Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05480-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05480-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-05480-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05480-00
Accionante: ALDRIS ANDRÉS MANRIQUE HERNÁNDEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia proferida por Tribunal Administrativo.
Improcedente por carecer de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
1. A través de apoderado, Aldris Andrés Manrique Hernández promovió acción de
tutela contra la providencia del 15 de abril de 2026 proferida en segunda instancia
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del radicado 11001-33-43-
060-2024-00164-01, y en la que se resolvió en segunda instancia, la demanda de
reparación directa promovida por el tutelante contra la Registraduría Nacional del
Estado Civil pues, la autoridad profirió la resolución 14422 de 25 de noviembre de
2021 en la cual anuló su registro civil y canceló su número de identificación,
determinación que fue revocada por la misma entidad, en resolución 3141 de 4 de
abril de 2024.
Antecedentes del proceso ordinario
2. El actor es ciudadano colombiano por filiación materna, nació en Venezuela y se
domicilió en Colombia, por lo que es nacional de este país en atención a lo
establecido en el artículo 96.1.b de la Constitución Política.
3. Como consecuencia de la política de depuración de registros civiles adelantada
por la Registraduría en Resolución 7300 de 2021 por ella emitida, se expidió la
Resolución No. 14422 del 25 de noviembre de 2021, mediante la cual se anuló el
registro civil y se canceló la cédula de ciudadanía del actor.
4. Esta decisión fue declarada ejecutoriada el 4 de enero de 2022. Según la
afirmación del tutelante, con ello, quedó privado de su nacionalidad y sometido a
una condición de irregularidad migratoria en su propio país, con lo cual, privó al actor
de su nacionalidad colombiana, vulnerando así la expresa disposición contenida en
el aparte del artículo 96 de la Constitución Política de Colombia en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y desconoció los vínculos parentales del actor con sus progenitores,
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05480-00
Accionante: Aldris Andrés Manrique Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
desconociendo con ello principios y valores reconocidos por la Corte Constitucional
de manera expresa, entre otras en la sentencia T-183 de 2023 que sirvió de sustento
a la sentencia T-419 de 2023.
5. En criterio del actor, la resolución de la Registraduría privó al actor de sus
derechos políticos como colombiano pues la Constitución reserva estos, en atención
a lo dispuesto en el aparte del artículo 100 de la Constitución Política en
concordancia con el artículo 40 del mismo texto, a los nacionales del país, salvo las
excepciones de ley a extranjeros residentes en Colombia. Insistió en que, a su juicio,
la resolución convirtió al actor en migrante irregular.
6. El 4 de abril de 2024, la Registraduría Nacional expidió la Resolución No. 3141,
a través de la cual revocó la resolución de No. 14422 de 25 de noviembre de 2021
admitiendo con ello lo errado de su accionar y por ende, en criterio del demandante,
reconociendo la responsabilidad del Estado.
7. Con base en lo anterior, el actor radicó demanda de reparación directa contra la
Registraduría Nacional del Estado Civil derivada del daño antijurídico de haber
retirado el derecho de ciudadanía al actor. En primera instancia, el Juzgado Sesenta
(60) Administrativo del Circuito de Bogotá, en sede de primera instancia, se abstuvo
de declarar la responsabilidad de la entidad. Apelada la sentencia, en providencia
de 15 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C confirmó la sentencia de primera instancia, al indicar que no
se probaron perjuicios concretos a pesar de la existencia del daño antijurídico y la
falla en el servicio por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Fundamentos de la demanda de tutela
8. Además de afirmar que el escrito de amparo satisface las causales generales de
procedencia de tutela contra providencia, el actor sostuvo que la decisión atacada
incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente, sustantivo,
violación al debido proceso, violación a la dignidad humana, y violación directa de
la Constitución.
9. Respecto del defecto fáctico indicó que el tribunal realizó exigencias imposibles
de cumplir respecto del daño moral. Indicó que es un error que el tribunal no hubiese
condenado a perjuicios y se abstuviera de aplicar una presunción del daño moral.
Indicó que esa conclusión es equivocada pues contraria la sentencia de la Corte
IDH de 1993 en el caso Aloeboetoe vrs Surinam, conforme a la cual se puede
presumir el daño moral cuando hay reconocimiento del Estado. Sostiene que,
conforme el precedente interamericano, cuando se acepta la responsabilidad si
procede la presunción de condena en daño moral. Afirma que la decisión del
Tribunal es contradictoria al reconocer el daño causado por la Registraduría, pero
negó el daño moral.
10. El defecto por desconocimiento del precedente, concretamente la sentencia de
24 de enero de 2011 radicado 25000-23-26-000-1998-00656-01(18190), que
estableció que “cuando se trata de daño moral derivado de la responsabilidad del
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Accionante: Aldris Andrés Manrique Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
Estado, el mismo se presume, denominándola “presunción de hombre”. En la
sentencia del mismo Consejo de Estado del 30 de junio de 2011, Consejero Ponente
Danilo Rojas Betancourth se estableció que: “Cuando (sic) ha tratado el tema de la
prueba de la existencia de los perjuicios morales en los parientes del afectado, esta
Corporación ha considerado que el hecho de que esté acreditado el parentesco
representa un indicio para la configuración de ese daño en los parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad y primero civil, esto es, respecto de los padres,
hermanos, abuelos e hijos del afectado y de su cónyuge o compañera permanente”.
En la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado de fecha 28 de agosto de
2014 (Exp. 31170), se estableció que, cuando existe violación de derechos
humanos fundamentales, tales como lesiones personales, privación injusta de la
libertad y desaparición forzada, el daño moral se presume puesto que se estaban
afectando derechos humanos fundamentales y la nacionalidad es, uno de los
derechos más fundamentales que tiene el hombre, reconocido tanto en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Convención que, en el
continente americano regula los derechos humanos.
11. La sentencia atacada se apartó de los criterios contenidos en las decisiones
antes citadas, no solo sin mencionar ninguna de ellas, sino adicionalmente, sin
justificarlo, configurando desconocimiento del precedente. Igualmente, indicó que,
el tribunal incumplió las decisiones de la Corte Constitucional, sentencias T-183 de
2023 y T-419 de 2023, esta última con carácter inter comunis, en las cuales se
estableció la responsabilidad del Estado como consecuencia de la anulación de
registros civiles de nacimiento y cancelación de cédulas de ciudadanía.
12. El tercer vicio, titulado, “Violación al debido proceso” se concretó en que la
sentencia careció de motivación suficiente puesto que resolvió negar el
reconocimiento del daño moral sin citar precedentes aplicables, sin explicar el
motivo por el cual se aparta de precedentes nacionales e internacionales que
reconocen la presunción del daño moral en casos de privación de nacionalidad.
13. El cuarto cargo lo tituló, “vulneración a la dignidad humana”, e indicó que la
nacionalidad por nacimiento es un derecho irrevocable. La privación arbitraria de
este derecho no solo tiene sustento constitucional, sino que también, la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 20, prohíbe expresamente
su privación arbitraria de la nacionalidad, reconociendo que este derecho es
inherente a la identidad jurídica de la persona. El actor quedó expuesto a
restricciones en salud, educación y trabajo, derivadas de que pasó de ser, nacional
colombiano, a migrante irregular en Colombia, así como impedido plenamente de
movilizar sus cuentas y propiedades por ser una persona diferente a la que se
identificaba con la cédula de ciudadanía que le fue asignada como consecuencia de
su inscripción en el registro civil de nacimiento colombiano. La sentencia atacada
desconoció el derecho a la reparación integral consagrado en el artículo 90 superior.
14. Finalmente tituló el último defecto como “violación al principio pro persona”, pues
sostuvo “al no aplicar el principio pro persona, con LA SEGUNDA SENTENCIA, EL
TRIBUNAL vulneró directamente la Constitución y los tratados internacionales de
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Accionante: Aldris Andrés Manrique Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
derechos humanos, pues escogió la interpretación menos favorable para mi
mandante.”
15. Solicitó amparar los derechos invocados, dejar sin efecto la sentencia atacada
y ordenar que se profiera una nueva decisión ajustada al bloque de
constitucionalidad y a la jurisprudencia interamericana y nacional.
Trámite procesal
16. En auto de 16 de julio de 2026, el despacho admitió el amparo contra la
autoridad judicial accionada, y vinculó como terceros con interés al Juzgado
Sesenta (60) Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, a la Registraduría Nacional
del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio Público y a los demás
intervinientes dentro del medio de control de reparación directa radicado núm.
11001-33-43-060-2024-00164-00/01.
17. El magistrado sustanciador1 de la providencia atacada intervino con el fin de
informar que estima que no se desconoció el precedente interamericano, no se
produjo el defecto fáctico invocado. Recordó que, en otro proceso de amparo, dentro
del radicado 11001-03-15-000-2026-04397-00, en sentencia de 26 de junio de 2026,
en un caso igual, la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo. Igualmente se remitió enlace digital del expediente
ordinario2.
18. El Juzgado Sesenta (60) Administrativo3, autoridad que profirió la sentencia
ordinaria de primera instancia, sostuvo que, al no evidenciarse alguna conducta que
pueda considerarse como violatoria de los derechos fundamentales del ahora
accionante, no procede acceder a sus pretensiones respecto de lo surtido en
primera instancia.
19. La Registraduría Nacional del Estado Civil4 solicitó desvincular a la entidad,
por carecer de relevancia en la causa por pasiva, pues no profirió la decisión
cuestionada.
CONSIDERACIONES
Competencia
20. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
1 Índice samai 10
2 Índice samai 12.
3 Índice samai 13.
4 Índice samai 14.
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Accionante: Aldris Andrés Manrique Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
Determinación del problema jurídico
21. La Sala debe resolver si la acción de tutela cumple los presupuestos de
procedencia formal del escrito de amparo, teniendo en cuenta que se trata de una
acción de tutela contra una sentencia de reparación directa, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en la que negó el reconocimiento del daño moral,
en un proceso de reparación directa en la que se concluyó que la registraduría
nacional de nación había incurrido en responsabilidad por proferir una resolución
que había retirado el derecho de ciudadanía al actor.
22. Con el fin de resolver el anterior problema jurídico, se reiterará el precedente
sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se
resolverá en el caso concreto, si se satisface los requisitos. En caso de concluir que
la acción de tutela es procedente, se formulará un problema jurídico de fondo.
Causales genéricas de procedencia de tutela contra providencia, en particular
la relevancia constitucional.
23. Conforme el precedente fijado en la C-590 de 20055, reiterado de manera
consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.
24. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar6: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 8 o
los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
5 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
6 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de
2022.
7 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
8 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Accionante: Aldris Andrés Manrique Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
25. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales9.
26. Respecto al requisito general de procedencia de tutela contra providencias de
relevancia constitucional, conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional
consiste en un examen a las razones que expone el tutelante en la petición de
protección. Se ha indicado que, si bien la acción de tutela no precisa de una técnica
argumentativa especializada o erudita, si exige un esfuerzo por parte del actor para
presentar justificaciones desde una perspectiva en la que se invoque y demuestre
la vulneración de una norma supra legal. Además, se ha señalado que por esa vía
están descartadas razones que reiteran argumentos resueltos dentro del proceso
ordinario, de carácter estrictamente económico, de mera legalidad, o en la que se
pretende utilizar el amparo como una instancia adicional.
27. En las SU-033 de 201810, SU-128 de 202111 y la SU-215 de 202212, la Corte
Constitucional ha indicado que la acción de tutela es improcedente cuando es
utilizada para cuestionar providencias judiciales con base en argumentos de índole
legal que ya fueron estudiados y resueltos dentro del proceso judicial ordinario y es
utilizada como una tercera instancia para reabrir debates probatorios ya
precluidos13. Se indica que: “Este enfoque impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial” y que la tutela se use para mostrar razones de
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”.
28. La SU-128 de 2021 precisó que, no es suficiente con que la parte actora alegue
la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional. A título de ejemplo se
ha indicado que, un asunto carece de relevancia constitucional cuando: “la discusión
se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por
ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que
de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales”.
29. Las providencias de unificación citadas han indicado que el juez de tutela debe
declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la
9 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.
10 M.P. Alberto Rojas Ríos.
11 M.P. Cristina Pardo Schlesinger
12 M.P. Natalia Ángel Cabo
13 SU-128 de 2021.
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Accionante: Aldris Andrés Manrique Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
constitución política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Caso concreto
Legitimación en la causa
30. En el presente asunto se encuentra acreditada la legitimación por activa, porque
Aldris Andrés Manrique Hernández fue la parte demandante dentro del proceso de
reparación directa en el que se profirió la sentencia del 15 de abril de 2026 y es el
titular de los derechos fundamentales cuya vulneración atribuye a esa providencia.
De igual forma, se satisface la legitimación por pasiva respecto del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, dado que esa
autoridad judicial dictó la decisión cuestionada en sede de tutela.
31. En cuanto a la Registraduría Nacional del Estado Civil, aunque no profirió la
providencia judicial atacada, su vinculación resulta procedente como tercero con
interés, pues fue la entidad demandada en el proceso de reparación directa y una
eventual decisión de amparo podría incidir en la definición de su responsabilidad
patrimonial. Por tanto, no se le atribuye directamente la presunta vulneración
derivada de la sentencia cuestionada, pero debe permanecer vinculada al trámite
constitucional para garantizar su derecho de defensa y contradicción.
Relevancia constitucional
32. Descendiendo al caso concreto, se estima que el escrito de amparo carece de
relevancia constitucional, puesto que, a pesar de que se afirma que la decisión
cuestionada incurre en un múltiple abanico de defectos específicos de procedencia
de tutela contra providencia, se trata de los mismos reparos que fueron presentados
en la demanda de reparación directa y que fueron resueltos en las dos instancias
del proceso de reparación directa.
33. En efecto, examinado el contenido de la demanda de reparación directa y de las
sentencias ordinarias de primera y segunda instancia, se verifica que el demandante
presentó los mismos argumentos relacionados con la aplicación de la presunción
de daño moral derivada de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El juez de
primera instancia (Juzgado Sesenta Administrativo), indicó que, no existe tal
presunción en el derecho nacional, motivo por el cual, el actor debía probar los
daños morales concretos, y en el caso no se verificó que, derivado de las
actuaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el demandante haya
sufrido una afectación real en el ejercicio de derechos como la salud, la educación,
o el derecho al trabajo. En el recurso de apelación14, el actor explicó las mismas
razones que ahora presenta como defectos de tutela contra providencia. En el
14 Índice samai 29 de la primera instancia del proceso de reparación directa con radicado
11001-33-43-060-202400164 01
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recurso mencionó la jurisprudencia de la Corte IDH que, en su criterio, prevé una
presunción de reconocimiento de daño moral. Agregó que, el a quo desconoció los
precedentes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Subsección B (aplicando
presunción frente al daño moral) y del Consejo de Estado relacionado con la
violación de derechos humanos (rad. 32988) vulnerando el derecho a la igualdad y
confianza legítima.
34. En la sentencia de segunda instancia, de 15 de abril de 2026, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
resolvió esos cargos de apelación y concluyó que, si bien se probó la falla del
servicio de la Registraduría Nacional del Estado Civil no se probaron daños morales
concretos. Decidió el tribunal, respecto al daño moral:
“Además, no se puede entender bajo los principios de la lógica y la experiencia
que la vulneración de los derechos de personalidad jurídica y la nacionalidad
hubiese causado sentimientos de angustia, desasosiego, temor y zozobra a la
víctima directa, máxime cuando relata de forma hipotética que quedó expuesto
a ciertos riesgos como deportación, a sanción económica por identificarse de
forma fraudulenta, imposibilidad de votar, de acceder a los servicios de salud ,
entre otros, pero ninguna de esta situación se probó dentro del proceso, y antes
por el contrario, en el escrito de tutela refiere se percató de lo sucedido porque
accedió a la página de la Registraduría y no por una situación en específico que
acarreara la materialización de no tener personalidad jurídica y nacionalidad
durante el periodo de 2 años y 3 meses.
Ahora, si bien existen sentencias de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que presumen el daño moral en este tipo de
casos relacionados con la afectación a derechos a la personalidad jurídica y
nacionalidad por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, encuentra
la Sala que i) conforme a la expuesto por el Consejo de Estado la providencia
de otra subsección no constituye precedente vinculante, dado que, distintas
salas de un mismo órgano colegiado pueden llegar a conclusiones divergentes,
respondiendo al ejercicio legítimo de la autonomía e independencia judicial, ii)
lo señalado en las referidas providencias, no contienen precedente del Consejo
de Estado relacionado con la aplicación de las presunciones de perjuicios
morales frente a estos daños, cuando queda claro que solo existe sentencia de
unificación frente a las mismas en tema relacionados con lesiones, muerte y
privación. Así las cosas, no hay lugar a aplicar las referidas decisiones.”
35. Respecto del daño moral, el tribunal indicó que existen precedentes de otras
subsecciones de la sección tercera del Tribunal que han reconocido ese daño, pero
no existe precedente vertical, del Consejo de Estado, sobre la posibilidad de
reconocer a través de una presunción. En el caso concreto, a partir de las
particularidades del actor, quien no conoció del daño sino hasta pasados varios
años, no probó que haya enfrentado dificultades concretas para ejercer los derechos
derivados de la ciudadanía.
36. Los argumentos del tutelante fueron resueltos en dos instancias, por los jueces
naturales del proceso de reparación directa. En esa medida, a juicio de esta sala, el
actor utiliza la acción de tutela como una instancia adicional para reabrir una
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discusión procesal que fue resuelta por los jueces naturales. En la providencia
ordinaria de segunda instancia se verificó si existía fundamento nacional o
internacional para aplicar la presunción de reconocimiento de daño moral en el caso
que motivó la demanda de reparación directa. En esa medida, esta sala estima que,
se trata de una petición de amparo que reitera los mismos argumentos que ya fueron
resueltos en dos instancias.
37. Respecto al supuesto desconocimiento del precedente interamericano y de las
sentencias T-183 de 2023 y T-419 de 2023, no revisten el carácter de precedente,
pues en esas decisiones no se resolvió, en sede de reparación directa, sobre la
responsabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil por proferir decisiones
administrativas que, erradamente, retiran el derecho de ciudadanía. No eran juicios
de responsabilidad extracontractual, en los que además no se condenó al
reconocimiento del daño moral. En el caso de las sentencias de tutela invocadas,
se trata de decisiones en los que, desde una perspectiva constitucional concreta, se
ordena garantizar el derecho administrativo de personas a quienes se les anuló el
registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía. Las sentencias de amparo no
hacen juicios de responsabilidad extracontractual del Estado, y en esa medida, no
contienen precedente sobre el reconocimiento del daño moral en ese tipo de casos.
38. Igual aseveración debe hacerse del supuesto precedente contenido en la
sentencia de la Corte IDH Caso Aleoboetoe y otros Vrs. Surinam de 10 de
septiembre de 1993, no pueden ser tenido como precedente, pues los hechos
(referidos a que “más de 20 cimarrones (maroons / bushnegroes) varones inermes
habrían sido atacados, vejados y golpeados con las culatas de sus armas por un
grupo de militares y algunos de ellos habrían sido heridos con bayonetas y cuchillos
y detenidos bajo la sospecha de que eran miembros del grupo subversivo Comando
de la Selva”), y las reglas jurisprudenciales allí contenidas no se relacionan con los
hechos de la tutela. En punto al daño moral, la sentencia invocada, en su
fundamento jurídico No 75 indica: “La Corte estima que, al igual que en el caso de
la reparación por perjuicios materiales alegados por los dependientes, el daño
moral, en general, debe ser probado. En el presente litigio, a criterio de la Corte, no
existen pruebas suficientes para demostrar el daño en los dependientes.”
39. El tribunal accionado acierta en indicar que, conforme el precedente unificado
del Consejo de Estado, el daño moral se presume en casos de muertes, privaciones
injustas de la libertad, daños físicos y otros eventos, y en casos de graves
violaciones a los derechos humanos, pero no en el caso objeto de estudio.
40. A juicio de esta sala, las anteriores razones llevan a esta sala a concluir que la
tutela utiliza el medio constitucional para reabrir un debate judicial que se surtió en
dos instancias, y en esa medida, busca una instancia adicional. Estas conclusiones
son aplicables al supuesto defecto fáctica, a la supuesta violación a la dignidad
humana y a la supuesta violación al debido proceso, pues se trata de las mismas
razones que fueron estudiadas por el juez sesenta administrativos y el tribunal
administrativo de Cundinamarca, y sirven para mostrar una discrepancia de criterio
del actor con una decisión judicial que le fue adversa, sin que constituyan un yerro
de validez.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05480-00
Accionante: Aldris Andrés Manrique Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
41. Por las anteriores razones se declarará improcedente el amparo por carecer de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Registraduría Nacional del
Estado Civil por las razones indicadas.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo promovido por las razones
expuestas en la parte motiva de la providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
CUARTO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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