaló el a quo, para la fecha del fallecimiento
del agente Domingo Caraballo Julio - 19 de septiembre de 1991 -, el subsidio de
vivienda no hacía parte del régimen prestacional aplicable a los miembros de la
Policía Nacional, pues dicha figura solo fue incorporada al ordenamiento jurídico
posteriormente, con la expedición del Decreto 353 de 1994, mediante el cual se
estructuró como una prestación autónoma dentro del sistema administrado por la
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Por consiguiente, no es
jurídicamente viable predicar la existencia de un derecho que, para ese momento,
no se encontraba consagrado en la normativa vigente, ni puede ser reconocido
con efectos retroactivos.
Adicionalmente, la Sala observa que, aun si se considerara la regulación posterior,
en el expediente no se acreditaron los presupuestos legales exigidos para el
acceso a dicha prestación. En particular, no se demostró que el causante hubiese
cumplido en vida con los requisitos de afiliación y ahorro previstos en la
normatividad que rige el subsidio, ni que la demandante cuente con la calidad de
beneficiaria habilitada para su reconocimiento, circunstancia que se relaciona
directamente con la ausencia de un derecho pensional que permita su vinculación
al sistema de la Caja de Honor.
(…)
En consecuencia, la Sala concluye que la negativa del ascenso póstumo y del
subsidio de vivienda se encuentra ajustada a derecho, por lo que se procederá a
confirmar la decisión adoptada en primera instancia en este punto.
7.4.5. De la alegada vulneración de los derechos fundamentales de la demandante
en su condición de sujeto de especial protección constitucional
La parte demandante sostiene que la decisión administrativa y la sentencia de
primera instancia desconocieron sus derechos fundamentales, en particular
aquellos derivados de su condición de persona adulta mayor y sujeto de especial
protección constitucional, al no acceder al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes y demás prestaciones reclamadas.
Al respecto, la Sala advierte que dicho cargo no está llamado a prosperar. Si bien
se encuentra acreditado que la señora Dilba Fanny Julio Mendrades ostenta la
condición de sujeto de especial protección constitucional, en razón a su edad, ello
no implica per se el reconocimiento automático de las prestaciones reclamadas,
ni habilita al juez para inaplicar el ordenamiento jurídico vigente. Por el contrario,
la protección reforzada que le asiste exige un análisis cuidadoso y garantista del
caso, el cual, en el presente asunto, fue debidamente realizado por el juez de
primera instancia.
En efecto, del examen integral del expediente, se evidencia que el estudio del caso
se adelantó con fundamento en la normativa aplicable y en la jurisprudencia
vigente, valorando de manera suficiente y razonada las pruebas allegadas al
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04338 00
Accionante: Dilba Fanny Julio Mendrades
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
proceso, sin que se advierta arbitrariedad, omisión o desconocimiento de
elementos relevantes para la decisión. En tal sentido, la negativa al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes no obedeció a una falta de
protección constitucional, sino a la ausencia de cumplimiento de los requisitos
legales exigidos, en particular el tiempo mínimo de servicio del causante,
circunstancia que impide la estructuración del derecho pretendido.
De igual manera, no se encuentra acreditada una eventual falta de valoración
probatoria con enfoque diferencial ni perspectiva de género, como lo sugiere la
parte apelante. La Sala observa que el análisis llevado a cabo fue de carácter
normativo, objetivo y acorde con el material probatorio obrante en el expediente,
centrado en la verificación del cumplimiento de los presupuestos legales para el
reconocimiento de la prestación, sin que el género o la condición personal de la
demandante hubieran sido factores de exclusión o trato discriminatorio.
7.4.6 Falla en el servicio por omisión del deber de asesoría institucional
La parte demandante plantea dentro del recurso de apelación la existencia de una
presunta falla en el servicio por omisión del deber de asesoría institucional,
derivada de la actuación de la entidad demandada en relación con el
reconocimiento de las prestaciones reclamadas, argumento que, a su juicio,
conduciría a la declaratoria de responsabilidad estatal.
Al respecto, la Sala advierte que dicho planteamiento no resulta atendible en el
marco del presente proceso, por cuanto el mismo no corresponde a la naturaleza
ni al objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En
efecto, las discusiones atinentes a la configuración de una eventual falla del
servicio imputable a la administración, así como las consecuencias
indemnizatorias que de ella se derivan, son propias del medio de control de
reparación directa, en el cual se debate la responsabilidad patrimonial del Estado,
y ello no fue un asunto que se solicitó en las pretensiones de la demanda.
En contraste, el asunto sometido a consideración en este proceso se circunscribe
a verificar la legalidad de los actos administrativos demandados que negaron el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y demás prestaciones, así como
a determinar si hay lugar al restablecimiento del derecho pretendido. En ese
sentido, el análisis de la Sala no puede extenderse a examinar supuestos de
responsabilidad extracontractual del Estado, pues ello implicaría desbordar el
marco de competencia en esta instancia.
Así las cosas, aun en el evento de que se estimara que existieron falencias en la
orientación brindada por la entidad administrativa —aspecto que, por lo demás,
no se encuentra demostrado en el expediente—, tal circunstancia no tendría la
virtualidad de modificar el análisis de legalidad de los actos demandados ni de
generar, por esta vía, el reconocimiento de una prestación que no cumple los
requisitos legales exigidos (…).
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para controvertir lo resuelto por el
juez natural de la causa y la valoración probatoria efectuada, por lo que se concluye que,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la petición de amparo no cumple con el
tercer criterio de la relevancia constitucional.
En efecto, la accionante insiste en que debía aplicarse el régimen general previsto en la
Ley 100 de 1993, pese a que el causante falleció el 19 de septiembre de 1991, antes de
la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones; sin embargo, dicha cuestión
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04338 00
Accionante: Dilba Fanny Julio Mendrades
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
fue analizada por la autoridad judicial accionada, que explicó que la normativa aplicable
era la vigente al momento del fallecimiento y que el causante no acreditó los 15 años de
servicio exigidos por el Decreto 1213 de 1990 para acceder a la pensión por muerte en
simple actividad. Asimismo, precisó que no era posible aplicar el principio de favorabilidad
entre normas que no coexistían temporalmente.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión del
juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que
la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución
y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales
atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por
fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero ese no es el supuesto en el
caso que aquí se examina.
En consecuencia, sin ser necesario descender a otras consideraciones, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela, por cuanto no cumple el requisito general de relevancia
constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04338 00
Accionante: Dilba Fanny Julio Mendrades
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora
Dilba Fanny Julio Mendrades, según lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 23 de
julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.