Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00835-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00835-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2012-00835-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
14 de julio de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-26-000-2012-00835-01 (53.300)
Demandante: EPS SANITAS SA
Demandado: CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005 Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CCA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – INDEBIDA
ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN
Síntesis del caso: la parte demandante solicita que la Nación – Ministerio de la Protección
Social y los integrantes del Consorcio Fidufosyga 2005 sean declarados patrimonialmente
responsables y condenados a pagar los daños que le fueron ocasionados por el no pago
total de medicamentos y servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud POS, los
cuales prestó en cumplimiento de sentencias de tutela y decisiones del Comité Técnico
Científico. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró probada la
excepción de “ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción”.
Temas: recobro de prestaciones y servicios no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud
(hoy Plan Básico de Salud) – el rechazo del cobro configura un acto administrativo /
Indebida escogencia de la acción de reparación directa – la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho procede, por regla, para reparar daños provenientes de actos
administrativos.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 404
a 412 cdno. de apelación) en contra de la sentencia proferida el 23 de octubre de
2014 por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (fls. 394 a 401 cdno. de apelación) mediante la cual se dispuso lo
siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR la indebida escogencia del medio de control.
SEGUNDO: Reconocer personería a la abogada CLAUDIA CAROLINA
CASTRO RUBIO, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.036.634
y tarjeta profesional No. 209072 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderada del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
conforme al poder visible a folio 385 del cuaderno principal al tenor de los
artículos 64 y 67 del Código de Procedimiento Civil
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría
liquídense los gastos del proceso y devuélvanse los remanentes al
interesado. Pasados 2 años sin que hubieran sido reclamados dichos
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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00835-01 (53.300)
Actor: EPS Sanitas SA
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Apelación de sentencia
remanentes, se considerarán prescritos en favor de la Rama Judicial” (fl.
401 cdno. de apelación – mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 18 de mayo de 2012, la Empresa Promotora de Salud
Sanitas SA, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda de reparación
directa en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y de las
sociedades integrantes del Consorcio Fidufosyga 2005, a saber: Fiduciaria
Bancolombia SA, Fiduprevisora SA, Fiduciaria Cafetera SA, Fiduciaria de Occidente
SA, Fiduciaria Bogotá SA, Fiduciaria Popular SA, Fiduciaria Colombiana de
Comercio Exterior SA y Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario SA (fls. 2 a
31 cdno. ppal. no. 1) para que se acceda a las siguientes pretensiones:
“Primera- Que se declare administrativa, extracontractual y
solidariamente responsables a la Nación - Ministerio de Salud y
Protección Social y las sociedades fiduciarias que integran el
denominado Consorcio Fidufosyga 2005, Fiduciaria Bancolombia S.A.,
Fiduprevisora S.A., Fiduciaria Cafetera S.A., Fiduciaria de Occidente S.A.-
Fiduoccidente, Fiduciaria Bogotá S.A., Fiduciaria Popular S.A.- Fiduciar,
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A., Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. - Fiduagraria, por los perjuicios materiales causados a
E.P.S. Sanitas, con ocasión de la falta de reconocimiento y pago por
concepto del suministro de las terapias ABA, No incluidas en el Plan
Obligatorio de Salud, POS, Y, por consiguiente, NO costeadas por las
Unidades de Pago por Capitación, UPC, que el Sistema General de
Seguridad Social en Salud le reconoce mensualmente por cada afiliado
y beneficiario, de manera que están a cargo de la Subcuenta de
Compensación del Fosyga, y las cuales fueron efectivamente cubiertas
por EPS Sanitas a favor de afiliados y beneficiarios suyos, de tiempo
atrás.
Segunda- Que como consecuencia de la declaración anterior, se
condene a la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y las
sociedades fiduciarias que integran el denominado Consorcio
Fidufosyga. 2005, Fiduciaria Bancolombia S.A, Fiduprevisora Fiduciaria
Cafetera S.A., Fiduciaria de Occidente S.A.- Fiduoccidente, Fiduciaria
Bogotá S.A, Fiduciaria Popular S.A - Fiduciar, Fiduciaria Colombiana de
Comercio Exterior S.A., Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. -
Fiduagraria, a cancelar a la demandante por concepto de perjuicios
materiales, las siguientes cifras:
2.1 Daño Emergente:
2.1.1. La suma de SETECIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($770.118.210),
cancelados por EPS SANITAS a diferentes Instituciones Prestadoras de
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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00835-01 (53.300)
Actor: EPS Sanitas SA
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Servicios - IPS del país, correspondiente a la provisión efectiva de
Terapias ABA, NO incluidas en el Plan Obligatorio de Salud, Pos, y, por
consiguiente, NO costeadas por las Unidades de Pago por Capitación,
UPC, que el Sistema General de Seguridad Social en Salud le
reconoce mensualmente por cada afiliado y beneficiario, de manera que
están a cargo de la Subcuenta de Compensación del Fosyga, y las
cuales fueron efectivamente cubiertas por EPS Sanitas en favor de
afiliados y beneficiarios suyos.
2.1.2. La suma de SETENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL
OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($ 77.011.821), por concepto de los
gastos administrativos inherentes a la gestión y manejo de las
prestaciones excluidas del POS objeto de la presente demanda,
efectivamente suministradas a sus usuarios, monto que equivale al diez
por ciento (10%) del valor de las mismas, aplicando por analogía el
porcentaje del gasto administrativo admitido para las Administradoras de
Riesgos Profesionales - ARP, o la suma que resulte probada en el trámite
del proceso.
2.2. Lucro Cesante:
2.2.1 Consolidado: La suma de TRECIENTOS SESENTA Y TRES
MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
($363.118.610), a título de intereses, a favor de EPS Sanitas, sobre el
monto de que trata la pretensión 2.1.1., liquidados entre la fecha de
exigibilidad del respectivo concepto de recobro hasta el 17 de mayo de
2012, a la tasa máxima de interés moratorio establecida para los tributos
administrados por la DIAN, conforme al artículo 4 del Decreto Ley 1281
de 2002, según liquidación que se adjunta.
Tercera- Que se declare y ordene que la condena a que se refiere la
pretensión 2.1. se le aplique la indexación y/o corrección monetaria,
conforme a los criterios señalados por la jurisdicción contenciosa
administrativa, desde el momento en que debieron sufragarse y hasta que
se efectúe el pago total de la obligación.
Cuarta- Que se condene a las demandadas al pago de costas y agencias
en derecho que se ocasionaren con motivo de la presentación de esta
demanda.
Quinta- Las condenas impuestas deberán cumplirse en las condiciones y
términos a que se refiere el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y los
artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, so pena
que vencidos los términos de ley se paguen intereses moratorios, de
conformidad con la certificación que para el efecto expide la
Superintendencia Bancaria.” (fls. 4 a 5 cdno. no. 1 – negrillas y
mayúsculas sostenidas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00835-01 (53.300)
Actor: EPS Sanitas SA
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1) Si bien la Ley 100 de 1993 definió un esquema de coberturas explícitas o de
planes de servicios taxativamente incorporados en el Plan Obligatorio de Salud
(POS) de acuerdo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) fijada cada año, el
presupuesto que regía el sistema varió por razón de los fallos proferidos por la Corte
Constitucional, así como también de la expedición de varios actos administrativos
proferidos por autoridades públicas, situación que obligó a las Entidades
Promotoras de Salud a incurrir en costos adicionales por la atención de afiliados y
beneficiarios a su cargo por concepto de prestaciones medico asistenciales o
medicamentos no financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación.
2) La Empresa Promotora de Salud Sanitas SA asumió el valor de la prestación del
servicio médico denominado “terapias ABA” en cumplimiento de lo ordenado en
distintos fallos de tutela y de las decisiones expedidas por los Comités Técnico
Científicos, servicio que no se encontraba dentro de aquellos incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud.
3) En ese contexto, la Empresa Promotora de Salud Sanitas SA radicó ante el
Consorcio Fidufosyga varias solicitudes de recobro por concepto de la prestación
del servicio ya referido durante el periodo comprendido entre octubre de 2006 y
diciembre de 2010, sin embargo, estas fueron glosadas y devueltas por considerar
que la prestación del servicio médico denominado “terapias ABA” estaba incluido en
el Plan Obligatorio de Salud y era remunerado a través de la Unidad de Pago por
Capitación.
4) Por lo anterior, la sociedad EPS Sanitas SA elaboró nuevamente las peticiones
de recobro mediante el formato dispuesto para presentar las objeciones a las glosas
o resultados de auditoría, no obstante, varias de estas solicitudes fueron negadas
definitivamente mediante los oficios números MYT-1242-10-CD 20122 del 12 de
mayo de 2010, MYT—2354-10 CD 21910 del 26 de agosto de 2010, MYT-2597-10
CD 22632 del 1° de octubre de 2010, MYT – 3090-10 CD 23750 del 17 de diciembre
de 2010, MYT-3123-10 CD 23783 del 17 de diciembre de 2010 y GRC-MYT-199-12
del 13 de enero de 2012 por las mismas razones que fueron negadas inicialmente,
por lo cual el valor glosado se estimó en setecientos setenta millones ciento
dieciocho mil doscientos diez millones de pesos ($770.118.210).
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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00835-01 (53.300)
Actor: EPS Sanitas SA
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
5) Para la fecha de presentación de la demanda la sociedad EPS Sanitas SA no ha
logrado recuperar por la vía administrativa las erogaciones en que incurrió para
cumplir con las órdenes de tutela y las autorizaciones expedidas por los Comités
Técnico Científicos.
3. Contestación de la demanda
1) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda mediante auto
de 20 de noviembre de 2012 (fls. 36 a 37 cdno. no. 1) y ordenó su notificación a las
entidades demandadas, lo cual acaeció entre los días 26 y 30 de abril de 2013 (fls.
39 a 49 cdno. no. 1).
2) El 4 de junio de 2013, la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social (fls. 1
a 51 cdno. no. 2) se opuso a las pretensiones de la demanda con base en el
siguiente razonamiento:
a) Para este caso concreto existe una indebida escogencia de la acción por razón
de que el presunto daño sufrido por la sociedad EPS Sanitas SA tiene como fuente
un acto administrativo y, por ende, la acción a ejercer era la de nulidad y
restablecimiento del derecho.
b) Operó la caducidad de la acción de reparación directa, porque el término para
interponer la demanda debe contabilizarse a partir del momento en el cual se asume
que la sociedad demandante tiene conocimiento del daño, esto es, del no pago de
los recobros solicitados.
c) No existe daño antijurídico porque los medicamentos cuyo pago se pretende se
encuentran incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud y, por ende, fueron
pagados a la EPS.
d) No existe obligación de pagar unas cuentas cuando estas no cumplen con la
totalidad de los requisitos exigidos por las normas que regulan el trámite de los
recobros ante el Fosyga, más aún cuando lo que se recobra ya fue pagado a la
Entidad Promotora de Salud demandante a través de la Unidad de Pago por
Capitación.
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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00835-01 (53.300)
Actor: EPS Sanitas SA
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e) Existe culpa exclusiva de quien alega sufrir el daño porque el no pago de los
recobros solicitados obedece al incumplimiento de los requisitos establecidos para
tal efecto.
f) Hay un cobro de lo no debido, por el hecho de que las “terapias ABA” se
encuentran contempladas en el Plan Obligatorio de Salud.
3) A su turno, el 5 de junio de 2013 las sociedades integrantes del Consorcio
Fidufosyga 2005 contestaron la demanda en los siguientes términos (fls. 1 a 51
cdno. no. 2):
a) El término para presentar la acción de reparación directa debe contabilizarse
desde el momento en que la sociedad demandante conoció de las glosas a sus
reclamaciones primigenias, pues, desde allí era “clara la postura del administrador
fiduciario (…) de no acceder, directamente, a los recobros impetrados” (fl. 13 cdno.
ppal. no. 2); en ese contexto, el término de dos (2) años para formular la acción de
reparación directa feneció el 17 de diciembre de 2010, mientras que la demanda fue
presentada el 18 de mayo de 2012, motivo por el cual operó la caducidad de la
acción.
b) Existe falta de legitimación en la causa, por pasiva porque no es posible decretar
obligación alguna a cargo de las sociedades integrantes del Consorcio Fidufosyga
2005 toda vez que i) estas sociedades no son las titulares de los recursos del
Fosyga y, ii) la decisión de proceder al pago de los recursos reclamados no compete
al Consorcio Fidufosyga 2005 porque no es deudor de la demandante y, en
consecuencia, no está obligada al pago de las sumas de dinero pretendidas.
c) El Consorcio cumplió con la normatividad aplicable a su actividad de auditoría
para rechazar los recobros a él presentados, esto es, lo dispuesto en el artículo 156
de la Ley 100 de 1993, así como también lo dispuesto en las Resoluciones números
5261 de 1994, 3099 de 2008, 3454 de 2008 y 548 de 2010 expedidas por el
Ministerio de la Protección Social.
d) No es posible aplicar el título de imputación de daño especial por razón de que
en ningún momento la sociedad demandante ha asumido una carga mayor a la que
por virtud del principio de igualdad le correspondía, porque contaba con los recursos
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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00835-01 (53.300)
Actor: EPS Sanitas SA
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Apelación de sentencia
necesarios para cubrir los procedimientos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud
por virtud del giro oportuno de las Unidades de Pago por Capitación.
e) No existe un enriquecimiento sin causa en cabeza de la sociedad EPS Sanitas
SA, pues, i) los pagos realizados por esta tienen causa jurídica y, ii) el Estado no ha
incrementado su haber patrimonial en tanto giró las Unidades de Pago por
Capitación para que la sociedad demandante cumpliera con sus obligaciones.
f) Si se considera que las prestaciones no están incluidas dentro del Plan
Obligatorio de Salud, la demandante debe asumir la mitad de los recobros de
conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo 14 de la Ley 1222 de 2007
y lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia C-463 de 2008.
4. Alegatos de conclusión de primera instancia
1) Vencido el período probatorio dispuesto en providencia de 27 de agosto de 2013
(fls. 80 a 83 cdno. no. 1), el tribunal de primera instancia, por auto de 19 de agosto
de 2014, corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 299 cdno. no. 1).
2) La parte actora reiteró los hechos y argumentos planteados en el escrito de la
demanda y se opuso a los argumentos expuestos en la contestación a la demanda,
además, señaló que "para las terapias ABA, la fecha en que se presentaron los
servicios en mención, el ente accionado no había efectuado los estudios pertinentes
tendientes a establecer la inclusión de estas terapias en el POS y aun a la fecha se
discute la comprobación científica de esta metodología y sus resultados son de
reciente data, algunos aun controvierten su eficacia". (fls. 357 a 360 cdno. no. 1).
3) La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, así como los integrantes
del Consorcio Fidufosyga 2005 reiteraron los argumentos expuestos en el escrito
de contestación de la demanda (fls. 300 a 356 cdno. no. 1).
4) El Ministerio Público emitió concepto y señaló que debe accederse a las
pretensiones de la demanda por cuanto existió una conducta omisiva en cabeza del
Ministerio de Salud y Protección Social, por el hecho de no haberse realizado los
pagos correspondientes a los servicios prestados (fls. 362 a 380 cdno. no. 1).
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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00835-01 (53.300)
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Apelación de sentencia
5. La sentencia de primera instancia
El 23 de octubre de 2014, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió la sentencia impugnada mediante la cual
se declaró la “indebida escogencia de la acción de reparación directa” (fls. 394 a
401 cdno. de apelación) con sustento en las siguientes consideraciones:
1) Mediante los oficios números MYT-1242-10-CD 20122 del 12 de mayo de 2010,
MYT—2354-10 CD 21910 del 26 de agosto de 2010, MYT-2597-10 CD 22632 del
1° de octubre de 2010, MYT—3090-10 CD 23750 del 17 de diciembre de 2010 y
MYT-3123-10 CD 23783 del 17 de diciembre de 2010, el Consorcio Fidufosyga 2005
negó definitivamente 207 solicitudes de recobro formuladas por la Empresa
Promotora de Salud Sanitas SA por considerar que los servicios reclamados
estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y, por ende, fueron remunerados
a través de la Unidad de Pago por Capitación.
2) La decisión de rechazar los recobros constituye un acto administrativo resolutorio
por razón de que con ella se resuelven de fondo las peticiones elevadas por la
Empresa Promotora de Salud Sanitas EPS y finaliza el procedimiento administrativo
regulado en la Resolución número 3099 de 20081.
3) Como lo pretendido por la Empresa Promotora de Salud Sanitas EPS es obtener
el pago de las sumas de dinero que le fueron negadas en el procedimiento
administrativo ya referido, lo correcto era demandar la nulidad del acto
administrativo que finalmente negó el pago de los recobros correspondientes y el
restablecimiento del derecho por el desequilibrio financiero ocasionado por su no
reconocimiento y pago.
4) El ejercicio de las acciones no está al arbitrio de quien la ejerce, pues, ello debe
estar en consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda, de modo que
si ello no se cumple la demanda es sustancialmente inepta y por ser inadecuada la
acción, debe decretarse una indebida escogencia de la misma.
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Por la cual “se reglamentan los Comités Técnico Científicos y se establece el procedimiento de
recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, por concepto de suministro de
medicamentos, servicios, médicos y prestaciones de salud no incluidos en el Plan Obligatorio de
Salud, POS, autorizados por Comité Técnico – Científico y por fallos de tutela”.
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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00835-01 (53.300)
Actor: EPS Sanitas SA
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
5) No es posible adecuar la acción de reparación directa a la de nulidad y
restablecimiento del derecho porque ya operó la caducidad de esta última por haber
transcurrido más de cuatro (4) meses entre la notificación de los oficios números
MYT-1242-10-CD 20122 del 12 de mayo de 2010, MYT-2354-10 CD 21910 del 26
de agosto de 2010, MYT-2597-10 CD 22632 del 1° de octubre de 2010, MYT-3090-
10 CD 23750 del 17 de diciembre de 2010, MYT-3123-10 CD 23783 del 17 de
diciembre de 2010 y la fecha de formulación de la demanda, esto es, el 18 de mayo
de 2012.
6. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación el cual
fue concedido mediante auto de 27 de enero de 2015 (fl. 414 cdno. de apelación) y
admitido por esta Corporación en providencia del 13 de marzo del mismo año (fl.
418 cdno. de apelación).
Los fundamentos del recurso de alzada (fls. 404 a 412 cdno. ppal. no. 2) son, en
síntesis, los siguientes:
1) Las glosas a las cuentas y las contestaciones a las objeciones no son actos
administrativos, pues, carecen de los elementos esenciales para su configuración
porque i) el administrador del Fosyga es un contratista particular que carece de
competencia para proferir actos administrativos, ii) el acto carece de motivación por
cuanto no tiene sustento técnico y, iii) las comunicaciones del Consorcio Fidufosyga
2005 constituyen únicamente actos de trámite y, por ende, no son pasibles de
control jurisdiccional.
2) Las resoluciones que regulan el trámite del recobro no son objeto de demanda ni
se reclama su ilegalidad.
3) El no pago o reembolso a la demandante constituye una operación administrativa
cuya reparación se debe ventilar a través de la acción de reparación directa.
4) La Empresa Prestadora de Servicios de Salud Sanitas SA asumió cargas
económicas y financieras injustificadas al asumir el pago de servicios prestados en
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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00835-01 (53.300)
Actor: EPS Sanitas SA
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
cumplimiento de fallos de tutela o de autorizaciones impartidas por el Comité
Técnico Científico no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud
5) La posición adoptada por el a quo desconoce el precedente horizontal en punto
de las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
7. Actuación surtida en segunda instancia
1) Por auto del 5 de octubre de 2018 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio
Público para que emitiera concepto (fl. 420 cdno. de apelación).
2) La parte actora reiteró los hechos y argumentos planteados en el recurso de
apelación (fls. 462 a 466 cdno. de apelación).
3) Los integrantes del Consorcio Fidufosyga 2005 así como también la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social reiteraron integralmente los argumentos
expuestos en la contestación a la demanda (fls. 421 a 461 cdno. de apelación).
4) El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por
existir indebida escogencia de la acción (fls. 483 a 490 cdno. de apelación).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala resuelve el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2)
improcedencia de la acción de reparación directa y, 3) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Corresponde a la Sala determinar si en este caso la parte demandada es
patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a Sanitas EPS por el no
pago de los “recobros” que en su momento presentó por concepto de suministro de
medicamentos y servicios médicos no incluidos en el POS, los cuales suministró en
cumplimiento de fallos de tutela y decisiones del Comité Técnico Científico.
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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00835-01 (53.300)
Actor: EPS Sanitas SA
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró probada la excepción de “ineptitud sustantiva de la demanda
por indebida escogencia de la acción” por razón de que la fuente del daño
reclamado son actos administrativos y, por ende, debió formularse la demanda en
ejercicio del medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del
derecho
Esta Subsección confirmará la sentencia apelada porque, para este caso concreto,
la fuente del supuesto daño cuya reparación pretende la sociedad demandante son
unos actos administrativos, por lo cual le correspondía atacar su legalidad mediante
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
2. Improcedencia de la acción de reparación directa
1) En este caso particular, la fuente del daño cuya reparación reclama la parte
demandante son las glosas mediante las cuales se rechazaron los recobros de los
servicios no incluidos en el POS las cuales constituyen verdaderos actos
administrativos, motivo por el cual su validez debe ser cuestionada a través del
medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho.
2) En primer lugar, es necesario e importante tener presente el concepto de acto
administrativo para diferenciarlo de otro tipo de actuaciones de la administración
pública que carecen de control judicial ante la jurisdicción contencioso
administrativa, en ese sentido, el acto administrativo es un acto jurídico estatal
producido en ejercicio de función administrativa que tiene por contenido una
decisión consistente en crear, modificar o extinguir una determinada situación
jurídica bien por parte de cualquiera de las Ramas del Poder Público, de los
denominados órganos autónomos de poder e inclusive por los particulares por
expresa autorización de la ley.
3) Lo anterior significa que, como acto jurídico estatal, el acto administrativo
corresponde a una expresión de voluntad generalmente unilateral de la
administración pública con efectos o consecuencias en el mundo jurídico en tanto
que su contenido y alcance es crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas ya
sean estas generales o particulares, entendiendo por tales la posición que tiene una
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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00835-01 (53.300)
Actor: EPS Sanitas SA
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Apelación de sentencia
persona o un conjunto de personas frente a una determinada norma o forma de
derecho (vgr contribuyente, propietario, estudiante, servidor público, investigado,
sancionado, etc.) que pueden ser producidas por autoridades pertenecientes a
cualquiera de las Ramas del Poder Público (ejecutiva, legislativa y judicial) o
también por los denominados órganos autónomos de poder (ej. Banco de la
República, Organización Nacional Electoral, Procuraduría General de la Nación,
Contraloría General de la República) y aún por los particulares (vgr los curadores
urbanos, las cámaras de comercio en la administración y manejo tanto del registro
mercantil como del registro único de proponentes para fines de contratación, etc.)
en ejercicio legítimo de una precisa función estatal como lo es la denominada
función administrativa que, es aquella potestad propia y exclusiva del Estado que
se ejerce en el nivel sublegal del ordenamiento jurídico (sujeción a la Constitución y
la ley), caracterizado su ejercicio por regla general por la presencia de un poder de
instrucción de autoridades jerárquicamente superiores a otras que le son inferiores
o subordinadas con excepción de las llamadas autoridades supremas (ej.
Presidente de la República, gobernadores y alcaldes) por cuanto, por orden natural
de organización de las cosas, respecto de ellas no existe un superior.
4) En efecto, tanto la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia2 como la Corte
Constitucional3 en diversas providencias han sostenido, enfáticamente, que el
origen del daño -en aquellos supuestos en los que se pretende la reclamación de
los servicios de salud no contemplados en POS y que se rechazan en glosas-
proviene de un acto administrativo proferido por el consorcio fiduciario que
2
La Corte Suprema de Justicia – Sala Plena por auto del 12 de abril de 2018, expediente APL1531,
MP Luis Guillermo Salazar Otero, puntualizó que “la decisión de «glosar, devolver o rechazar» las
solicitudes de recobro por servicios, medicamentos o tratamientos no incluidos en el Plan Obligatorio
de Salud –NO POS-, en la medida que el Fosyga la asume en nombre y representación del Estado,
constituye acto administrativo, particular y concreto, cuya controversia ha de zanjarse en el marco
de la competencia general de la jurisdicción de lo contencioso administrativa prevista en el artículo
104 de la Ley 1437 de 2011”
3
Mediante auto no. 791 del 15 de octubre de 2021 dictado en el expediente CJU-432, MP Gloria
Stella Ortiz Delgado, la Corte Constitucional expresó que “Regla de decisión: Corresponde a la
jurisdicción contencioso administrativa, el conocimiento de las controversias judiciales relacionadas
con el pago de recobros por parte del Estado a las entidades promotoras de salud por prestaciones
no incluidas en el extinto POS (hoy PBS), con fundamento en el inciso primero del artículo 104 de la
Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estas se cuestiona por parte de una EPS un acto
administrativo proferido por la ADRES. Este tipo de controversias no corresponde a las previstas en
el numeral 4o del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la medida
en que no se relacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social.
En cambio, se trata de litigios presentados exclusivamente entre entidades administradoras y
relativos a la financiación de servicios ya prestados, que no afectan a afiliados, beneficiarios o
usuarios, ni a empleadores”
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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00835-01 (53.300)
Actor: EPS Sanitas SA
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Apelación de sentencia
administra el Fosyga, el cual se produce luego de agotarse un procedimiento
específicamente establecido para garantizar el recobro de esas sumas4.
5) Se pone de presente que no es necesario que la ley o el reglamento hubieran
catalogado la decisión de la glosa como acto administrativo, pues, finalmente el
mismo está determinado por la manifestación unilateral de la voluntad de la
administración directamente encaminada a producir, modificar o extinguir una
situación jurídica, tal como ocurre en el caso de la referencia, en el que el Consorcio
Fidufosyga actuó en representación del “Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga”
que, es una cuenta adscrita al Ministerio de Salud manejada por encargo fiduciario,
sin personería jurídica ni planta de personal propia (artículo 1 del Decreto 1283 de
1996, compilado en el Decreto 780 de 2016), por manera que en los términos del
numeral 4 del artículo 1234 del Código de Comercio que preceptúa “son deberes
indelegables del fiduciario, además de los previstos en el acto constitutivo, los
siguientes (…) (4) llevar la personería para la protección y defensa de los bienes
fideicomitidos contra actos de terceros, del beneficiario y aún del mismo
constituyente”, queda claro que el Consorcio Fidufosyga 2005 actuaba en nombre
y representación del Fosyga y, por lo tanto, era quien en su nombre y representación
tenía que adelantar el procedimiento administrativo de recobro para determinar si
era procedente el reconocimiento o, por el contrario, si debía glosarse o rechazarse
la solicitud o, en el evento de los pagos tardíos de los recobros proceder o no al
reconocimiento de los intereses moratorios, decisión que no cabe duda de que es
un acto administrativo en tanto pone fin a una actuación o procedimiento
administrativo.
4
La Corte Constitucional en auto no. 389 de 22 de julio de 2021, MP Antonio José Lizarazo Ocampo,
dictado dentro del expediente CJU-072 por el cual se resolvió un conflicto de competencias, concluyó
“es necesario precisar que el procedimiento de recobro constituye una garantía a favor de las EPS,
con la finalidad de que estas puedan reclamar el reembolso de los servicios y tecnologías prestados
en virtud de una orden judicial en el marco de una acción de tutela, o de una orden proferida por los
comités técnicos científicos (…) En ese orden, vale la pena anotar que en sentencia del 3 de abril de
2020, la Sección Tercera del Consejo de Estado destacó que el procedimiento de recobro persigue
un fin legítimo amparado en la Constitución, esto es, la defensa del patrimonio público, el cual se
logra mediante la adopción de procedimientos administrativos que permitan verificar que los cobros
con cargo al Fosyga [hoy a la Adres], correspondan a verdaderas deudas de la administración. Así
las cosas, el procedimiento de recobro, señaló el alto tribunal, se caracteriza por ser un
procedimiento administrativo reglamentado que involucra la presentación de las respectivas facturas.
(…) La normativa descrita permite concluir que el recobro no es una simple presentación de facturas,
sino que constituye un verdadero trámite administrativo que busca garantizar el propósito de la
ADRES consistente en administrar las fuentes y el uso de los recursos que financian el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, bajo los principios de eficiencia, transparencia y calidad.
Adicionalmente, es posible considerar que en el trámite descrito para la presentación, verificación y
pago de las solicitudes de recobro, la ADRES profiere actos administrativos que logran consolidar o
negar la existencia de la obligación”.
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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00835-01 (53.300)
Actor: EPS Sanitas SA
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
6) Lo antedicho justamente fue analizado por la Sala Plena de la Sección Tercera
en reciente sentencia de unificación de jurisprudencia, en la que se determinó que
la acción procedente para solicitar la responsabilidad de los daños derivados de las
decisiones del administrador fiduciario del Fosyga frente a las solicitudes de recobro
por servicios de salud no incluidos en el POS es la nulidad y restablecimiento del
derecho y no la de reparación directa, en los siguientes términos:
“11. Por ello, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de señalar
que la decisión definitiva del administrador del Fosyga –sobre las
solicitudes de recobro por concepto de suministro de
medicamentos, servicios médicos y prestaciones de salud no
incluidos en el POS, autorizados por el Comité Técnico Científico o
por fallos de tutela– es un acto administrativo. En consecuencia, la
acción procedente para solicitar la responsabilidad de los daños
derivados de las decisiones del administrador fiduciario del Fosyga,
frente a las solicitudes de recobro por servicios de salud no
incluidos en el POS es la nulidad y restablecimiento del derecho. La
acción de reparación directa no puede interponerse sin límite, ni restar –
por su uso indiscriminado– eficacia a las demás acciones contenciosas.
Esta sentencia busca garantizar la unidad de interpretación respecto de
la acción procedente para solicitar la responsabilidad derivada de las
decisiones del administrador fiduciario del Fosyga. Por ello, será referente
para resolver todas las controversias en curso a las que les aplique el
régimen legal que fue estudiado en el fallo”5 (se destaca).
7) Para este caso concreto, se advierte que el Consorcio Fidufosyga 2005 al glosar,
devolver o rechazar las solicitudes de recobro presentadas por EPS Sanitas actuó
en nombre y representación del Estado y, por lo tanto, su decisión, constituye un
verdadero acto administrativo, huelga decir, profirió distintas manifestaciones
unilaterales de la voluntad en representación del Estado con miras a definir una
situación jurídica, esto es, la procedencia del reconocimiento de unos pagos por la
prestación de servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y autorizados
en virtud de decisiones judiciales proferidas en acciones de tutela o por
conclusiones de los comités técnico-científicos, razón por la que estas decisiones
constituyen típicos actos administrativos.
8) En este contexto, no es necesario que la ley o el reglamento hubieran catalogado
la decisión de glosar determinadas cuentas como un acto administrativo, pues,
materialmente tales decisiones son manifestaciones unilaterales de la voluntad de
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de abril de 2023, expediente 55.085, CP
Guillermo Sánchez Luque. En relación con esta providencia, los magistrados Fredy Ibarra Martínez
y Alberto Montaña Plata aclararon su voto.
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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00835-01 (53.300)
Actor: EPS Sanitas SA
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Apelación de sentencia
la administración directamente encaminadas a producir, modificar o extinguir una
situación jurídica.
9) En las circunstancias antes anotadas, es claro que la fuente del supuesto daño
cuya indemnización se reclama con la demanda deviene de las decisiones (glosas)
que rechazaron el pago de los recobros presentados por EPS Sanitas, de manera
que la acción de reparación directa no es la idónea para discutir la legalidad de las
mismas ya que, se está frente a un acto administrativo que debió atacarse mediante
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que se trata de una
decisión administrativa que, por mandato legal, está amparada por una presunción
de legalidad y que por tanto es de obligatorio cumplimiento mientras no sea de
objeto de suspensión provisional o cuando menos de anulación por parte del juez
competente, lo cual no acontece en el presente asunto.
10) En consecuencia, desde el punto de vista material, la acción que debió
interponerse era la de nulidad y de restablecimiento del derecho, razón por la cual
la Sala encuentra que hubo una indebida escogencia de la acción, situación que
torna improcedente un pronunciamiento de fondo por cuanto la adecuada
escogencia de la acción constituye presupuesto de la sentencia de mérito, tal como
lo ha sostenido esta Sección del Consejo de Estado6, coadyuvado por el hecho de
que las normas procesales son de orden público y por lo tanto de perentorio
cumplimiento según lo dispuesto expresamente en el artículo 13 del CGP.
3. Condena en costas
El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 –que modificó el artículo 170 del CCA–
determina que solo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las
partes haya actuado con temeridad o mala fe dentro del proceso. En este caso
concreto no habrá lugar a la imposición de costas y agencias en derecho toda vez
que las partes no obraron de esa forma.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de abril de
2010, expediente 17.811, CP Mauricio Fajardo Gómez // Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 23 de noviembre de 2022, expediente 57.906, CP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00835-01 (53.300)
Actor: EPS Sanitas SA
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1°) Confírmase la sentencia proferida el 23 de octubre de 2014 por la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Con aclaración de voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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