Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04397-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04397-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04397-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04397-00
Accionante: EDUIN ALFONSO RODRÍGUEZ DE LA HOZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra sentencia proferida por Tribunal Administrativo.
Improcedencia por carecer de relevancia constitucional/ La controversia planteada
no recae sobre el reconocimiento de la nacionalidad o la personalidad jurídica, sino
sobre la valoración probatoria del perjuicio moral y la negativa de aplicar por
analogía presunciones jurisprudenciales previstas para supuestos fácticos distintos.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
1. El 9 de junio de 2026, a través de apoderado judicial, Eduin Alfonso Rodríguez
de la Hoz presentó acción de tutela contra la sentencia de 15 de abril de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera -
Subsección C, dentro del radicado 11001-33-36-037-2023-00101-01 y que puso fin
al proceso de reparación directa que promovió el actor contra la Registraduría
Nacional del Estado Civil por la cancelación de su documento de identidad. Con el
fin de facilitar la comprensión de los antecedentes, se exponen primero los del
proceso ordinario y luego los del proceso de tutela.
Del proceso de reparación directa
2. Manifestó que el demandante es colombiano de nacimiento, sin embargo, en
virtud de la política de depuración de registros civiles, la Registraduría Nacional del
Estado Civil expidió la resolución 14454 de 25 de noviembre de 2021, mediante la
cual anuló el registro civil y canceló la cédula de ciudadanía del accionante. La
decisión quedó ejecutoriada el 4 de enero de 2022. Derivado de lo anterior, el actor
quedó privado de su nacionalidad, con todas las consecuencias que en materia de
ejercicio de derechos ello implica.
3. El actor ejerció una primera acción de tutela, que produjo que, la Registraduría
profiriera la Resolución 19101 de 14 de julio de 2022, en la que revocó la primera
resolución. En todo caso inició demanda de reparación directa por la falla en el
servicio en la expedición de la resolución que anuló su cédula.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04397-00
Accionante: Eduin Alfonzo Rodríguez de la Hoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
4. En primera instancia, en fallo de 27 de enero de 2025, el Juzgado Treinta y Siete
(37) Administrativo de Bogotá, dentro del proceso radicado 11001-33-36-037-2023-
00101-00, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida
por Eduin Alfonso Rodríguez de la Hoz contra la Registraduría Nacional del Estado
Civil. Consideró que, aunque la entidad había anulado temporalmente su registro
civil de nacimiento y cancelado su cédula mediante la Resolución 14454 de 2021 —
luego revocada por la Resolución 19101 de 2022—, el demandante no acreditó que
esa actuación le hubiera causado una afectación moral relevante, ni daños al buen
nombre u honra, ni consecuencias concretas como pérdida de oportunidades
laborales, expulsión del país, sanciones, falta de atención médica o afectación de
negocios. En particular, sostuvo que el daño moral no se presumía y que
correspondía probarlo.
5. Apelada dicha providencia, en sentencia de 15 de abril de 2026, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C, confirmó la
negativa de las pretensiones, aunque con una precisión relevante: sí tuvo por
demostrados el daño a la personalidad jurídica y a la nacionalidad del actor, así
como la falla del servicio por la expedición de un acto administrativo ilegal. Sin
embargo, concluyó que los perjuicios morales no se presumían en ese supuesto y
requerían prueba concreta; además, descartó reconocer medidas de reparación
porque no encontró demostrada una afectación grave y relevante de bienes
constitucionalmente protegidos que justificara órdenes adicionales.
6. El apoderado indica que, la acción de tutela tiene como objeto esa sentencia por
cuanto incurre en los defectos específicos que vulneran los derechos fundamentales
del actor.
Fundamento del escrito de tutela
7. El actor sostiene que se presentaron los defectos fácticos, desconocimiento del
precedente, debido proceso, vulneración a la dignidad humana, violación directa de
la Constitución. Respecto al defecto fáctico, el tutelante indicó que la decisión
impuso una carga probatoria desproporcionada, concretamente del daño moral.
Concretamente reprochó que la sentencia atacada no presumió el daño moral ni sus
perjuicios, lo cual, en criterio del tutelante sí era presumible. Especialmente, pues
desde una perspectiva de la jurisprudencia interamericana de derechos humanos,
si existe tal presunción en casos de pérdida de la nacionalidad. Agregó: “Esa
exigencia de prueba del daño moral obvia la circunstancia de que, la anulación del
registro civil de nacimiento de mi mandante y la cancelación de su cédula de
ciudadanía, MATÓ CIVILMENTE a mi representado de pleno derecho,
convirtiéndolo por el solo hecho de dicha decisión manifestada en LA
RESOLUCIÓN, en apátrida, así como impidiéndole de pleno derecho ejercer sus
derechos políticos como nacional colombiano pues aquellos solo están reservados
a estos, de manera que, no se requería probar las afectaciones pues ellas
derivaban, única y exclusivamente, de la aplicación de la Constitución y la ley”1.
1 Folio 9 del escrito de tutea.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04397-00
Accionante: Eduin Alfonzo Rodríguez de la Hoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
8. El desconocimiento del precedente se produjo pues, en criterio del demandante,
existen fallos del Consejo de Estado que, sí han reconocido y presumido el daño
moral, motivo por el cual, era procedente su condena en el caso concreto. Mencionó
la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014 proferida en el Exp. 31170, el
Consejo de Estado estableció que el daño moral en violaciones graves de derechos
fundamentales se presume, sin necesidad de prueba específica de sentimientos
individuales. Igualmente, estimó desconocida la sentencia del Consejo de Estado
del 30 de junio de 2011 que se estableció que: “Cuando (sic) ha tratado el tema de
la prueba de la existencia de los perjuicios morales en los parientes del afectado,
esta Corporación ha considerado que el hecho de que esté acreditado el parentesco
representa un indicio para la configuración de ese daño en los parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad y primero civil, esto es, respecto de los padres,
hermanos, abuelos e hijos del afectado y de su cónyuge o compañera permanente”.
9. Mencionó la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 (Exp. 31170), y la
sentencia del 29 enero de 2021 con radicado 2004-0045.02, ambas del Consejo de
Estado, en las que se reconocieron perjuicios por daño moral en caso de
desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida, o privación injusta de la
libertad. Adujo que se desconoció la sentencia de 29 de enero de 2021, de la
subsección A de la Sección Tercera, dentro del radicado 2004-00445.02, en la que,
en un caso similar, en criterio del tutelante, se reconocieron perjuicios por daño
moral. Igualmente identificó las sentencias del Consejo de Estado dentro de los
radicados,11001031500020250257301,11001031500020250257101,1100103150
0020250280301, 11001031500020250279901, 11001-03-15-000-2025-02799-01
en las que, según el actor allí también se permitieron las condenas por daño moral,
en ese tipo de casos.
10. El tercer defecto alegado es la vulneración del derecho al debido proceso, pues
en su criterio la decisión cuestionada carece de motivación suficiente, pues no se
mencionaron los precedentes vinculantes relevantes, al concluir que no se presentó
el daño moral. Igualmente mencionó una infracción a la dignidad humana, pues la
sentencia cuestionada negó la reparación integral al exigir la prueba del daño moral
derivado de la privación de la nacionalidad, cuando en su criterio debía presumirse.
Finalmente mencionó una violación al principio pro persona y el desconocimiento
del precedente convencional.
11. Solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y que se deje sin
efecto la sentencia atacada, y se ordene emitir una nueva decisión de fondo que
atienda la jurisprudencia del Consejo de Estado y del bloque de constitucionalidad
y que se obligue al tribunal pronunciarse sobre los bienes constitucional y
convencionalmente protegidos presuntamente afectados.
Trámite de la acción de tutela
12. En auto del 10 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Asimismo, ordenó vincular al Juzgado Treinta y Siete (37)
Administrativo de Oralidad de Bogotá, a la Nación - Registraduría Nacional del
Estado Civil, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del medio de
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04397-00
Accionante: Eduin Alfonzo Rodríguez de la Hoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
control de reparación directa identificado con el radicado No. 11001-33-36-037-
2023-00101-00/01. Entre otras decisiones.
13. El magistrado sustanciador de la providencia atacada2 intervino para
solicitar que la tutela sea negada pues no se incurrió en los defectos alegados.
Puntualmente se valoró adecuadamente los medios de prueba del expediente, y se
respetó el precedente vertical y horizontal sobre la materia.
14. El Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativos de Bogotá remitió el enlace
del expediente de reparación directa identificado con el radicado No. 11001-33-36-
037-2023-00101-00.
CONSIDERACIONES
Competencia
15. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Determinación del problema jurídico
16. A juicio de esta sala, en primer lugar, deberá establecerse si la acción de tutela
es procedente, teniendo en cuenta que se trata de un ataque constitucional contra
una sentencia de segunda instancia de un proceso de reparación directa
relacionada con el supuesto daño antijurídico sufrido por una persona que vio
afectar su derecho fundamental a la personalidad jurídica, debido a que en
Resolución de 25 de noviembre de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil
canceló su número de identificación personal, decisión que fue revocada por la
misma entidad, a través de Resolución de 14 de julio de 2022.
17. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados se reiterará el
precedente sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En caso de verificar que la acción satisface las causales generales de procedencia,
se formulará problema jurídico de fondo.
Causales genéricas de procedencia de tutela contra providencia, en particular
el requisito de relevancia
18. Conforme con el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20053, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
2 Indice samai 11.
3 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04397-00
Accionante: Eduin Alfonzo Rodríguez de la Hoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
19. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar4: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela5, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional6 o el Consejo de Estado7, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP8; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable9 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; y (vii) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en
la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el
alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
20. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales10.
21. Respecto del requisito general de procedencia de tutela contra providencias de
relevancia constitucional, conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional
consiste en un examen a las razones que expone el tutelante en la petición de
protección. Se ha indicado que, si bien la acción de tutela no precisa de una técnica
argumentativa especializada o erudita, si exige un esfuerzo por parte del actor para
presentar justificaciones desde una perspectiva en la que se invoque y demuestre
la vulneración de una norma supra legal. Además, se ha señalado que por esa vía
están descartadas razones que reiteran argumentos resueltos dentro del proceso
4 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
5 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
7 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
9 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
10 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04397-00
Accionante: Eduin Alfonzo Rodríguez de la Hoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
ordinario, de carácter estrictamente económico, de mera legalidad, o en la que se
pretende utilizar el amparo como una instancia adicional.
22. En las Sentencias SU-033 de 201811, SU-128 de 202112 y la SU-215 de 202213,
la Corte Constitucional ha indicado que la acción de tutela es improcedente cuando
es utilizada para cuestionar providencias judiciales con base en argumentos de
índole legal que ya fueron estudiados y resueltos dentro del proceso judicial
ordinario y es utilizada como una tercera instancia para reabrir debates probatorios
ya precluidos14. Se indica que: “Este enfoque impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial” y que la tutela se use para mostrar razones de
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”.
23. Las providencias de unificación citadas han indicado que el juez de tutela debe
declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la
constitución política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Estudio de procedibilidad en el caso concreto
24. En el caso concreto, se concluye que la petición de amparo carece de relevancia
constitucional, puesto que, examinado el expediente del proceso ordinario se
verifica que tanto la demanda de reparación directa, como el escrito de apelación
se fundamentaron en la supuesta presunción de los perjuicios por daño moral en
casos de personas a quienes se le cancela el número de identificación personal. No
obstante, los dos jueces ordinarios, la Jueza Treinta y Siete (37) Administrativo del
Circuito de Bogotá, como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C indicaron al actor en las sentencias atacadas; la de 27 de
enero de 2025, y la de 15 de abril de 2026 que, no existe presunción jurisprudencial
de daño moral referida a la cancelación del número de identificación. En efecto, se
lee en la sentencia cuestionada:
“iii) Los perjuicios morales no se presumen si no que requieren prueba. El
precedente sobre presunción de los perjuicios morales del Consejo de Estado
se refiere a temas relacionados con lesiones, muerte y privación3, por lo tanto,
correspondía a la parte actora demostrar los mismos, situación que no ocurrió
dentro del sub lite y tampoco se logra inferir razonablemente los mismos bajo
los principios de la lógica y la experiencia. iv) Tampoco hay lugar a reconocer
medidas de reparación pues no se demostró una vulneración grave y relevante
de los derechos a la personalidad jurídica y nacionalidad del accionante que
hubiesen impactado de forma negativa su humanidad.”
25. Los reparos del escrito de tutela son los mismos que fueron presentados a lo
largo de las dos instancias del proceso de reparación directa, motivo por el cual, a
11 M.P. Alberto Rojas Ríos.
12 M.P. Cristina Pardo Schlesinger
13 M.P. Natalia Ángel Cabo
14 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04397-00
Accionante: Eduin Alfonzo Rodríguez de la Hoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
juicio de esta Sala se utiliza la acción de tutela para obtener una instancia adicional
dirigida a reabrir el debate probatorio con base en discrepancias de criterio con el
fallo que le fue adverso.
26. En efecto, a juicio de esta Corporación, los argumentos del escrito de amparo
no presentan una discusión de índole constitucional referida a la manera concreta
en la que el fallo censurado fue proferido con un yerro que afecte su validez. Se
trata de una discrepancia de criterio en la que, se reiteran los argumentos que ya
fueron estudiados y descartados en dos instancias. Adicionalmente, examinadas las
sentencias que invoca el actor en el escrito de amparo, se verifica que, tal como lo
indicó el tribunal accionado, se trata de sentencias de unificación o de subsección
en las que se ha presumido el perjuicio por daño moral, pero en daños antijuridicos
de homicidios, desplazamientos forzados, graves violaciones a los derechos
humanos o privaciones injustas de la libertad. Tal como lo indica la corporación
accionada en el precedente del derecho interno no existe una presunción de
perjuicios por daño moral en casos de cancelación del número de identificación.
Este daño debe probarse de manera concreta a través de los medios de prueba
previstos en las normas procesales.
27. Las sentencias mencionadas en el escrito de amparo ninguna se refiere a la
condena por perjuicios morales en este tipo de daño, a partir de una presunción
jurisprudencial.
28. La discusión planteada por el actor no recae directamente sobre la titularidad,
reconocimiento o restablecimiento del derecho fundamental a la nacionalidad, pues
la propia Registraduría Nacional del Estado Civil revocó el acto administrativo que
anuló el registro civil de nacimiento y canceló la cédula de ciudadanía, de manera
que esa situación jurídica fue superada antes del proceso de reparación directa. Lo
que realmente cuestiona el accionante es la conclusión probatoria y jurídica del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca según la cual, aunque se acreditó la
existencia de una actuación irregular de la administración, los perjuicios morales
derivados de esa actuación no se presumen automáticamente, sino que debían
demostrarse en el proceso ordinario. En esa medida, la tutela no plantea un debate
constitucional autónomo sobre el alcance del derecho a la nacionalidad, sino una
inconformidad con la valoración judicial del daño indemnizable y con la negativa de
aplicar por analogía precedentes relativos a supuestos fácticos distintos, como
muerte, lesiones, desplazamiento forzado o privación injusta de la libertad. Por
tanto, el amparo pretende reabrir una controversia probatoria e indemnizatoria ya
resuelta por los jueces naturales, lo cual desborda la finalidad excepcional de la
tutela contra providencias judiciales y confirma la falta de relevancia constitucional
del cargo.
29. En particular, en el defecto fáctico, no es exacto afirmar que el Tribunal negó la
existencia de todo daño. La providencia cuestionada distinguió entre el daño
antijurídico derivado de la lesión temporal a la personalidad jurídica y a la
nacionalidad, que tuvo por demostrado, y los perjuicios morales reclamados,
respecto de los cuales exigió prueba. El cargo de tutela cuestiona esta segunda
conclusión, esto es, la carga probatoria exigida para acceder a una condena
indemnizatoria por daño moral, la cual carece de relevancia constitucional.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04397-00
Accionante: Eduin Alfonzo Rodríguez de la Hoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
30. La invocación de providencias sobre presunción de perjuicios morales no
demuestra, por sí sola, desconocimiento del precedente. Para que ese defecto se
configure, el accionante debía acreditar que se trataba de reglas vinculantes
aplicables a un supuesto fáctico y jurídico análogo. Sin embargo, los referentes
citados en la tutela se relacionan principalmente con muerte, lesiones,
desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida o privación injusta de la
libertad, mientras que el caso decidido por el Tribunal versó sobre la anulación
temporal de un registro civil y la cancelación temporal de una cédula posteriormente
revocadas. La negativa del Tribunal a extender esas presunciones por analogía
constituye una interpretación judicial discutible en sede ordinaria, pero no evidencia,
sin más, un desconocimiento ostensible del precedente.
31. Por tal razón, se declararán improcedentes los defectos alegados: fáctico,
desconocimiento del precedente, violación al debido proceso y a la dignidad
humana pues, conforme se indicó se trata de supuestos reproches que lo que
buscan es obtener una instancia adicional a las dos que integran el proceso de
reparación directa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Eduin
Alfonso Rodríguez de la Hoz, por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C, por no
satisfacer el requisito general de relevancia constitucional, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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