Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04344-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04344-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04344-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04344-01
Demandante: EZEQUIEL DAVID LECHUGA MERCADO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA ORAL
A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma la decisión de
primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir los requisitos de subsidiariedad y
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo del 26 de junio de 2026, por medio del cual la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela
por no cumplir los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito radicado el 5 de junio de 2026, el señor Ezequiel David Lechuga
Mercado, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A con la finalidad que se
protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
La parte accionante consideró que se vulneraron sus garantías constitucionales
con ocasión del auto del 1° de junio de 2026, con el cual la referida autoridad
declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 11 de diciembre de 2025
en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado 08001-33-
33-005-2025-00245-00/01 y ordenó adecuar el trámite al de controversias
contractuales.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Ezequiel David Lechuga Mercado
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04344-01
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora solicitó:
2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Tribunal Administrativo del
Atlántico dejar sin efectos las actuaciones surtidas en segunda instancia, en cuanto
dispuso la adecuación del medio de control, y disponer que el proceso continúe su
trámite bajo el medio de control de reparación directa, conforme a las pretensiones
y hechos planteados en la demanda inicial.
1.3. Hechos
La parte demandante sostuvo que el 24 de octubre de 2025 presentó una
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la
ESE Hospital Luruaco (Atlántico) por la omisión de publicar el contrato
oportunamente en las plataformas oficiales de contratación, así como por la falta
de protección y custodia de documentos de parte de la institución hospitalaria, lo
que ocasionó que al demandante se le diera por terminado su contrato de
prestación de servicios. Este proceso se identificó con el radicado 08001-33-33-
005-2025-00245-00/01.
Indicó que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla,
mediante auto del 11 de diciembre de 2025, rechazó la demanda por considerar
configurada la caducidad del medio de control en mención, tras estimar que la
parte accionante conocía desde el 10 de abril de 2023 la imposibilidad de ejecutar
el contrato y de percibir los honorarios pactados, momento en el cual se habría
consolidado el daño alegado.
Agregó que en dicha providencia se concluyó que el plazo para presentar la
demanda se extendía hasta el 11 de abril de 2025, por lo que para la fecha en
que se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial, esto es, el 19 de
septiembre de 2025 y, posteriormente, la demanda, el término legal para acudir
ante la jurisdicción ya había expirado.
Mencionó que presentó recurso de apelación en contra del anterior proveído, el
cual resolvió el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A con providencia
del 1° de junio de 2026, con la cual declaró la nulidad de todo lo actuado a partir
del auto del 11 de diciembre de 2025, ordenó adecuar el medio de control al de
controversias contractuales y, en consecuencia, seguir adelante con el trámite
procesal.
1.4. Sustento de la petición
1.4.1. Defecto procedimental:
La parte actora consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales porque
el Tribunal Administrativo del Atlántico, con la providencia del 1° de junio de 2026,
le impuso un medio de control ajeno al de las pretensiones de la demanda, toda
vez que esta no se relaciona con las etapas precontractual, contractual ni
poscontractual, sino que se encuentra encaminada a declarar la responsabilidad
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extracontractual del Estado.
Precisó que tal responsabilidad se deriva de la falta de conservación y custodia de
documentos de la ESE Hospital de Luruaco, lo que a su vez, la pérdida de
experiencia laboral, así como de la ejecución y la terminación del contrato.
Aclaró que las pretensiones formuladas en el proceso ordinario no se encuentran
orientadas a la declaratoria, ejecución, incumplimiento, interpretación o liquidación
de un contrato estatal, ni al reconocimiento de prestaciones derivadas del mismo,
conforme a lo previsto en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011.
Mencionó que los perjuicios reclamados no corresponden a prestaciones
contractuales, sino a daños autónomos derivados de una falla del servicio, lo que
torna procedente el medio de control de reparación directa, en los términos del
artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, en desarrollo del artículo 90 de la
Constitución Política.
Refirió que si bien el artículo 171 ibidem faculta al juez para adecuar la demanda
cuando se haya acudido a una vía procesal inadecuada o improcedente, dicha
potestad no resulta aplicable en el presente caso, en tanto la acción ejercida fue
jurídicamente idónea, atendiendo a la naturaleza de las pretensiones y al origen
del daño reclamado.
Expuso que la adecuación oficiosa ordenada por el tribunal acusado desborda el
marco normativo de dicha facultad y altera indebidamente el derecho de acción de
la parte demandante.
1.4.2. Desconocimiento del precedente:
Recordó que el Consejo de Estado, en sentencia del 11 de octubre de 2021, en el
expediente 44.5381 indicó que en los casos en que se controvierte la pérdida o
extravío de documentos se puede predicar la responsabilidad patrimonial del
Estado por defectuoso funcionamiento de la administración o incumplimiento del
deber legal de archivo.
Agregó que la Sección Tercera, Subsección B de la misma corporación, en la
sentencia del 14 de julio de 2023, expediente 53.3002 consideró que el medio de
control de reparación directa es procedente para reclamar por una actuación u
omisión administrativa incluso cuando los hechos se desarrollen en un contexto
contractual.
1.5. Trámite
Mediante auto del 9 de junio de 2026 se admitió la demanda constitucional y, en
consecuencia, se dispuso la notificación de los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.
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Expediente 73001-23-31-000-2011-00358-01.
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Proceso 25000-23-26-000-2012-00835-01.
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Asimismo, se dispuso la vinculación del Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial Barranquilla, de la ESE Hospital de Luruaco y de los demás
intervinientes dentro del medio de control de reparación directa radicado núm.
08001-33-33-005-2025-00245-00/01, como terceros con interés en las resultas del
proceso.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A
Esta corporación se opuso a las pretensiones de la demanda pues consideró que
el Consejo de Estado, en la sentencia del 8 de mayo de 2026, dictada en el
expediente con radicado 2026-00416-013, decidió otra acción de tutela con
supuestos fácticos esencialmente coincidentes al caso objeto de estudio y
concluyó que no superaba el requisito de subsidiariedad puesto que la solicitud de
amparo cuestionó una providencia adoptada en un proceso judicial que se
encontraba en trámite y pendiente de una decisión definitiva.
Añadió que la providencia cuestionada no vulneró los derechos fundamentales del
accionante, pues la decisión fue debidamente motivada y se sustentó en la
facultad de interpretación de la demanda para darle el trámite adecuado con el fin
de resolver la controversia.
Señaló que en el precitado asunto la causa directa de las pretensiones del
demandante se fundó en una relación contractual (contrato de prestación de
servicios) y las consecuencias económicas derivadas de la pérdida de sus
honorarios por la imposibilidad de ejecutar dicho negocio.
1.6.2. Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla
Este despacho judicial allegó el expediente ordinario objeto de esta demanda.
1.6. Sentencia de primera instancia
Mediante fallo del 26 de junio de 2026, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.
Indicó que no se acreditó el primer requisito puesto que la controversia planteada
por la parte actora se originó en el marco de un proceso judicial que actualmente
se encuentra en curso, el cual es el escenario natural en el que puede hacer valer
sus pretensiones y controvertir las actuaciones adoptadas por la autoridad judicial
accionada.
Advirtió que la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada no puso fin al
proceso judicial promovido por el actor en contra de la E.S.E. Hospital de Luruaco,
sino que anuló las actuaciones realizadas por el juez de primera instancia a partir
del 11 de diciembre de 2025 (que declaró la caducidad del medio de control de
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Con magistrado ponente Fernando Alexei Pardo Flórez.
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reparación directa) y ordenó adecuar el trámite del litigio al de controversias
contractuales.
Precisó que, por lo anterior, aún no existe una decisión definitiva sobre las
reclamaciones judiciales del demandante que pueda considerarse vulneradora de
sus derechos fundamentales y, por tanto, tampoco se configura un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela.
Expuso que mientras se encuentre en curso el mecanismo judicial disponible, la
acción de tutela no puede sustituirlo ni anticipar su resultado, sin que ello implique
una afectación actual o definitiva de los derechos fundamentales invocados.
Adicionalmente, sostuvo que tampoco se cumplió el requisito de relevancia
constitucional porque la decisión acusada no constituye una afectación autónoma,
directa y grave de los derechos fundamentales invocados.
Agregó que el accionante pretende utilizar la acción de tutela para discutir en una
instancia adicional el razonamiento esbozado por el Tribunal Administrativo del
Atlántico respecto de la existencia de una relación de carácter contractual entre las
partes de la controversia identificada con radicado 08001-33-33-005-2025-00245-
00/01.
Señaló que el principal cuestionamiento es la valoración efectuada por el tribunal
demandado sobre la existencia de un contrato de prestación de servicios suscrito
el 2 de enero de 2023 entre el actor y la ESE Hospital de Luruaco, y su relación
con las pretensiones de la demanda que se ligaron a la pérdida de honorarios del
demandante.
Estimó que, aunque el accionante invocó la vulneración de sus derechos
fundamentales, realmente pretende discutir el razonamiento de la autoridad
judicial acusada respecto del medio de control procedente para decidir las
pretensiones de la demanda.
Finalmente, en cuanto a la aplicación de la providencia del 14 de julio de 2023 del
Consejo de Estado (expediente 53.300), estableció que el accionante no
argumentó con suficiencia las razones por las cuales el referente jurisprudencial
constituía un precedente vinculante para el caso objeto de estudio.
Precisó que dicha providencia judicial se refirió a una reclamación de la EPS
Sanitas SA en contra del Consorcio Fidufosyga por concepto de recobros de
prestación de servicios, aspecto que no guarda relación con la pérdida de
honorarios alegada por el actor.
Mencionó que en esa oportunidad la Sección Tercera de esta corporación también
consideró que el medio de control de reparación directa era improcedente, debido
a que el daño reclamado por la demandante derivaba de las glosas que fueron
devueltas a la EPS por no cumplir con los requisitos para su reconocimiento, por lo
que el daño derivó de los actos administrativos que contenían las glosas y la vía
judicial procedente era de nulidad y restablecimiento del derecho.
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1.7. Impugnación
Mediante escrito recibido el 6 de julio de 2026, la parte actora impugnó el fallo de
primera instancia4 por los siguientes motivos:
Indicó que no cuenta con otro mecanismo jurídico idóneo ni eficaz para
controvertir la providencia que ordenó adecuar la demanda, toda vez que dicha
decisión fue proferida en segunda instancia.
Manifestó que contra la providencia demandada no procede ningún recurso
ordinario, ya que la autoridad judicial resolvió la alzada presentada contra la
decisión que declaró la caducidad del medio de control, lo cual agota la vía judicial
frente a dicha determinación.
Expuso que la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto
que no existe otro medio de defensa judicial que permita cuestionar la decisión
cuestionada.
Insistió en que con la demanda de reparación directa pretendía el reconocimiento
de los daños derivados de la pérdida de documentos que la entidad tenía el deber
de custodiar y salvaguardar.
Recordó que dicha situación generó que se iniciara una actuación administrativa
que culminó con la terminación del contrato, lo cual impidió que el accionante
tuviera la oportunidad de acreditar y adicionar a su hoja de vida una mayor
experiencia laboral.
Al respecto, reiteró que el Consejo de Estado ha señalado que se configura
responsabilidad cuando la administración incumple su deber de guarda y
conservación documental.
Precisó que previo al proceso de reparación directa presentó el medio de control
de controversias contractuales con el propósito de que se reconociera una
indemnización por la terminación anormal del contrato; no obstante, se denegó lo
pretendido ante la ausencia de documentos que acreditaran la existencia y
ejecución del contrato. Esto, porque precisamente tales documentos se
extraviaron estando bajo la custodia de la entidad.
Adujo que esta circunstancia fue la que dio lugar a que posteriormente con el
medio de reparación directa pretendiera la indemnización por el defectuoso
funcionamiento de la administración en ejercicio de la función pública, en la
medida en que la pérdida de los documentos por parte de la entidad generó un
perjuicio directo y le impidió acreditar sus derechos dentro del proceso anterior.
Mencionó que la providencia impugnada desconoció las particularidades del caso
concreto y aplicó de manera restrictiva el principio de subsidiariedad, lo cual, a su
vez, conduce a una vulneración del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.
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La cual se notificó vía electrónica el 3 de julio de 2026.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04344-01
Por lo anterior, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar,
se conceda el amparo solicitado y se acceda a las pretensiones formuladas en la
acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra el fallo de tutela de primera instancia, según lo previsto en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20195.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo
del 26 de junio de 2026, por medio del cual la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir los requisitos de la subsidiariedad y la relevancia constitucional.
Por tanto, en el evento de superarse los requisitos generales de procedencia, se
analizará si se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora con
ocasión del auto del 1° de junio de 2026, con el cual el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala Oral A declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 11
de diciembre de 2025 en el medio de control de reparación directa identificado con
el radicado 08001-33-33-005-2025-00245-00/01 y ordenó adecuar el trámite al de
controversias contractuales.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
… [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
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Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.
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derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «… fijados hasta el
momento jurisprudencialmente …». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sala declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a
la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Por tanto, resulta necesario precisar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.
2.4. Caso concreto
El señor Ezequiel David Lechuga Mercado, a través de apoderado judicial,
consideró que se vulneraron sus garantías constitucionales con ocasión del auto
del 1° de junio de 2026, con el cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
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Oral A declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 11 de diciembre
de 2025, en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado
08001-33-33-005-2025-00245-00/01, y ordenó adecuar el trámite al de
controversias contractuales, pues a su juicio se incurrió en un defecto
procedimental y en un desconocimiento del precedente.
El a quo declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir los presupuestos
de subsidiariedad y relevancia constitucional.
La parte actora impugnó tal decisión y reiteró sus argumentos iniciales.
Así las cosas, para resolver, se considera que el fallo impugnado debe
confirmarse ante la improcedencia de la acción de tutela, por los siguientes
motivos:
2.4.1. Subsidiariedad
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones éstas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce
mediante un procedimiento preferente y sumario, cuyo objeto es proteger, de
manera inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales
amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de
un particular.
Por tanto, no puede ser utilizada para sustituir recursos ordinarios o
extraordinarios, tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo
judiciales, ni para revivir con ella términos precluidos o acciones caducadas.
Adicionalmente, se precisa que el ejercicio de esta acción se encuentra
condicionado a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz
para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, lo cual hace procedente la
tutela como mecanismo transitorio.
En lo particular, se precisa que el 24 de octubre de 2025 el actor presentó una
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la
ESE Hospital Luruaco, Atlántico, por la falta de protección y custodia de
documentos de parte de la institución hospitalaria, lo que ocasionó que al
demandante se le diera por terminado su contrato de prestación de servicios. Este
proceso se identificó con el radicado 08001-33-33-005-2025-00245-00/01.
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, mediante
auto del 11 de diciembre de 2025, rechazó la demanda de reparación directa por
considerar configurada la caducidad del medio de control en mención.
Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A, con
providencia del 1° de junio de 2026, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir
de esa providencia, ordenó adecuar el medio de control al de controversias
contractuales y, en consecuencia, seguir adelante con el trámite procesal.
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Esto último, pues el tribunal consideró que la omisión en la publicación del
contrato y la falta de conservación de los documentos contractuales son
situaciones que debían demandarse a través de ese medio de control y no en el
de reparación directa.
Por tanto, a través de esta acción de tutela, el actor cuestionó el cambio del medio
de control puesto que, a su juicio, lo pretendido es que se reconozca la
responsabilidad de la administración ante la pérdida documental lo que ocasionó,
a su vez, la pérdida de experiencia laboral, así como de la ejecución y la
terminación del contrato.
De tal manera, la parte accionante consideró que la providencia acusada incurrió
en un defecto procedimental pues el tribunal demandado le impuso un medio de
control ajeno al de las pretensiones de la demanda.
Lo anterior, según lo manifestó el demandante, porque lo demandado a través del
medio de control de reparación directa fue la omisión de la entidad de publicar
oportunamente el contrato en las plataformas oficiales de contratación y no
conservar adecuadamente el expediente contractual.
En tal sentido, para el actor esas omisiones impidieron la ejecución del contrato y
le ocasionaron perjuicios pues lo privaron de percibir sus honorarios, ejecutar
completamente el contrato y adquirir la experiencia profesional derivada de su
ejecución.
Frente a este punto, se precisa que la Ley 2080 de 2021, introdujo varias reformas
a la Ley 1437 de 2011, entre ellas, en cuanto a las decisiones que son
susceptibles del recurso de apelación, pues la nueva regulación suprimió el auto
que decreta una nulidad procesal como apelable, el cual actualmente no aparece
enlistado en el artículo 243 ibidem.
De modo que, en el presente asunto se observa que la parte actora contaba con la
posibilidad de presentar el recurso de reposición contra el auto demandado, en
tanto que con este el tribunal declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto de
11 de diciembre de 2025, inclusive, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo
de Barranquilla, mediante el cual se rechazó de plano la demanda ordinaria.
No obstante, la parte accionante no acreditó haber acudido a dicho medio judicial
de defensa, sino que por el contrario promovió la acción de tutela para que se
analizara su reproche respecto de la mencionada nulidad de todo lo actuado y la
adecuación del medio de control, lo que torna improcedente esta vía constitucional
ante la existencia de otro mecanismo para la defensa de sus derechos
fundamentales.
Finalmente, tampoco se encuentra configurado un perjuicio irremediable puesto
que el auto demandado no puso fin al proceso ordinario, ni resolvió en forma
definitiva las pretensiones de la demanda y el medio de control sigue activo y en
trámite de inadmisión de la demanda. Por tanto, el actor no demostró una
amenaza próxima, cierta y grave que afecte de forma irreversible sus garantías
constitucionales.
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Demandante: Ezequiel David Lechuga Mercado
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04344-01
Por consiguiente, se confirmará el fallo impugnado que declaró la improcedencia
de la acción ante la falta de cumplimiento del requisito de la subsidiariedad, pero
por las razones expuestas.
2.4.2. Relevancia constitucional
En lo referente al mencionado presupuesto cabe precisar que la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «… el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»
En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela im lica un
juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se
puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron
por el juez natural.
Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que este
mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta
para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
… (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad ara inter retar, a licar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
En lo particular, se encuentra que el accionante está inconforme con la
interpretación jurídica del tribunal demandado que ordenó adecuar el medio de
control de reparación directa al de controversias contractuales, razón por la cual su
reproche consiste en debatir cuál es el medio de control adecuado para reclamar
principalmente la pérdida documental de un expediente contractual y la
consecuente pérdida de unos honorarios profesionales derivados de un contrato
de prestación de servicios.
En efecto, el accionante controvierte el criterio del tribunal sobre la fuente del daño
y el medio de control aplicable; mientras aquel atribuye el perjuicio a una omisión
administrativa autónoma, la autoridad judicial accionada consideró que se originó
en el contrato de prestación de servicios y ordenó tramitar el asunto como
controversia contractual.
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Esta discrepancia constituye un debate de legalidad propio del juez contencioso
administrativo, y no evidencia, a primera vista, una decisión arbitraria ni una
afectación constitucional autónoma, especialmente porque la providencia permitió
continuar el proceso y no resolvió definitivamente las pretensiones
indemnizatorias.
En otras palabras, el debate corresponde a la interpretación de los artículos 140,
141 y 171 del CPACA, a la determinación de la fuente jurídica del daño y a la
escogencia del medio de control según la causa y el contenido de las
pretensiones, por lo que se trata de asuntos propios del juez contencioso
administrativo que no adquieren relevancia constitucional por el solo hecho de que
una de las partes discrepe de la conclusión alcanzada.
En tal sentido, lo pretendido por el accionante es reabrir el debate sobre la
definición del medio de control para adelantar la controversia que, según su
criterio, solo versa en la falla del servicio de la administración, pero que para el
tribunal demandado, bajo su autonomía judicial, corresponde a una de naturaleza
contractual por la relación económica.
Así las cosas, lo debatido en esta sede constitucional se trata de un asunto de
rango legal, mas no de la violación de derechos fundamentales, por lo que la
acción de tutela resulta improcedente, además porque esta vía no puede ser
utilizada para sustituir o anticipar los resultados de un mecanismo judicial en
trámite.
Finalmente, debe indicarse que el actor tampoco cumplió con la carga
argumentativa necesaria respecto de la aplicación de las sentencias emitidas por
el Consejo de Estado en los expedientes 44.538 y 53.300, puesto que si bien hizo
alusión a lo decidido en aquellos, no explicó la regla o subregla aplicable a su caso
concreto respecto de la pérdida documental contractual y de honorarios alegada,
ni la similitud en los asuntos.
Por lo tanto, no se presenta un debate iusfundamental que amerite invadir el
ámbito del juez natural y, por consiguiente, no se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional. En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado que
declaró la improcedencia de la acción de tutela también por no acreditarse la
relevancia constitucional, pero por las razones aquí expuestas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar el fallo del 26 de junio de 2026, por medio del cual, la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir los requisitos de la
subsidiariedad y la relevancia constitucional.
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SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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